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Los papeles de Bárcenas

El PP no entregará al juez los libros de visita de su sede porque los destruye cada mes

infolibre

El Partido Popular no entregará a la Justicia la relación de personas que han entrado en su sede desde 2001 a 2008, según le exigió el juez Pablo Ruz. Los conservadores dicen que no lo harán porque, cada mes, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, destruyen los libros de visita que incluyen los registros de entrada a su cuartel general, situado en la calle Génova de Madrid. Así lo ha explicado el PP en un escrito remitido al magistrado que recoge Europa Press. 

Ruz solicitó el pasado 31 de mayo la remisión de estos libros de visita en un auto en el que ordenaba una batería de diligencias dirigida a esclarecer la presunta contabilidad B del partido elaborada por el extesorero Luis Bárcenas. Entre ellas, el juez pedía al jefe de seguridad del partido "información de los registros de entrada en el periodo de 2001 a 2008" para comprobar las visitas realizadas por los ocho constructores imputados en la causa Alfonso García Pozuelo, Juan Miguel Villar Mir, José Luis Sánchez Domínguez (Sando), José María Mayor Oreja (FCC), Manuel Contreras (Azvi), Luis Fernando del Rivero (Sacyr Vallermoso), Juan Manuel Fernández Rubio y Antonio Vilela Jerez.

El magistrado pedía, además, la cuenta de gastos del partido entre 2004 y 2012. También reclamaba a la tesorera conservadora, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla entre ejercicios que van comprendidos entre los años 1997 y 2008.

Las nuevas diligencias, adoptadas a instancias del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, también comprenden una petición a la Agencia Tributaria para qué de cuenta de "las imputaciones de cobros y pagos realizadas por terceros al Partido Popular en los ejercicios de 1990 a 2005, ambos inclusive".

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Operaciones de empresas

El juez Ruz también solicitaba a este departamento, dependiente del Ministerio de Hacienda, documentación sobre la declaración de operaciones con terceros que realizaron una treintena de empresas, entre ellas las de los constructores imputados, así como las declaraciones del Impuesto de Sociedades que el PP presentó en los ejercicios de 2007 y 2008.

El instructor justificaba en su auto que todas estas diligencias son necesarias para "indagar sobre diferentes apuntes contables que aparecen en los soportes documentales investigados", así como para "establecer las consecuencias de índole jurídico-penal que de aquéllas pudieran derivarse".

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