La situación en el PP

El PP se revuelve contra el "doble discurso" de C's

Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La relación entre el Partido Popular y Ciudadanos sufre continuos altibajos. Si hace más de un mes los conservadores se vieron forzados a apartar al ya expresidente de la Región de MurciaPedro Antonio Sánchez, después de que se viera salpicado por los escándalos Púnica y Auditorium, ahora los principales focos de tensión vienen por la operación Lezo y por la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP constituida en el Congreso de los Diputados.

Las fuentes del partido consultadas por infoLibre se quejan de que el partido liderado por Albert Rivera esté "utilizando" sus pactos con el PP –Murcia, Comunidad de Madrid y el de investidura en el Gobierno central, entre otros– para sacar ventaja política. "Tienen un doble discurso que les está saliendo muy ventajoso a cuenta del discurso de la regeneración", añade un dirigente municipal.

Este mismo miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puso voz a parte de estas críticas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Concretamente, la líder del PP de Madrid acusó a la formación naranja de seguir una "estrategia política que tiene doble mano". De un lado, dijo, firman acuerdos. Y, en la otra mano, tienen "el palo para sacar rentabilidad".

Cifuentes reaccionaba así a unas declaraciones del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, en El Español en las que se refería a la presidenta de la Comunidad de Madrid señalando que "es complicado que una persona hundida en el lodazal sea la que lo limpie".

Aguado se  refería a la investigación de la UCO que vincula a Cifuentes con la adjudicación fraudulenta de un contrato público a favor de Arturo Fernández, informaciones a las que se respondió desde el Gobierno madrileño asegurando que "no hay caso".

"La actuación de Cristina Cifuentes en el proceso de adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid se ajustó a derecho según fuentes jurídicas de la Comunidad y en el marco de esta imvestigación no se ha producido ninguna imputación", respondieron.

"No es ninguna sorpresa"

Cifuentes se quejó de que "hay días" en que "oír a Ciudadanos" le parece contradictorio. "Yo no apoyaría a un partido si pienso que es un partido corrupto y una presidenta corrupta. No sé qué pretende Ciudadanos más allá de que sea parte de una estrategia política que tiene doble mano", recalcó Cifuentes.

No obstante, sostuvo que la actitud de su socio de Gobierno "no es ninguna sorpresa" porque tiene "perfectamente asumido desde el principio" que manifestaciones como la de Aguado "obedecen a una estrategia política de Ciudadanos que quiere desgastar al partido del Gobierno, el PP, a nivel nacional y en Madrid".

Para la dirección nacional tampoco es una sorpresa que su socio de investidura recurra a los escándalos de corrupción que les afectan para marcar discurso político. En este sentido, recuerdan el "son lentejas" de Fernando Martínez-Maillo. Así justificó el número tres del PP hace unos meses su relación con el partido de Albert Rivera

Pese a estas fricciones, a día de hoy, el PP no ve peligro a su pacto con Ciudadanos. Ni a nivel nacional ni en Madrid. "Están muy oportunistas. Pero creo que podremos salvar esas discrepancias en los asuntos de mayor importancia", señala un dirigente conservador.

Comisión de investigación

Otro de los frentes de fricción tiene como origen la comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP, que ayer celebró su segunda reunión en el Congreso con pocos avances. Este órgano parlamentario extraordinario ya figuraba en el pacto que PP y Ciudadanos firmaron el pasado agosto y que dio pie a que los 32 parlamentarios de la formación de Albert Rivera votaran a favor de la investidura de Mariano Rajoy.

El discurso oficial del PP apunta a la "máxima transparencia" y la máxima disponibilidad de sus cargos, incluido el propio Rajoy, para acudir a rendir cuentas. Pero las fuentes consultadas no ocultan que la imagen del presidente del Gobierno siendo interrogado por las cuentas de su partido en sede parlamentaria no les beneficia en absoluto, máxime cuando días después tendrá que comparecer como testigo en el marco del caso Gürtel.

En este contexto, Martínez-Maillo salió este miércoles a señalar que el partido no tiene ningún problema en que Rajoy acuda a declarar abriendo las comparecencias. Es decir, en primer lugar. Pero, pese a esa "absoluta disponibilidad" advirtió de que su partido no va a tolerar "una causa general contra el PP".

Una de las primeras fricciones entre PP y Ciudadanos en esta comisión tiene que ver con el momento en el que el presidente del Gobierno debe acudir a esta cita. Si el PSOE, y el PP, ven con buenos ojos que lo haga al principio, en la formación naranja creen que debe ser al final. O, en todo caso, debería abrir y cerrar las comparecencias de esta comisión sobre la presunta financiación ilegal del partido que sostiene al Gobierno.

Argumentan en el partido de Rivera que, siguiendo el formato que propone el PSOE, Rajoy podría dejar de contestar las dudas que surjan del más de medio centenar de comparecencias solicitadas. 

La intención del PP, frenada por el resto de grupos parlamentarios, era que la comisión abarcase la financiación de todos los partidos políticos. De ahí que hayan trasladado esta comisión de investigación a todos los partidos al Senado, donde los conservadores sí tienen mayoría absoluta.

El artículo 502 del Código Penal fija que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Un texto que también deja claro que no se puede dar la espalda al mandato de la Cámara de acudir ante estos órganos. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y va más allá: "Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Mientras, Rajoy sigue manteniendo en público que está absolutamente tranquilo por los escándalos de corrupción que afectan a su partido y traslada como principales preocupaciones la situación en Cataluña y la marcha de la economía. Si las políticas de su Gobierno en los últimos años no se revierten, mantiene, será posible llegar a los 20 millones de empleo en 2020.

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