El giro del PP hacia las posiciones xenófobas de Vox en materia de migraciones es definitivo. Alberto Núñez Feijóo viene apuntándolo desde el congreso del partido, celebrado el pasado mes de julio, salpicando sus discursos de constantes referencias a los migrantes y la delincuencia, y de advertencias de expulsión para quienes no adopten las costumbres españolas.
En este asunto sabe que no está solo. Todo lo contrario. Gobiernos liberales, de la derecha, la extrema derecha y hasta de la socialdemocracia están impulsando una ola sin precedentes de legislación antiinmigración con el objetivo de endurecer las condiciones para vivir en Europa y facilitar las expulsiones de migrantes.
España es, de momento, la excepción y Feijóo se ha propuesto que deje de serlo. Por eso, el próximo fin de semana reunirá a sus barones en Murcia, la comunidad en la que los ultras intentaron hace unos meses provocar una revuelta ciudadana inventándose un conflicto entre comunidades en la localidad de Torre-Pacheco, para aprobar sus nuevas políticas migratorias.
A falta de conocer la letra pequeña, la semana pasada el PP ya dio algunas pistas al apoyar una propuesta de Vox en el Congreso para ampliar y agilizar por ley las expulsiones de extranjeros que viven en España, incluso de residentes de larga duración o de solicitantes de asilo. La iniciativa acabó siendo rechazada por 177 votos a 169, pero el escaso margen (apenas ocho votos de diferencia) da idea de lo cerca que está de imponerse el ideario xenófobo en España.
Ampliar y agilizar expulsiones
Vox proponía modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para ampliar y agilizar las expulsiones de migrantes que hayan cometido delitos, eliminando ciertos límites como los relacionados con los residentes de larga duración, los que han solicitado ya un permiso de residencia o los peticionarios de asilo.
Además, buscaba ampliar los periodos de internamiento en centros para extranjeros y la prohibición de entrada a España para las personas expulsadas, aparte de restringir la principal vía que tienen las personas extranjeras que ya viven en España en situación irregular para conseguir los papeles: la figura del arraigo.
Aquel día, la diputada del PP Maribel Sánchez criticó la política migratoria del Gobierno y apoyó la propuesta de Vox con el argumento de la necesidad de “abrir el debate” de las reformas legislativas para enmendar el “despropósito”, dijo, de la última modificación del reglamento de extranjería. La diputada Sánchez trató de distanciarse de Vox diciendo que su partido rechaza “cualquier discurso de odio” (“No puede ser criminalizar al extranjero por el simple hecho de serlo”, aseguró), pero apoyó la propuesta de la ultraderecha.
La diputada del PP, en funciones de portavoz en aquel debate, no se anduvo con rodeos. Culpó al Gobierno de la muerte de decenas de miles de inmigrantes en el Mediterráneo por haber “dado carta blanca a las organizaciones criminales que se dedican a la trata y el tráfico de personas” y que, según ella, “campan a sus anchas por aguas españolas incrementando sus beneficios millonarios a costa de vidas humanas”.
Proteger las fronteras
En línea con Feijóo, que ya ha pedido en varias ocasiones el refuerzo de las fronteras –sin explicar cómo va a impedir eso la llegada de migrantes, especialmente cuando lo hacen a bordo de embarcaciones precarias–, aseguró que “el Gobierno ha renunciado a proteger sus fronteras“. Están “totalmente desprotegidas“, remarcó.
El PP culpa también al Ejecutivo de no ejecutar el 95% de las órdenes de expulsión. “La inmigración ilegal está desbocada y la inmigración legal tampoco funciona”. Hay una “nefasta política exterior y de cooperación, que no frena las salidas irregulares de países terceros, que no lucha contra las mafias y que tampoco fomenta los trabajos en origen”.
¿Y qué propone el PP? Hay pocos detalles. Maribel Sánchez defendió “una inmigración legal impulsando las vías seguras, las vías regulares, vinculadas siempre al mercado laboral”, pero sin explicar cómo hacerlo, más allá de los procedimientos que ya existen. Y planteó un modelo: “Una inmigración que aporte, que sume, que respete nuestras normas y nuestros valores. A quien viene a trabajar y convivir le decimos claramente que bienvenido, pero a quien viene a delinquir o a aprovecharse de la irregularidad, le decimos que aquí no”. Lo que no han explicado, de momento, es cómo lo van a hacer, cuáles serán los requisitos para venir a trabajar a España y cómo se detendrá el flujo incesante de quienes llegan a España de manera irregular.
“Este Gobierno está permitiendo que personas con antecedentes penales se regularicen”, acusó. “No se pueden rebajar tampoco los requisitos de arraigo, como ha hecho el Gobierno, ya que la vía de arraigo debe ser excepcional. La reincidencia es un delito que tiene que ser motivo de expulsión. Y no podemos permitir en extranjería jamás el silencio positivo”.
Un tema central
El PP ha tomado buena nota de que, sobre todo después de situaciones de agitación como la de Torre-Pacheco, artificialmente infladas por los medios de comunicación, la inmigración es un tema que preocupa en la calle. Así que “no vamos a mirar hacia otro lado, vamos a dar la cara y vamos a dar la respuesta que necesitan”, remarcó.
La formación liderada por Feijóo contribuyó este martes a derrotar la iniciativa que, a petición de Junts, pretendía transferir a Cataluña competencias en materia de inmigración. Pero la paradoja es que hace solo una semana exigía, por “puro sentido común”, que los informes de las comunidades autónomas en materia de extranjería fuesen “vinculantes”, algo muy parecido a darles competencias en la materia.
La propuesta hubiese permitido a Cataluña asumir la gestión integral de los centros de internamiento de extranjeros, mientras que los Mossos gestionarían la seguridad de puertos y aeropuertos y colaborarían con la Policía y la Guardia Civil en el control de fronteras. Pero fue rechazada con el voto en contra de PP, Vox y Podemos, que calificó la iniciativa de “racista”.
El contexto lo es todo para explicar la evolución del PP en este asunto. La ofensiva antiinmigración, a veces con rasgos xenófobos, avanza en toda Europa. Los países europeos han intensificado significativamente sus políticas contra la inmigración irregular durante 2024 y 2025, implementando medidas cada vez más restrictivas.
Starmer, contra los extranjeros
El Gobierno laborista británico anunció en mayo, apenas diez días después del avance conseguido por el partido ultraconservador y antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, en las elecciones locales de Inglaterra, un ambicioso plan para endurecer drásticamente la inmigración legal, con el objetivo de frenar el crecimiento del número de extranjeros que ingresan y residen en el país.
Starmer quiere duplicar el tiempo requerido para solicitar la ciudadanía británica de cinco a diez años de residencia legal y limitar las regularizaciones a ciertos perfiles profesionales, como médicos, enfermeros e ingenieros. Todos los inmigrantes y sus dependientes adultos deberán acreditar un nivel más alto de inglés. No será posible contratar personal extranjero en el sector de los cuidados, se endurecerán los criterios para estudiantes internacionales, se reducirá de dos años a 18 meses el tiempo que los graduados pueden permanecer en el país y se elevará un 32% la tasa que pagan las empresas para contratar trabajadores extranjeros.
El Parlamento portugués aprobó en junio, con el apoyo de los partidos de centro y ultraderecha, una modificación de la Ley de Extranjeros que limita la reagrupación familiar de los migrantes y crea una nueva división para el control de las fronteras en la Policía de Seguridad Pública. En junio iniciaron la expulsión de 33.983 inmigrantes que habían solicitado residencia en el país, pero cuyas peticiones fueron rechazadas. De este total, 5.368 eran brasileños, quienes recibieron una notificación para abandonar Portugal en 20 días.
Grecia acaba de sumarse a estas políticas. Hace apenas unos días, su Parlamento dio luz verde a una polémica ley que endurece las penas para los migrantes sin documentación que permanezcan en el país y permite a las autoridades acelerar las deportaciones. A partir de ahora, Atenas podrá expulsar del territorio con mayor rapidez a aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, e incluso encarcelar, de dos a cinco años, a quienes permanezcan de forma ilegal en el territorio.
La medida salió adelante a pesar del rechazo de la Defensora del Pueblo de Grecia y de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados también ha mostrado su condena.
Alemania suspende la reunificación familiar
El Gobierno de coalición de Alemania acordó en mayo, nada más echar a andar, suspender por al menos dos años la reunificación familiar de las personas que cuentan con un estatus de protección humanitaria para combatir, aseguran, “el efecto llamada, introducir más orden en la migración y mantener un equilibrio justo entre el orden y la humanidad”. La medida salió adelante en el Bundestag por una mayoría aplastante (444 votos a favor y 135 en contra).
El catálogo de iniciativas contra los migrantes aumenta constantemente. Berlín también ha aprobado poder establecer por decreto que un tercer país es “seguro” –de manera que sea más sencillo denegar peticiones de aislo y proceder a las expulsiones– y eliminar la asistencia de un letrado de oficio para los migrantes pendientes de deportación. Ya no habrá una naturalización acelerada al cabo de tres años para los inmigrantes que se esfuercen en integrarse.
En el futuro, un inmigrante tendrá que vivir en Alemania de forma permanente durante al menos cinco años antes de poder naturalizarse. Entre los requisitos se incluyen buenos conocimientos del alemán y un trabajo fijo. En 2024, más de 200.000 personas se naturalizaron en Alemania, la cifra más alta de los últimos 25 años. El Gobierno puso en marcha incluso devoluciones en caliente en la frontera para frenar la migración irregular, incluyendo a los solicitantes de asilo, pero la medida fue anulada por la justicia.
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), se sumó recientemente a la idea de que un grupo más pequeño de Estados de la UE pueda organizar centros de retorno para migrantes en terceros países fuera de Europa. Una variante de la solución puesta en marcha por los herederos del neofascismo italiano, cuya cabeza visible, Giorgia Meloni, lleva desde su llegada al Gobierno de su país tratando de consolidar centros de internamiento en Albania.
El modelo de Feijóo
Ese modelo, que se combina con la aplicación de medidas cada vez más duras contra los barcos que participan en rescates de migrantes en el Mediterráneo y, sobre todo, la retribución a países como Libia y Túnez para que repriman con dureza a los migrantes, mereció en su día los elogios de Núñez Feijóo.
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Dinamarca también ha endurecido su legislación. Su Gobierno, uno de los pocos del lado socialdemócrata, también defiende la idea de enviar a los solicitantes de asilo, en este caso a quienes hayan sido rechazados, a “centros de retorno” fuera de sus fronteras hasta que puedan ser repatriados. En eso están también Austria y Suecia, que llevan meses tratando de que el bloque comunitario refuerce la seguridad en las fronteras y mejore los mecanismos de retorno de los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo sean denegadas, en línea con las voces que defienden la subcontratación de países fuera de la Unión Europea.
Francia no está a la zaga. En lo que va de año, ha impulsado el endurecimiento de las condiciones de acceso a la admisión excepcional de estancia para inmigrantes en situación irregular y la obligación de demostrar integración mediante el respeto a los valores republicanos y el dominio certificado de la lengua francesa. Además, quienes supongan una amenaza para el orden público quedarán automáticamente excluidos y acompañados de una orden de expulsión.
En Países Bajos, la coalición gobernante se vino abajo en junio después de que el líder populista Geert Wilders retirara su partido, disconforme con el ritmo de adaptación de medidas contra los inmigrantes. El partido de Wilders —que ha defendido la prohibición del Corán, el cierre de las escuelas islámicas y el cese total de la aceptación de solicitantes de asilo— obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones de noviembre de 2023, lo que provocó una conmoción en el sistema político neerlandés.
El giro del PP hacia las posiciones xenófobas de Vox en materia de migraciones es definitivo. Alberto Núñez Feijóo viene apuntándolo desde el congreso del partido, celebrado el pasado mes de julio, salpicando sus discursos de constantes referencias a los migrantes y la delincuencia, y de advertencias de expulsión para quienes no adopten las costumbres españolas.