El presidente interino del CGPJ declara tener 800.000 euros en acciones sin detallar en qué empresas

Abogado en activo hasta que el ya cronificado bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le aupó en julio a la presidencia del órgano, el conservador Vicente Guilarte acaba de publicar una declaración de bienes cuyo contenido rompe los esquemas conocidos. El formulario desvela que Guilarte posee acciones valoradas en 817.572 euros en fondos de inversión y empresas cuya identidad constituye un secreto pese a la magnitud del importe invertido.

Con una retribución fijada en los Presupuestos del Estado en 151.186 euros para 2023 –61.186 más que lo asignado al presidente del Gobierno– y vocal del CGPJ sin sueldo público entre 2013 y julio de 2023, el formulario cumplimentado por Guilarte no ofrece ni un solo dato sobre los nombres de las entidades mercantiles con las que mantiene vínculos el jefe del órgano del que depende la trayectoria profesional de los jueces. Como avanzó infoLibre en septiembre, Guilarte fue hasta julio consejero de una empresa de alquiler de bienes inmuebles a la que la CNMV sancionó por falta "muy grave". Esa misma compañía, la socimi Ibervalles, se libró de la obligación de pagar de inmediato a Hacienda 733.293 euros gracias a un auto del que fue ponente el juez de la Audiencia Nacional Gerardo Martínez Tristán. También vocal del CGPJ, Martínez Tristán pertenece al mismo bloque –el conservador, aún mayoritario gracias al bloqueo de la renovación– y la misma hornada –2013– que Guilarte.

Nombrado con carácter interino pero sin fecha de caducidad tras el portazo del PP a la elección de un nuevo CGPJ tras filtrarse en noviembre de 2018 un mensaje donde su portavoz en el Senado daba por hecho que el partido seguiría controlando el Tribunal Supremo, Guilarte ha tenido como clientes habituales a titulares de los Registros Mercantiles y de la Propiedad. Casado con una antigua directora general del Gobierno del PP en Castilla y León, luego magistrada de enlace en Francia previa designación por el ministro de Justicia del PP Rafael Catalá y ahora una de las letradas jefe de Sección de Relaciones Internacionales del CGPJ, la declaración de bienes de Guilarte supera con creces en cuantía a la de su predecesor, Carlos Lesmes [puedes verla, como las restantes publicadas, pinchando aquí].

En línea con una tendencia al alza que permite al poder judicial opinar sobre las actuaciones del Ejecutivo al tiempo que le acusa de practicar la "intromisión" en las decisiones de los tribunales, el hoy jefe "suplente" del Consejo –fue elegido tras la dimisión de Lesmes y la jubilación de su sucesor, Rafael Mozo– se alineó en septiembre con las tesis del PP, el partido que en 2013 lo había encajado como vocal del CGPJ. "La amnistía política que se plantea es ajena al interés general", sostuvo en una entrevista con el diario El Mundo. Guilarte presidirá el lunes el pleno del CGPJ convocado a petición de ocho vocales elegidos a propuesta del PP y autores de un comunicado donde afirman que una futura ley de amnistía cuyo texto sigue sin conocerse será "el principio del fin" de la democracia.

El formulario publicado el 20 de octubre por el CGPJ dificulta la comprensión lectora en lo que a participaciones societarias se refiere. Según el CGPJ, el primer punto, "Acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de I.I.C. [Instituciones de Inversión Colectiva] negociadas", se refiere a entidades –básicamente fondos de inversión aunque también sociedades anónimas– en las que se invierte para obtener una rentabilidad. El segundo concepto, "Acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas", alude a aquellas sociedades, tanto anónimas como limitadas, en las que el declarante posee acciones o en la que es copropietario al tener participaciones sociales. La duda persiste, no obstante, sobre qué ocurre si quien declara tiene participaciones en entidades no negociadas en mercados, como por ejemplo ocurre con las cooperativas.

A través de su canal oficial de comunicación, el órgano de gobierno judicial remarcó que el formulario elegido para que sus miembros realicen la declaración de bienes es el mismo que en 2018 utilizaban el presidente del Gobierno y los altos cargos de la Administración central. En efecto, así figura en el BOE del 29 de septiembre de aquel año. Pero los impresos que ahora puede consultar cualquiera para conocer las declaraciones de bienes son inteligibles y claros. Por ejemplo, los del Congreso, como se observa en el fragmento sobre sociedades de la más reciente declaración –9 de agosto– presentada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Carlos Pipino, jurista experto en Derecho Mercantil, ofreció la siguiente explicación y diagnóstico sobre el modelo aplicado por el CGPJ: “Los dos conceptos suman fondos de inversión y empresas conformadas como sociedad anónima o limitada. Pero el lenguaje es tan hermético que deberían haber añadido algo más para facilitar la comprensión”.

La obligación de transparencia sigue sin llegar al CGPJ

A la pregunta de si considera el presidente del CGPJ que, dada su participación activa como abogado en múltiples causas hasta el mes de julio y la elevada cuantía de sus acciones en empresas privadas –817.000 euros–, la política de transparencia se vería beneficiada si plasmase en qué compañías participa como inversor y/o como socio, la respuesta del órgano de gobierno de los jueces fue la siguiente: “El compromiso del Consejo en cuanto a transparencia es que, sin tener obligación legal de difundir las declaraciones de bienes, se han publicado las de 13 de los 16 cargos actuales”. O sea, ni una palabra respecto a la almendra de la pregunta: si no cree que con la elevada cuantía que declara en acciones debería detallar de qué entidades se trata.

Cuando el CGPJ verbaliza que carece de "obligación legal" de difundir las declaraciones de bienes de sus miembros pone de nuevo sobre la mesa una carta que desde 2015 había permanecido oculta encima de la mesa: que valiéndose de la ausencia de un reglamento que debería haber elaborado en seis meses para desarrollar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en 2013 y que nunca ha visto la luz, nada menos que la cúspide que gobierna al tercer poder del Estado lleva ocho años incumpliendo la obligación de transparencia.

Porque esa ley obliga a que todos los vocales del Consejo –y no solo los de la comisión permanente, como hacen tras un acuerdo de 2014 con Transparencia Internacional– presenten no solo sus declaraciones de bienes sino copia de cada declaración anual de IRPF. Y les obliga igualmente a algo que tampoco ahora es posible dilucidar en el caso de Vicente Guilarte: someterse al control de sus activos financieros.

¿Qué significa someterse al control de los activos financieros que posean? Pues la LOPJ se remite a otra norma legal, la que regula el ejercicio del alto cargo, que en uno de sus artículos –el 18.1– lo expresa de forma clara: "Para la gestión y administración de las acciones u obligaciones admitidas a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, productos derivados sobre las anteriores, acciones de sociedades que hayan anunciado su decisión de solicitar la admisión a negociación y participaciones en instituciones de inversión colectiva, los altos cargos deberán contratar a una empresa autorizada a prestar servicios de inversión. Esta obligación no será exigible cuando la cuantía de dichos valores e instrumentos financieros no supere la cantidad de 100.000 euros, calculada por el valor a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta contratación se mantendrá mientras dure el desempeño del alto cargo".

La CNMV sancionó por falta "muy grave" a la empresa de la que era consejero el hoy presidente del Poder Judicial

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¿Ha puesto Guilarte sus inversiones en manos de una empresa autorizada, lo que en la jerga financiera se ha definido alguna vez como un "gestor ciego" que ahuyenta el fantasma del tráfico de influencias y el conflicto de intereses? No se sabe. La versión oficial se aferra a que no hay "obligación legal" de cumplir lo estipulado a partir de julio de 2015 en la LOPJ dada la inexistencia de aquel reglamento para cuya aprobación bastaban los votos de la mayoría conservadora. Es decir, del bloque que desde 2013 lleva la vara de mando en el Consejo.

Un sueldo dependiente de los Presupuestos Generales

Más allá de lo referido a las declaraciones de bienes, infoLibre preguntó al CGPJ por qué la retribución anual de su presidente supera de largo la del presidente del Gobierno –151.186 euros para 2023 frente a 90.000–. Las fuentes del Consejo respondieron que la cuantía se fija en función de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprueban las Cortes.

Los mismos interlocutores recordaron que lo que percibe el presidente del Tribunal Constitucional (TC), también determinado por los PGE, es incluso superior. En efecto, así es: en su caso la retribución anual se cifra en 167.169 euros.