Un juez del CGPJ congeló una multa de Hacienda a la firma de la que era consejero otro vocal, el hoy presidente

Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2013 a propuesta del PP y magistrado en ejercicio de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, actuó como ponente de un auto que en septiembre de 2020 dejó en suspenso un multazo tributario de 733.293 euros impuesto a la empresa Ibervalles. Como publicó infoLibre este martes, desde 2019 y hasta este verano, uno de los miembros del consejo de administración de Ibervalles fue el hoy presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, también incorporado al órgano de gobierno de los jueces como vocal en 2013 a propuesta del PP. Congelar como medida cautelar la orden del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), integrado en el Ministerio de Hacienda, contra Ibervalles por el impuesto de sociedades de 2007 ha librado a la compañía de hacer una provisión de fondos hasta que haya sentencia.

Tres años después de aquel auto capitaneado por Martínez Tristán, tal sentencia sigue sin existir aún, tal como ha confirmado Ibervalles a este diario. Martínez Tristán sostiene que no tenía ni idea de la relación de Guilarte con Ibervalles. Y Guilarte, a quien este medio preguntó si se había planteado dimitir como consejero de Ibervalles al saber que Martínez Tristán participaría en la confección del auto, asegura que tampoco tenía el menor dato sobre la existencia del procedimiento judicial. De tal procedimiento “ha tenido noticia por primera vez por la llamada de infoLibre”, asegura.

El párrafo de las memorias anuales que Guilarte no había leído

La rúbrica de quien desde julio ostenta la presidencia del CGPJ de forma interina pero sin fecha de caducidad en tanto prosiga el bloqueo a su renovación aplicado por el PP desde 2018, esa firma junto a su nombre y apellidos –Vicente Guilarte– consta en las cuentas aprobadas por Ibervalles desde su entrada en el consejo de administración, en octubre de 2019. Y por tanto, figura como signatario en las del trienio transcurrido desde la emisión del auto judicial que suspendió el pago de los más de 700.000 euros: 2020, 2021 y 2022.

En las tres, la memoria de gestión de Ibervalles incorpora un párrafo que refleja la decisión del TEAC, la interposición de un recurso judicial por parte de la empresa y el hecho de que, al estar la liquidación final sujeta a una “decisión judicial”, ni la sociedad ni sus asesores fiscales consideran necesaria la “provisión” del dinero reclamado. infoLibre informó a los intermediarios de Guilarte sobre la existencia de tal párrafo. No hubo cambio en su respuesta.

Consejero independiente

Según Ibervalles, Guilarte era consejero independiente de la sociedad, lo que se traduce –continúa la empresa– en que no tenía “ninguna función ejecutiva”. El asunto del TEAC –agrega el texto enviado a infoLibre– “nunca se trató en el ámbito del consejo al ser responsabilidad de los consejeros ejecutivos” de la compañía. El párrafo acaba así: “Ni a Vicente Guilarte se le puso en conocimiento de este asunto ni los directivos de Ibervalles sabían de la pertenencia al Consejo General del Poder Judicial del juez encargado de resolver”.

En efecto, en todos los documentos consultados consta Guilarte como consejero independiente de Ibervalles, una socimi –sociedad cotizada cuyo objetivo es el arrendamiento de inmuebles– propiedad de la familia Isidro, una de las más ricas del país y epicentro de una respetable constelación de filiales y vinculadas. La colaboración profesional del abogado y catedrático Guilarte con los propietarios de Ibervalles viene de lejos: un documento remitido en 2011 a la CNMV por otra empresa con presencia de los Isidro –Papeles y Cartones Europa SA– corrobora que Guilarte pertenecía a su consejo de administración desde 1998.

Infracción "muy grave"

Cuando el lunes infoLibre preguntó al Poder Judicial por la sanción que la CNMV impuso a Ibervalles en 2021 por infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al ocultar información sobre sus movimientos respecto a una segunda compañía –Cartera Industrial Rea SA–, Guilarte respondió a través de su portavoz que “nunca ha tenido relación" con esa sociedad. Como persona jurídica y mediante un representante, Cartera Industrial Real SA ocupaba un asiento en el consejo de administración de Papeles y Cartones Europa SA [pincha aquí para acceder al folleto oficial donde así consta] al mismo tiempo que Guilarte.

Según el CGPJ, también la ignorancia de Martínez Tristán era absoluta, aseguran sus portavoces en un correo electrónico remitido a infoLibre. El magistrado y vocal del Poder Judicial “desconocía en la fecha de tramitación de la pieza separada de medidas cautelares [la solicitud de suspensión del pago de los 733.293] la existencia de cualquier relación entre la empresa Ibervalles SL [ya en esa fecha, SA] y Vicente Guilarte”.

Lo desconocía –subrayan los portavoces– porque Guilarte “no intervino en modo alguno y en ningún momento en el procedimiento, en el que la parte personada era la persona jurídica y no sus consejeros”; y además, en la causa –revisada ahora por Tristán– "no figura el nombre de Vicente Guilarte". La anterior es la respuesta facilitada a la pregunta de si el magistrado no considera óbice para su intervención en el proceso de Ibervalles el hecho de que compartiera con uno de los consejeros de la compañía el cargo de vocal del CGPJ.

Este medio carece de datos sobre la relación y el grado de proximidad entre Martínez Tristán y Guilarte, más allá de que ambos comparten mesa en el pleno del CGPJ desde 2013, al que accedieron a propuesta del PP. O de que ambos tienen una estrecha relación con Valladolid, provincia en la que nació Tristán y de cuya universidad es catedrático Guilarte. O de que ambos fueron en 2007 coautores de un volumen titulado La revisión judicial de la calificación registral, financiado ya entonces por el CGPJ.

Una cartera inmobiliaria de 260 millones

Respecto a la pertinencia de la suspensión del pago de las cantidades exigidas por el Tribunal Económico Administrativo, Ibervalles entiende que el tribunal hizo lo adecuado. “En la medida en que esté correctamente afianzada [la solicitud de suspensión] no cabe la denegación por parte del juez encargado de resolver”. “Es un tema irrelevante –añade su respuesta– pues el régimen para la adopción de la medida cautelar pasa por que se aporte una garantía suficiente para suspender la deuda en periodo voluntario”. El auto de la Audiencia ratifica que Ibervalles aportó tal garantía.

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Un repaso a diversos autos de la Audiencia Nacional en casos donde empresas o personas físicas han pedido la suspensión cautelar de un pago tributario hasta que haya una resolución firme corrobora que, en efecto, no constituye una excepción concederla. Pero distintos tribunales han argumentado en procedimientos de este tipo que quien reclama la suspensión cautelar del pago debe acreditar “siquiera indiciariamente” que abonar de inmediato la cantidad señalada puede causarle perjuicios de imposible o difícil reparación. Y acreditar por tanto que tales perjuicios convierten en inútil el recurso judicial pendiente por el tiempo de espera a que está obligado quien lo interpone.

El auto relativo a Ibervalles no hace ninguna mención a si la sociedad adujo que le causaría daños muy graves negarle la suspensión del abono de los 523.334,81 euros fijados por la liquidación del impuesto de sociedades de 2007 y de los 209.959,71 establecidos en concepto de sanción. Antes de anunciar que suspende cautelarmente la orden del Tribunal Económico, el texto del que Martínez Tristán fue ponente arranca así el último párrafo: “En el supuesto examinado, la Sala considera que concurría una duda razonable en orden a la valoración de los hechos”.

En su web, Ibervalles cifra en 260 millones el valor bruto de su cartera inmobiliaria. Y en sus cuentas de 2022 anuncia que prevé “incorporar a la cartera inmobiliaria activos por el valor de aproximadamente 60 millones de euros” con el foco puesto en Madrid y Lisboa.