Crisis de los refugiados

Prestigiosos juristas reclaman a Europa que renuncie al “indigno” tratado sobre refugiados

Todos los grupos en el Congreso, salvo el PP,  exigen suspender el acuerdo UE-Turquía

El acuerdo firmado entre Turquía y la Unión Europea sobre los refugiados fue denunciado por 500 juristas y profesores de filosofía del Derecho de iberoamérica, España, Italia, Portugal y Francia, en el I Congreso de Filosofía del Derecho del mundo latino celebrado esta semana en Alicante.

Mediante un escrito impulsado por el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política Francisco Javier de Lucas, los asistentes se sumaron por unanimidad a la “profunda preocupación por las consecuencias de la actual política de la UE respecto a los refugiados”.

“La UE parece deslizarse por la peligrosa pendiente resbaladiza que relativiza y mercantiliza derechos humanos universales”, denunciaron en el comunicado, tras criticar que el acuerdo sólo logra que los refugiados “sean considerados cifras de un trueque, incluso mercancías con fecha de caducidad y fácilmente reemplazables a mejor precio”.

El propio De Lucas, en conversación telefónica con infoLibre, así lo respaldó: “El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una ignominia porque en realidad estamos deportando a esa gente y quitándoles un derecho fundamental como es el derecho de asilo”. Según éste, “toda persona tiene derecho a un expediente individualizado y una resolución individualizada”, por lo que, en palabras de De Lucas, lo que fomenta el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía sólo promueve “las expulsiones colectivas”.

Asimismo, añadió, “se hace un uso perverso de dos disposiciones básicas del derecho europeo de refugiados: el que expresa que todo refugiado debe presentar su demanda en el primer país seguro que toque”, así como el que indica que “si hay un país seguro, el refugiado puede ser destinado a ese país”.

Según el art. 1 de los Convenios de Ginebra, el hecho de huir de una guerra da a estas personas el calificativo de “refugiados”. Como consecuencia, De Lucas cuestionó que estos sean trasladados a Turquía, un país con una legislación diferente donde no disponen de los mismos derechos.

La legislación turca “no considera refugiadas a las personas que no sean europeas”. Es por ello que en una situación donde prácticamente el total de los afectados proceden de países como Afganistán o Siria, estos quedan en una condición inferior y desde las fronteras otomanas se “les puede devolver a su país de origen que es lo primero que prohibe el derecho de los refugiados”, criticó De Lucas.

España y otros once países de la UE 'venden' la residencia a cambio de dinero en plena crisis de los refugiados

España y otros once países de la UE 'venden' la residencia a cambio de dinero en plena crisis de los refugiados

“El segundo punto es que Europa dice que Turquía es un país seguro, cosa que es mentira –señaló el catedrático–. Turquía es un país que no garantiza la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de prensa… y que no ha puesto medios para que los niños refugiados tengan acceso a educación y sanidad”. En estas condiciones De Lucas calificó de “indigno” aceptar que una institución como la europea, que “presume del Estado de Derecho y de ofrecer justicia y seguridad a sus ciudadanos”, haga un trato de tales características para aprobar estas “devoluciones masivas”.

“Es como si a mí me dijesen que no me van a respetar el derecho a la vida o a la salud”, sumó éste explicando que el mecanismo del acuerdo consiste en la fórmula one in - one out. Es decir, que por cada refugiado que expulsamos, admitimos que entre uno pero con un límite de 72.000. “¿Estamos hablando entonces de personas o de estadísticas?”, se cuestionó De Lucas para afirmar que con fórmulas como esta lo único que se consigue es privar de derechos fundamentales a las personas.

Ante tal situación, De Lucas entendió que el Congreso era el momento oportuno para plantear sobre la mesa la disposición de investigadores y juristas internacionales y reclamar a la Unión Europea, tal como cita el comunicado, que “renuncien a ese acuerdo y se esfuercen y se esfuercen en desarrollar los instrumentos jurídicos que hagan más accesibles y seguras las vías” para todas aquellas personas que necesitan un refugio y que están poniendo en riesgo “sus vidas y las de sus familiares”.

Más sobre este tema
stats