Las relaciones entre el Gobierno y el Congreso

PSOE y Podemos quieren que el Congreso reviva decenas de iniciativas que el Gobierno vetó indebidamente

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Son casi sesenta proposiciones de ley de la oposición, la mayoría de ellas firmadas por PSOE y Unidos Podemos, las que ambos partidos quieren que la Mesa del Congreso reactive y someta a trámite a la vista de que en su día el Gobierno las vetó indebidamente, tal y como acaba de dejar claro una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Un enorme paquete legislativo que, si llegara a tramitarse al mismo tiempo, colapsaría la agenda de la Cámara baja pero al que los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quieren renunciar.

Esta semana, en una sentencia de enorme trascendencia para las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, el TC dejó claro que el Ejecutivo no puede vetar la tramitación de iniciativas de la oposición invocando de forma genérica la capacidad que le otorga la Constitución cuando considere que una propuesta vaya a suponer un incremento de gastos o una disminución de ingresos del Presupuesto en curso. Mariano Rajoy lleva toda la legislatura bloqueando por esta vía el debate de las propuestas de sus adversarios políticos.

A partir de ahora, a los grupos parlamentarios les bastará con dejar claro —como ya estaban haciendo— que sus propuestas no serán de aplicación al presupuesto actual para sortear el veto del Gobierno. Pero PSOE y Podemos, y seguramente otras formaciones afectadas, no quieren quedarse ahí y reclama a la Mesa que reconsidere la aceptación de todos los vetos que el Ejecutivo ha planteado en lo que va de legislatura.

El primero en solicitarlo ha sido el PSOE. En una iniciativa presentada este jueves, los socialistas subrayan que el recurso al veto “por parte del Gobierno está siendo tan extraordinariamente habitual que se ha revelado como uno de los factores determinantes de la actividad legislativa del Congreso en la presente legislatura”.

Los socialistas aseguran que, a la vista del fallo del TC, “es necesario que la Mesa del Congreso reconsidere los acuerdos adoptados en relación con las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios”, no sólo las del PSOE.

Entre las que presentó este grupo y el Gobierno vetó destaca un buen número de reformas legales de ámbito social: universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, revalorización de las pensiones para el año 2017, modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones a efectos del pensiones no contributivas, mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 65 o más años de edad y menores ingresos, creación de un fondo de accesibilidad universal y adaptación de la ley de Propiedad Horizontal a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

También quieren reactivar sus propuestas de supresión de tasas judiciales de modificación el IVA cultural, de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico y de reconocimiento y ampliación de los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Las iniciativas de Podemos

Podemos todavía no ha presentado un escrito dirigido a la Mesa, pero fuentes del grupo que dirige Pablo Iglesias han confirmado a infoLibre que tiene intención de hacerlo en los mismos términos que los socialistas.

La propuestas de la formación morada que el Gobierno vetó —algunas de las cuales coinciden nominalmente con las del PSOE— son muy variadas. En el ámbito de la justicia piden desde la modificación de las tasas judiciales a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pasando por la adopción de medidas de agilización procesal y en favor de la asistencia jurídica gratuita.

En el ámbito de los derechos sociales también quieren que se reactive la tramitación de la proposición de ley de revalorización de las pensiones para el año 2017, la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores, la reforma de la Ley General de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo, la creación de un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, la rebaja de la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas, la regulación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud o la aprobación de una ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito de la pobreza energética.

Podemos también propuso en su día, y quieren que se vuelva a tramitar ahora, la modificación de la ley de Educación para regular el proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos.

En el ámbito medioambiental, quieren rescatar sus proposiciones de ley de fomento del autoconsumo eléctrico, la que propone el cierre escalonado de las centrales nucleares, la creación de un Estatuto Básico de Bomberos Forestales o la reforma de la Ley de Aguas en coherencia con la Directiva Marco del Agua y el contexto de Cambio Climático.

Podemos también se propone exigir el levantamiento del veto a sus propuestas económicas, que incluyen desde cambiar la reforma laboral del PP y fortalecer la negociación colectiva, a establecer un “recargo de solidaridad” a las entidades de crédito, pasando por la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la comunidad gallega.

Otros grupos políticos en el Congreso podrían seguir el mismo camino, Esquerra Republicana de Catalunya confirmó a infoLibre que estudiarán en detalle la sentencia del TC antes de tomar una decisión. En su caso, el Gobierno vetó dos proposiciones de ley: la reforma de la ley de Memoria Histórica y una ley que reconociese las lenguas del Estado y protegiese los derechos de sus hablantes.

La Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, tendrá que decidir ahora qué respuesta da a las peticiones de la oposición, a la vista de que la aceptación de los vetos del Ejecutivo fue contraria a la Constitución.

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