RELACIONES IGLESIA-ESTADO

PSOE y Unidos Podemos exigen que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Iglesia

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en la Comisión Mixta del Congreso.

Unidos Podemos y el PSOE quieren forzar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar a la Iglesia Católica. Por ello, la coalición registró este miércoles en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados una solicitud de informe sobre el empleo de los fondos que la Conferencia Episcopal recibe a través de la casilla de la declaración de la renta, mientras que el Grupo Socialista anunció la presentación de una iniciativa similar. De ser aprobadas, estas iniciativas forzarían al órgano de control del sector público a fiscalizar a la Iglesia Católica. El movimiento llega tras la publicación en este periódico del programa de trabajo del Tribunal de Cuentas de 2017, que no incluye a la Iglesia Católica a pesar de que su financiación depende de recursos públicos.

El Tribunal de Cuentas hace informes por mandato legal, por iniciativa propia y por iniciativa de las Cortes Generales. Unidos Podemos y el PSOE quieren que la fiscalización de la Iglesia, ya que no se realiza por iniciativa propia, se le imponga al Tribunal de Cuentas desde los escaños del Congreso.

"Nuestra iniciativa pretende que el Congreso inste al Tribunal la fiscalización del 0,7% de la casilla de la Iglesia, que suma más de 1.240 millones entre 2010 y 2015. Y además vamos a pedir que se haga un informe con periodicidad anual, para que todo esté perfectamente controlado y auditado", afirma Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en la comisión. La iniciativa del PSOE solicita, concretamente, que el Tribunal de Cuentas incluya en su programación de 2017 la fiscalización de la Iglesia de los dos últimos ejercicios liquidados. "Empezamos así por razones prácticas. Nuestra intención es abarcar un periodo mayor", señala Hurtado. 

"Todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro", sostiene por su parte Segundo González, su homólogo de Unidos Podemos, que tacha de "incomprensible" que "la politización del Tribunal de Cuentas, compuesto por consejeros afines al PP y al PSOE, obstaculice la publicación de informes sobre determinadas cuestiones".

La iniciativa de Unidos Podemos solicita "la información suficiente y detallada sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas con los recursos públicos a través del IRPF que recibe la Iglesia Católica y de su gestión económico-financiera", mientras que el PSOE prevé pedir la misma información. Hurtado afirma que la inclusión de la propuesta en la próxima reunión de la comisión mixta se debatirá en una reunión de portavoces, que todavía no tiene fecha. En cuanto al motivo por el que se pide fiscalizar el 0,7% –cuando no es la única vía de beneficios públicos de la Iglesia–, el portavoz socialista señala que es un punto de partida. "Empezamos por ahí", señala.

El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, aprobó en diciembre con ocho votos a favor y cinco en contra un programa de fiscalizaciones de más de un centenar de informes en 2017 que deja fuera a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto. La mayoría de consejeros propuestos por el PP bloqueó la fiscalización de la Iglesia.

Según el voto particular de cuatro de los consejeros, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclaman una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma. En comparación con la Iglesia, exponen en su argumentación, incluso la Casa Real se esfuerza por ser transparente. Una quinta consejera considera, en un voto particular diferente, que la ausencia de obligación de justificación de la Iglesia puede suponer una "discriminación".

La aprobación del programa de fiscalizaciones, que tuvo lugar el 22 de diciembre, cuenta con la oposición de cinco consejeros, todos del ala considerada progresista y propuestos por el PSOE: Felipe García, María Antonia Lozano (nombre pactado con IU), Lluis Armet, María Dolores Genaro y Enriqueta Chicano. Los tres primeros firman el voto particular contrario más duro, al que se adhiere Genaro. Chicano firma en solitario otro voto particular.

"Poco transparente"

El voto particular expone que la iniciativa del Tribunal de Cuentas de fiscalizar algunas subvenciones para fines sociales financiadas con cargo al 0,7% del IRPF no se ha visto acompañada de un impulso similar para el examen de las cuentas de la Iglesia. Los firmantes entienden que hay una "demanda social" que "clama" por la fiscalización de "instituciones que perciben ingentes ingresos públicos sin que, en ningún momento, rindan cuentas de su destino". Y añaden: "Una de estas instituciones, que cuenta con un sistema de financiación, si no opaco, al menos poco transparente, es sin duda la Iglesia católica".

El voto particular defiende la urgencia de "una primera aproximación" a las "diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia para "alcanzar una opinión fundada sobre si los procedimientos utilizados por la Administración del Estado, en todo el procedimiento de gestión de la asignación tributaria, se ajustan al marco normativo" y cumplen sus objetivos con eficiencia y transparencia.

García, Lozano, Armet y Genaro llegan a destacar como ejemplo en positivo, comparativamente, "el esfuerzo de transparencia" de la Casa Real, que –aunque tampoco ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas– da mayor "publicidad" a su "gestión" económica que la Iglesia.

La negativa "reiterada y sistemática" del Tribunal de Cuentas a examinar a la Iglesia contribuye, según estos miembros del mismo, a la "opacidad" de la institución católica, a pesar de que ésta se beneficia de múltiples recursos públicos para su financiación, según el voto particular. Por ejemplo: asignación tributaria con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo cual supuso casi 250 millones de euros según la liquidación de 2012; determinadas exenciones en los impuestos de sociedades, sucesiones, transmisiones patrimoniales, sobre el valor añadido (IVA), sobre bienes inmuebles (IBI), sobre el incremento del valor de terrenos, sobre construcciones y obras; y conciertos públicos de centros educativos.

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