El Grupo Quirón, uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, no dudó en echar un capote a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando se encontraba ya bajo la lupa judicial. Quirón Prevención, filial del gigante sanitario y uno de los principales clientes de Alberto González Amador, expidió en plena investigación por fraude fiscal y falsedad documental un certificado avalando los negocios mantenidos con las sociedades del empresario. El papel, al que ha tenido acceso infoLibre, fue expedido a petición de González Amador, quien lo ha aportado como elemento de defensa a la causa que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción nº19 de la capital.
El certificado está fechado el 3 de julio de 2024. Por aquel entonces, la causa contra el empresario por el uso de facturas falsas para defraudar 350.951 euros –un asunto por el que acaba de ser procesado– llevaba más de tres meses abierta. Y él ya había sido llamado un par de veces para prestar declaración como investigado. La última, nueve días antes de la emisión del documento exculpatorio. Una cita en la que estaba previsto que el empresario diera carpetazo al caso con un acuerdo de conformidad que, sin embargo, saltó por los aires tras un escrito de las acusaciones populares exigiendo que se indagara en la comisión de nuevos delitos.
El documento, suscrito por el director de Grandes Cuentas de Quirón Prevención –Emilio Conde–, comienza exponiendo que, "en el marco de su política de control de terceras partes", Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, las dos sociedades controladas por González Amador y alrededor de las cuales gira la causa contra el empresario, son "proveedores homologados que cumplen con los requisitos establecidos" por la filial del gigante sanitaria. Y continúa asegurando que "la prestación de los servicios" de ambas mercantiles "se ha realizado de forma correcta y satisfactoria, constatándose que se han liquidado cada una de sus contrataciones".
"Por todo ello, y teniendo en cuenta que tanto estas mercantiles como el resto de proveedores se someten a controles internos, se manifiesta que no tenemos constancia [de] que exista irregularidad ni ilegalidad alguna asociada a ninguna contratación de Maxwell y Masterman & Whitaker de la que pudiera haber sido víctima la mercantil Quirón Prevención", completa el certificado, que fue elaborado –y así se hace constar en el mismo– a petición de la pareja de la presidenta madrileña. Este diario se ha puesto en contacto con Quirón para saber si es habitual la emisión de este tipo de certificados a petición de proveedores, pero a cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.
Sospechas de comisión encubierta
Este certificado forma parte del paquete documental que González Amador remitió, tras su declaración como investigado, a la pieza separada de la causa que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid. Una carpeta en la que se indaga, precisamente, en la compra por parte del empresario de una sociedad sin valor aparente –Círculo de Belleza– a Gloria Carrasco, mujer del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, por 499.836 euros. La Fiscalía sospecha que detrás de esta adquisición se puede esconder el pago de una comisión encubierta.
Tras aquella compra, la mercantil pasó a llamarse Masterman. Y fue utilizada por el empresario para sus negocios con la filial del gigante sanitario. Así, a finales de 2021, su sociedad principal, Maxwell Cremona, cedió a la nueva compañía parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención. Una maniobra en la que la Agencia Tributaria no ve otra cosa que una "simulación". Masterman carecía "por completo de medios personales y materiales necesarios y suficientes" para realizar dichos servicios, los cuales fueron prestados "realmente" por el equipo de Maxwell Cremona. Con ello se buscaban beneficios fiscales.
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Para formalizar la cesión de esos servicios, Maxwell, Masterman y Quirón Prevención suscribieron un acuerdo el 15 de septiembre de 2021. En nombre de las dos primeras firmó González Amador. Y en representación de la última, Emilio Conde, el mismo que emitió el 3 de julio del pasado año el certificado exculpatorio y que suscribió los distintos contratos de prestación de servicios de consultoría estratégica y organizacional que la filial del gigante sanitario suscribió con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, guarda en su móvil como "Alberto Quirón".
Cuando imputó al empresario en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, la instructora de la causa, la jueza Inmaculada Iglesias, deslizó que Quirón Prevención podía haber resultado "perjudicada" por los hechos cometidos por González Amador y la sociedad Maxwell Cremona "en connivencia con los responsables" de la filial del gigante sanitario. Pero lo cierto es, sin embargo, que la compañía ha salido desde el primer momento en defensa del empresario. Y así lo hace constar el Ministerio Fiscal en un escrito del pasado mes de enero: "Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga el investigado es algo que ya apreció la inspección tributaria. Sus razones tendrá para ello la mercantil".
"Pero, aunque fuera claro desde el principio que el interés patrimonial de la mercantil no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es notorio quién es– quien la paga, el bien jurídico que evidentemente también está afectado es el orden socioeconómico. Esto es, que los precios en el mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos", completaba entonces el fiscal en un informe en el que restaba valor a los certificados emitidos por Conde: "Evidentemente, no es una prueba de descargo creíble".
El Grupo Quirón, uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, no dudó en echar un capote a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando se encontraba ya bajo la lupa judicial. Quirón Prevención, filial del gigante sanitario y uno de los principales clientes de Alberto González Amador, expidió en plena investigación por fraude fiscal y falsedad documental un certificado avalando los negocios mantenidos con las sociedades del empresario. El papel, al que ha tenido acceso infoLibre, fue expedido a petición de González Amador, quien lo ha aportado como elemento de defensa a la causa que se sigue contra él en el Juzgado de Instrucción nº19 de la capital.