Reformas exprés, un atajo de alto voltaje y pocas garantías al que han recurrido todos los gobiernos

34 días. Es el tiempo que la proposición de ley para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados se mantendrá viva en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos la registraron el pasado 11 de noviembre, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la reforma. Su aprobación en el pleno tendrá lugar el próximo jueves 15 de diciembre. Si pasa el trámite en la Cámara Baja, la norma se trasladará al Senado la próxima semana y el Ejecutivo espera que su aprobación definitiva llegue el 22 de diciembre.

Desde la derecha critican que esta reforma se haya tramitado con tan escaso margen de tiempo, pero lo cierto es que todos los gobiernos han recurrido a esta fórmula para tratar de cerrar, lo más rápido posible, algunos cambios de calado. Ocurrió en el año 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy —Partido Popular— recurrió a una reforma exprés del Tribunal Constitucional para sancionar al entonces president de la Generalitat, Artur Mas. Esa proposición se tramitó por el procedimiento de urgencia y en lectura única, es decir, sin pasar por ponencia ni comisión. Habilitó al TC a multar e incluso suspender a funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones.

Un año antes, el PP de Rajoy aprobó una reforma legislativa para aforar al rey emérito, a las reinas Letizia y Sofía y a la princesa Leonor. La reforma fue aprobada en un pleno extraordinario tras la abdicación de Juan Carlos I y solo contó con el apoyo del PP y de UPN. Los conservadores introdujeron estos aforamientos en dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público, una norma ajena al aforamiento de altos cargos. El PP utilizó estas enmiendas para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y atribuir una protección a los miembros de la familia real para que cualquier causa que afectara a su actividad privada se tramitara por el Tribunal Supremo. La reforma se tramitó en solo tres días.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —PSOE — también recurrió a esta tramitación de urgencia durante su mandato. Ocurrió en el año 2011 con la reforma constitucional para incluir una regla de estabilidad presupuestaria que permitiera controlar el gasto público. Un acuerdo al que se sumó el PP, ya que requería de una mayoría de tres quintos. Esta reforma se presentó mediante una proposición de ley a finales del mes de agosto durante un pleno extraordinario y fue aprobada días después, el 1 de septiembre. Sin enmiendas, comisiones, ni ponencias.

Por lo que respecta al mandato de José María Aznar, en el año 2002 aprobó un decreto-ley de reforma laboral, conocido como 'el decretazo', que provocó la única huelga general de 24 horas que tuvo que afrontar el Ejecutivo del PP y se aprobó sin el apoyo de los sindicatos. Por ese motivo, Aznar recurrió a la fórmula del decreto-ley, que permite legislar sin pasar antes por el Parlamento. Años después, el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional la reforma. El TC alegó que el Ejecutivo conservador, que se escudó en razones de "extrema ambigüedad" para aplicar el 'decretazo,' no aportó ninguna justificación para legislar mediante este procedimiento extraordinario.

34 días para cambiar el Código Penal

La actual reforma sí que ha contado con el apoyo del Parlamento, pero el procedimiento ha sido mucho más corto que el de otras leyes. La Mesa de la Cámara Baja —el órgano que ordena el debate parlamentario— dio luz verde a su tramitación el martes siguiente y la devolvió al Gobierno. El Ejecutivo tiene 30 días para dar conformidad a la proposición y puede ejercer su capacidad de veto ante iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria. Le sobraron 29. Además, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición, no ha hecho falta la inclusión de los informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, como sí ha sucedido con otras leyes de la legislatura como la ley trans, la ley de vivienda o la ley de bienestar animal. 

El Congreso solo tuvo que esperar una semana, al 24 de noviembre, para debatir la toma en consideración de la proposición. La Junta de Portavoces decidió incluir este punto en el pleno extraordinario —es decir, que no estaba previsto en el calendario ordinario— que se convocó ese jueves. Un pleno que se alargó hasta la madrugada del viernes y que culminó con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas y la admisión a trámite de la citada reforma.

El martes siguiente, el 29 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos pidieron a la Mesa tramitar la iniciativa por el procedimiento de urgencia y acortar los plazos de enmiendas a la mitad. Dos días después, el 1 de diciembre, se celebró otro pleno extraordinario en el que el Ejecutivo logró superar los vetos de PP, Vox y Ciudadanos a la modificación. Ese mismo viernes se abrió el plazo para la presentación de enmiendas parciales.

En menos de una semana los grupos presentaron sus propuestas, pese a que hay leyes tan importantes como la de vivienda o la ley mordaza no solo han estado meses, sino años, atascadas en una suerte de limbo parlamentario conocido como plazo de ampliación de enmiendas, al que el Ejecutivo recurre para tratar de postergar la aprobación de proyectos. El viernes 9 de diciembre ERC presentó su enmienda sobre malversación y PSOE y Unidas Podemos hicieron lo propio, con el fin de cerrar la tramitación y convocar la comisión de Justicia para aprobar el dictamen, como ha ocurrido este martes.

Una reforma 'ómbibus' que despierta recelos en los partidos

Lo que, de entrada, iba a ser más que una reforma centrada en la eliminación del delito de sedición del ordenamiento jurídico ha terminado por convertirse en un retoque más amplio del Código Penal. Medidas encaminadas a reformar la malversación, penar el enriquecimiento ilícito de autoridades y desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Asimismo, también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso y se incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver. Una reforma ómnibus tramitada en tiempo récord.

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Esta tramitación exprés ha provocado malestar incluso en los partidos que forman parte del Gobierno. Voces como la de Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha reprochado las "prisas" del ala socialista del Ejecutivo para reformar el delito de malversación. En una entrevista en la Cadena Ser ha afirmado que "hay dudas que no están suficientemente claras", y ha deducido que esa celeridad tiene que ver con una "exigencia" de ERC y el apoyo a los Presupuestos Generales.

A su juicio, es "obvio" que los republicanos han exigido al Ejecutivo tramitar esta reforma con la máxima celeridad. "No hay que engañar a la opinión pública, que eso tiene que ver con una exigencia de ERC, tiene que ver con unos Presupuestos y con que llegamos a finales de año y se quieren cerrar muchas carpetas", ha afirmado. Sin embargo, el propio portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha censurado "el estilo" del PSOE durante la negociación. "Nosotros nunca somos los responsables que una negociación se haga en el último minuto, es una mala manera que un acuerdo salga", ha afirmado en rueda de prensa desde el Congreso.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha justificado la celeridad en la tramitación amparándose en que, así, el Gobierno ya se puede "dedicar a otras cosas" que "interesan más a la gente". "Esto bueno para la convivencia y la concordia, pero ahora hay que seguir con un Gobierno de la gente", ha argumentado. Durante las reuniones que se han producido esta semana, tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces, las formaciones de la derecha han criticado las "formas" del Ejecutivo, una crítica que se ha extendido a algunos grupos minoritarios de la Cámara.