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Solo el 4% de delincuentes sexuales que se someten a programas de tratamiento en prisión reincide

Cartel en el 8M contra las violaciones, en una imagen de archivo.

No es fácil recuperar a un delincuente sexual antes de que pise de nuevo la calle. Es un proceso complejo, que se puede alargar durante casi dos años y que implica todo un descenso a los infiernos de los penados. Pero se puede. Lo sabe por experiencia Josean Echauri, fundador de Psimae –Instituto de Psicología Jurídica y Forense SLP–. Su equipo es el encargado de ejecutar el programa de tratamiento con agresores en el Centro Penitenciario de Pamplona. Terapias que, por lo general, dan buenos frutos. Según los datos manejados por Instituciones Penitenciarias, solo un 4,3% de los presos que han atentado contra la libertad sexual y que se someten a estos planes vuelven a cometer el mismo tipo de delitos.

Las rebajas de penas dictadas al calor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la popularmente conocida como ley del solo sí es sí, han reavivado los temores por el regreso a la calle de delincuentes sexuales. En concreto, las disminuciones de condenas decretadas por algunos tribunales en aplicación de la norma han permitido ya la excarcelación de alrededor de una treintena de reos que cumplían castigo en las cárceles por este tipo de delitos. Puestas en libertad que, en algunos casos, han ido acompañadas de alertas por alto riesgo de reincidencia. Es lo que ocurrió con Daniel P., que cometió su primera agresión sexual con catorce años y que, desde entonces, acumula más de una quincena en su historial.

Una reiteración delictiva que, sin embargo, no es excesivamente elevada en este tipo de reclusos. O, al menos, no tanto como en otros. Es lo que se desprende de un estudio reciente que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elaboró a partir de una muestra de 19.909 personas excarceladas. Del análisis de los datos se puede extraer que, con carácter general, el 22% de los agresores sexuales que reincide en la década posterior a su salida de prisión lo hace por el mismo delito, lo que significa que en casi ocho de cada diez casos consiguen desterrar este tipo de conductas. Una cifra más baja que en aquellos contra los derechos de los extranjeros –27,27%–, contra la seguridad vial –30,72%–, contra la salud pública –42,48%– o la violencia machista –41,6%–.

La posibilidad de rehabilitación, por tanto, siempre está sobre la mesa. "Claro que es posible. De hecho, es una realidad en muchos casos", apunta Echauri. Ahora bien, y en eso tratan de ser claros los especialistas consultados, no siempre se logra. "Hay casos en los que es muy difícil", sostiene Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universitat de Barcelona y director del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia. Al fin y al cabo, el grupo de delincuentes sexuales es "muy heterogéneo". Y no es lo mismo un agresor "oportunista" que en un momento concreto y en contexto determinado agrede a una mujer que aquellos con un instinto descontrolado o que tienen este tipo de conductas integradas dentro de su comportamiento normal. "Estos últimos casos son los más complejos", dice el psicólogo forense de Psimae.

Una participación voluntaria

En la reinserción de este tipo de delincuentes pueden jugar un papel muy importante los planes de tratamiento de los que disponen los distintos centros penitenciarios. Su adhesión a los mismos por parte de los reos no se produce de forma automática. Cuando alguien ingresa en prisión, lo primero que se hace es estudiar sus características y necesidades hasta que la Junta de Tratamiento determina su clasificación de grado. A partir de ahí, los técnicos elaboran un programa individualizado de tratamiento que puede ir variando a medida que cumple condena. Porque en algunos casos es necesario trabajar desde diferentes ángulos. "Hay que buscar el momento oportuno para intervenir en un sentido u otro", explican fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Para los delitos contra la libertad sexual, se dispone de un plan de tratamiento específico: el Programa de Control de la Agresión Sexual (PCAS), que lleva implantado desde finales de los noventa. Lo imparten psicólogos sobre grupos que se reúnen tres horas a la semana, si bien es cierto que también se utilizan sesiones individuales si es necesario un refuerzo sobre algunos reclusos. Y su duración se mueve entre uno y dos años. Un esquema parecido al que sigue Psimae. En su caso, plantean el programa en tres fases. Una primera de motivación, en la que se evalúa el estado de ánimo o la personalidad del recluso. Una segunda de grupo de trabajo. Y una tercera de seguimiento, que se intenta coincida en el tiempo con la concesión de los primeros permisos. "Y también trabajamos con el mismo tratamiento en medio abierto, es decir, fuera de prisión", resalta Echauri

La participación en este tipo de programas es voluntaria y no lleva aparejado ningún tipo de beneficio, si bien es cierto que son cuestiones que tienen en cuenta en sus análisis las distintas juntas de tratamiento. De hecho, Instituciones Penitenciarias y expertos consideran que esa voluntariedad es lo que puede determinar el éxito del proceso. "Siempre ayuda que haya una disposición fuerte. Al final, el objetivo es que alguien sea capaz de autogobernarse", trata de explicar Pueyo. Es más, el psicólogo de Psimae señala que cuando reciben una instancia para el tratamiento que ellos ejecutan en la cárcel de Pamplona lo primero que evalúan es, precisamente, la disponibilidad del recluso y el reconocimiento de los delitos cometidos.

Programas que hacen caer la reincidencia al 4%

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¿Y son eficaces estos tratamientos? "Una parte importante de los que los han hecho no reinciden por estos mismos delitos", sostiene el catedrático de Psicología de la Universitat de Barcelona. Hay diferentes estudios ya que apuntan en esta misma dirección. Hace casi una década, un análisis realizado en el Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, concluyó que solo un 6% de los reclusos que se habían sometido al programa específico de intervención para agresores sexuales volvían a cometer un delito de este tipo. Una tendencia que coincide, más o menos, con la apreciada por Instituciones Penitenciarias. Según sus datos, apenas un 4,3% de quienes realizan este tipo de tratamientos y los completan vuelven a atentar contra la libertad sexual de una persona.

El Programa de Control de la Agresión Sexual (PCAS) se llevó a cabo en 2021 en 40 centros penitenciarios. Y participaron 457 internos, frente a una población reclusa condenada por delitos contra la libertad sexual que entonces ascendía a 3.746 personas. Desde Instituciones Penitenciarias, sin embargo, insisten en que se trata de una fotografía fija, en la que no se tienen en cuenta a aquellos reos que pudieron haber hecho el programa con anterioridad. Y tampoco consideran que el hecho de que no se llevara a cabo en todas las prisiones ponga de manifiesto que el tratamiento no esté llegando a toda la población reclusa condenada por este tipo de delitos. En este sentido, explican que cada año se aplica en uno u otro centro según las necesidades que existan.

Los expertos, sin embargo, consideran que la baja participación se debe a un doble factor. Por un lado, la falta de voluntariedad de los reos para participar en los programas, lo que en la práctica supone reconocer que lo que se hizo ni estaba justificado ni entraba dentro de la normalidad. Y, por otro, la falta de recursos. "No hay tantas plazas como reclusos condenados por estos delitos", sostiene Pueyo. "Es importante hacer un refuerzo en este sentido. Navarra, por ejemplo, lo tuvo que externalizar en nosotros porque en la cárcel de Pamplona solo hay una psicóloga", resalta Echauri.

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