El Gobierno propone limitar las residencias de mayores a un máximo de 50 plazas

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado una propuesta para actualizar y mejorar los estándares del modelo de gestión residencial, golpeado por la pandemia y por los protocolos de Gobiernos como el madrileño, que condenaron a miles de personas mayores a la muerte sin recibir asistencia médica. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, limita el tamaño de los nuevos centros que quieran ser acreditados para recibir fondos de ayuda a la dependencia a 50 plazas y les obliga a ubicarse en suelo urbano o contar con una buena red de conexiones con todo tipo de servicios por transporte público, en caso contrario. El ratio de personal "de atención directa de primer nivel", es decir, cuidadores o gerocultores, deberá ser de 0,33 profesionales por cada mayor dependiente y de 0,42 por cada persona con discapacidad antes del 1 de enero de 2023.

El Gobierno pretende que este borrador sea consensuado tanto por la Mesa del Diálogo Social (patronal y sindicatos) como por la Mesa del Diálogo Civil, formada por organizaciones sociales, universidades o plataformas de familiares y usuarios de residencias. Entre febrero y marzo de 2022 se llevará a la conferencia autonómica: son las comunidades las que tienen que aplicar las medidas contenidas en el documento resultante. Fuentes del Ministerio insisten en que se trata de una primera propuesta que tendrá que ser acordada y revisada pero manifiestan su compromiso tanto con los derechos laborales de las trabajadoras de las residencias como con las propias condiciones de los centros.

El acuerdo será difícil, manifiestan desde Derechos Sociales, dado que debe llegar a buen puerto tanto el diálogo social como el territorial, con las comunidades: pero consideran que es una "oportunidad única" para un cambio de modelo urgente y necesario.

La propuesta pretende garantizar tanto los recursos materiales y equipamientos de los centros, como los suficientes recursos humanos para "garantizar la prestación del servicio" y con la suficiente formación. Se busca asegurar "la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias", estableciendo "mecanismos y requisitos obligados que garanticen la participación, la autonomía y apoyo en la toma de decisiones y la preservación de los derechos de las personas usuarias, especialmente en los entornos residenciales". Los Gobiernos autonómicos deberán contar con un inspector por cada 30 centros para asegurarse de que se cumplen las exigencias.

Ningún centro nuevo que reciba acreditación podrá contar con más de 50 plazas, propone el Ministerio de Derechos Sociales. Los que ya estuvieran acreditados y tengan más plazas, tendrán que adecuarse, bien dividiendo sus instalaciones o convirtiendo habitaciones de uso colectivo en individual. Las personas residentes deberán disfrutar de espacios que respeten su intimidad, con baño propio y habitaciones personalizadas al máximo o compartidas con otros usuarios de manera permanente para garantizar "un funcionamiento tipo hogar".

Los centros deberán estar "en suelo urbano". Si los anteriormente acreditados no lo están, "se deberá garantizar la comunicación mediante transporte público próximo al inmueble o mediante medios de transporte propios que permitan el acceso de las personas usuarias al entorno vecinal y a la utilización de los servicios generales que pudieran precisar".

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Con respecto a los recursos humanos, el borrador del denominado Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) exigirá a partir del 1 de enero de 2023 un ratio de 0,33 trabajadores de "atención directa de primer nivel", es decir, gerocultores o cuidadores, y de 0,42 en cuanto a personas con discapacidad. En cuanto al segundo nivel (fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, médicos, etc) la ratio establecida es mayor, de 0,36 en el primer caso y de 0,45 en el segundo. Estos mínimos serán aumentados en 2025 y 2027.

El documento establece que el uso de sujeciones deberá ser "excepcional y temporal" y estará sometido a un procedimiento documentado que acredite que se trata de la última opción y que el resto de alternativas han fracasado. También se establecen canales de comunicación y de participación de las familias "permanentes". Cada centro, además, deberá contar con un profesional del centro de Atención Primaria de la zona que funcione como "enlace". Los centros de día también contarán con estas exigencias, aunque menores: el tamaño se limita a 100 personas y las ratios son más laxas.

Organizaciones como la Marea de Residencias o Pladigmare llevan más de un año y medio clamando contra un modelo de gestión de residencias que, a su juicio y como se ha podido comprobar en la pandemia, antepone el negocio al bienestar de los mayores. Muchas de sus reclamaciones, como la participación de las familias, la mejora de los ratios o la limitación del tamaño y las plazas de las instalaciones, se incluyen en esta propuesta del Gobierno central; sin embargo, no se plantea, por ahora, la conversión masiva de estos centros en públicos. Más de 30.700 usuarias de residencias han fallecido por covid, según el registro del Ejecutivo y el Imserso.