Rivera convierte el fantasma del indulto a los presos secesionistas en un eje central de su discurso

No hay ni siquiera programada una fecha para el juicio y mucho menos una condena, pero los principales partidos de la derecha, y especialmente Ciudadanos, llevan semanas alertando ante un posible indulto a los encausados por la celebración del referéndum del 1-O y la declaración de independencia de Cataluña. El líder del partido naranja, Albert Rivera, repite una y otra vez que el Gobierno está "proponiendo indultos a cambio de apoyos parlamentarios", pese a que los propios partidos independentistas catalanes han negado que esté entre sus planes pedir una eventual medida de gracia y hayan negado al Ejecutivo su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Rivera defiende que los indultos deben estar "justificadísimos en casos muy concretos" y "nunca" deben producirse "entre políticos". Y es que, con las elecciones andaluzas en el horizonte, este es uno de los principales mensajes de la formación: el pasado 27 de octubre, Rivera ya afirmaba que "decir no al indulto y sí a la justicia es estar del lado correcto de la historia". En su ofensiva con este tema, Ciudadanos ha convocado un acto en Madrid el próximo 25 de noviembre para manifestarse contra posibles indultos. Días después se manifestará, por el mismo motivo, el partido ultraderechista Vox.

Pero, ¿cuánto hay de probable en la posibilidad de que Sánchez termine indultando, si finalmente fueran condenados, a dirigentes como Oriol Junqueras o los Jordis? El propio Sánchez no ha sido muy claro al respecto, y el pasado 31 de octubre rehusó contestar en el Congreso al ser preguntado directamente por Rivera. Pero ese mismo día, el PDeCAT aseguró que está "fuera de lugar" contemplar eventuales indultos, y ERC ha sido mucho más directa y ha asegurado por activa y por pasiva que "nunca, nunca, nunca" –en palabras del portavoz parlamentario Joan Tardà– sus líderes solicitarán que se les otorgue la medida de gracia.

No obstante, aunque no hubiera una petición directa por parte de los condenados, el Gobierno tendría opciones para indultarlos, si quisiera hacerlo. Así lo establece la ley que regula la medida, que data de 1870 pero que ha sido reformada en varias ocasiones, la última en 2015 para obligar al Gobierno a informar semestralmente al Congreso sobre los indultos otorgados y denegados. En su artículo 19, la norma establece que "pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación". Y los dos artículos siguientes también dejan claro que "el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de cualquiera de ellos", así como el propio Gobierno, pueden iniciar la tramitación del procedimiento de indulto.

Una vez iniciado el procedimiento, el tribunal sentenciador –que, en el caso de los políticos catalanes encausados, sería el Supremo– tendría que elaborar un informe valorando la conveniencia o no de otorgar el indulto a los penados, aunque dicho informe –que no es público– no sería vinculante, ya que la potestad exclusiva de decidir si se concede o no el indulto es del Gobierno, que además no tiene que justificar su decisión. Dicha medida de gracia puede ser parcial o total: en el primero de los casos únicamente se conmuta parte de la pena, mientras que en el segundo la pena se finiquita en su totalidad. Los antecedentes penales, no obstante, no desaparecen, y algo importante para los independentistas catalanes: a no ser que el Ejecutivo así lo estableciera expresamente, el indulto de sus penas de cárcel no conllevaría automáticamente también el de sus penas de inhabilitación.

Prohibir los indultos a maltratadores y corruptos

La concesión de indultos lleva años siendo polémica por su opacidad y por las acusaciones de arbitrariedad contra gobiernos tanto del PP como del PSOE. La presión social, de hecho, ha sido tal que en los últimos años el uso de esta medida de gracia se ha reducido drásticamente: si en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó 534 indultos, en 2017 ese número bajó hasta apenas 26. De hecho, la reforma de la ley que los regula lleva tramitándose en el Congreso desde hace año y medio, cuando la Cámara baja aprobó por unanimidad comenzar los trabajos para prohibir por ley la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia machista.

Lo acusado del descenso en el número de indultos concedido ha provocado escenas curiosas, como la que protagonizaron el pasado marzo Unidos Podemos y Ciudadanos, que pese a abogar en sus programas por regular y restringir los indultos, exhortaron al Gobierno entonces liderado por Mariano Rajoy a abrir más la mano con este instrumento. "Nos preocupa esta dejación de la institución del indulto, que entendemos que es fundamental en el sistema de política criminal del Estado español" como "elemento corrector" para "el mantenimiento de los principios y valores constitucionales de libertad, justicia e igualdad", planteó entonces Unidos Podemos, mientras Ciudadanos expresó su preocupación por que el Ejecutivo hubiera "malinterpretado" el rechazo a los indultos en casos de "corrupción, violencia de género o crímenes de especial violencia" y hubiera "hecho extensiva esa sensibilidad popular a toda suerte de casos".

El PP, entonces en el Gobierno, rechazó las críticas y señaló irónicamente que "si hay muchos indultos, el Gobierno se extralimita en el poder discrecional de la concesión del derecho de gracia, y si hay pocos, el Gobierno es un poco cicatero y no quiere concederlos". Y es que lo cierto es que el instrumento ha sido utilizado con profusión y de forma polémica en los últimos años en bastantes ocasiones. De hecho, pese a los pocos indultos que aprobó en 2017 el Gobierno, casi uno de cada cuatro (seis del total de 26) fueron para condenados por casos de corrupción, concretamente para cinco funcionarios y un exconcejal del ayuntamiento de Rota, culpables de prevaricación por haber pagado durante años a uno de esos trabajadores públicos, en forma de horas extra en su nómina, trabajos que el consistorio debía haber adjudicado vía contrato.

227 indultos por corrupción desde 1996

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Según recoge el colectivo Civio, desde el año 1996 el número de indultos a condenados por delitos relacionados con la corrupción –entre los que se cuentan la prevaricación, la malversación de caudales públicos o el cohecho, entre otros– asciende a un total de 227. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran algunos como los otorgados en 2012 por parte del Gobierno del PP a dos dirigentes de CiU condenados en el caso Treball, Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo, condenados por desviar dinero público a empresas afines. Ambos pudieron conmutar sus penas de cárcel por prevaricación y malversación por sendas multas de 3.600 euros.

Otro indulto polémico que también tuvo lugar en 2012 fue el concedido a Tomás Gómez Arrabal, alcalde del PP en Valle de Abdalajís (Málaga), condenado a más de diez años de cárcel por un total de 12 delitos de prevaricación urbanística: su pena fue reducida a dos años y evitó la cárcel, mientras que sus tres concejales condenados también se acogieron a la medida de gracia. Ese mismo año también fueron conmutadas las penas de inhabilitación del comandante y el capitán médico del Yak 42, condenados a 18 meses de prisión y un año de inhabilitación por falsear las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de los militares que perdieron la vida en el siniestro.

La figura del indulto también se ha aplicado a algunos empresarios rodeados por la polémica y condenados por sus malas prácticas. Es el caso del constructor José Manuel Magdaleno, indultado en diciembre de 2016 tras ser condenado por estafar a varias familias a las que les pedía adelantos para la compra de viviendas en urbanizaciones que nunca construyó. Y también se vio beneficiado por esta figura Alfredo Sáenz, exonsejero delegado del Banco Santander, que fue inhabilitado por acusación y denuncia falsa contra un grupo de empresarios y al que indultó el último Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Este perdón le permitió mantener su puesto de trabajo, que poco más tarde abandonaría llevándose consigo una pensión de 88 millones de euros.