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Políticas públicas

El ruido sobre la corrupción ahoga el debate sobre las medidas para hacerle frente

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la Comisión del Senado sobre las mascarillas.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, hace ahora exactamente seis años, lo hizo a través de una moción de censura construida en torno al rechazo de la mayoría absoluta del Congreso a las prácticas corruptas del PP, que acababan de sancionar los tribunales, pero sobre todo a la vista de la pasividad con la que el entonces presidente, Mariano Rajoy, enfrentaba el fenómeno. 

Sánchez adquirió entonces un compromiso contra las prácticas deshonestas en política que tanto el PSOE como sus socios de Gobierno —primero Podemos y ahora Sumar— trasladaron a los programas electorales y a los acuerdos de coalición. 

Sin embargo, poco o casi nada de esas promesas ha acabado haciéndose real. Estas eran las principales:

  • Plan Nacional contra la Corrupción: No se aprobó. Incluiría una reforma del Código Penal y la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
  • Reforma del Código Penal: Aunque se ha incorporado el delito de enriquecimiento ilícito de cargos políticos, no se han implementado otras medidas propuestas por Podemos, como el tipo agravado de prevaricación administrativa en contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración.
  • Ley Integral contra la Corrupción: No se ha aprobado esta norma, que debería incluir un estatuto del denunciante con atenuantes según el delito y las circunstancias de la denuncia.
  • Regulación de los lobbies: Aunque había un anteproyecto de ley para regular su actividad, no ha llegado a ver la luz.
  • Reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno: No se ha avanzado en esta reforma prometida.
  • Limitación de aforamientos políticos: No se ha planteado siquiera la reforma constitucional para limitar los aforamientos políticos, lo que debería restringir este privilegio solo al ejercicio de funciones públicas.
  • Refuerzo contra los cárteles en contratación pública: Aunque se han hecho algunos cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, no se han implementado medidas significativas para desincentivar fraudes y aumentar la transparencia en este ámbito.

El final de la legislatura confirmó que ninguna de estas medidas tenía visos de hacerse realidad. Pero el inicio de la actual ha servido para enterrarlas definitivamente, porque ninguna de ellas fue incluida en el acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE y Sumar. La única referencia incluida en el documento España avanza, firmado por Sánchez y Yolanda Díaz, es muy vaga: apenas impulsar una “simplificación y agilización de los procedimientos de contratación administrativa (…) en un marco orientado al objetivo de ‘corrupción cero”.

La lucha contra la corrupción no ha estado en la agenda de prioridades del Gobierno progresista. Las medidas que periódicamente reclama el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa siguen sin aplicarse. 

Así los acaba de confirmar el último informe de este organismo, hecho público el pasado miércoles, según el cual tanto España como Malta “no han conseguido un cumplimiento suficiente de la quinta ronda de recomendaciones” para “prevenir la corrupción y promover la integridad en los gobiernos centrales y las fuerzas de seguridad”. Hace falta, asegura el documento, “emprender acciones decididas para lograr avances tangibles lo antes posible”. Los detalles del informe no se conocerán hasta que España decida hacerlos públicos.

El año pasado, el GRECO ya avisó de que España no había implementado por completo ninguna de las 19 recomendaciones (solo había cumplido 7 parcialmente, mientras que 12 seguían pendientes). Entonces la excusa del Gobierno fueron las dos elecciones generales de 2019 y la crisis sanitaria de 2020.

Reducción

Lo cierto es que en los últimos años la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, tan habitual en las primeras páginas de los periódicos durante el último mandato del PP, se ha ido reduciendo. Las estadísticas oficiales lo explican: el número de personas acusadas o procesadas por corrupción en España no deja de caer desde el año 2021. Ese año la cifra alcanzó los 344 nombres, pero la relación descendió a 200 en 2022 y a 178 en 2023. 

En el último barómetro del CIS, los españoles citaban “la corrupción y al fraude” como el décimo problema de España (apenas un 7% de los encuestados la situaban entre los tres problemas más graves). La distancia es enorme en relación con otras preocupaciones que ocupan un espacio significativamente menor en los informativos de radio y televisión y en las páginas de los diarios: el paro (26%), la crisis (24,8%), los problemas políticos en general (20,1%), el mal comportamiento de los políticos (17,9%), la mala calidad del empleo (14,7%), la vivienda (12%), la inmigración 11,7%), la sanidad (9,8%) o las dificultades de los jóvenes (7,2%).

El caso Koldo, que en los últimos meses, con permiso de la Ley de Amnistía, ha monopolizado el discurso político de PP y Vox, no ha conseguido situar en los puestos de cabeza la corrupción como un problema percibido por los ciudadanos, pero sí como uno de los ejes del debate político, en especial en el Congreso. 

Las acusaciones contra el Gobierno, que —sin base judicial alguna— la derecha extiende más allá del exasesor del Ministerio de Transportes a varios ministros, a la presidenta del Congreso y hasta a la esposa del presidente, dominan su discurso. Pero no incluyen propuestas para combatir la corrupción o, por lo menos, para minimizar los riesgos.

Sin propuestas

De hecho, en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2023, solamente una de sus 365 propuestas aludía a la corrupción. En ella se comprometían a reformar la ley reguladora de la protección de los informantes con el fin de “asegurar la independencia de las actuaciones y la no injerencia del Gobierno”. 

Sumar sí ha tomado la iniciativa en las últimas semanas con una proposición de ley para crear una oficina de prevención de la corrupción, con potestad de aplicar multas de hasta un millón de euros en los casos más graves a empresas y organismos que incurran en las infracciones más graves o la prohibición de recibir fondos públicos durante cuatro años. El nuevo organismo, que tendría estatus de autoridad independiente, con un director no militante en partidos y con personal sacado a través de oposiciones, según la formación que lidera Díaz.

En realidad, las propuestas se acumulan encima de la mesa desde hace tiempo. No únicamente las que el Gobierno desechó la pasada legislatura o las que recoge el informe GRECO, sino las que promueven desde hace tiempo organizaciones independientes como Transparencia Internacional. Según este grupo, la puntuación de España (60/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 publicado hace unos meses se mantiene igual que el año pasado. “Sin embargo, no es motivo ni de satisfacción ni de tranquilidad, ya que España baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180)”, subraya la organización.

“España tiene que emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición en próximas ediciones”, aseguran. “Es preciso no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas”, en particular llevar a cabo “reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la Ley de Transparencia, la mejora de la transparencia parlamentaria, la creación de la autoridad independiente de protección del informante o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio”.

No todos piensan igual. Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal Universitat de Barcelona, sostiene que no es un problema de normativa. “Yo creo que es un tema de formación” consecuencia de una cultura de amiguismo. “La gente no entiende que cuando ocupa un cargo público se debe a la ciudadanía en general y no a sus amigos“.

Más educación

Es una manera de hacer las cosas habitual en América Latina, en España o en Italia, explica, que tiene que ver con el sistema educativo. Es a partir de ahí donde se sientan las bases para interiorizar, explica, que una cosa es la vida privada y otra la vida de un cargo público. Los escandinavos, que siempre se ponen como modelo, “eran tan corruptos como se puede ser aquí ahora, hace cuestión de cien años”. “Si ellos han salido de eso no es porque racialmente sean mejores ni muchísimo menos, sino simplemente porque han decidido cambiar una mentalidad”. Y eso, concluye, “es algo que no puede hacer ninguna ley, lo tiene que hacer una sociedad entera” a partir del sistema educativo.

Sumar registra una propuesta para crear una oficina para prevenir la corrupción

Sumar registra una propuesta para crear una oficina para prevenir la corrupción

Algunas leyes pueden ayudar, pero no es tan sencillo. “Lo que faltan son controles”, explica. La psicología social hace tiempo que demostró hasta dónde puede llegar una persona cuando se desconecta de los límites. 

A partir de ahí, puedes luchar contra el problema aumentando la burocracia, que es lo que se ha hecho hasta ahora, pero “la burocracia excesiva ayuda a la corrupción, porque te sumerge en una variedad de papeles tras los cuales aparentemente todo está bien porque tienes todos los documentos. Y no, la que es corrupta es la decisión última de hacer determinadas cosas”, remarca. “Se nos va la fuerza por la boca con las reformas, la burocracia y el compliance y no sé qué más. El compliance es más burocracia, simplemente. Más papeles, más papeles”.

¿Qué podemos hacer, entonces? En su opinión, algo “tan sencillo como que lo que hagas sea controlable por instancias superiores, como les pasa a los jueces”, lo que les obliga a tomar decisiones motivadas. Y vigilar “el patrimonio de las personas. Porque es evidente que hay patrimonios que no se corresponden con el sueldo de empleados públicos”.

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