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Alba, el exjuez prevaricador que quiso tumbar a Rosell y acabó haciendo malabares para evitar la cárcel

El juez Salvador Alba, en una imagen de archivo.

Sábado, 21 de mayo de 2016. A primera hora de la tarde, Podemos anuncia que ha perdido a uno de sus principales activos electorales. A solo un mes de una nueva cita con las urnas, la jueza Victoria Rosell decide dar un paso atrás y anuncia que no concurrirá en la candidatura por Las Palmas. "Una querella tramposa me impide seguir. Ha sido un honor. Seguimos luchando por la justicia y la verdad", escribe en redes sociales. Se refiere a la interpuesta contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria, en ese momento ya fuera del tablero político por su aparición en los papeles de Panamá. Un caso Rosell, difundido a bombo y platillo por determinados medios de comunicación, que no era otra cosa que una operación de lawfare de manual. Ahora, seis años después, el cazador ha sido cazado. Se llama Salvador Alba y está intentando evitar, a la desesperada, su ingreso en prisión.

Quien fuera portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias tiene sobre sus espaldas una sentencia en firme por conspirar contra la jueza. El Supremo le condenó a seis años y medio de cárcel –más dieciocho meses de inhabilitación– por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Pero el juez, sin embargo, no ha pisado todavía el centro penitenciario. Aunque el pasado jueves la justicia le dio veinticuatro horas para entrar en prisión, este lunes seguía todavía en la calle. Su mujer, que dice desconocer dónde se encuentra, ha asegurado a El País que Alba tendría hasta el martes para ingresar. Se escudan en que la notificación se le notificó pasadas las 15.00 horas del jueves y, por tanto, "el primer día que cuenta no es el siguiente día, sino el siguiente día hábil". Otros juristas consultados, sin embargo, consideran que el plazo de entrada culminaría este lunes.

No consta, en el momento de redacción de este artículo, orden de búsqueda y captura. Pero sí un nuevo intento del Alba por dilatar, todavía más si cabe, su ingreso en prisión. El pasado domingo el exjuez recusó de nuevo –y ya van dos veces– al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado. Lo hace poniendo sobre la mesa un tuit de Rosell que, a su juicio, evidencia "un contacto extraprocesal entre la más alta autoridad del TSJ de Canarias" y la jueza. Y, del mismo modo, acusa al magistrado de tener una "prisa inusitada" por hacer que cumpla la condena de prisión. Lo hace, en este caso, alegando que la Sala de lo Penal del tribunal dictó el auto por el que le daba un día para entrar en la cárcel solo un minuto después de recibir formalmente el expediente por el que se desestimaba la primera recusación contra Bragado. "Es materialmente imposible una deliberación, votación y fallo en menos de un minuto", señala.

Alba fue quien relevó a Rosell cuando ésta dio el salto a la política nacional de la mano de Podemos. A finales de 2015, el juez, que llevaba años intentando acceder a cargos de gran relevancia –quiso ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y sonó en dos ocasiones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Allí se hizo cargo, entre otras, de la causa que la jueza había estado instruyendo contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), por delitos contra la Hacienda Pública. Una investigación que terminó convirtiéndose en la punta de lanza de la operación que se construyó contra la ahora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Una conversación grabada, el inicio y el final

El primer intento para hacer caer a Rosell se produjo a comienzos de diciembre, cuando apenas quedaban dos semanas para las elecciones generales del 20D. La Fiscalía decidió entonces abrir una investigación contra la jueza tras la aparición de un contrato entre Productora Audiovisual UD Las Palmas y la empresa del marido de la entonces candidata morada al Congreso de los Diputados. Rosell no dudó en poner el foco sobre el exministro de Industria, al que acusó de "estar detrás" de la "denuncia anónima" que terminó por activar toda la maquinaria: "Todos sabemos que ser inflexibles contra la corrupción se paga caro, pero los malos están en otro sitio, no he cometido ningún ilícito penal ni administrativo". Una rueda de prensa a la que José Manuel Soria respondió con la interposición de una querella por injurias y calumnias.

Las pesquisas del Ministerio Público quedaron en nada. De hecho, el TSJ de Canarias llegó a sentenciar que el fiscal había vulnerado los derechos de Rosell ya que no podía ni investigarla ni difundir lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando dio comienzo la segunda conspiración. El 16 de marzo de 2016, nueve días después de que el tribunal superior cerrase definitivamente el paso al Ministerio Público, el juez Alba y el investigado Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirve a Soria para ampliar su querella contra la juez, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrantado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

De los problemas de salud a las recusaciones

El Supremo confirmó el fallo hace casi un año. Sin embargo, Alba, uno de los poquísimos jueces que el CGPJ ha expulsado de la carrera en sus cuatro décadas de vida, ha conseguido dilatar casi un año su entrada en prisión. Tenía que haberse presentado voluntariamente en febrero, pero logró parar el reloj alegando que el archipiélago no tenía módulo de seguridad para autoridades encargadas de perseguir delitos y que él no podía volar a la Península por una patología. Problemas de salud a los que se ha agarrado con fuerza para intentar evitar la cárcel pero que han terminado chocando con las valoraciones de los expertos independientes. A comienzos de verano, tres informes realizados por profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, habían concluido que sus enfermedades se podían tratar perfectamente en un centro penitenciario.

Durante todo este tiempo, el exjuez, cuyas vacaciones en la playa volvieron a ponerlo en la palestra pública, ha tratado de impedir también su encarcelamiento por otras vías. Interpuso un incidente de nulidad contra la primera sentencia, algo que rechazó el Supremo. Pidió que se suspendiese la pena de cárcel mientras se tramitase su petición de indulto, pero se estrelló contra el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Incluso llegó a recusar, sin éxito, al presidente de este último órgano judicial, como hizo también con los forenses que habían dictaminado que su enfermedad no era "grave e incurable". Alba está a la espera, además, de un recurso de amparo presentado ante el Constitucional en el que solicita la suspensión de la pena, algo que tradicionalmente el tribunal de garantías no hace con penas superiores a los cinco años, como sucede en este caso.

La operación de lawfare infligió un importante daño a la magistrada. A nivel político, la erosionó de cara a las generales de diciembre de 2015 y la dejó fuera de juego en la repetición electoral de 2016. De hecho, no regresaría a la primera línea hasta los comicios celebrados durante 2019 hasta los comicios de 2019. Ahora, como delegada del Gobierno, observa cada movimiento alrededor de un juez que era "débil con los fuertes y fuertes con los débiles". Y recuerda el daño personal provocado por unas maniobras sobre las que siempre ha sobrevolado la sombra del exministro de Industria. "Cuando personalmente te quieren matar pueden conseguir esa muerte civil. Cuando afecta a las personas que más quieres es lo que más te duele. Este tipo de crimen organizado siempre va a tu entorno para darte donde más duele", señalaba el viernes en una entrevista en la Cadena Ser.

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