El temor a una derrota judicial paraliza la reclamación pública de la mezquita de Córdoba

Hay tranquilidad en el Cabildo de Córdoba. La Iglesia da por hecho que la controversia alrededor de la titularidad de la mezquita se quedará en tormenta de papel. Pasará. Dará para algunos titulares más, pero pasará. En cambio, la Iglesia permanecerá. Y la mezquita seguirá siendo suya, al menos a efectos prácticos. Esa es la idea asentada en el Cabildo de Córdoba, que se apropió de la mezquita en 2006, con un coste de sólo 30 euros, valiéndose de un vericueto legal.

"Cada uno gestiona su casa", dice un portavoz oficial del Cabildo, sintetizando en una sola frase su negativa a negociar los dos aspectos clave del asunto: la gestión y la titularidad ("su" casa). Y añade: "Si alguien no está de acuerdo, que vaya a los tribunales". Pero, ¿quién se atreve a ir contra la Iglesia a los tribunales para revertir la inmatriculación de la mezquita? Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento, las dos instituciones a las que se dirige el desafío de la Iglesia, tienen intención de hacerlo, como ha comprobado infoLibre preguntando por la cuestión.

La mezquita fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1984. Hace diez años el Cabildo de Córdoba, sirviéndose de una modificación de la Ley Hipotecaria introducida en 1998 con José María Aznar en el Gobierno, inmatriculó el templo con un trámite que le permitió inscribirla en el registro de la propiedad por 30 euros. La legalidad o ilegalidad de esta inmatricuación es objeto de una controversia que alcanza hasta la pura metafísica jurídica. Pero debates al margen, de facto la mezquita –un atractivo turístico de relieve mundial– es de la Iglesia católica, que además la gestiona prácticamente con las manos libres.

La razón "legal"

El Cabildo no entra en dar razones morales que justifiquen esta apropiación e invoca únicamente su razón "legal" y la justificación del paso del tiempo. "El turismo de masas sólo tiene unas décadas, pero la Iglesia lleva ocho siglos conservando el templo en perfecto estado de conservación", alega su portavoz. El mensaje es claro e insistente: "Esta es una polémica absurda. Ahí están los tribunales [para quien no esté de acuerdo]". "Si alguien alberga dudas, que acuda a la vía jurídica. No es nuestra intención animar a ir a la vía judicial. Queremos colaborar y dialogar para mantener el bien", afirmó el portavoz canónigo del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, en la presentación de la nueva marca del monumento, ahora llamado por la Iglesia "Mezquita-Catedral".

Hasta este reciente cambio en la imagen del templo se imponía, en el variado material que produce la Iglesia –carteles, web...–, el nombre de "Catedral de Córdoba" a secas, que pocos fuera de la institución eclesiástica usan pero que confundía a los turistas y debilitaba la marca de la ciudad en el mundo. Con esta decisión, la Iglesia cede a una histórica pretensión de la Junta de Andalucía, compartida tanto por IU (que en la pasada legislatura ostentó las competencias de Turismo), como por el PSOE.

"Dudas" en la Junta

Ahora el peso de la relación de la Junta con el Cabildo lo lleva Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba con IU, hoy en el PSOE, que ostenta las competencias de Cultura. En su departamento dan la máxima importancia, simbólica y turística, al cambio de nombre de la mezquita. Aguilar se ha implicado en las negociaciones con el Cabildo para conseguir este cambio en los folletos y la cartelería.

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Titularidad Pública de la Mezquita Catedral de Córdoba, que desde hace años maneja con habilidad y acierto una estrategia para mantener vivo el rechazo a la inmatriculación del templo dentro y fuera de la ciudad, teme que la Junta de Andalucía "se conforme" con este cambio exterior y dé por buena la titularidad y la gestión de la mezquita por parte de la Iglesia, en palabras de su portavoz, Miguel Santiago. En Cultura ponen el énfasis en el logro alcanzado y evitan avanzar nada en cuanto a pasos futuros. Eso sí, se remiten a unas declaraciones de Aguilar en las que expresa sus "dudas" sobre la posibilidad del cambio de titularidad.

Rosa Aguilar ha defendido como consejera de Cultura la gestión y la titularidad pública de la mezquita. Apearse de esa posición supondría un paso atrás, que en el Gobierno andaluz se resisten a dar formalmente. Pero este impasse será necesariamente breve, ahora que el Cabildo ha dejado claro que la única vía para cambiar la titularidad o la gestión es la judicial, incluso a pesar de que la presidenta, Susana Díaz, ha realizado una apelación al "diálogo".

La Iglesia no está abierta a negociar sobre la gestión ni sobre la titularidad. Otra vez el embudo conduce a los tribunales. infoLibre ha preguntado a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento por la opción de acudir a los tribunales. El Ayuntamiento responde que no, porque "no puede hacer nada", y cifra en "el cero por ciento" sus posibilidades de victoria judicial. Cultura no responde. Fuentes socialistas, pidiendo anonimato, señalan que "el sentido de la prudencia" aconseja no exponerse a una derrota judicial que podría consolidar la posición de la Iglesia en esta cuestión, y que este punto de vista condiciona la postura de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que en lo personal tienen convicciones claras sobre la titularidad pública del monumento.

La situación en el Ayuntamiento es compleja, porque gobiernan el PSOE e IU juntos, y las posiciones son distintas. En la parte de IU del Gobierno se insiste en que "no se ha arrojado la toalla". Pedro García, número dos del Gobierno local (IU), se ha referido públicamente sin descartarla a la opción de ir a los tribunales, aunque no de forma inminente y sólo si fracasa el resto de opciones, que en la práctica serían que la Iglesia cediese o que cambiase drásticamente la norma a nivel estatal. Fuentes municipales apuntan a que se está contemplando, en el seno del Gobierno, realizar el encargo de un informe jurídico que ayude a fijar la posición del Ayuntamiento cordobés.

Un bien de dominio público

Ahora mismo la posibilidad de acudir a la vía judicial, tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento, es remota. Cuatro ex alcaldes de Córdoba con IU, Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, que fue mano derecha de Rosa Aguilar, han apremiado a la actual consejera a actuar para recuperar la titularidad del templo. El discurso que se está abriendo paso en el PSOE andaluz es que las soluciones tienen que venir del Gobierno central y del Congreso. Ahí hay pocas opciones, al menos con la actual relación de fuerzas. La Dirección General de Patrimonio de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaboró un informe en 2014 que sostenía que la mezquita pertenece a la Iglesia desde 1236 y que nunca ha pertenecido al Estado.

Los informes no son unánimes. Un detallado informe del secretario municipal del Ayuntamiento considera que la mezquita es un bien de dominio público, por lo que no puede estar en un registro privado. Entre otras conclusiones, el informe señala que la Iglesia tiene derecho al uso litúrgico, pero no a la posesión. Otro estudio jurídico municipal, en cambio, concluye que el Ayuntamiento "no tiene posibilidad legal alguna" de hacer la inscripción.

Siempre quedaría la opción de los tribunales, pero ahí aguarda una larga y difícil batalla judicial contra la Iglesia, de resultado incierto. El Cabildo está convencido de que tiene mejores cartas para una partida en los tribunales. Incluso los más convencidos defensores de la titularidad y gestión públicas admiten las dificultades de una batalla judicial. "Hay que tener la determinación de llegar hasta el final", afirma el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, vinculado a los movimientos de reivindicación del carácter público de la mezquita.

Hasta la justicia europea

Ese "hasta el final" supondría la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad y prepararse para posibles resoluciones y recursos desde el juez de primera instancia hasta el Supremo, el Constitucional y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en noviembre de 2014 falló a favor de una empresa ganadera, y en contra de la Iglesia, en el caso de la inmatriculación de un templo en Palencia. A juicio de este jurista, la inmatriculación es "nula" desde su origen, y por lo tanto se produce una "inconstitucionalidad sobrevenida", porque se funda en una ley de 1946 –aunque luego modificada en 1998– que es contraria a la Constitución de 1978 al convertir de hecho a los clérigos en fedatarios públicos. Las leyes no tienen que ser derogadas formalmente para perder su vigencia sin son contrarias al texto del 78.

Ahora bien, es necesario que un juez traslade la cuestión al Constitucional. En los movimientos de defensa del carácter público de la mezquita preocupa la vinculación del poder judicial con la Iglesia, de origen social e histórico. Y por supuesto el éxito de la iniciativa dependería de que se considerase a quien acuda a los tribunales legitimado para hacerlo. El informe del secretario municipal defendiendo el carácter de bien de dominio público de la mezquita podría servir para fundar esta legitimidad, opina Antonio Manuel Rodríguez.

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Cambio en la Ley Hipotecaria

Otro posible obstáculo para que la vía judicial llevase a buen puerto para el Estado es el hecho de que la ley hipotecaria que se querría declarar inconstitucional, y en virtud de la cual se realizaron las miles de inmatriculaciones de la Iglesia, formalmente ya no existe, aunque queda la posibilidad de declarar inconstitucionales los actos concretos, por ejemplo la apropiación de la mezquita, según explica el portavoz de la Plataforma, Miguel Santiago. No obstante, y al margen de lo jurídico, Santiago pone el énfasis en la importancia de "la movilización y la conciencia social", a las cuales atribuye el éxito relativo de la modificación de la Ley Hipotecaria en 2015, que prohíbe las inmatriculaciones, aunque sin efecto retroactivo. "Vamos a seguir empujando", afirma Santiago.

La cuestión de la titularidad queda pues pendiente de una vía judicial incierta cuyas dificultades disuaden a las administraciones. Pero está también el tema de la gestión. La Iglesia hace y deshace en la mezquita, cobra entradas y administra el templo a su criterio. Y además se cierra a negociar también este aspecto. La Plataforma pide un estatus jurídico especial para este monumento. El portavoz de este colectivo insta a Cultura a apurar las herramientas legales para forzar al menos una gestión compartida. "Es inadmisible que además de una gestión totalmente opaca, la mezquita no tenga ningún estatus jurídico. Debería tener uno singular, como monumento y como templo", afirma el jurista Antonio Manuel Rodríguez.