Las trabajadoras de la dependencia vuelven a movilizarse por un salario digno y mejores condiciones laborales

Las movilizaciones que se desarrollaron a lo largo de noviembre culminaron en una gran protesta frente al Ministerio de Sanidad el pasado 14 de diciembre. Meses después, con el Gobierno ya consolidado, los sindicatos vuelven a salir a la calle. Se trata de las manifestaciones organizadas alrededor del sector de la dependencia y las condiciones laborales de los profesionales que lo sostienen. CCOO y UGT han escogido el mes de marzo para convocar unas marchas que tendrán lugar a las puertas de los centros de los principales grupos empresariales del sector. Lo hacen, dicen, porque la situación es insostenible para el conjunto de trabajadoras –más de un 90% son mujeres, subrayan– que soportan unas condiciones laborales ancladas en la más absoluta precariedad.

El epicentro del conflicto que ha desencadenado la protesta está en la negociación de un nuevo convenio para el sector, un proceso que se ha alargado hasta el actual bloqueo. El requisito de los sindicatos para la construcción de un nuevo convenio tenía por objetivo lograr una subida salarial que permitiera a las cuidadoras cobrar mil euros mensuales en catorce pagas. Sin embargo, la patronal "se levantó de la mesa y no hizo contrapropuesta". Así lo explica Antonio Cabrera, secretario de la Federación de Sanidad de CCOO.

"Tenemos una patronal que no quiere regular el sector y mantiene salarios por debajo de los mil euros", relata el sindicalista en conversación con infoLibre. La última propuesta de los sindicatos se formuló el octubre pasado, pero la patronal no respondió. Los representantes de los trabajadores pedían que el aumento del salario se produjera en un plazo de dos años, pero la patronal entendía necesaria una dilatación de los tiempos. Finalmente la ruptura de las negociaciones dio paso a una serie de protestas encadenadas en noviembre y diciembre, que retoma ahora su hoja de ruta.

Aurelia Jerez preside la Coordinadora de Plataformas de Dependencia. En conversación con este periódico insiste en su apoyo completo a las reivindicaciones de los trabajadores y entiende que los avances en materia laboral "redundan en mejoras también respecto a la situación de las personas dependientes". Jerez tiene claro que conseguir unas condiciones dignas pasa necesariamente por la creación de plazas públicas. "Hemos comprobado que la empresa privada sólo busca rédito económico", lanza, mientras que "el bienestar de los trabajadores y las personas dependientes es secundario". "Necesitamos que los servicios sean públicos", reclama.

Deterioro físico y mental

La precariedad en las condiciones de trabajo anida también en las consecuencias físicas que padecen las cuidadoras, quienes sufren una alta tasa de enfermedades musculoesqueléticas y afecciones relacionadas con el estrés. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales resulta difícilmente aplicable en la ayuda a domicilio, donde el entorno de trabajo toma forma de vivienda particular.

"Las cargas de trabajo conllevan habitualmente una alta medicalización", explica Cabrera. Además, las trabajadoras que acuden a domicilios privados tienden a asumir más tareas que el cuidado de dependientes. "Hay muchísima parcialidad y hay mujeres a las que les cuesta dinero trabajar", expone, entre otras cuestiones porque "tienen que pagarse el desplazamiento". "Las condiciones son inhumanas, es una barbaridad que no se sostiene", resume el representante sindical.

Una investigación con el sello del Ministerio de Trabajo expresaba, en junio de 2018, que el trabajo de cuidados a domicilio está atravesado por la precariedad: "Los salarios son bajos, el número de horas trabajadas es incierta ya que puede variar dependiendo de muchos factores no siempre predecibles y, por lo general, las trabajadoras del sector tienen una baja percepción social del trabajo que realizan". El estudio ponía énfasis también en los riesgos laborales que pesan sobre sus espaldas, como la posibilidad de sufrir lesiones debido a los "grandes esfuerzos físicos a la hora de mover a los usuarios" o las consecuencias "de carácter psicosocial" fruto de la intensa interacción personal con las personas dependientes.

En el diagnóstico coincide Jerez, quien remacha que "los salarios son de miseria, los horarios son totalmente inestables y las ratios que hay establecidas en las residencias son de escándalo". Para la presidenta de la organización estatal, el trabajo con dependientes se mantiene en exclusiva por "la profesionalidad y la voluntad" de las trabajadoras.

Un compromiso que termina por hacer mella en su salud mental. Así lo explica también Gracia Álvarez, responsable de dependencia de UGT. La sindicalista apuesta igualmente por establecer una ratio estatal mínima que además tenga en cuenta el grado de dependencia, porque a día de hoy "son inadecuadas y provocan que la trabajadora deba atender a un número excesivo de personas". La consecuencia tiene que ver con que las empleadas asumen toda "la presión asistencial", generando "problemas musculoesqueléticos y un componente de estrés elevado por no poder atender a la gente como quisieran". Álvarez remarca que se trata de trabajar con personas vulnerables, de manera que las consecuencias de precarizar sus cuidados tienen un impacto evidente en la salud de ambas partes.

Dos frentes

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La movilización que se prevé para el mes de marzo tiene dos frentes. El primero tiene que ver con ejercer presión para que la patronal se siente a negociar. El segundo, dirige la mirada hacia el Gobierno. "La Ley de Dependencia dice que la financiación tendría que corresponder a las comunidades y al Gobierno, pero a día de hoy las comunidades asumen el 83% del gasto y el Gobierno el 17%", observa Cabrera. Su posición es clara: reclama un incremento de la financiación en una doble vía, "por un lado para atender a las personas en listas de espera, pero también para mejorar las condiciones laborales y retributivas" de los profesionales.

Las reuniones entre sindicatos y Gobierno habían ido materializándose, con María Luisa Carcedo al frente del Ministerio de Sanidad, tras las primeras protestas. Álvarez reclama ahora que sea Pablo Iglesias su interlocutor, con el fin de "exponer la situación en la que están las trabajadoras" y hacer entender que "tienen que cobrar un salario digno". El pasado 31 de enero los dos principales sindicatos registraron un escrito solicitando una reunión formal con el vicepresidente segundo.

En cuanto a la financiación, Álvarez reconoce que "se queda corta", aunque matiza que el problema es complejo debido a la gestión autonómica de los fondos. Pero sí entiende que se pueden dar pasos para mejorar la situación, como garantizar que los presupuestos sean "finalistas" y no queden al albur de cada territorio. En noviembre, la entonces ministra socialista se comprometió a revisar el modo en que la ley se aplica en las comunidades. Los sindicatos esperan que de aquellos mimbres puedan comenzar a tejerse nuevos escenarios para las trabajadoras, a fin de garantizar la calidad asistencial dirigida a las personas dependientes. Por el momento, Pablo Iglesias ha prometido una "mejor financiación" para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y un "importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado".