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Operación Púnica

La trama recibió adjudicaciones públicas por 250 millones

La Guardia Civil ha detenido por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, a 51 empresarios y políticos en las provincias de Madrid, Valencia, Murcia y León, según un comunicado hecho público por la Fiscalía Anticorrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional “infiltrada” en varios ayuntamientos y provincias, “principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, les han estado asegurando el éxito en las adjudicaciones públicas”. Según Anticorrupción los empresarios habrían obtenido en dos años unos beneficios de 250 millones de euros, y como contrapartida los políticos habrían recibido comisiones ilegales “a costa de las haciendas municipales y autonómicas”.

La investigación, denominada Operación Púnica, se inició gracias a la cooperación internacional, en diciembre de 2013, con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo. En ella se señalaba al exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Él mismo reconoció tener una cuenta en Suiza, y dimitió de su cargo de senador del PP.

Pero eso fue el inicio de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que contó con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, y la UCO de la Guardia Civil.

Con toda la documentación, el Ministerio Público presentó una querella en la Audiencia Nacional, que recayó en el Juzgado del magistrado Eloy Velasco, que incoó diligencias por los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

El magistrado ha acordado finalmente 51 detenciones, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad con prohibiciones de disponer, vender gravar o enajenar propiedades a las personas físicas y sociales que se están investigando.

Bloqueos de cuentas

Velasco también ordenó 400 mandamientos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes y productos financieros.

Asimismo, el juez ha embargado a los principales investigados 30 vehículos de alta gama. Las actuaciones de la Guardia Civil en esta operación, que está bajo secreto de sumario, continuarán los próximos días.

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- y no la financiación de sus respectivas formaciones.

De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.

Adjudicación de contratos

La investigación revela que la organización desmantelada se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios.

Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Además de Granados han sido imputadas un total de 51 personas. Entre los detenidos se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez; y los alcaldes de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). También ha sido arrestado David Marjaliza.

Presiones a técnicos

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Carmen García, determinó que los fondos movidos por los investigados en los últimos a ños procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.

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