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Del 'caso Begoña' al 'caso Peinado': el juez convierte una causa vacía en un espectáculo mediático

La justicia anticipa una ágil amnistía para encausados por las protestas mientras Puigdemont espera al TS

La Policía detiene a un manifiestante durante las protestas contra la sentencia del 'procés'.

La Ley de Amnistía comienza a desplegar efectos en su tercera semana de vida. Tras unos primeros quince días marcados, fundamentalmente, por la activación del procedimiento para la medida de gracia, el intercambio de escritos y la batalla en torno a la malversación en el seno de la Fiscalía, la justicia ha empezado a otorgar los primeros perdones. La inmensa mayoría de beneficiados fueron condenados en relación a las protestas independentistas tras el referéndum del 1-O, lo que anticipa una rápida aplicación de la norma de olvido jurídico para buena parte de manifestantes encausados por hechos similares. Algo que no está tan claro, sin embargo, en el caso de los líderes independentistas, que siguen todavía a la espera de que el Supremo despeje su futuro.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido esta semana varios autos –firmados todos ellos por los magistrados Angels Vivas, Francisco Segura, María Jesús Manzano y Manuel Álvarez– aplicando la amnistía a más de una veintena de personas. De ellas, solo dos han jugado en su momento un papel relevante en la primera línea política. Es el caso del exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch y el que fuera escolta del expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolá. El primero fue condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación –además de prevaricación– al haber designado al mosso d'Esquadra como cargo de confianza para que protegiera al exjefe del Ejecutivo catalán en el extranjero, una pena que en el caso de Escolá se situó en los cuatro años.

La aplicación de la medida de gracia, por tanto, se ha dirigido principalmente hasta ahora a jóvenes que fueron encausados en el marco de protestas independentistas y sobre los que pesaban condenas por lesiones, atentado contra la autoridad o desórdenes públicos. Algunas de ellas muy contundentes. Es el caso de Oleksandr S., al que se le impuso una pena de siete años y medio de cárcel por haber lanzado pirotecnia y adoquines contra agentes de la Policía Nacional durante los disturbios en la Plaza Urquinaona el 18 de octubre de 2019, cuatro días después de la sentencia del procés. O de Marc R., condenado a más de tres años de prisión por atentado con uso de instrumento peligroso durante las protestas en el tercer aniversario del referéndum del 1-O.

La argumentación de los magistrados en todas las resoluciones es calcada. Por un lado, la ley es bien clara al considerar amnistiados, entre otros, los actos de "desórdenes públicos" o "atentado contra la autoridad" ejecutados "con el propósito de mostrar apoyo" a la independencia de Cataluña o a los "encausados o condenados" del procés. Y en cuanto al tipo básico de lesiones, aunque no se recoge explícitamente en la norma, "debe reputarse incluido entre los actos amnistiables", sobre todo teniendo en cuenta que "no se encuentra" entre los "supuestos explícitos de exclusión" que marca la ley –que incluye "actos dolosos contra las personas" solo cuando sean resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, pérdida de un órgano o miembro o pérdida o inutilidad de un sentido–.

La justicia comienza, por tanto, a dibujar una aplicación de la amnistía ágil y sin muchas complicaciones en lo que a las protestas del procés se refiere. Algo que puede beneficiar a decenas de personas. Hace solo un mes, la organización Alerta Solidària, que interviene en buena parte de estos casos, contabilizó más de cuatro centenares de manifestantes encausados, entre condenados y aquellos que se encuentran a la espera de que finalice la instrucción, se celebre el juicio o se ponga sentencia. Solo en un juzgado de Granollers, según Òmnium Cultural, hay alrededor de medio centenar de personas investigadas por el corte de la autovía C-17 a la altura de Ametlla del Vallès.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaran extinguida la responsabilidad criminal y ordenan cancelar los registros, anotaciones y antecedentes vinculados a los actos amnistiados –tanto para los condenados como para quienes resultaron absueltos en el procedimiento–. Ahora bien, todavía pueden ser recurridas. De hecho, un agente de los Mossos d'Esquadra ya ha anunciado su intención de apelar la aplicación de la medida de gracia para Marc R. al entender que, en su caso, no tiene cabida. La Audiencia de Barcelona determinó que el joven, en su huida, arrolló al agente golpeándole en la pierna, lo que le provocó una fractura de peroné y tobillo que le tuvo dos años de baja.

El Supremo se prepara para resolver

La resolución del recurso corresponderá a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La misma a la que miran los principales líderes independentistas. Nada más entrar en vigor la norma de olvido jurídico, tanto el tribunal que juzgó el procés como el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, activaron el procedimiento y pidieron a las partes su opinión sobre el encaje de los hechos en la amnistía. Ahora, con los informes ya sobre la mesa, el Alto Tribunal deberá emitir sendas resoluciones que marcarán el futuro tanto de los ya condenados por el referéndum del 1-O como de los huidos de la acción de la justicia, entre los que se encuentra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Algo que se hará, previsiblemente, la próxima semana.

Dada la urgencia con la que se había solicitado pronunciamiento a las partes, se esperaba que la resolución estuviese lista estos días. Sin embargo, la "complejidad" del asunto ha retrasado un poco más el asunto. El gran punto de debate se encuentra en torno a la malversación, el gran delito por el que están condenados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa y por el que están procesados Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Y, sobre todo, en la interpretación que se le da al término "enriquecimiento". Esto último es importante, dado que la Ley de Amnistía cubre la malversación siempre y cuando no haya existido un "propósito de enriquecimiento", algo que la Fiscalía niega en el caso del desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O.

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Si en el Palacio de las Salesas finalmente se alinean con la postura del Ministerio Público, la malversación quedaría borrada y la orden de detención nacional que aún pesa sobre el expresident decaería. Si, por el contrario, viesen "propósito de enriquecimiento" en sufragar una consulta independentista con dinero público, la amnistía no sería aplicable y Puigdemont no podría regresar sin riesgo a ser detenido. También puede darse, sin embargo, el caso de que tengan dudas y decidan plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que dejaría la aplicación de la medida de gracia en stand by hasta que Luxemburgo resolviese. En ese caso, lo más probable es que las cautelares también se alzasen mientras los magistrados europeos deciden.

Del terrorismo a la traición

Esta es, de hecho, una posibilidad que se está explorando en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por los gastos del referéndum del 1-O y la acción exterior del procés, donde están encausadas una treintena de personas. Nada más entrar en vigor la norma de olvido jurídico, dio diez días a las partes para que se pronunciaran sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre si la amnistía vulnera la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", el "principio de cooperación leal", los "principios de igualdad y no discriminación" o el de "seguridad jurídica y confianza legítima". Una posibilidad que la Fiscalía rechaza. Y, con ella, también la representación de Puigdemont.

Pero ni ésta ni la causa penal por el referéndum 1-O son las únicas que complican la amnistía del expresident. El exjefe del Ejecutivo catalán también está siendo investigado en el Supremo por un delito de terrorismo en relación a las protestas de Tsunami Democràtic. Y el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ya ha mostrado su intención de elevar al Alto Tribunal la parte de su investigación sobre la trama rusa del procés que afecta a Puigdemont y en la que están sobre la mesa los delitos de malversación y traición. No obstante, tanto en uno como en otro procedimiento los magistrados instructores han pedido a las partes que se pronuncien sobre si los hechos bajo la lupa son susceptibles de ser amnistiados.

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