De las ventanas abiertas al coste de las PCR: las quejas al Defensor del Pueblo aumentaron en un 26% por la pandemia

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha tramitado en 2020 un total de 28.020 quejas, lo que suponen un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes. La institución ha presentado este jueves 6 de mayo de forma telemática ante el Congreso y el Senado su informe correspondiente al año pasado, en el que relaciona este aumento de reclamaciones con las medidas políticas y sanitarias tomadas durante la pandemia del covid-19.

En el documento, recogido por Europa Press, se habla de forma concreta de quejas presentadas ante el Defensor contra los decretos del Gobierno de medidas urgentes en materia económica; para la gestión de la situación de la crisis sanitaria; de medidas complementarias en el ámbito laboral (los ERTE); para reducir la movilidad de la población durante la pandemia; para la implementación del Ingreso Mínimo Vital; o sobre la educación no secundaria, entre otras. En este contexto, el Defensor del Pueblo ha registrado también un gran aumento de las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo que, en 2020 alcanzaron las 909, frente a las 135 que se registraron un año antes.

Solo 2.183 fueron quejas relacionadas con la Sanidad ha gestionado el pasado año la Oficina del Defensor del Pueblo, lo que supone el triple que en 2019, según señala el Informe Anual 2020, siendo el motivo directamente señalado la emergencia sanitaria provocada por la covid-19, la actividad de las administraciones sanitarias y las decisiones de salud pública, en materia de contención y prevención de los contagio. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reconocido que "la crisis ha de servir para que la imprescindible reflexión sobre las carencias que hoy afectan al sistema sanitario", una reflexión que recuerda a lo largo del texto, es compartida por un gran número de expertos y organizaciones.

Así, espera que este cambio se produzca y dé paso a la materialización de "grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas", que "ofrezcan solución a las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos". "Creo que es importante, a la vista de la experiencia sufrida, fortalecer el sistema público de salud, y dentro de él la Atención primaria, la estructura hospitalaria, así como la creación de una agencia estatal de salud pública con capacidades suficientes de decisión y gestión", señala, recordando que algunas de estas actuaciones, ya fueron señaladas por esta institución en informes anteriores.

"Desde mi punto de vista es necesario evitar debates estériles, y en ocasiones oportunistas, que dificultan las tomas de decisiones adecuadamente estudiadas y consensuadas", advierte tras realizar un relato de lo ocurrido en la pandemia en materia sanitaria, donde queda claro que lo ocurrido ha puesto "contra las cuerdas" al Sistema Nacional de Salud, "la compleja y valiosa estructura sanitaria pública de España" que, considera, "vivido su peor crisis desde su creación", en 1986.

De cara al futuro insiste en la clarificación del carácter vinculante y normativo que deberían tener los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "evitando imágenes de algunas comunidades autónomas, manifestando reiteradamente su desvinculación respecto acuerdos adoptados por la mayoría de ellas". "La asistencia sanitaria es uno de los servicios públicos más básicos que sostiene una de las columnas más importantes del Estado social establecido por nuestra Constitución. Y es muy evidente que la pandemia ha sometido al Sistema Nacional de Salud a toda una serie de tensiones, hasta ahora inéditas, dejándole poco margen de reacción y mostrando apreciables debilidades, ciertas carencias de recursos y de medidas adecuadas de organización, previsión y planificación que son necesarias", advierte.

Sobre la fragilidad del sistema nacional de salud 

La institución que dirige Fernández Marugán decidió iniciar de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, sobre la situación en cada territorio ante la crisis sanitaria, con el fin de conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Así, ha observado la fragilidad del SNS en diferentes áreas.

En primer lugar de los servicios de urgencias hospitalarios, ya que "en las peores semanas de esta crisis, en las urgencias hospitalarias de muchos hospitales, y de forma extendida en los demás servicios críticos, se vivió un escenario de catástrofe"; la debilidad de la Atención Primaria también se ha venido señalando en los últimos informes anuales del Defensor del Pueblo.

En el informe correspondiente a 2018, se señalaba una infradotación presupuestaria de la atención primaria, con particular incidencia en la falta de personal y en las condiciones de precariedad laboral. "Hay una falta crónica de cobertura de plazas en muchos lugares, algo que afecta también a distintos ámbitos de la atención especializada, aunque en menor medida", señala.

Tacha de frágil también el problema de las listas de espera de especialidades. "Hace falta algo más de tiempo para conocer el verdadero impacto de la pandemia en este problema crónico, dado el retraso acumulado con carácter previo", advierte, asegurando que "cabe prever serias consecuencias para la salud de los ciudadanos".

También señala la Atención sociosanitaria, e incide, como en anteriores informes, en la necesidad de impulsar una cartera pública de atención sociosanitaria "sólida", que "ofrezca una asistencia mixta adecuada a las necesidades de los pacientes, especialmente mayores o con discapacidad, más dependientes y que requieren cuidados sanitarios y sociales prolongados".

Y finalmente apunta a la debilidad de la atención pública a la salud mental. El Defensor del Pueblo en estos últimos años también ha expresado en sus informes la preocupación por la insuficiente atención en este ámbito, que sitúa a España como uno de los países más rezagados de su entorno. "Sus carencias se están revelando con especial intensidad en estos meses por la imposibilidad de atender una demanda muy creciente, relacionada con los efectos psicosociales de la pandemia", señala.

Quejas por las ventanas abiertas en las aulas en invierno por la pandemia 

El Defensor del Pueblo ha recibido "un significativo número de quejas" desde el inicio del curso 2020-2021 sobre la incidencia en los centros educativos de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19, establecidas por el Gobierno. 

Con respecto a la ventilación de las aulas ante la bajada de las temperaturas, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, indica que en los últimos meses de 2020 han sido "frecuentes" las quejas. Según recoge el Informe, consultado por Europa Press, los padres que se han quejado a esta institución consideraron un riesgo para la salud de alumnos y profesores que las ventanas y puertas de las aulas tuviesen que permanecer abiertas durante toda la jornada escolar. Por ello, acudieron al Defensor para exigir a la Administración la instalación de un sistema de ventilación forzada, purificadores del aire para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire, y sensores basados en medidas de CO2 para determinar cuantitativamente la ventilación del aula.

Aunque el Defensor dice que "entiende y comparte la preocupación de las familias", ha expresado a los promotores de las quejas que deben ser las autoridades educativas y sanitarias competentes las que determinen los sistemas de ventilación que deban utilizarse en las aulas y los mecanismos empleados para garantizar las condiciones de confort y calidad ambiental, "decisión en la que, por su naturaleza técnica, no considera pertinente interferir". Así, el Defensor considera en su Informe que son las administraciones competentes las que han de buscar "soluciones eficaces" que permitan prevenir el riesgo sanitario por el covid-19 y el causado por otros factores de riesgo ambientales como el frío, el ruido o la contaminación, y maximizar el confort sin sacrificar la seguridad.

Además, el Defensor señala que en el último trimestre del pasado curso escolar han sido "muchos" los ciudadanos que se han dirigido a esta institución para hacerle partícipe de su preocupación por las consecuencias académicas de la suspensión de las clases presenciales, al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos. También por la falta de medidas de accesibilidad o, incluso, por no contar con los conocimientos o con el apoyo personal necesarios en su entorno familiar para hacer uso de estos recursos tecnológicos, especialmente los más vulnerables, por presentar necesidades educativas especiales o encontrarse inmersos en entornos socioculturales desfavorecidos.

Así, las "diversas inquietudes expresadas por los ciudadanos en aquellas primeras semanas de confinamiento", según explica el Defensor, fueron trasladadas en el mes de abril al Ministerio de Educación y FP, al objeto de que fueran contemplados los perjuicios derivados de la suspensión de las clases presenciales en el desarrollo académico de los alumnos y para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas.

Critica el "elevado" coste de las pruebas PCR en los centros y laboratorios privados

El Defensor del Pueblo ha criticado también el "elevado" coste de las pruebas PCR para detectar el coronavirus en los centros y laboratorios privados. Y es que, tal y como recuerda, a pesar de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se suele hacer cargo de la aplicación de estas pruebas, las dificultades con las que se han encontrado algunas comunidades para llevar a cabo un adecuado seguimiento de los casos de coronavirus y de sus contactos estrechos ha hecho que muchas personas tengan que acudir a los centros privados para pagarse un PCR.

Además de esos contactos estrechos, a los que los servicios autonómicos de salud pública "no pueden ofrecer la debida vigilancia", el Defensor del Pueblo ha avisado de que son varios los sectores de actividad que hacen un uso "más habitual" de ese procedimiento privado de testeo como, por ejemplo, los que están constante atención al público de diverso tipo, incluidos profesionales autónomos, establecimientos y centros de actividad sanitaria o social de titularidad privada.

A lo anterior se suma el requerimiento para viajar a determinados países, impuesto a los viajeros procedentes de España por su situación epidemiológica. En este sentido, la organización ha aludido a un estudio en el que se señalaba que, del total de pruebas PCR realizadas hasta un 10 por ciento se llevaba a cabo por iniciativa particular en centros o laboratorios privados, especialmente en las zonas con mayor poder adquisitivo.

Además, el Defensor del Pueblo ha lamentado que el precio medio de realizar esta prueba diagnóstica para covid-19 se sitúe en España en alrededor de 100 o 130 euros, si bien alcanza cifras superiores. "Con ese precio, muchas personas que probablemente debieran realizarse la prueba por saber que son contacto estrecho, pero a las que los servicios de salud pública no pueden atender debidamente por insuficiencia de recursos, pueden retraerse de realizarla, con los riesgos consiguientes", ha alertado.

Cuestiona el uso de la Ley Mordaza para multar por el covid

El Defensor del Pueblo ha cuestionado también el uso de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, para imponer multas durante el estado de alarma por el covid-19. Además, ha registrado un incremento en 2020 de las quejas por supuestos malos tratos y por uso incorrecto de dicha norma, aprobada por el PP y que la institución apoya que sea reformada, como ha prometido el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Según consta en el informe de 2020 del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso Europa Press, el pasado año se recibieron 38 quejas relativas a "malos tratos policiales", frente a las 17 de 2019, y se registraron también 206 quejas por "trato incorrecto", cuando un año antes fueron 89. Las quejas relativas al procedimiento sancionador de tráfico han sido 237, por 243 en 2019. "Detrás de estas cifras, notablemente superiores a lo habitual, se halla el rol que ha debido asumir la policía durante el estado de alarma y el rechazo de los ciudadanos a algunos comportamientos y denuncias interpuestas por presunta infracción de las limitaciones a la libertad de circulación, sobre todo en el primer estado de alarma, que fue muy impactante por lo sorpresivo y la dureza de las medidas restrictivas sobre los movimientos de las personas", recoge el Defensor.

La oficina que preside Francisco Fernández Marugán subraya que el derecho de reunión, ejercitado con precauciones sanitarias, "ha subsistido en todo momento". No obstante, recuerda su "posición crítica sobre la idoneidad" en el uso de la Ley Mordaza con la que se impusieron más de un millón de multas.

Añade que la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP no estaba pensada para abordar situaciones como la restricción a la movilidad y que, como estipuló el Gobierno a través del Ministerio del Interior, durante el covid-19 permitió que se interpusieran propuestas de sanción con "multas exorbitantes a personas que, además, habían perdido su empleo o reducido drásticamente sus ingresos como consecuencia de los

demoledores efectos económicos de la pandemia". "Es preciso, en fin, actualizar el ordenamiento jurídico, desde la premisa de que la democracia debe preservar su esencia, aun cuando deba hacerse cuanto se hacía antes con precauciones sanitarias, sin renunciar, en razón de la emergencia de salud pública, a la identidad propia de un Estado social y democrático de Derecho", añade el Defensor.

La institución se refiere a las "numerosas quejas sobre libre circulación durante el estado de alarma", en referencia a controles sobre vehículos, paseos, paseos con menores, deportistas o visitas a familiares. "Expresaban disconformidad con las denuncias, con las sanciones o crítica a actuaciones policiales concretas", dice en resumen.

"Preocupado" por el aumento de personas en las colas del hambre y a la espera del IMV

Fernández Marugán también ha mostrado su "preocupación" ante el aumento de personas sin recursos que acuden a asociaciones vecinales, a las denominadas colas del hambre, para cubrir sus necesidades básicas, y que están a la espera de la resolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV). "El Defensor del Pueblo debe poner de manifiesto su preocupación por el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para enfrentar el coste de sus necesidades familiares de subsistencia, y que están siendo respaldadas por las asociaciones vecinales y colectivos sociales", subraya Fernández Marugán en el informe anual de la institución.

En el documento, también hace una mención especial al "incremento" de las quejas relativas a ayudas de alimentos, así como a las ayudas al alquiler presentadas por los usuarios de los servicios sociales, un aumento que atribuye a la crisis económica derivada de la pandemia. El Defensor del Pueblo explica que, ante estas quejas, se ha dirigido a los ayuntamientos, a fin de confirmar que se ha atendido debidamente la situación de vulnerabilidad expuesta, en función de la disponibilidad de ayudas existentes, la regulación y las circunstancias concurrentes en cada caso.

Por otro lado, Fernández Marugán advierte en su informe de las "demoras excesivas" en la resolución de las solicitudes de rentas mínimas autonómicas, que "siguen siendo el motivo fundamental de queja". Según precisa la institución, esta dilación ya venía siendo habitual antes de la declaración del Estado de alarma y "se ha incrementado en 2020". Por ello, la institución señala que ha insistido ante las consejerías competentes en que la suspensión o interrupción de los plazos administrativos por el Estado de alarma, "no resulta de aplicación a las solicitudes pendientes de resolver antes de su entrada en vigor, cuando a dicha fecha ya hubiera transcurrido el plazo máximo legal previsto para su resolución".

Además, Fernández Marugán avisa de que la aprobación por parte del Gobierno del Ingreso Mínimo Vital, "ha repercutido" también en la tramitación de las rentas mínimas autonómicas, "que han demorado aún más su tramitación debido a que tienen carácter subsidiario y complementario". En este contexto, el Defensor del Pueblo precisa que está examinando la repercusión en la tramitación de los procedimientos administrativos autonómicos de rentas mínimas que se encontraban en trámite antes de la aprobación del IMV, tanto en las solicitudes iniciales como en las solicitudes de reanudación o ampliación de la renta mínima.

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Menos quejas por ruido

La pandemia redujo las quejas por ruido presentadas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo durante 2020, pero aumentaron aquellas relacionadas con multas por mala gestión de residuos, según señala el informe. Así, señala que el confinamiento domiciliario por la incidencia del covid-19 que se decretó en marzo de 2020 en el marco del estado de alarma está detrás de un descenso abrupto en el número de quejas por ruido -una de las preocupaciones recurrentes expresadas desde hace años por la institución- al tiempo que ha confirmado un incremento durante esos meses de las reclamaciones por la gestión de los residuos en las ciudades.

En concreto, destaca que el confinamiento tuvo como consecuencia "cierta mejora de varios parámetros ambientales" como la calidad del aire o la conservación de la biodiversidad, provocados por la paralización de las actividades económicas. No obstante, el defensor refleja el "retraso" en la tramitación que supuso la suspensión generalizada de procedimientos administrativos decretada durante el confinamiento así como la restricción de la atención a la ciudadanía, lo que ha sido "motivo de queja por parte de los ciudadanos", de los que afirma que "en muchas ocasiones" han manifestado su "desconcierto" al desconocer las posibilidades de actuación ante el silencio de la Administración.