Desde que hace más de un año Mariano Rajoy decidió dar un nuevo aire al Comité de Dirección del Partido Popular nombrando vicesecretarios a Fernando Martínez-Maillo (Organización), Pablo Casado (Comunicación), Andrea Levy (Estudios y Programas) y Javier Maroto (Sectorial) determinados sectores del partido y del Gobierno miran con lupa los movimientos de los bautizados como "nuevos" o "jóvenes". En ocasiones critican su "valentía" a la hora de agitar lo que los más veteranos consideran los "principios y valores inamovibles" de la formación, algo que consideran un error. En otras, se les acusa de haberse contagiado de la llamada "nueva política" a la hora, por ejemplo, de reaccionar a los escándalos de corrupción. El caso Barberáha vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre los más veteranos y los más jóvenes del PP.
"No es un problema ideológico, es un problema generacional: los que se resisten a moverse y defienden a sus amigos y los que vienen empujando y creen que el partido necesita adaptarse al nuevo contexto político", resume un dirigente regional en conversación con infoLibre.
Obviando que fue la dirección nacional del partido, o sea Mariano Rajoy como último responsable, la que presionó a Rita Barberá para que accediera a entregar su carné de militante tras ser señalada por el Tribunal Supremo en el marco del caso Imelsa, la vieja guardia del PP insiste en estos días en que declaraciones como las de Pablo Casado o Javier Maroto exigiendo responsabilidades a Barberá en los días previos a que dejara el partido y considerando que sus explicaciones no bastaban no ayudaron al proceso.
En este sentido, como han hecho otras voces del partido, creen necesario abrir un proceso de reflexión interna que conduzca a no tomar en el futuro decisiones "en caliente" con otros dirigentes. Se alinean, pues, con declaraciones como las del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo o las de la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados Celia Villalobos. El primero señaló que con la exsenadora del PP se había cometido "una profunda injusticia", que incluso desde su propio partido se le había dado la espalda. La segunda, llegó a hablar de "linchamiento" y admitió que el PP tenía que hacer autocrítica.
¿Dónde debe conducir ese periodo de reflexión que demandan casi todos los dirigentes del PP? Las fuentes consultadas coinciden en que no debe descuidarse el respeto a la presunción de inocencia y los más críticos con los nuevos vicesecretarios –por lo general mantienen a Martínez-Maillo al margen de las críticas– consideran necesario que el partido no deje desamparado a quienes son imputados injustamente. En los últimos días en el PP se había instalado la idea de que el caso que afectaba a Barberá iba a archivarse, un extremo que el portavoz del Gobierno, Íñigo Martínez de Vigo, dijo desconocer preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Desinflar debates"
Los más críticos con la actuación de los vicesecretarios consideran que "han entendido mal el concepto de renovación y regeneración" cayendo, en ocasiones, en las "trampas" de los partidos de la oposición. Ponen como ejemplo la cuestión de las primarias, de la idea de 'un militante, un voto'. "La experiencia de los otros partidos ha demostrado que son un bluf y que todo acaba siendo controlado por las cúpulas de partidos", se queja un veterano diputado. "Mucho han hablado los nuevos de la democracia interna en el PP y de las primarias y de lo que iba a pasar en el congreso nacional. Pero al final ellos mismos han tenido que desinflar este debate. ¿Por qué es menos democrático nuestra forma de elegir a los candidatos y presidentes?", se pregunta la misma fuente.
Más allá de la disputa generacional y de las tensiones propias de la etapa precongresual en la que encuentra el PP –los más veteranos temen una amplia renovación y otros sectores creen que no cambiará nada– el PP es un partido muy jerarquizado en el que no se toma una decisión sin contar con el visto bueno de Mariano Rajoy.
Es cierto que en los días previos a que Barberá fuese forzada a renunciar a su militancia de 25 años en el PP desde Moncloa se pidió a los vicesecretarios que moderasen sus declaraciones públicas. Pero también es cierto que el presidente del Gobierno dio luz verde el 14 de septiembre a que se lanzase el ultimátum a su amiga Barberá: o dejaba el partido o convocaba al Comité Nacional de Derechos y Garantías para que le abriese un expediente disciplinario que iba a implicar la suspensión cautelar de militancia. Y que en Génova la idea más extendida era que lo mejor para el partido hubiese sido que dejara también el escaño. No lo dejó. Por eso, ya sin carné del PP, tuvo que mudarse al Grupo Mixto. Esto es lo que pasó pese a que en esta semana muchos de sus compañeros hayan intentado reescribir la historia culpando a los medios y a los partidos de la oposición de haber sometido a su excompañera de partido a una "cacería".
El pacto con Ciudadanos como telón de fondo
El debate del trato a Barberá llevó a otro este viernes. En el PP admiten que no se habría actuado con la exalcaldesa de igual forma si el momento no hubiese coincidido con las elecciones autonómicas gallegas y vascas y, sobre todo, si Rajoy no hubiese estado negociando en aquellas fechas su investidura. "La condición de Ciudadanos para sentarse a hablar era que cargo imputado, cargo fuera de sus responsabilidades políticas", recuerda un miembro del Gobierno. No sólo fue una condición para sentarse a hablar. Esta exigencia se convirtió en el punto 93 del pacto entre Rajoy y Albert Rivera. Una cuestión que va mucho más allá del programa electoral del PP y todavía mucho más allá que sus estatutos, que datan del XVII Congreso Nacional de 2012.
Este viernes, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recogió las voces que en su formación creen que se ha puesto el listón de la dimisión demasiado alto señalando que "a lo mejor" había que dar "una vuelta" al pacto de investidura con Ciudadanos. Para el dirigente conservador, es posible que la exigencia pactada con Ciudadanos "permanezca en el acervo", pero en ese caso habría que "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que luego, aunque sea absuelta o su caso sea archivado, no puede recuperar su vida política.
Las palabras de Hernando provocaron un fuerte malestar en Ciudadanos hasta el punto de que José Manuel Villegas, vicesecretario general del partido naranja salió a dar respuesta a las palabras de Hernando: "Es una posición [ante las imputaciones] que se debe seguir aplicando. No la vamos a revisar", respondió. Acto seguido, el Gobierno corrió a sofocar el incendio: "Los pactos están para cumplirse", era la consigna. Rajoy, consciente de su debilidad parlamentaria, no quiere líos.
El encargado de trasladar la idea de que el pacto con Ciudadanos está plenamente vigente fue Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros.
Fuentes de la dirección nacional del PP admiten que no firmaron de muy buena gana la parte del pacto relacionada con los escándalos de corrupción. Pero recuerdan que formaba parte de las condiciones previas para empezar a hablar. Los conservadores consideran que la dimisión en el caso de la imputación atenta contra el principio de la presunción de inocencia. Pero ven "complicado" que vaya a poder rectificarse ahora en el pacto. Consideran que Ciudadanos, en el papel de fuerza que condiciona las políticas y los movimientos del Gobierno, no lo va a permitir.
La búsqueda del "equilibrio"
No obstante, el también titular de Educación señaló que, a su juicio, "sería bueno que entre todos los partidos políticos" se buscara una posición común. "Conjugar una querella con la presunción de inocencia", añadió. En este sentido, el portavoz del Gobierno, que señaló que las exigencias de Ciudadanos en materia de regeneración democrática eran la condición "para sentarse" a negociar la investidura, recordó que el PP siempre ha preferido esperar a que se abra juicio oral para apartar a un político. Esto es, a su juicio, una forma de mantener el "equilibrio" entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a presentar una denuncia o querella.
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El Gobierno sabe que no está en circunstancias de reescribir su pacto con Ciudadanos. Pero en el entorno de Rajoy no ocultan que sería bueno un gran acuerdo, más allá del firmado con la formación de Albert Rivera, que fijase de forma clara en qué momento debe apartarse un cargo público de sus responsabilidades cuando es imputado en un caso de corrupción.
El pacto entre el PP y Ciudadanos va mucho más allá de los estatutos de la formación conservadora. "El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos", puede leerse en el punto 93 del pacto.
Mientras, los estatutos del PP establecen la expulsión de la formación en el momento en el que exista una sentencia condenatoria "firme". Y la apertura de expedientes por parte del Comité de Derechos y Garantías en el momento de la apertura del "juicio oral". Como práctica general, el PP ha estado apostando estos meses por apartar a los cargos públicos cuando se abría el juicio oral. A esto, de hecho, se comprometieron en el programa electoral con el que Rajoy concurrió a las generales: "Todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de Compromiso que significará la adhesión a nuestros principios éticos y tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción".
Desde que hace más de un año Mariano Rajoy decidió dar un nuevo aire al Comité de Dirección del Partido Popular nombrando vicesecretarios a Fernando Martínez-Maillo (Organización), Pablo Casado (Comunicación), Andrea Levy (Estudios y Programas) y Javier Maroto (Sectorial) determinados sectores del partido y del Gobierno miran con lupa los movimientos de los bautizados como "nuevos" o "jóvenes". En ocasiones critican su "valentía" a la hora de agitar lo que los más veteranos consideran los "principios y valores inamovibles" de la formación, algo que consideran un error. En otras, se les acusa de haberse contagiado de la llamada "nueva política" a la hora, por ejemplo, de reaccionar a los escándalos de corrupción. El caso Barberáha vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre los más veteranos y los más jóvenes del PP.