Violencia machista

Violencia machista: 17 partidos judiciales deniegan el 70% de los ruegos de protección de las víctimas

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista.

En un total de 17 partidos judiciales, en los que se integran 141 juzgados de instrucción, se vienen denegando de forma sistemática más de siete de cada 10 peticiones de órdenes de protección que solicitan las mujeres víctimas de violencia machista. 

Así lo ha constatado infoLibre tras analizar las estadísticas sobre este asunto relativas a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 (de los tres primeros trimestres, que son los últimos disponibles) que elabora el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De media, la ratio de aceptación de las solicitudes en estos partidos judiciales durante años consultados no alcanza en ningún caso el 30%. El CGPJ no ofrece datos desglosados por juzgados, por lo que es imposible saber si la manera de proceder de determinados jueces distorsiona o no la media. 

En este análisis destacan por su alto porcentaje de denegaciones los partidos judiciales de Sant Feliu De Guixols (84,9%), Sueca (83,9%), Granollers (82,4%) y Barcelona (81,7%), seguidos por los de Güimar (80,8%), Arenys de Mar (80,5%) o Santa Coloma de Farners (80,3%). 

La Ley Integral de Violencia de Género alude de forma expresa a la orden de protección y señala que el juez que reciba la solicitud tiene que decidir si la estima en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal. Se trata de que pueda adoptar, desde el inicio de la instrucción, las medidas que considere necesarias para la protección de la víctima.

Estas medidas van desde la protección física a la regulación provisional de aspectos de índole civil como el alejamiento inmediato del supuesto agresor, que ha de salir de la casa compartida; la concesión de la custodia de los hijos o el establecimiento de una pensión de alimentos. Además, establece que todas las mujeres que han sido agredidas por su pareja tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y encarga a las comunidades y a los Ayuntamientos la organización de estos servicios.

Hay que tener en cuenta que las estadísticas existentes no permiten analizar cuál es el alcance de las resoluciones y en cuántos casos aciertan o no los juzgados cuando deniegan órdenes de protección o sobreseen casos porque no se cruzan los expedientes. Sin embargo, en el centro del debate están las quejas de colectivos de mujeres que vienen denunciando la falta de sensibilización de algunos jueces con la lacra de la violencia contra las mujeres.

Estereotipos 

Las juristas que trabajan habitualmente con las víctimas atribuyen estos porcentajes a ciertas carencias que existen en el ámbito de la judicatura. "En algunos magistrados se mezcla la falta de sensibilización con la de formación... lo que les lleva a suscribir determinados estereotipos que llevan a cuestionar la credibilidad de las mujeres víctimas de violencia machista", señala la abogada Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Pero, ¿de qué estereotipos hablamos? "Pueden considerar que existe una instrumentalización de la denuncia para salir favorecidas en un proceso de separación o divorcio, que hay intereses espurios, que la declaración no es firme o que tiene contradicciones. Pero hay que tener en cuenta que estamos ante una mujer que tiene miedo atroz al agresor, quiere proteger a sus hijos, tiene vergüenza, sentimiento de culpa..", asevera. 

Ángeles Carmona, presidenta del observatorio del CGPJ, no se pronuncia sobre la existencia de estos estereotipos e insiste en que desde este órgano "siempre" se ha tenido muy presente que la "especialización" en la materia es "crucial para la efectividad de la protección de la víctima". En este sentido, recuerda la reforma de la ley del poder judicial que hizo obligatoria la realización de cursos para los jueces que acceden a juzgados con competencias en delitos de violencia machista, así como la oferta formativa voluntaria que ofrece la institución. "Hay que ser conscientes de que no es lo mismo tomar declaración a una víctima de un delito de robo que de violencia machista", subraya. 

Ángela Alemany, también jurista especializada en temas de violencia de género, atribuye los altos porcentajes de rechazo a las órdenes de protección solicitadas que se dan en algunos juzgados a la existencia de un "criterio discrecional" en determinados jueces que consideran a las víctimas en situación de igualdad respecto al agresor. "La opinión pública o la propaganda muchas veces dan a entender que una mujer cuando acude a denunciar y pedir protección va a tener una cierta credibilidad pero esto no es siempre así. Hemos llevado casos de mujeres que, aun teniendo un parte de lesiones, el juez ha denegado la petición de orden de protección porque es la primera vez", lamenta. 

Las cifras oficiales del poder judicial también inquietan a la exdiputada Ángeles Álvarez, actual secretaria de Igualdad del PSOE, que ve "sorprendente" e "inquietante" que el CGPJ "no se interese por conocer estas anomalías". A su juicio, sería "deseable" que la persona responsable de estas cuestiones en el Gobierno también se interesase por analizar qué argumentan las resoluciones de denegación. "El Gobierno y el CGPJ deberían estudiarlo a fondo porque esa práctica de denegaciones excesivas desincentiva a las víctimas y refuerza mensajes de desprotección", añade. 

La presidenta del observatorio del CGPJ, que es secretaria judicial, asegura que sí se ha estudiado este tema y alude a dos hipótesis. "Hemos detectado que en muchas ocasiones, y es lo que ha podido ocurrir en estos casos, es imposible la realización de la comparecencia porque el agresor está en paradero desconocido. En esas situaciones la práctica habitual es no dar la orden, aunque el juez sí puede ordenar otras medidas cautelares", señala. Hay que tener en cuenta que la decisión por parte de un juez de aceptar o no una orden de protección requiere una serie de requisitos entre los que se incluye la comparecencia del presunto victimario. "También se ha podido dar la casualidad de que, en estos casos, las mujeres que hacen la petición entienden que tienen una situación de riesgo que no es objetiva o que no han podido demostrar", añade Carmona. 

Sí admite, no obstante, que "hace falta no sólo especialización jurídica sino concienciación y sensibilización con el problema" en el ámbito judicial, aunque señala que ya se están dado pasos en ese sentido, por ejemplo, con los cursos de especialización que tienen que hacer los jueces que optan a plazas en juzgados con competencias en delitos de violencia machista. Esos cursos pueden incluir incluso visitas a centros de mujeres maltratadas. Algunos colectivos feministas, sin embargo, son críticos con estos cursos en el sentido de que no contemplan una evaluación posterior.

Protocolos forenses 

Las fuentes consultadas también aluden al fracaso de la puesta en marcha de los protocolos forenses de valoración del riesgo. Estos protocolos están pensados para aumentar las garantías de los procesos judiciales y su importancia radica en que dan a los jueces la posibilidad de contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que los componen –médico forense, psicólogo y trabajador social– en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género en que se precisen.

La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2014, señaló que lo deseable sería la existencia de estas unidades en cada una de las demarcaciones judiciales. Y eso es algo que sigue sin conseguirse tal y como reflejan las cifras oficiales, pues su uso sigue siendo muy escaso. En 2014 se tramitaron en todo el territorio nacional 33.167 solicitudes de órdenes de protección relacionadas con violencia machista y sólo se emitieron 352 informes. Es decir, sólo el 1,05% de las decisiones judiciales sobre medidas de protección reclamadas por mujeres estuvieron avaladas por uno de estos informes.

"Ese es también un gran problema. Es evidente que los jueces necesitan una herramienta para valorar a la víctima y que a eso se sume su propia formación específica y especializada en la que también hay muchas carencias. Estas unidades son imprescindibles, pues los jueces deben poder analizar todos los elementos más allá del protocolo que le marca la fuerza actuante", señala la abogada Amalia Fernández, de Themis. "Lo que ocurre ahora es que muchas decisiones se toman en base a los informes que hacen la Policía o la Guardia Civil con cuestionarios que en ocasiones se completan sin presencia de los abogados. Ahí sólo se determina si hay un riesgo leve, medio o alto y se va al juzgado", añade Fernández.

Los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia comenzaron en abril de 2014 a trabajar en un cambio en el cuestionario que se hace a las mujeres que denuncian en comisaría una agresión machista. Sin embargo, un año y nueve meses después, todavía no se ha presentado. La presidenta del observatorio del CGPJ asegura que comenzará a implementarse el próximo marzo. 

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