Igualdad

Violencia sin marcas, aumento de agresiones en grupo y complicidad del entorno, conclusiones del primer gran estudio sobre abuso infantil

En la imagen, una niña mira en Lugo por la ventana planeando el paseo.

Nace el primer gran estudio sobre abusos sexuales en la infancia. El informe, elaborado por la Fundación ANAR y hecho público este martes, arroja luz sobre un problema tradicionalmente relegado a las paredes del hogar y que con el paso de los años ha comenzado a hacerse visible. Así lo demuestran los resultados: entre 2008 y 2019 las llamadas para denunciar abusos contra menores se han multiplicado por cuatro. La experiencia de las víctimas viene a perfilar el modo en que el abuso sexual anida en la infancia: en un 80,2% de los casos la violencia no deja heridas ni marcas y en un 80,8% de las veces el agresor se encuentra en el círculo de confianza. Además, un 37,8% del entorno lo niega y un 31,1% lo justifica. La tasa de agresiones en grupo ha experimentado un aumento llamativo en la última década: si en 2008 suponían un 2,1% de los casos, diez años después han pasado a ser el 10,5%.

Los datos los recoge la organización a partir de las 89.808 llamadas sobre abuso sexual que fueron necesarias para atender a 6.183 casos confirmados en busca de ayuda. Ese total no se reparte de manera equilibrada con el paso de los años, al contrario: experimenta un aumento progresivo conforme pasa el tiempo. En 2008 los casos de abuso sexual a menores atendidos por ANAR fueron 273; en 2020 el total escaló hasta situarse en 1.093. Lo cual reabre el gran debate en torno a la violencia sexual: ¿crece la concienciación y por tanto la alerta, o aumenta la prevalencia de las agresiones? Lo que sí detecta el estudio es un aumento significativo en los últimos tres años y además un tipo de víctima muy concreto: mujer adolescente. Un perfil y un momento histórico muy próximos al movimiento feminista y en especial a la cuarta ola, centrada en la violencia sexual, que en los últimos años viene sembrando mayor conciencia en las calles.

Aunque los menores dan, cada vez más, el paso de alertar de la violencia a través del teléfono específico para tal fin, lo cierto es que el porcentaje de denuncia continúa siendo muy bajo. El 43,3% de los casos analizados tenía la intención de denunciar, pero sólo el 10,6% lo hizo finalmente. Uno de los motivos tiene que ver con la dificultad de demostrar el abuso: en un 80,2% de los casos no deja marcas. Al menos no físicamente. A ello se suma la connivencia del entorno. En un 37,8% de los casos el entorno negó los hechos, en un 31,1% justificó o encubrió al agresor, en un 23,9% simplemente no reaccionó. Y en un 7,2% se culpó a la víctima. "Mi hija me dijo 'mamá, no me ha hecho daño, no se lo cuentes a nadie'. Sus abuelos han dicho 'es cosa de niños que inventan, la niña es muy mentirosilla'", narra uno de los testimonios recogidos, correspondiente a una madre de una menor de cinco años abusada por su tío.

Igual que en este caso, el entorno más cercano está detrás del grueso de abusos a menores. Los padres son con diferencia los principales agresores: en un 23,3% de los casos son ellos quienes cometen los abusos. Les siguen los compañeros (8,7%), amigos (5,7%), parejas (5,6%), tíos (5,4%) y padrastros (5,4%), entre otros. Y las víctimas son, en mayor medida, mujeres. El estudio muestra que un 78,3% de las víctimas son niñas y de ellas más de la mitad (59,1%) son adolescentes de entre trece y dieciocho años. Un 16% de las víctimas tenía menos de cinco años. Los abusos, que en el 69% de los casos son reiterados, se producen habitualmente en la casa del menor. Fue así en la mitad de los casos estudiados (49,7%). Le siguen otras casas del entorno (14,8%) y el entorno escolar (13,2%).

En la actualidad, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia se encuentra en tramitación parlamentaria. "Quiero pedir perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde", decía en junio del pasado año Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y responsable de sacar adelante la norma. Entre otras novedades, la norma prevé la creación de juzgados especializados, fija la obligación de dar la voz de alarma y amplía la prescripción del delito, contabilizando a partir de que la víctima cumpla 30 años.

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