La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial envió ayer dos mensajes, de manos del sector conservador, a la judicatura. El primero, que insultar o faltar el respeto a cargos públicos en redes sociales, seminarios o actos académicos está, a todos los efectos, permitido, tal y como se deduce del archivo de los expedientes contra el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara (que llamó "Barbigoña" a la esposa del presidente del Gobierno en X) o el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que se refirió a la exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera de supermercado".
El segundo de los mensajes lanzados por los vocales a propuesta del PP es aún más grave: desatender tu juzgado tiene unas consecuencias mínimas. Así lo estimaron al dejar una petición suspensión de hasta tres meses en una multa mínima de 500 euros al portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro González Mariscal de Gante. Dos de los cuatro consejeros que lo apoyaron pertenecen a esa misma asociación, la mayoritaria entre los jueces.
Las sanciones contra Ruiz de Lara y Velasco habían sido cuestionadas a lo largo del proceso por el Promotor de la Acción Disciplinaria, el cargo del Consejo que se encarga de instruir estos expedientes sancionadores, al que, sin embargo, la comisión permanente obligó a abrir expediente a ambos en contra de su voluntad. Además, ambos casos contaban con la petición de archivo del fiscal, que consideraba que ninguno de los dos había hecho esos comentarios denigrantes invocando su condición de juez, el mismo argumento que sirvió al Consejo para exonerar a Ruiz de Lara hace dos años tras llamar a Pedro Sánchez "psicópata".
Pero en el caso de Alejandro González Mariscal de Gante, presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca (lo que hasta hace unos meses era juez decano) y portavoz de la APM, tanto el promotor como el fiscal apreciaban una falta muy grave que afecta directamente al desempeño del propio trabajo del magistrado: "La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales", una conducta para la que el promotor pedía un mes de suspensión y el fiscal tres.
La caótica situación de su juzgado, conocida por el Consejo desde 2019, puso al órgano en la lupa de la inspección judicial, que inició un seguimiento. En marzo de 2021, González Mariscal de Gante tenía 118 sentencias pendientes, de las cuales, 43, con un retraso de más de seis meses. En julio de ese mismo año y hasta enero de 2025, se le puso un juez de refuerzo para que asumiera la mitad de su carga de trabajo, pero desde entonces hasta 2024, los asuntos pendientes se incrementaron un 40%. "No se sigue orden alguno en el dictado de sentencias y se dictan preferentemente las correspondientes a vistas recién celebradas", advirtió la inspección en 2024. Mientras sus cifras de resolución entraban en barrena, el magistrado sancionado seguía con su actividad asociativa.
Cuatro votos conservadores
Como en el caso de Velasco y Ruiz de Lara, los cuatro vocales conservadores de la disciplinaria han hecho valer su mayoría frente a los tres progresistas (que han anunciado voto particular) y han rebajado la categoría de la infracción de González Mariscal de Gante de muy grave a leve. La "desatención injustificada y reiterada" al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Palma que apreciaban el promotor y el fiscal se ha quedado en una simple "desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el CGPJ, el presidente del TS, de la AN y de los TSJ o Salas de Gobierno". Las faltas leves se sancionan con una mera advertencia o multa de hasta 500 euros. Este último es el importe que finalmente y con el voto en contra de los tres consejeros progresistas, han impuesto los vocales a propuesta del PP.
Ruiz de Lara y Velasco: la difícil tarea del CGPJ para frenar a los jueces que insultan a políticos
Entre los cuatro votos decisivos para dejar en nada una conducta calificada inicialmente como muy grave y castigada con la tercera sanción de mayor intensidad de todo el régimen disciplinario de jueces y magistrados, se encuentran los de dos compañeros de asociación de González Mariscal de Gante. Se trata de José Carlos Orga Larrés y José María Páez, ambos propuestos para el Consejo por la APM, a los que se han sumado el expresidente del consejo consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, y la fiscal Pilar Jiménez Bados, también conservadores. El conflicto de intereses por la militancia común de Orga, Páez y el sancionado González Mariscal de Gante en la APM no ha impedido a los dos primeros participar en la decisión y rebajar el castigo pese a las dudas sobre su imparcialidad.
Fuentes del Consejo aseguran, eso sí, que los siete miembros de la comisión disciplinaria han coincidido en que la situación en la que está el juzgado dirigido por el sancionado era "realmente penosa" y que "no había justificación" para ello. Las razones concretas que han llevado a los cuatro vocales a propuesta del PP a rebajar la categoría de la infracción y la sanción hasta dejarla en una simple multa se conocerán cuando estos redacten el texto de la resolución. Los progresistas José María Fernández Seijo (presidente de la comisión), Ricardo Bodas y Lucía Avilés han anunciado un voto particular discrepante por considerar –como el promotor y el fiscal– que los hechos constituían, en realidad, una infracción muy grave. Esos tres consejeros a propuesta del PSOE también han anunciado votos contrarios al archivo de los casos de Ruiz de Lara y Eloy Velasco.
La total y reiterada desatención que tanto el Promotor de la Acción Disciplinaria como el fiscal encontraban en el juzgado de Alejandro González Mariscal de Gante, contrasta con su frenética actividad en la dirección de su asociación. Además de sus continuas apariciones en medios, propias de su cargo, el magistrado balear es uno de los más destacados miembros del colectivo judicial conservador en su campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las reformas judiciales que ha emprendido en las instituciones europeas. En abril y julio del año pasado participó en sendos actos en el Parlamento Europeo de la mano del PP en los que acusó al Ejecutivo de socavar el Estado de derecho en España y debilitar la separación de poderes y la independencia judicial a través de sus iniciativas judiciales. Por entonces, hacía años que el Consejo venía advirtiendo al juez de su preocupación por el caos en su órgano judicial.
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial envió ayer dos mensajes, de manos del sector conservador, a la judicatura. El primero, que insultar o faltar el respeto a cargos públicos en redes sociales, seminarios o actos académicos está, a todos los efectos, permitido, tal y como se deduce del archivo de los expedientes contra el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara (que llamó "Barbigoña" a la esposa del presidente del Gobierno en X) o el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que se refirió a la exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera de supermercado".