A principios de 2019, la reconocida periodista turca Ece Temelkuran publicó Cómo perder un país. Los siete pasos que van de la democracia a la dictadura (Anagrama). En él, exponía las estrategias y agendas compartidas de los fascismos y extremas derechas de todo el mundo. El libro fue un éxito inmediato y Temelkuran se convirtió en uno de los grandes referentes intelectuales de la esfera internacional. Mientras decenas de sus amigos y conocidos eran encarcelados por Erdogan, la pensadora tenía que gestionar su duelo en el exilio, librar la batalla psicológica que supone conseguir un permiso de residencia en Europa y, a al mismo tiempo, viajar continuamente por el mundo para explicar una verdad incómoda: que quienes, como ella, ya han perdido su hogar no son más que la avanzadilla de un nuevo mundo en el que las guerras, la crisis climática, los autoritarismos y la concentración de la riqueza nos arrebatarán a todos la sensación de pertenencia. Descubriremos, entonces, que el hogar son las otras personas. Sobre todo ello reflexiona en La nación de los extraños (Anagrama, 2026), un libro sobre el que conversamos por videoconferencia.

¿Cómo interpreta la reciente derrota electoral de Orbán? ¿Y el hecho de que el ganador, Péter Magyar, fuese hasta 2024 parte de su círculo de poder? ¿Es una demostración de que se puede frenar la ola reaccionaria?

Esta pregunta deberían responderla los húngaros que conocen el asunto en detalle. Pero, por supuesto, esta derrota de Orbán ha traído cierta esperanza y entusiasmo a los europeos, y también a los estadounidenses que buscan una salida a su situación política.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada país es diferente. Sé que hay patrones globales de este movimiento de extrema derecha —escribí un libro sobre ello—, pero aún así cada caso es específico. Orbán, por ejemplo, intentó sacar a mucha gente de la pobreza y eso le dio un gran apoyo social. Y su derrota se debe, precisamente, a que abandonó esas políticas.

La atracción por las ideas de extrema derecha sigue vigente y debemos ser cautelosos. Pero tenemos que aprovechar el entusiasmo que ha generado la derrota de Orbán porque eso significa que la mayoría estamos en contra de sus postulados. Como sabes, no creo en la palabra esperanza, prefiero hablar de fe, y estas elecciones en Hungría han renovado nuestra fe en que podemos revertir el avance de la extrema derecha.

Desde los años 90, antes de que los partidos de extrema derecha y fascistas llegaran a los Parlamentos europeos, Europa ya aplicaba políticas fascistas contras las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hasta que sus amenazas no incluyeron a las personas blancas europeas, no empezamos a hablar de ultraderecha y de la necesidad de frenarles. ¿Puede frenarse al fascismo cuando es inherente al colonialismo europeo?

Mi análisis es que los ideales fascistas han estado siempre presentes en la política y la moral neoliberales, aunque eso no haga exactamente fascista a Europa. Uno de los aspectos del fascismo que está muy presente en el neoliberalismo es el desprecio absoluto por las personas salvo que tengan un alto valor económico. Por eso, los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes han estado sufriendo la opresión y la violencia de las políticas europeas. Y como se ejercen en los márgenes y las personas afectadas son fácilmente criminalizadas y deshumanizadas, el resto prefiere creer que eso no les ocurrirá a ellos.

En ese sentido, Gaza ha sido un experimento a escala global. Por primera vez hemos visto un genocidio en directo y, al mismo tiempo, cómo se deshumaniza e, incluso, cómo se descarta a toda su población.

Sí, esto es inherente a nuestra cultura, a nuestra política, a nuestra moral. E incluso quienes resistimos estamos un poco contaminados por estas inclinaciones fascistas del sistema porque aspiramos a ganar. Para muchas personas, ganar se ha vuelto más importante que estar en el lado correcto de la historia, y eso demuestra que nuestra moral está contaminada.

En La nación de los extraños explica que todos, tarde o temprano, nos convertiremos en unhomed, personas que se sienten extrañas, que han perdido la sensación de tener un hogar, así sea político o social. Y que quienes han sido expulsados de sus países son la avanzadilla que puede enseñarnos al resto cómo afrontarlo y sobrevivir. ¿Cuál es la reacción mayoritaria cuando expone esta idea en sus conferencias?

Creo que somos muchos los que nos sentimos sin un hogar, extraños en estos tiempos, así que ponerle palabras produce alivio. Porque la gente tiende a disculparse por su agotamiento, por su estado depresivo y cuando les digo 'No sois vosotros, somos todos los que nos estamos quedando sin un hogar porque lo que está ocurriendo está mal'. Hay cierta alegría en darse cuenta de que estamos juntos en esta mierda, de aceptar que dependemos de los demás y de construir un hogar con otras personas. Espero que al poder articular esa sensación, que ya la tienen, se sientan más tranquilos porque la confusión es una de las herramientas del fascismo actual. '¿Por qué me siento así? ¿Hay algo mal en mí? ¿Qué debo creer?'. Esa confusión se aclara entendiendo que nuestro mundo está dañando lo humano. Y que somos la mayoría quienes nos sentimos así, pero que hemos sido derrotados tantas veces que olvidamos que somos la mayoría. Saberlo te otorga un poder extremo, lo que no significa que vayamos a terminar ganando.

Solemos pensar que los escritores, los intelectuales y los líderes de opinión debemos analizar y exponer ideas brillantes. Pero dado el agotamiento existencial de tanta gente, tenemos la responsabilidad moral e intelectual de hacer que nos sintamos menos derrotados e indefensos. Por eso escribí La nación de los extraños, para decirle a las personas que no se sienten parte de este mundo que son los pioneros de la historia. Para escribirles: 'Muchos más serán como vosotros, estáis sobreviviendo y tratando de seguir siendo humanos. Merecéis ser reconocidos. Y los demás deben aprender de vuestra sabiduría: la sabiduría de sobrevivir con dignidad'.

Los europeos tenemos mucho que aprender del activismo latinoamericano, que trabaja desde la conexión entre el pensamiento racional, los afectos y el medio ambiente. En cambio, en Europa estamos intentando frenar al fascismo principalmente desde la razón. En su primer libro nos permitió entender las causas del auge fascista. Con este segundo aborda, sobre todo, las emociones que nos está produciendo esta brutalización del mundo.

América Latina tiene una tradición en la que la teología de la liberación se conjuga con la militancia de la izquierda y la idea de la madre tierra. Yo he intentado crear algo así como un 'pathos' de la resistencia actual, de la supervivencia, porque hay mucho sufrimiento y muchas ideas para detenerlo, pero el cambio no llega. Por eso pensé que faltaba ese 'pathos'.

En su libro explica que al principio de su exilio le costaba interpretarse a sí misma sin caer en el estereotipo de orgullosa víctima ni en el de una gloriosa superviviente. ¿Cómo se siente ahora?

Escribir este libro me ha hecho sentirme en casa conmigo misma y terminar con esa dicotomía entre víctima y superviviente. Pero no es un punto final, es una práctica. Ya sé que no habrá un lugar que pueda sentir como mi hogar, sino que el hogar serán las personas, las palabras, las promesas. Cuesta asumirlo porque tenemos muy arraigada la idea del hogar como un lugar.

Creo que poner las relaciones humanas en el centro puede generar una nueva política y una nueva moral. Nos permite repensar conceptos que parecen ingenuos como el amor, la compasión, la humildad y colocarlos en el centro de nuestra comprensión política. Y eso es algo que el activismo latinoamericano hace muy bien.

En el libro describe cómo las personas refugiadas y exiliadas tienen que ocultar aspectos de sí mismas que no encajan en los prejuicios dominantes para ser aceptadas por el sistema. Pone como ejemplo un hombre que conoció mientras gestionaba su permiso de residencia en Berlín, que solía presentarse diciendo: “Soy yemení, pero también soy neurocirujano”. En su caso, ¿cómo ha vivido ser la superestrella de los congresos más importantes del mundo sobre la extrema derecha y, al mismo tiempo, sufrir el racismo estructural europeo en su vida cotidiana?

Es una experiencia que te genera humildad, que te baja a tierra cuando te sientes demasiado importante. Hace poco, hablando con Pankaj Mishra me dijo: “Nunca hablas de tu vida en Turquía”. Y me di cuenta de que era verdad. De que nunca hablaba de mis 20 años ejerciendo un periodismo muy duro allí. Quizá es porque lo que viví como persona, como periodista y como escritora fue demasiado en todos los sentidos. Por eso, empecé a escribir en inglés, para no sentir tanto porque tenía demasiado dolor cuando salí de Turquía.

A menudo, le piden que acabe sus conferencias sobre la ultraderecha con algún mensaje de esperanza cuando no la tiene. En cambio, sostiene que es mucho más poderoso el concepto de la fe en el ser humano. ¿Por qué?

Como humanidad, estamos en un periodo de supervivencia y en ese estado no te planteas si hay esperanza o no, es un concepto demasiado frágil. Sencillamente, haces. Pero aceptar que estamos en un estado de supervivencia, que nada te protege, requiere humildad. La fe es la habilidad más poderosa que tenemos los humanos: estar decididos a hacer algo, a sacrificarlo todo, a sabiendas de que podemos no lograr nuestro objetivo.

Con Gaza hemos vuelto a tener que hablar de sacrificio y es un concepto que tenemos que recuperar. Mucha gente ha tenido que decidir si iba a sacrificar su carrera, su estatus, su reputación, su fama y su dinero por pronunciarse contra el genocidio. En ese sentido, Gaza también ha sido un experimento. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por hacer lo correcto?

Y nadie ha hecho lo que debía hacer por Gaza porque tuviera esperanza. Desde el principio, no había esperanza para Gaza. Aun así, había que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacíamos, no podríamos vivir como humanos. Cuando se está sobreviviendo, uno no hace las cosas por la esperanza, sino porque sería insoportable no hacerlo.

Esa oposición al genocidio de Gaza ha concitado el movimiento social global más potente de las últimas décadas y reúne las principales luchas por los derechos humanos, por el derecho internacional, por el anticolonialismo, contra el fascismo. El apoyo a Gaza se ha convertido en el principal dique de contención contra la ultraderecha. ¿Cree que puede ser el principio del algo?

Sí, quiero pensar que lo es. Frente a las tecnologías masivas que apuestan por un futuro sin humanos, nos encontramos, por ejemplo, con la Flotilla a Gaza: cuerpos físicos llevando en barcos cosas concretas. Estamos asistiendo a un intento de despojar a la humanidad de lo esencial, de los cuerpos físicos, y es un buen momento para ver que, precisamente, no tenemos nada más que los unos a los otros.

La dedicatoria del libro dice: “A Annelies Beck, por anclarme en el tiempo con el léxico más compasivo”. ¿Cómo lo hizo?

Con una increíble amabilidad, bondad y verdad. Y estando presente. Annelies siempre ha estado ahí para sostenerme cuando me estaba cayendo. La presencia física es importante, pero también la emocional. Preguntar cómo estás de la manera más genuina. Es lo único que te sostiene cuando estás sobreviviendo, que te pregunten por ti, no por tu trabajo, ni por lo que piensas sobre esto o aquello. Si quieres ayudar a un extraño, haz que se sienta visto. Es lo único que protege tu dignidad como ser humano. Annelies me vio y me sigue viendo, incluso cuando no le gustaba lo que veía.

¿Cómo imagina esa nación de los extraños que se está construyendo?

La imagino como Minneapolis el día después de que sus habitantes lograsen expulsar a las patrullas del ICE. Me los imagino en una fiesta increíble celebrando la humanidad, sabiendo que han sacrificado mucho, pero con la alegría de saberse vivos y humanos.

“No puedo más. Que esto acabe ya. Ayer, otra vez, solo tuvimos dos horas de luz. Y de madrugada. Tampoco tengo agua porque el depósito funciona con electricidad. Y no hay gas porque los camiones no tienen combustible para repartir las bombonas”. Adela vive en el barrio Lawton, a las afueras de La Habana, y evita hacer esfuerzos extra para no gastar las calorías que tanto le cuesta reponer. Como muchos de sus compatriotas, ha tenido que comprarse una especie de canastilla de lata para cocinar con carbón los días que no tiene suministro energético y las pocas proteínas que ingiere proceden de huevos. 

A unas semanas de los 80 años, Adela, quien prefiere que omitamos su verdadero nombre, tiene que seguir trabajando porque su pensión de maestra –cuatro mil pesos, unos 8 euros al cambio– apenas le dan para comprar un kilo de pollo. Para cubrir sus necesidades básicas, lleva nueve años haciendo labores de conserje en un centro de estudios. Un sueldo con el que ya no puede contar después de que el Gobierno de Díaz-Canel suspendiera las clases presenciales de los estudios superiores a causa de la falta de combustible. El cerco energético impuesto desde hace tres meses por la Administración Trump contra la isla para acabar con su régimen es un castigo colectivo contra la población civil, un crimen atroz prohibido por el derecho internacional.

“Pero vamos, que con apagones llevamos más de dos años. Y hace más de dos semanas que avisé de que vinieran a arreglar la tubería de las aguas sucias que me tiene encharcada toda la calle. Y nada”, lamenta Adela, resumiendo así el desmoronamiento de los servicios básicos que ha sufrido la isla en los últimos años. “Pero no es culpa del delegado. Él es buenísimo”, se apresura a añadir, asegurándose de que su comentario no pueda ser interpretado como una crítica a los gobernantes cubanos.

Desde que Venezuela dejase de enviar petróleo a Cuba el pasado diciembre, La Habana ha pasado de ser una ciudad suspendida en un tiempo remoto a una paralizada por la incertidumbre. En la capital cubana, donde reside casi un 20% de la población del país, todo el mundo vive a la espera de que pase algo. Y la inmensa mayoría de las decenas de personas a las que esta periodista ha entrevistado en las últimas dos semanas incluye en ese “algo” las mismas ansias por que termine el asedio estadounidense como que haya un cambio de régimen político en la isla. Dos demandas que confluyen en la frase más escuchada, “Esto ya no se aguanta más”, y que muchos desarrollan con locuaces análisis gracias, precisamente, al alto nivel cultural que han logrado décadas de educación gratuita universal, uno de los grandes logros de la revolución cubana. Hay una conciencia compartida de que al presidente estadounidense no le preocupa ni interesa una mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano, ni mucho menos la transición a un modelo democrático. Pero aun así son muchos –la inmensa mayoría de con quienes hablé– los que esperan que la injerencia estadounidense acabe con la dictadura familiar de los Castro, como la llamó el escritor Sergio Ramírez, en la que Fidel dejó el poder a su hermano Raúl, quien ahora ha designado a su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro para negociar con Washington. 

Las entrevistas en Cuba no duran menos de dos horas porque todo el mundo sabe la importancia del contexto histórico y necesitan verbalizarlo para dar soporte a sus argumentos: no olvidan cómo ya en los 90, Fidel Castro prometió reformas que no terminaron de implantarse, cómo su hermano y el sector más inmovilista del régimen boicoteó la normalización de relaciones iniciada por el presidente Obama y, sobre todo, cómo su sucesor, Díaz-Canel, respondió con una implacable represión y el encarcelamiento de más de 1.200 manifestantes en el estallido social de 2021, en el que miles de personas salieron a la calle porque ya entonces ‘no aguantaban más’. Desde entonces, el Ejecutivo cubano ha perseverado en sus políticas fallidas mientras una élite apegada al poder se ha beneficiado de la dolarización de su economía, más de un millón de personas –en su mayoría jóvenes- huían de la isla y la mayoría de la población se sumía en la miseria: cada vez es más habitual en Cuba poder realizar sólo una comida al día, como ha constatado esta periodista. Una carestía que comenzó a extenderse durante la pandemia de COVID-19 y que ya en 2025, según datos de UNICEF, provocó que uno de cada diez niños viviera en condiciones de pobreza alimentaria extrema.

Cuba está sumida en una crisis humanitaria de primer orden tras décadas de condiciones de vida muy precarias. El endurecimiento del bloqueo estadounidense ordenado en diciembre del pasado año por Donald Trump puede ser la puntilla final. La prohibición de importar petróleo ha terminado de gripar un sistema eléctrico formado por decenas de pequeñas centrales herrumbrosas que no han recibido el mantenimiento mínimo necesario. Los apagones de hasta 30 horas que soporta la ciudadanía son solo, y paradójicamente, la manifestación más vistosa de un colapso que ha obligado a los agricultores a volver a arar con bueyes, que ha disparado el precio de la gasolina hasta los once euros el litro, que impide a los cubanos acudir a sus trabajos o viajar a sus pueblos para asistir a los entierros de sus seres queridos, y que ha disparado el precio de unos alimentos que ya arrastraban una inflación desbocada. 

Y en medio de esa situación desesperada, coches de gama alta recorren las avenidas, productos importados de primera calidad se reponen a diario en los escaparates de los supermercados en los que solo se puede pagar en dólares y restaurantes con cartas y precios estadounidenses o europeos se llenan a diario con familias cubanas vinculadas con el régimen o con negocios fuera y dentro del país. 

La vida cotidiana del pueblo cubano está atravesada por un capitalismo tan atroz como el que azota a cualquier país europeo. Solo que con consignas y fotos de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che en los muros de los edificios oficiales y en las tiendas vacías de souvenirs. Muchos de quienes critican a los gobernantes actuales se definen como afines a la Revolución y creen que si el Che o Camilo Cienfuegos levantaran la cabeza, se revolverían como ellos si pudieran ver la desigualdad obscena que distancia a la minoría rica de la mayoría pobre y el afán del régimen por ingresar dólares. La moneda estadounidense determina parcelas básicas de la vida cotidiana del país, como el hecho de que las recargas de conexión a Internet se tengan que pagar en esa divisa. Es más. Entre la clase trabajadora, la diferencia entre quienes reciben ayuda de sus familiares en el extranjero y quienes no resulta evidente incluso a ojos vista. El hambre marca especialmente las clavículas de quienes no tienen a nadie lejos. 

Un escenario apocalíptico al que Cuba ha llegado tras casi seis décadas de bloqueo ilegal e inmoral. Un imbricado y complejo entramado de leyes y normas dirigidas a imposibilitar que este pequeño país que se atrevió a desobedecer al imperio tenga relaciones económicas, comerciales y financieras con otros países. Un embargo sin precedentes que el bloque soviético alivió con su apoyo y recursos hasta su derrumbe en los 90. Fue entonces cuando la isla sufrió el llamado Periodo especial, en la que la escasez de todo provocó el éxodo de más de 35.000 personas en la llamada crisis de los balseros. Un crac del que Cuba empezó a recuperarse mínimamente gracias a la apertura al turismo y, a partir de los 2000, al petróleo enviado por Hugo Chávez desde Venezuela a cambio de la prestación de servicios médicos. Y aun así, son muchos los que hoy consideran incluso peor la crisis actual. “La diferencia es que antes teníamos dinero pero no había qué comprar. Ahora, las tiendas están llenas de comida, pero a precios tan caros que no podemos comprarla. Y, además, con Fidel, sentíamos que había luz al final del túnel. Ahora no hay esperanza de mejora salvo que los que están en el poder se vayan”, opina un ingeniero jubilado que trabaja conduciendo uno de los cientos de triciclos eléctricos que mantienen la movilidad de la ciudad. 

La falta de confianza en los dirigentes actuales es generalizada y muy acentuada entre los más jóvenes, que no ven otra salida que la migración. Entre los mayores, muchos de los cuales reconocen que sus vidas mejoraron sustancialmente gracias a la Revolución, domina una sensación de traición. En 2024, Cuba invirtió casi el 40% de su presupuesto anual en los sectores de turismo y hostelería, once veces más que la financiación destinada a Educación y Sanidad juntas, según datos oficiales. Uno de los símbolos de esta política se alza en el centro de La Habana: la Torre K23, uno de los numerosos hoteles de lujo que ha construido en los últimos años GAESA, el grupo empresarial propiedad del Ejército cubano que controla importantes sectores económicos del país: inmobiliarias, gasolineras, aduanas, puertos, supermercados, así como buena parte del sector turístico -desde hoteles de lujo, agencias, agencia de alquiler de coches e insumos hoteleros- y ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones. Ahora, mientras negocia con Estados Unidos, el Gobierno cubano anuncia cada semana la aprobación de las mismas reformas económicas que rechazó aplicar durante las dos últimas décadas, las mismas durante las que liberalizaba sectores de los que solo se beneficiaron sus círculos de poder más estrechos.

Mientras, Cuba es un país de hoteles vacíos, ancianos mendigando por las calles jóvenes rebuscando entre la basura y gentes de todas las edades desvelada porque no puede siquiera pagarse medicinas imprescindibles para su supervivencia, como la insulina, pero que lo dice entre susurros por si alguien les escucha y pudieran terminar detenidas. El bloqueo de Estados Unidos lleva décadas inflingiendo pobreza y sufrimiento a Cuba y en un mundo justo sus responsables deberían ser juzgados por ello. Como deberían hacerlo los miembros de su Gobierno, que con su incapacidad, represión y corrupción han empujado a su pueblo a un callejón en el que solo ve dos salidas: la migración o que el asedio estadounidense logre un cambio de régimen. “Peor que ahora es imposible que podamos estar”, repiten muchos. La historia, desgraciadamente, nos ofrece sobrados ejemplos de que la situación aun puede empeorar. Mucho. Pero ningún pueblo tendría que verse forzado a elegir entre la invasión de una fuerza ocupante y un régimen opresor. Todos los pueblos deberían tener el derecho a elegir, con libertad y sin miedo, su sistema político y a sus gobernantes. Y todo demócrata y defensor del derecho internacional deberíamos reclamarlo. También, y especialmente, para el pueblo cubano. 

En los últimos días, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y República Checa han exigido la destitución de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Y lo han hecho por unas declaraciones que ellos y todo el mundo saben que son falsas. Es el último episodio de una campaña dirigida a silenciar la voz que con más autoridad, rigor y persistencia ha denunciado el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza con la complicidad de gobiernos, medios de comunicación y empresas occidentales. 

El pasado sábado 7 de febrero, Francesca Albanese participó por videoconferencia en un congreso organizado por la cadena de televisión Al Jazeera. Como es habitual en sus intervenciones, Albanese no se limitó a señalar los crímenes del Estado de Israel, sino a todo el sistema que ha sostenido durante décadas la ocupación de Palestina y en los dos últimos años, el genocidio. «El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya proporcionado excusas políticas, cobertura política y apoyo económico y financiero es un desafío», dijo con calma ante la cámara. Y continúo: «El hecho de que la mayoría de los medios occidentales hayan amplificado la narrativa a favor del apartheid y el genocidio es un desafío. Al mismo tiempo, ahí reside una oportunidad. Porque si bien el derecho internacional ha sido atacado en su núcleo, también es cierto que nunca antes la comunidad global había reconocido los desafíos que todos enfrentamos. Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos ni armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común». Así desgranaba ese sistema al que hacía alusión como enemigo de la humanidad. 

Sin embargo, poco después, empezaba a moverse por las redes sociales un vídeo burdamente editado y manipulado en el que parecía que Albanese acusaba a Israel de ser el enemigo de la humanidad. Pese a que no había que dedicar más de 20 segundos a contrastar que era mentira comparándolo con el vídeo original de la conferencia –que Albanese también compartió en sus redes sociales–, la maquinaria de la desinformación ya estaba en marcha. Decenas de medios de todo el mundo replicaron la mentira y varios días después, como se puede constatar en Google, siguen sin rectificar. De esta manera han conseguido que hasta ChatGpt, el asistente de IA más usado en el mundo, dé por verdadera esta falsedad, confirmando paradójicamente la denuncia de la propia Albanese: que los algoritmos y buena parte de los medios de comunicación occidentales están al servicio del relato israelí, legitiman el genocidio y reescriben la historia.

También parte de los gobiernos. En Francia, un grupo de diputados de la derecha han publicado una carta acusándola de “antisemita” y pidiendo al mismo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que “trabaje” para “que se la despoje de todas sus funciones en la ONU”. Barrot no sólo ha hecho propia la reclamación, sino que le ha atribuido nuevas falsas declaraciones: «Francia condena sin reservas las indignantes y culpables declaraciones de la señora Francesca Albanese, que no se dirigen al Gobierno israelí, cuyas políticas son legítimamente criticadas, sino a Israel como pueblo y nación, lo cual es absolutamente inaceptable». Y continuó: “Sus palabras se suman a una larga lista de posturas escandalosas, como la justificación del 7 de octubre, pero también las invocaciones al lobby judío, o incluso los paralelismos entre Israel y el Tercer Reich». Albanese ha condenado en infinidad de ocasiones los atentados cometidos el 7 de octubre y nunca ha comparado Israel con el Tercer Reich, pero estas calumnias forman ya parte del listado de infamias que la relatora de la ONU ha tenido que soportar en los últimos años. 

A la turba de difamadores se le ha sumado su homólogo alemán, Johann Wadephul, quien ha publicado en X: “Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible”. 

El último en sumarse ha sido el Ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, quien ha publicado un comunicado con el siguiente mensaje: “La paciencia tiene un límite. La relatora especial Francesca Albanese debe dimitir de su posición”. Altos representantes de sendos Gobiernos que no han pedido la dimisión de Netanyahu ni de ningún miembro del Gobierno israelí tras más de dos años de genocidio y que, paradójicamente, sí exigen la de quien lo denuncia y quien reclama el cumplimiento del derecho internacional.

Desde la publicación de su libro Refugiados palestinos en el derecho internacional, en coautoría con el jurista Lex Takkenberg y publicado por Oxford University Press en 2020, Albanese ha sufrido las consecuencias de denunciar los crímenes cometidos por Israel. Aún no era relatora de la ONU y ya sufrió acusaciones de antisemitismo, una de las estrategias más empleadas por Israel para silenciar las voces críticas y para blindar su impunidad: acusar de antisemitismo a quienes critiquen las políticas del Gobierno de Tel Aviv. Es decir, igualar antisemitismo –odio y discriminación de las personas judías– con antisionismo –críticas al Gobierno o al proyecto colonial de Israel–. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) cuenta desde hace una década con un presupuesto multimillonario para hacer lobby en Estados Unidos y en la Unión Europea con el objetivo de que incorporen en sus legislaciones y castiguen como delito de odio la crítica al sionismo y al Estado de Israel. Y lo ha conseguido: 25 de los 27 Estados miembros de la UE han adoptado esta definición, incluida España. Y lo han hecho pese al rechazo de la mayoría de los intelectuales judíos más respetados del mundo, algunos de los cuales han respaldado públicamente el trabajo de Francesca Albanese a lo largo de su carrera, como el italo-israelí Alon Confino, exdirector del Instituto de Estudios del Holocausto, Genocidio y Memoria en Estados Unidos, y Amos Goldberg, profesor de Historia Judía y Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

No hay precedentes de una campaña de acoso, criminalización, hostigamiento y demonización de un representante de la ONU como la que está sufriendo Francesca Albanese por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo palestino. Las sanciones que la Administración Trump le ha aplicado, como a seis jueces y cinco fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio, suponen una suerte de muerte civil: no puede tener acceso a cuentas bancarias, ni puede cobrar por su actividad profesional –independientemente de su trabajo como relatora, que desempeña pro bono (sin remuneración)–, ni puede contratar seguros médicos, ni usar programas informáticos de empresas con sede en Estados Unidos ni viajar a su casa de Washington.

Las acusaciones de apoyar el terrorismo que han publicado algunos medios o de “militante de Hamás”, como ha titulado esta misma semana el sionista Corriere della Sera, comprometen su seguridad y la de su familia, además de atentar contra su reputada carrera como jurista internacional. El hecho de que el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, la insultase llamándola "bruja" supone una reactivación del señalamiento de las mujeres libres, críticas y con presencia pública. Y la campaña transnacional a la que estamos asistiendo, liderada por altos mandatarios para lograr su destitución como relatora –basándose no solo en una acusación falsa y fácilmente desmontable, sino peor: haciendo ostentación de que se pueden usar las instituciones públicas para silenciar la verdad mediante una mentira–, supone un nuevo y grave ataque a la credibilidad de los regímenes democráticos europeos, ya muy debilitados por su persistente apoyo a Israel mientras sigue ejecutando un genocidio. 

La maquinaria de odio, inquina y manipulación que Israel y sus aliados mantienen contra Albanese desde hace años es resultado de un estéril intento de opacar su extraordinaria capacidad para evidenciar los numerosos coautores que tiene el genocidio de Gaza, la puntería de sus informes para nombrar a las empresas que se enriquecen con la ocupación y los crímenes de Israel, su lucidez discursiva para demostrar que el movimiento de solidaridad con Palestina ha generado una nueva conciencia que, además, es la respuesta global más potente a la ola reaccionaria y antidemocrática que sufrimos y, también, que se ha convertido en un referente que inspira a millones de personas a defender los derechos humanos. 

La potencia transformadora de su discurso es un desafío para el sistema que, sí, es enemigo de la humanidad. Por eso, es crucial que los Estados verdaderamente comprometidos con la democracia y la legalidad internacional den un paso al frente en su defensa y le ofrezcan mecanismos para recuperar los derechos que le han usurpado las sanciones de Trump. Y que la sociedad civil entone un "Todas somos Francesca Albanese", porque la demonizan a ella para disciplinar a todas las que se atrevan a poner el cuerpo para defender la justicia, el derecho internacional y la dignidad; quieren silenciarla para poder avanzar en el genocidio y la ocupación sin testigos incómodos ni protesta social, quieren expulsarla de la ONU porque representa la esperanza en un mundo regido por órganos de decisión democráticos y multilaterales, y porque frente a la internacional de las élites del odio, Albanese llena siempre los aforos con personas que creen que no hay nada más poderoso que la ternura de los pueblos, como la llamaba Eduardo Galeano. Es decir, la solidaridad.

Este verano, mientras trabajaba en una Cisjordania azotada por los ataques de los grupos paramilitares de colonos y de las tropas de ocupación sionistas, surgió la posibilidad de viajar a Irán. Se trataba de una oportunidad extraordinaria dado que su régimen apenas permite la entrada de periodistas extranjeros y, cuando lo hace, cobra cifras astronómicas por poder trabajar allí. Pero acababa de tener lugar la llamada “Guerra de los doce días” y el régimen quería mostrar que los daños no se limitaban a las instalaciones nucleares. Por primera vez, las cifras oficiales iraníes y las de organizaciones independientes coincidían: los bombardeos estadounidenses e israelíes habían provocado la muerte de, al menos, 1.060 iraníes, de los cuales, la mayoría eran civiles. Y según el Gobierno de Tel Aviv, la respuesta iraní acabó con la vida de 28 israelíes.

Ya en Teherán, entre la desolación de los edificios de viviendas reducidos a escombros y los llantos de los entierros, fui testigo de una poderosa razón por la esperanza: no solo había una multitud de mujeres de todas las edades sin velo, sino que las bibliotecas, los centros comerciales y los parques estaban llenos de mujeres jóvenes en camiseta de manga corta, con pantalones marcando la cintura y con la melena al aire tintada de azul, fucsia, verde, rubio. Tres años después de que la llamada “policía de la moral” diera una paliza a la veinteañera Mahsa Amini por llevar mal colocado el velo y de que, poco después, muriese en prisión, eran tantas las mujeres que habían decidido desafiar al régimen islamista que sus dirigentes habían terminado por aceptar que no podía reprimirlas ni asesinarlas a todas. Comprobé cómo, cuando los vigilantes de seguridad les ordenaban cubrirse la cabeza o los brazos, ellas les desoían con la cabeza alta. Desprendían valentía, determinación y unas ganas imparables de defender su libertad frente a una teocracia que tiene en la opresión y el control de las mujeres y de sus cuerpos uno de sus pilares. 

Unos meses después, el pueblo iraní ha tomado las calles contra una dictadura que se ha perpetuado en el poder durante más de cuarenta años ejerciendo el terror más absoluto a través de las ejecuciones, las desapariciones, la tortura y los encarcelamientos arbitrarios y en las condiciones más infrahumanas. Una élite que ha condenado a la miseria a la mayoría del pueblo con su ineptitud y una corrupción endémica que, incluso, ha capitalizado la estructura creada para sortear las sanciones de Estados Unidos –que, por cierto, ha afectado, sobre todo, a la población civil–. 

Las decenas de miles de mujeres y hombres que se han unido a la protesta, iniciada por los comerciantes del Gran Bazar el 28 de diciembre por la calamitosa situación económica del país, lo hicieron a sabiendas de que, muy probablemente, les podía costar la vida. Porque así ha respondido siempre la teocracia de los ayatolás a las movilizaciones que surgen periódicamente, incluso a las más pacíficas. Lo hizo en la llamada “revolución verde” de 2009, y en las sucesivas de 2017, 2019 y 2022. El iraní es un pueblo orgulloso de su historia milenaria y jamás se ha resignado a vivir bajo el yugo de los fundamentalistas. Y el deber ético de la comunidad y de la sociedad civil internacional es brindarle todo el apoyo que pueda para liberarse de uno de los regímenes más represivos y cruentos del mundo. Para ello, contamos con el principio del derecho internacional de la responsabilidad de proteger, desarrollado en los años 90 ante el fracaso global que supusieron los genocidios de Ruanda y de Srebrenica. 

La soberanía de los países no es un principio absoluto: cuando una población está en riesgo de sufrir graves crímenes de lesa humanidad y sus gobiernos no son capaces de protegerles o son los propios victimarios, la comunidad internacional tiene el deber ético y humanista de intentar evitarlo. Lo hemos repetido hasta la saciedad en el caso del genocidio de Gaza, de la guerra de Siria, del genocidio de los roguinyás, del apartheid que sufren las mujeres en Afganistán y, quienes defendemos los derechos humanos, debemos hacerlo también en el caso de Irán. 

No se trata, en absoluto, de defender una intervención militar. Sino de todo lo contrario: de impulsar procesos que, a la vez que acaben con los regímenes criminales, construyan paz. Tenemos recientes ejemplos de cómo las dictaduras que han caído por las bombas extranjeras suelen transformarse en Estados fallidos igual o incluso más violentos. Además, como ocurrió con la invasión ilegal de Irak o la intervención en la Libia de Gadafi, sus promotores no persiguen la libertad, la democracia ni el bienestar de sus pueblos, sino expoliar sus recursos, controlar sus territorios e imponer nuevas formas de colonialismo. Y como constaté en Irán tras los ataques israelí-estadounidenses, una guerra es lo último que quieren incluso los que darían su vida por acabar con la teocracia. El pueblo iraní ama su patria y no quiere que lo destruyan quienes usan el lenguaje de las armas para imponer su propia agenda y ampliar sus áreas de influencia, ya sean Estados Unidos, Israel, Rusia o China. Además, saben que sin una verdadera transición democrática, la Guardia Revolucionaria, el Estado profundo iraní, podría sustituir a los ayatolás, agravando aún más la falta de derechos y libertades fundamentales. 

Pero la complejidad del contexto iraní no es un eximente de nuestra responsabilidad de proteger, que nos ofrece herramientas diplomáticas, económicas, políticas y jurídicas que debemos aplicar para apoyar al pueblo iraní en su legítimo derecho a liberarse de la teocracia de los ayatolás. Hasta ahora, las sanciones han sido las más empleadas. Pero, como en Irak o en Rusia, termina siendo la población de a pie la que sufre sus peores consecuencias. Por eso es fundamental establecer nuevos mecanismos que garanticen que las sanciones castiguen a los dirigentes, a la cadena de mando de la maquinaria represiva y a los circuitos financieros con los que se lucra la corrompida élite vinculada al régimen. También es urgente una acción de diplomacia global, como ha exigido Amnistía Internacional, para acabar con la impunidad de la que ha gozado Irán después de las masacres con la que ha aplacado cada protesta. Hay que reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para suprimir el derecho a veto de sus miembros permanentes. Y mientras, hay que exigir que tanto sus países integrantes como los del Consejo de Derechos Humanos voten una resolución que exija la suspensión de las ejecuciones, el fin de la represión, la liberación de los manifestantes detenidos, el acceso de las organizaciones humanitarias y el enjuiciamiento de sus responsables. Igualmente, hay que arropar a las organizaciones y a la diáspora iraní que están documentando y recopilando las pruebas de los crímenes para que sus victimarios sean llevados ante la Corte Penal Internacional. Además, es crucial crear sistemas de gobernanza global que restablezcan las comunicaciones mediante satélite cuando los regímenes las bloquean, como ha ocurrido en Irán, convirtiendo a todo un país en un agujero negro. Y, desde luego, no deberíamos seguir delegando ese poder estratégico en un megalómano fascista como es Elon Musk y su red de Starlink. 

Precisamente porque hay una guerra global declarada contra las democracias, el multilateralismo y el derecho internacional, es más necesario que nunca que seamos ambiciosos en las reclamaciones a nuestros gobiernos y firmes en la defensa de los derechos humanos independientemente de bloques geopolíticos o ideológicos. Evitar pronunciarse contra el régimen iraní por la injerencia estadounidense e israelí alentando las protestas es pisotear a un pueblo valiente que se ha alzado contra uno de los regímenes más criminales, misóginos y represivos; ignorar la lucha de las mujeres iraníes es traicionar el feminismo y convertirse en cómplice de quienes las infantilizan, oprimen, torturan y asesinan; desoír las reclamaciones de los manifestantes mientras les asesinan por pedir libertad, justicia, igualdad y trabajo es despreciar los principios más básicos de la solidaridad internacional y de la más básica humanidad.  

Estados Unidos se ha convertido en el espejo de lo que viviremos aquí si la ultraderecha llega al gobierno: el FBI entrando en la casa de un periodista por publicar información clasificada y los agentes del ICE agrediendo, secuestrando y asesinando a plena luz del día, por nombrar sólo dos de las últimas expresiones de la autocracia que se asienta en la Casa Blanca. Y las valerosas protestas del pueblo iraní, que solo pueden despertar nuestra admiración, nos recuerdan a lo que nos podemos ver abocados si, desde todos los ámbitos, no somos capaces de construir un bloque democrático. 

No es una exageración. Como no lo fue cuando en los años 90 y primeros 2000, antes de ser asesinados, numerosos periodistas e intelectuales rusas y rusos alertaron de la amenaza que suponía Putin para la incipiente democracia rusa. Como no lo es en Estados Unidos, donde las voces más lúcidas y sosegadas advierten del peligro de una guerra civil. Y como no lo es en Europa, donde la parálisis de sus dirigentes está enterrando el proyecto de cooperación y convivencia que nos podría ayudar a protegernos de la ola nacionalista de extrema derecha que ya define nuestra era, como bien explica Steven Forti. 

Defender el derecho del pueblo iraní a acabar con el régimen de los ayatolás es un deber de quienes creemos en el derecho de todas las personas a vivir en paz, democracia y libertad. Alcemos la voz para que cuando los criminales restablezcan las comunicaciones, los supervivientes que buscan a sus desaparecidos y velan a sus muertos, sepan que somos muchas, la mayoría de las personas, las que exigimos a nuestras instituciones que no vuelvan a hacer dejación de funciones, que no les vuelvan a dejar solos.

Es un signo revelador de nuestro tiempo que mientras que a nadie en su sano juicio se le ocurrió entonces interpretar el rechazo a la invasión de Irak como un apoyo al régimen de Sadam Hussein, hoy son multitud quienes callan por temor a que denunciar la intervención estadounidense sea entendido como un respaldo al régimen venezolano, cuando se trata de la defensa de los consensos legales y los valores humanistas más básicos: el derecho internacional, la carta fundacional de la ONU, la soberanía de Venezuela, las negociaciones, la diplomacia y la paz. 

Pero si hay un silencio irresponsable frente a esta vuelta de las guerras imperialistas ha sido el de los líderes de la Unión Europea, incapaces de romper con la sumisión a Estados Unidos y la complicidad con sus crímenes, que en el caso del genocidio de Gaza ha agravado la brecha entre los gobernantes y sus sociedades civiles y, en consecuencia, la crisis de sus democracias.

Los bombardeos estadounidenses en Venezuela, así como el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores, suponen la puesta de largo de un mundo diseñado a la imagen y semejanza de Trump. Uno en el que lo más descabellado, abyecto, irresponsable y peligroso puede ocurrir en cualquier instante porque las únicas lógicas que guían sus decisiones son su propio beneficio y su narcisismo autoritario. Uno en el que el hombre más poderoso del mundo no sólo desprecia públicamente la democracia, el multilateralismo y las organizaciones supranacionales, sino que explicita su desprecio por cualquier norma que no sea su ordena y mando a través del chantaje, la coerción, la amenaza, y legitimando así la ley del más fuerte: es decir, él, que difunde en su red social, Truth, montajes en los que aparece disfrazado de emperador. Un mundo sometido por un pequeño grupo de hombres blancos y ricos que celebran en un Parlamento –la Knésset– la comisión de un genocidio, que se reúnen con dictadores para imponer acuerdos de paz a una nación soberana invadida –Ucrania–; que condenan a cientos de millones de personas al hambre y la enfermedad al retirar de un día para otro la agencia federal para la cooperación y la ayuda humanitaria; que condenan a países enteros a endeudarse para comprarles armas mientras millones de sus habitantes no tienen cómo pagarse un alquiler…

Hasta ayer, la mayoría de los venezolanos consultados por esta periodista creía improbable una intervención militar estadounidense. No le veían sentido a una operación costosa y de consecuencias imprevisibles cuando Washington cuenta con todos los recursos para imponer otro gobierno y, sobre todo, para quedarse con la mayor reserva de petróleo del planeta. 

A partir de los bombardeos en Venezuela, no solo ellos, todos hemos entendido que Trump nos ha robado la posibilidad de interpretar sus acciones bajo ninguna lógica y que, precisamente por ello, deberíamos tener claro que la mayor amenaza para la humanidad, la estabilidad, la paz y la seguridad hoy es la Administración Trump. Y la UE está en la obligación de admitir este nuevo escenario y emprender una transición para paliar sus dependencias estructurales en materia económica, comercial, financiera, militar y defensiva hasta emanciparse de Washington. Hasta entonces, estaremos en peligro –como lo estamos en nuestro flanco oriental por su admirado Vladimir Putin–. 

Si la Unión Europea quiere cumplir con su deber, proteger a su ciudadanía y salir de la irrelevancia geopolítica, la única vía es respetar el derecho internacional, los derechos humanos, convertirse en garante de un orden internacional multilateral y acabar con el doble rasero que ha naufragado su ya escasa legitimidad. Para ello, además de adoptar contra Israel las mismas medidas que tomó contra Moscú por la invasión de Ucrania, es crucial que haga valer la legislación internacional contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Parlamento Europeo. 

Exigir que la UE haga rendir cuentas a Estados Unidos no es una ingenuidad, sino mera responsabilidad. Lo contrario, es asumir que nuestros representantes públicos, elegidos democráticamente y asalariados con nuestros impuestos para defender la democracia, la justicia y el orden nos conviertan a todos en colaboradores de la imposición de un régimen autocrático global, dominado por Trump y regido por la violencia, el caos, la arbitrariedad, el miedo, el silencio y la crueldad. Lo iluso es creer que en estas palabras hay un ápice de exageración. Somos muchos los que llevamos más de una década denunciando el auge de la ultraderecha, analizando sus causas, exigiendo medidas para frenarla hasta hoy, cuando cuentan con uno de cada cuatro escaños en el Parlamento Europeo y gobiernan hasta en la Casa Blanca. 

Tras la intervención en Venezuela, en Taiwan, en Georgia, en Colombia, en España o en cualquier lugar del mundo resulta más difícil pensar que es imposible que un día nos levantemos sobresaltados por el sonido de los bombardeos y las columnas de humo se alcen a nuestro alrededor. La única forma de impedirlo es exigir a nuestros gobernantes que defiendan con hechos la legalidad, que financien y blinden a la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que impulsen una reforma democratizadora de las Naciones Unidas. Pero también que la ciudadanía defienda los derechos humanos, la democracia y a las víctimas civiles vivan donde vivan, e independientemente de la ideología de los victimarios y opresores: sean venezolanas, ucranianas, palestinas o sirias. Igual que no hay invasiones ni ocupaciones legales ni legítimas, tampoco víctimas de primera y segunda categoría. De lo contrario, estaríamos actuando como un Trump o un Putin cualquiera.

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Patricia Simón es periodista especializada en derechos humanos y escritora.

La invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza han contribuido a acelerar la transición a una nueva era geopolítica que, en rigor, comenzó a erigirse tras el 11S, pero que ha recibido un impulso decisivo en los primeros meses de la segunda presidencia de Trump, con la ruptura de la alianza transatlántica llamada Occidente y la política de mano tendida al régimen putinista. 

El viejo mundo que no acababa de morir ha quedado sepultado, finalmente, por el nuevo orden global dominado aún por Estados Unidos, pero en el que se consolida el papel dominante de una China cada vez más fuerte, junto a la emergencia de Brasil y, en particular, de dos potencias como India y Arabia Saudí, gobernadas por líderes autocráticos, con ansias expansionistas. Rusia, China, Arabia Saudí e India sostienen valores contrarios a los que la Unión Europea proclama como propios –los de las democracias liberales–, pese a que en el último cuarto de siglo ésta ha actuado contra ellos o al margen de ellos, como lo muestra emblemáticamente su indecente y sistemática política contra inmigrantes y refugiados. 

Desde hace casi dos décadas, la UE naufraga en una decadencia ética que está en el origen de la crisis de legitimidad que arrastra para buena parte de la ciudadanía europea. Una decadencia que encuentra su epítome en el incondicional apoyo de las instituciones de la UE y de buena parte de sus gobiernos al Estado de Israel. Una alianza que se remonta a las décadas previas de ocupación, régimen de apartheid y masacres periódicas contra palestinos y libaneses, pero que se ha mostrado con toda crudeza durante el genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu contra la población de Gaza desde los atentados terroristas de Hamas, el 7 de octubre.

En ese contexto, en el que crece un fuerte cuestionamiento de las instituciones europeas por parte de quienes seguimos creyendo en los pilares sobre los que se construyó la Unión Europea –derechos humanos, cooperación, multilateralismo y desmilitarización–, los ataques del presidente Trump la han dejado en tierra de nadie y consciente de su vulnerabilidad, resultado de décadas de sumisión política y geoestratégica y de dependencia comercial, militar e, incluso, cultural al imperio estadounidense. Bruselas se había acomodado tanto a su rol de apéndice de Washington que, mientras intenta adaptarse al nuevo contexto, apenas puede salir de un estado de shock, en el que –en no pocos casos– se advierte un trasfondo del viejo supremacismo blanco: este desprecio que demuestra ahora Estados Unidos hacia Europa es lo mismo que lleva décadas practicando en buena parte de países del Sur Global con la aquiescencia europea; cuando no, con su cooperación directa. Estábamos colonizados y, en nuestro racismo estructural, nos creíamos vecinos de escalera. 

La Unión Europea emprende ahora un proceso de emancipación que, dado el grado de penetración alcanzado por Estados Unidos, tiene tintes de refundación, lo que debería aprovecharse para recuperar el espíritu inicial de la federación europea y actualizarlo con los valores que nos protejan de la era de la crueldad en la que nos adentramos. Por eso, precisamente, necesitamos una nueva doctrina de defensa y seguridad que blinde el genuino proyecto europeo que, paradójicamente, muchos de sus Estados miembros llevan años amenazando: un territorio de paz, regido por los derechos humanos, en la que los Estados de bienestar garanticen no solo unas condiciones de vida dignas, sino que prometan un horizonte de mejora –la mejor coraza para las democracias liberales– y el mayor de los respetos a los derechos y libertades; una Unión Europea que garantice el derecho a la libre circulación de todas las personas que buscan oportunidades en nuestros países y de todas aquellas que requieren asilo y protección internacional; un espacio en el que la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos sea una máxima prioridad. Son todos ellos elementos imprescindibles para configurar un territorio seguro para sus habitantes y de defensa de la democracia. Asimismo, todo ello hay que protegerlo, también, de las nuevas amenazas exteriores. 

Ha tenido que ser el propio Donald Trump el que, al dar la espalda a la Unión Europea, la ha forzado a salir de la parálisis en la que llevaba años inmersa desde el shock de la crisis de 2008, del Brexit, del auge de los nacionalistas antieuropeístas, ultraderechistas y neofascistas, y de la desafección de una ciudadanía que ha dejado de ver Bruselas como la promesa de una vida más próspera. Una Unión Europea tecnocrática, gobernada por partidos políticos que, para preservar su preeminencia, han asumido postulados reaccionarios. Y ello se muestra en particular en la que, por desgracia, ha sido lo más parecido a una política común de defensa, la política migratoria, concebida y justificada como una política militarizada de cierre de fronteras. Una verdadera necropolítica, pues ha costado la vida de no menos de 31.000 personas en los últimos diez años en el Mediterráneo. Una política basada en la ideología de la securitización que durante décadas ha presentado a las personas migrantes como amenaza a combatir, alentando así desde las instituciones el miedo al otro, la xenofobia y el racismo en el que las ultraderechas han encontrado su terreno más fértil.

En este contexto de crisis de credibilidad, la UE se ha visto obligada a diseñar su propia política de defensa de manera precipitada y sin hacer partícipe a la ciudadanía de los por qué, los cómo y los cuándo de esa política. Sólo ha compartido el cuánto: 800.000 millones de euros, una cifra que en vista a las pocas explicaciones dadas podría haber sido otra, cien mil millones arriba, cien mil millones abajo. 

Pero veamos lo que sabemos. Si sumamos los presupuestos y los efectivos de los ejércitos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, esta conformaría la segunda potencia militar del mundo. Pero no lo es, porque lo que tenemos son 27 ejércitos y 27 presupuestos que no solo persiguen objetivos nacionales, sino que, a menudo, se han pensado para defenderse de otros países europeos con los que comparten fronteras. Al mismo tiempo, no es sólo que la mayor parte de las armas hayan sido producidas por Estados Unidos –cuyos contratos de compra incluyen, en muchos casos, cláusulas que dan la potestad a su productor de determinar contra quiénes se pueden usar y contra quiénes no–, sino que parte del accionariado de la industria armamentística europea es estadounidense, por lo que tardaríamos años en poder contar con un arsenal realmente autóctono.

Resulta igualmente pasmoso que se hable de construir una autonomía estratégica en el ámbito de la defensa sin abordar cuál va a ser la nueva relación de poder entre la UE y la OTAN. Dado que su salida ni siquiera se valora, sí urge saber qué nuevo rol va a jugar Europa en la Alianza Atlántica en términos de gobernanza y capacidad de decisión, cómo va a gestionar las 275 bases militares y emplazamientos estadounidenses que hay en suelo europeo, así como qué nuevas normas van a regir la presencia de los más de 80.000 soldados estadounidenses que hay desplegados en Europa. Y, desde luego, falta por saber lo decisivo: cómo va a ser a partir de ahora la relación entre la OTAN y las Fuerzas Armadas de la Unión Europea.

Pero la primera conclusión que se impone, como ha mostrado entre otros Sami Naïr, es que la UE no podrá hacer frente a estos desafíos sin un avance decidido en la integración, que tendría que incluir superar el criterio de unanimidad y sustituirlo por mayorías reforzadas en asuntos en los que la UE se juega su futuro.

En un mundo multipolar, en el que los pocos organismos multilaterales de toma de decisiones se encuentran muy debilitados y en el que las pocas reglas que nos habíamos dado han sido pisoteadas –en gran medida por el doble rasero occidental y por el ahora zarpazo de la alianza trumpista-putinista– nos vemos abocados a mayores dificultades para negociar, resolver conflictos y alcanzar acuerdos mínimos. Por ello, la Unión Europea necesita una política de defensa y seguridad común que además de blindar la convivencia interna, nos proteja de las crecientes autocracias. Y no se puede construir sin ahondar en la integración europea y romper con los sesgos nacionalistas, no sólo para abordar los grandes desafíos globales como son la crisis climática o el auge de la ultraderecha y del neofascismo, sino para desarrollar una nueva doctrina europea de la seguridad humana, en el que sea prioritaria la educación en una cultura de paz, la protección de los derechos humanos y del Estado del Bienestar, los servicios públicos de calidad, las ayudas sociales y que incluya entre las amenazas frente a las que erigir garantías, la privatización de los mismos, su infrafinanciación y las políticas neoliberales que agudizan la desigualdad y la precarización, dos de las grandes amenazas de nuestro tiempo. Frente a gravísimas amenazas para nuestra seguridad, como son la retracción de las democracias y el auge de los regímenes autoritarios, el abandono por parte de las grandes potencias de los compromisos para el control de las armas, las desautorizaciones a organismos supranacionales como las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional y el pisoteo del derecho internacional, la Unión Europea tiene la responsabilidad de organizar su política de seguridad y defensa. Pero, como ya han recordado voces autorizadas, el rearme no debería ser un principio, sino una consecuencia final. Antes toca definirlo, analizar los recursos con los que contamos y los que faltan, crear controles no solo para que en el caso de necesitar armas se produzcan en suelo europeo, sino para garantizar que los fondos multimillonarios que se destinarían a ello no terminen asignados de manera corrupta y a las pocas empresas que se han enriquecido gracias a las políticas fronterizas criminales, causando dolor y muerte durante décadas de manera impune. 

Somos conscientes de que, a veces, para preservar la paz son necesarias las armas: la Carta de la ONU no renuncia al uso de la fuerza: lo que hace es someterla a reglas estrictas en su capítulo VII para que sea legítima. Lo entendemos bien cuando se trata de pueblos oprimidos, ocupados o amenazados, y reivindicamos para ellos el derecho a la defensa y a la resistencia, incluida la lucha armada. Pero nos cuesta más aceptarlo cuando se trata de nuestro territorio porque, sin olvidar en absoluto las dos guerras mundiales del siglo XX, recordamos bien que Europa las ha empleado para dominar, explotar y expoliar a sus colonias durante el pasado siglo y a países como Irak durante la invasión ilegal de 2003. Precisamente porque Europa debería promover otra visión de la resolución de los conflictos, debería dotarse de recursos comunes de disuasión, a la vez que destinar los mismos esfuerzos y presupuestos a diplomacia, a la negociación, a la construcción de nuevas alianzas y al refuerzo de las organizaciones supranacionales. De lo contrario, sólo estaremos impulsando el estado de guerra y la industria armamentística. Y ambas, solo alientan la respuesta mediante la violencia y la perpetuación de los conflictos.

Dicho todo esto, no nos hagamos trampas al solitario: la diplomacia por sí sola no basta para frenar a mandatarios como Putin, Jinping, Netanyahu, Salman o Trump. Sostenerlo sería mancillar la memoria de los cientos de miles de personas masacradas por los bombardeos rusos en Siria, Chechenia y en Ucrania, de los uigures asesinados y encarcelados en campos de concentración –como tantos otros opositores– en China, de los taiwaneses que viven con el permanente temor a una invasión, de las decenas de miles de vidas palestinas masacradas por Israel ya antes del genocidio, del periodista Jamal Khasshoggi descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, de las decenas de vidas exterminadas por sus bombardeos en Yemen, o de todo lo que está destruyendo Trump desde su retorno a la presidencia estadounidense.

Resulta difícil creer que la Unión Europea, con un peso creciente de las fuerzas políticas nacionalistas y reaccionarias, pueda construir una política de defensa respetuosa con los derechos humanos, que no vaya a aumentar la vigilancia, el control y la represión contra su propia ciudadanía y, especialmente, de aquellos grupos que son percibidos como sospechosos, como son las personas migrantes, racializadas, las activistas y participantes de movimientos sociales y, desde luego, los contrarios a la militarización de nuestras sociedades. Como hemos comprobado desde el 11S, y posteriormente con los atentados yihadistas en distintos países europeos, cuanta mayor ha sido la militarización de nuestras sociedades, mayores los recortes de derechos y libertades, y mayor la criminalización de la movilización social, cuyo epíteto ha sido la persecución de las protestas contra el genocidio de Gaza en países como Alemania.

Y, sin embargo, de nuevo, esos riesgos no significan que no sea necesario dotarnos de nuevos mecanismos para defendernos de amenazas tales como la estrategia de desinformación que lleva años alentando Rusia con el fin de sembrar el caos y la desafección política en las democracias occidentales  –la misma que China desarrolla en países de su entorno–, y desarrollar respuestas a otras formas de guerras híbridas, proteger infraestructuras estratégicas como los cables submarinos, dotarnos de tecnología capaz de hacer frente a nuevas armas como las autónomas y las supersónicas, formar a profesionales en su uso para que actúen como una fuerza de disuasión para un mundo totalmente distinto del que configuró la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX.

Lo más importante es que nada de todo ello se puede hacer sin la participación de la ciudadanía. Decisiones de tamaño calado, que afectan a los pilares de nuestras sociedades, al destino de ingentes cantidades presupuestarias y, sobre todo, a la orientación política, social, ética e, incluso, filosófica de nuestras sociedades, deben ser adoptadas tras procesos de detallada información pública, de concienzudas coberturas periodísticas desde todos sus prismas y, finalmente, tras un debate serio en cada uno de los Parlamentos nacionales y en el europeo. La nueva doctrina de seguridad y defensa europea no se puede adoptar por decreto, a pesar de que cueste creer que en estos tiempos sean posibles los debates políticos serenos y maduros. La mayor amenaza para nuestras democracias sigue siendo su desconexión de la ciudadanía y no hay mejor solución que hacerla partícipe de su defensa poniendo en el centro una cultura de derechos humanos y de paz.

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Patricia Simón, periodista especializada en derechos humanos, y Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho.