Dos bloques perfectamente diferenciados y enfrentados. A la derecha, PP y Vox, sin discrepancias, exhibiendo una imagen de unidad. A la izquierda, PSOE y Unidas por Extremadura, mostrando apoyo mutuo y buena sintonía. Es la imagen que deja la política extremeña justo antes de las vacaciones de verano.

El primer gobierno autonómico de la derecha y la extrema derecha que abrió la puerta al concepto de "prioridad nacional" acaba de aprobar sus primeros presupuestos. Las cuentas son para 2026, por lo que tendrán poco recorrido con pocos meses para la ejecución, pero sientan las bases de qué política va a desarrollar la coalición PP-Vox en Extremadura. Sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre, casi al inicio del nuevo curso, empezará la negociación para el presupuesto de 2027, que supondrá un nuevo termómetro de la estabilidad del pacto de la presidenta María Guardiola con los ultras. 

Así, la huella de Vox ya asoma. Si bien la "prioridad nacional" es todavía más un marco político que una aplicación real, se han dado los pasos necesarios para que haya recortes en materias que estaban en el punto de mira.

La cooperación internacional ha sido el mayor ejemplo. Un tijeretazo sin precedentes y la destrucción de 30 años de trabajo. Extremadura era referente nacional en este ámbito. De casi 11 millones de euros que recibía se ha pasado a 2,7 millones, apenas un 0,03% de la cuantía total.

De la mano de esta reducción ha ido también el castigo a las asociaciones que trabajan con migrantes, en palabras de Vox, “para evitar la inmigración masiva y descontrolada”.

Paralelamente, el Gobierno regional presume de que el presupuesto de 2026 es el más alto de la historia, con 8.854 millones de euros; eso sí, gracias, en parte, al incremento de las entregas del sistema de financiación.

PP y Vox defienden que crecen las cuantías en sanidad, educación y políticas sociales, con especial hincapié en las ayudas a la natalidad, que se duplican. “Se preocupan de que nazcan más niños, pero después no hay pediatras en los pueblos”, les reprochó durante el debate parlamentario, por ejemplo, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.  

El PSOE les recriminó, entre otros asuntos, el hachazo al diálogo social con el recorte de las subvenciones a los sindicatos.

Los partidos de la oposición se unieron para denunciar que las nuevas medidas fiscales “benefician a los que más tienen”. Estas incluyen la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF y la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando las herencias pasen de tíos a sobrinos.

De los diversos frentes abiertos de Vox contra los derechos humanos y sociales, el colectivo LGTBI no sufrirá recortes en las ayudas. No obstante, la diputada Nerea Fernández volvió a cargar contra el PP para recordarle que la ley extremeña de 2015, pionera en España y que se aprobó cuando el popular José Monago era presidente, sigue sin dinero para poder desarrollarse.  

Antes de llegar a esta cita en la Asamblea, que sin duda ha marcado un punto de inflexión, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, le hizo una oferta a Guardiola: su partido apoyaría las cuentas si ella cesaba a los dos consejeros de Vox.

Cotrina aprovechó así su estreno en el Parlamento regional como nuevo jefe de los socialistas para atraer el foco sobre él. Sabía que su propuesta no tenía ningún recorrido, pero sonó bien alto.  

Fue precisamente la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos regionales el argumento que le valió de excusa a Guardiola para convocar elecciones. No tenía respaldo de ningún grupo. Apostó fuerte para conseguir la mayoría absoluta o quedarse muy cerca. No lo logró. Ahora tiene a dos miembros de Vox, uno de ellos vicepresidente, en su Consejo de Gobierno.

El Parlamento regional vivió más de 11 intensas horas de debate. Pero la realidad es que no salió adelante ni una sola de las más de 600 enmiendas que presentaron PSOE y Unidas. En todo momento, dos bloques distanciados.

Esta imagen política responde también a la suspensión este año del Debate del Estado de la Región, otra cita importante en la que se hace balance de la gestión y en la que se suele anunciar algún proyecto llamativo que acapara titulares. Guardiola hizo una petición a la Asamblea para que esta vez no se celebrara alegando que el Ejecutivo apenas había empezado a andar y que el reglamento no contempla un adelanto electoral, una situación inédita en Extremadura. Su solicitud fue aceptada. La oposición criticó esta decisión aseverando que era una manera de no rendir cuentas ante la ciudadanía y de silenciar a los partidos que no forman parte del gobierno.

De momento, y sobre el papel, el primer escollo que tenían que afrontar juntos PP y Vox ha sido superado. “Misión cumplida”, dijo Guardiola cuando finalizó el debate de presupuestos.

La siguiente prueba será en octubre, con las cuentas de 2027, en las que ya está previsto que se incluya la primera rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, si finalmente el Gobierno central le da el visto bueno a que siga operativa. Si así fuera, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) irán pagando menos por el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medioambiente, o lo que es lo mismo, el impuesto por contaminar. La rebaja gradual hasta el 30% en 2029 es una de las medidas escritas en el pacto PP-Vox.

Será ese acuerdo el que vuelva a marcar las directrices de las próximas cuentas regionales y el que condicione la relación entre ambos partidos.

Un “plan preconcebido” para favorecer al hermano del presidente del Gobierno con la “urgente creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Que “ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz”. Y que los dos puestos se crearon para que sus adjudicatarios “pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno”.

Estas son las principales conclusiones de la sentencia hecha pública este martes, una fecha ya marcada en rojo en el calendario. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado a conocer su veredicto sobre las acusaciones que pesaban sobre Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura; David Sánchez, ex alto cargo en la institución provincial y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y Luis Carrero, exasesor en Moncloa, amigo de David Sánchez y también exempleado en la citada Administración. A los tres los considera culpables. Pero la condena alcanza igualmente a los otros ocho implicados, entre ellos políticos y funcionarios.

Cabe recordar que, en sus conclusiones definitivas, las acusaciones elevaron su petición de pena hasta los seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Gallardo. Aunque la Sala no ha encontrado pruebas para condenarlos por tráfico de influencias, sí ha considerado acreditado que todos cometieron un delito de prevaricación administrativa; en el caso de Gallardo, dos. Por ello, el expresidente de la Diputación ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Para el resto de condenados, la pena es de nueve años de inhabilitación.

Si la sentencia termina siendo firme, supondrá, por ejemplo, que los funcionarios implicados perderán su condición de empleados públicos. Por ello, las defensas ya preparan un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

En el caso de la condena a Gallardo y, por extensión, a David Sánchez, la Audiencia de Badajoz considera que resultaron determinantes, como prueba de peso en la resolución final, tanto los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la declaración prestada durante el juicio por el teniente coronel Antonio Balas, quien acusó directamente al exlíder del PSOE de diseñar el puesto que posteriormente fue adjudicado al hermano del presidente del Gobierno.

La sentencia señala: “Sumamente ilustrativa para este Tribunal fue la testifical-pericial del teniente coronel”. Asimismo, y con base en las citadas actuaciones de la UCO, añade: “La decisión política de crear la plaza partió de un nivel superior, siendo la Presidencia de la Diputación el origen de la idea”.

En este sentido, el fallo también justifica la intervención de los correos electrónicos durante la instrucción al concluir que “no ha sido vulnerado el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones de los encausados”.

La Audiencia debía decidir si David Sánchez accedió de forma irregular a la plaza de coordinador de Conservatorios; si posteriormente ese puesto fue adaptado a sus necesidades, transformándose en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas; y si, además, promovió la contratación de su amigo Luis Carrero para trabajar con él como coordinador de Actividades Transfronterizas.

La justicia considera que Gallardo es autor de dos delitos de prevaricación, correspondientes a la creación de la citada plaza y a su posterior cambio de denominación. Al resto de implicados los considera culpables de “cooperación necesaria” en relación con estos dos puestos, excepto a Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, al que también considera “autor” por la contratación de Carrero. Este último, por su parte, es condenado como cooperador necesario. 

Sobre esta segunda plaza, la resolución afirma que también era “innecesaria y huérfana de funciones, con el exclusivo afán de adjudicarla en comisión de servicios al antiguo colaborador y amigo de David Sánchez”.

La sentencia añade respecto a Gallardo: “Las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar al que sería reelegido secretario general del PSOE y, con el tiempo, presidente del Gobierno, respondiendo a un propósito de congraciarse con aquél al haber apoyado en el XXXIX Congreso del partido a la candidata perdedora de las primarias (Susana Díaz)”. Sin embargo, cuando David Sánchez accedió a la plaza, Pedro Sánchez no era siquiera secretario general del PSOE.

El dictamen de la Sala, presidida por José Antonio Patrocinio Polo e integrada por los magistrados Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo, recuerda que “el nepotismo es una práctica consistente en el trato de favor o enchufismo hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos, ascensos o beneficios, ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen. Esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades”.

Así, y a la espera de que se presenten los recursos correspondientes, la justicia ya se ha pronunciado sobre un caso que llegó a la Audiencia Provincial sin acusación del Ministerio Fiscal, lo que llevó a los magistrados a subrayar su “imparcialidad”. Durante el procedimiento, además, las defensas reprocharon un supuesto “sesgo político” a las acusaciones populares, representadas por Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, Abogados Cristianos y los partidos políticos Vox y PP.

Un bebé de apenas tres meses. Una intervención rápida y directa de los servicios sociales al apreciar una situación de “desamparo” y “gravedad”. Unos abuelos que han plantado cara a la Administración para recuperar a su nieto. Y un periplo judicial que evidencia las grietas y las consecuencias del sistema de protección de menores. Tres años después, una sentencia les da la razón. El niño ya puede volver con ellos. Por el camino quedan informes muy duros y situaciones dolorosas. Ahora surge un nuevo reto: cómo afrontar el regreso de un menor que ya había creado vínculos con una familia de acogida ajena a su entorno biológico.

El bebé nació a finales de marzo de 2023. Dos meses después ya existía un expediente oficial sobre las circunstancias en las que vivía. Apenas dos semanas después de ese primer documento, se dictó una resolución que lo declaraba en “situación de desamparo”.

El proceso partió a raíz de los informes realizados por una trabajadora social del pueblo donde reside la familia, en la provincia de Badajoz. En ellos se hacía hincapié en “la mala relación entre los progenitores”, citando, por ejemplo, un incidente entre ambos que terminó con “la intervención de los servicios sociales y la Guardia Civil”. También se ponía el foco en “la falta de comprensión de ambos padres sobre la necesaria asistencia al menor” y en “la absoluta insuficiencia de apoyos de la familia extensa”.

En las resoluciones que dieron la razón a la Junta de Extremadura, responsable de la cartera de Servicios Sociales, Infancia y Familia en la comunidad autónoma, la intervención se justifica, entre otras causas, por la discapacidad intelectual del 65% reconocida a la madre. También se señalaba que la vivienda donde residían no estaba en condiciones adecuadas, al presentar “falta de ventilación”.

Estos son los principales argumentos recogidos en los documentos oficiales que avalaron la retirada del menor a sus progenitores; estos expedientes consideraron igualmente que los abuelos maternos, que solicitaron hacerse cargo del niño, tampoco estaban capacitados para ello.

“Hace falta una valoración muy exhaustiva para que te quiten a un bebé. Tiene que existir un seguimiento continuado. Y en este caso no ha sido así”, explica a infoLibre Estrella Santiago, la abogada pacense que ha llevado el caso desde el principio. También sostiene que los informes presentados por la trabajadora social “no se ajustan a la verdad, ya que se exageran los hechos”.

Santiago interpuso primero un recursos en nombre de los progenitores, aunque sin éxito; después hizo lo mismo en representación de los abuelos maternos, y en este caso sí ha habido sentencia a favor.

Es en este punto donde ha centrado su batalla judicial, al considerar que se ha vulnerado la Ley del Menor, que establece que la prioridad debe ser que el niño permanezca en su entorno familiar con el apoyo de los servicios sociales. Salvo excepciones.

En uno de los procesos judiciales, la abuela declaró que “solamente una vez fue la asistencia social de su pueblo a valorar su situación, que su capacidad económica era favorable, siendo trabajadora a media jornada, teniendo una vivienda en propiedad, y que su marido, pensionista, ganaba sobre 1.033 euros mensuales, y ella unos 753 euros”. Explicó además que tenía otro hijo cumpliendo condena y que este “se iría a vivir con ella cuando saliera de prisión”.

En la primera demanda presentada por los abuelos, hace algo más de un año, la jueza falló de nuevo a favor de la Junta de Extremadura. Entre los argumentos expuestos figuraban “el tiempo que pasaba la abuela fuera de casa trabajando” y su actitud negacionista sobre la situación de desamparo que había vivido su nieto.

La resolución también hacía referencia a la situación del otro hijo del matrimonio que iba a residir en el mismo domicilio tras cumplir condena por delitos de violencia de género cometidos entre 2014 y 2018. Asimismo, mencionaba su adicción al cannabis.

La sentencia recogía igualmente que la abuela había cursado una Formación Profesional en geriatría y que durante los cinco años anteriores había trabajado como auxiliar sociosanitaria.

Durante su declaración aseguró que contaba con “una red familiar amplia en la que se llevaban todos bien”. También afirmó que su hijo estaba rehabilitado y explicó que su hija se había separado del padre del menor y residía con otra pareja en una localidad distinta, aunque mantenían un contacto frecuente mediante videollamadas.

Pese a ello, la jueza concluyó que “de su declaración no se extraen conclusiones que permitan considerar que el menor no se encontraría en el mismo entorno y contexto del que derivó su situación de desamparo”.

La resolución aplicaba un criterio similar al abuelo, al que describía como una persona de “escaso nivel cultural” y con “inteligencia límite”. La familia recurrió entonces ante la Audiencia Provincial de Badajoz, donde finalmente ha conseguido un giro en el caso.

El nuevo dictamen, conocido hace apenas unos días, considera que “no se ha respetado el principio de preferencia de acogimiento familiar”, que no se valoraron suficientemente “las posibilidades de los abuelos del menor” y que se dio un peso excesivo a “la situación penal del tío”. Sobre este último, la resolución destaca que durante el cumplimiento de la condena mantuvo una “conducta correcta y que se sometió a tratamiento terapéutico para superar su adicción” y no presenta antecedentes policiales recientes.

La sentencia vuelve a citar el informe del Equipo de Acogimiento Familiar de Badajoz, que concluía que ambos abuelos “carecen de suficientes capacidades para poner en marcha un modelo de crianza que aporte atención personal y educativa para su nieto” y que necesitarían unos apoyos “tan importantes que serían inasumibles para la Administración”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial contrapone ese informe con otro elaborado por los servicios sociales del municipio, en el que se afirma que la vivienda de los abuelos reúne “condiciones de habitabilidad adecuadas, que está limpia y ordenada, y que la abuela trabaja como cuidadora en una de las residencias de mayores de la localidad y que tiene buenas relaciones con su familia extensa”. También cita un informe de la Policía Local que describe una “conducta normal y cordial con el resto de los vecinos” y señala que no constan antecedentes.

La resolución añade: “No alcanzamos a entender por qué motivo una persona que trabaja en el ámbito del cuidado de ancianos no está sin embargo capacitada para cuidar a su nieto, especialmente cuando se trata de una abuela joven, de 55 años. Todo parece indicar que se trata de una familia que se encuentra en unos parámetros de normalidad social y que se relaciona con otros matrimonios de su edad, y, aunque hayan podido tener problemas en la crianza de sus hijos, sobre todo en la adolescencia, no tienen por qué reproducirse. No debemos olvidar que estamos valorando su idoneidad para un acogimiento en principio temporal”. La tutela, en cualquier caso, seguiría correspondiendo a la Administración regional.

La Audiencia también destaca que, durante las visitas mensuales en el Punto de Encuentro Familiar, “la tónica general ha sido la normalidad”, y que los abuelos siempre mostraron afecto hacia el menor.

La sentencia concluye que “las hipotéticas carencias de los abuelos pueden ser suplidas por los servicios sociales de la Junta, con los que deben tener una actitud colaborativa. Permanecer en el ámbito de su familia de origen le va a resultar al menor, sin duda, muy beneficioso”.

“Y ahora viene un momento complicado. Porque ese niño ya ha establecido lazos con una familia ajena con la que el acogimiento ha pasado a ser permanente, puesto que han pasado más de tres años. Ahora hay que arrancarlo de los brazos de esa familia. Aquí mi recomendación siempre es que el proceso se haga poco a poco, que no sea una medida radical, porque siempre tiene que primar el interés y el bienestar del menor”, explica la abogada.

El objetivo del sistema de protección es que los niños, sobre todo los menores de tres años, no residan en alguno de los centros de acogida que existen en la región. Por eso se potencia el concepto de familia de acogida, que puede ser extensa, cuando hay lazos de sangre, o ajena, cuando no existe ningún vínculo previo. La Junta de Extremadura lleva a cabo campañas para explicar qué significa esta segunda figura y por qué es fundamental. Quienes forman parte del programa saben que nada tiene que ver con la adopción, que ellos son responsables de los cuidados, pero la tutela la mantiene la Administración regional. Las situaciones son muy diversas y sí hay casos en los que esa acogida temporal termina en permanente y a veces en adopción, pero es un proceso largo y complicado. Los niños proceden de contextos complejos y cada proceso evoluciona de manera diferente.

Al hilo de esta cuestión, Santiago también recuerda que presentó una queja ante del Punto de Encuentro Familiar, donde los abuelos podían pasar una hora al mes con su nieto, porque en algunas ocasiones la familia de acogida no acudió a las visitas.

La letrada, que ahora prepara una demanda contra la Junta por daños morales, insiste en que es fundamental cumplir la ley: “La primera opción es que el menor se quede con alguien de la familia y que, si es necesario, reciba el apoyo de los servicios sociales. No puede existir arbitrariedad en asuntos tan sensibles. Lo que siempre debe prevalecer es el interés del menor. En este caso no ha sido así. Y ahora toca afrontar las consecuencias”.

Más muertes que nacimientos. Unas condiciones económicas y sociales que no resultan atractivas ni para autóctonos ni para foráneos. Y mayor freno a los que sí quieren venir a base de políticas discriminatorias. Si la tendencia se mantiene, Extremadura seguirá sufriendo en la próxima década la herida demográfica. Es más, será la comunidad donde el vacío de la despoblación se extienda más. Así lo dibuja la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula una pérdida de casi 50.000 habitantes en un plazo de 15 años.

Esta cifra significa, por ejemplo, un número cercano a los residentes que tiene ahora mismo Mérida –unos 61.000–, capital autonómica y tercera localidad más populosa de la región (tras Badajoz y Cáceres).

El número implica igualmente una caída del 4,5%, lo que dejaría a todo el territorio extremeño con 1.007.474 personas. Por comparar, la ciudad de Valencia suma ahora mismo 850.000 vecinos; y la de Sevilla, 700.000 (en ambos casos, sin tener en cuenta las respectivas áreas metropolitanas, que elevan el dato muy por encima del millón).

Además, la bajada es aún más llamativa si se tiene en cuenta que a nivel nacional, en ese mismo periodo analizado, se espera un incremento poblacional del 8,57%.

Más datos: la provincia de Badajoz se verá más afectada que la de Cáceres, con un descenso de habitantes del 4,83% y del 4,03%, respectivamente. Ante esta realidad, la supervivencia de los 160 municipios que ya hay bajo amenaza de desaparición será un reto aún mayor.

Y otra conclusión más del INE: dentro de 15 años, en Extremadura habrá un 36,1% de hogares donde solo viva una sola persona (ahora mismo es el 32%), mientras que a nivel nacional será el 30,6%. En estos porcentajes afecta directamente el actual modelo social: envejecimiento, bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes.

Pero la realidad que refleja esta reciente estadística no es nueva, ni mucho menos. La pérdida de habitantes es uno de los problemas crónicos que arrastra Extremadura. De hecho, desde 2012, la curva va hacia abajo sin tregua. Ahora mismo la región está en 1.053.345 residentes. En comparación con hace 14 años, son un 4,6% menos, un porcentaje prácticamente idéntico al de bajada que el INE prevé en un periodo similar futuro.

Y un elemento clave: el descenso no ha sido aún más llamativo gracias a la llegada de migrantes. Si bien entre 2002 y 2012 los extranjeros hicieron crecer el número total de habitantes, a partir de esa fecha y hasta la actualidad son los que han evitado una caída mayor.

Los datos evidencian que la población autóctona va disminuyendo al mismo tiempo que los que llegan de fuera crecen o se mantienen. Son, básicamente, los que ponen freno a la despoblación, a pesar de representar apenas un 4% del total de residentes, destacando principalmente los procedentes de América Latina.

El tiempo que se lleva hablando de sangría demográfica y sus consecuencias es el mismo que se lleva intentando buscar soluciones analizando las causas, que se repiten en cada análisis. Así lo vuelve a recordar la secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, Mari Cruz Lara: “Si los jóvenes solo se encuentran con salarios y trabajos precarios que además no se corresponden con su formación, lo normal es que se marchen a otra comunidad o a otro país”.

Prosigue Lara: “Extremadura necesita gente para mantener su mercado de trabajo, para poder garantizar el relevo generacional, y lo que no podemos hacer es poner trabas a quienes vienen de fuera dispuestos a ser parte de la comunidad. Muchas de esas personas llegan sin papeles y los consiguen una vez que ya están aquí. Un ejemplo son muchos jóvenes estudiantes nicaragüenses que tuvieron que salir del país por motivos políticos, pero hay muchas situaciones y contextos. Y estas personas vienen a contribuir, a pagar sus impuestos, a alimentar las arcas. Por eso lo que se debe fomentar es una migración con empleo digno y en igualdad de condiciones”.

El sociólogo y antropólogo de la Universidad de Extremadura (Uex) Domingo Barbolla, que lleva décadas analizando los cambios demográficos y los movimientos migratorios, expone: “La situación económica en la región no es atractiva para retener a las mujeres jóvenes, que son las que podrían tener hijos. Y tampoco resulta la comunidad atrayente para los de fuera, de manera que las zonas rurales lo tienen complicado. De alguna forma se intenta hacer una apuesta importante por la comunicación virtual en los pueblos, para favorecer otro tipo de empleo, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda, las localidades más pequeñas deberían resultar núcleos interesantes. Pero hay en general una tendencia global a ocupar grandes ciudades siguiendo la lógica de las aspiraciones”.

En este contexto, Barbolla afirma con rotundidad que los picos de población que ha podido experimentar Extremadura responden directamente a las personas de otros países, que la tendencia de emigrar de los jóvenes no ha cambiado.

En su explicación, también argumenta que el problema no es tanto el envejecimiento de los pequeños municipios como buscar nuevas fórmulas que se adapten a la realidad: “Por supuesto que hay que activar políticas de atracción y no de rechazo. Pero igualmente se puede organizar la sociedad de otra manera, fomentando los derechos sociales, repartiendo la riqueza con otra fórmula”.

El antropólogo va más allá: “Se debe tener una mirada global cuando se analiza el tema demográfico. Lo que está claro es que aumentar la población del planeta no es posible porque hemos agotado los recursos y encima no queremos renunciar a nuestro nivel de vida. Y esa realidad hay que tenerla presente cuando hablamos de disminución de habitantes”.

Por su parte, la portavoz de CCOO reflexiona: “El reto no es elegir entre población local o migrantes, debe haber proyecto para todas las personas, debemos hablar de aldea global. La inmigración debe formar parte de una estrategia económica y demográfica”.

Una de las medidas que la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa para combatir la despoblación son las políticas de natalidad para que nazcan más niños. De hecho, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), justificó el recorte a la Cooperación Internacional argumentando que el dinero se iba a destinar a esta causa. Ahora mismo lo que está en vigor es “un pago único de 500 euros por cada hija o hijo nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado la guarda con fines de adopción” y uno de los requisitos es ser residente en municipios de menos de 3.000 habitantes, según recoge el Ejecutivo regional.

“Sin un plan de empleo y sin opciones laborales, esas políticas natalistas no sirven de nada”, reivindica Barbolla. Con él coincide Mari Cruz Lara: “Ayudas a la natalidad siempre ha habido. Y esto no deja de ser un parche más que sirve de poco”, asegura. “Ofrece guarderías gratuitas y centros de mayores, eso es lo que ayuda a la conciliación”.

Además, la citada consejería de Desregulación, desde la que se fomenta la ideología de “prioridad nacional”, se ha planteado eliminar los planes de igualdad en las empresas al considerar que suponen "burocracia ideológica disfrazada de progreso”. A estas declaraciones contesta la representante de CCOO: “Todo lo que sea derogar lo conseguido es un retroceso, hemos avanzado en derechos, sobre todo cuando una mujer se incorpora a un puesto de trabajo, y hay una mayor concienciación social. El camino es mejorar estos planes, no retirarlos. Así también se potencia la conciliación”.

Entre Badajoz y Elvas, la localidad portuguesa más próxima a la frontera, apenas hay 20 kilómetros. Aunque el tránsito de personas entre ambas ciudades es diario y constante, no existe una ruta de autobús con horarios prácticos que dé cobertura a esa movilidad. Évora, la capital del Alentejo, con 55.000 habitantes y una importante universidad, está más cerca de Badajoz que de Lisboa: la separan de la ciudad extremeña unos 100 kilómetros por autovía. Sin embargo, ningún transporte público conecta a sus residentes, ni a los de los municipios de alrededor, con el aeropuerto pacense.

“Son solo dos ejemplos para explicar que, aunque no hay frontera física, los territorios vecinos no comparten recursos. No hemos sido capaces de asimilar que la llamada La Raya es invisible”, expone Jesús Pérez-Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex). “Nadie en Badajoz monta un negocio sin pensar en los clientes que vendrán de las ciudades portuguesas vecinas, porque son fundamentales, y viceversa. Pero después, a la hora de llevar a la práctica esa puesta en común, no hay iniciativas”, añade.

Hace unas semanas, en un acto nacional de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, volvió a poner sobre la mesa la idea de una alianza entre España y Portugal que pudiera traducirse en una potente nación de 60 millones de habitantes dentro de la Unión Europea. “Ojalá un Benelux Ibérico”, expresó ante los presentes de ese foro. Entre los asistentes se encontraba el embajador luso, José Augusto Duarte, que respondió así a esta propuesta: “Lo que sea bueno para Badajoz, lo será para Portugal”. Además, Duarte dejó claro que el proyecto de eurorregión es una prioridad para su país, aunque aseguró que su impulso depende de las administraciones locales.

El profesor de la Uex matiza esa idea: “Pero es que el Benelux ya lo tenemos. Ese tratado de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fue el germen de la UE; en este caso ya disponemos de moneda única y libre circulación. Ahora lo que hacen falta son decisiones políticas”. Pérez-Mayo sí aprecia una evolución de las relaciones económicas entre Extremadura y el Alentejo, dos regiones marcadas por el envejecimiento de su población y por situarse entre las más pobres de sus respectivos países.

Por eso insiste en la necesidad de implicación política a ambos lados de La Raya: “Porque España mira hacia el Mediterráneo y Portugal hacia el Atlántico; es necesaria una visión conjunta, global, para hacer contrapeso”.

En el citado foro, Gragera resaltó también la importancia de avanzar en la línea de AVE Madrid-Badajoz-Lisboa (que acumula décadas de retraso) y en potenciar la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, situada justo en la frontera. En ambos proyectos, la reclamada estación internacional Badajoz-Elvas será clave.

Pero más allá de las declaraciones del alcalde pacense y de la repercusión de sus palabras, no hay un plan concreto. Solo un deseo al aire y algunos antecedentes.

De la cooperación transfronteriza con Extremadura como protagonista se viene hablando desde hace décadas. Guillermo Fernández Vara, quien fuera presidente de la Junta, diseñó el llamado Plan Portugal durante su primera legislatura, hace casi 20 años. El objetivo principal era fortalecer relaciones e intereses comunes entre el país vecino y la comunidad autónoma en materia sanitaria, cultural y educativa.

En su segundo mandato, que arrancó en 2015, volvió a ponerlo sobre la mesa: "¿Dónde se construye más Europa? ¿En los grandes foros que nadie entiende o en las fronteras?", defendía entonces. La intención estaba ahí.

Hubo ejemplos de esa alianza llevada a la práctica, como el acuerdo sanitario entre Extremadura y el Alentejo, concretamente entre el área de salud de Badajoz y los centros hospitalarios de Elvas. En 2006 se firmó un protocolo de asistencia a la mujer embarazada que permitía el seguimiento de la gestación y la atención en el parto a aquellas que procedían de municipios cercanos al otro lado de La Raya. En aquel momento, el ala de maternidad elvense echaba el cierre y los vecinos lusos perdían un servicio básico.

Entre 2006 y 2011 se atendieron en Badajoz 1.000 partos de mujeres portuguesas, además de 2.000 ingresos y unas 3.500 urgencias. El convenio daba cobertura tanto a los recién nacidos sanos como a los que presentaban alguna patología y debían quedarse ingresados.

Actualmente lo que queda es la normativa común europea, según la cual cualquier mujer deber ser atendida en Urgencias si está de parto. Pero ya no existe seguimiento previo ni atención posterior.

La desaparición de este protocolo supuso, por una parte, una descarga de trabajo para los sanitarios del área pacense. Pero, al mismo tiempo, el hospital de Badajoz perdió la posibilidad de acceder a programas europeos con los que, por ejemplo, pudo adquirir un TAC para el estudio de pacientes oncológicos.

Lo que sí sigue generando actividad es la eurorregión Euroace, formada por Extremadura, el Alentejo y la región Centro de Portugal. Se creo en 2009 y desde entonces se encarga de potenciar las relaciones entre administraciones, universidades, empresas y organizaciones sociales, además de impulsar proyectos conjuntos financiados por la Unión Europea.

Una de las personas más implicadas en promover esta eurorregión desde el ámbito académico es Luis Fernando de la Macorra, profesor ya jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uex y experto en las relaciones entre España y Portugal.

Lo primero que plantea De la Macorra es que el nombre más adecuado para definir esta alianza sería Consejo/Conselho Ibérico. “Podría seguir el ejemplo del Benelux o del Consejo Nórdico de los países escandinavos e Islandia”, explica.

Desde su punto de vista, no se debe reducir solo a la suma de dos economías, “sino a la creación de un espacio capaz de aprovechar mejor sus recursos, su situación geográfica y sus capacidades humanas y tecnológicas”. Considera que la posición estratégica entre Europa y el Atlántico permitiría una fuerte competitividad internacional.

“No sería diluir las identidades nacionales, sino construir una comunidad de intereses con más oportunidades para ambos países”, aclara.

En este contexto, Extremadura se convertiría en ejemplo de “cómo cambia la geografía cuando se adopta una perspectiva ibérica”: dejaría de ser solo un territorio de paso para convertirse en un espacio de encuentro.

Para De la Macorra, ese Consejo Ibérico debería levantarse sobre tres pilares. El primero, institucional y político, basado en la coordinación entre administraciones. El segundo, social y ciudadano, con un papel activo de universidades, asociaciones, empresas y sindicatos, entre otros. Y el tercero, el cognitivo o estratégico, concebido como un laboratorio de ideas con especial atención a la inteligencia artificial y la transición energética.

“No se trata de crear una nueva burocracia ni se plantea una unión política, sino la construcción progresiva de un espacio cada vez más profundo y eficaz”, subraya. Y añade: “La cooperación económica, científica, tecnológica, educativa y cultural puede avanzar mucho antes que cualquier debate institucional”.

En cuanto al papel de las infraestructuras, este docente de la Uex asegura que son esenciales “porque convierten la alianza en una realidad tangible”. De ahí la importancia de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa y de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, que conectaría con los puertos atlánticos portugueses. Se conformaría así un eje vertebrador en el espacio ibérico.

No obstante, advierte, “las infraestructuras son una condición necesaria, pero insuficiente si no se integran en una estrategia más amplia de colaboración económica, científica, educativa y cultural”.

De la Macorra destaca acciones que ya se han puesto en marcha y pueden servir como paradigma, como Transcom Euroace, una iniciativa que apuesta por comunidades energéticas transfronterizas y redes compartidas de autoconsumo.

Cree que ese es el camino, pero insiste en la defensa de una idea global para que el Consejo Ibérico funcione: “Seguimos demasiado centrados en proyectos sectoriales sin apostar por un verdadero espacio funcional”. Dentro de ese espacio, considera primordial la creación de un mercado laboral transfronterizo: “Hay muchas barreras administrativas para que un extremeño trabaje en Portugal o un portugués en Extremadura”.

Hasta ahora, el debate se ha centrado sobre todo en análisis políticos y económicos. Pero la perspectiva sociológica influye igualmente en la idea de unión. “Las fronteras europeas son inexistentes, hay libre circulación de personas y mercancías, pero los muros que tenemos son identitarios, porque el sentimiento nacionalista, el sentimiento de pertenencia a valores comunes, manda”, expresa Manuela Caballero, socióloga y profesora de la Uex.

Y recurre a las huellas de la historia para explicar las relaciones a ambos lados de La Raya: “La alianza militar de Portugal fue con Inglaterra, se sentían defendidos por este país”, recuerda. Y en cuanto al papel de España, el país vecino, bromea: “Solo hay que mirar hacia donde apuntan los cañones de la fortaleza defensiva de Elvas…”.  

“Siempre ha habido proyectos para limar asperezas —prosigue Caballero—, pero continúan existiendo grandes diferencias cuando se habla de esa idea de crear la gran Iberia”.

No obstante, sí destaca programas de colaboración con la Universidad de Évora. También afirma que ya es habitual que en sus clases haya alumnos portugueses. Para esta profesora de la Uex, la evolución es evidente, “sobre todo porque en Extremadura y el Alentejo tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el peso de la agricultura”.      

En este contexto de impulso a un especio ibérico basado en la cooperación y las alianzas, Caballero lanza una última reflexión sobre otro concepto defendido desde Extremadura, la llamada prioridad nacional: “Llegan estas ideas de replegarse a las esencias, que a algunos les viene bien para diferenciarnos, pero a la vista está que son mensajes contradictorios”.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

“Esto es como si vamos a una revisión médica. Algo siempre nos van a encontrar...”. Fueron las palabras del letrado Emilio Cortés en el arranque de un juicio que se ha convertido en uno de los focos nacionales de la semana. Cortés es el abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Se ha sentado en el banquillo acusado por la forma en que accedió a su plaza de coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz en 2017, por cómo adaptó esa plaza después –a supuesto beneficio propio– a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y por cómo colaboró para que otro puesto se adjudicara a un amigo suyo. En estas inculpaciones también está involucrado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE de Extremadura.

Mucha tensión, jornadas maratonianas de interrogatorios y declaraciones, testimonios cruzados y un despliegue mediático inusual han sido los ingredientes. Una puesta en escena aderezada con la manifestación expresa de la Audiencia Provincial para subrayar su “imparcialidad” y las recriminaciones de “sesgo político” desde las defensas a las acusaciones populares, representadas por el colectivo ultra Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, Abogados Cristianos, Vox y PP.

El proceso empezó dándole cierto oxígeno a los dos implicados principales. Para Sánchez desaparecía el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerarse que había prescrito, no obstante, era una cuestión leve. Por lo que se le pide prisión es por su influencia directa en los supuestos enchufes. Por su parte, Gallardo se libraba de ser juzgado por la presunta contratación irregular de Luis Carrero, el citado amigo de Sánchez e imputado igualmente. El tribunal estimó en este caso "acusación sorpresiva", ya que Gallardo no tuvo la oportunidad de declarar durante la fase de instrucción por esta cuestión.

En ambos casos fueron las defensas las solicitantes y lo apoyó la Fiscalía, la cual, habría que recordar, había pedido la absolución de los 11 procesados (a los tres nombrados se suman otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Institución provincial).

Los primeros testigos que pasaron por la Audiencia movieron la balanza a favor de los inculpados. Fue el caso de Evaristo Valentí, uno de los directores del conservatorio y autor del ya famoso correo electrónico en cuyo asunto aparecía el término el hermanísimo. Lo mandó el mismo día que se publicaron las bases que describían el puesto de coordinador de conservatorios.

Si bien durante la fase de instrucción aseguró que, meses antes de que la plaza fuera adjudicada a David Sánchez, ya había “un rumor” de que sería para él, esta vez aclaró que ese citado “rumor” se refería a que era uno de los candidatos, el más llamativo, no a que fuera a ser el elegido. De hecho, aseguró que ni siquiera recordaba haber usado este término y que resultó “una sorpresa verlo en los informativos”.

No obstante, Valentí sí declaró que en ningún momento la idea de crear ese puesto había sido suya, todo lo contrario, no lo veía necesario ni apropiado, aunque reconoció que David Sánchez tenía la formación adecuada para cubrirlo.

Por su parte, las otras dos directoras de conservatorio que hablaron ante el tribunal, Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez, coincidieron en defender la importante labor en la difusión de la música llevada a cabo. La segunda de ellas aseguró: “La ayuda de Sánchez nos vino muy bien”. Eso sí, mientras estuvo de excedencia y baja paternal nadie lo sustituyó.

También pasaron por la Sala de la Audiencia Provincial algunos de los otros 10 aspirantes a la plaza de coordinador de conservatorios, como el profesor de violín Nerses Avakimyam Gasparov, quien afirmó que no observó nada anómalo en las bases de la convocatoria ni en el proceso selectivo. Lo cierto es que ninguno de los candidatos denunció irregularidad alguna.

También destacó Gasparov la importancia del proyecto de Ópera Joven puesto en pie por David Sánchez y enmarcado dentro de la Oficina de Artes Escénicas: “Es muy positivo porque involucra a profesores y alumnos y porque permite hacer prácticas”, aseguró.

Asimismo, los funcionarios de la Diputación de Badajoz que también declararon insistieron en que no apreciaron ninguna incorreción y que la Institución provincial actuó con respeto a la legalidad.

Pero la situación empezó a girar a favor de las acusaciones con el testimonio de otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, profesora de música, quien habló de “desigualdad y falta de oportunidades” en el proceso selectivo, aunque no lo denunció en su momento porque, dijo: “No me iba la vida en ello”. También afirmó que “un amigo” le había dicho que “la plaza ya estaba adjudicada”.

Así, su testimonio puso en duda la legalidad de la contratación del hermano del presidente del Gobierno.

Y la balanza siguió inclinándose hacia las acusaciones populares con las declaraciones del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas. Sus palabras fueron directas: atribuyó a Gallardo la iniciativa de diseñar el puesto que después se adjudicó a David Sánchez. Es su deducción tras el análisis de los correos electrónicos intervenidos.   

Balas aseveró que la plaza –con categoría de alta dirección y de libre designación– no salió del área de Cultura y que respondía más a una decisión política. Añadió, tras las preguntas de Manos Limpias, que estaba pensada para “una persona determinada”.

Lo cierto es que averiguar de quién fue la iniciativa de constituir el cargo de coordinador de conservatorios es una de las claves del juicio para establecer las responsabilidades de los implicados en este proceso judicial.

Balas también recalcó: “La seguridad de buscar alojamiento es llamativa”, en referencia a la suposición de que David Sánchez indagó en las opciones de vivienda que había en Badajoz, ciudad en la que no residía, antes de saber que la plaza era suya. 

Qué era la Oficina de Artes Escénicas y dónde estaba ubicada se ha convertido en otro de los asuntos fundamentales de este proceso. En las esperadas declaraciones de David Sánchez en la Audiencia Provincial, durante las que solo respondió a las preguntas de su abogado, explicó que no se trataba de “un espacio físico con ventanilla” sino de una “categoría administrativa”. Esta vez sí contestó sin titubeos, con más convicción que durante la fase de instrucción.

Sobre la modificación de su cargo de coordinador de conservatorios a jefe de la citada oficina, remarcó que él se enteró de este cambio cuando ya estaba hecho y que entendía que el mismo se había producido “por la evolución natural de las actividades que ya se realizaban”. En este sentido, resaltó su labor de conectar alumnos, egresados y profesores con el proyecto Ópera Joven, que incluía “talleres vocales, creación teatral y proyectos expositivos”.

Otra cuestión decisiva es la contratación de su amigo Luis Carrero, que ejerció en la Institución provincial de jefe de coordinación de actividades transfronterizas. A Sánchez se le acusa de amañar el procedimiento para beneficiarlo. Durante su declaración reconoció alguna “colaboración puntual” antes de que Carrero llegara a la Diputación pacense. “Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, pero era algo desinteresado completamente”, indicó.

En relación al correo electrónico del que se extrae que ambos ya sabrían que el puesto era suyo antes de que fuera oficial, Sánchez explicó ante la Sala de la Audiencia: “Yo escuché en los pasillos que iba a ver un refuerzo en el área de Cultura y le dije: ‘Estate atento por si te interesa’. El malentendido es que confundí que la plaza estaba adjudicada con la publicación de la plaza, pero inmediatamente, en ese mismo correo, él me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario”.

Acerca de las acusaciones que recaen sobre él por su presunta intervención en la creación de puestos, David Sánchez expresó con contundencia: “No tengo capacidad de influir en nada”.

Otra de las declaraciones que más expectación generaba era la de Gallardo que, al igual que el resto de imputados, solo contestó a las cuestiones de su defensa. Sus palabras más llamativas fueron la respuesta que dio a la UCO después de ser señalado directamente como el ideador del polémico cargo. “Es un enorme desconocimiento de cómo funciona una administración pública, se mezclaron conceptos”, dijo. “Asistí a una novela de ficción”, añadió en relación a las conclusiones de los representantes de la Guardia Civil basadas en los emails intervenidos en los que, de momento, solo hay indicios.

Sobre su relación con Pedro Sánchez, que en la fecha en la que su hermano se incorporó a la Diputación de Badajoz todavía no era presidente del Gobierno, ni siquiera líder del PSOE, aunque lo sería en pocos días, aseveró: “Tampoco es que tuviera una relación muy fluida con él, ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos”.

En este sentido, manifestó: “Alguien de mi gabinete me dijo que entre los aspirantes estaba él y dije: que gane el mejor”.

Gallardo no perdió la oportunidad de lanzar un dardo a quienes han empujado para que él y los demás estén sentados en el banquillo. “Las acusaciones políticas, perdón, populares”, soltó. La ironía le costó la llamada de atención del presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio.

El resto de imputados declararon posteriormente y tuvieron en común la defensa del procedimiento para crear y adjudicar las plazas en cuestión así como la afirmación de que ninguno sabía quién era David Sánchez.

Entre ellos destacó la intervención de Manuel Candalija, director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, quien defendió que el proyecto de Sánchez fue el más interesante durante el proceso de selección. Igualmente afirmó que la propuesta de Cristina de Frutos, la aspirante que ejerció también de testigo, evidenciaba cierto “desconocimiento sobre la administración local y el funcionamiento de los conservatorios”. 

Asimismo, Candalija aseguró sobre Luis Carrero que fue el único que se presentó a la plaza que después ocupó.

Con los interrogatorios ya finalizados, hubo una petición de Manos Limpias para que se recuperaran las declaraciones de David Sánchez durante la fase de instrucción, las cuales fueron muy polémicas por la dificultad del imputado para explicar su labor y dónde se desarrollaba.

La Sala de la Audiencia Provincial aceptó la solicitud y se volvieron a escuchar las preguntas de la jueza Beatriz Biedma.

Llegado el momento de las conclusiones definitivas, lo llamativo fue que si bien Manos Limpias, impulsora de este proceso judicial, mantuvo su escrito de calificaciones incluyendo la rebaja de petición de pena a Gallardo a año y medio de cárcel tras la decisión de la Sala de no inculparle por la causa de Luis Carrero, otras acusaciones populares como PP y Vox, que fueron de la mano, decidieron agravar las penas y solicitar hasta el doble: seis años de prisión para Sánchez y cuatro para Gallardo. Las defensas protestaron, lo calificaron incluso de “insólito”, pidieron un aplazamiento de 10 días y hasta que se declarara “indefensión por acusación sorpresiva”. Pero la Audiencia decidió aceptar la elevación de penas y continuar con los plazos ya establecidos.

El juicio seguirá este lunes 8 de junio, será entonces el momento de los informes finales.

“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.  

Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.

Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.

Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.

Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.

Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.

La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.

A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.

“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.

Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.

En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.

Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.

Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.

“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.

El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Hay 42 testigos citados, entre ellos, Álvaro Jaén, quien fuera líder regional de Podemos y el primero en denunciar —ante los medios de comunicación, no en los tribunales— la creación de esta plaza y su adjudicación a Sánchez. Jaén pidió explicaciones porque, según afirmó entonces, “no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho”. Fue en 2017.

La crítica de Podemos retumbó en Madrid y le contestó, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar?", subrayó.

Pero la polémica pasó de largo hasta que, siete años después, en 2024, el PP extremeño volvió a situar al hermano del presidente del Gobierno en el centro de la diana. Lo acusó de querer evadir impuestos porque trabajaba en Badajoz y tributaba en Elvas, una localidad portuguesa de La Raya, a 20 kilómetros de la capital pacense, donde tiene fijada su residencia oficial. Los populares aseguraron también que Sánchez no acudía a su puesto de trabajo “porque no fichaba por las mañanas” y que “se le había subido el sueldo por un cambio de funciones sin ningún proceso selectivo de por medio”.

Las recriminaciones del PP fueron recogidas por el colectivo ultra Manos Limpias, que las convirtió en una denuncia que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite.

Un informe de la Agencia Tributaria evidenció posteriormente que no existía fraude a la Hacienda Pública, que su domicilio fiscal en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por su parte, el BBVA desmintió que acumulara 1,4 millones en acciones, como sostenía la querella del colectivo ultra insinuando un enriquecimiento ilícito.

Pero el periplo judicial por la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continuó. A Manos Limpias se sumaron después Vox y el PP, además de Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos. Son las acusaciones populares que han impulsado que los acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial. Es una cuestión clave, ya que la Fiscalía —al igual que las defensas— ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que el procedimiento se sustenta en “conjeturas” y no en indicios reales.

Al respecto, en el auto de apertura de juicio oral emitido por la jueza Biedma, se especifica: “Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”. 

La Diputación de Badajoz ya había tenido una plaza similar a la adjudicada a Sánchez una década antes, pero la eliminó tras jubilarse la persona que la ocupaba. Así, en 2017 recuperó el cargo de coordinador de los Conservatorios como un puesto de trabajo laboral de alta dirección y libre designación. Abrió entonces un proceso de selección en el que hubo 11 aspirantes. A Sánchez —David Azagra de nombre artístico— fue considerado el único “apto”, según un acta redactada por Recursos Humanos. Se valoraron sobre todo sus respuestas en la entrevista personal realizada a cada candidato. Ninguno de los diez aspirantes que quedaron fuera denunció irregularidad alguna durante el procedimiento.    

Tras analizas los más de 50.000 correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza Biedma llamó a declarar, entre otros, al director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, para averiguar por qué mandó un correo con el asunto “el hermanísimo” justo el mismo día que se publicaron las bases para el nuevo puesto. “Es un calificativo que alguien le puso. Había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era uno de ellos, el más llamativo”, declaró Valentí.

De los correos investigados, la jueza también deduce que el puesto de coordinador no fue una petición de los conservatorios, que tenían otras necesidades de personal. Responder a la pregunta de quién propuso crear esa plaza es una de las claves del juicio oral.

David Sánchez declaró en la fase de instrucción que había visto la vacante en la Diputación pacense mientras buscaba trabajo en internet. Antes de llegar a Badajoz había ejercido como director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. En esta ciudad se graduó con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal.

Otra pieza de este proceso judicial será determinar por qué en 2022 se transformó el cargo de Sánchez en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin una convocatoria pública y sin disponer, durante un tiempo, de un despacho o espacio similar donde desarrollar su tarea. Las acusaciones aseguran que el cambio se hizo para adaptarse “a sus preferencias laborales”. Como dato sobre su salario, percibió 57.627,07 euros brutos por un año completo de trabajo. 

También está en el foco de la investigación la contratación en 2024 de Luis Carrero, el citado exasesor de Moncloa, con quien Sánchez ha reconocido que mantiene una amistad de más de 20 años y que entró a formar parte de su proyecto llamado Ópera Joven. La Audiencia Provincial tendrá que dirimir si ese contrato fue otro enchufe en la Administración pública y cuáles son sus consecuencias legales.

Cabe puntualizar que ni Sánchez ni Carrero son ya trabajadores de la Diputación de Badajoz: ambos renunciaron a sus puestos. 

El proceso judicial al hermano de Pedro Sánchez y al exlíder del PSOE de Extremadura ha trascendido los tribunales y ha salpicado de lleno a la política, incluidas las últimas elecciones autonómicas del 21D, en las que Gallardo fue candidato con este proceso judicial abierto. De hecho, hubo voces internas en el partido que pidieron que diera un paso atrás para no perjudicar los resultados.

Gallardo obtuvo el peor resultado de los socialistas en la región, algo que en el partido atribuyeron a varios motivos, y finalmente dejó la secretaría general y su escaño en la Asamblea de Extremadura.

Antes, sin embargo, protagonizó una maniobra muy criticada: decidió convertirse cuanto antes en parlamentario autonómico —no lo era cuando fue nombrado jefe de los socialistas extremeños—, haciendo correr de la lista a cinco compañeros que estaban por delante de él. El objetivo era lograr un aforamiento exprés en mitad del proceso judicial para que la causa pasase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La jueza vio “fraude de ley” en este movimiento y el TSJEx le dio la razón. Pero Biedma también actuó por su cuenta: justo un día después del citado aforamiento exprés de Gallardo, acordó la apertura del juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera los recursos de las defensas y la Fiscalía, que pedían que la causa se archivara.

Así, las acusaciones populares solicitan para los dos principales imputados, David Sánchez y Gallardo, tres años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, reclaman que el primero devuelva lo que percibió de la Diputación pacense.

Está previsto que ambos declaren el próximo 4 de junio, en una jornada en que se espera un amplio despliegue de medios de comunicación para captar la imagen del hermano del presidente del Gobierno entrando de nuevo en los juzgados.

“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.

Lo explica así para infoLibre: “Es una obviedad que hay que seguir el camino de las renovables, pero el modelo que la España Vaciada puso sobre la mesa es ir contra los macroproyectos, porque aniquilan las alternativas. No ha habido control y no se ha tenido en cuenta la sostenibilidad. Tampoco ha servido para fijar población porque la mano de obra que se crea es temporal”.

Con él coincide Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura: “Lo que se ha hecho es alimentar los macroproyectos, no la autosuficiencia de los pueblos para que sean más sostenibles y paguen menos en la factura de la luz. Es lo que ocurre siempre en el medio rural, que es un campo de experimentación; y no se piensa en sus habitantes, sino en el beneficio de las empresas que hay detrás”.

Ella reconoce que en algunos casos estos parques solares se han colocado en terrenos con poca fertilidad o cuyos propietarios no querían hacerse ya cargo “y les ha venido bien vender y llevarse un dinero”. “Igual que a los ayuntamientos, que han tenido ingresos puntuales por determinadas parcelas. El problema está en que, una vez que terminan las obras de instalación, se acabó el empleo, no hay ninguna progresión”. 

Carrasco también habla del impacto visual: “Vas desde Aliseda a Malpartida de Cáceres, que es una carretera preciosa, y estás rodeada de espejos”. “Lo que sí hemos conseguido”, prosigue, “es que en algunos parques solares entre el ganado a pastar”.

Los datos que recoge Red Eléctrica sirven de contexto: en 2015 había 562 megavatios (MW) de fotovoltaica instalados en Extremadura; en 2025 ya eran 8.512 MW. La potencia se ha multiplicado por 15 en una década, destacando en esta cifra las grandes plantas que se reparten por toda la comunidad autónoma.

En cuanto al peso del autoconsumo, apenas se llega al 2% del parque de renovables, la tasa más baja del país, según el informe elaborado por la consultora Opina 360 a través de Red Eléctrica. Habría que añadir, no obstante, que en ese porcentaje influye la poca industria que existe en la región extremeña.

El pasado mes de febrero, cuando todavía la Junta de Extremadura estaba en funciones, se publicó un decreto para determinar las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. En el decreto se buscar dar garantía jurídica a los promotores, pero también se especifica la protección de la dehesa y de los cultivos leñosos (olivar, vid, frutales), por ejemplo.

Este documento lo analiza Eugenio Romero, profesor de Formación Profesional y uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo: “Sacan de la catalogación a los núcleos de población, lo que nos parece un error, porque en los edificios públicos y privados y en las viviendas es donde se debería fomentar el uso de placas para el autoconsumo”.

Romero pone el foco, sobre todo, en el porcentaje de territorio que Extremadura destina a proyectos fotovoltaicos según este citado decreto: “La superficie catalogada como de alta o muy alta capacidad es el 20%, una quinta parte de la región, 840 mil hectáreas. Y si se añaden las zonas con capacidad media se llega al 39%. Por hacer una comparativa, en Madrid solo se permite hasta el 4%. Y a estos datos hay que sumarle que la comunidad extremeña exporta el 80% de la electricidad que genera. No podemos ser una colonia energética para los grandes puntos de consumo”.

En el debate sobre qué camino deben seguir las renovables, inevitablemente aparece la central de Almaraz. Su posible cierre ha generado una gran polémica en Extremadura. “La nuclear nos sobra porque los extremeños solo consumimos el equivalente a la mitad de lo que producen las energías alternativas. Y si Almaraz continúa, supondrá un freno para las renovables, que muchas veces tienen que tirar electricidad porque hay exceso, lo que también afecta a la rentabilidad de las grandes plantas”, subraya el portavoz de la Asociación 25 de marzo. No obstante, va más allá en su reflexión: “Hay una base clara: la transición energética es imprescindible, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la sustitución total del petróleo, el gas y el carbón por energías renovables es muy complicada. La cuestión que se debe poner encima de la mesa es el nivel de consumo energético que llevamos, porque los recursos son finitos. Hasta para extraer minerales hace falta petróleo. Las cosas no se están haciendo bien y hay intereses que chocan. Y no hay que olvidar que muchos de los conflictos bélicos que tenemos son por las materias primas”.

Volviendo a la fotovoltaica y su repercusión en Extremadura, Romero tiene claro que estos macroproyectos son “una burbuja sostenida con fondos públicos”.

En cuanto al autoconsumo, asegura: “Cualquier país del norte de Europa, con menos sol que nosotros, tiene más superficie destinada a este fin y una factura de la luz más barata”.

¿Qué dicen los ecologistas? El pasado verano, por ejemplo, presentaron un recurso de alzada contra la fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental. “Es un área de alta sensibilidad ambiental con especies amenazadas”, explica Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción.

Pintos denuncia también el daño en la zona entre Calzadilla y Guijo de Coria, “una zona de exclusión ambiental donde está presente el cernícalo primilla y la avutarda”. Por ello, lamenta que la protección de aves quede en un segundo plano y que “el desarrollo tan rápido de grandes proyectos haya dificultado la vigilancia del respeto medioambiental”.

Asimismo, un informe de Ecologistas en Acción de marzo de 2025 recoge: “El despliegue de forma no planificada por parte de grandes empresas, en forma de instalaciones cada vez más grandes en la España Vaciada, ha originado un fuerte rechazo social. A ello se le suman efectos sobre el sistema eléctrico como la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación renovable debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.

Quien se presenta como paradigma de apuesta por las energías limpias es Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura. Cuenta que en su vivienda tiene placas solares y que con ellas también recarga dos coches eléctricos. “Se están desaprovechando los tejados. Yo estoy desenganchado de la red, no viví el apagón en mi casa”, remarca.

Asimismo, bajo su punto de vista, el hecho de que ya no haya Consejería de Medio Ambiente o que las plazas de funcionario de evaluación ambiental sean limitadas influye en que, a veces, no se hayan establecido criterios precisos de protección, especialmente cuando se trata de las aves.

Ramos, al igual que el resto de voces de este reportaje, alerta del peligro de “la mentalidad colonialista” en cuanto a la energía y de las consecuencias que esta práctica tiene y tendrá en la Extremadura Vaciada.

“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

“Pide fondos para el olivar tradicional porque a usted le gusta, pero lo que le gusta a los agricultores de Extremadura es tener menos sacrificio en el campo y que su rentabilidad sea mayor, lo que quieren es rentabilidad sea como sea; si a usted le gusta el olivar tradicional, practíquelo usted”. Fue la respuesta que el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le dio a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, en un debate durante la pasada legislatura. Ahora, García es el nuevo titular de Agricultura.

Ya es oficial y ya está en marcha. El DOE publicó este jueves 30 de abril el decreto que recoge el nuevo equipo configurado por la popular María Guardiola, que tiene una consejería más que en su anterior mandato para volver a sentar a los ultras en su gobierno, esta vez con dos carteras y una vicepresidencia.

¿Qué competencias va a manejar exactamente Vox en Extremadura? Por un lado, la llamada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En la misma se incluye “el análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas”, pero también “el estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos”. Una tarea que estará marcada por el principio de “prioridad nacional” que la extrema derecha ha puesto sobre la mesa y el PP ha aceptado; no obstante, su significado real aplicado a la práctica genera dudas, incertidumbre y también rifirrafes entre ambos partidos a la hora de interpretar el concepto.

Asimismo, dentro de esta consejería estarán las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales e infancia, incluidas las referidas a los menores migrantes no acompañados, una cuestión que para el partido de Santiago Abascal es clave.

Ellos se niegan al reubicación de estos niños y adolescentes entre las comunidades y así está escrito en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura. Habría que recordar que el argumento que usó Abascal cuando dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos fue precisamente la oposición a esta medida.

Los colectivos y plataformas que en Extremadura trabajan con estos menores defienden que la región tiene plazas de sobra y que se podría asumir una mayor acogida sin que suponga ningún perjuicio.

Y otra de las áreas dentro de esta consejería es la cooperación internacional. En el citado acuerdo PP-Vox se asegura que se reducirá “al mínimo legal” las subvenciones destinadas a la misma y que “se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine”.

La otra consejería en manos de Vox es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En la misma se incluyen las decisiones sobre los regadíos y las áreas protegidas (revisar la delimitación de las zonas ZEPA es una de las medidas pactadas). Además, tienen las competencias para el fomento de la Tauromaquia.

De este modo, la extrema derecha logra su objetivo y se hace con el control del campo, a sabiendas de que el sector primario se ha convertido en un caladero de votos y donde ha encontrado hueco el discurso de rechazo a las políticas que llegan desde Bruselas. De hecho, Vox mantiene su total oposición al Pacto Verde.

¿Y quiénes son las personas al frente de las dos consejerías de Vox? En el caso de Desregulación, el elegido es Óscar Fernández Calle, quien fuera candidato el 21D, diputado en la Asamblea y portavoz. Y además de esta cartera de nueva creación (un modelo que Abascal ha copiado del argentino Milei), ejercerá de vicepresidente de la Junta.

Fernández Calle (Cáceres, 1975) es diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y comercial de laboratorios farmacéuticos. Es su segunda legislatura con escaño en el Parlamento regional.

Sus enfrentamientos en redes sociales con Guardiola han sido sonados; también sus intervenciones en el pleno de la Asamblea justo antes de firmarse el acuerdo entre PP y Vox. Para exhibir su fuerza, expresó: “La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos, ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana; y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana”.

Fernández Calle será el encargado de vigilar de cerca que el pacto se cumpla. Pero no será el único vicepresidente. Guardiola ha nombrado a otro más de su partido, Abel Bautista, persona de su máxima confianza y que además asume la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Ambas vicepresidencias “estarán al mismo nivel”, aunque será Bautista quien sustituya a la presidenta cuando tenga que ausentarse.

En cuanto al otro consejero de Vox de Extremadura, Juan José García, las redes sociales le recordaron nada más conocerse su nombramiento algunas de sus famosas ‘perlas’ en la Asamblea. Por ejemplo, el enfrentamiento con la consejera de Hacienda, Elena Manzano (que repite en el cargo y también como portavoz del Gobierno) en un debate sobre la deuda pública: “Hasta una señora de letras lo entiende”, le dijo a Manzano, quien lo tildó de machista. Ambos trabajarán ahora juntos.

García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. En su carrera profesional se ha movido en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. “Alguien muy de Vox, muy preparado y muy extremeño”, así lo define su compañero Fernández Calle.

Los dos saben cuál su peso en el Gobierno extremeño. En el PP también son conscientes, de ahí que esta vez Guardiola haya optado por su núcleo más cercano pero también por cambiar algunas caras para buscar un perfil más político y menos técnico.

Si en 2023 apostó por tres independientes expertos en la cartera que tendrían a su cargo, ahora ha preferido nombres con peso en el partido.

El nuevo equipo lo completan Laureano León al frente de Cultura, Turismo y Deportes; y Sandra Valencia con Educación y Formación Profesional. El primero había sido nombrado senador, pero ha tenido que dejar su puesto para cedérselo a Vox. León es un histórico político cacereño y sustituye a Victoria Bazaga, una de las que accedió como independiente. Valencia, por su parte, entra por Mercedes Vaquera, otra de las citadas independientes.

Asimismo, siguen en el gobierno Mercedes Morán y Francisco Ramírez, pero con otras competencias. Morán manejaba Agricultura y estaba bien valorada por el sector, pero ahora ocupará una consejería nueva que incluye Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Ramírez estaba al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural (la cartera que creó Guardiola para hacerle hueco a Vox en su primera legislatura y que desaparece) y ahora se encargará de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un puesto que ocupaba Manuel Martín Castizo, que sale del equipo.

Sí sigue en el mismo lugar Guillermo Santamaría, con Economía, Empleo y Transformación Digital (el único de los tres independientes que permanece).

Y repite igualmente Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia.

Hasta ahí los nombres y los cargos. La primera prueba de fuego será la aprobación de los presupuestos. Guardiola espera poder hacerlo en un plazo de dos semanas. Debería ser un trámite sencillo puesto que el acuerdo PP-Vox incluye que no habrá discrepancias y que se dará luz verde. Al menos, esa es la teoría.

“Están poniendo el grito en el cielo por 150 adolescentes que sí quieren vivir aquí”. La frase la pronuncia Sandra Fernández Cebrián, una profesora que da clases en Las Hurdes, una de las comarcas de Extremadura que más sufre la despoblación. A su instituto acuden menores africanos acogidos en el centro de Caminomorisco, uno de los recursos autonómicos de la Junta donde residen quienes no tienen familias que puedan hacerse cargo de ellos, sea cual sea su nacionalidad. Ella recibe en sus aulas a varios de estos adolescentes de entre 14 y 17 años. Todos llegaron en patera. Sin ninguna compañía. Los hay de Marruecos, Senegal o Mali. “A pesar de la dificultad del idioma, se les nota las ganas de aprender, la motivación, quieren poder buscarse la vida”, cuenta a infoLibre la profesora. Cada cual lleva su propia mochila. Su propio drama. Unos escapan de conflictos bélicos, otros de zonas donde ya no se puede vivir por el destrozo medioambiental, otros huyen de la pobreza y la falta de futuro. “Son jóvenes que quieren quedarse en Extremadura, estudiar y trabajar aquí”, afirma Fernández Cebrián.

La docente hace esta reflexión tras el acuerdo pactado por PP y Vox en Extremadura que, entre otros puntos, rechaza “de forma expresa” acoger a más menores extranjeros no acompañados. Y usan el acrónimo MENA para definirlos. “En el centro de Caminomorisco, por ejemplo, hay plazas vacías, hay sitio de sobra. Nos podemos permitir perfectamente doblar esa cifra de 150 menores migrantes tutelados y repartidos por toda la región y llegar a los 364 que pide el Gobierno central. Y en ningún caso ese hecho supondría un riesgo de seguridad nacional ni un peligro para el futuro de otros jóvenes extremeños”, expresa la docente, quien trabaja día a día con esta realidad.

En cuanto a la palabra MENA, subraya: “Se nos olvida que son niños, no los podemos despersonalizar”.

Asimismo, uno de los puntos del texto aprobado por ambos partidos es la “verificación de edad de los inmigrantes ilegales”. El documento reza así: “Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”. Pero en la práctica, sobre el terreno, el problema es otro: “Cuando estos menores acogidos cumplen los 18 años, se quedan sin nada, porque ya no pueden estar en los centros. Hay veces que son derivados a otros recursos, pero en otras ocasiones se quedan solos y sin red”, explica Fernández Cebrián.

No obstante, desde la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura, de la que forma parte esta docente, han emitido un comunicado que igualmente recoge: “La Administración está obligada a verificar la edad de quienes dicen ser menores, una tarea conscientemente desatendida hasta la fecha. De hecho, celebraremos si así se garantiza, pues hay muchísimos en Extremadura no reconocidos como tales que por fin podrán acceder al sistema de protección como les corresponde. Recordamos que, antes que migrantes, son niños y niñas”.

Al hilo de esta cuestión, la profesora incide: “Se genera mucho ruido y, cuando se desconoce la realidad, se puede hacer mucho daño. En un pueblo pequeño, donde pones cara a las personas, no hay problema, el peligro está en que acabe imponiéndose el miedo que se le está metiendo a la gente”.

Otro de los puntos polémicos del acuerdo PP-Vox en Extremadura es la “prohibición del burka, el niqab y cualquier prenda similar” en espacios públicos.

Sobre esta medida hablan dos profesoras de la asignatura de Religión Islámica que se imparte como optativa en 12 colegios de la región y un instituto, situados principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde reside población originaria de Marruecos que trabaja en la agricultura (en su mayoría en el cultivo del tabaco).

“Se nos pone en el centro sin escucharnos. Se busca una solución a un problema que no existe. Se enfoca nuestra vestimenta para lanzar discursos xenófobos y dicen que es para defendernos”, expresa Sara Hbaidi, de 26 años, que vive en Jaraíz de la Vera y trabaja en el IES Maestro Gonzalo Korreas de esta localidad cacereña. “Yo en Extremadura nunca he visto un burka (la prenda que tapa por completo, con una rejilla para los ojos y que es propia principalmente de Afganistán), y mujeres musulmanas que lleven niqab (la que solo deja libre los ojos) si acaso una o dos”, añade.

Ella nació en España pero sus padres son marroquíes de Oujda, una ciudad en la frontera con Argelia y a pocos kilómetros de Melilla.

De esa misma localidad procede Meryem Lahjaji, que con año y medio llegó a Extremadura. Ahora tiene 30 y da clases de Islámica en el colegio El Pozón de Navalmoral de la Mata y en el centro Río Tajo de Saucedilla. “Mi entorno más cercano vive esta medida con preocupación e incertidumbre, porque se centra en la vestimenta de la mujer, en símbolos concretos, de manera que nos simplifica y nos estigmatiza”, asegura.

Añade, además, que “no todas las mujeres musulmanas usan pañuelo”. Ella y su compañera sí: el hiyab, el más común, que deja el rostro al aire y tapa el pelo.

La supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es otra de las medidas del acuerdo. Básicamente, consiste en clases optativas por la tarde, impartidas en solo dos colegios. En ellas, los menores pueden aprender a leer y a escribir en marroquí. “No sé por qué están en contra de la diversidad cuando solo aporta riqueza, aprender otra cultura es un privilegio”, coinciden Hbaidi y Lahjaji. Y añaden: “Estamos siempre bajo observación, es muy incómodo, no queremos que haya consecuencias en la convivencia, que surjan comentarios fuera de lugar, que nos señalen, porque no existe ningún conflicto en ese sentido”.

No obstante, Lahjaji cree que “el papel lo aguanta todo” y que la polémica pasará. Ella vive en Majadas de Tiétar, un pueblo que no llega a los 1.300 habitantes y que sufre, como muchos otros, la pérdida de vecinos y el envejecimiento poblacional. “El 95% de los niños que nacen aquí ya son de familias extranjeras”, dice.

La experiencia que describen estas tres docentes responde a zonas donde la inmigración sí está presente. Pero la realidad es que, más allá de que gran parte del acuerdo entre PP y Vox esté centrado en quienes vienen de fuera, Extremadura es la comunidad donde menos extranjeros viven. Lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apenas representan un 5% del total, mientras que la media nacional se sitúa en el 14%.

La preocupación que sí se arrastra desde hace décadas es la pérdida de habitantes. Las cifras hablan por sí solas. Según los números definitivos del INE, a 1 de enero de 2025, en la comunidad autónoma había casi 39.000 residentes menos que justo una década antes (se traduce en una bajada del 3,5%).

Si el análisis se centra en los jóvenes de entre 20 y 29 años en el mismo periodo, la caída es más significativa, de hasta un 19% (se traduce en 24.327 menos). “Tenemos una solución fantástica y no la vemos”, manifiesta Fernández Cebrián. Y apostilla: “Se nos olvida nuestra propia historia, los extremeños fuimos emigrantes”.

Pero además de avivar el debate de la inmigración en la comunidad con menos extranjeros, el pacto entre el PP y Vox ha hecho especial mención a la comunidad musulmana, procedente en su mayoría de África. De nuevo los datos hablan: a Extremadura quienes llegan de fuera lo hacen sobre todo desde América Latina, representando casi el 40% del total. Los de países africanos suponen el 21%, la mitad.

Tanto unos como otros son los responsables, aunque de manera leve, de que Extremadura pueda contener la herida de la despoblación, especialmente en los últimos cinco años. No obstante, muchas de estas personas viven en un segundo plano, fuera del sistema, en un contexto que los convierte en vulnerables.

Por ello, la regularización puesta en marcha por el Gobierno central ha sido celebrada por el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, que se llaman a sí mismas ‘Las Migrantas’. “Cómo no alegrarse, hay quienes llevan años en la oscuridad, y cuando estás ahí es muy fácil que te exploten”, manifiesta su presidenta, Maryórit Guevara. Ella es de Nicaragua, vive en Mérida, lleva cinco años en España y sabe perfectamente cómo es el periplo para conseguir permiso de residencia.

Arguye que, más allá de una cuestión de dignificar la vida, esta medida tiene un trasfondo económico porque se plantea desde el propio sistema capitalista: “Hace falta mano de obra que se pueda contratar, sobre todo en sectores como la agricultura o la construcción. Sin los papeles en regla, es más complicado”. Aún así, considera que quien pueda lograr beneficiarse dejará de vivir con el miedo en el cuerpo.

Se calcula que en Extremadura la cifra no superará las 3.000 personas regularizadas, sobre todo porque hay situaciones en las que conseguir los documentos necesarios se convierte en una tarea complicada. Guevara pone como ejemplo a quienes llegaron siendo menores y ya han cumplido los 18. “No sabemos cómo pedir los certificados”.

A este contexto, añade otra arista: “A veces ocurre que la madre se ha venido con sus hijos, el padre se ha quedado en el país de origen y se necesita su autorización para solicitar documentos; si no la da, no se puede seguir con el proceso. Y nos hemos encontrado casos así. Es otra forma de violencia vicaria”.

Habrá obstáculos en el camino, pero Guevara aplaude esta medida que, a su juicio, podrá luchar contra situaciones “casi de esclavitud” como las que ha visto sufrir a mujeres empleadas en los cuidados. “Se les exige una atención de 24 horas para atender a personas mayores dependientes y, en ocasiones, apenas se les paga 600 euros. A quienes están en contra de este proceso parece que les molesta que tengamos derechos”, resume la portavoz de ‘Las Migrantas’.

En este sentido, habría que recordar las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, solo horas antes de que se conociera el acuerdo PP-Vox. Esa misma mañana alertó del impacto en las listas de espera a consecuencia de esta regularización. Habló de consultas, intervenciones programadas o seguimiento clínico. Y de operaciones como prótesis de rodillas.

Guevara se lamenta de los “discursos de odio contra los migrantes” y argumenta, además, “que estas personas ya están en el sistema, pero trabajando en b”. Discursos que, tal y como denuncian los colectivos y las plataformas de apoyo a personas migrantes, se intentan expandir en una comunidad con falta de habitantes.

Trasladado al terreno político, Extremadura se perfila ya como el primer ejemplo de cómo el PP ha quedado absorbido por la ideología antiinmigración de Vox en una de las regiones de la España vaciada.

Esta vez no fue una falsa alarma. Esta vez la convocatoria del PP llegó antes que la de Vox. Y esta vez acudía a la comparecencia María Guardiola. A las 20.15 horas de este jueves, en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, se ha dado la noticia. Casi al límite de la fecha que llevaría a nuevas elecciones (había de plazo hasta el 4 de mayo), la derecha y la extrema derecha han logrado llegar a un acuerdo para, por segunda vez, formar gobierno en Extremadura y que Guardiola vuelva a ser presidenta. Han conseguido estrecharse la mano y decidir qué consejerías manejará Vox.

Así, el partido que lidera Santiago Abascal tendrá mayor representación con dos puestos claves: una vicepresidencia, que incluirá la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, al frente de la cual estará Óscar Fernández Calle; y la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural al completo.

Además, Vox se queda con el senador autonómico, para lo cual tendrá que renunciar a este puesto quien ya lo ocupaba por parte del PP.

Tanto Fernández Calle como Guardiola se han mostrado satisfechos con este acuerdo que incluye 61 puntos y 74 medidas en distintas materias. Entre ellas, blindar la continuidad de Almaraz y eliminar la ecotasa energética, así como “proteger el sector primario frente a la agenda 2030”.

En este sentido, hay que recordar que Vox ha buscado apoyo en el campo alimentando el rechazado a las medidas que proceden de Bruselas y del Pacto Verde; la importancia de que controle Agricultura y Ganadería radica en el peso que el mundo rural tiene en Extremadura y en el presupuesto que llega a esta cartera. De este modo, el texto reza: “Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños”.

Uno de los puntos fuertes del documento facilitado por ambos partidos es la inmigración. Se recoge claramente la negativa a acoger menores extranjeros no acompañados y “a la política de inmigración del Gobierno central”. “La Junta de Extremadura no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, añaden en referencia a estos menores.

Además, han acordado la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”. “La Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, apostillan.

E, igualmente, han decidido prohibir el uso del burka y nicab en espacios públicos. “Y cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”. Alegan que “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”.

Con estas medidas pretenden no volver a entrar en rifirrafes cuando haya que volver a negociar los presupuestos y, así, garantizar una legislatura de cuatro años.

Con las cartas ya sobre la mesa, Extremadura afrontará su segundo gobierno de coalición. El primero, también formado por PP y Vox, fue breve. Si en el verano de 2023 Guardiola cedió ante la extrema derecha, justo 12 meses después Abascal dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos.

Desde entonces, las relaciones han sido tensas hasta que el PP decidió convocar elecciones y acabar con esa primera legislatura, que apenas duró dos años y medio. La excusa fue la falta de apoyos para aprobar los presupuestos regionales, pero en el trasfondo hubo una estrategia de Génova para tratar de ganar más apoyo y frenar a la extrema derecha. Apenas lo consiguieron, todo lo contrario, la dependencia de los ultras ha sido mayor, de ahí que la presencia de Vox ahora en el gobierno sea más relevante.

En el acuerdo de 2023, la renuncia de Guardiola, más allá de no crear una consejería de Igualdad, fue darle a Vox una parte de Agricultura. Se creó la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural para que así tuvieran presencia en el Consejo de Gobierno. También, al igual que ahora, se les permitió elegir al senador autonómico, un papel que igualmente recayó en Ángel Pelayo Gordillo.

El próximo paso será el pleno de investidura, que se celebrará el próximo martes y miércoles. Esta vez sí habrá aplauso final en conjunto de la derecha y la ultraderecha.

Decía que había que cambiar no solo los rostros, sino también la manera de hacer las cosas tanto dentro como fuera del partido. Ahora tiene la oportunidad de demostrar si su estrategia servirá para que el PSOE de Extremadura salga de su particular nube negra. Álvaro Sánchez Cotrina ya es el nuevo líder regional de la formación después de ganar las primarias de este sábado frente a su compañera Soraya Vega. Ha vencido con casi un 59% de los apoyos. No obstante, en todo momento ha querido mandar un mensaje de unidad e integración; de hecho, ya ha asegurado que quiere a Vega en su equipo.

Cotrina, alcalde de Salorino, un municipio de algo más 500 habitantes situado en la provincia de Cáceres, casi fronterizo con el territorio pacense y cercano a la Raya portuguesa, ha dejado claro en todo momento que su defensa de Extremadura va a estar por encima de las siglas del PSOE.

Tiene el bastón de mando en su pueblo, donde está muy bien considerado, desde 2011. Además, sin haber cumplido aún los 40, es consciente de los nuevos tiempos y la nueva política: sabe manejar el lenguaje y la imagen de las redes sociales para llegar al público más joven.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura es graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura. Y ha sido padre durante la campaña de primarias.

Su victoria viene a romper la dinámica habitual de los anteriores líderes: es la primera vez que alguien de la provincia de Cáceres –con menos población– toma las riendas del partido (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo partían de territorio pacense). De hecho, Cotrina ha logrado vencer no solo en las ciudades de Cáceres o Plasencia, también ha sumado fuerzas en Mérida. En Badajoz, Vega se le ha adelantado, pero por la mínima.

En los resultados por provincias, en la cacereña se ha llevado el 83% de las papeletas; en la pacense ha vencido su rival con un 56% de los apoyos. Estaban llamados a las urnas 9.121 militantes y la participación ha sido del 72,38%.

Hasta llegar aquí, el PSOE de Extremadura ha transitado por unas primarias con récord de candidatos. La gestora que estaba al cargo del partido, presidida por José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno, intentó de todas las maneras posibles que hubiera un nombre de consenso por el temor –compartido por todos los aspirantes– a una nueva guerra interna que hundiera aún más la formación. Hasta el expresidente Ibarra, que rechaza radicalmente las primarias, remó en contra de las mismas. 

Finalmente fueron hasta cinco personas quienes dieron un paso adelante y pusieron sobre la mesa su precandidatura. Todos apelando al citado consenso, pero cada cual con su propia idea. No obstante, el contexto cambió en pocos días. Dos de los participantes –el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade; y Blanca Martín, la expresidenta de la Asamblea de Extremadura– se unieron a Cotrina. El caso de Martín fue bastante significativo, pues contaba con el apoyo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, una de las voces que más alto suenan.

Además, cuando llegó el momento de presentar los avales, otro de los aspirantes, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, no sumó los suficientes y quedó fuera de la carrera.

En la batalla quedaron Cotrina y Vega. El primero ya partía con ventaja. La realidad es que ambos han mantenido un tono sereno y respetuoso durante toda la campaña. Sin enfrentamientos públicos y sin rifirrafes en redes sociales. 

La diferencia más notable era que el equipo de Cotrina fue crítico con Miguel Ángel Gallardo y el de Vega siempre ha mantenido su defensa pública.

No obstante, en el debate que ambos protagonizaron días antes de la votación mostraron más unión que distancia. Ni siquiera se transmitió que presentaran dos modelos diferentes de partido. Coincidieron, sobre todo, en la importancia de revivir las Casas del Pueblo para que la formación pueda dejar atrás su peor momento histórico.

El PSOE de Extremadura ha vivido tres procesos de primarias en dos años tras la marcha de Fernández Vara. Las grietas están ahí. Se votó primero en marzo de 2024, cuando se enfrentaron Lara Garlito (Cáceres) y Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), quien obtuvo una ajustada victoria, con un 55% de los apoyos que procedían principalmente de la provincia pacense, donde la militancia es mayor.

Después, en enero de 2025, desde Ferraz se pidió a las federaciones que se celebraran nuevos congresos y ratificar así a los líderes regionales. Aunque Gallardo contaba con un sector del partido en contra, sorprendió a muchos que casi en el último minuto apareciese una rival: Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres y exconsejera de Educación y Empleo con Fernández Vara, levantó la mano. La guerra estaba servida.

El reproche de Gutiérrez a Gallardo era fomentar la desunión, alimentar las discrepancias, especialmente en la brecha histórica entre Badajoz y Cáceres.

Además, estas segundas primarias estaban marcadas por el caso David Sánchez. Gallardo ya había sido llamado por la jueza para declarar por su supuesta implicación en el contrato al hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. La acusación de ‘enchufismo’ fue noticia nacional (se sentará en el banquillo de los acusados el 28 de mayo, cuando empiece el juicio oral). 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la de Cotrina no ha sido una victoria contundente como la que obtuvo Fernández Vara en 2019, que se llevó el 65% de las papeletas frente a otros dos rivales (Eva María Pérez y Enrique Pérez Romero); por ello el primer reto es, sin duda, "coser el partido", una expresión que no se ha dejado de pronunciar en ningún momento.

Las claves estarán en el XVI Congreso regional que se celebrará el 25 de abril, cuando el recién nombrado líder elija al equipo que le acompañará en la nueva etapa del PSOE extremeño.

Lo que sí tienen claro dentro de la formación es que cualquier enfrentamiento interno que se haga público volverá a dañar la imagen y pondría en peligro la próxima cita electoral. El primer examen de Cotrina serán las elecciones municipales de mayo de 2027, para las que apenas queda un año. En estos meses el PSOE deberá volver a activar su maquinaria. El objetivo es evidente: no perder las diputaciones de Badajoz y Cáceres, ambas ahora mismo en manos socialistas, lo que les permite mantener la fuerza en las zonas rurales.

En cuanto a las ciudades y municipios más importantes, si bien la capital pacense, la cacereña y Plasencia están gobernadas por el PP, el PSOE conserva Mérida, Almendralejo y Villanueva de la Serena (donde Gallardo obtuvo seis mayorías absolutas).

En este sentido, durante el debate de primarias entre Cotrina y Vega, esta última dio un dato significativo para evidenciar la pérdida de conexión con los ciudadanos. El 65% del voto perdido pertenece a mujeres, en gran parte por la abstención. De ahí la propuesta de Vega de crear un "consejo asesor feminista" para revertir esta realidad.

Lo cierto es que problemas como la vivienda o los bajos salarios alimentan la distancia de los electores con el PSOE, sobre todo entre la población más joven. 

Pero, además, el nuevo líder tiene por delante la misión de reforzar el papel de su partido en la Asamblea de Extremadura, más aún en un contexto de inestabilidad política por la tardanza de PP y Vox en cerrar un acuerdo de gobierno. La región sigue en parálisis.

Ninguno de los candidatos a las primarias socialistas era partidario de una abstención para que los populares no tuvieran que acudir a la ultraderecha. El principal argumento: que en ningún momento habían sido llamados para plantearse esta opción. Lo cierto es que tanto un partido como otro están marcados por las directrices a nivel nacional.

Así, a lo que aspira ahora el nuevo jefe del PSOE es a capitanear una oposición fuerte que fiscalice las políticas de María Guardiola cuando vuelva a ser presidenta (si finalmente se cierra el pacto con Vox). Cotrina cuenta con la ventaja de que es diputado en la Asamblea de Extremadura, de manera que tendrá altavoz propio. Pero en su contra está que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha escalado posiciones en ese papel de líder de la oposición mientras que el PSOE ha estado descabezado.

Ahora el contexto político cambia. Cotrina ya ha manifestado que “hay que dejar de mirarse el ombligo” y “eliminar las tutelas de Madrid” para que la formación se haga fuerte y “recuperar” una comunidad que históricamente han dominado.

Ángeles Domínguez López sabía leer y escribir porque creció en una “casa de señoritos”. Aprendió al mismo tiempo que los niños de esa familia pudiente a la que su madre, “soltera”, servía.

Esa educación le permitió después ayudar a los demás. Solía acudir a la Casa del Pueblo para enseñar a otros. Y esa educación también valió de excusa para ser detenida ilegalmente, asesinada y arrojada a una fosa común. Aún sigue desaparecida.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1936 en Fuentes de León, un municipio en el sur de Badajoz, la segunda provincia más represaliada (después de Sevilla) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Justo este mes de julio se cumplirán 90 años del golpe de Estado y sus consecuencias.

La historia de Ángeles la cuenta su bisnieta Lucía Expósito Cívico, 28 años, profesora en la Universidad de Granada e investigadora sobre memoria histórica. “Nos preguntábamos mucho cómo podía tener esa cultura en aquella época”, expresa. “Madre soltera decían… —añade sobre su tatarabuela— Se habla poco de la violencia sexual que han vivido las mujeres. Si ahora hay silencio, imagínate antes”.

Ángeles Domínguez López a veces leía la prensa en voz alta. Era una mujer adelantada a su tiempo, también en la forma de vestir, con ropa más llama­tiva.

¿Dónde empieza la búsqueda? Una fotografía en el salón familiar de una chica todavía joven que sonríe. Mirada profunda, inquieta, curiosa. Y un silencio inevitable que envuelve a esa imagen. “No se hablaba por dolor. A mi abuela se le removía todo con su madre. Lo que tenía de ella eran las pocas cosas que le contaron y esa foto”. A Lucía Expósito se le despertó la necesidad de conocer la historia de su familia cuando todavía estaba en el instituto. Ahí empezaron las primeras conversaciones y obtuvo las primeras pistas.

Los retazos que le han llegado es que su abuela, Dolores Cárdeno Domínguez, apenas había cumplido un año de vida cuando se quedó sin madre; iba en sus brazos cuando la detuvieron en mitad de la calle delante de una vecina, a quien le pidió que se llevara a la niña a casa. Los días que aguantó en la cárcel se la acercaban para que le diera de mamar. Hasta que desapareció. Fue asesinada en el cementerio junto con una decena de mujeres. Con 33 años.

Dolores y sus tres hermanas, la mayor de nueve años, ya estaba señaladas. “Las cuatro fueron separadas y forzadas a servir desde pequeñas en casas de señoritos”. Fue su herencia.

“No nos podemos quedar solo en la superficie de conocer los nombres de las represaliadas, tenemos que saber la historia que hubo detrás para entender las violencias que sufrieron las mujeres”, resalta Lucía Expósito. Ella creció en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla. Desde el verano de 2019 colabora con el proyecto de exhumación de las fosas comunes de Fuentes de León. Los restos de su bisabuela no han aparecido, pero sabe que están ahí.

Su abuela Dolores falleció el año pasado con 89 años. Nunca se separó de la fotografía de su madre.

En su búsqueda por la verdad, Expósito contactó con Candela Chaves, investigadora, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y un referente en Memoria Histórica en Extremadura. Además, sus investigaciones son innovadores porque se abordan con perspectiva de género.

El papel de Chaves (Montijo, 1982) fue crucial en la citada exhumación en Fuentes de León. Así describe en una sus publicaciones lo que ocurrió en este municipio pacense que ahora ronda los 2.100 habitantes: “La ma­ñana del 14 de septiembre de 1936, un grupo formado por falangistas y guardias civiles […] entró en la localidad tras un breve, casi anec­dótico, enfrentamiento con algunos vecinos armados, entre ellos dos guardias municipa­les, a las puertas del municipio. […] La localidad quedó bajo control de los suble­vados inmediatamente. Y la primera medida tomada por el capitán de la Benemérita fue constituir una nueva gestora municipal, afín a la sublevación. Conformada por grandes pro­pietarios y políticos derechistas locales, a las 11.00 horas se firmaba en el libro de Actas la destitu­ción de la anterior corporación, electa en fe­brero de 1936, y la formación de la nueva. Veinte minutos duró la eliminación de la democracia y la instauración de un régimen de terror y sometimiento”.

El trabajo de esta investigadora ha permitido sacar a la luz las historias que permanecían enterradas, entre ellas la de Ángeles Domínguez López. Siempre con el empeño de evidenciar la doble represión que ellas sufrieron: por ser mujer y vencida.

En este sentido, destaca: “El testimonio oral es parte esencial en la búsqueda, porque el rastro de ellas en los documentos suele ser mucho menor que el de los hombres. Por eso los relatos son imprescindibles”.

Chaves ha recibido este año uno de los premios de Igualdad de la Diputación de Badajoz precisamente por su acción “pionera, valiente y profundamente transformadora en el ámbito de la memoria histórica, con un proyecto que rescata del olvido a miles de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, realizado desde una perspectiva de género rigurosa y con un fuerte impacto social”. Así lo recoge la Institución provincial pacense.

Hay violencias que no dejan huella en los documentos, que pertenecen a la esfera más íntima. Más el estigma social. Para ellas y su entorno. “En la represión franquista, sobre las mujeres se practicarán los mismos métodos represivos que sobre los hombres. Ellas serán detenidas, encarceladas, asesinadas de forma extrajudicial, sentenciadas, exiliadas, sus bienes serán incautados, serán inhabilitadas de sus em­pleos, apartadas de sus hijos, recluidas en centros correccionales... Y, al mismo tiempo, habrá una especificidad, pues ellas sufrirán violaciones, rapados de cabello, purgas con aceite de rici­no y la exposición pública bajo los efectos de este purgante, obligando a sus vecinos a verlas, paseándolas por las calles para la humillación”, explica Chaves.

También fueron castigadas, agrega, en sustitución de sus maridos o hijos “que no pudieron ser detenidos cuando llegaron las tropas a las localidades”.

Pero además de ser sujeto de esas violencias, serán también objeto, “porque servirán para dar ejemplo del ideal de mujer que quiere imponer el régimen ultraconservador, machista y católico”.

Para el franquismo, las mujeres “servían para estar en casa y cuidar a la familia”. “Una mujer sumisa y subyugada”. “La brutal represión extrajudi­cial, esos asesinatos sin juicio previo prosigue Chaves- perseguían el castigo con la muerte de quienes fueron reivindicativas y avanzadas”.

Destaca Chaves, también, “la búsqueda de la erradicación de su derecho a estar en el espacio público y en el imaginario colectivo como refe­rencias, penalizar esa trasgresión de la esfera privada a la pública”.

Asimismo, a las mujeres republicanas se les acusó de ser “individuas de dudosa moral dominadas por sus bajas pasiones, tal y como lo definió Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra del régimen”, recuerda.

Básicamente, se eliminaron todas las conquistas sociales y políticas logradas, “con mecanismos de control y reeducación ejercidos desde la Iglesia”.

“Hacían con las mujeres lo que les daba la gana”, así lo resume Carmen Díaz Sánchez, 68 años, que ha sido administrativa y celadora en un hospital. Lleva tres décadas viviendo en Granada pero su familia paterna tiene raíces en Bodonal de la Sierra (no llega a mil habitantes, también en el sur de la provincia de Badajoz). Allí, su abuela, fue otra mujer represaliada.

Se llamaba Asunción Arias Catela. La mataron con 36 años. “Era viuda y se dedicaba a vender cosas, tenía una especie de tiendecilla. También hacía rifas. Se buscaba la vida. Y apuntaba en una libreta el dinero que le debían. Por lo que me han ido contando, alguien con una deuda que no quería pagar, quizá por envidia, la acusó de hacer cosas no propias de una mujer, y fueron a por ella”. La metieron en un camión y en el camino al cementerio ella saltó; los que conducían le dispararon. Ocurrió en septiembre de 1936.

“Tenía una hija y tres hijos, uno de ellos mi padre, de solo ocho años. Luego mataron a más miembros de la familia”.

El contexto se repite de nuevo. Dolor y silencio. Una fotografía en la mesilla de noche de su padre de la que no se habla. Pero de la que no se separa nunca. “Él era incapaz de mantener una conversación. A mi madre tampoco le gustaba hablar de la guerra, lo pasó muy mal”. El luto, silencioso y clandestino. Un duelo constante que no se cierra.

A Carmen Díaz le gusta contar que su padre, Antonio Díaz Arias, a pesar de haberse quedado huérfano, supo salir adelante y ganó un premio de platos regionales con el cocido madrileño. Falleció en 2019, con 90 años.

Y es, a partir de ahí, cuando su hija se decide a iniciar la búsqueda. Contactó también con la investigadora Candela Chaves y empezó a descubrir la verdad. Sabe que los restos de su abuela están en la fosa común de Bodonal, aunque siguen bajo tierra. En esa única imagen que conserva de ella, aparece con unos pendientes. “Pienso que aún pueden encontrarse”.

¿Qué por qué lo hace? “Por rendirle homenaje a mi abuela y a mi padre, yo lo quería mucho, y lo que él no pudo conseguir, quiero intentarlo yo”. Se emociona al otro lado del teléfono. La herida se hereda, pasa de generación en generación.

Este camino que emprendió hace años le ha regalado familia en Bodonal de la Sierra que no conocía. Ahora mantiene relación con una prima que vive en el municipio pacense que también ayuda a recomponer el relato. “Cuando la conocí le dije: tienes la misma cara que la abuela en la foto, fue muy emocionante”.

Las historias de Asunción Arias Catela y Ángeles Domínguez López son solo dos más de los miles de casos de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Hay que recuperar sus nombres para tenerlas también como referentes. Es una cuestión de derechos humanos”, defiende Chaves.

Una sigilosa negociación que se va alargando como los plazos de las obras. Parece que está a punto pero no llega. Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura, según los propios implicados, se encuentran en su fase final. Y las últimas reuniones, con un tono más cordial, se han centrado en el llamado ‘acuerdo programático’ que, a priori, marcará las políticas regionales los próximos cuatro años. La ultraderecha se mantiene firme en sus postulados a exigir haciendo gala de que su porcentaje de apoyos se ha duplicado en las últimas elecciones (pasó de un 8% a un 16% de representación, quedándose como tercera fuerza). De hecho, el portavoz extremeño Óscar Fernández lanzó tras el último encuentro en Mérida: “Ya se reconoce cuál es el peso de Vox”. Hablaba sobre “la actitud” de la presidenta popular en funciones, María Guardiola, para cerrar el pacto.

Pero, ¿qué se aborda realmente en ese citado ‘acuerdo programático’? Oficialmente no ha trascendido cuáles son los puntos calientes, pero hay experiencia previa de concesiones y malestar entre miembros del PP cuando se tocan determinados asuntos.

¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Lo primero fue la eliminación de la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola (que apenas ha durado dos años y medio) arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia, a su departamento, puesto que eran “un eje prioritario” y que por ello debería ser abordado “de manera transversal desde las diferentes políticas”.

En esta nueva negociación que ahora hay sobre la mesa, Vox insiste en, por ejemplo, eliminar las ayudas a las asociaciones ligadas a la “ideología de género”. Las entidades que trabajan con mujeres en Extremadura, entre otras funciones, prestan apoyo a las víctimas.

Otra cuestión que forzaron los ultras fue la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y la imposición de otra de ‘Concordia’. Fuentes del PP admiten que “no era en absoluto una prioridad para ellos entrar en esta cuestión”, de hecho, en un primer momento, los populares criticaron la propuesta de Vox y la apartaron.

Pero posteriormente no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos de 2025 porque no hubo respaldo del resto de grupos parlamentarios, y optaron por un decreto urgente de medidas fiscales para salir del paso y para el que volvían a necesitar a Vox. Y ahí sí: la Memoria Histórica sirvió de moneda de cambio. Se dio luz verde tanto al decreto como a la llamada Ley de Concordia.

Y entre esas medidas aprobadas, ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, pero también extender la bonificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones a personas con un vínculo familiar especial y la gratuidad de las tasas de las licencias de caza y pesca.

En materia sanitaria la relación PP-Vox también ha dejado huella. La más evidente: ahora los jefes de servicio de los hospitales públicos pueden ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno reformó la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios que son quienes gestionan las listas de espera.

Si bien era una medida que el PP veía con bueno ojos, fue Vox quien se adelantó y la colocó en la agenda.

Habría que recordar que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía la citada dedicación exclusiva. En la región extremeña existía desde 2006; la puso en marcha el fallecido socialista Guillermo Fernández Vara cuando ejercía de consejero de Sanidad.

¿Y ahora? Hay una polémica que se arrastra desde la anterior legislatura: el intento de derogar la ley LGTBI, que el año pasado cumplió una década y que precisamente puso en marcha el gobierno popular de José Antonio Monago. Fuentes del PP aseguran que sigue siendo uno de los puntos complejos.

Ya en la anterior legislatura ambas formaciones se enfrentaron en un tenso debate en la Asamblea por la intención de la ultraderecha de acabar con esta ley. “Quizá no será hoy, pero lo haremos”, terminó sentenciado la formación liderada por Santiago Abascal.

Los de Vox se agarraron de nuevo a argumentos como el fomento de las «asociaciones chiringuiteras» y «la gran mentira de la autopercepción de género».

Desde el PP los acusaron de “buscar problemas donde no los hay”. Además, el entonces diputado y ahora presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, expresó que para su grupo la defensa del colectivo LGTBI era un “convencimiento irrenunciable”.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas por Extremadura se pusieron de parte del PP y la ley se salvó. Pero sigue siendo un punto a debatir.

Impuestos e inmigración

Otro tema en la diana es la nuclear de Almaraz. Ambos partidos defienden su continuidad y que se les quite impuestos a las propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). De momento el PP ha activado una rebaja progresiva de la ecotasa, pero Vox pide la eliminación total de la misma.

El entorno de la central cacereña es un caladero de votos para las dos formaciones. En el adelanto electoral del 21D, tanto en Almaraz como en Navalmoral de la Mata (donde viven muchos trabajadores) la ultraderecha quedó como segunda fuerza, por detrás del PP pero por delante del PSOE.

Y otro de los asuntos que genera discrepancias entre la derecha y la ultraderecha, aunque el debate se escapa del ámbito autonómico, es la inmigración. En la fallida sesión de investidura de Guardiola, el pasado mes de marzo, si bien la presidenta en funciones habló de una oportunidad para crear empleo y aumentar la población, desde Vox zanjaron: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Lo cierto es que cuando Abascal dio la orden de que su partido se saliera de todos los gobiernos autonómicos argumentó que era por estar totalmente en contra de que las comunidades acogieran a menores migrantes.

Ahora la negociación PP-Vox seguirá después de Semana Santa. Con otra sintonía, con el foco nacional encima, con la tutela desde Madrid y después de que la relación haya pasado por todas las fases.

Una convocatoria a la misma hora y en el mismo sitio pero enviada por separado. La de Vox llegó antes que la del PP. A las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Los indicios eran evidentes. Ambos partidos se manifestarían a la vez ante los medios de comunicación para, este miércoles 25 de marzo, en vísperas de Semana Santa y tras diversas reuniones mantenidas, anunciar el famoso y esperado acuerdo que “casi está”, que va “muy adelantado”, pero que sigue sin cerrarse.

No obstante, los que hicieron de portavoces de ambas formaciones no dijeron nada nuevo ante los micrófonos. Y hablaron por separado. “Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero esperamos que lo haya en un futuro, somos optimistas”, aseguró, de nuevo, Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea. Además, destacó la “predisposición” de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para acercar posturas: “Reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox”, recalcó Fernández Calle.

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, subrayó que las reuniones de los últimos días han sido “muy positivas”. “Todos queremos un gobierno cuanto antes, pero esa ansiedad no nos puede llevar a la inestabilidad”, insistió. Esta vez pretenden completar los cuatro años de legislatura y no quedarse a medias.

A pesar de todo, sí ha habido avances en el acuerdo programático, aunque aún no se ha dado a conocer públicamente. Este miércoles se abordaron cuestiones que afectan directamente al territorio extremeño como el regadío de Tierra de Barros (Vox ha acusado a PP y PSOE de abandonarlo) y la central nuclear de Almaraz, para la que los ultras piden aún más facilidades en forma de bajada de impuestos a las empresas propietarias para que se alargue su vida útil.

Las medidas generales que la formación de Santiago Abascal pone sobre la mesa también se están abordando. Son, entre otras, “más seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y fin del adoctrinamiento en las aulas”.

En la reunión de este miércoles de lo que no se ha hablado es del reparto de consejerías y de si habrá una vicepresidencia para la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Extremadura. O al menos eso es lo que han transmitido.

Fuentes de Génova admiten que a Vox “le está costando” encontrar perfiles “de gestión”, motivo que está retrasando las conversaciones respecto a este reparto de puestos. Este extremo no lo confirman en la formación de extrema derecha a preguntas de este periódico.

La realidad es que ya han pasado más de tres meses desde el 21D, cuando se celebró el adelanto electoral impuesto por Guardiola. Desde entonces ha habido mucha expectación, mucha puesta en escena y mucho ruido. Y, de momento, sin resultado.

La estrategia de Vox se ha ido evidenciando con el paso del tiempo: primero esperar a las elecciones en Aragón, donde duplicaron su representación; y después a los comicios en Castilla y León, donde, aunque subieron, no llegaron a los apoyos esperados. El objetivo era ir ganando posiciones y fuerza más allá de las necesidades de los territorios. Mientras tanto, Extremadura ha estado a la espera de que las direcciones de PP y Vox, desde Madrid, dieran algún paso.

En su último anuncio, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se había marcado como fecha “antes de la Semana Santa” para alcanzar un acuerdo, pero ahora se evita hablar de plazos concretos. Las reuniones continuarán la semana que viene. Hay fuentes que apuntan a que el pacto definitivo podría llegar a finales de abril, esto es, un mes más tarde del horizonte señalado como límite.

Desde Génova trataron desde el primer momento de rebajar la reunión de este miércoles en Mérida. Fuentes del equipo de Feijóo hablaban de “acercamiento”, pero alejaban la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambas formaciones. Es más, en Génova admiten que la desconfianza mutua entre ambos partidos –que se han acusado de filtrar información a la prensa para tratar de desgastar al otro–, así como las próximas elecciones en Andalucía, convocadas por Juanma Moreno, han retrasado el pacto. 

Lo que sí remarca la dirección nacional del PP es que su número dos, Miguel Tellado, se está involucrando en las conversaciones, hasta el punto de desplazarse hasta Extremadura este miércoles 25 de marzo frente a la otra negociadora, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, que ha asistido telemáticamente a las reuniones. El movimiento de Tellado evidencia, a juicio de algunas voces del partido, que Feijóo no se acaba de “fiar” de la presidenta Guardiola. Desde el PP extremeño han trasladado sus reservas, a través de sus chats grupales, a la estrategia de “ninguneo” de la cúpula nacional.

Por otra parte, el viaje de Tellado le ha impedido preguntar durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siempre dirige sus cuestiones parlamentarias. No se trata de un asunto menor ya que la de este miércoles ha sido la última sesión de Montero antes de dejar su cartera para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Un ‘sacrificio’ que Feijóo ha realizado para acercar posturas con Vox a costa de la propia autonomía de la presidenta extremeña. Al margen de ella, el resto de barones autonómicos negocia de ‘tú a tú’ con la extrema derecha.

No lo ha tenido fácil en estos tres meses Guardiola. Primero Abascal aseguró “no descartar pedir su cabeza” si ella era un impedimento para alcanzar un pacto. Después cambiaron la estrategia y en la sesión de investidura fallida en la Asamblea de Extremadura, Fernández Calle le remarcó que no había acuerdo por culpa de Génova y que “sus enemigos estaban en su partido”.

Además, tanto Guardiola como Calle y Abascal han protagonizado sonoros rifirrafes en redes sociales durante la campaña electoral y durante los primeros intentos de negociación que han marcado la relación entre ambos partidos.

Por ahora las posturas están más cerca, el pacto “casi cerrado”, pero el ruido permanece.

“Ojalá”. Es la palabra que más pronuncian cuando infoLibre les pregunta si serán capaces de vivir el proceso sin guerras internas que vuelvan a abrir fracturas. La intención es coser, mostrar alianzas y fortaleza, caminar de la mano; pero saben que la política (y el poder) también se vuelve pasión. Y, teniendo en cuenta los antecedentes, no confían del todo en que las chispas que salten provoquen algún fuego difícil de apagar. Aún así, son conscientes de que la única manera de salir del atolladero es proyectando una imagen unida y sin heridas. Tras la debacle electoral del 21D, cuando el PSOE de Extremadura tocó fondo llegando a su mínimo histórico –lo que provocó la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general–, el partido ya está inmerso en las primarias para elegir nuevo jefe. O jefa. Esta herramienta democrática permite a cualquier militante ser líder de la formación si reúne los apoyos necesarios, pero igualmente puede crear batallas que no siempre se dejan atrás.

De momento, si bien todos los implicados apuestan por un nombre de consenso “porque eso es lo que pide la militancia”, la realidad es que ha habido récord de precandidaturas: cinco voces han dicho que quieren tomar los mandos. Dos mujeres y tres hombres: Blanca Martín Delgado, Soraya Vega Prieto, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias. Una expresidenta de la Asamblea de Extremadura, una exportavoz del grupo parlamentario socialista y tres alcaldes de pueblo. 

Los cinco coinciden en que se debe acabar con la división entre las dos provincias (Martín y Cotrina son de Cáceres; los otros tres, de Badajoz) y apostar por un partido regionalista, que mire más a Extremadura que a Madrid. 

Igualmente, creen que defender los derechos sociales frente a la derecha y la ultraderecha les ayudará a reconectar con sus votantes, muchos de los cuales prefirieron quedarse en casa y no acudir a las urnas en los últimos comicios autonómicos.

Y frente al panorama político actual, mantienen, por diversos motivos, su ‘no’ a una abstención del PSOE para que el PP gobierne en solitario en Extremadura sin depender de Vox. Pretenden ser una oposición combativa.

Más allá del bloqueo actual y sus posibles consecuencias (como una eventual repetición electoral el 28 de junio), afrontan este proceso con la mirada puesta en las municipales de 2027, donde se juegan su fortaleza en los ayuntamientos.   

Formaba parte del círculo más íntimo del fallecido Guillermo Fernández Vara, al que considera un maestro. Con él ejerció de presidenta de la Asamblea de Extremadura, un cargo que después ha repetido en la legislatura a medias de la popular María Guardiola, dado que el desacuerdo entre PP-Vox provocó que la Cámara regional quedara en manos del PSOE. 

Ahora sigue siendo diputada. Dice que tras el resultado del 21D se planteó la opción de tomar las riendas del partido: “Durante la campaña electoral yo hice lo que tenía que hacer”.

En referencia a Gallardo y a cómo ejerció su liderazgo, expresa: “Los procesos de primarias sabemos abrirlos pero no cerrarlos”.

“En estos momentos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y dar una imagen de partido unido y no dividido, que luche por nuestra gente, por los jóvenes y también por los mayores, que necesitan recursos para vivir en los pueblos”, subraya. 

Asimismo, añade: “Yo no he venido a librar ninguna batalla, formamos parte de la misma familia. Hay que escuchar a los demás y quiero un proyecto fuerte y unitario”.

Ella ve como algo positivo que haya “tanta gente preocupada y dispuesta” para hacerse cargo del partido. Considera que votar en unas primarias es “darle voz a la militancia”. Vega Prieto, exportavoz del grupo parlamentario socialista y actualmente diputada, cuenta que ya en las Navidades, justo después del 21D, se planteó ser candidata. “Me escribió mucha gente para proponérmelo”, afirma. Es de las que más ha defendido frente a las cámaras la figura de Gallardo. De hecho, entre sus apoyos públicos está la sucesora de él en la Diputación de Badajoz (Raquel del Puerto) y en la alcaldía de Villanueva de la Serena (Ana Belén Fernández).

Subraya que en este proceso de primarias debe haber “mucha generosidad y saber qué es lo importante”. “No nos podemos hacer trampas al solitario. Hemos desconectado con la gente y tenemos que volver a salir a la calle para explicar cuáles son nuestras políticas de izquierda, porque las tenemos”.

En este sentido, tiene claro que el papel del PSOE a nivel regional, ahora mismo, debe ser el de una oposición responsable “que no entre en debates estériles”. “Tenemos que pararnos a pensar, ir a la profundidad de las cosas”.

Es quien más pone el foco en un partido que, si es necesario, mire hacia Extremadura más allá de las siglas del PSOE: “Tenemos de ejemplo lo que está pasando en el PP y en Vox. Desde Madrid les dicen qué día pueden reunirse”. Sánchez Cotrina es alcalde de Salorino (522 habitantes) y ha dejado temporalmente su puesto como secretario general del partido en la provincia de Cáceres mientras se desarrollan estas primarias.

Su precandidatura no ha sido ninguna sorpresa; su nombre lleva meses sonando. Por eso él se considera esa persona de consenso capaz de convencer a los demás. “La verdad es que me ha sorprendido que al final seamos tantos”. Sabe que será difícil aunar todas las sensibilidades.

¿Que qué le pasa al partido? “La izquierda está apagada y aburrida. Tenemos que pelearnos por la cosa del comer. ¿Ahora todos los agricultores son de derecha? Ni mucho menos. Pero hay que saber explicar las cosas. Y, por ejemplo, decirle alto y claro a la ultraderecha que somos internacionalistas y que queremos migrantes en Extremadura. Hay que dar la batalla en el Parlamento y en los bares de los pueblos”.

Asevera que las grietas y las heridas del partido se superarán en función de quién asuma el liderazgo: “No solo vale cambiar las caras, también hay que hacer lo mismo con las políticas”. Así lo manifiesta González Andrade, alcalde de Olivenza (11.800 habitantes) y presidente de la Fempex (Federación Extremeña de Municipios y Provincias).

Se distanció de Gallardo en las anteriores primarias y ahora declara: “Yo vengo sin tutelas, libre, dispuesto a jugar mis cartas, con el ánimo de los que me han empujado a que me presente y con el apoyo de alcaldes de ambas provincias, y no es necesario tener detrás a ningún nombre conocido”. 

Del mismo modo, manifiesta: “Estamos en un momento complejo, pero lo fundamental es que el partido salga fuerte y unido”.

Teniendo en cuenta el contexto político, expone: “El PSOE debe aportar estabilidad, y ha de estar preparado para cualquier escenario”, indica en referencia a la falta de acuerdo PP-Vox y a esa posibilidad en el aire de volver a las urnas.

Anunció en un vídeo en redes sociales que también quería pelear por la secretaría general del PSOE extremeño. Y para grabarlo se desplazó a la carretera nacional que une Badajoz y Cáceres. Se colocó justo a mitad de camino entre ambas ciudades para reivindicar que hay que derribar el muro que existe entre las dos provincias. Díaz Farias es alcalde de Villanueva del Fresno (3.250 habitantes) y vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz.

Habla de manera directa y afirma que las primarias son complejas en cuanto a la búsqueda de apoyos por las consecuencias de posicionarse públicamente: “Yo siempre digo que prefiero ilusionarte que presionarte”.

Él tiene claro que para reconstruir el partido hay que empezar desde la base, “desde los alcaldes”. En cuanto a la debacle electoral del 21D, remarca que “las ideas socialistas están más vigentes que nunca”. “Lo que ocurre —prosigue— es que a veces no se ha sido coherente. Se puede cambiar de opinión y no pasa nada, pero hay que explicar las cosas”. “Y hay que defender los intereses de Extremadura —apostilla—, pero para eso no hace falta meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez”.

Hasta aquí las propuestas y visiones de los cinco aspirantes a reparar el PSOE extremeño. Pero para llegar a esa meta, antes han de recoger los apoyos necesarios para seguir en la pugna. Habrá tiempo de buscarlos hasta el próximo martes 24 de marzo. 

Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla, se deben presentar el 12% de avales como mínimo (1.124) y el 15% como máximo (1.405) para convertirse en candidatos de manera oficial.

La siguiente fecha clave es el 11 de abril. Ese día, 9.366 militantes están llamados a las urnas si no se logra un nombre de consenso. De ese cuerpo electoral, el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres. 

El proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional, que será en Mérida el sábado 25 de abril. De esa cita saldrá el nuevo jefe o jefa que tendrá como misión reconstruir el partido después de su peor momento de la historia democrática.

Si Extremadura tenía que servir como ejemplo, como avanzadilla o como experimento para palpar el termómetro político nacional, la respuesta ya es evidente: el adelanto electoral impulsado por el PP ha llevado a la comunidad a una parálisis tutelada desde Madrid. Sin gobierno, sin acuerdo y sin libertad para negociar. Más de dos meses después del 21D, la región sigue siendo un laberinto. El intento de la popular María Guardiola de ser investida como presidenta de la Junta ha fracasado por la falta de apoyo de Vox. El resultado no ha provocado ninguna sorpresa.

La estrategia —cocinada desde Génova— era anticipar los comicios autonómicos para hundir al PSOE (y, en consecuencia, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) y frenar el avance del partido de Santiago Abascal. Entre manos de los populares, la ambiciosa idea de saborear una mayoría absoluta que estaba lejos. Al menos aspiraban a rozarla. Pero el recuento de votos los puso en un escenario complejo, y ahí permanecen: una dependencia aún mayor de Vox.

¿Cómo se vive la situación en Extremadura? Hay plazo hasta el 4 de mayo para acercar posturas y celebrar otra sesión de investidura, por lo que existe margen para que PP y Vox estrechen finalmente la mano. Pero en este proceso surgen varias claves pegadas al territorio. La primera, el malestar por la manifiesta intervención de los líderes nacionales, algo insólito. Vox y PP se acusan mutuamente de estar a las órdenes de sus jefes de Madrid. Tanto Abascal como Alberto Núñez Feijóo han entrado de lleno en las conversaciones y son los que marcan el paso. Precisamente, uno de los argumentos en el debate de investidura del líder extremeño de Vox, Óscar Fernández Calle, a Guardiola fue: “No hay acuerdo porque Génova no quiere”.

Hay que recordar que “evitar la repetición electoral” fue el razonamiento que se esgrimió para elegir a Miguel Tellado como encargado de ejercer esa citada supervisión en Extremadura y Aragón “para facilitar los acuerdos” con Vox y “velar por la coherencia”.

En Génova pensaban que Tellado sería capaz de hacer lo que Guardiola no había conseguido: desencallar y alcanzar un pacto. La tesis era la “animadversión” de la extrema derecha hacia la presidenta extremeña; pero el movimiento se entendió en clave interna como una tutela sin precedentes a una candidata que había obtenido el 43% de los votos, el tercer mejor resultado autonómico. 

No son pocos los cargos que consideran que ha habido “fuego amigo” contra Guardiola, dejándola en una posición “muy debilitada”. Ahora es Tellado el que se encuentra ahí porque el ‘no’ de Abascal ha constatado que la derrota es también suya.

El PP conoció la negativa de Vox poco más de 24 horas antes de la votación de investidura y la dirección de Abascal ha querido dejar claro que la culpa del desacuerdo no es Guardiola, sino de Feijóo.

En las filas populares saben de sobra que hasta que no pasen las elecciones de Castilla y León (el 15 de marzo) será difícil un posible pacto. Creen que Vox únicamente está “escenificando un enfado” de cara a la campaña porque pretende seguir mejorando resultados en las autonómicas. La estrategia nacional les está funcionando.

En Extremadura, la puesta en escena de intentar acercar posturas se ha mantenido casi hasta el último momento, asegurando que el silencio establecido e impuesto de las negociaciones era señal de un acercamiento en secreto.

A sabiendas de las cartas con las que jugaba cada cual, Guardiola optó por rebajar el tono en sus intervenciones durante el debate de investidura; evitó ir contra los diputados de Vox e insistió en que les tendía la mano. En ningún momento respondió a las provocaciones de la ultraderecha. “No la quieren ni los suyos”, “sus enemigos están dentro” o “tiene que ser duro soportar la humillación de su partido, que la desautoriza”, fueron algunos de los mensajes que le lanzó Fernández Calle. Ninguna reacción. 

Ese cuestionamiento del liderazgo de Guardiola es otra de las claves extremeñas. Los suyos la han aplaudido sin parar en la Asamblea, dentro y fuera del hemiciclo, para evidenciar que la formación extremeña cierra filas en torno a su jefa, la cual tiene claro que no dará un paso al lado. Vox, PSOE y Unidas han coincidido en poner en duda su papel. Aunque ahora Abascal culpe a Génova del fracaso en Extremadura, en otras ocasiones incluso no ha descartado “pedir su cabeza”.

La realidad es que si bien en su primera campaña electoral, en 2023, Guardiola le pedía al ya fallecido Guillermo Fernández Vara que dijese su nombre porque consideraba que evitaba darle protagonismo, esta vez le lanzó a la bancada socialista: “Dejen de hablar de mí, hablen de la gente”. En el primer caso, era una desconocida, su principal hándicap; después sus declaraciones han retumbado varias veces en el ámbito nacional.

En ese sentido, la más directa en el debate de investidura fue la líder de Unidas, Irene de Miguel: “Váyase con dignidad, no espere a que esta panda de señoros con tufo machista la defenestre”.

Más allá de que finalmente haya acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, otra de las claves que se plantean es qué estabilidad ofrecerá ese pacto en una comunidad que ya ha tenido a los mandos a ambas formaciones en un gobierno de coalición que se rompió apenas un año después de crearse. Ocurrió cuando Abascal dio la orden de que los consejeros se salieran del Ejecutivo autonómico. Asimismo, dos años después, la legislatura se ha tenido que dar por acabada por la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos. Ahí está el antecedente. Además, los rifirrafes públicos, especialmente en redes sociales, entre Guardiola, Abascal y Fernández Calle, han sido sonoros.

Ahora la líder extremeña del PP quiere dejar a un lado la batalla y centrarse en las cuestiones en común que tiene con Vox. Coinciden —unque en distintos niveles— en bajar impuestos y defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz, por ejemplo. Pero están más alejados en temas fundamentales para los ultras como la inmigración. Si bien Guardiola lo ve como una oportunidad para crear empleo y aumentar la población siempre que no se caiga “en el caos migratorio de Pedro Sánchez”, Fernández Calle fue tajante: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Cuando, después del 21D, el PP intentó iniciar las conversaciones con Vox y la respuesta fue esquiva, entre los populares algunos ya empezaban a asumir que el 4 de mayo habría que convocar nuevas elecciones. Ahora, a pesar del fracaso, la derecha y la ultraderecha aseguran seguir con la puerta abierta. Eso sí, a la espera de los resultados en Castilla y León (tras haberse celebrado ya los comicios en Aragón, donde Vox también mejoró su porcentaje de apoyos) y a la espera de las órdenes desde Madrid.

Al respecto, Abascal ya ha manifestado que “cuando se pase de las musas al teatro y cuando se concreten medidas precisas, podremos seguir con la mano tendida”. Ese es el argumento a repetir.  

Pero esta investidura fallida ha vuelto a poner sobre la mesa un escenario que ahora empieza a gustar a los partidos de la oposición: PSOE y Unidas por Extremadura. Es más, ambas formaciones piden abiertamente que la región vuelva a las urnas como única opción ante el “callejón sin salida” en que se encuentra ahora mismo.

La líder de Unidas se ve fuerte y tiene claro que celebrar elecciones el 28 de junio (sería la fecha marcada en rojo) supondría una nueva oportunidad para los partidos de izquierda. “Aunque se pongan de acuerdo, esto va a ser un polvorín. Guardiola no sabe dialogar”, resume.

Por parte del PSOE, la diputada Piedad Álvarez afirma que, después de tocar mínimos históricos, su partido solo podría mejorar. “Esta vez no nos cogerían con el pie cambiado”, expresa ya fuera de la tribuna de la Asamblea. Este viernes 6 de marzo, justo después de la investidura fallida de Guardiola, los socialistas extremeños han decidido el calendario para elegir a su nuevo líder. Habrá primarias el 11 de abril si antes no se llega a una candidatura de consenso.

Lo que sí ha descartado el PSOE es abstenerse para que el PP pueda gobernar en solitario. De ahí no se mueven.

De momento, Extremadura ha vuelto a vivir esta semana una jornada histórica: la primera vez que hay un rechazo en una sesión de investidura.