El PP se enreda en la "prioridad nacional": "Si tenemos que explicarlo tanto, algo no funciona”

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Feijóo trata de minimizar las críticas

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

Los territorios se revuelven

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Vox concreta su 'prioridad nacional': "Es español el nacido de padre y madre española"

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Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

Vox, obligado a corregir a su portavoz en Cataluña

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.