Guardiola hace un guiño a Vox y autoriza a los jefes médicos de la pública a ejercer también en la privada

A menos de un mes para las elecciones autonómicas, Extremadura hace un guiño a la sanidad privada. La Junta ha dado luz verde a que los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios.

¿Cuáles son los argumentos? Fidelizar a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que no se marchen a otras regiones con mejores condiciones, atraer a nuevos talentos y fomentar la libertad profesional. Además, subrayan que era “una reivindicación histórica del sector”.

Lo cierto es que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía esta medida. La misma existía desde 2006 y se puso en marcha siendo el recientemente fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara (PSOE) consejero de Sanidad.

Lo que hace ahora el Gobierno de María Guardiola (PP) es modificar ese decreto 152/2006, de 31 de julio en cuyo artículo 6 se recoge: “El desempeño de un puesto de jefe de servicio o sección se realizará en régimen de dedicación exclusiva, no pudiéndose renunciar al complemento específico que el puesto tenga asignado”.

Fue Vox quien abrió la veda. El pasado mes de mayo registró una propuesta en la Asamblea para que se permitiera a estos profesionales (son 220 jefaturas) ejercer tanto en la pública como en la privada. Semanas después el asunto se llevó a la Mesa Sectorial de Sanidad por parte de la consejera del ramo, Sara García Espada, y es ahora cuando se le da el visto bueno final.  

Habría que recordar que cuando el popular José Antonio Monago estuvo al mando de la Junta (entre los años 2011 y 2015, gracias a la abstención de IU) no planteó ningún cambio al respecto.

Las voces críticas

Con la reforma aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), ¿qué supondrá el cambio? En el análisis de las consecuencias aparecen las voces críticas. Entre ellas, la de Remigio Cordero, portavoz de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y que ha ejercido durante 42 años de médico internista en hospitales de Badajoz. Su resumen es que habrá un evidente conflicto de intereses. Lo explica así: “Son los jefes de servicio y sección los que tienen capacidad de reducir la oferta o aumentar la demanda, como en las peticiones de consulta, de pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas. Si se produce un exceso de demanda, sale beneficiada la oferta subsidiaria de la sanidad privada”.

Del mismo modo, añade: “La diferencia en las retribuciones médicas entre el sistema público y el privado es que en el primero se cobra por salario y en el segundo por acto médico. Ese excedente de demanda podría producir un aumento de actos médicos, lo que significaría un incremento de retribuciones”.

Cordero, que también fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEx), pone el foco en la diferencia entre complementariedad y competencia. “La complementariedad entre dos sistemas exige que no existan elementos comunes. Cuando la alternativa a la sanidad pública es la privada para asumir la demanda excedente, la colaboración se convierte en competencia. Sus beneficios aumentarán cuando disminuya la eficiencia de la competidora”.

Y asegura que esa realidad que describe se podría dar con más frecuencia en especialidades como traumatología o xirugía maxilofacial, donde las listas de espera son más largas.

¿Qué responde al argumento de la Junta de la fuga de especialistas o la dificultad para nombrar a responsables por esta ‘limitación’? “Si bien amenazan con irse, después no lo hacen, porque el prestigio como profesional te lo da ser jefe de servicio en la pública”, afirma quien también ocupó ese cargo. 

“Que el modelo no sea Madrid”

En este contexto, asegura que en Extremadura la sanidad privada no tiene, de momento, gran calado y destaca de manera muy positiva la inversión presupuestaria que se hace con respecto a otras regiones (influyen el envejecimiento de la población y la dispersión rural). “El modelo somos nosotros, no Madrid”, apunta.

Como comparativa, mientras Extremadura gasta en torno al 9% de su PIB (Producto Interior Bruto) en Sanidad, la Comunidad de Madrid se queda en el 4%. Y si las derivaciones de la pública a la privada para poder hacer frente a la actividad hospitalaria suponen el 4,7% en Extremadura, en Madrid llegan casi al 11% y en Cataluña al 22%.

No obstante, añade un matiz: el nuevo hospital privado que Quirón está construyendo en Badajoz. “Entre otras cosas, hará falta que más profesionales de la pública se pasen allí para ponerlo en marcha”.

Las ‘peonadas’

Otra voz de denuncia contra la recién aprobada reforma es la de Juan Luis Domínguez Carlos, de la Federación de Sanidad de CCOO de Extremadura. “Esto es muy sencillo: los jefes de servicio son los que gestionan las listas de espera de cada especialidad. Y lo que no podemos permitir es que esas listas de espera bajen, para cumplir con la ley de plazos, a costa de derivar a la privada”, expresa. Y añade: “Yo puedo pensar que todo el mundo es bueno, pero sobre todo lo que quiero es que haya controles para que las cosas se hagan bien. Y no puede ocurrir que dejemos que se deteriore lo público para justificar que es mejor la privada”.

En este sentido pone el foco en las llamadas peonadas, las horas extra que los profesionales sanitarios hacen –y cobran– fuera de su horario habitual. “Esto también lo controlan los jefes de servicio”, apunta.

De este modo, en el primer semestre de este 2025, las consultas de tarde han aumentado en los hospitales extremeños un 50% y, además, la mitad de las pruebas de diagnóstico se han hecho o bien en esas horas o bien en la privada.

“Nos hemos gastado más de 22 millones en peonadas extraordinarias sin control. Esto no es sostenible, nos tememos un intento deliberado de deterioro de la sanidad pública para engorde de la privada”, denunciaban este verano, al respecto, desde Unidas por Extremadura.

Pero para la Junta el balance es positivo porque, efectivamente, se han reducido las listas de espera. Remarcan, sobre todo, las quirúrgicas: se ha rebajado en un mes el tiempo de espera para ser intervenido, llegando a los 134 días de media (con datos de junio).

De este modo, se cumple con la ley de plazos, que establece un máximo de 180 días naturales en el caso de las operaciones.

“No es una mercancía”

Frente a esta gestión, la oposición es muy crítica. Así, considera la eliminación de la dedicación exclusiva para los jefes de servicio otro paso más hacia la privatización. “No tiene nada que ver con la libertad individual de los médicos, que respetamos, sino con el blindaje del sistema público. La sanidad no se puede ver como una mercancía o un bien de mercado”, expresaba la socialista Isabel Gil Rosiña tras el anuncio de la reforma del decreto.

Los técnicos auxiliares de enfermería, en guerra contra la precariedad: "No somos criados del sistema"

Ver más

“¿Se imaginan a un directivo de Coca-Cola trabajando por las tardes para Pepsi? Entonces, ¿por qué lo permitimos con la sanidad pública? Algunos solo piensan en hacer negocio con ella”, manifestaba, por su parte, Irene de Miguel, líder de Unidas.

El Estatuto Marco y la confrontación política

Cuando la consejera de Salud y Servicios Sociales anunció esta modificación, a finales de mayo, ya desde CCOO mostraron su oposición al considerarla "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años en vigor. El sindicato acusaba a la Junta de querer influir en las negociaciones a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco que, precisamente, contempla la exigencia de dedicación exclusiva para puestos directivos y jefes de servicio, prohibiendo que trabajen en la privada. El objetivo: evitar conflictos de intereses y asegurar que los gestores se dediquen por completo al sistema público.

Domínguez Carlos subraya al respecto: “Es que la política tiene que salir de este tipo de negociaciones. Lo que no puede ser es que, según el color de la autonomía, me levanto o me quedo en la mesa de negociaciones. La protección de la sanidad pública debe estar por encima de eso”. “Porque, al final, se convierte en una batalla más”, añade en relación a que los intereses son más partidistas que sanitarios. De hecho, la dedicación exclusiva será un elemento más de confrontación del PP contra el PSOE que saltará a la hora de negociar el citado Estatuto Marco desde el Gobierno con las autonomías.