Han tenido que pasar cuarenta años para que, por fin, un documental aborde de forma seria y honesta el caso del Rainbow Warrior, un momento fundacional en la historia del periodismo de investigación y de impacto en Francia. Producido por Mediawan, será emitido en tres episodios en France 2 el próximo 23 de septiembre (a partir del 19 de septiembre en France TV). Ha sido dirigido por Julien Johan y Frédéric Ploquin.

Junto con otros colegas que participaron en nuestra carrera de relevos del verano de 1985 contra la mentira del Estado (Jean Guisnel de Libération, Georges Marion de Le Canard enchaîné y Jean-Marie Pontaut de L'Express), soy uno de los periodistas que dan testimonio en ella, cuando entonces trabajaba en Le Monde (ver caja negra).

Breve resumen de los hechos: el 10 de julio de 1985, el buque insignia de Greenpeace, que se preparaba para llevar a cabo una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el Pacífico, fue hundido por la explosión sucesiva de dos minas cuando estaba atracado en el puerto de Auckland, al norte de Nueva Zelanda; un joven fotógrafo del movimiento ecologista, el portugués Fernando Pereira, murió ahogado intentando salvar sus cámaras; aunque todo apuntaba a Francia, sobre todo tras la rápida detención por parte de la policía de Auckland de dos agentes de la DGSE –el falso matrimonio Turenge (Alain Mafart y Dominique Prieur)–, el poder lo negó rotundamente, admitiendo únicamente una misión clandestina de vigilancia.

Dos meses después del atentado, las revelaciones de Le Monde en su edición del 17 de septiembre de 1985 (fechada el 18 de septiembre), difundidas posteriormente por L'Express, obligaron al Gobierno, a través del primer ministro Laurent Fabius, a reconocer la responsabilidad de Francia, mientras que el ministro de Defensa, Charles Hernu, y el jefe de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste, se vieron obligados a dimitir.

“Actuaron siguiendo órdenes”: esta frase, pronunciada entonces por Laurent Fabius en referencia a los ejecutores de la misión de sabotaje, en una declaración que validaba la información de Le Monde, ha quedado desde entonces en suspenso. Los guardianes del templo mitterrandiano, ya fueran cínicos o sinceros, y los periodistas del Gobierno, conformistas por función y por costumbre, se encargaron de que esa “orden” nunca se aclarara, identificara o atribuyera a nadie.

François Mitterrand, jefe de las Fuerzas Armadas y, como tal, de los servicios secretos, que siguió siendo presidente durante los diez años siguientes al atentado, nunca fue preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto. Por imperativo del presidencialismo, incluso el Parlamento prefirió abstenerse de cualquier curiosidad y no creó ninguna comisión de investigación.

Teniendo como hilo conductor el relato de su misión por parte de los agentes secretos del servicio Action de la DGSE, en particular del oficial de buceo de combate que colocó los explosivos, el coronel Jean-Luc Kister, que salió de la sombra en Mediapart en 2015, el documental ¿Quién hundió el 'Rainbow Warrior'? tiene el mérito de disipar la niebla que desde hace cuatro décadas se esfuerza por proteger al principal responsable de este crimen de Estado: el presidente de la República Francesa, François Mitterrand.

Además de los hechos ya conocidos, entre los que se encuentra el informe escrito en 1986 por el almirante Lacoste, revelado por Le Monde en 2005, añade a esta larga investigación el testimonio inédito de Patrick Careil, en aquel momento director del gabinete del ministro de Defensa, antes de pasarse al sector bancario y financiero.

Convertido en el culebrón del verano de 1985, el caso Greenpeace tuvo como motor periodístico la búsqueda de la verdad: al no poder identificar a los autores del atentado, que, de hecho, no podían ser los dos equipos de agentes secretos ya identificados —los falsos esposos Turenge, encargados de la coordinación, y la tripulación del velero Ouvéa, responsable de transportar el material—, el poder podía mentir como un bellaco, a pesar de todas las sospechas.

De ahí el efecto explosivo de la revelación, en las columnas de Le Monde, de un tercer equipo de nadadores de combate, directamente responsable del atentado. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. O, en otras palabras, la carta que había que jugar para derribar el castillo de naipes de la mentira.

Pero hoy, el testimonio de Patrick Careil confirma que esta mentira no era la de todo el Gobierno, sino la del ministerio de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Presidencia de la República: François Mitterrand, que fue informado de antemano de la operación de la DGSE, también mintió a su primer ministro, Laurent Fabius, explica Careil en esencia.

Comprometido a tope con Charles Hernu, hasta el punto de liderar él mismo la campaña contra los periodistas que investigaban, Patrick Careil no oculta sus remordimientos retrospectivos, ya que esta mentira (en el corazón del poder político) dentro de la mentira (a todo el país y al mundo entero) favoreció el impacto final de las revelaciones periodísticas, ayudadas por las divisiones dentro del aparato estatal.

Porque, en aquella época, lejos de ser un testigo pasivo, Patrick Careil fue un protagonista activo de esta operación clandestina montada contra Greenpeace. Fue él quien, el 19 de marzo de 1985, pidió explícitamente al jefe de los servicios secretos “que utilizara los medios de la DGSE para impedir que el movimiento Greenpeace llevara a cabo sus proyectos de intervención contra la campaña de ensayos nucleares franceses en Mururoa, en el verano de 1985, ya que el ministro estaba firmemente decidido a oponerse a ellos”.

Esas son las primeras líneas del informe del almirante Pierre Lacoste, fechado el 8 de abril de 1986 y redactado a petición del nuevo ministro de Defensa, en el seno del Gobierno de cohabitación del que Jacques Chirac era primer ministro. Revelado veinte años más tarde en Le Monde por el periodista Hervé Gattegno, quien lo retomó en un reciente libro, ese informe no deja lugar a dudas sobre la implicación directa de François Mitterrand en esta operación.

“Nunca me habría embarcado en una operación de este tipo sin la autorización personal del presidente de la República”, escribe el exjefe de la DGSE, que relata con detalle su decisiva entrevista con el jefe del Estado, el 15 de mayo de 1985 a las 18 horas, en el palacio del Elíseo:

“Le pregunté al presidente si me autorizaba a poner en marcha el proyecto de neutralización que había estudiado a petición del Sr. Hernu. Me dio su consentimiento, manifestando la importancia que concedía a los ensayos nucleares. No entré entonces en más detalles sobre el proyecto, ya que la autorización era suficientemente explícita. [...] No me pareció anormal no recibir una orden por escrito para iniciar una acción clandestina. Ya había ocurrido lo mismo anteriormente, y era la norma en este tipo de actividades”.

Luego, examinando de nuevo la debacle final que pagaron los agentes secretos implicados sobre el terreno —encarcelados durante un tiempo en Nueva Zelanda como falsos esposos Turenge, identificados públicamente por la mayoría de los demás—, el almirante Lacoste hizo este comentario: “Nos perdimos en una maraña de mentiras e intrigas que acabó en un auténtico desastre.”

Gracias a este laberinto de mentiras, François Mitterrand logró, mientras vivió, eludir su responsabilidad personal en este crimen de Estado. En materia de ocultación, el poseedor del récord de duración presidencial —catorce años, de 1981 a 1995— fue sin duda alguna incomparable, lo que no dejó de tener repercusiones para la familia política socialista a la que se había unido.

La tardía revelación, a pesar de sus persistentes negativas, de sus compromisos juveniles, maurrasianos y petainistas, no ayudará a la lucidez ante el ascenso electoral e ideológico de la extrema derecha. Lo mismo que su talento para hacer olvidar su compromiso en los años 50 contra la independencia argelina y a favor de la presencia francesa en África no ayudó a afianzar el anticolonialismo en el PS: François Mitterrand fue un feroz defensor del Imperio francés, incluso reducido a la mínima expresión, hasta el punto de haber sido, como ha demostrado recientemente Thomas Deltombe, el precursor del neocolonialismo.

Las otras dos lecciones presentes de este crimen pasado se refieren, evidentemente, al presidencialismo y al periodismo. Además de su talento para despistar, François Mitterrand estaba protegido por el búnker institucional de la V República, que pone al jefe del Estado fuera del alcance de las protestas y las revelaciones, e incluso de las elecciones, como demuestra hoy la práctica antidemocrática de Emmanuel Macron con respecto a la Asamblea Nacional.

En cuanto al periodismo, el caso del Rainbow Warrior recuerda una época en la que, en el seno de un sistema mediático en el que Le Monde era el periódico de referencia, existía una prensa totalmente independiente, tanto económica como políticamente, que podía asumir el riesgo de las revelaciones del 17 de septiembre de 1985.

Un riesgo, por supuesto, porque, al tratarse de operaciones clandestinas de los servicios secretos, no hay documentos, rastros escritos ni testimonios públicos. “Teníamos que proteger a toda costa lo que constituía nuestra última seguridad: la identificación de un tercer equipo”, escribirá el almirante Lacoste en sus memorias, publicadas en 1997.

Solo un periódico sin ataduras, sin vínculos de subordinación ni dependencia, como lo era entonces Le Monde, dirigido por André Fontaine y cuyo accionariado estaba controlado por su redacción, podía arriesgarse, basándose en una investigación cuyas fuentes eran necesariamente confidenciales, a titular en portada la existencia de ese “tercer equipo”, compuesto por dos nadadores de combate de la DGSE, autores materiales del atentado contra el Rainbow Warrior.

Así se logró arrojar luz sobre esta mentira de Estado, demostrando la fuerza del impacto de un periodismo al servicio del interés público y del derecho a saber. El mismo que Mediapart, desde su creación, se esfuerza en defender e ilustrar.

Como protagonista de la investigación sobre el Rainbow Warrior, me solicitaron que participara en el documental emitido por France Télévisions, al igual que en julio, con motivo del cuarenta aniversario del atentado, por el INA. Participé también en una serie de podcasts de Mediapart realizados en 2024, con motivo de mi salida de la presidencia.

Traducción de Miguel López

Puta. Cada vez que veo sus morritos pienso lo mismo. Tiene llagas de chupársela al coletas. Histérica. Bruja. Te tendrían que haber cogido los de La Manada. Cerda. Golfa. Comepollas. Eres ministra por callar y ponerte de rodillas. 

Son algunas de las salvajadas que reciben las mujeres que se dedican a la política en nuestro país. Una retahíla de insultos —puede que alguna lectora haya recibido algún comentario similar tras mostrar su opinión en X— que demuestra de manera muy clarificadora la violencia que sufren. En cualquier espacio —en el primer párrafo pueden leer machistadas que se han pronunciado ante los medios o incluso en el Congreso de los Diputados— pero más en las redes, en las que muchos perfiles usan el anonimato para verter misoginia y violencia sin ningún tipo de pudor o miedo a ser reprobado. Escondidos tras un avatar o un nombre falso haciendo alarde de la impunidad de la que gozan. Es terrible el asedio que está sufriendo Carla Vall, abogada de la periodista feminista Cristina Fallarás por defenderla: “me dicen que ojalá me violasen o maltratasen a mí”. Hay representantes públicas, activistas o periodistas que han tenido que abandonar las redes sociales —esas que durante algún tiempo fueron refugio y campo de difusión del feminismo— por la cantidad de odio que recibían. Imaginen levantarse cada día y leer decenas de mensajes así. ¿Quién puede soportarlo? Enfoquemos mejor la pregunta: ¿por qué hay que tolerarlo?

Este domingo era la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la que denunciaba la campaña de acoso machista que estaba sufriendo. Antes fueron Bibiana Aído, Leire Pajín, Irene Montero (pocas políticas han recibido tanto hostigamiento como ella y han estado tan poco acompañadas) Adriana Lastra, Yolanda Díaz o Alicia Sánchez Camacho. Mujeres con puestos relevantes, con agenda propia, con poder. En los ataques contra ellas, no hay crítica política, por mucho que algunos se empeñen en repetirlo. Tampoco hay discusiones argumentadas sobre diferencias ideológicas. Hay cosificación, sexualización y odio. Se tiran por tierra sus logros laborales y se asocia su cargo a los favores sexuales que supuestamente han hecho a los hombres.

Y no, no es que los varones que se dedican a la política no sufran acoso —recuerden la campaña de deshumanización que tuvieron que soportar Pedro Sánchez o Pablo Iglesias—, pero sobre ellos nadie hace recaer la sombra de la duda sobre cómo han alcanzado el poder. Se da por hecho que ese puesto les corresponde —y si no a ellos, a otro hombre— y que las mujeres que han llegado hasta ahí no lo han hecho por méritos propios. Son unas intrusas. Por eso, cualquier excusa es buena para erosionar su carrera.

Tampoco son sólo unos cuantos tuits. Es la máquina de la desinformación trabajando a todo trapo. Son columnas y editoriales en pseudomedios digitales ultras y horas de tertulias en programas de televisión con millones de espectadores y con periodistas empeñados en acabar con la izquierda. No es sólo Alvise Pérez propagando un bulo desde su cuenta, también es Cuca Gamarra haciendo un lamentable juego de palabras con el apellido de la ministra para relacionarla con Ábalos. Es Alberto Nuñez Feijóo, el ‘moderado’ líder de la oposición, condenando sólo a medias los ataques y asegurando que si Pilar Alegría hubiera dado explicaciones —las dio de forma detallada, por cierto— nada de esto estaría pasando. Vaya forma de culpabilizar de nuevo a una mujer por la violencia que sufre. Ni machismo ni feminismo, igualdad. 

Para poder abordar un problema público, es necesario concebirlo como tal. Por eso, es importante que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Estas amenazas o comentarios humillantes y sexistas son violencia política por razón de género. Y se ejerce contra las mujeres con un objetivo muy concreto: tratar de excluirlas del ámbito público a costa de su deterioro laboral, físico y psicológico. Les recomiendo leer este completo informe que realizó el Ministerio de Igualdad en 2023 si quieren ahondar en sus consecuencias.

El mensaje es para ellas, pero es disciplinante para el resto. ¿Qué les estamos trasladando a las niñas y adolescentes cuando normalizamos o restamos importancia a estos comportamientos violentos? ¿Qué joven va a querer estar en primera línea si el precio que tiene que pagar por ello es tan alto? La participación de las mujeres en política no es ni un regalo ni un favor, es una cuestión de calidad democrática. Expulsarlas, alejando la posibilidad de que ocupen esos cargos públicos nos hace un país más débil y, sin duda, mucho más injusto.

Cinco años. Es el tiempo que han tenido que esperar los familiares de las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid para comenzar a ver alguna luz al final del túnel. Este lunes, la Fiscalía ha pedido que declaren como investigados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Son los altos cargos del gobierno de Isabel Diaz Ayuso que elaboraron y firmaron el ‘Protocolo de la Vergüenza’, desvelado en exclusiva por este periódico. Un documento que supuso la prohibición de derivar a hospitales a los residentes que estuvieran en peores condiciones físicas o cognitivas. La decisión es un impulso a su lucha y reconoce algo que puede sentar un importante precedente: se les denegó el derecho a ser hospitalizados. Es decir, no se les dio el tratamiento que necesitaban y por eso murieron. Solos, con agonía, asfixiados, como relataron los y las profesionales sanitarias en la Comisión de Investigación. El ministerio público señala, además, de manera inequívoca a Madrid: fue el lugar donde se aplicaron de manera más restrictiva estos protocolos. 

Dijo Ayuso hace unos días que la cifra que la persigue —a ella y a su Gobierno—, las 7291 víctimas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, era un invento del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Es un mantra de la propaganda que conviene desmontar de vez en cuando: una mentira mil veces repetida no se convierte en verdad. Esa cifra la proporcionó su propio Ejecutivo, a través del portal de Transparencia, al entonces jefe de investigación de infoLibre, Manuel Rico. Por increíble que parezca estos días, en algunas tertulias de la derecha mediática se ha llegado a difundir la teoría conspiranoica —sin que ninguna voz desmintiese el bulo— de que fue Pedro Sánchez el que le dio el número a Rico para tumbar al gobierno de Ayuso. No hay límites cuando se trata de desprestigiar al gobierno, a los periodistas que consideran enemigos cuando hacen su trabajo o el dolor de las víctimas. Es un juego sucio al que la derecha se ha abonado en los últimos tiempos. Recuerden, si no, cómo atacaron a Silvia Intxaurrondo tras su entrevista con Feijóo o cómo convirtieron en un eslógan político el despreciable ‘Que te vote Txapote’. 

Alberto Reyero denunció valientemente lo que estaba ocurriendo en plena pandemia, cuando todavía formaba parte del ejecutivo de Díaz Ayuso. Lo hizo en tres cartas enviadas al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las que ya advertía de que si se negaba la ayuda a personas con discapacidad de cualquier edad (como se indicaba en el documento sellado por la Comunidad de Madrid y enviado a los hospitales de la región) estarían incurriendo “en una discriminación de graves consecuencias legales”. El ahora expolítico de Ciudadanos volvió a repetirlo en la Asamblea de Madrid, no de forma improvisada, sino en un discurso leído.  “No es ético, ni probablemente legal”, dijo ante el resto de parlamentarios. Contó que en los peores meses de la pandemia pidió ayuda, pero nadie en su propio gobierno le hizo caso. Dimitió unos meses después tras una decisión meditada. Desafiando a la verdad —y a la hemeroteca—, Ayuso argumentó, hace tan sólo unos días, que lo echaron por “ineficaz”. 

Cinco años han pasado. Y a punto están de cumplirse cinco meses de la dana. Desastrosa fue la gestión de Ayuso, desastrosa está siendo la de Mazón. Aún no sabemos qué hizo el president de la Generalitat la tarde del 29 de octubre en la que perdieron la vida 227 personas en la peor catástrofe climática reciente de España. La investigación judicial ha tirado por tierra su versión: el mando correspondía a la Generalitat —y no al Gobierno central como trató de hacer creer el PP— y el envío tardío del mensaje de alerta costó literalmente vidas. 

En un claro desafío a Génova, este lunes Mazón se ha mimetizado con Vox para blindar su permanencia, y su sueldo, en el Consell. En una comparecencia ante los medios y sin ningún pudor, ha comprado las tesis xenófobas de los ultras y sus argumentos negacionistas del cambio climático. De hecho, ha culpado al Pacto Verde de la dana. Un acuerdo, hay que recordar, que fue promovido por Ursula Von der Leyen, de la misma familia conservadora europea. Resulta indefendible este giro, a pesar de que Borja Sémper haya dado el visto bueno a lo acordado. “Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros”, como diría Groucho Marx. Y ahora bien, ¿quién sale ganando tras el acuerdo en la Comunidad Valenciana? Sin duda, la ultraderecha de Abascal. Son ellos los que marcarán a partir de ahora la agenda popular para negociar los presupuestos en otras autonomías. 

Al PP lo acorralan tanto las muertes en las residencias por la gestión de Ayuso en la pandemia como la inoperancia de Mazón durante la dana. No deberían los populares comprar la trampeada realidad de la Comunidad de Madrid que, tras cinco años, aseguró recientemente que en las residencias no murieron 7291 personas, sino 4100. Solo una persona muerta en condiciones indignas sería suficiente para alzar la voz, pero es que la cifra era falsa y no "una campaña de la izquierda y ultraizquierda". Tampoco deberían apoyar a un president cuya permanencia al frente de la Generalitat resulta más insostenible cada día que pasa. ¿Cuál es el papel de Feijóo? Parece el de un líder cada vez más desdibujado al que son sus dirigentes autonómicos los que le marcan el paso.

Fue en 2007. Entonces, la ley de igualdad puso encima de la mesa la obligación de que tanto empresas como partidos políticos tuvieran mecanismos de prevención y erradicación de conductas de acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, que las mujeres tuvieran el derecho de denunciar si se topaban con algún baboso o agresor en su puesto de trabajo. Parece una obviedad, pero la realidad se empeña en demostrarnos que no lo es. Quince años después y en vista de que una norma no era suficiente, la ley del sólo sí es sí volvió a insistir en ello. Hace tan sólo unos meses, infoLibre contó aquí que hasta nueve partidos en el Congreso seguían sin tener estos protocolos. Podemos sí lo tiene. De hecho, fue la primera formación de ámbito nacional que contó con uno. 

El feminismo se ha encargado de evidenciar la complicidad que permite a los agresores actuar impunemente. También de señalar a los que ríen las gracias machistas, a los que callan ante comportamientos sexistas o a los que miran hacia otro lado cuando se enteran de que comparten espacio con un agresor sexual. Los partidos políticos, incluso los que llevan como bandera el feminismo, no son islas en mitad del mar. Eso ya lo sabíamos, pero ha quedado ampliamente demostrado en los últimos meses. El machismo es transversal, lo permea todo, desde las aulas del colegio hasta el Congreso de los Diputados. Y de eso no escapa nadie a no ser que haya crecido en un búnker. Pero es el compromiso feminista el que, precisamente, debería marcar la diferencia a la hora de responder ante situaciones de violencia contra las mujeres. 

Podemos asegura que apartó a Monedero cuando conoció los testimonios de violencia sexual. Dos denuncias en septiembre de 2023. Una de ellas, por correo electrónico, escrita en plural, por lo que eran varias mujeres las que alertaban de los comportamientos machistas del fundador de Podemos. La otra, transmitida de manera informal en una conversación con la dirección del partido. Desde ese momento, alegan, apartaron a Monedero de los actos públicos. Con la primera, la formación no inició ninguna investigación porque la víctima no rellenó un formulario, según desveló elDiario.es.

Lo cierto es que sólo una denuncia debería haber sido suficiente para indagar, para rascar si era un hecho aislado —lo que no le resta ni un ápice de importancia— o un patrón de conducta. Pero es que además fueron dos, espaciadas por tan sólo unos días. Justifican que lo hicieron para proteger a las víctimas, pero da la sensación de que Podemos tomó una decisión por ellas sin contar con ellas. ¿No se preguntaron por qué la víctima nunca respondió a ese primer correo electrónico? ¿No les resultó extraño que una mujer que da el paso de alzar la voz permaneciera en silencio tras hacerlo? ¿Por qué no avisaron a Monedero de los hechos de los que diferentes mujeres le acusaban? Cuesta creer que no encontraran la fórmula de hacerlo sin desvelar la identidad de las denunciantes, manteniendo el anonimato que toda víctima merece. Eso sí que hubiera sido un ejercicio de transparencia: consultar y contrastar la información con todas las partes implicadas para tratar de averiguar qué había ocurrido. Resulta también muy sorprendente que en la Complutense, que ha abierto una investigación por acoso sexual contra Monedero, tampoco nadie diese la voz de aviso —¿ninguno de sus colegas profesores sintió la necesidad de hacerlo?— sobre un comportamiento que, al parecer, conocía todo el mundo.

Despedir con honores es hacerlo portavoz y meterlo en las listas parlamentarias. Así comparó Ione Belarra la actuación de su partido con la reacción de Sumar con Iñigo Errejón. La formación de Yolanda Díaz que, a posteriori, reconoció que sus mecanismos de prevención habían fallado, permaneció en silencio durante un año tras la publicación de una denuncia anónima que circuló por las redes sociales poco antes de las elecciones generales de julio de 2023. En ese tiempo, Errejón continuó con su actividad política hasta que el señalamiento en redes fue tan evidente —las mujeres encontraron un espacio seguro en la cuenta de Cristina Fallarás— que se vio obligado a dimitir con un comunicado autocomplaciente y repleto de eufemismos, en el que achacaba su comportamiento al neoliberalismo. Es cierto, por tanto, que ambos partidos actuaron de forma diferente, pero Podemos ha optado por defender su decisión señalando los errores de Sumar, sin hacer ningún tipo de autocrítica. No podemos obviar tampoco que tanto Errejón como Monedero eran referentes dentro de sus partidos. Esas figuras intocables a las que se suele definir como "cabezas privilegiadas". Ya va siendo hora de revisar los ideales en los que enmarcamos a ciertos políticos de izquierdas. Alguien que no respeta los derechos humanos no puede considerarse, en ningún caso, una mente brillante.  

Un último apunte. A Podemos se le ha perseguido política, mediática y judicialmente. Pero esa guerra sucia no puede convertirse ahora en el escudo en el que parapetarse de las críticas que la formación está recibiendo. Es indudable que ciertos sectores de la derecha quieren instrumentalizar el caso Monedero para ridiculizar a las víctimas y a la lucha feminista. Atacar así a la izquierda se ha convertido en gasolina para los negacionistas, no hay más que ver el doble rasero con el que señalan unas agresiones y otras. Ya sabemos cuál es su campo de batalla, no perdamos el tiempo en él. Es mucho más productivo dedicar tiempo y esfuerzo en debatir, de manera sosegada, sobre cómo crear espacios seguros en todos los ámbitos (y eso incluye revisar los protocolos si es necesario) para que las víctimas tengan la certeza de que, de verdad, no están solas.

Fue uno de los discursos más reivindicativos. Dijo Eduard Fernández el pasado sábado al recoger el Goya a mejor actor que no hay que olvidar el peligro del fascismo y de un saludo ambiguo —en clara referencia al saludo nazi que hizo hace algunas semanas Elon Musk frente a millones de personas. Tampoco el de los campos de concentración, los Guantánamo o los Gaza. Alertaba de que vienen tiempos difíciles. 

En menos de un mes, Donald Trump —no lo olvidemos, un delincuente convicto que ha sido elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos— ha anunciado que retira a su país de la Organización Mundial de la Salud, que va a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que abandona el Acuerdo del Clima de París, que borra de un plumazo los derechos del colectivo LGTBIQ+ que tanta sangre, sudor y lágrimas han costado alcanzar. También ha anunciado la imposición de aranceles, que después ha paralizado, como maniobra de presión a los países afectados para iniciar una negociación en posición de ventaja. O cuando da rienda suelta a su ambición imperialista advirtiendo de que Groenlandia está en su radar o que quiere recuperar el Canal de Panamá. Todo esto mientras ataca de forma despiadada a los migrantes, los convierte en el enemigo de la sociedad y promete llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”. 

Trump sueña con un Estados Unidos para personas blancas. Pero es que además, Trump sueña con que esos ciudadanos blancos puedan ir de vacaciones a la Riviera de Oriente Próximo. Ahí se ve él y ve al genocida Netanyahu. En una Gaza saqueada y vaciada de palestinos, convertida en un resort para las élites. En un parque de atracciones para ricos tras haber cometido una limpieza étnica con los gazatíes. El presidente de los Estados Unidos gobierna a golpe de hipérbole y le funciona. Convierte barbaridades en anuncios incendiarios que dejan a la opinión pública en estado de shock y a sus adversarios políticos noqueados, sin tiempo siquiera para reaccionar (muy interesante este artículo para entender cuál es su estrategia de comunicación). 

Como un “compañero de armas” se refirió Santiago Abascal a Trump este fin de semana en la cumbre de ultras que se celebró en Madrid. Le Pen, Salvini, Orbán, Wilder o Ventura (este último llegó incluso a vaticinar que Pedro Sánchez acabará en la cárcel). Todos jalearon la reelección del presidente de los Estados Unidos, hablaron de época dorada para referirse a su mandato y de vuelta a la esperanza. De todos los que usaron, el sustantivo más apropiado para referirse a él fue el de tornado. Según la RAE es un huracán de gran violencia que destruye todo a su paso. 

Difícil equilibrio tiene, por cierto, el líder de Vox cuando intenta restar importancia a que los aranceles tendrían graves consecuencias económicas para el campo español, ese del que tantas veces se ha mostrado como único salvador. Los Patriots también sueñan con la reconquista de una Europa blanca, católica y para heterosexuales, como no se cansaron de repetir. Por si había alguna duda, el lema elegido para la cita fue ‘Hacer Europa Grande Otra Vez’, parafraseando el MAGA (Make America Great Again) que popularizó Trump. 

En mitad de la cumbre irrumpió una activista de Femen al grito de ‘al fascismo ni un paso más’. No tardaron ni unos minutos en detenerla, pero fueron suficientes para que todos leyeran lo que llevaba escrito en el pecho desnudo: “Hacer Europa antifascista otra vez”. Fue lo único razonable que se escuchó en el auditorio el sábado por la mañana. 

Como si de un veneno se tratase, la ultraderecha está expandiendo su ola reaccionaria y negacionista por todo el mundo tratando de recortar derechos y libertades. Vienen tiempos difíciles, decía Eduard Fernández. Por eso, la reacción antifascista internacional no puede dar ni un paso atrás. Empecemos por recordar la historia para no tener que arrepentirnos en el futuro de haber cometido los mismos errores del pasado. Sin olvidar que, por desgracia, el genocidio que ocurre en Gaza nos debería avergonzar cada día, porque forma parte del presente. 

La mejor forma de destruir una democracia es hacerlo democráticamente. Es lo que se afirma en La política en tiempos de indignación, de Daniel Innerarity. En el libro se desgrana cómo no hace tanto tiempo los golpes de Estado se consideraban el único mecanismo para romper y acabar con los sistemas democráticos. Eso ha cambiado. Hoy, son los propios líderes elegidos en las urnas los que usan su poder para debilitar las instituciones del Estado hasta asfixiarlas. 

Que la vuelta al poder de Donald Trump es una mala noticia para la democracia es una realidad y, si hay alguna duda, vayamos a los hechos. “Nuestro gobierno se enfrenta a una crisis de confianza por los años de establishment corrupto”, decía en su toma de posesión este lunes. Resulta curioso que lo diga, precisamente, un millonario condenado. Eso sí, es el primer delincuente convicto que ha sido elegido democráticamente por la ciudadanía como presidente de los Estados Unidos. Su condición le otorga una inmunidad casi total ante la justicia. Eso unido a su control del Tribunal Supremo garantiza que ningún juez pueda fiscalizar sus actuaciones.

Fue hace solo unos meses cuando, en un debate electoral, y en su enésimo intento por criminalizar a los que vienen de fuera buscando una oportunidad, soltó aquello de que los migrantes se comían a los perros y a los gatos. Tan disparatado como peligroso. No es que Trump se creyese la afirmación, pero supo que sus palabras lo pondrían en el centro del debate y serían el asa al que agarrarse para el electorado que ve en la inmigración un peligro. El mensaje iba un paso más allá: no es que os quiten el trabajo, es que se alimentan con vuestras mascotas. Cuando días después otro periodista le preguntó por el tema, no rectificó e incluso bromeó con ello: “¿Y los gansos? ¿Qué me dices de los gansos? Han desaparecido todos”. 

Esta estrategia del populismo no es nueva. Lanzan mensajes reaccionarios vestidos de argumentos absurdos e incluso humorísticos. Cuando se critica a estos líderes su respuesta es victimizarse diciendo que sufren la censura de lo políticamente correcto. 

Este lunes, en su discurso, Trump ha hablado de “vergonzosa invasión” para justificar el cierre de la frontera con México y la expulsión de millones de migrantes. ¿Les suena? Es uno de los argumentos que usa Vox en España y del que el PP se apropió pidiendo la intervención de la Armada para frenar la “inmigración descontrolada”. Con ese tipo de mensajes, esta cuestión pasó a encabezar la lista de los problemas de los españoles, cuando hacía sólo unos meses ocupaba la novena posición. 

Como si de un mesías se tratase —se ha definido como el salvado por Dios— y con un lenguaje hiperbólico, grandilocuente y agresivo ha anunciado que acabará con la decadencia norteamericana con una vieja receta que no por conocida resulta menos terrorífica. Un plan que pasa por políticas arancelarias, negacionistas del cambio climático —quiere sacar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París— o que expanden sus anhelos imperialistas, como retomar el control del Canal de Panamá o rebautizar al Golfo de México como Golfo de América. 

No será Estados Unidos un país para mujeres en la nueva era Trump. Más allá de ser un machista declarado y alardear de ello, condenado por acosar sexualmente a una periodista y comprar el silencio de otra mujer con la que había mantenido una relación extramarital, es conocida su cruzada contra el derecho al aborto que podría blindar con una ley nacional.

Tampoco lo tendrá más fácil el colectivo LGTBIQ+. Sólo ha necesitado unos minutos para borrar de un plumazo alguno de los avances conseguidos anunciando que, bajo su mandato, sólo habrá dos géneros: masculino y femenino, y que acabará con las políticas de diversidad. Estos ataques a la agenda social se parecen —y mucho— a las medidas que han tomado, o han prometido tomar, las derechas en España: negacionismo de la violencia machista, retroceso de derechos para las mujeres o supresión de las leyes trans. 

Por cierto, no menos reseñable es la presencia de los 'peces gordos' de Silicon Valley este lunes en la Casa Blanca. Por si a alguien le quedaba alguna duda, ese puñado de magnates que manejan el dinero — y por lo tanto ostentan el poder— en el mundo y que renegaron de Trump hace unos años, hoy le han rendido hoy pleitesía. Y no sólo ha sido Elon Musk, a quien se ha podido ver haciendo el saludo nazi. Allí también estaban Zuckerberg o Bezos.

Toca repensar las estrategias de la izquierda y analizar los motivos por los que el populismo se extiende como un virus por buena parte del mundo. Trump, Milei, Bukele, Meloni… Como ejemplo, hace tan sólo quince años, Hungría era una democracia consolidada. En este tiempo, y tras la llegada de Víktor Orbán al poder, el deterioro y retroceso de derechos y libertades ha sido tal que el Parlamento Europeo ya la califica como una autocracia electoral. 

Esa época dorada de la que habla Trump, en realidad se antoja oscura para el progreso. Grabémonoslo a fuego: la mejor forma de destruir una democracia es hacerlo democráticamente.

Rondaba la treintena cuando se produjo el golpe de Estado. Ese mismo año, había comenzado a trabajar como peón de brigada en construcciones y conservación en Telefónica. Lo había metido uno de sus hermanos, que llevaba más tiempo en la compañía, y su trabajo consistía en tirar el cable entre los postes de la luz para posibilitar que hubiera línea de teléfono. Cuando empezó, se afilió a UGT —como hacían todos sus compañeros—, aunque rara era la vez que en su casa la política era un tema de conversación. No sabían y tampoco querían. Bastante tenían con pensar lo que se iban a echar al estómago cada día, sobre todo teniendo en cuenta que eran ocho bocas que alimentar. 

Tras la guerra civil, y con Franco ya convertido en el dictador que manejaría España con mano de hierro durante los siguientes casi cuarenta años, Telefónica lo despidió, como hizo con otros tantos trabajadores. Para justificar que lo ponían de patitas en la calle, lo acusaron de contribuir al estado de subversión tras el levantamiento militar, de manifestar su ideología izquierdista, de efectuar propaganda marxista, enrolarse voluntariamente en las milicias de Telefónica y de exhibir armas durante la guerra. Unos cargos (pueden ver más abajo el documento) con los que prácticamente convertían en un cabecilla revolucionario a un hombre que apenas tenía conciencia política y que mucho menos había portado un fusil o algo que se le pareciera en la vida. 

Trató de demostrar que las acusaciones eran falsas —así está reflejado en sus alegaciones— pero fue en vano y en plena posguerra tuvo que hacer eso que ahora llaman reinventarse y que hace medio siglo sonaba mucho menos romántico. No le quedó otra que ponerse a trabajar en el campo o en lo que saliera. Porque ocho bocas que alimentar son muchas bocas a las que librar de la terrible hambruna que vivió la población durante aquellos años. Murió antes de ver que, gracias a la amnistía del 77, su viuda pudo cobrar la pensión que le correspondía por el trabajo que él realizó en Telefónica. 

La historia que han leído en los párrafos anteriores es la de mi bisabuelo, pero podría ser la de muchos otros a los que dieron la patada para recolocar a los afines al régimen. Él se llamaba Francisco Ramírez y hasta hace unos años no descubrimos las mentiras que usaron para echarlo. “Antes no se hablaba de esto, había mucho miedo”, nos dijo mi abuela en su momento. 

Fue el pasado mes de diciembre cuando el Gobierno anunció que 2025 sería el año de conmemoración de los 50 años de España en libertad, tomando como fecha de partida la muerte (sí, en la cama y rodeado de los suyos) del dictador Francisco Franco. Desde ese momento, las derechas —políticas y mediáticas— se han negado a participar en los actos y se han dedicado a ridiculizar y menospreciar la iniciativa. 

Ayuso, en su habitual tono incendiario, aseguró que Sánchez había enloquecido y lo acusó de querer quemar las calles. A Feijóo primero le dio pereza y luego contraprogramó el primero de los actos con una visita a los afectados por la dana en Valencia junto a Carlos Mazón, el 'noqueado' president de la Generalitat que se niega a revelar lo que hizo durante las cinco horas en las que estuvo ilocalizable el día de la tragedia. Vox, usando la brocha fina, acusó al Gobierno directamente de necrofilia. 

Parece evidente que el PP debería revisar la ‘peculiar’ relación que mantiene con la dictadura, y no sólo por sus pactos con la ultraderecha, con los que ha derogado —o tratado de derogar— leyes de memoria histórica o aprobado otras que no condenan el franquismo o equiparan a todas las víctimas por igual. Su ambigua postura viene de lejos. Fue Mariano Rajoy el que en 2015 presumió de haber destinado “cero euros” de sus presupuestos a financiar las exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007. 

Sobra decir que también sería buen momento para que la Casa Real revisase la suya, sobre todo después de que algunos medios publicaran que el rey omitió un párrafo en el discurso de Pascua en el que calificaba de época oscura la dictadura franquista. Claro que, por pedir, no estaría de más que, como reclama Podemos, se celebrara un referéndum sobre la monarquía para que el pueblo decida qué jefatura de Estado prefiere tener. 

No olvidemos lo importante que es recordar el pasado, porque sin él no hay presente. Tampoco futuro. Saber de dónde venimos para tener claro quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y aunque resulte una obviedad, las cifras alertan de que los mensajes negacionistas calan: uno de cada cuatro hombres de entre 18 y 34 años se considera escéptico con la democracia. Escéptico, según la RAE, significa que no cree. Casi el 26% de los varones entre la mayoría de edad y los 26 años cree que el autoritarismo es preferible, en determinadas circunstancias, a un sistema democrático. El autoritarismo, dice la Academia, es un régimen político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad.

Poco ayuda que hace tan sólo unas semanas un diputado de Vox hiciera apología del franquismo en el Congreso de los Diputados asegurando que fue una etapa de reconstrucción, progreso y reconciliación. Una época que los jóvenes, afirmó, estaban descubriendo gracias a las redes sociales. Esas que están en manos de multimillonarios ultras que se han convertido en máquinas de fabricar y difundir fake news.

Cuando mi familia supo los motivos por los que despidieron a mi bisabuelo habían pasado 60 años. "Antes no se hablaba de esto, había mucho miedo", dijo mi abuela. Recordemos siempre la historia porque eso nos hará conscientes de los errores pasados.

“Me despertaba por las noches y él estaba manteniendo sexo conmigo sin mi consentimiento. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia, hizo que me distanciara de mucha gente… Y aún así me quedé”.

Estremece oír el relato que Ana Peleteiro ha hecho en un vídeo en redes sociales sobre la violencia machista que sufrió en una relación pasada. Durante cinco minutos la deportista detalla, una a una, las agresiones y conductas violentas o manipuladoras que sufrió por parte de una expareja. En realidad, la denuncia que hace desde el potente altavoz que le otorga ser un personaje público tan conocido es también un acto generoso y solidario con las decenas de mujeres que durante días llevan relatando en TikTok el machismo que, en diferentes grados e intensidades, han sufrido a lo largo de su vida. "Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden tanto", dice esperanzada en las imágenes.

Ese ‘y aun así me quedé’ tiene detrás un ‘me acosté con él por miedo a que fuera tarde para decir que no’, ‘accedí a una práctica sexual sin ganas para evitar otra más desagradable’, ‘dejé que revisara mi móvil para no enfadarle’, ‘consentí que no quisiera presentarme en público como su pareja’, ‘no me encaré a él cuando me dijo que no podía ponerme ese vestido’, ‘no le reproché que insistiera en hacerme creer que su tonteo con otras mujeres estaban en mi cabeza’. 

Por eso, la frase interpela a tantas mujeres que, en algún momento de su vida, han estado en alguna de esas situaciones. Sólo hay que echar un vistazo a las cifras. Una de cada dos mujeres en España ha sido víctima de violencia machista. El 38% de mujeres jóvenes ha experimentado violencia de control. Solo el 8% de las que sufre agresiones sexuales fuera de la pareja denuncia. En vez de ridiculizarlas, ¿por qué no reflexionar sobre los motivos que las llevan a denunciar en redes antes que acudir a una comisaría? También es habitual escuchar: ‘si tan mal la trataba, ¿por qué permaneció a su lado? La violencia machista es un tipo de violencia muy específica en el que las víctimas tardan, de media, hasta nueve años en denunciar. Muchas no dan el paso nunca.

¿Por qué? Porque temen que nadie las crea y sentirse juzgadas. Y ese señalamiento no entiende de clase, edad o procedencia, como tampoco lo hace la violencia. Para comprobarlo, dense una vuelta por los comentarios de algunas de las noticias que recogen el testimonio de Peleteiro. Encontrarán misoginia, insultos, racismo y xenofobia. Es ese posicionamiento en contra de la mujer y el apoyo al agresor banalizando y cuestionando el testimonio de ella, lo que define y da alas a la cultura de la violación. No menos llamativos son los vídeos que han grabado algunos hombres jóvenes ridiculizando a las mujeres que han explicado por qué ‘aun así se quedaron’, tratando de equiparar sus vivencias a las de ellas. En este punto, vuelvan al párrafo anterior y lean los datos sobre violencia de género. No hay ninguna cifra parecida referida a los varones porque no hay ninguna violencia que se ejerza sobre ellos por el mero hecho de serlo. 

No cabe duda de que la reacción machista que vivimos en los últimos tiempos es un potente veneno para el que debemos encontrar antídoto cuanto antes. Pero igualmente innegable es que ha sido el alcance transformador del feminismo el que le ha puesto nombre a muchas de estas actitudes violentas que hasta hace bien poco estaban completamente normalizadas. Ahora sabemos que cuando un hombre somete a su control a una mujer a través del dinero, está ejerciendo violencia económica. Que cuando trata de distorsionar su realidad haciéndole creer algo que es falso, se llama luz de gas. O que con el consentimiento no hay que firmar contratos porque sólo sí es sí y lo demás no es mal sexo, es violación.

Resulta paradójico que sean las redes sociales, de las que han tenido que huir tantas y tantas feministas víctimas de un brutal acoso digital, las que acojan ahora algunos espacios seguros para que las mujeres denuncien el machismo. Muchas no buscan un reproche penal para sus maltratadores, pero sí quieren poner sobre la mesa la violencia, a veces invisible y cotidiana, que sufren. No las señalemos a ellas por romper el silencio, sigamos luchando para derribar la impunidad de la que gozan aun muchos agresores.

Quedan apenas unos meses para que la ley de matrimonio igualitario celebre su veinte aniversario. Entonces, uno de sus grandes impulsores, Pedro Zerolo, afirmó que por primera vez España llegaba puntual a su cita con la igualdad. Antes de que el Congreso de los Diputados le diera luz verde —con el voto en contra del PP, excepto de Celia Villalobos— la norma tuvo que sufrir las críticas de la derecha, que llegó a decir que era un atentado que destruiría la familia tradicional. Célebre, y con el tiempo más bochornosa aún, la frase de Ana Botella en la que aseguraba que una pera y una manzana nunca darían como resultado dos manzanas. Lo cierto es que casi dos décadas después, podemos asegurar que España hoy es un país infinitamente más justo e igualitario gracias a la aprobación de esa ley nacida en el gobierno de Zapatero.

Durante el congreso federal del PSOE que se ha celebrado este fin de semana se ha marcado la hoja de ruta ideológica que seguirán los socialistas en los próximos años. De entre todas las propuestas que se han aprobado, dos han eclipsado a las demás. La que se oponía a incluir —no a eliminar, como se ha tratado de hacer creer— en el acrónimo LGTBI las siglas Q+ y la que presentó la delegación de Guadalajara para que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres en el deporte. Las dos salieron adelante. Ambas merecen una reflexión.

Actualmente la palabra queer es un paraguas que se usa para agrupar otras diversidades sexoafectivas e identitarias que no tienen cabida en el acrónimo LGTBI. Su uso es un paso más en el terreno de la inclusión y de la conquista de derechos. Igual que durante años fue suficiente hablar de ‘Orgullo gay’ y hoy esa denominación se queda corta, hay identidades disidentes, como las personas no binarias, que no se sienten representadas en esas siglas. Si tenemos en cuenta que tres de cada diez personas del colectivo están en riesgo de pobreza en España, tratar de borrar su existencia no parece la mejor forma de combatir la discriminación que sufren. Lo que no se nombra, no existe. Lo hemos repetido centenares de veces.

El feminismo nunca ha rehusado el debate. Es una teoría política transformadora, por lo que lleva el análisis y la reflexión incrustados en su ADN. Hay quien considera que el género es una identidad y quien cree que es opresión. Es debatible también asumir que los postulados de la teoría queer son feministas. Pero ninguno de esos argumentos puede negar la existencia de las personas trans o queer. Por eso, sobran los insultos y el lenguaje bélico. Ensucian el análisis, crean ruido y en tiempos de bulos y fake news contribuyen a la desinformación.

Respecto a la segunda enmienda, cabe preguntarse qué sentido tiene su aprobación si, según la redacción a la que hemos tenido acceso los medios, no cambiaría absolutamente nada. La ley permite la modificación del sexo registral y son las federaciones las que deciden —en ocasiones de manera tremendamente injusta— si una mujer trans puede competir o no. ¿Por qué, entonces, reabrir una herida que se inició con la tramitación de la norma y que parecía ya superada? Más de un año después de su entrada en vigor, y a pesar de los bulos de quien vaticinaba cambios registrales en tromba, el fraude de ley es anecdótico. Dejemos de embarrarlo todo: la presencia de las mujeres trans en el deporte merece un debate sosegado, alejado de imprecisiones o medias verdades.

Mientras tanto, y en paralelo a este debate dentro del feminismo, este lunes la ultraderecha impregnaba de odio el Senado. En la cumbre antiabortista celebrada con el beneplácito del PP se oían declaraciones como las del exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que comparaba el derecho al aborto con la esclavitud o de otros ponentes que reclamaban la creación de leyes antiLGTBI para proteger a los niños. Por increíble que resulte, se ha celebrado una convención de líderes ultras de todo el mundo en una institución pública para cargar contra las políticas feministas y de derechos humanos que tanto trabajo ha costado conseguir. Demos la batalla ahí, porque son esos discursos que niegan cualquier avance en igualdad los que hay que combatir.  

Antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, Pedro Zerolo tuvo que escuchar cómo dirigentes del PP aseguraban que la unión de personas del mismo sexo era ofensiva para la sociedad, por lo que se podía llamar de cualquier forma, pero nunca matrimonio. Zerolo no cejó en su empeño y, gracias a él, el reloj de la igualdad se puso en hora en España. Los reaccionarios nos quieren divididas, no dejemos que sean ellos los que retrasen la conquista de nuestros derechos.

El otro día fui a comprar el pan por la tarde y del que suelo llevarme, el de centeno, ya no quedaba. Asumí que tendría que volver al día siguiente y me despedí con cordialidad. Pero cuando estaba con un pie en la calle, alguien me gritó desde el mostrador y no, no era un “vuelva usted mañana”, era un “espera, Raquel, hay uno para ti”. 

Ese “uno” era el que se había guardado una de las empleadas para llevárselo a casa y, claro, me negué rotundamente a que me lo cediera. Pero ella no consintió, con una determinación incontestable me obligó a agarrar la bolsa y con una sonrisa más integral que el centeno, me dijo que a ella le gustaban todos, que se llevaría otro, que sería por panes, que como no me lo llevara se enfadaba y no me hablaba más, total, que me acojoné, pagué y la hogaza se vino conmigo. 

De aquel pan no queda ni una miga, pero del detallazo yo no me olvido. Desde hace un porrón de años, es un gusto intercambiar conversación cotidiana y bromas con ella, con ellas, mis vecinas simpáticas de la pastelería cañón de toda la vida, “Venecia”. Ellas son las que me venden el pan cuando lo necesito y las me regalan los buenos días, cada mañana que paso por su puerta, esos también los necesito... Ahora tengo que sumar al cariño que sentía por ellas un “algo más”, el gesto aquel. 

Se van muriendo los pequeños comercios, los enterramos bajo apartamentos turísticos, tiendas de carcasas de móviles y paquetes de Amazon. Y a mí me invade una enorme tristeza, puede que viejuna, por aquello de haber nacido en el siglo XX y haber crecido en una calle muy pequeña que pertenecía a una manzana en la que había: lechería-frutería, la de Amparo y Joaquín; panadería, la del señor Antonio; carnicería, la de Andrés; pollería, la de Manolo; tienda de ultramarinos, la de los hermanos Benito; bodega, la de Lorenzo; taller de reparación de calzado, el de Maruja y familia.  La mía sí que era una gran manzana, supera eso, New York…

La desaparición de los pequeños comercios es también la despedida de un modo de vida y de relación social. La tienda del barrio no es únicamente la que te vende lo que te venda, es también la que te saluda, la que te sonríe, la que intercambia contigo los chascarrillos, las conversaciones breves, las discusiones cotidianas, la que te aporta anécdotas y te da calor en días de mierda. Las tiendas de barrio son una red social de verdad y no hay Elon que pueda crear con sus millones algo así de mágico, ni algoritmo que pueda superar ese “algo más” que aporta su presencia en las calles, se llama corazón.  

Decir “en mis tiempos” es una falsedad, obviamente, nuestro tiempo es todo aquel que habitamos desde que empezamos a respirar hasta que estiramos la pata. Y sí, la nostalgia suele ser una compañera engañosa que tiende a romantizar incluso lo peor de lo pasado, pero cerrar los ojos ante lo más hostil del mundo que vamos construyendo no es tampoco muy realista… Cuando todas las luces estén concentradas en los centros turísticos de las ciudades y los pequeños comercios hayan apagado todas sus bombillas y echado el cierre, los barrios se quedarán a oscuras. 

Por poner un final luminoso a este texto que acaba casi en fundido a negro, les cuento que ahora mismo me voy a la calle, en busca de mi pan de centeno y de la charla con mis vecinas. 

Con miles de personas clamando en la calle contra la gestión de la dana que ha hecho el gobierno de la Generalitat, el PP valenciano publicó en sus redes sociales que la manifestación era una marcha politizada de un grupo de catalanistas que sólo buscaba montar lío y colapsar la ciudad de València. Como si a la convocatoria, histórica por el número de asistentes, sólo hubiesen ido a pasar el rato unos cuantos independentistas catalanes. La realidad es que el sábado por la tarde 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno, gritaron indignadas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón por cómo ha actuado ante una crisis que le ha costado la vida a al menos 214 personas en la provincia de Valencia y que ha dejado sin prácticamente nada a otras miles. Por cierto que, en el manifiesto que leyeron los convocantes, también hubo críticas al Gobierno de Sánchez, recriminando que no hubiera presionado de manera contundente e inmediata al Govern valenciano ante su inacción para intervenir con todos los efectivos disponibles. 

No es la primera vez que desde el PP intentan desprestigiar y vaciar de contenido el significado de la palabra política, asociándola a la izquierda para crear desafección. Ya lo hizo Isabel Díaz Ayuso con las manifestaciones masivas en contra del desmantelamiento y privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid que tuvieron lugar hace ahora dos años. Política es gestionar, poner a disposición del pueblo todos los servicios públicos, hacer funcionar el engranaje del Estado para atender las demandas de la ciudadanía. También es política negar el cambio climático, desprestigiar a la ciencia o edificar de manera salvaje en zonas inundables. Así que, sí. Claro que es política. Lo absurdo sería decir lo contrario. 

Casi a la misma hora que se producía la manifestación de protesta en València —que acabó con la fachada de la Generalitat llena de barro, peticiones de justicia y carteles de ‘Mazón dimisión’ o 'Mazón a prisión'—, una marcha neonazi recorría las calles del centro de Madrid. ¿Preocupados por las consecuencias de la dana y la responsabilidad de los gestores? Si lo estaban, lo disimularon bien. Los asistentes entonaron cánticos fascistas e hicieron saludos nazis. También llamaron hijo de puta al presidente del Gobierno. Un insulto que, no olvidemos, popularizó tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid que hubo quien se hizo hasta camisetas con ese eslogan. Por cierto, uno de esos agitadores ultras que ha alentado las protestas en Ferraz o que ha difundido bulos en la dana como el de los cientos de cadáveres en el parking de Bonaire, fue expulsado de la marcha valenciana al grito de ¡fuera fascistas de nuestras calles! Un buen ejemplo de eso a lo que llamamos justicia poética. 

Mazón ha reconocido este lunes “errores”, pero está atrincherado en el cargo, anuncia una comparecencia para el jueves y dice que se siente respaldado por su partido. Desde Génova repiten en público que no es momento de hablar de dimisiones y que ya habrá tiempo de analizar la situación. No van a dejar que caiga ahora porque sería como darle una palmada en la espalda a Sánchez. Así que están más preocupados en echar balones fuera y apuntan a Teresa Ribera, cuya gestión quieren equiparar con la del barón popular. No es cierto, la actuación de la Ministra de Transición Ecológica fue correcta. Tanto la AEMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar alertaron de lo que ocurría con tiempo de antelación. Era competencia del gobierno valenciano tomar las riendas de la situación. No lo hicieron, y eso es una negligencia.

¿Cómo no va a haber prendido la mecha de la indignación en valencianos y valencianas sabiendo lo que saben ahora? No sólo es que no se tomara los avisos en serio, es que su president estuvo horas incomunicado mientras comía con una periodista a la que, según han contado algunos medios, le estaba ofreciendo la dirección de A Punt. Lo escandaloso no es con quién estuvo ni hay que poner el foco en ella (algo que sucedió en cuanto saltó la noticia y que demuestra, una vez más, lo cuestionadas que están las mujeres), lo terrible es que Mazón despachase la elección de un cargo público saltándose la legislación —que obliga a pasar por el Consejo de Administración— y mientras la crecida de los ríos ya se estaba tragando, literalmente, municipios enteros. 

La tragedia y el dolor por las víctimas nos han dejado sin palabras más de una vez en estos quince días. Sin embargo, una de las pancartas que los asistentes llevaron a la manifestación del sábado a València fue capaz de describir a la perfección y sintetizar, con sólo unas cuantas letras, lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. 'El que avisa no es Mazón', decía. Y no, ni alertó entonces a tiempo, ni es capaz de asumir sus responsabilidades ahora.

El PP viajaba hacia el centro, porque allí está La Moncloa, y no llegaba nunca, intentaba llegar, pero sin moverse, sin alejarse de la derecha, o sea que, una de dos, o pretendía lo imposible o trataba de engañarnos. También se vendió a sí mismo como heredero de UCD, el partido de Adolfo Suárez, que antes de ser un aeropuerto fue el presidente del Gobierno contra el que dicen las malas lenguas que pudo montar el 23F el rey Juan Carlos I. Aquella Alianza Popular lo tenía difícil, comandada por un antiguo ministro de la dictadura, aquel señor de andares bamboleantes que decía que la calle era suya y que las bombas atómicas no contaminaban las aguas de Palomares. El Partido Popular debería de tenerlo más fácil, lo de la moderación y eso, porque casi le bastaba con separarse de la ultraderecha de toda la vida, que ha vuelto a salir de la tumba –de la de Franco, naturalmente, aprovechando que lo exhumaban del Valle de Cuelgamuros– para lo de siempre, que es carcomer la democracia, y evidenciar sus diferencias con ella. Pero, claro, es que ella venía de ellos, ya me entienden, y han acabado revueltos aunque ya no estén juntos.

El caso es que en la calle de Génova y a cambio de varias autonomías y ayuntamientos, han hecho justo lo contrario de lo que llevaban prometiendo desde 1977: se han radicalizado y partido en dos, que no sólo se escinde la izquierda, aunque aquí las cosas se hagan bajo cuerda y sonriendo mientras se apuñala por la espalda, porque toda guerra tiene sus agentes dobles y en esta los hay por todas partes pero, sobre todo, en la Comunidad de Madrid: abres el caballo de Troya y dentro está Díaz Ayuso con su guardia pretoriana, que ya saben cómo se las gastan. Pablo Casado se dejó barba para que Núñez Feijóo se la viese cortar.

El conflicto está servido, puertas adentro y extramuros, y como en estos combates de la polarización valen los golpes bajos, pues nada queda a salvo de la amenaza y manipulación o fuera del radar de la prensa amarilla, que hace en unos casos de correveidile y en otros de estómago agradecido. Lo que montaron contra Podemos, con los acosadores del chalé de Iglesias y Montero en la superficie y la policía patriótica en los subterráneos. La que están montando contra la esposa del presidente Pedro Sánchez. Y ahora, tratando de darle la vuelta a la tortilla para que no se vea la parte quemada, sale la secretaria general, cuya vis cómica no se valora como ella merece, y dice que una foto casual de Sánchez con el truhan que movía los hilos de la trama Koldo “evidencia que tenían una relación directa.” Por supuesto, las redes se han llenado de imágenes de todo el mundo con todo el mundo, desde innumerables de Feijóo con Ábalos o la ya clásica con su amigo el narco, hasta dos del mismo conseguidor del entramado que afecta al ex ministro de Fomento, que igual que aparece en un mitin de Sánchez aparece en otro de M. Rajoy; incluso ha corrido como la llama por la pólvora una de la propia Gamarra con Pablo Casado, que evidencia que lo conocía y recuerda sibilinamente la forma en que lo negó tres veces para arrimarse al sol que más calentaba entonces y que ahora se está quedando frío. Muy frío y bastante solo.

Siempre están ahí. Cada vez que una mujer denuncia violencia machista surgen las dudas sobre la veracidad de su testimonio. Es uno de los estereotipos que más soportamos, el de que usamos la mentira para conseguir beneficios. Merece la pena pararse a reflexionar y hacerse algunas preguntas: ¿beneficios, exactamente, en qué? 

Recordemos lo mucho que se cuestionó a la víctima de la violación de sanfermines (“Algo quería cuando se fue con cinco tipos”) a la de Dani Alves ("Ella lo iba pidiendo") o a la mujer que ha denunciado a Iñigo Errejón (¿Cómo se va a ir junto a él a su casa después de que la agrediera?). Pensemos en el juez que vio jolgorio en una agresión sexual, en los programas que dedicaron horas de televisión a cuestionar si Diana Quer era problemática o si “las fiestas con hombres” de su madre tenían algo que ver con su desaparición, en el jurado que preguntó a la madre de Nagore Laffage si su hija era ligona o en el público que durante 20 minutos aplaudió a Plácido Domingo en Valencia después de que una investigación concluyese que había acosado sexualmente a una decena de compañeras de trabajo. ¿Alguien cree que a una mujer le compensa inventar algo así cuando los procesos judiciales son largos, dolorosos y revictimizantes? Reconocerse como víctima de violencia no siempre es sencillo, imaginen si el agresor es una persona con poder. 

Hay quien pone en duda los testimonios que se publican en redes porque no son el lugar para denunciar. El análisis debería ir más allá: ¿por qué sólo el 8% de las mujeres denuncia ante un juez o en una comisaría? ¿Por qué el 40% prefiere contárselo a una amiga? ¿Por qué la mayoría no se siente escuchada en los juicios? Igual de válido es el relato de una mujer que acude a la policía como el de la que no. El foco debería estar en cómo el sistema falla una y otra vez a las víctimas, en cómo las instituciones, medios de comunicación o el propio entorno son incapaces de dar una respuesta segura y eficaz. 

También estos días hay quien se muestra sorprendido por las denuncias contra Íñigo Errejón. Dinamita la bandera feminista de la izquierda, aseguran muchos. Lo cierto es que lo que hacen estas acusaciones es poner sobre la mesa que la violencia machista es estructural, que atraviesa cada uno de los estratos de la sociedad, que no entiende de clase social, edad o ideología. Es cierto, resulta muy doloroso reconocer que un amigo, familiar o compañero abusa de su poder o es un agresor machista. ¿Quién, en Sumar o Más Madrid conocía lo que pasaba con Errejón? Si era un secreto a voces ¿cómo es posible que nadie lo señalara? ¿Por qué sólo ha sido con el valiente paso de las víctimas cuando se ha empezado a investigar? Es hora de acabar con la impunidad, con el pacto de silencio que banaliza o minimiza la violencia que sufren las mujeres. Sólo así estaremos en el camino de alcanzar una sociedad igualitaria. 

Era la cabeza más brillante de la izquierda española, oigo decir a otros tantos. ¿Seríamos capaces de decir lo mismo de un hombre racista o que defiende la explotación laboral? ¿Podemos asumir que un buen servidor público agrede o trata de manera humillante a las mujeres que tiene alrededor? Cuando las feministas decimos aquello de “lo personal es político”, nos referimos precisamente a esto. ¿A qué se refieren los "aliados" cuando lo repiten con nosotras? 

Hace trece años, durante la acampada del 15M en la Puerta del Sol de Madrid un grupo de mujeres desplegó una pancarta en la que se leía “La revolución será feminista o no será”. El mensaje era para el mundo entero, que en ese momento tenía puesto los ojos en España, pero también para sus propios compañeros, de los que tenían que soportar actitudes y comportamientos machistas. Nada más extender el cartel comenzaron a recibir abucheos. Gritos que sólo pararon cuando una persona retiró la lona y comenzaron los aplausos. En el epicentro del estallido social que nacía para cambiarlo todo decidieron que era mejor no identificarse con el feminismo. 

Una década después, los grupos de varones por la igualdad que han surgido pueden contarse casi con una mano. No los hay ni siquiera en los espacios políticos, tampoco en los progresistas. Así que a pesar de que la violencia machista es un problema de los hombres que sufren las mujeres, aún no hay una respuesta masculina a esa violencia. Tampoco la revisión que ellos están haciendo es transformadora, como sí lo es el feminismo. Un ejemplo: el pasado lunes se celebró el Día de los Hombres en Contra de la Violencia de Género. Miguel Lázaro, vicepresidente de Masculinidades Beta, publicó en sus redes una foto de la concentración. En la imagen aparecen sólo seis varones. 

Una sociedad no puede cambiar si sólo lo hace la mitad de la población. Nosotras hemos dado el paso, hemos gritado ‘Se Acabó’ y sabemos que somos ejército las que señalamos y denunciamos a pesar de que el desgaste, como señalaba al principio de esta columna, es muy alto. La pelota está en vuestro tejado, así que la pregunta es obligada: ¿qué estáis haciendo vosotros, hombres 'feministas' de izquierdas? 

“Lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias”, decía Borja Sémper en una declaración a la prensa este lunes tras presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho. Una querella que, sorprendentemente, no está basada en informes oficiales ni información acreditada sino en la noticia que publicó hace unos días un medio digital (regado, por cierto, de publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid) y que, además, proviene de una fuente anónima. 

La información es la siguiente: un socio de Víctor de Aldama, el supuesto comisionista del caso Koldo que, desde la semana pasada, está en prisión por uno de los mayores fraudes en el IVA de carburantes, supuestamente entregó bolsas con 90.000 euros en Ferraz a cambio de beneficios políticos. De ese socio no se conoce la identidad. Pero es que ese socio tampoco es capaz de identificar a la persona relacionada con la sede socialista que recibió el dinero. 

En el PP se han lanzado en tromba a asegurar que Sánchez era el "jefe" de la trama y que "nadie movía un dedo sin que él diera el Ok", por lo que cuesta entender que, si tan seguros están, no hayan pedido todavía su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado. También resulta chocante que presenten una querella basada en informaciones —la supuesta entrega de efectivo— que no aparecen en ninguno de los informes de la Guardia Civil sobre el caso: ni en la trama de los hidrocarburos ni en la de Koldo.

Sí aparece en esos informes el “papel relevante” que José Luis Ábalos, exministro y mano derecha de Pedro Sánchez, tuvo en la presunta trama de compra-venta de mascarillas durante la pandemia. Su imputación, de hecho, podría estar al caer. Lo cierto es que el Gobierno tendrá que dar respuesta a muchos interrogantes, como, por ejemplo, por qué cesó como ministro de manera inesperada a Ábalos en 2021 y poco después como secretario de organización. También por qué Sánchez lo recuperó en las listas del Congreso en las elecciones de 2023.  

Les sonará eso de usar noticias poco contrastadas para interponer una denuncia. Es lo que hizo Manos Limpias contra Begoña Gómez. De hecho, una de las noticias en las que se basaba la querella del pseudosindicato ultra —por cierto, del mismo medio en la que ahora se basa el PP— era directamente mentira porque atribuía a la esposa del presidente una subvención que realmente había obtenido otra persona con el mismo nombre. 

Son estrategias que sirven para desgastar al rival político y sientan precedentes muy peligrosos. Cualquiera puede publicar un bulo, una información poco contrastada o un supuesto chivatazo. Esas denuncias anónimas pasan a convertirse en “realidades” en un doble sentido. Por un lado, la persona acusada se transforma en sospechosa ante la opinión pública. Aquí entra en juego la maquinaria de la derecha mediática que dedica editoriales, columnas y horas de tertulia al tema. Y por otro, el caso cae en manos de un juez —véase el ejemplo de Juan Carlos Peinado— que comienza a investigar procesos que pueden eternizarse y que, en la mayoría de los casos, quedan en nada. Acusa, que algo queda. ¿Se acuerdan de Neurona? Hace tan sólo unos días se archivó la causa tras cuatro años de acoso mediático y judicial a Podemos. El resultado de todo esto es la judicialización de la política, eso que conocemos como lawfare, y que erosiona y resta credibilidad a todas las instituciones. Con situaciones así: ¿quién va a confiar en los criterios de la magistratura?

De momento, el PP ha activado el modo ‘guerra total’ contra el PSOE después de intentarlo con ETA, la amnistía, la inmigración o la convalidación de penas de los terroristas (una enmienda que los propios populares votaron aprobar y que ahora achacan a un "error"). Saben que los números no les dan para una moción de censura, así que atacan por la vía judicial. Si esas sospechas que decía Sémper se convierten en evidencias, lo sabremos. Pero si la querella no es aceptada finalmente el coste político puede ser alto para los populares. Mientras tanto, que el ruido no nos aleje de los verdaderos problemas de la ciudadanía. Uno de ellos es el de la vivienda, para el que ni Gobierno ni oposición han sido capaces de proponer medidas que atajen una crisis que mantiene con el agua al cuello a buena parte del país.

Dice el rey emérito que ha escrito sus memorias —a pesar de que su padre le aconsejó que no lo hiciera nunca— porque siente que le están robando su historia. Se hacían públicas estas declaraciones hace unos días, mientras Juan Carlos I disfrutaba de unas vacaciones en Sanxenxo y su nombre estaba en pleno ojo del huracán.

A la noticia de la publicación de su autobiografía de 500 páginas llamada Reconciliación, cuyo nombre resultaría hasta cómico si no supiéramos de la gravedad de los escándalos y corruptelas en los que se le ha relacionado, se sumaba la de su intención de montar una fundación en Abu Dhabi para poder transferirles a sus hijas su herencia —valorada en 1800 millones de euros—sin demasiadas complicaciones y con nula fiscalidad.

Fue en esos días también, en los que el emérito mantenía un encuentro privado con su hijo y la infanta Leonor y se dejaba ver navegando sin mayores preocupaciones en el Bribón, cuando un medio holandés hacía públicas unas imágenes del monarca abrazándose y besándose con la actriz Bárbara Rey, realizadas por el hijo de ella cuando solo tenía 13 años, según contó él mismo. El medio aseguraba que las fotografías se usaron para chantajear al monarca y que el por aquel entonces CESID tuvo que intervenir. Unas imágenes que, más que provocar sorpresa, suponían la constatación y prueba gráfica de un secreto a voces. 

Pero quedaba aún más. Poco después se hacían públicos unos audios en los que, con una pasmosa tranquilidad, se oye a Juan Carlos contarle a Bárbara Rey asuntos que podrían cambiar la historia reciente de este país. En uno de ellos, critica la verborrea de Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Real en aquel momento, y lo compara con el general franquista Alfonso Armada, de quien destaca su silencio y su lealtad.

La pregunta resulta obligada: ¿qué es lo que calla Armada para que el emérito se sienta agradecido? ¿Acaso el rey no fue el 'salvador de la democracia' aquel 23F como nos han contado durante todo este tiempo? ¿Qué papel tuvo, entonces, Juan Carlos I? No olvidemos que Armada fue condenado a 30 años de prisión por ser, precisamente, la cabeza del golpe de Estado. Pena que no cumplió porque fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González. 

En las conversaciones hay de todo. Resulta repugnante oír cómo el emérito habla sobre su inexistente relación con Sofía a la vez que alaba su papel de reina perfecta de cara a la galería. Hay quien elogia estos días esa actitud: una mujer que no se queja, que está en segundo plano y aguanta lo que le echen por el bien de la monarquía. Por suerte, y gracias al feminismo, las mujeres hoy sabemos que calladitas no estamos más guapas. Esas grabaciones demuestran, además, que la imagen de familia idílica que se nos trató de vender durante tanto tiempo era una farsa. Un escalón más en el descrédito de una institución anacrónica que, en los últimos años, ha gozado de la impunidad y el descaro de los que se saben en una posición privilegiada. 

También hay quien se empeña en minimizar el impacto de la información que se está haciendo pública, poniendo en el centro del debate a Bárbara Rey. No es ella quien tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía, sino el que era el jefe del Estado. Lo que se oye en alguno de esos audios no es un asunto personal del rey, ni un lío amoroso ni unos cuernos sin más. Es una cuestión que afecta a todo el país y que plantea muchos interrogantes. Preguntas que, por cierto, grupos como Podemos (que también ha pedido la desclasificación de los documentos del 23F) o ERC ya se han encargado de trasladar al Congreso para que el Gobierno responda. ¿Cuánto dinero público han pagado los diferentes gobiernos por comprar su silencio? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué partidas se destinaron esos fondos? ¿Sólo ocurrió con la actriz o también con otras mujeres?  

Urge saber qué paso y por eso es urgente la renovación de la Ley de Secretos Oficiales. Una norma tan antigua que data del franquismo y que, a pesar de los intentos, apenas ha sufrido variaciones. Sánchez la ha incluido en su Plan de Acción por la Democracia y su aprobación sería un ejercicio de transparencia en asuntos como el 23F, pero también en lo relativo a la compra y venta de armas, en la infiltración de la policía en movimientos sociales de Cataluña o al programa espía Pegasus con el que se investigó a políticos catalanes. 

Es paradójico que el emérito diga ahora que le han robado su historia. Qué va. Es ahora cuando empezamos a saberla toda.

Dice el PP que la ley de conciliación que va a presentar este martes será la más ambiciosa de la democracia. Una norma —son palabras de la vicesecretaria de igualdad del PP, Ana Alós— con la que nadie tendrá que renunciar al trabajo para conciliar, pero que tendrá que estar consensuada entre los trabajadores y la empresa. No parece especialmente conciliador dejar en manos de las empresas la negociación individual de un derecho que deberían tener todas y todos los trabajadores. 

Vayamos a lo práctico. Me dirijo a usted, lector varón. Imagine que le dice a su jefe, por ejemplo el dueño de un restaurante, que quiere acogerse a la baja de paternidad porque acaba de ser padre. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que, aunque ha logrado avances, sigue perpetuando los roles de género que atribuyen a las mujeres las tareas de cuidado, ¿cree que le pondría facilidades para concederle el permiso o que intentaría que fuese su pareja (mujer) la que lo cogiera para evitar hacerle el roto en el negocio? No hace falta pensar mucho para dar con la respuesta. ¿No es una forma, esta medida propuesta por el PP, de dejar en manos de las propias empresas la corresponsabilidad de los hombres?

Hace unos días fue Feijóo el que avanzó la hoja de ruta de la norma. Su medida estrella consiste en la eliminación de la simultaneidad, ahora fijada por ley, en los permisos marentales y parentales durante las seis primeras semanas tras el parto. Y aunque son muchas las voces que aseguran que cuando madres y padres coinciden durante este período, los hombres se convierten en meros ayudantes, también es un hecho que si son intercambiables es la mujer la que se queda en casa. Más que proponer “revolucionarias” propuestas que no tienen en cuenta la realidad social, podrían escuchar a las asociaciones que llevan años peleando por la conciliación. Resulta, sin duda, más tentador hacerse con esa bandera mientras la Ley de Familias, propuesta por el anterior gobierno de coalición, lleva meses atascada en el trámite parlamentario. 

Tampoco resulta convincente su propuesta de universalizar la educación de 0 a 3 años, pública o privada, que el propio Feijóo calificó de “un antes y un después”. Una medida que numerosos expertos rechazan porque, como pueden leer en este artículo, la educación en este tramo también es una cuestión de dinero y su acceso a ella depende del código postal. Según los datos, el 60% de los menores que acceden a esta etapa educativa provienen de clases altas. Hay muchos factores a tener en cuenta, pero si no se incentiva la demanda, corremos el peligro de que se acaben financiando las plazas de quien ya estaba dentro del sistema escolar. Es decir, de los que más tienen.

En sólo unos meses, el PP ha pasado de agitar el fantasma de ETA, de la ruptura de España por la ley de amnistía, de Venezuela e incluso del caso Begoña Gómez a enarbolar la bandera de la agenda social para ocuparse de “los problemas reales” de la ciudadanía. Si mantenemos la literalidad de sus palabras, la pregunta es obligada: ¿hasta ahora, entonces, qué hacían? Llevan meses comprando el discurso de la ultraderecha en materia de inmigración, llegando a convertirlo en el principal problema para los españoles, a pesar de que no hay datos que la relacionen con la delincuencia, como insistía este mismo lunes el ministro del Interior. 

Algo parecido han hecho con la okupación, apoyados por la derecha mediática que día tras día ha llenado páginas de periódicos y horas de televisión con informaciones alarmistas que advierten de la posibilidad de salir a comprar el pan y, al volver, encontrar la casa llena de okupas. Luchar contra esto, que tampoco tiene sustento en cifras (en esta columna tienen algunos datos) es otro de los puntales a los que quieren agarrarse los populares y ya han anunciado una ley de vivienda que pondrá el foco en ello. De momento, ninguna de sus comunidades —tampoco la cumplen algunas de las gobernadas por el PSOE— está aplicando la ley que se aprobó el año pasado.

Con esta medidas, algunas viejas recetas de la derecha, cuesta creerse la actual preocupación por los “problemas reales” del PP más allá de la intención de atraer a Junts y PNV para obtener su apoyo puntual o no perder el beneplácito de los empresarios. Cuesta porque hay comunidades, como Madrid, que llevan años recortando en sanidad o educación públicas y otras que, tras sus pactos con la ultraderecha, han puesto en cuestión la existencia de la violencia machista, han eliminado las consejerías de igualdad, han pretendido borrar la memoria democrática o incluso difuminar el significado de la dictadura franquista. Se hace complicado creerse la preocupación por los problemas reales que muestra ahora el PP porque —la hemeroteca no falla— llevan ya un tiempo haciendo caso omiso de ellos.

Hay una escena en la obra de teatro 14.4 en la que el protagonista, un niño de nueve años que ha viajado desde Marruecos hasta España en los bajos de un camión para buscarse la vida, se dirige al público y les dice: “Si alguna vez se encuentran con uno como yo, llegado de otro país, sepan que ahí detrás de esos ojos, hay una historia”.

La obra, escrita por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris Mencheta, es la historia real de Ahmed Yousseini. Fue un menor no acompañado, uno de esos chavales a los que las derechas califican despectivamente como mena. El título hace referencia a los kilómetros que separan un mundo del otro. África y Europa. África y España. Estos días vuelvo mentalmente a ella y pienso que todo el mundo debería verla en algún momento —ojalá más de un político— porque es un jarro de agua fría y un potente antídoto contra el racismo y la xenofobia.

No hace demasiado, Alberto Núñez Feijóo evitaba las fotografías con la ultraderecha porque temía que eso le alejara de su electorado más moderado. De un tiempo a esta parte, no sólo no las esquiva, sino que las busca. La prueba es que hace tan sólo unos días, el líder popular viajó hasta Roma para ver a Giorgia Meloni, la presidenta ultra italiana. Una imagen de los dos, sonrientes dándose la mano, como colofón al viraje ideológico que el PP ha hecho en los últimos meses. Feijóo ya no se esconde y ahora alaba las políticas migratorias de Meloni. Esas políticas de mano dura, de criminalización de "los que vienen de fuera" que él mismo ha descrito como una mezcla de legalidad y humanidad. 

Cuesta encontrar el rastro de esos dos conceptos haciendo un repaso por el expediente gubernamental de la presidenta italiana que ha firmado, incluso, un acuerdo con Albania para deportar a centros de este país —controlados por policías albaneses e italianos— a los migrantes que llegan a sus costas. 

¿Cómo en tan poco tiempo ha llegado a convertirse la inmigración en el mayor problema para los españoles y españolas? Resulta paradójico porque, preguntados por los problemas que consideran más importantes a nivel personal, la inmigración cae al quinto lugar, por detrás de la economía, la sanidad, el empleo o la vivienda. Es decir, los problemas a los que de verdad se enfrenta la ciudadanía a diario. No llegar a fin de mes, esperar meses a que te hagan una prueba médica, enlazar contratos precarios o seguir viviendo con tus padres a los treinta y muchos porque el precio de los alquileres está por las nubes. 

Sólo hay que bucear en la hemeroteca reciente para encontrar la respuesta a la pregunta anterior. Políticos que hablan de invasión, de efecto llamada, de deportaciones masivas, de frenar la llegada de migrantes con buques de la Armada o de la intranquilidad que les provoca su presencia porque sus hijas no podrán ponerse faldas cortas (en estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso además de racismo, hay machismo). También desde los medios: han conseguido que la inmigración se convierta en un problema en el imaginario social dando altavoz a quien criminaliza a los migrantes y los deshumaniza relacionándolos con la delincuencia y obviando que la mayoría sale de sus países huyendo de guerras, de la explotación laboral o sexual. Es más, según los datos del INE, en 2023 la mayor parte de los migrantes llegó de Colombia y de Venezuela. Marruecos ocupa el tercer lugar, pero el resto de los diez primeros puestos está copado por países de América Latina (pueden leerlo en este artículo).

Una estrategia, la de comprar el discurso a los ultras, que polariza y enfanga el debate, pero que no sólo se da en España, ni sólo con la derecha. Ahí tienen el ejemplo de los socialdemócratas alemanes con Scholz anunciando mano dura en los controles fronterizos. 

El debate es complejo, tiene muchas aristas — es injusto pensar sólo en términos utilitaristas y económicos para tratar de solucionarlo como ha hecho el Gobierno— y requiere que la política esté a la altura. Cuesta imaginar ese acercamiento entre los grupos políticos teniendo en cuenta que ha costado cinco meses desbloquear la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso con el apoyo de 700.000 firmas para regularizar a medio millón de migrantes que, por cierto, el PP apoyó.

14.4 son los kilómetros que separan África de España. Una distancia por la que Ahmed, y miles de personas al año, deciden jugarse la vida tratando de conseguir una mejor.

Un policía. Un bombero. Un enfermero. Un periodista. De 26 a 70 años. Solteros. Casados. Divorciados. Podrían ser el vecino de la casa de enfrente, el agente que te toma declaración en una comisaría, el sanitario que te saca sangre para un análisis. No son ni monstruos ni seres marginales. No son los otros, ni una manzana podrida en un cesto. Tampoco lo eran los violadores de La Manada, entre los que había un militar y un guardia civil, ni el asesino machista de Nagore Laffage, que era un estudiante de medicina. Son hombres. Profundamente machistas.

Hombres que a lo largo de una década acudieron, algunos varias veces, a la casa de Dominique Pélicot para violar a su esposa, mientras él lo grababa todo. Varones que entraban en un foro de internet en el que se fantaseaba con la violación, pero que después de agredir sexualmente a una mujer inconsciente y drogada volvían a sus casas, con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres. Se sentaban a ver la televisión, a cenar, comentaban el último partido de fútbol o la última polémica política. 

Impresiona ver la imagen de Gisèle Pélicot en el tribunal. Muestra su cara, no se esconde de las cámaras y se ha negado a que las sesiones del juicio se hagan a puerta cerrada. La vergüenza debe cambiar de bando, ha sentenciado. Una frase que deberíamos grabarnos a fuego. Gisèle es una mujer valiente y merece todo el reconocimiento. Pero igualmente valiente habría resultado si no hubiera querido mostrar su identidad. Si para protegerse hubiera decidido permanecer en el anonimato como lo hacen miles de mujeres cada día. Como lo hizo la víctima de la violación de sanfermines. No hay un perfil de agresor, pero tampoco lo hay de la víctima. 

También impresiona verlos a ellos, aunque por motivos muy diferentes. Esperando en fila para declarar, tapándose la cara con mascarillas, capuchas o gorras para que nadie pueda identificarlos. Produce miedo la imagen de la cotidianidad de la violencia.

Es esa cotidianeidad a la que nos referimos cuando hablamos de cultura de la violación. Esa que normaliza o banaliza la violencia contra las mujeres ya sea en los medios de comunicación, en la judicatura o en las instituciones. Hace sólo unos días escuchamos a una periodista decir que no era apropiado que una mujer se fuese con un hombre al que acababa de conocer. Le faltó apostillar: y si no, que se atenga a las consecuencias. ¿Por qué las receptoras de esos mensajes siempre somos nosotras? Resultaría mucho más efectivo recordarles a ellos que si son incapaces de irse con una mujer y no agredirla, que no lo hagan.

Esa permisividad tampoco sería posible sin el pacto no escrito pero tácito que se da entre hombres. La complicidad de los tipos que eligen el silencio a la denuncia, de los que reenvían la foto sexual de una compañera de trabajo o de los que se ríen de la machistada de turno en vez de afearla. Sólo uno de cada tres hombres con los que contactó el marido de Gisèle Pélicot rechazó violar a su mujer. Pero ninguno lo denunció, decidieron mirar hacia otro lado. Not all men, pero... Estos días me he encontrado a tipos más ofendidos porque los llaman violadores en potencia que porque haya varones que violan a mujeres. Una sociedad no cambia si sólo lo hace la mitad de la población, por eso mientras ellos no señalen estos comportamientos, resultará tremendamente complicado acabar con la violencia machista. Necesitamos su compromiso en firme y que recuerden que si no son parte de la solución, entonces son parte del problema.

La periodista Cristina Fallarás lleva tiempo recabando testimonios de violencia sexual que publica en sus redes sociales. Son víctimas que hablan de padres, hermanos, abuelos, primos, compañeros de trabajo que las han agredido sexualmente. No son monstruos, ni locos, ni manzanas podridas en un cesto. Es la cotidianidad de la violencia. La que hizo que ninguno de los hombres denunciara lo que ocurría en la casa de los Pélicot. La que hace que una mujer tenga más posibilidades de sufrir una agresión en su propia casa que en la calle.

Pronunciar el nombre de una mujer en público está prohibido en Afganistán. Supone una deshonra grave para la familia. No lo pueden decir ellas, no las puede nombrar nadie. Sus nombres no pueden aparecer ni en las recetas médicas, ni en los certificados de defunción, ni siquiera en sus tumbas. Despojadas de su identidad, anonimizadas, la única forma de llamarlas es en base a la relación que tienen con los hombres: la mujer de, la hija de, la hermana de… ¿Recuerdan El cuento de la criada? Todo lo que imaginó Margaret Atwood en su distopía literaria se convierte en realidad en Afganistán.

Para denunciar este anonimato impuesto, la activista afgana Laleh Osmani inició, hace unos años, una campaña en redes sociales llamada ‘Where is my name?’ que tuvo bastante repercusión. Tanta que hasta el gobierno se planteó modificar la ley de registro civil para que el nombre de la madre apareciese en los certificados de nacimiento. Pero llegó la pandemia. Y luego los talibanes y con ellos un régimen de terror que ha pisoteado, literalmente, los derechos que las mujeres afganas habían conseguido en los últimos 20 años, tras la invasión militar de Estados Unidos. Porque, a pesar de las imposiciones tremendamente machistas en las que han vivido, hay una generación que ha dado importantísimos pasos como estudiar en la universidad. Ahora, juezas, profesoras, periodistas o activistas que trabajaban para conseguir avanzar han sido condenadas a la clandestinidad y están amenazadas de muerte o han tenido que huir dejando atrás toda una vida. ¿Es el peor país para ser una mujer? La pregunta se responde sola. 

Lo cierto es que todo puede ir a peor. Porque cuando parecía que era imposible retroceder más en derechos, y con la macabra coincidencia del tercer aniversario de su llegada al poder, los talibanes han aprobado una ley que prohíbe que a las mujeres se les vea el rostro y que hablen en público. ¿Se imaginan no poder pronunciar una sola palabra fuera de casa? Piensen en esa generación de niñas que hasta hace unos años iba a la escuela, las que estaban a punto de pasar a la universidad, las que ejercían su profesión, las amas de casa. Silenciadas, enterradas en vida. Borradas del mapa, recluidas en sus hogares. Lo que ocurre en Afganistán tiene nombre: es un apartheid de género, como reconoce la ONU, que sucede ante la impasible mirada y abandono de la comunidad internacional, responsable en gran parte de la situación en la que está inmerso el país, tras años de permisividad con gobiernos corruptos y señores de la guerra. 

Que sus voces no se oigan en el espacio público es un paso más en la violencia que los fundamentalistas ejercen sobre las mujeres. Desde que tomaron Kabul han prohibido la educación de las niñas mayores de doce años, han cerrado escuelas y universidades, han restringido su forma de vestir, su acceso a la práctica de deporte e incluso han prohibido la emisión de películas en las que salen actrices. Niñas y adolescentes que no tendrán referentes, que no pueden estudiar ni trabajar. El infierno en la tierra. Seguro que recuerdan la imagen de un talibán borrando el rostro de una mujer en un escaparate que se viralizó hace algunos meses. Se convirtió en un símbolo de la represión que sufren las afganas. Por desgracia, no es sólo una imagen icónica que postear en las redes, es la realidad que sufren millones de mujeres allí.

¿Qué será lo siguiente? Es aterrador incluso pensarlo. No nos olvidemos de ellas ni de un país en una situación desesperada, con una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Y hagámoslo dejando el paternalismo a un lado, ese que en Occidente nos hace creer que lo que ocurre en Oriente Medio no nos afectará porque nuestras fronteras están separadas por miles de kilómetros. La misoginia, por desgracia, cala y se expande rápido. Ahí tienen la talibanización de Pakistán o la represión contra las mujeres que no quieren llevar velo en Irán. Pero también la de los gobiernos de países como Polonia, Hungría o Italia que ya han emprendido una batalla legal contra los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI.  

'¿Dónde está mi nombre?', preguntaba la campaña que iniciaron las afganas en 2017. No dejemos de nombrarlas ni de denunciar el régimen terrorista en el que son obligadas a vivir. Porque, no lo olviden, ignorar su situación es una forma más de legitimar y perpetuar la violencia que los talibanes ejercen sobre ellas.

La noche del pasado domingo, mientras buena parte del país celebraba la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa, un hombre descerrejaba varios disparos a su pareja en Alicante y después se suicidaba. La víctima tenía 36 años, el agresor 33. Horas antes, otros dos crímenes machistas en Cataluña elevaban el balance de feminicidios de este año. Uno en Salou: la víctima tenía 76 años, su pareja y asesino, 86. En Sabadell, un agresor machista mataba a su exesposa delante de sus dos hijas, ambas muy pequeñas. En Madrid, una mujer de 29 años era asesinada por su pareja. Y un maltratador golpeaba y apuñalaba hasta la muerte a su excompañera en Buñol, Valencia, a pesar de que ella estaba en el sistema de protección de víctimas. 

El mismo día, un hombre era detenido en Bizkaia por asestar cinco cuchilladas a una mujer dentro de un coche. En Elche, la policía arrestaba a un hombre por pegar un fuerte golpe a su expareja y abofetear la hija de ambos. Podría continuar, pero si quieren seguir leyendo este listado de los horrores, sólo tienen que darse una vuelta por la cuenta de Feminicidio.net. 

Cada tres días un hombre asesina a una mujer en España. Vuelvan a leer la frase. Si no es para echarse a temblar, díganme que lo es. La violencia machista controla, maltrata y mata a diario. ¿Qué tienen en común todos estos crímenes? Víctimas y agresores tienen diferentes nacionalidades, pertenecen a distintas clases sociales y ni siquiera comparten rango de edad. No hace falta escarbar mucho para llegar al elemento que les une: todos son hombres tremendamente machistas. Todas las que la sufren son mujeres. 

Algo está fallando, es evidente. Y aunque en los últimos años, el número de asesinatos ha descendido, sólo un crimen machista al año bastaría para exigir mejoras en cuanto a recursos o especialización de todos los actores implicados. Pero el problema es mucho más complejo. Se necesitan otras soluciones para prevenir una violencia estructural que está enraizada en los cimientos de la sociedad. 

Hay una parte de la ciudadanía que sigue considerando que la violencia machista pertenece al ámbito privado y no al público, por lo que el peso de las decisiones recae, en muchas ocasiones, en la propia víctima. También en su entorno al que se pide que denuncie, lo que en muchas ocasiones aísla a la mujer, que no tiene los recursos suficientes para escapar de esa espiral violenta. Si fuera tan sencillo salir de ese agujero, les aseguro, no estaríamos hablando de doce crímenes machistas en tan sólo dos semanas. 

A diario, 500 mujeres interponen una denuncia contra sus agresores. El feminismo le ha puesto nombre y apellidos a una violencia que afecta a la mitad de la población femenina. Eso permite que señalemos a los maltratadores, que les hagamos frente o que intentemos dejar la relación. Pero los recursos no se han adaptado al riesgo actual: no podemos prevenir ni combatir la violencia de género con los mismos métodos que hace una década, cuando el número de denuncias era menor. Si en cualquier otro campo científico se pelea por avanzar, ¿por qué quedarnos estancados en este, cuando precisamente la vida de tantas mujeres depende de ello? 

Lo vemos cada verano o cada Navidad, períodos especialmente peligrosos para las víctimas. Las que continúan con sus parejas pasan más tiempo con ellos y los maltratadores de las que se han separado pierden el control sobre ellas al estar alejados. Si lo sabemos, ¿cómo es posible que el Gobierno no tome medidas preventivas antes? Es escandaloso que los y las profesionales sigan sin estar profesionalmente formados para detectar el riesgo en cada una de sus situaciones.

También calan los discursos negacionistas. La ultraderecha, con el beneplácito en ocasiones de la derecha, nos bombardea con mensajes que ridiculizan o niegan la violencia machista, y eso se ha convertido en un instrumento de acción política. Ese sexismo, dice el profesor Miguel Lorente en su libro La refundación del machismo, da votos: sólo hay que ver los resultados electorales de algunos partidos ultra. Muchos hombres han encontrado el apoyo a los valores tradicionales de control y sometimiento en medios de comunicación, formaciones políticas e instituciones que jalean ese antifeminismo y ahora se sienten acompañados y justificados.

Ni los intentos de PP y Vox por criminalizar a los menores extranjeros no acompañados impidieron que España celebrara el triunfo de la selección de fútbol. Un equipo que encarna los valores del país diverso y plural en el que nos hemos convertido. Ojalá esa unión que se vivió en las calles fuese igual de potente para luchar contra la violencia machista. Ojalá los jugadores hubieran aprovechado su potente altavoz para hablar de Gaza, de la migración o de las violencias que atraviesan a las mujeres. No hay ningún tipo de terrorismo que haya dejado tantas víctimas en este país: desde 2003, 1270 feminicidios. Por eso, la reflexión es más que pertinente y todos y todas deberíamos planteárnosla: el domingo, mientras otros festejaban, ¿cuántas mujeres eran agredidas?