Hace ya 10 días que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permanece en su puesto en funciones. Su mandato de nueve años como magistrado del órgano de garantías venció el pasado 10 de marzo, al igual que el de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos el 10 de marzo de 2017. El Senado, la Cámara a la que corresponde su sustitución, tendrá que renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el cargo por motivos de salud dos años antes. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el proceso, pero cuatro autonomías –Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía– han pedido una prórroga para elegir a sus candidatos, lo que retrasará los nombramientos, al menos hasta el otoño.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los magistrados elegidos por el Senado sean seleccionados "entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas". Rollán se dirigió el pasado diciembre a los Parlamentos autonómicos para pedirles que presentaran sus aspirantes a magistrados del órgano de garantías. Pero los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y los comicios andaluces, pendientes de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, los convoque, provocarán una demora de meses que, con toda probabilidad, dará tiempo al tribunal, con su configuración actual y con Conde-Pumpido como presidente prorrogado, a resolver los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de condenados y procesados por el procés a los que el Supremo no aplicó la ley de amnistía.

Las cuatro Cámaras autonómicas han reclamado una prórroga. Pese a que en Extremadura, Aragón y Castilla y León los comicios ya se han celebrado, en ninguno de los tres territorios ha echado aún a andar la legislatura a la espera de que PP y Vox ultimen los órganos directivos de sus respectivos Parlamentos y los gobiernos. Independientemente de que lo logren en las próximas semanas o no, todavía falta que los andaluces acudan a las urnas, algo que está en manos del presidente Moreno. Si no convoca antes, la fecha límite en la que el Parlamento andaluz quedaría disuelto sería el 19 de junio. Así que, con toda probabilidad, la elección de los candidatos andaluces a magistrado del Tribunal Constitucional no estará lista hasta después de las vacaciones de verano.

Es a partir de ese momento, con todos los nombres sobre la mesa, cuando Gobierno y PP tendrían que iniciar una negociación para repartirse los nombramientos. Tradicionalmente, cuando es una de las cámaras la que tiene que designar, socialistas y populares se repartían las propuestas. Sin embargo, los alicientes del PP para sentarse ahora a la mesa son pocos. A finales de año se iniciará un nuevo ciclo electoral hacia las autonómicas y municipales de la primavera siguiente y las generales estarán cada vez más presentes. Tras convertir a Vox en su socio preferencial, es difícil que se arriesgue a que los ultras le afeen acuerdos con Pedro Sánchez a escasos meses de nuevos comicios a Congreso y Senado en los que, según todos los sondeos, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Santiago Abascal si quisiera convertirse en nuevo presidente.

Otro de los elementos que empujan al PP a no pactar es la posibilidad de no tener que hacerlo, es decir, la de nombrar por sí mismo o con Vox a los cuatro magistrados y dar así la vuelta al juego de mayorías actual en el que los progresistas tienen, desde enero de 2023, una mayoría de siete a cinco sobre los conservadores. Con la composición actual del Senado, los populares controlan 145 escaños. Si suman el de su tradicional socio navarro UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149 senadores quedándose a solo 11 de los tres quintos (160 votos) que se necesitan para la renovación. La tentación de lograrlos en las próximas generales es fuerte. Sería la primera vez desde la fundación del órgano de garantías, en 1980, que el PSOE no tendría capacidad de propuesta.

En caso de que, tras las elecciones generales de 2027 –siempre que Sánchez consiga acabar la legislatura–, el PP no lograra los tres quintos de senadores con Vox, el partido de Feijóo se vería obligado, esta vez sí, a sentarse con los socialistas, que si lograran incluir a dos de sus candidatos prorrogarían la mayoría de magistrados progresistas en el Constitucional al menos hasta 2031. Con una mayoría del PP y Vox en ambas Cámaras, un Gobierno sostenido por esos partidos y el tradicional derechismo del Poder Judicial, el órgano de garantías se convertiría entonces en el último reducto de los principales órganos constitucionales del país en el que la izquierda seguiría siendo mayoritaria.

Una de las ponencias de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional –la cumbre internacional de tribunales constitucionales de los cinco continentes que se celebra esta semana en Madrid– ha sido, en cada una de sus seis ediciones, la que se dedica e estudiar los ataques a la independencia de los máximos intérpretes de la constitución de cada país. En la mesa sobre este tema organizada en la jornada de este jueves, una de las fórmulas para socavar esa independencia que se han analizado son los nombramientos de magistrados. Tanto la obediencia de las personas seleccionadas a quien las propuso para el cargo como el bloqueo de las designaciones a la espera de que los partidos encuentren la situación más propicia a sus intereses para formar una mayoría favorable. Cándido Conde-Pumpido, se refirió a este tipo de bloqueos en una comparecencia ante los medios el pasado martes, en la que recordó que estas maniobras pueden alterar tanto la independencia como el buen funcionamiento de un tribunal constitucional.

El presidente del órgano de garantías hacía referencia, sin decirlo, a la posibilidad de que el PP, que mantuvo bloqueada durante más de cinco años y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo vuelva a hacer con el nombramiento del cuatro magistrados del Constitucional que deben ser designados por el Senado en diciembre. El partido de Alberto Núñez Feijóo, que domina la Cámara alta pero no alcanza la mayoría de tres quintos necesaria para las designaciones, prefiere congelarlas a la espera de que el divorcio del Gobierno con Junts o el caso Cerdán terminen por hacer caer a Sánchez y, tras unas futuras elecciones, su formación tenga escaños suficientes –sola o en compañía de Vox– para poder llenar por sí misma y sin apoyo del PSOE las cuatro vacantes, lo que devolvería a sus magistrados afines el control del órgano que retuvo hasta finales de 2022.

Si, en contra de lo que parece, el PP accediera a negociar la renovación parcial a su debido tiempo (los mandatos de nueve años de cuatro magistrados caducan en semanas) se vería obligado a alcanzar la solución tradicional cuando son las Cámaras a las que corresponde designar nuevos miembros: ceder dos de los cuatro puestos a cubrir al PSOE. En este caso, la actual mayoría progresista en el órgano de garantías se prorrogaría durante al menos tres años más, hasta la siguiente renovación, que corresponde al Congreso. Puede que el dominio de los magistrados de la izquierda se alargara incluso un segundo trienio debido a la composición habitual y más plural de esta última Cámara. La tentación es fuerte, porque al partido de Feijóo le faltan solo 14 senadores para llegar a los votos necesarios para asegurarse de que una mayoría de magistrados propuestos por su partido dominan el Constitucional.

El bloqueo, según fuentes del PP consultadas por infoLibre, se da ya por seguro. Se trata de una maniobra incoherente y contradictoria, porque busca únicamente garantizarse el control político de un órgano constitucional al que –desde que perdió la mayoría conservadora en enero de 2023– ha sometido a un asedio de constante deslegitimación. Con el movimiento del bloqueo parece querer lograr lo que públicamente denuncia. Uno de sus vicesecretarios, Esteban González Pons, llegó a referirse al Constitucional como "el cáncer del Estado de derecho". A la campaña de descrédito también se ha sumado el propio Feijóo, que, en una entrevista en El Mundo, llegó a sugerir que sus magistrados (se refería a los progresistas, claro) podrían ser juzgados por prevaricación. En Onda Cero también dijo: "Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto". Después acusó a Pedro Sánchez de elegir a los magistrados "no tanto en orden a sus méritos profesionales como a la capacidad que puedan tener de darle la razón".

Siguiendo ese mismo argumentario político del PP, lo que Feijóo buscaría con el bloqueo que está a punto de iniciar es poder nombrar a cuatro magistrados con capacidad para darle la razón a él (y a su partido). Es cierto que en la actual composición del tribunal hay un exministro socialista, Juan Carlos Campo, y una catedrática de Derecho Constitucional que fue directora general y asesora en Moncloa, Laura Díez. Pero el PP no es precisamente ajeno a esa dinámica. Entre los magistrados actuales se encuentran tres extraordinariamente cercanos al PP. Como Concepción Espejel, aupada por ese partido al CGPJ y recusada para el caso Gürtel por su proximidad con la ex secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal; o Enrique Arnaldo, cuyo estudio legal era contratista habitual de administraciones del PP y que, en las conversaciones del caso Lezo, apareció como muñidor para cambiar fiscales y poner a otros más favorables al partido.

El partido de Feijóo, llegó a lograr que un afiliado suyo ocupara la presidencia (Francisco Pérez de los Cobos). Y el que fue durante dos décadas su portavoz de Justicia en el Congreso, Andrés Ollero, también pasó por el órgano. Por no hablar de Enrique López, exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP que, tras su paso por el Constitucional se convirtió en mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En la negociación de la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, de julio de 2024 –que vino acompañada de una reforma legal para impedir el acceso del excargos del Gobierno a ese órgano– el PP, sin embargo, impuso el nombramiento como magistrado del Constitucional del exvocal que más fielmente defendió los postulados de ese partido en el gobierno de los jueces más prorrogado de la democracia, José María Macías.

Los magistrados a sustituir a finales de año son el propio Conde-Pumpido, la también progresista María Luisa Balaguer, y los conservadores Ricardo Enríquez y el propio Macías (que podrá repetir debido al escaso tiempo transcurrido desde su designación). Desde el PP y la derecha mediática y judicial se ha presentado al actual presidente poco menos que como un ministro más del Gobierno de Sánchez, pero tras su insistente demonización y cuestionamiento como magistrado y presidente, el nuevo bloqueo forjado por el PP lo mantendrá en el puesto hasta que, cuando le interese al partido o no le quede más remedio, se siente a negociar su sustituto. Negarse a renovar el máximo intérprete de la Constitución, además, no viene mal al Gobierno y a la izquierda en general porque la mayoría de sus miembros –siete, entre ellos el presidente– seguirá siendo progresista. Salvo vuelco político que permita al PP ejecutar su maniobra, el reparto de mayorías y minorías permanecerá inamovible hasta 2031.

Representantes de tribunales y cortes de 85 países todos los continentes se reúnen esta semana en Madrid en la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional bajo el título "Los derechos humanos de las generaciones futuras", según ha informado EFE.

Con el Tribunal Constitucional (TC) español como anfitrión se celebrará en el pabellón 12 de IFEMA de Madrid entre el martes y el jueves, cuando será clausurada por el rey de España.

Su objetivo es defender y promover el Estado de derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional para impulsar estrategias sólidas que garanticen un futuro sostenible y justo, informa el TC.

La conferencia abordará los retos intergeneracionales en materia de preservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de la humanidad, el medio ambiente y el cambio climático, el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías y la independencia de los tribunales constitucionales.

El presidente del TC de España, Cándido Conde-Pumpido, explica en un comunicado que el objetivo del encuentro es "desarrollar soluciones innovadoras para salvaguardar los derechos y las oportunidades de las generaciones futuras y que estos no resulten sacrificados por los intereses del momento actual".

También defiende "el papel que la justicia constitucional desempeña y desempeñará en garantizar la dignidad de las personas, de las que forman hoy la sociedad pero también de las que vendrán".

El congreso está organizado por el TC español y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.

La conferencia mundial pretende consolidar marcos jurídicos eficaces, ideas y estrategias prácticas a través del diálogo, la colaboración judicial y el intercambio de experiencias para el desarrollo sostenible, la preservación cultural, el progreso científico y la independencia judicial.

En las sesiones de trabajo se analizarán, entre otras cuestiones, los retos que plantean los avances tecnológicos, como los riesgos para la privacidad y las libertades personales, la protección frente al uso indebido de los datos personales, las tecnologías de vigilancia intrusiva y la ética de la inteligencia artificial.

Habrá una sesión dedicada a la independencia de los tribunales constitucionales, que moderará Cándido Conde-Pumpido.

El TC recuerda que "este tema se incluye en todos los congresos que celebra la conferencia por su importancia y por las frecuentes amenazas que reciben algunos de sus miembros".

"Se trata de un pilar de la justicia constitucional que protege a los tribunales y les permite cumplir con sus funciones de árbitros imparciales de la ley y garantes de los derechos de los ciudadanos", añade.

Por ello se examinarán las presiones a las que se enfrentan los tribunales constitucionales de todo el mundo, los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales y las estrategias para sortear los ataques a su independencia.

"La celebración de la VI Conferencia en Madrid supone un reconocimiento al TC español y confirma su prestigio en el ámbito internacional", afirma Cándido Conde-Pumpido.

Añade que "pone en valor el trabajo que se ha hecho durante 45 años en la protección de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y en la consolidación del Estado de derecho en España".

Y subraya que "es una oportunidad magnífica y un honor mostrar al mundo que España es una democracia avanzada, una sociedad que respeta los derechos fundamentales, una alegría y un orgullo".

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido ha hecho una encendida defensa del órgano constitucional que preside y de sus 12 miembros frente a las "críticas feroces" procedentes de la derecha política y singularmente, del PP. El presidente ha recordado las declaraciones del vicesecretario de acción institucional de ese partido Esteban González Pons que, en enero de 2004 aseguró que el tribunal de garantías era "el cáncer de la democracia", palabras de las que luego se desdijo, aunque mantuvo las críticas a su "falta de independencia". Conde-Pumpido ha asegurado que "quién descalifica al Tribunal Constitucional desde la política, se está descalificando a sí mismo", ya que en los nombramientos de la mayoría de los magistrados (todos salvo los dos cuyo nombramiento corresponde al Gobierno), participan todos los partidos y poderes del Estado.

Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones en la presentación de la sexta Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales que se celebrará en Madrid entre el 28 y el 31 de octubre con la presencia confirmada de 95 presidentes de órganos de garantías de diferentes países. Tras preguntarle por la encendida defensa de la independencia de estos tribunales que se hizo en la última cita, en Bali (Indonesia), el presidente ha hecho una reflexión sobre los ataques a estas instituciones. "Se ha generalizado la idea de que hay barra libre para cuestionar al Tribunal Constitucional", ha dicho. Después ha recordado que, frente a las protestas que generan las críticas del poder político a los jueces ordinarios, al Constitucional no lo defiende nadie, aunque nueve de sus 12 miembros proceden de la carrera judicial.

Después se ha referido al prestigio de los magistrados y ha subrayado que la mitad de ellos han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial, con lo que hace tiempo que les reconoció como "juristas de reconocido prestigio" al acceder a el órgano de gobierno de los jueces. "Los que no hemos formado parte del Consejo somos magistrados del Tribunal Supremo y dos de ellos, César Tolosa y María Luisa Segoviano ocuparon la mayor categoría dentro del propio tribunal al ser presidentes de Sala". "Ninguna institución debe hacer críticas o comentarios sobre otros órganos constitucionales", ha continuado. "Ni jueces contra políticos, ni políticos contra jueces ni ninguno de ellos contra el Tribunal Constitucional".

Conde-Pumpido también se han referido a las críticas procedentes de la carrera judicial y de los partidos de derecha de que el órgano de garantías "invade competencias del Supremo". El presidente ha asegurado que, desde que accedió al cargo se han presentado 6.500 recursos de amparo contra resoluciones del Alto Tribunal, de los que el Constitucional solo ha estimado 17. "Se nos desautoriza desde la política diciendo que no ofrecemos ninguna confianza, pero nunca hemos resuelto tantos conflictos como ahora", ha señalado. Después ha recordado que las críticas se centran en dos asuntos, la sentencia de los ERE, que obligó a la Audiencia de Sevilla a rebajar las penas de dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y varios consejeros, y la de la ley de amnistía del pasado junio.

El presidente también ha respondido a preguntas sobre los recursos pendientes sobre la ley de amnistía. Tras recordar que el tribunal abordará la semana que viene el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Supremo, Conde-Pumpido ha afirmado que muchos países de la UE tienen la amnistía en su Constitución, "y los que no la tienen, como Alemania, estiman que el parlamento puede aprobarlas". Sobre los recursos de amparo de los líderes del procés, ha dicho que sufrirán un retraso al haber recusado los recurrentes a varios magistrados. Los de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig iban a ser admitidos a trámite en septiembre, pero esa circunstancia ha provocado que la decisión no pueda tomarse antes de la próxima navidad.

El proceso de renovación del tercio de magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado se acaba de iniciar. El trámite, que debe culminar en diciembre, pone al PP en el centro de un dilema. Desde que el órgano perdió en 2023 la anterior mayoría conservadora, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en sabotear su legitimidad presentándolo como un apéndice más del Gobierno, del que señala como principal embajador nada menos que a su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Los populares tienen ahora en su mano descabalgar a quien han tomado como chivo expiatorio en su deriva antisistema alcanzando un pacto con el PSOE. Pero también pueden optar por bloquear los nombramientos a la espera de que el caso Cerdán pueda obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones en las que mejoren su mayoría en la Cámara Alta y así intentar dar un vuelco al reparto de mayorías entre magistrados progresistas y conservadores.

Ocho años después de su llegada al tribunal en 2017, los ataques personales del PP a Conde-Pumpido han hecho olvidar que su elección fue fruto del consenso entre la formación conservadora, entonces en el Gobierno, y el PSOE, y no únicamente de las cuotas de propuesta que correspondieron a cada partido. Como todos los candidatos a magistrado constitucional que se seleccionan por el turno del Senado, el ex fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fue propuesto a la Cámara por un parlamento autonómico. En su caso fue la Asamblea de Madrid quien promocionó su postulación a magistrado del órgano de garantías. El Parlamento madrileño estaba entonces dominado por el PP y por Ciudadanos que habían hecho presidenta de la comunidad a la popular Cristina Cifuentes.

La campaña de la derecha política y judicial contra el actual presidente se inició antes, incluso, de que se le hubiera nombrado. Fue a finales de 2022, cuando tocaba nombrar al tercio correspondiente al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, que estableció una mayoría progresista. La entonces mayoría conservadora del órgano de garantías maniobró para tratar de bloquear la renovación con la decisión inédita de paralizar la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez que trataba precisamente de desatascarla. Desde el órgano de gobierno de los jueces, además, los vocales a propuesta del PP vetaron al candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés, por considerarlo próximo a Conde-Pumpido, e impusieron la entrada de María Luisa Segoviano. Una vez nombrados los nuevos magistrados, ya con mayoría progresista en el tribunal, los cuatro jueces del sector conservador apoyaron a su rival por la presidencia, la también progresista María Luisa Balaguer.

Desde entonces, los ataques del PP, de Feijóo y de otros dirigentes del partido contra el presidente no han parado. Se trata de una actitud inconsistente porque Conde-Pumpido, como el resto de los magistrados progresistas nombrados por las Cámaras, llegó al órgano de garantías con el apoyo explícito del PP (y del PSOE) que, además, ha aprovechado su cuota de propuesta para convertir en magistrados a auténticos halcones de la formación como Enrique Arnaldo, la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel (amiga de la exministra María Dolores de Cospedal) o, últimamente, al exlíder conservador del anterior CGPJ, José María Macías. El PP, además, tiene el dudoso honor de ser el único partido que ha conseguido colocar a un antiguo afiliado, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos, en la presidencia.

Pese a ello, la ofensiva de Feijóo y del PP contra el Constitucional y su actual presidente no ha cesado desde entonces. El principal partido de la oposición, cuyos magistrados afines coparon el órgano durante 10 años hasta finales de 2022, alienta ahora una campaña de desobediencia contra él. Ha sido a petición del PP —y basándose en los argumentos de votos particulares de parte de los magistrados que colocó en el Constitucional— que la Audiencia de Sevilla ha planteado una insólita cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que le permita desobedecer las sentencias del TC que obligaron a rebajar las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como las de otros exconsejeros socialistas en el caso de los ERE.

Tras la sentencia del Constitucional que avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía el pasado junio, Feijóo se apresuró a atacarla calificando el fallo de "una vergüenza para cualquier demócrata" y "un ejercicio de corrupción política". Días antes había asegurado que la presidencia de Conde-Pumpido le suscitaba "dudas sobre su objetividad". También afirmó, sin aportar prueba alguna, que el presidente tenía "un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante la amnistía". Previamente, el PP se sumó a la campaña del entorno del expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que planteaba la posibilidad de actuar contra magistrados del órgano de garantías por prevaricación, algo prohibido para cualquier órgano judicial ordinario por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El mandato de Conde-Pumpido como magistrado del Constitucional, y por tanto como presidente, está a punto de caducar: lo hará el próximo diciembre. Sin embargo, está por ver si el PP habrá pactado para esa fecha la renovación, algo necesario para apartarlo del cargo que ostenta. La explosión del caso Cerdán ha resucitado la esperanza de la derecha en la convocatoria de nuevas elecciones generales, algo que, por el momento, el Gobierno ha rechazado. El cálculo político es comprobar si el PP, tras unos hipotéticos comicios, sería capaz de aumentar su mayoría en el Senado hasta los tres quintos, lo que le daría la posibilidad, por sí solo y sin acuerdo con el PSOE, de nombrar a los cuatro magistrados que corresponden a esa Cámara y así generar de nuevo en el tribunal una mayoría conservadora. En las elecciones que dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy en 2011, el PP se quedó a solo cinco escaños de alcanzar esa representación. La configuración actual de la Cámara daría dos designaciones a cada partido, con lo que la mayoría progresista en el Constitucional continuaría (siete a cinco). Eso sí, habría que nombrar a un nuevo presidente. Los que más opciones tienen son dos progresistas: la actual vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel.

Mientras el sustituto de Conde-Pumpido (y el de los otros tres magistrados cesantes, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías) no sea nombrado, el ex fiscal general seguirá al frente del órgano de garantías. Y su papel va a seguir siendo central mientras permanezca en el cargo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha presentado ya su recurso de amparo contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía, avalada por el tribunal el pasado junio. Fuentes del órgano de garantías aseguran que sus magistrados no se pronunciarán hasta que el TJUE resuelva sobre la concordancia de la ley del perdón con el derecho europeo, algo que se espera para septiembre u octubre, lo que puede alargar el caso del expresident más allá de la fecha en la que el actual presidente cumpliría su mandato, lo que podría darle un papel importante en la deliberación y la decisión final del caso.

Tras años demonizando al presidente y acusándolo de actuar al servicio del Gobierno, el PP tiene ahora la oportunidad de apartarlo sin más dilación del tribunal. Si no lo hace y prefiere bloquear la renovación para especular con un futuro e hipotético resultado electoral, tendrá que explicar muy bien a sus votantes las razones que le llevan a mantener en la quinta autoridad del Estado a un jurista de indudable trayectoria al que, sin embargo, han señalado como un peligro para la separación de poderes y, en definitiva, para la democracia. Es lo que implica cuestionar por sistema, y únicamente por motivos políticos, un órgano clave del Estado de derecho con el único objetivo de controlarlo.

Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato en el órgano de garantías en apenas cinco meses. A partir del próximo diciembre, será el Senado, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, el que tendrá que designar a sus sustitutos. De los magistrados salientes dos son progresistas —Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer— y un tercero conservador, Ricardo Enríquez. Es probable que el conservador José María Macías, que también pertenece al tercio de magistrados designados por la Cámara alta, sea reelegido, al haber accedido al puesto hace solo un año, en julio de 2024. El mandato de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional dura nueve años y se renuevan por tercios cada tres.

En las renovaciones que corresponden al Senado, como las del Congreso, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente los cuatro puestos a ocupar, proponiendo cada partido dos magistrados. Ese tipo de acuerdo lo impone la propia Constitución, que obliga a ambos hemiciclos a aprobar las designaciones con una mayoría de tres quintos. El equilibrio entre los sectores progresista y conservador del tribunal se suele alterar a favor de una de esas sensibilidades cuando a quien corresponde la renovación parcial es al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. En esas ocasiones, el partido gobernante se asegura la afinidad de tres miembros del órgano: dos por su designación directa por el Ejecutivo y un tercero a través de los vocales de su cuerda en el órgano de gobierno de los jueces, que también elige los dos puestos que le corresponden por mayoría de tres quintos.

En condiciones normales, la renovación que toca en diciembre no tendría por qué cambiar el reparto de mayorías y minorías en el tribunal (siete progresistas frente a cinco conservadores). Tampoco la siguiente, la del Congreso, que toca en 2028. El dominio de los magistrados a propuesta del PSOE, por tanto, estaría en principio garantizado hasta finales de 2031, cuando tocaría de nuevo designar al Gobierno y al Consejo. Sin embargo, la actual situación política de extrema crispación, la campaña para socavar la legitimidad del tribunal lanzada por el PP con ocasión de los procesos relacionados con la ley de amnistía y la debilidad en la que ha sumido al Ejecutivo de Pedro Sánchez la explosión del caso Cerdán hacen que una elección que en principio tendría que ser anodina abra ahora varias incógnitas.

Desde el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, el PP ha dado ya por muerto a Pedro Sánchez y advierte de que, por el momento, no tiene sustituto. En esa tesitura, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo puede tener la tentación de someter al órgano de garantías a un bloqueo similar al que provocó durante más de cinco años en el CGPJ hasta que se produzcan nuevas elecciones, ya sean anticipadas o al final del mandato, en 2027, con la esperanza de alcanzar —solo o junto a Vox— una mayoría muy cualificada en la Cámara de representación territorial. Sin embargo, es improbable que junto a su socio ultra logre los 145 escaños que necesita para decidir por sí solo sobre las cuatro designaciones sin contar con los socialistas. El PSOE, con total seguridad, hará valer sus números, para asegurarse las dos designaciones que, en los casos de las renovaciones de ambas cámaras, siempre le han correspondido.

Pero la expectativa de un buen resultado electoral no es el único incentivo del PP para provocar un nuevo bloqueo, esta vez en el órgano de garantías. También el hecho de tener que sentarse con el Gobierno para pactar unos nombres en una situación de máxima conflictividad con el PSOE y sus socios. Y sin tener la garantía de que con ello vaya a lograr una composición del tribunal más afín que la que tiene ahora mismo. Los progresistas seguirían con siete magistrados frente a cinco conservadores. Los populares también podrían exigir tres nombres en lugar de dos, aunque es muy improbable que el PSOE, si goza de representación suficiente, vaya a permitirlo. En ese caso se produciría un empate a seis entre ambas sensibilidades, lo que dejaría todo en manos del voto de calidad del presidente que, según fuentes del tribunal, casi con total seguridad sería progresista.

En caso de que los populares se negaran a pactar la renovación, Conde-Pumpido, Balaguer, Enríquez y Macías continuarían como magistrados con su mandato prorrogado hasta que se produzcan los nombramientos de sus sucesores. En el caso de Macías, exvocal del CGPJ a propuesta del PP y uno de los magistrados más próximos a los postulados de ese partido, cesaría sin posibilidad de ser renovado si transcurren tres años desde su nombramiento, plazo que se cumple en julio de 2027. Si el partido de Feijóo bloquea la renovación hasta después de esa fecha perderá la posibilidad de mantener hasta 2034 en el tribunal de garantías a uno de sus cargos más fieles.

El PP ya bloqueó la renovación del tribunal durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuatro magistrados del órgano de garantías permanecieron prorrogados durante tres años entre 2007 y 2011. La institución no se renovó entre 2004 y diciembre de 2010. Era la época del recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido que entonces dirigía Mariano Rajoy contra el Estatuto de Cataluña. La falta de renovación que provocó esa formación, unida a las múltiples maniobras desde sectores conservadores para alterar artificialmente el reparto de sensibilidades en el tribunal mediante recusaciones, lo condujeron a una de las crisis de descrédito más profundas que ha sufrido desde su creación.

Si, como sostiene el PP que va a ocurrir, de aquí a 2027 ese partido desaloja a Pedro Sánchez de La Moncloa con la ayuda de Vox, un Tribunal Constitucional de mayoría progresista actuaría, previsiblemente, como un fuerte contrapeso frente a las políticas involucionistas que pueda imponer a Feijóo una extrema derecha que, previsiblemente, adquiriría una enorme cuota de poder. Vox plantea recortes en igualdad y de derechos de la comunidad LGTBI+, retrocesos en políticas de memoria democrática, reclama la expulsión de millones de extranjeros y es negacionista de la violencia machista y del cambio climático. Se trata de derechos que, en los últimos años, han adquirido una gran desarrollo constitucional y en cuya defensa el órgano de garantías puede convertirse en los próximos años en la última trinchera.

La ponencia sobre la Ley de Amnistía ya está en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional. El borrador de sentencia, elaborado por la vicepresidenta del órgano de garantías –Inmaculada Montalbán– y que se debatirá en un Pleno que se celebrará con total seguridad a finales de mes –aunque los trabajos se iniciarán la próxima semana–, avala el grueso de la norma con la que el Gobierno de coalición ha buscado poner punto y final al procés. Y lo hace al entender que la falta de mención a esta medida de gracia en la ley fundamental no implica la inconstitucionalidad de la misma. "El legislador no precisa una habilitación expresa de la Constitución para poder ejercer la potestad legislativa", recoge la ponencia, a la que ha tenido acceso infoLibre.

El texto, de casi dos centenares de páginas, rechaza que la prohibición expresa de los indultos generales lleve a considerar inconstitucional también la amnistía. "Son instituciones cuya naturaleza jurídica es diferente", señala. Y tampoco se puede deducir dicha prohibición del hecho de que durante los trabajos parlamentarios para la elaboración de la Constitución se rechazaran dos enmiendas que aludían a la amnistía. "El rechazo no se fundamenta en que la amnistía no es constitucionalmente admisible, sino en otros argumentos, siendo especialmente clarificador que la propia comisión señalara expresamente su voluntad de no constitucionalizar esta institución", continúa el borrador.

La ponencia, en este sentido, asevera que "el silencio constitucional" no equivale por sí solo "a la prohibición". "Tal consecuencia solo es posible en los supuestos en los que dicha institución sea incompatible con la propia Constitución. Si no concurre esta circunstancia será el legislador el que, con la libertad de configuración que le es propia, la incorpore a nuestro ordenamiento jurídico y acometa su regulación sin más límites que los que derivan de la norma fundamental", resalta el texto. De lo contrario, continúa, "se estaría privando a la mayoría parlamentaria" de opciones legislativas "que no le han sido sustraídas por el constituyente", lo que conllevaría una "infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional".

"Si se entendiera que una ley de amnistía no es constitucionalmente admisible por no haber atribuido la Constitución esta competencia al Parlamento se estaría excepcionando el principio democrático y, en particular, la potestad legislativa", insiste el borrador, que señala que la interpretación que sostienen los demandantes –en este caso, todo gira alrededor del recurso de inconstitucionalidad del PP– "es incompatible con la idea de Constitución abierta, que es inherente al Estado democrático y al pluralismo político".

La Constitución establece en su artículo 117.3 que el ejercicio de la "potestad jurisdiccional" corresponde "exclusivamente a los juzgados y tribunales". Una "reserva" que, sin embargo, el borrador no considera que salte por los aires con la amnistía. Así, el texto sostiene que la "concesión" no supone "ni juzgar ni ejecutar" lo juzgado. Ni entra a examinar "si se cometieron o no los actos tipificados como ilícitos" ni si las personas "fueron responsables de su comisión". "En esta clase de normas no hay decisión legislativa declarando inocentes o culpables –lo que sí violaría la reserva de jurisdicción–, sino una ley general y abstracta que renuncia al ius puniendi en ciertos supuestos", sostiene la ponencia.

E incide en este punto: "No puede verse afectada la reserva de jurisdicción porque el Parlamento no está reemplazando a los tribunales en la determinación de la culpabilidad, sino estableciendo por motivos extrajurídicos que los actos amnistiados, se hayan juzgado o no, carecerán, en todo o en parte, de las consecuencias punitivas que, con carácter general, se derivan de ellos. En contra de lo que se viene afirmando, la amnistía no es el olvido de los hechos, sino la extinción –total o parcial– de las consecuencias jurídicas de carácter represivo anudadas a ellos. Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede borrarlos o hacerlos desaparecer".

La formación conservadora repite una y otra vez en su recurso que la Ley de Amnistía es fruto de la arbitrariedad porque obedece a una transacción política entre un candidato que necesita apoyos para ser investido presidente y los líderes independentistas condenados. Pero la ponencia de Montalbán evita entrar en este asunto. Al fin y al cabo, asevera, no es función del Tribunal Constitucional pronunciarse sobre esto: "El contexto en que se alumbra la voluntad del legislativo, los motivos por los que los diferentes actores políticos y parlamentarios prestan su apoyo y, por tanto, los 'juicios de oportunidad política' quedan extramuros de nuestro control".

La concesión de una institución de gracia como la que se analiza sí que requiere, sin embargo, que sean "claramente inteligibles" las "razones o circunstancias excepcionales" que han llevado al legislador a apartarse de la "punibilidad" de una determinada conducta. De ahí que el texto se detenga en la exposición de motivos de la Ley de Amnistía. En este sentido, la ponencia considera que la norma está perfectamente justificada. "Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas en Cataluña", resalta.

El borrador también valora si la ley atenta contra el artículo 14 de la Constitución, el que consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por un lado, rechaza, como alegan los recurrentes, que el "criterio diferenciador" entre los grupos sea la "opinión" o "ideología". "No puede asumirse la tesis según la cual la ley, en su totalidad, incluye un espacio de inmunidad penal exclusivamente basado en la ideología independentista", resalta el texto, que recuerda que pueden beneficiarse de la amnistía tanto aquel que lanzó una piedra en un acto pro-independencia como el policía que para impedir el mismo pudo cometer "algún hecho que pueda reputarse delictivo". El criterio diferenciador no es, por tanto, la ideología, sino "la existencia de un particular contexto de conflicto político y social".

Por otro lado, la ponente considera que "la diferenciación que introduce el legislador" entre quienes cometen delitos dentro y fuera de ese "contexto delimitado" en la norma "responde, en cuanto a su causa y finalidad, a una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, en ese análisis de igualdad el texto considera inconstitucionales algunos aspectos de la norma. Ve discriminatorio, por ejemplo, que se excluya del ámbito de aplicación "sin justificación objetiva y razonable" un amplio elenco de actos ilícitos que van más allá de la actuación policial y que "se realizaron con la finalidad de oponerse a la secesión" –el director de un colegio que, por ejemplo, se excediese para impedir el uso del centro en una consulta secesionista–.

El marco temporal de la Ley de Amnistía quedó fijado entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. No obstante, la norma también establece que se considerarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la misma "los actos cuya realización se hubieran iniciado" antes de la fecha límite aunque su "ejecución" finalizase con posterioridad a la misma. Un punto, el párrafo segundo del artículo 1.3, que la ponencia también considera "inconstitucional y nulo". "Otorga un efecto pro futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, discriminatorio", recoge el texto.

Por último, el borrador de sentencia establece que los apartados 2 y 3 del artículo 13, el relativo a los procedimientos en el ámbito contable, "no son inconstitucionales" siempre y cuando se interpreten tal y como fija el borrador, lo que obliga a que en estos casos se escuche siempre a todas las partes implicadas, no solo a la Fiscalía o a las entidades del sector público perjudicadas.

Más allá de los reproches, la ponencia evita pronunciarse sobre aspectos tan fundamentales como la relación de la norma con el delito de malversación, que aún persigue al expresident Carles Puigdemont y a los líderes independentistas. El Tribunal Supremo rechaza que los hechos que se les imputa en relación con el uso que hicieron de fondos públicos para el referéndum del 1-O quedarían fuera del ámbito de aplicación de la amnistía. Y el Constitucional, en principio, no abrirá este melón hasta que aborde los recursos de amparo que plantee cada uno de los condenados –de hecho, el expresident todavía está a la espera de que se resuelva un incidente de nulidad en el Alto Tribunal para poder tocar a la puerta del tribunal de garantías–.

Semanas después de que remitieran las advertencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen "carta blanca" en sus resoluciones y pueden ser juzgados por el alto tribunal por prevaricación, y a la espera de que la Audiencia de Sevilla presente finalmente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la rebaja por el órgano de garantías de las sentencias del caso ERE, el presidente de esta última institución, Cándido Conde-Pumpido, se ha sometido este lunes a las preguntas de tres periodistas -el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, y el columnista de Abc Pedro García Cuartango- y ha explicado las presiones a las que este tribunal hace frente. Durante el diálogo, Conde-Pumpido ha anunciado una novedad: que la primera sentencia sobre la ley de amnistía, la correspondiente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podría estar lista antes del verano.

Ante una pregunta sobre cuándo emitiría el tribunal su primera sentencia sobre la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha recordado en primer lugar que el Constitucional no tiene un solo proceso sobre esa norma, sino 30: 16 recursos de inconstitucionalidad del PP y organismos controlados por ese partido, seis cuestiones planteadas por el Supremo y otros tribunales ordinarios y varios recursos de amparos de ciudadanos que consideran que la ley debería habérseles aplicado. "Para resolver todos esos recursos primero habrá que decidir si la ley es o no constitucional", ha afirmado el presidente. "Tenemos un procedimiento de cabecera que luego se extrapolará a los demás procedimientos. Este primer estudio está muy avanzado y desearíamos poder resolverlo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, antes del verano".

El presidente del órgano de garantías, ante una pregunta del columnista de Abc Pedro García Cuartango, también se ha referido a la cuestión prejudicial anunciada por la Audiencia de Sevilla contra los fallos del Constitucional que rebajaron las sentencias contra los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como las de otros altos cargos socialistas de la Junta. Conde-Pumpido ha explicado que ha propuesto un debate interno dentro del tribunal para forzar una deliberación ante "un asunto novedoso que afecta a nuestra jurisdicción". El presidente del órgano ha recordado que en 40 años de pertenencia española a la UE, este tipo de cuestiones siempre se han planteado "antes de la primera sentencia para que el TJUE establezca la interpretación correcta, pero nunca como un recurso al final del procedimiento cuando el Constitucional ya se ha pronunciado", ha dicho. Después ha recordado que, según la Constitución, las resoluciones del Constitucional tienen "efecto de cosa juzgada". El jurista ha rechazado cualquier opción de paralizar la iniciativa del tribunal sevillano y ha abogado por iniciar "un diálogo entre tribunales para ver si existe algún tipo de conflicto".

Ha sido a preguntas del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, cuando Conde-Pumpido ha defendido el trabajo del Constitucional y de sus magistrados. Cuando Maraña le ha preguntado por los ataques a la legitimidad del órgano de garantías no solo desde la política sino también desde la judicatura, Conde-Pumpido ha sido taxativo: "Cuestionar al Tribunal Constiticional es cuestionar la Constitución", ha afirmado. "Cuestionar su legitimidad para dictar sentencias que sometan al resto de poderes públicos a la Constitución es cuestionar el sistema democrático", ha añadido tras afirmar que la dureza de las últimas críticas, que atribuye a la "polarización", le preocupan "muchísimo". Y ha recordado que ningún otro poder del Estado, "ni el Gobierno, ni el Legislativo ni el Tribunal Supremo dejan de estar sometidos a las decisiones del TC, al derecho y a la Constitución". El presidente del TC ha denunciado las presiones constantes sobre el alto tribunal desde "fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole".

Sobre las advertencias de la Sala de lo Penal del Supremo acerca de la posibilidad de actuar contra magistrados del Constitucional por prevaricación, el presidente alabó el "buen criterio" del alto tribunal al haber abandonado esa vía en sus últimas resoluciones de inadmisión ante querellas presentadas contra miembros del órgano de garantías. "El delito de prevaricación no puede ser utilizado contra los magistrados del Tribunal Constitucional", ha subrayado Conde-Pumpido, que ha recordado que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que ninguna resolución del TC puede ser examinada por ningún órgano jurisdiccional ordinario. También ha recordado que esa misma norma establece la inmunidad de los miembros del tribunal que no pueden ser perseguidos por sus decisiones. Por último, ha asegurado que el delito de prevaricación judicial solo está previsto contra "la administración de justicia", de la que el tribunal de garantías no forma parte.

Al magistrado también le han preguntado sobre la politización de la Justicia en general y la del Constitucional. El presidente ha asegurado que "la imparcialidad del Tribunal Constitucional está garantizada" y que esas críticas se deben en gran parte al "desconocimiento" sobre este tipo de órganos. "Afortunadamente, los magistrados son personas que tienen otra experiencia. Cinco de los 12 miembros del tribunal han sido vocales del Poder Judicial, otros han ocupado otros cargos en órganos de Gobierno y en el Parlamento". Conde-Pumpido ha recordado que en el Tribunal Constitucional francés se sientan dos ex primeros ministros, que el presidente del italiano "ha sido ministro media docena de veces" y que el del alemán fue diputado de la democristiana CDU. "En todos los tribunales constitucionales hay juristas con experiencia política y eso mejora el tribunal."

Conde-Pumpido ha sido el primer invitado a un nuevo formato periodístico. Once profesionales, cinco hombres y seis mujeres de muy diferentes medios informativos, han puesto en marcha Los Desayunos del Ateneo de Madrid, que se celebrarán el primer lunes de cada mes con el objetivo de conversar con personalidades del máximo interés y hacerlo de forma "tan respetuosa como rigurosa, sin caer en el ruido que hoy contamina todo el debate público", ha afirmado Esther Palomera en la presentación de esta iniciativa.

El mismo Partido Popular que pide respeto a los jueces está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes para deslegitimar la mayoría progresista que domina el Tribunal Constitucional (TC). La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva años tratando de desacreditar a la institución por su supuesta falta de "imparcialidad" y ahora el líder del PP ha dado un paso más allá en una entrevista en El Mundo, en la que insinúa que los magistrados del TC pueden ser juzgados por prevaricación por el contenido de sus resoluciones.

“Nadie, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”, advierte el líder del PP apoyándose en recientes autos del Tribunal Supremo que abren la puerta a investigar a sus colegas del Constitucional a pesar de las limitaciones de la ley. Una decisión que sería insólita y que generaría una crisis constitucional sin precedentes, ya que la ley permite al Constitucional anular cualquier decisión de un tribunal ordinario, como el Supremo, que "menoscabe" su jurisdicción. Así lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que señala que sus resoluciones "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado".

Una batalla en la que Feijóo se alinea con las tesis del tribunal presidido por el expresidente de la Sala de lo Penal, el conservador Manuel Marchena y se suma a la campaña del entorno del magistrado que defiende la posibilidad de actuar contra el TC. Concretamente, Feijóo pone el foco en su presidente, Cándido Conde-Pumpido: “Me preocupa mucho que haya cundido en la sociedad española que el Tribunal Constitucional es un tribunal político al servicio del Gobierno”, señala. 

Para el líder de la oposición “lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en este momento no lo había hecho nunca ningún otro: derogar, enmendar y anular sentencias del Supremo”. La ofensiva se está recrudeciendo pero la estrategia es clara desde hace tiempo. En enero del 2024, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal y después se vio obligado a rectificar.

El mismo PP que critica abiertamente la actual correlación de fuerzas, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, es el que participó en la elección de tres de ellos, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado el verano pasado por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos son perfiles vinculados a la derecha y que han tenido que ser recusados en casos que afectaban a la formación.

Cuando el PP de Casado pactó los nombres de Espejel y Arnaldo —lo que provocó malestar en la izquierda, hasta el punto de que en la votación del Congreso hubo varios diputados que no siguieron la disciplina de voto—, tanto Almeida como la actual número dos del PP, Cuca Gamarra, defendían la decisión de su presidente. "Sin duda alguna, el acuerdo es satisfactorio", defendía Gamarra, subrayando que eran "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Almeida, por su parte, presumía de la iniciativa del presidente del PP. "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante", señalaba, en referencia al acuerdo, que incluía también los nombramientos para el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Feijóo, por su parte, defendió la elección de Macías para el Constitucional y se lo anotó como propio. El líder del PP acusó entonces al Ejecutivo de haber "impedido” proponer el miembro que le correspondía. Macías fue apartado recientemente de los debates de la ley de amnistía, pero solo lo hizo cuando le obligaron sus compañeros, pese a haberse manifestado desde el órgano de gobierno de los jueces a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación.

El Pleno del Tribunal Constitucionalidad ha rechazado este martes por una holgada mayoría la recusación del PP contra la magistrada progresista Laura Díez por la ley de amnistía. Fuentes jurídicas recogidas por EFE informan de que la corte de garantías ha desestimado el incidente de recusación por ocho votos a uno, el de la magistrada conservadora Concepción Espejel, quien ha votado en contra por estar en desacuerdo con la composición del tribunal, aunque sí respalda que no concurre causa de recusación.

De hecho, se ha repetido el guion que se desarrolló en el pleno anterior cuando el tribunal rechazó la recusación del PP contra su presidente Cándido Conde-Pumpido. Espejel votó en contra por los mismos motivos y el magistrado conservador Enrique Arnaldo presentó un voto concurrente criticando la composición del pleno.

El PP pedía su recusación por su vinculación política en el PSC y en el PSOE, un artículo de prensa y la dependencia del presidente del Gobierno y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuando fue alto cargo de Moncloa, así como por una posible intervención en los indultos parciales concedidos a los condenados por el procés.

Pero el Pleno considera que "ninguno de los argumentos examinados alcanza a constituir siquiera un principio de prueba de la falta de apariencia de imparcialidad que se alega, sin que sea admisible esgrimir diversas causas de recusación sin argumentar mínimamente las razones por las que se estiman concurrentes".

Dicen los magistrados que "se trata de un discurso que se asienta en circunstancias hipotéticas, sobre actuaciones desconectadas del objeto del recurso" y "que no puede acreditar ninguno de los motivos de pérdida de la imparcialidad" ya que "la magistrada Laura Díez no intervino en el asunto al que se refiere el proceso, ni pudo haberse formado criterio previo sobre el mismo, ni ponen de manifiesto que tenga interés directo o indirecto en la causa".

El Pleno también subraya que, conforme a la doctrina del Constitucional, una eventual afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que este tribunal debe decidir y no constituye por sí sola causa de recusación.

A la espera de lo que suceda con este último, el actual equilibrio de fuerzas está 6 a 5 a favor de los progresistas tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo. En el debate no ha participado ni ella por ser objeto de la recusación ni el magistrado conservador José María Macías por estar afectado por otra, pero sí Conde-Pumpido, una vez que la suya fue rechazada en el Pleno anterior.

Conde-Pumpido también será protagonista aunque menos que la vez anterior porque el Pleno estudia ya los incidentes de recusación presentados por la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana y los Gobiernos de Cantabria, Baleares y Andalucía. Según las fuentes, serán asuntos de trámite toda vez que el tribunal aplicará la doctrina del pleno anterior para que el presidente pueda mantenerse en el debate de la ley de amnistía.

Despejado el panorama con Conde-Pumpido y también con Díez, toda la atención se centrará en próximas fechas en Macías, cuya recusación es la que más debate genera porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma.

A la espera de lo que suceda con este último, el actual equilibrio de fuerzas está 6 a 5 a favor de los progresistas tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes por mayoría la recusación del PP contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por la ley de amnistía. Fuentes jurídicas informan a EFE de que el pleno de la corte de garantías, formado por cuatro progresistas y cuatro conservadores tras no participar los magistrados afectados por otras recusaciones, ha aprobado por 7 a 1 un auto de la progresista María Luisa Balaguer que desestima de plano el incidente de recusación por no tener base.

La magistrada Concepción Espejel ha votado en contra mientras que el magistrado Enrique Arnaldo ha emitido un voto particular concurrente en protesta por la composición del Pleno, si bien ha avalado el resultado.

Este martes el Tribunal ha arrancando con la polémica de las recusaciones, cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que está 6 a 5 para los primeros tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Con este resultado, el presidente Conde-Pumpido podrá participar no solo del debate de la amnistía sino que también podrá intervenir en las recusaciones planteadas contra Díez y Macías. El PP consideraba que las mismas razones que llevaron entonces a Conde-Pumpido a apartarse en los debates de los recursos del procés (tener interés directo o indirecto en el pleito o causa) se justificaban ahora en la ley de amnistía al incidir directamente en la responsabilidad criminal de los mismos recurrentes de amparo.

Pero el Tribunal deja claro que "el objeto de la impugnación es resolver sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, que se impugna de forma global y particularizada en relación con concretos preceptos". "Una norma penal que no existía en el momento de suscitarse la abstención, norma cuya validez se cuestiona de manera abstracta, por lo que no cabe apreciar que las manifestaciones controvertidas entonces se refirieran al problema constitucional suscitado en este procedimiento", añaden los magistrados.

Por tanto, continúa, "ni por el objeto y el contenido impugnatorio de los procesos constitucionales ni por el origen fáctico de la abstención (…) es posible apreciar la conexión en que fundan su planteamiento, lo que evidencia su manifiesta carencia de fundamento y determina su inadmisión a trámite".

Fuentes jurídicas avanzan a EFE que lo probable es que, más adelante, también se rechace la recusación contra Laura Díez, que fue alto cargo en Moncloa con el Gobierno de Sánchez, y que la tarea más complicada vendrá con la recusación de Macías, quien cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldó dos informes contrarios a la norma. Aquí habrá debate, afirman las fuentes.

De hecho, hay 54 recusaciones, algo nunca visto en el Tribunal. La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar a Macías mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a Díez. Una de las consecuencias será que el fallo de la amnistía se retrasará más aún debido al volumen de recusaciones por resolver.

La idea es resolverlas individualmente por orden cronológico de su presentación, han explicado las fuentes, que recuerdan que nunca ha habido tal avalancha de recusaciones, lo que se traduce en un puzzle complicado, que obliga a ir paso a paso, ya que, precisan, existen unas que están más fundadas que otras.

El Tribunal Constitucional resolverá esta semana la recusación del PP contra el presidente Cándido Conde-Pumpido por la Ley de Amnistía, que todo apunta a que será rechazada por unanimidad en un debate en el que no participarán los magistrados afectados por otras recusaciones, como pedían los conservadores, informa EFE.

Así, el tribunal encara a partir de la próxima semana la polémica de las recusaciones, cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que está 6 a 5 para los primeros tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo. 

Eso sí, el Pleno estudiará tan solo la recusación del PP contra Conde-Pumpido, quien ha pedido a los otros dos magistrados recusados que no participen del debate, Laura Díez y José María Macías. 

Se da por tanto el escenario que reclamaba la minoría conservadora, que abogaba por excluir del debate a todos los recusados por la amnistía, lo que deja al tribunal en tablas (4 a 4) para resolver la recusación; cuando los progresistas, en principio, apostaban porque solo el recusado en cuestión se aparte de su propia votación y sí participe de la de sus compañeros, que era la posición que defendía el propio presidente.

Pero con este cambio de criterio, el pleno quedará configurado por cuatro conservadores y cuatro progresistas, aunque con el voto de calidad de la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, que asume la presidencia en ausencia de Conde-Pumpido.

Sin embargo, fuentes jurídicas han informado a EFE de que no será necesario que la vicepresidenta haga uso de ese privilegio, puesto que ambos grupos mantienen contactos para alcanzar la unanimidad y rechazar la recusación del PP por no tener base, ya que desde el sector conservador se valora el cambio de los progresistas.

Otras fuentes consultadas consideran probable que, más adelante, también se rechace la recusación contra Laura Díez, que fue alto cargo en Moncloa con el Gobierno de Sánchez, y que la tarea más complicada vendrá con la recusación de Macías, quien cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldó dos informes contrarios a la norma. Aquí habrá debate, afirman las fuentes.

Del mismo modo que si una recusación se desestima, a partir de ese momento el magistrado recusado dejará de estarlo, y ya podrá intervenir en los siguientes procesos, es decir, que a medida que se resuelvan las recusaciones iniciales, aquellos cuyas recusaciones se rechacen se puedan ir incorporando a las de los demás, lo que supone que Conde-Pumpido si podría participar en los casos de Díez y Macías.

Con todo, el debate se antoja complejo. De hecho, hay 54 recusaciones, algo nunca visto en el Tribunal. La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar a Macías mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a Díez. Una de las consecuencias será que el fallo de la amnistía se retrasará más aún debido al volumen de recusaciones por resolver.

La idea es resolverlas individualmente por orden cronológico de su presentación, han explicado las fuentes, que recuerdan que nunca ha habido tal avalancha de recusaciones lo que se traduce en un puzzle complicado, que obliga a ir paso a paso ya que, precisan, existen unas que están más fundadas que otras.

El argumento lo expuso públicamente Cuca Gamarra a escasos instantes de que Isabel Perelló diera su primer discurso como presidenta del Tribunal Supremo ante el rey. La secretaria general del PP anunció que, en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, el PP pedirá al Tribunal Constitucional la recusación del progresista Cándido Conde-Pumpido. Y lo hará por coherencia. No la del PP sino la del propio presidente del órgano de garantías, que ya se apartó voluntariamente de varios recursos de amparo relacionados con el procés en 2021 y 2023. "Lo hizo para garantizar la imparcialidad y la independencia del tribunal y que, por tanto, no pudiera ser cuestionado por los por los españoles", dijo Gamarra. "Por esa misma causa es por la que también pedimos que se aparte de este", añadió la secretaria general. Sin embargo, lo que ocurrió entonces es más que probable que no se repita. Porque las razones que el actual presidente dio entonces no serían admitidas hoy por sus compañeros magistrados. Y el PP lo sabe.

Conde-Pumpido se abstuvo el 7 de abril de 2021 después de que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 12 condenados y procesados en la causa del procés lo recusaran en sus recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo y otras resoluciones del alto tribunal en ese caso. Los dirigentes soberanistas basaron sus recursos contra él en unos artículos periodísticos sobre un acto en el que había participado en el Congreso en noviembre de 2017, apenas unos meses después de convertirse en magistrado del Constitucional, en el que, según Puigdemont y compañía, el juez había mostrado su convencimiento de la culpabilidad de los procesados. La recusación se basaba también en sus anteriores responsabilidades como fiscal general del Estado y como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pese a que no formó parte del tribunal del proceso independentista ni participó en ninguna decisión relacionada con él.

En su escrito de abstención, enviado al entonces presidente del órgano, el conservador Juan José González Rivas, Conde-Pumpido negó que en ese encuentro en la Cámara hubiera anticipado un prejuicio sobre el caso, sino que simplemente se refirió a sentencias previas del Constitucional sobre los actos del Parlamento de Cataluña durante el referéndum soberanista en las que se hablaba de "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la bandera de la democracia". El entonces magistrado negó también que el hecho de haber sido jefe del Ministerio Público o magistrado del Supremo pudiera encuadrarse en una de las causas de abstención o recusación que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que se aplica en estos casos a los jueces del Constitucional.

Conde-Pumpido basó su petición de no formar parte de las deliberaciones en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que afirma que no solo deben apartarse de los casos que juzgan los jueces cuya imparcialidad se ponga en juicio basándose en hechos, sino que todos deben guardar "apariencia de imparcialidad". Es decir, que no basta ser imparcial, sino que también hay que parecerlo "desde el punto de vista de un observador exterior". A juicio de Pumpido, "la notoria controversia constitucional, social y política" generada por la causa de procés, imponía en ese momento "el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza e imparcialidad" en el Constitucional. Decidió apartarse "con el propósito de reforzar la apariencia y confianza" en el órgano de garantías. Siendo ya presidente, mantuvo la misma postura dos años después cuando Puigdemont recurrió en amparo la orden de detención que el magistrado Pablo Llarena dictó contra él y otros procesados fugados en enero de 2023. En ambos casos, sus compañeros aceptaron su abstención.

Pese a la petición de coherencia que ahora hace el PP a Conde-Pumpido para que vuelva a apartarse, la formación sabe que, con la entrada de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel -ambos muy ligados a altos cargos de ese partido- en noviembre de 2021, el Constitucional, entonces presidido por el conservador Pedro González-Trevijano y con mayoría de miembros propuestos por el partido de Feijóo, se conjuró para evitar que casos como el de Conde-Pumpido pudieran repetirse ante la oleada de recusaciones contra Arnaldo y Espejel que acompañaba cada nuevo recurso de los líderes independentistas procesados o condenados por el Supremo. Así lo hizo cuando los mismos que habían conseguido sacar de sus casos al ahora presidente del tribunal de garantías en abril de ese año y a Antonio Narváez (propuesto también por el PP), lo intentaron con los dos magistrados conservadores recién nombrados apenas siete meses después. Y por unanimidad.

Las razones expuestas en el auto que inadmitió a trámite las recusaciones eran tajantes. En primer lugar que, a diferencia de en los tribunales ordinarios, en el Constitucional no se puede sustituir a los magistrados. Pero, además, recordaba que solo pueden serlo los "juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional", por lo que es normal sus miembros, antes de entrar en el órgano y en sus profesiones anteriores "se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente" sobre materias jurídicas que puedan llegar a ser "objeto directo o indirecto" de la labor del órgano. Para apreciar parcialidad en esos pronunciamientos, hay que estudiar las condiciones concretas "de la relación con el litigio o con las partes" de cada integrante del tribunal. Ni "los trabajos académicos", ni "las opiniones vertidas en un periódico o la firma de un manifiesto", ni las "posiciones cercanas ideológicamente a las de un partido político" son motivos de recusación.

Esta misma argumentación, aplicada a las abstenciones y recusaciones planteadas por los líderes independentistas, serán las que, previsiblemente, se apliquen al intento del PP de sacar a Conde-Pumpido de la deliberación sobre la ley de amnistía, según fuentes del Constitucional. Esas mismas fuentes explican además que, mientras la abstención del ahora presidente se produjo en recursos de amparo (que son casos que afectan a personas concretas) un recurso de inconstitucionalidad como el que ha presentado el principal partido de la oposición o una cuestión de inconstitucionalidad como la planteada por el Tribunal Supremo sobre la norma del olvido jurídico implican el "el control abstracto de la constitucionalidad de una ley" y no una resolución o sentencia de un caso específico procedente de los tribunales ordinarios.

Pese al establecimiento de ese criterio general, el Tribunal Constitucional ha seguido aceptando abstenciones de algunos de sus miembros. Alrededor de una decena de las presentadas por el magistrado progresista Juan Carlos Campo han salido adelante por haber participado como ministro de Justicia o como diputado del PSOE en la tramitación de varias normas recurridas o en recursos de amparo contra actos de la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la relación que mantiene con ella. El Pleno también ha permitido la salida voluntaria de la también progresista Laura Díez en la tramitación de escritos contra varias normas sobre proyectos lingüísticos en Cataluña por haberse pronunciado sobre su constitucionalidad en varios informes oficiales mientras formó parte del Consell de Garantías Estatutarias de esa comunidad.

La relación de Díez con esos proyectos sobre el catalán es muy similar a la que el nuevo magistrado conservador, José María Macías -que este viernes tomó posesión del cargo-, tiene con la ley de amnistía. En su anterior cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Macías se pronunció de manera oficial en contra de la norma en un informe reclamado al órgano de gobierno de los jueces por el Senado durante su tramitación parlamentaria. También suscribió una declaración institucional aprobada en el Pleno de su anterior institución contra el olvido de los delitos de los independentistas que recogió después esa disposición. Campo también se ha apartado en este caso al haberse pronunciado sobre la amnistía en los informes sobre los indultos a los líderes independentistas condenados que el Gobierno aprobó mientras él era ministro. Ahora todas las miradas se han girado al compañero recién llegado.

Desde hace un año y medio hay una mayoría progresista que domina el Tribunal Constitucional y eso no gusta a la derecha política, judicial y mediática. El Partido Popular lleva meses trabajando en la deslegitimación de la institución y este martes la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha salido en bloque a criticar al Alto Tribunal por su supuesta falta de "imparcialidad" y su "capacidad de dar la razón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace unos meses, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal, unas declaraciones que luego se vio obligado a rectificar.

"Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto", señaló Feijóo en una entrevista en Onda Cero, en la que adelantó su formación recurrirá la ley de amnistía aunque no confía en que falle a su favor. "Yo creo que Pedro Sánchez no eligió a los magistrados del Constitucional tanto en orden a sus méritos profesionales como en la capacidad que pueda tener de darle la razón", añadió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "El Constitucional está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez", argumentó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Declaraciones con pocas horas de diferencia.

El mismo PP que critica abiertamente la actual correlación de fuerzas, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, es el que participó en la elección de tres de sus magistrados, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado hace solo una semana por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos son perfiles vinculados a la derecha y que han tenido que ser recusados en casos que afectaban directamente a la formación.

Cuando el PP de Casado pactó los nombres de Espejel y Arnaldo —lo que provocó malestar en la izquierda, hasta el punto de que en la votación del Congreso hubo varios diputados que no siguieron la disciplina de voto—, tanto Almeida como la actual número dos del PP, Cuca Gamarra, defendían la decisión de su presidente. "Sin duda alguna, el acuerdo es satisfactorio", defendía Gamarra, subrayando que eran "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Almeida, por su parte, presumía de la iniciativa del presidente del PP. "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante", señalaba, en referencia al acuerdo, que incluía también los nombramientos para el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Feijóo, por su parte, defendió la elección de Macías para el Constitucional y se lo anotó como propio, acusando al Ejecutivo de haber "impedido" hasta ahora "proponer el miembro que le corresponde", aunque lo cierto es que esa elección compete a las Cortes Generales y requiere de una mayoría de tres quintos que no tiene el PP. Macías ha sido el hombre fuerte del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial estos años y no ha escondido sus críticas al Ejecutivo. "[El Gobierno pretende] desactivar el sistema democrático y a través de ello impulsar un cambio de régimen", llegó a decir en un coloquio en mayo de 2021.

En el marco de esta estrategia de desprestigio, tampoco el PP ha dudado en instalar una sombra de duda sobre el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido. "Yo intento plantear políticas de Estado y respetar las instituciones. Los antecedentes del presidente del Tribunal Constitucional no me tranquilizan", señaló Feijóo. Hace solo unos meses, el entonces coordinador general del PP, Elías Bendodo, se apoyaba en diferentes informaciones periodísticas para sugerir que Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, estaría negociando la amnistía con Conde-Pumpido. "Más grave sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia", dejó caer el conservador en un acto.

Lo cierto es que el PP trató, en su momento, de torpedear la candidatura de Conde-Pumpido a la presidencia, bajo la premisa de que era "el brazo político de La Moncloa y de Pedro Sánchez", pero de nada sirvieron los intentos y cálculos del sector conservador para aupar a lo más alto del órgano de garantías a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer, también del sector progresista. Al haber sido fiscal general del Estado en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP siempre le ha acusado de maniobrar y filtrar información relativa al caso Gürtel. "Ese ser inefable dejará su nombre en la leyenda negra de la historia judicial española", decía de él en 2011 el entonces coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.

"Hoy hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional bajo la presidencia de Conde Pumpido que materializa el borrado de la condena de otro cargo socialista de los ERE", denunciaba también este martes Gamarra, al tiempo que acusaba a la corte de garantías de "hacer revisionismo" de las sentencias del Tribunal Supremo, "el más Alto Tribunal de nuestro ordenamiento jurídico". "Es lamentable ver como el TC está borrando la corrupción del PSOE y evitando que tenga que ser Sánchez el que tramite los indultos a sus compañeros", proseguía la número dos del PP, al tiempo que criticaba que el Gobierno "ataca a los jueces y siembra dudas sobre su actividad profesional", como hacen ellos mismos.

Pero Conde-Pumpido no es el único nombre que no gusta al PP. Feijóo ha vuelto a incidir en que hay otros dos "magistrados del Gobierno" en el órgano de garantías, en referencia al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Presidencia Laura Díez, ambos magistrados del órgano de garantías a propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la formación conservadora también situaban el foco en ambos perfiles este martes. "Para que el Partido Popular no tenga ninguna duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional habría sido bueno que Pedro Sánchez no les hubiera nombrado", señalaban.

En la corte de garantías "preocupan mucho" este tipo de descalificaciones porque consideran que están funcionando "muy bien", a pesar de las "discrepancias puntuales propias de un órgano que es plural". En este sentido, las fuentes consultadas por infoLibre recordaban recientemente que la "mayoría" de sentencias que se han dictado a lo largo de estos meses han sido "por unanimidad o con un número escaso de votos particulares y tachaban de "inaceptable" que los mismos que se quejaban de las críticas que reciben los jueces "deslegitimen" al mismo tiempo al TC.

Con todo, el Tribunal Constitucional ha intentado evadirse, en los últimos compases del año, de la escalada de tensión en las relaciones entre el mundo político y judicial. Y sólo ha intervenido en el momento en el que se ha señalado públicamente a uno de sus magistrados. Ocurrió cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó en la Cámara Baja contra la "politización de la justicia española" y llamó "personaje indecente" a, entre otros, la magistrada Concepción Espejel. La corte de garantías no dudó en dar una respuesta unánime a este ataque y mostrar su preocupación por el cuestionamiento público de una de sus miembros: "Siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial".

Pese a sus evidentes desconfianzas en el criterio del órgano —por no tener la mayoría conservadora que al PP le gustaría y que imperaba hasta enero del pasado año— Feijóo ha asegurado que recurrirá la ley de amnistía pero no lo hará de inmediato. A su juicio, "parece razonable agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley" que, "además de ser una chapuza legal", "sigue presentando grandes dudas". "El PP recurrirá la constitucionalidad de la ley de amnistía. No por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho órgano, sino por respeto a la propia institución", remachaban desde Génova.

El magistrado Juan Carlos Campo no parece dispuesto a participar en este debate. Es más, ya ha comunicado su intención de abstenerse en uno de los primeros recursos de amparo que han llegado a la corte de garantías relacionados con esta proposición de ley. Como ministro de Justicia, Campo fue el firmante de los informes del Gobierno sobre los indultos en los que se decía que un olvido jurídico era "claramente inconstitucional". "La amnistía no cabe", ha insistido también en público en alguna ocasión.

Si Campo finalmente no participa en todo lo que tenga que ver con esta medida de gracia y ya con Macías en el órgano, la distribución de mayorías quedaría en seis a cinco. Es decir, cualquier mínimo movimiento dentro del bloque progresista tumbaría una amnistía con la que el Ejecutivo pretende poner punto y final al procés. Una correlación de fuerzas en la que, además, se intentará influir también a través de las recusaciones.  De hecho, ya hay un recurso de amparo registrado en el TC por un ciudadano sobre la amnistía que pide la recusación de Campo y otros dos magistrados del llamado bloque progresista: Laura Díez y Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano.

El TC siempre ha defendido una "interpretación restrictiva" de esta capacidad para apartar a magistrados. Sobre todo en este órgano, cuyos miembros, a diferencia de los tribunales ordinarios, no pueden ser sustituidos por otros. Tanto es así que, por ejemplo, en algunas de sus resoluciones el máximo intérprete de la Ley Fundamental ha dejado claro que "no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver", siempre y cuando no "se desvirtúe el contenido de la garantía de imparcialidad".

El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, ha quedado en libertad tras declarar ante un juzgado de violencia de género de Madrid en el que compareció como detenido por una denuncia por presuntas amenazas que presentó en su contra una mujer que dice ser su ex, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Fuentes de la investigación han precisado que Conde-Pumpido hijo había sido detenido este viernes por la Guardia Civil después de que una mujer brasileña denunciara hace unos días que éste le habría amenazado cuando ambos circulaban en un coche por la A-6.

Las mismas fuentes han indicado que la mujer aseguró que, en un momento dado, Conde-Pumpido hijo le habría obligado a bajar del vehículo. Ella denunció en el cuartel de Villalba y los agentes han procedido este mismo viernes a su detención.

Las fuentes jurídicas consultadas han apuntado que la denuncia ha recaído en un juzgado de violencia de género de Madrid en el que, tras tomar declaración a Conde-Pumpido hijo, han acordado dejarle en libertad.

Cabe recordar que la Justicia archivó en enero de este año las diligencias abiertas en su contra por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid le investigó a raíz de una denuncia de una mujer de origen brasileño por unos hechos supuestamente acaecidos el pasado mes de noviembre en el chalé de Conde-Pumpido en el distrito de San Blas.

El titular de ese Juzgado adoptó esa decisión después de que la denunciante acudiese a los juzgados de Plaza de Castilla y retirase la denuncia contra Conde-Pumpido y otros dos hombres, renunciando a las acciones civiles y penales correspondientes.

Y el nuevo Tribunal Constitucional echó a andar completamente. Cándido Conde-Pumpido fue elegido presidente este miércoles. Se acabaron las negociaciones, los plantones, las cábalas, las tensiones, las formalidades. Ahora toca abordar una nueva etapa, en la que se acumula mucho trabajo y en la que se tendrán que ver leyes clave para la coalición. Aunque el PP, desde el minuto uno, decidió no dar tregua y poner en cuestión su nueva composición.

Sus decisiones afectarán de lleno a la vida política española y, por supuesto, a los propios ciudadanos. Con un cambio sustancial también a partir de este momento: una mayoría progresista domina el Alto Tribunal pese a los intentos de la derecha política, judicial y mediática por impedir esta nueva correlación de fuerzas, tras una década de dominio conservador (logrado durante la época de Mariano Rajoy en junio de 2013).

Finalmente la estrategia ideada por el Partido Popular para seguir controlando los ámbitos judiciales ha fracasado en parte (falta todavía renovar el Consejo General del Poder Judicial). Precisamente el CGPJ incumplió durante meses la ley para renovar sus miembros del TC por el freno que ponía el sector conservador (no respetando la fecha del 13 de septiembre indicada en la reforma de la ley del Poder Judicial). Pero, a finales de diciembre, en un giro propiciado por los progresistas del Consejo se consiguió en una reunión de 15 minutos un acuerdo sobre los miembros del Tribunal Constitucional.

Y ese proceso culminó con la elección este miércoles del progresista Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, como presidente del Alto Tribunal, teniendo como número dos también a la progresista Inmaculada Montalbán. Esto supone, en términos políticos e institucionales, la vuelta a normalidad de un Alto Tribunal, que estaba caducado y en manos de los conservadores frente a los plazos de la ley. Provocando, además, durante esta última etapa una grave crisis con decisiones inéditas como la de la paralización de las enmiendas aprobadas por el Congreso para renovar precisamente el TC.

Fuentes socialistas celebran precisamente que se haya vuelto a la normalidad de este órgano y que, además, refleje la mayoría expresada por los ciudadanos en las urnas. Se invoca de esa manera el artículo 117 de la Constitución Española: “La Justicia emana del pueblo”. E indican: “El plan de Alberto Núñez Feijóo de bloquear la Justicia y que se aprobaran sus recursos contra leyes del Gobierno se ha ido al traste”.

Las fuentes recuerdan que había un acuerdo entre el Gobierno y el PP, de la época de Pablo Casado, de desbloquear el TC aunque no hubiera un pacto sobre el CGPJ (firmado por el entonces número dos del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños). Pero Núñez Feijóo lo incumplió al llegar a Génova 13.

Es más, el PP sigue sin aceptar esa realidad del TC y ese desbloqueo. Su reacción a la nueva etapa con la elección de la Presidencia y de la Vicepresidencia del Tribunal Constitucional ha vuelto por la senda de erosionar la credibilidad del Alto Tribunal. Fuentes populares hicieron esta lectura: “Lamentablemente, a día de hoy, es una institución también debilitada por los efectos del ‘sanchismo’ y comprendemos que entre la opinión pública puedan suscitarse dudas acerca de su independencia". 

El mensaje de los populares es ahora: “Ya era inédito que dos ex miembros del Gobierno en ejercicio –un ministro y una alto cargo– pasasen a formar parte del TC nombrados por el mismo Gobierno que les designó para sus anteriores funciones. Por ello, esperamos que el TC pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones, mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos que desempeñan cada día su labor en estos organismos guiados por el más escrupuloso respeto a la ley, la vocación de servicio público y la más exigente profesionalidad en el ejercicio de sus funciones".

El PP va más lejos acusando al Ejecutivo de Sánchez de saltarse “consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este”: “Tras conocer los nombramientos no podemos más que lamentar que se haya tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la Vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente”.

De esta manera, una vez que se ha perdido la mayoría conservadora, que estaba al frente de un TC caducado, ahora la estrategia de Feijóo pasa por presentar a un Constitucional al servicio de Sánchez, cuando lo que se ha hecho es la renovación que exige la Constitución (ahora tocaban dos miembros elegidos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial).

Esto en un momento en el que el Tribunal Constitucional retomará deliberaciones clave sobre leyes sociales con marcado carácter progresista. De hecho, sobre la mesa está todavía el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, Feijóo no ha retirado ese recurso y en Génova 13 esperan tumbar la norma.

Y es que el TC se ha convertido en una especie de tercera Cámara, ya que la estrategia de las derechas, con el PP y Vox a la cabeza, ha consistido durante estos años en recurrir ante el Alto Tribunal las principales leyes la coalición para intentar tumbar lo que no consiguieron con los votos en contra en las Cortes Generales.

Hay una quincena de leyes con un alto valor simbólico que afectan a derechos sobre los que deberá resolver el Constitucional. Por ejemplo, se han impugnado la reforma laboral, la ley Celáa, la ley de la eutanasia y el ingreso mínimo vital, además de las leyes Rhodes y rider. Asuntos clave serán también la nueva ley de vivienda de la Generalitat de Cataluña, la ley trans aprobada por el Parlamento de Canarias y el escaño en el Congreso de Alberto Rodríguez.

El PP ha perdido la órbita mayoritaria en el TC por años, ya que la actual composición durará, al menos, hasta 2026, cuando tocará renovar otro tercio del Tribunal Constitucional (cuatro miembros elegidos por el Senado con una mayoría de tres quintos). 

Los actuales miembros del TC estuvieron muy atentos a las palabras de Conde-Pumpido durante su elección, mandado el mensaje de que la Constitución “no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación". El próximo martes habrá ya una reunión para distribuir las salas y las secciones, fijando como prioridad sacar más de 100 asuntos varados.

El Constitucional vuelve a la normalidad institucional, pero queda todavía el Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado desde hace más de cuatro años por el Partido Popular. Y Alberto Núñez Feijóo no tiene intención de llegar a un pacto con el Gobierno, a pesar de que estuvo casi cerrado el pasado mes de octubre. Prefiere que se mantenga esa mayoría conservadora. Ahora ha puesto como excusa la “esclavitud moral” de Pedro Sánchez con Esquerra y quiere incluso que se recupere la competencia para un CPGJ caducado de hacer nuevos nombramientos (algo prohibido con la nueva ley).

La división vista en el Tribunal Constitucional (TC) cuando ha tenido que estudiar los recursos de Vox contra la gestión de la pandemia de coronavirus se hace aún más patente si se mira la letra pequeña de las sentencias y los votos particulares. Si ya hubo una importante diferencia de criterio cuando el órgano analizó el primer estado de alarma, los magistrados dejan también patente sus discrepancias en lo que respecta a la suspensión de plazos reglamentarios en el Congreso. El fallo de la mayoría, dando la razón al partido de extrema derecha, ya se adelantó hace días, pero se acaban de conocer los votos particulares de los cuatro magistrados discrepantes, que vuelven a reprochar a sus compañeros que obvien el especial contexto de "incertidumbre" y de "extrema gravedad" de las primeras semanas de la pandemia y les recuerdan que al estimar el recurso incumplen las propias resoluciones del Constitucional, el cual en abril de 2020 avaló prohibir manifestaciones apelando al derecho a la vida y a la salud pública. Además, recuerdan que ellos mismos también acordaron suspender plazos y plenos.

El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, de sensibilidad conservadora, y los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol vuelven a mostrar sus discrepancias con el análisis que están haciendo sus compañeros de tribunal sobre las medidas derivadas de la gestión de la pandemia. En el caso de la primera sentencia sobre el estado de alarma también disintieron de la mayoría junto con otro miembro conservador, Andrés Ollero. Éste, ahora, se ha unido al grupo que ha optado por dar la razón a Vox en uno más de los numerosos recursos que ha presentado este partido ante el Constitucional en menos de dos años.

La sentencia, con seis votos a favor y cuatro en contra, señala que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados de excepción y de sitio, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados. En su opinión, el hecho de que la Mesa de la Cámara cesara temporalmente la tramitación de las iniciativas parlamentarias lesionó el derecho a la participación política regulado en el artículo 23.2 de la Constitución. 

Epidemia sin control y total incertidumbre

Pero todos los magistrados discrepantes reprochan a la mayoría que no presten atención a la especial coyuntura que se vivió en España a partir de marzo de 2020 y, más en concreto, a partir de la declaración del primer estado de alarma el día 14. "En la situación de marzo de 2020, caracterizada por la propagación sin control del coronavirus y por la notable capacidad letal que demostraba tener, resultaba constitucionalmente admisible que el derecho a la participación política, incluidas aquellas manifestaciones de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno que integran su núcleo más propio, se viera modulado proporcionadamente en aras de la realización de otros objetivos públicos, como es la protección de la salud pública y del funcionamiento eficaz del sistema sanitario mediante la reducción de oportunidades de contagio", afirma González Rivas.

"Conviene no olvidar, desde la más benigna situación presente, los momentos de total incertidumbre científica, política, económica y social que se estaban viviendo ante un fenómeno pandémico descontrolado a nivel mundial y que en España estaba produciendo unos efectos devastadores, con un riesgo real de colapso del sistema socio-sanitario. Las extraordinarias medidas previstas en el estado de alarma, caracterizadas por el establecimiento de limitaciones de la libre circulación, las restricciones del transporte, el cierre de los establecimientos hoteleros y, sobremanera, el confinamiento de la población, son el marco que justifican o explican la decisión del órgano parlamentario", apunta Conde-Pumpido.

"Tras 18 meses de experiencia frente a una situación a la que ninguna institución del Estado había tenido que hacer frente antes y en el contexto de crisis sanitaria de aquellas semanas, causada por un virus desconocido, las medidas adoptadas difícilmente podían ser otras, tanto en sus tiempos como en su contenido y alcance, sin posibilidades inmediatas de valorar su impacto", subrayan Balaguer y Xiol en un voto particular que suscriben ambos.

Todos los órganos e instituciones, obligados a adaptarse

Conde-Pumpido incide aún más en la importancia del contexto para hacer el análisis adecuado: "No se puede pretender que la actividad parlamentaria fuese ajena a esta grave situación, del mismo modo que no lo fueron otros órganos constitucionales obligados a adaptarse, progresivamente, a las inéditas e imprevisibles circunstancias provocadas por la pandemia. Estas afirmaciones en nada contradicen una defensa sin fisuras del ejercicio por el Congreso de sus exclusivas y esenciales funciones de control del Ejecutivo en tiempos de excepción, y responden al único objetivo de contextualizar la situación real en el momento de adoptarse el acuerdo parlamentario impugnado".

El Tribunal Constitucional también suspendió plazos procesales y administrativos y, a diferencia del Congreso, también plenos durante más tiempo que la Cámara Baja durante el primer estado de alarma. Balaguer y Xiol mencionan en su voto cómo la pandemia afectó igualmente a la actividad del TC: "Este tribunal no puede abstraerse de una realidad por la que también se vio afectado y a la que, como el resto de órganos e instituciones, se fue adaptando".

González Rivas desarrolla aún más esta idea: "Los órganos constitucionales y las autoridades públicas, sin caer en una completa paralización que habría supuesto dejar de realizar las indeclinables funciones descritas, se vieron obligadas a adaptar su funcionamiento a las difíciles circunstancias existentes durante los días que siguieron inmediatamente a la declaración inicial del estado de alarma en marzo de 2020. Y para instrumentar esta necesidad dispusieron medidas de contenido similar a las que constan en la decisión parlamentaria que ahora se impugna, como es el caso del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2020 y los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobados en las sesiones extraordinarias de 14 y 18 de marzo de 2020".

Derechos no absolutos o ilimitados

El ejercicio de ponderación entre unos derechos y otros, a la participación política por un lado y a la salud por el otro, a la hora de analizar el recurso de Vox contra la suspensión de plazos en la Cámara Baja lleva al presidente del Constitucional a recordar que fue este mismo tribunal el que en abril de 2020 dictó un auto en el que inadmitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT) y validó la prohibición de una marcha sindical en Vigo apelando a que el derecho a la vida está por encima del derecho de manifestación. Fue la Sala Primera la que tomó esta decisión y en ella estaban González Rivas, Conde-Pumpido y Balaguer, pero también dos magistrados que ahora han dado la razón al partido de extrema derecha, Andrés Ollero y Santiago Martínez-Vares –Alfredo Montoya firmó el auto, pero en esta ocasión no ha estado en la deliberación sobre el Congreso a causa de una enfermedad–.

"El canon de proporcionalidad fue aplicado por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el ATC 40/2020, de 30 de abril. Su aplicación fue defendida y desarrollada por la letrada del Congreso de los Diputados y el Ministerio Fiscal en sus alegaciones al presente amparo –el de Vox–. Ambas representaciones, adecuadamente en mi opinión, tomaban como elementos de valoración, de una parte, el interés general de preservar la salud de los diputados y del personal del Congreso como consecuencia de la situación de pandemia sufrida en las fechas en que fue acordada la suspensión y, de otro lado, el derecho de participación política, en el específico aspecto de la función de control y exigencia de responsabilidad política del Gobierno", argumentan Balaguer y Xiol en su voto particular. González Rivas también menciona el citado auto para valorar la toma de decisiones en las primeras semanas de la epidemia.

En aquella resolución de abril de 2020, la Sala afirmaba que "parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación guarda una relación lógica y de necesidad evidente con la finalidad perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria". "La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica empleada en este caso no parece por tanto inexistente", remarcaron los magistrados, que apuntaron además que el derecho fundamental de reunión que se ve afectado por la prohibición de la convocatoria sindical "no es un derecho absoluto o ilimitado", sino que deben existir "razones fundadas" para la alteración del mismo. Y la razón que dieron fue la "pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos en nuestro país y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos".

En su voto particular, Conde-Pumpido llama la atención sobre el hecho de que el propio Constitucional ha declarado que "la regla general es que las actuaciones parlamentarias se han de ejercer de modo presencial", pues "la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la Cámara pueda formar su voluntad", ya que "el debate y la discusión en las sesiones de la Cámara es el mecanismo para hacer efectivo el pluralismo político y el principio democrático". Sin embargo, explica que el mismo tribunal también ha reconocido que "esta exigencia puede ceder ante circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, como son la necesidad de salvaguardar un bien constitucional merecedor de mayor protección".

"La sentencia de la mayoría no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma. Y no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos". Así lo concluye el magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, uno de los discrepantes con la resolución que declaró el pasado miércoles inconstitucionales algunos aspectos del decreto del primer estado de alarma, en concreto los que ordenaban el confinamiento domiciliario general de la población, al considerar que debía haberse enmarcado en el estado de excepción.

Conde-Pumpido lo explica así en su voto particular, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que advierte de que la sentencia, ponencia del magistrado conservador Pedro González-Trevijano y que salió adelante por un ajustado margen de seis votos contra cinco, "utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político –en referencia a Vox– que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga".

Para el magistrado discrepante, esta construcción, "con la falta de certeza que se deriva de la misma, aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción, que, sin embargo, conlleva (..) una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales". El argumento de que los derechos fundamentales se suspendieron con el primer decreto de alarma, y no sólo se limitaron, es, en su opinión, "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" y ello "aboca a la arbitrariedad en su aplicación".

Para Conde-Pumpido, la construcción de la sentencia de la que discrepa no da certeza alguna, pues se funda en "la paradoja de sorites atribuida a Eubulides de Mileto, que demostró la dificultad de determinar cuantos granos de arena hacen un montón". "Únicamente parece ser instrumental para permitir que este tribunal tenga una mayor discrecionalidad para considerar que algunas de las medidas en su día adoptadas, si bien pudieron ser correctas para hacer frente a la pandemia, fueron inconstitucionales por el hecho de que el número de excepciones no fue suficiente para evitar catalogar la restricción como una suspensión que se adoptó sin haber utilizado la herramienta correcta", lamenta.

"Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos y dejando incólumes algunas de sus garantías constitucionales es no entender el sistema de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental", explica el magistrado.

El enfoque de la sentencia es, por tanto, "del todo equivocado" para Conde-Pumpido. El magistrado estima que "restricción y suspensión son dos categorías jurídicas distintas", por lo que no comparte que una restricción se convierta en suspensión por ser más intensa. Según su argumentación, "suspensión", de una parte, y "restricción" extraordinaria de derechos, de la otra, operan en planos jurídicos diferentes: la primera, para los estados de excepción y sitio, produciría que el derecho fundamental suspendido pierda eficacia temporalmente y sea sustituida por la ordenación dispuesta por la concreta ley orgánica a la que remite el artículo 116.1 de la Constitución. La segunda, para el estado de alarma, produciría que el contenido del derecho fundamental restringido quede con carácter general disminuido, "incluso de modo drástico", por el decreto de declaración de dicho estado, pero sin que desaparezcan algunas de las garantías constitucionales como es la del sometimiento de tal restricción al cumplimiento del principio de proporcionalidad.

Para los magistrados que sostienen la sentencia, lamenta Conde-Pumpido, lo procedente hubiera sido hacer desparecer el derecho a la libre circulación mediante su suspensión declarando el estado de excepción. El efecto logrado con la resolución tiene como "la supresión de las garantías constitucionales a cambio de la mera parlamentarización de su declaración". Parlamentarización que, añade, "está igualmente prevista en el estado de alarma para poder prorrogar las medidas más allá de los primeros quince días".

Abundando en sus argumentos, explica que una medida de confinamiento domiciliario puede ser adoptada bajo cualquiera de los dos estados, el de alarma o excepción, pero el régimen jurídico y las garantías del derecho variarán dependiendo de si nos encontramos ante una restricción (alarma) o una suspensión formalmente declarada (excepción). "Las restricciones de derechos a que puede dar lugar la declaración de un estado de alarma quedan sujetas siempre a límites y condiciones constitucionales, pues precisamente ello es lo que caracteriza a las restricciones frente a las suspensiones", insiste.

Por ello, considera que la razón para calificar como suspensión una restricción muy intensa de un derecho fundamental "no parece ser otra que, como se ha denunciado, permitir un atajo argumental para lograr una declaración de inconstitucionalidad".

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido ha decidido abstenerse de todos los recursos de amparo presentados contra la sentencia del proceso independentista en Cataluña de cara a preservar la apariencia de imparcialidad del órgano de cara a la batalla judicial que se presenta en Europa. La decisión de Conde-Pumpido se produce unas semanas después de que las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros líderes independentistas le recusaran al estimar que no es "neutral" ni "imparcial" por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el procés. Según ha informado el tribunal de garantías, una vez designado el magistrado ponente de la abstención, por el turno específico de designación, este elaborará una propuesta de resolución, en forma de auto, que será examinada por el Pleno jurisdiccional del Tribunal.

Se da la circunstancia de que Conde-Pumpido no es el ponente de ninguna de las sentencias que restan por dictar sobre el procés, que son las que afectan a las condenas por sedición, han señalado a Europa Press fuentes de éste órgano. El magistrado firmó la ponencia de la que se dictó hace unas semanas en relación con Meritxell Borrás, condenada por desobediencia, y que confirmó todos los extremos de la resolución del Tribunal Supremo sin encontrar tacha constitucional alguna.

El abogado Andreu Van den Eynde, que ejerce la defensa de Junqueras y del exconsejero Raul Römeva, cuestionaba la imparcialidad Conde-Pumpido alegando que en una conferencia en el Congreso de los Diputados calificó de "amenazas" al orden democrático los hechos que se habían producido en Cataluña durante el otoño de ese año.

Se da la circunstancia de que otro de los magistrados de este órgano, Antonio Narváez, también apartó hace unas semanas de estudiar dichos recursos contra la sentencia del procés, después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de "golpe de estado". Puigdemont también le ha recusado en lo relativo a sus recursos.

La conferencia de noviembre de 2017

La conferencia de Conde-Pumpido tuvo lugar el 23 de noviembre de 2017 en el Congreso de los Diputados en la que manifestó su "preocupación" por los hechos que entonces se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de "pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia". "Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada", afirmó el magistrado y exfiscal general del Estado.

Entre esta preocupación apuntó a asuntos como la posibilidad de que las autoridades autonómicas facilitaran "la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la legalidad".

Añadía Conde-Pumpido, en relación con las leyes de desconexión, que al aprobarlas los líderes independentistas "se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común". "Y véase que el propio Tribunal Constitucional utiliza la expresión "se han alzado", que es una expresión que también figura en tipos relevantes del Código Penal", incidió el magistrado en su conferencia.

Para la defensa de Junqueras y Römeva, las palabras de Conde-Pumpido muestran su "opinión personal sobre la trascendencia penal de los hechos atribuidos" a los líderes independentistas y revelan el "conocimiento" del magistrado sobre el procedimiento.

El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, también ha recusado a Conde-Pumpido, que ha sido designado ponente de los recursos que Puigdemont ha presentado contra diversas decisiones del Tribunal Supremo que rechazaron anular decisiones del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, quien le mantiene procesado por su participación en el procés.

El ponente de la sentencia que el Tribunal Constitucional tiene pendiente dictar sobre la causa del asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011, Cándido Conde-Pumpido, se apoya en el radical cambio de criterio de la Fiscalía a la hora de proponer la estimación del recurso de los condenados en su día por el Supremo y por lo tanto su absolución por vulneración de derechos, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La propuesta ha causado malestar en algunos miembros del Tribunal de Garantías, que apuntan incluso que una resolución no unánime sobre este asunto puede perjudicar a la futura sentencia del procésprocés cuando sea previsiblemente llevada a Europa por las defensas de Oriol Junqueras y el resto de juzgados por el Supremo.

El asunto, en todo caso, no ha comenzado a deliberarse en el Constitucional ya que, pese a que estuvo sobre la mesa en un Pleno de antes del verano, apenas se trató y no ha vuelto a aparecer en el orden del día de las últimas sesiones convocadas. La piedra de toque de todo este asunto se encuentra en los argumentos que según ha adelantado el diario ABC y ha confirmado Europa Press obran en la ponencia de absolución, donde se argumenta que el Tribunal Supremo habría vulnerado los derechos de reunión, manifestación y participación política de los ocho jóvenes que asediaron a los diputados y al Gobierno catalán a las puertas del Parlament en 2011.

Doctrina 'Atutxa'

Para otra sector del Tribunal Constitucional, sin embargo, el asunto no tiene nada que ver con el procés sino con la doctrina Atuxta del Tribunal de Estrasburgo, –que en junio de 2017 condenó a España a indemnizar de forma simbólica al expresidente del Parlamento Vasco por no haber sido escuchado de nuevo en el Supremo antes de ver cambiada su absolución por condena–. Este mismo argumento tendría aplicación en el caso de los jóvenes en el Parlament y por ello sería uno de los fundamentales de la ponencia según las fuentes consultadas.

Los once procesados fueron absueltos en su día por la Audiencia Nacional, si bien el Supremo anuló esta sentencia en marzo de 2015, condenando a ocho de ellos a 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Se da la circunstancia de que el ponente inicial de esta resolución, Perfecto Andrés, quedó en minoría al optar por confirmar la absolución y la ponencia se cambió correspondiendo al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

Trascendencia del derecho de reunión

En su sentencia, el Supremo sostenía que el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión "no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional". Con ello, el Supremo echó por tierra el criterio mantenido por los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcarcel y su compañera Manuela Fernández Prado –el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, discrepó y votó a favor de condenarles– quienes argumentaron en su resolución que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional" y por ello, deben ser objeto de "una especial protección".

Sorprende en todo caso el cambio de criterio en la Fiscalía una vez el asunto ha llegado al Tribunal Constitucional, sobre todo teniendo en cuenta la posición especialmente dura que el Ministerio Público mantuvo durante la vista de este asunto en el Tribunal Supremo en 2015. En dicha ocasión, el fiscal Salvador Viada defendió que la sentencia inicial adolecía de un "politización extrema" y acusó a los magistrados de la Audiencia Nacional de volcar en la resolución "su ideología" en lugar de aplicar la ley.

El equilibrio de mayorías en el actual Tribunal Constitucional, con siete magistrados en posiciones más conservadoras y cinco en el sector "progresista", hacen complicado que la ponencia de Conde-Pumpido salga adelante, y ello hace prever ausencia de unanimidad e incluso que se llegue a un cambio de ponente.

Así, y aunque finalmente se confirmaran las condenas, la existencia de votos particulares que pudieran alinearse con la tesis de la vulneración de derechos podría perjudicar en un futuro a la sentencia del procés si, como es previsible, las defensas acuden acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A todo ello se suma que el próximo 6 de noviembre finaliza el mandato de tres de los magistrados del Tribunal Constitucional, el conservador Andrés Ollero y los situados en el sector progresista Fernando Valdés y Encarnación Roca, cuya renovación podría cambiar el equilibrio de fuerzas de este órgano. La situación política, sin embargo, no parece asegurar una pronta respuesta al mandato constitucional para el recambio de magistrados.