El dilema del PP con el Constitucional: forzar la salida de Conde-Pumpido o bloquear la renovación

El proceso de renovación del tercio de magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado se acaba de iniciar. El trámite, que debe culminar en diciembre, pone al PP en el centro de un dilema. Desde que el órgano perdió en 2023 la anterior mayoría conservadora, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en sabotear su legitimidad presentándolo como un apéndice más del Gobierno, del que señala como principal embajador nada menos que a su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Los populares tienen ahora en su mano descabalgar a quien han tomado como chivo expiatorio en su deriva antisistema alcanzando un pacto con el PSOE. Pero también pueden optar por bloquear los nombramientos a la espera de que el caso Cerdán pueda obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones en las que mejoren su mayoría en la Cámara Alta y así intentar dar un vuelco al reparto de mayorías entre magistrados progresistas y conservadores.

Ocho años después de su llegada al tribunal en 2017, los ataques personales del PP a Conde-Pumpido han hecho olvidar que su elección fue fruto del consenso entre la formación conservadora, entonces en el Gobierno, y el PSOE, y no únicamente de las cuotas de propuesta que correspondieron a cada partido. Como todos los candidatos a magistrado constitucional que se seleccionan por el turno del Senado, el ex fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fue propuesto a la Cámara por un parlamento autonómico. En su caso fue la Asamblea de Madrid quien promocionó su postulación a magistrado del órgano de garantías. El Parlamento madrileño estaba entonces dominado por el PP y por Ciudadanos que habían hecho presidenta de la comunidad a la popular Cristina Cifuentes.

La campaña de la derecha política y judicial contra el actual presidente se inició antes, incluso, de que se le hubiera nombrado. Fue a finales de 2022, cuando tocaba nombrar al tercio correspondiente al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, que estableció una mayoría progresista. La entonces mayoría conservadora del órgano de garantías maniobró para tratar de bloquear la renovación con la decisión inédita de paralizar la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez que trataba precisamente de desatascarla. Desde el órgano de gobierno de los jueces, además, los vocales a propuesta del PP vetaron al candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés, por considerarlo próximo a Conde-Pumpido, e impusieron la entrada de María Luisa Segoviano. Una vez nombrados los nuevos magistrados, ya con mayoría progresista en el tribunal, los cuatro jueces del sector conservador apoyaron a su rival por la presidencia, la también progresista María Luisa Balaguer.

Desde entonces, los ataques del PP, de Feijóo y de otros dirigentes del partido contra el presidente no han parado. Se trata de una actitud inconsistente porque Conde-Pumpido, como el resto de los magistrados progresistas nombrados por las Cámaras, llegó al órgano de garantías con el apoyo explícito del PP (y del PSOE) que, además, ha aprovechado su cuota de propuesta para convertir en magistrados a auténticos halcones de la formación como Enrique Arnaldo, la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel (amiga de la exministra María Dolores de Cospedal) o, últimamente, al exlíder conservador del anterior CGPJ, José María Macías. El PP, además, tiene el dudoso honor de ser el único partido que ha conseguido colocar a un antiguo afiliado, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos, en la presidencia.

Pese a ello, la ofensiva de Feijóo y del PP contra el Constitucional y su actual presidente no ha cesado desde entonces. El principal partido de la oposición, cuyos magistrados afines coparon el órgano durante 10 años hasta finales de 2022, alienta ahora una campaña de desobediencia contra él. Ha sido a petición del PP —y basándose en los argumentos de votos particulares de parte de los magistrados que colocó en el Constitucional— que la Audiencia de Sevilla ha planteado una insólita cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que le permita desobedecer las sentencias del TC que obligaron a rebajar las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como las de otros exconsejeros socialistas en el caso de los ERE.

Tras la sentencia del Constitucional que avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía el pasado junio, Feijóo se apresuró a atacarla calificando el fallo de "una vergüenza para cualquier demócrata" y "un ejercicio de corrupción política". Días antes había asegurado que la presidencia de Conde-Pumpido le suscitaba "dudas sobre su objetividad". También afirmó, sin aportar prueba alguna, que el presidente tenía "un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante la amnistía". Previamente, el PP se sumó a la campaña del entorno del expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que planteaba la posibilidad de actuar contra magistrados del órgano de garantías por prevaricación, algo prohibido para cualquier órgano judicial ordinario por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El mandato de Conde-Pumpido como magistrado del Constitucional, y por tanto como presidente, está a punto de caducar: lo hará el próximo diciembre. Sin embargo, está por ver si el PP habrá pactado para esa fecha la renovación, algo necesario para apartarlo del cargo que ostenta. La explosión del caso Cerdán ha resucitado la esperanza de la derecha en la convocatoria de nuevas elecciones generales, algo que, por el momento, el Gobierno ha rechazado. El cálculo político es comprobar si el PP, tras unos hipotéticos comicios, sería capaz de aumentar su mayoría en el Senado hasta los tres quintos, lo que le daría la posibilidad, por sí solo y sin acuerdo con el PSOE, de nombrar a los cuatro magistrados que corresponden a esa Cámara y así generar de nuevo en el tribunal una mayoría conservadora. En las elecciones que dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy en 2011, el PP se quedó a solo cinco escaños de alcanzar esa representación. La configuración actual de la Cámara daría dos designaciones a cada partido, con lo que la mayoría progresista en el Constitucional continuaría (siete a cinco). Eso sí, habría que nombrar a un nuevo presidente. Los que más opciones tienen son dos progresistas: la actual vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel.

Mientras el sustituto de Conde-Pumpido (y el de los otros tres magistrados cesantes, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías) no sea nombrado, el ex fiscal general seguirá al frente del órgano de garantías. Y su papel va a seguir siendo central mientras permanezca en el cargo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha presentado ya su recurso de amparo contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía, avalada por el tribunal el pasado junio. Fuentes del órgano de garantías aseguran que sus magistrados no se pronunciarán hasta que el TJUE resuelva sobre la concordancia de la ley del perdón con el derecho europeo, algo que se espera para septiembre u octubre, lo que puede alargar el caso del expresident más allá de la fecha en la que el actual presidente cumpliría su mandato, lo que podría darle un papel importante en la deliberación y la decisión final del caso.

Tras años demonizando al presidente y acusándolo de actuar al servicio del Gobierno, el PP tiene ahora la oportunidad de apartarlo sin más dilación del tribunal. Si no lo hace y prefiere bloquear la renovación para especular con un futuro e hipotético resultado electoral, tendrá que explicar muy bien a sus votantes las razones que le llevan a mantener en la quinta autoridad del Estado a un jurista de indudable trayectoria al que, sin embargo, han señalado como un peligro para la separación de poderes y, en definitiva, para la democracia. Es lo que implica cuestionar por sistema, y únicamente por motivos políticos, un órgano clave del Estado de derecho con el único objetivo de controlarlo.