El TC de mayoría progresista cumple un año entre el blindaje de avances sociales y los ataques de la derecha

Los últimos compases del pasado año en el Tribunal Constitucional fueron una auténtica montaña rusa. En apenas una semana, se pasó de la oscuridad que generó el maratoniano Pleno que impidió al Senado votar la reforma legal con la que se buscaba forzar la renovación del órgano constitucional a la luz que arrojó el acuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial para desbloquear la sustitución de aquellos cuatro magistrados con el mandato caduco. Desde entonces, en la sede de la institución, en la calle Domenico Scarlatti, impera una mayoría progresista que a lo largo de este año ha ido dando su beneplácito a no pocos avances sociales y ha logrado sacar de los registros asuntos que llevaban décadas enquistados. Un nuevo Constitucional al que la derecha se esfuerza ahora en deslegitimar.

Cuando tomó las riendas del máximo intérprete de la Ley Fundamental, el magistrado Cándido Conde-Pumpido se fijó dos objetivos. El primero, poner al día el tribunal. El segundo, imprimirle celeridad en la resolución de aquellos asuntos de gran trascendencia política y social. Y esas han sido, justamente, las líneas maestras que han guiado el trabajo del renovado Tribunal Constitucional. Hasta el tercer trimestre del año –últimos datos disponibles–, el órgano ha dictado 6.888 resoluciones. Una cifra muy superior a la registrada hasta ese mismo momento en el año previo. En el tercer trimestre de 2022, el número de sentencias, autos y providencias dictadas por el Pleno, las dos Salas y sus Secciones ascendía a 5.330.

En la corte consideran que el año ha ido "muy bien". "Hemos dictado 190 sentencias, incrementando un 30% el número del año pasado, con lo que se han reducido el número de asuntos que pesan sobre el Pleno", señalan las fuentes consultadas, que también recuerdan que en lo relativo a los recursos de amparo se ha llevado a cabo un "plan de choque" que ha permitido al máximo intérprete de la Ley Fundamental recuperar los recursos de atraso con los que habían comenzado. "Ya estamos al día", completan.

El nuevo Constitucional logró cerrar solo en su primer mes de vida los dos asuntos que más polvo acumulaban en sus cajones. El primero de ellos fue el aborto, que llevaba trece años atascado en la corte de garantías. Conde-Pumpido lo convirtió en el plato fuerte del segundo Pleno tras la renovación. En cuestión de horas, la mayoría progresista rechazó la ponencia presentada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo y avaló sin peros la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y luego, en el siguiente cónclave, puso punto y final al segundo tema que más tiempo llevaba dormido en el órgano: la cuestión de inconstitucionalidad que el Supremo elevó en 2018 en relación con la Ley General de Comunicación y el libre acceso de las radios a los estadios.

Del aborto a la eutanasia o el permiso de paternidad

Los avances sociales han ocupado buena parte de la actividad del renovado Tribunal Constitucional. Porque además del aborto, la corte de garantías ha dado el visto bueno la ley de eutanasia, el decreto ley que amplió el permiso de paternidad o la suspensión de los desahucios a personas vulnerables durante la pandemia. Todos estos asuntos habían sido recurridos por el PP. Pero el bloque progresista impuso su amplia mayoría en la corte de garantías y frenó las impugnaciones de la derecha. En algunos casos, además, con el respaldo de la mitad del grupo conservador. Así ocurrió, por ejemplo, con la norma que garantiza el derecho a morir dignamente. O con el decreto antideshaucios. Sólo los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo formularon voto particular.

Pero lo cierto es que en la mayoría de decisiones de gran calado político, principalmente aquellas relativas a los grandes proyectos estrella del Gobierno, el nuevo Constitucional ha funcionado por bloques. La combinación "siete a cuatro" –siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores– es la que ha permitido que la corte de garantías diera el visto bueno, además de al aborto, al impuesto a las grandes fortunas, a la reforma para limitar las funciones del CGPJ estando en funciones o a la ley rider, que busca garantizar los derechos laborales de quienes se dedican al reparto en plataformas digitales.

Una mayoría progresista con la que también se ha avalado la reforma educativa que permite retirar ayudas públicas a los colegios que segreguen por sexo –la famosa ley Celáa–. O se ha dado el visto bueno, con el voto discrepante del sector conservador, a las fórmulas de juramento empleadas por algunos diputados en las Cortes.

Desde el Tribunal Constitucional, no obstante, apuntan que la "mayoría" de sentencias que se han dictado a lo largo de estos meses han sido "por unanimidad o con un número escaso de votos particulares". "El número de sentencias que se han dictado 7-4 es minoritario", aseguran desde el órgano.

Ley de Memoria, reforma laboral y amnistía: retos de futuro

Ha sido un año intenso en Domenico Scarlatti. Y el que viene lo será todavía más. En los cajones del máximo intérprete de la Ley Fundamental aún quedan algunas cuestiones de gran calado político que deberán resolverse a lo largo de 2024. Es el caso de la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la retirada del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez –aunque el bloque mayoritario apuesta por concederle el amparo, el asunto se resolverá definitivamente en enero–, las condenas en el caso de los ERE de Andalucía o el recurso del PP y de su exdiputado Alberto Casero contra la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, que salió adelante gracias a la equivocación del parlamentario conservador en aquella votación.

Y luego está, como plato fuerte, la amnistía. Aunque la norma de olvido jurídico para poner punto y final al procés aún se está cocinando en el Parlamento, la corte de garantías ya tiene sobre la mesa algunos recursos de particulares contra la tramitación de la misma, impugnaciones cuya admisión o no a trámite deberá resolverse ya en 2024. Tampoco se descarta que, una vez aprobada la norma, comiencen a llegar recursos de amparo contra la misma. O cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por diferentes órganos judiciales, que también tienen margen para acudir previamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si consideran que la ley vulnera el derecho comunitario. En el Constitucional, no obstante, no creen que vayan a tener que enfrentarse a la patata caliente de la amnistía hasta mediados de año.

Una estrategia de desprestigio

El Tribunal Constitucional ha intentado evadirse, en los últimos compases del año, de la escalada de tensión en las relaciones entre el mundo político y judicial. Y sólo ha intervenido cuando se ha señalado públicamente a uno de sus magistrados. Ocurrió la pasada semana, cuando la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó en la Cámara Baja contra la "politización de la justicia española" y llamó "personaje indecente" a, entre otros, la magistrada Concepción Espejel. La corte de garantías no dudó en dar una respuesta unánime a este ataque y mostrar su preocupación por el cuestionamiento público de una de sus miembros: "Siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial".

No es la primera vez que se dispara desde el ámbito político contra la institución o alguno de sus miembros. La derecha, de hecho, lleva meses trabajando la deslegitimación de esta institución. "Es evidente, por el comportamiento que ha tenido el Constitucional y las injerencias del Gobierno, que estamos ante un tribunal de parte", lanzaba a comienzos de noviembre el ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. Unas semanas antes, el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, deslizaba que se había "sembrado de dudas" la "imparcialidad" del máximo intérprete de la Ley Fundamental. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en alguna ocasión que el órgano se convierta en una suerte de "tercer Parlamento".

En el marco de esta estrategia de desprestigio, tampoco el PP ha dudado en instalar una sombra de duda sobre el presidente de la corte de garantías. Hace apenas un par de meses, el entonces coordinador general del PP, Elías Bendodo, se apoyaba en diferentes informaciones periodísticas para sugerir que Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, estaría negociando la amnistía con Conde-Pumpido. "Más grave sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia", dejó caer el conservador en un acto. "Bendodo reta a Sánchez a aclarar si el abogado de Puigdemont, condenado por terrorismo, dicta la ley de amnistía y negocia con Conde Pumpido", tituló el PP su nota de prensa.

En la corte de garantías "preocupan mucho" este tipo de descalificaciones porque consideran que están funcionando "muy bien", a pesar de las "discrepancias puntuales propias de un órgano que es plural". En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, este órgano no está funcionando con ningún "mandato caducado". Por eso, consideran "inaceptable" que los mismos que se están quejando de las críticas que en las últimas semanas han recibido los jueces "estén deslegitimando" al mismo tiempo al Constitucional.