La semana pasada, una mujer fue asesinada por su expareja, contra la que tenía una orden de alejamiento. La víctima vivía junto a sus dos hijos, menores, en un piso en la calle López de Hoyos de Madrid, y había dejado de pagar el alquiler. ¿Cómo lo sé? Porque su casera, una tal Jacqueline, lleva semanas girando por las televisiones, aireando sus desdichas de rentista.

Leí la historia de Petronila, que así se llamaba la víctima, en un artículo de El Salto. Agobiada por el hostigamiento mediático, las invectivas de su casera y el merodeo de su asesino, había acudido al Sindicato de Barrio de Hortaleza en busca de ayuda. El final de la historia ya lo conocemos: ni la administración, ni la justicia auxiliaron a Petronila, que tuvo que malvivir sus últimas semanas con un miedo indecible mientras los matinales asustaviejas defendían el sacrosanto derecho de una propietaria a arrendar (¡cuanto antes!) un zulo sin cédula de habitabilidad.

"Son las diez y tres minutos de la mañana, seguimos en Buenos días, Madrid. Seguro que recuerdan el caso de Jacqueline: vean cómo ha quedado su vivienda en López de Hoyos. Durante un año y medio ha estado inquiokupada". Con estas palabras, la periodista Raquel Pina arrancaba la tertulia del magacín informativo de la televisión pública madrileña. A continuación, pinchaban un vídeo grabado por Jacqueline, quien, afectadísima, pululaba por la casa de una muerta brincando sobre los juguetes de unos huérfanos. Ay, ¡los desperfectos! Después, el más comprensivo de los reporteros le tendía el micrófono para registrar su estado de ánimo. "Es la peor manera en la que he podido recuperar mi vivienda".

Si en el mundo hubiese justicia, uno esperaría el advenimiento de un Núremberg por el que desfilasen todos esos colaboracionistas que, a fuerza de acosar a los pobres, les arruinan la vida y los llevan a la muerte. Lo imagino y me engolosino: una corte severísima y vengativa y, frente a ella, un banquillo repleto de presentadores, vendedores de alarmas, legisladores, columnistas, voceros apoltronados y ministros que, pudiendo hacer algo, se contentaron con pedir comprensión a los grandes tenedores y buena fe a los fondos buitres. Y que, tras un justísimo veredicto, no se permitiese que ninguna de esas víboras se marchase de este mundo sin probar unas cuantas paladas de la desdicha que causaron.

Conozco a demasiada gente (con carrera, tres másteres y dos idiomas) que está a un retraso en la nómina de caer en la inquiokupación, neologismo asqueroso (letra escarlata para quien lo pronuncia) en el que se concentra lo más nocivo de nuestro tiempo: la criminalización del vulnerable, la desidia de nuestros gobernantes, la mercantilización de los derechos fundamentales y la rentable espectacularización de la desgracia. Releo las noticias sobre este episodio y me asombra una coincidencia: la constatación de una "falta de empatía". Emoción deseable, quién lo duda, pero triste sucedáneo del derecho. Requerimos justicia, no buenas intenciones. Y si asumimos que las leyes no van a defendernos, entonces que arda el cielo y que la violencia nos alcance a todos con un terror tan desaforado que siente precedente: que, de puro miedo, nadie quiera atreverse a mercadear con la vida, la salud o la dignidad de nadie.

El objetivo de la norma es la suspensión (moratorias) de los procedimientos de desahucio y lanzamiento para hogares sin alternativa habitacional.

Con el ánimo de contribuir al mejor conocimiento de las medidas propuestas y ofrecer datos sobre las moratorias anteriores, que se vienen produciendo desde 2020, se redactan estas líneas.

El real decreto contempla dos tipos de situaciones: las producidas por impago de alquileres o expiración del plazo de duración del contrato y las ocasionadas por las personas que estén ocupando una vivienda sin título habilitante para ello.

Ante el impago de alquileres o la negativa a desalojar la vivienda al término del contrato, el propietario puede iniciar un proceso judicial que busca el desahucio del inquilino en un juicio verbal. En ese caso, el inquilino puede solicitar la suspensión del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. En todo caso se trata de una moratoria que durará hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que se vuelva a prorrogar en 2027. 

Se inicia así un proceso dirigido judicialmente que incluye informes de los servicios sociales. Al mismo tiempo el arrendador puede argüir que la suspensión del lanzamiento le ocasiona, a su vez, una situación de vulnerabilidad. 

El nuevo real decreto ley 2/2026 introduce una importante novedad respecto a años anteriores. Si el arrendador es propietario de dos o menos viviendas –el caso típico de propietario que posee su vivienda habitual y otra arrendada–, queda excluida la posibilidad de atender la solicitud del inquilino; es decir, se producirá el desahucio inexorablemente, no habrá posibilidad de moratoria. 

De este modo, la primera consecuencia de este nuevo real decreto es que aumentará el número de desahucios. En España (según datos del Observatorio de la Vivienda basados en fuentes oficiales) existen 3,9 millones de viviendas arrendadas, de las cuales 2.485.601 pertenecen a propietarios de un solo alquiler (el 64% del total) que, por lo expuesto, quedan excluidas de la posibilidad de moratoria. 

La afirmación de que aumentará el número de desahucios se basa, desgraciadamente, en que es difícil una mejora sustancial de la situación de hogares vulnerables y del problema general de la vivienda a corto plazo. 

Si no se da la situación anterior y queda acreditada la situación de vulnerabilidad del inquilino, el juez podrá decretar la moratoria de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Las administraciones públicas tienen el deber de adoptar las medidas que hayan sido propuestas en los informes de los Servicios Sociales que garanticen el acceso a una vivienda digna, en cuyo caso se levantaría la suspensión del desahucio. 

Sin embargo, en muy pocos casos se llega a producir esa situación. Según un informe de la Plataforma Antidesahucios (PAH) y del Observatorio Desca, sólo en un 2% de los casos las administraciones públicas ofrecen una solución habitacional a los desahuciados. El 77% de los casos reciben ayuda económica.  

La escasez de vivienda social hace imposible ofrecer soluciones habitacionales incluso en los casos de emergencia social como es la de los desahuciados.  

Desde el primer decreto que estableció las moratorias a los desahucios por situaciones de vulnerabilidad (RDL 37/2020) se reguló un sistema de compensaciones a los propietarios afectados, sistema que sigue vigente para 2026, de acuerdo a los establecido en el citado RDL 2/2026. 

La compensación consiste en el valor medio que corresponde a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentra el inmueble afectado por la moratoria más los gastos originados al propietario por el mantenimiento y situación de la vivienda durante la duración de la moratoria. 

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de moratorias aprobadas desde 2020 hasta hoy, un estudio de la PAH y el Observatorio Desca ha calculado en 58.000 los casos desde 2020 hasta 2024. Incluyendo una cifra proporcional de 12.000 casos por año, hasta 2025 tendremos 70.000 casos, es decir el 0,0179% de las viviendas arrendadas. 

Sin embargo, únicamente 6.400 propietarios (el 9,1% de los afectados) han solicitado las compensaciones, según un estudio publicado en diciembre pasado por Javier Galán en El País, la mayor parte de ellos personas jurídicas. Las razones de la escasez de solicitudes se desconocen, aunque abogados expertos en las materia han señalado el desconocimiento de los afectados sobre la existencia de las compensaciones. Puede haber otras razones, pero sería una especulación sin sentido mencionarlas al no tener datos fiables. La mayoría de las solicitudes han sido atendidas, con un 15% de denegaciones. 

En lugar de utilizar el miserable término de inkiocupación esperemos que todas las fuerzas políticas se esfuercen en reducir al mínimo los casos de impago de alquileres. Se trata de conjugar el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda, y hay que saber conjugar ambos. 

También en estas situaciones la norma regula moratorias. 

En primer lugar, hay que señalar en qué casos no se producirá nunca la moratoria del desahucio, es decir que ante la ocupación procederá siempre el desahucio: 

a) Si el inmueble es propiedad de una persona física y es su domicilio habitual o segunda residencia. 

b) Si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica, que la ha cedido a una persona física para que ésta tenga en ella su domicilio habitual.

c) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido de forma violenta o con intimidación o se realicen en ella actos ilícitos.

d) En inmuebles de titularidad pública destinados a vivienda social y que tuvieren asignado beneficiario. 

Juzgue el posible lector si estas medidas fomentan la ocupación. 

Para que opere la suspensión del lanzamiento el propietario tiene que ser una persona jurídica o física con más de 10 propiedades y la persona ocupante estar en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y valorada por un juez. 

Las situaciones de vulnerabilidad quedan reducidas a que el ocupante sea una persona dependiente o víctima de violencia de género o mujer sola con menor o persona dependiente a cargo.  

En infoLibre y en Librepensador@s se han publicado artículos sobre la magnitud de este problema, por lo que no se insiste en los datos sobre la amplitud muy distorsionada del problema. 

La desinformación es otra forma de no abordar los problemas. Aportando información contribuiremos a la solución. Que así sea.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.  

En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228. 

Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo. 

Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables. 

El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible. 

La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés, cuyo desahucio forzoso estaba previsto para el 10 de febrero.

En un auto, el tribunal rechaza los recursos presentados por las exreligiosas y establece el 12 de marzo como nueva fecha para el desalojo.

Según ha informado este miércoles el Arzobispado de Burgos en un comunicado, el nuevo auto de la jueza de Briviesca -fechado el 3 de febrero y contra el que no cabe recurso- ratifica la ejecución provisional del desahucio de las exreligiosas que había acordado en un auto previo del pasado mes de diciembre.

Y rechaza los cinco motivos expuestos por estas contra dicha ejecución, aunque atiende a su petición de prorrogar el plazo para el desalojo voluntario, que ellas fundamentaban en que el monasterio es su vivienda habitual, y señala como fecha para el desahucio el 12 de marzo a las 9:30.

Las exmonjas se habían opuesto a la ejecución provisional atendiendo a que la Audiencia Provincial de Burgos no había resuelto los recursos que presentaron en septiembre contra la sentencia del 31 de julio que dio la razón a la Iglesia católica y las obliga a desalojar el convento de Belorado.

Sin embargo, la Audiencia Provincial resolvió el pasado 29 de enero dichos recursos, rechazándolos y confirmando la sentencia de desahucio, por lo que este motivo de oposición de las exmonjas "ha perdido absolutamente la razón de ser", según recoge el auto de Briviesca.

También rechaza la jueza los argumentos de que las exmonjas están en situación de vulnerabilidad, pues ellas mismas han renunciando a esa consideración, ha recordado, y la condición de 'gran tenedor' del convento, pues tiene uso religioso no comparable con el uso de la vivienda habitual de un particular.

Y que, en caso de que la sentencia de desahucio fuese revocada, sería imposible o de extrema dificultad restaurar la situación o compensarlas económicamente, pues asegura la jueza que ante esa situación "hipotética" se les otorgaría o concedería la potestad de regresar al inmueble.

De este modo, el Tribunal de Instancia de Briviesca ha desestimado íntegramente la oposición de las exmonjas, a las que impone las costas, y ha acordado continuar con la ejecución provisional del desahucio, con nueva fecha para el 12 de marzo.

La Audiencia Provincial de Burgos ha rechazado los recursos de apelación de las exmonjas de Belorado contra la sentencia que las obligaba a desalojar el monasterio burgalés, por lo que serán desahuciadas.

Según ha informado el Arzobispado de Burgos este viernes en nota de prensa, la resolución judicial considera que las exmonjas carecen de propiedad sobre el monasterio y que la decisión del arzobispo de expulsarlas es acorde a sus funciones como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.

Así, las exmonjas deberán desalojarlo antes del 10 de febrero, fecha señalada por el Tribunal de Instancia de Briviesca para el desahucio forzoso, tras acordar el pasado diciembre la ejecución provisional de la sentencia y dar a las exreligiosas un plazo de 30 días para su desalojo voluntario.

La sentencia de la Audiencia Provincial, fechada este 29 de enero, ha desestimado los recursos interpuestos por las exmonjas contra la sentencia del juzgado de Briviesca, del 31 de julio de 2025, y confirma la misma, imponiendo las costas a los apelantes.

Reconoce que la propiedad de los bienes del Monasterio de Santa Clara de Belorado corresponde a la persona jurídica, y no a las monjas que lo habitan, y remarca que "queda a todas luces fuera de las atribuciones" de la exabadesa la decisión de separar al monasterio de la Iglesia católica.

"No puede la superiora ejercer esta autoridad para alejar a la institución del modelo que le corresponde según las Constituciones y los Estatutos", ha apuntado, para continuar que tampoco puede decidir sobre la transformación del monasterio como entidad religiosa en asociación, pues le corresponde a la Santa Sede.

Y concluye que "una vez constatada la falta del derecho de propiedad de las demandadas sobre el Monasterio de Santa Clara, la decisión del Arzobispo de Burgos de expulsarlas del Monasterio es acorde con las facultades que tiene en su condición de comisario pontificio, que sustituye a las del superior mayor".

Además, la sentencia niega que se produzca vulneración del derecho a la libertad religiosa, como alegan las exmonjas, pues este se ejerce como personas físicas y no por la persona jurídica del Monasterio, "simplemente porque la superiora que lo representa carece de poder para hacerlo".

La Audiencia Provincial de Burgos se reunió este pasado 27 de enero para estudiar, deliberar y fallar los recursos de apelación presentados a finales de septiembre por las exmonjas, que por su parte han presentando petición para evitar el desahucio del 10 de febrero.

Esta misma semana han solicitado su aplazamiento alegando que la notificación del mismo había llegado solo a cuatro de las ocho exmonjas, y los días 20 y 21 de enero, sin que se respetara el plazo de 30 días dado por el Juzgado de Briviesca para su salida voluntaria antes del desalojo forzoso. 

Hace varias semanas acompañé a Miguelito a servicios sociales porque tenía miedo de que no le atendieran. Al día siguiente tenía un desahucio y no quería quedarse en la calle. Llegamos a primera hora y esperamos un buen rato porque la trabajadora social estaba desayunando o, al menos, eso fue lo que nos dijo la recepcionista. Mientras esperábamos, hablamos con las personas que llegaban, algunas conocidas del barrio, y otras recién llegadas a aquel nuevo mundo. Hablaban de sus vidas, de sus países de origen, de cuándo llegaron, de cómo hablar con la trabajadora social, y se reían recreando aquel desayuno que no acababa. 

Era mi primera vez en aquel centro de servicios sociales de Hospitalet de Llobregat, y la sala de espera me tenía absorto. Era un cuarto pequeño, escondido del pasillo por el que entraban y salían las trabajadoras sociales, en un semisótano por el que entraba una bonita luz de invierno. Las paredes amarillas y pálidas estaban pintadas de arriba a abajo con lápices de colores. Los y las autoras de aquellos garabatos, entre los que destacaba un sol amarillo, un corazón roto rojo, y un claro FUCK U azul, parecían ser los niños y las niñas que, resignados, tenían que esperar a que sus familias resolvieran lo que las había llevado hasta allí. 

Me los imaginaba subiéndose a la mesa, a las sillas y a los muretes para pintar cada vez más alto, mientras los adultos esperaban y las trabajadoras sociales no se atrevían a decir nada. Porque, ¿cómo decirle a un niño o una niña que deje de pintar, si no tienes nada más que ofrecerle que tres noches en un albergue de mala muerte cuando pierdan su casa?

Llegó la trabajadora social y se dispuso a atender a Miguelito, pero cuando quisimos entrar con él a la sala, nos dijo que tenía que hablarlo con la directora. A los pocos minutos la directora se acercó a nosotros visiblemente cabreada y nos comunicó que no podíamos entrar. Protesté, pero repetía que eran las normas del centro, que las personas usuarias debían entrar solas y que tenía asuntos más urgentes que atender. Como abogado, pensé que era ilegal y que no debían tenerlo recogido por escrito. Luego pensé que era normal: hay cosas que no pueden decirse con testigos delante. 

Miguelito salió de la sala optimista, siempre lo hace, incluso cuando casi muere por el Covid, o cuando fue consciente de que no podría volver a trabajar de lampista por las secuelas persistentes. La realidad es que solo había conseguido un informe de vulnerabilidad. En el caso de que al día siguiente lo desalojaran de su casa, junto a su mujer y el hijo de esta, los servicios sociales no le podían ofrecer ninguna alternativa. 

Afortunadamente, aquel informe de vulnerabilidad, junto al escrito que la abogada de oficio presentó ante el Juzgado, consiguió suspender el desahucio de Miguelito. Después de unos meses quizás vuelva a tener una nueva fecha programada para el desalojo. Será entonces el turno de regresar a aquella sala a esperar, a ver si, por casualidad, de pronto hay alguna alternativa, alguna solución. 

Durante semanas mi imaginación ha vuelto a esa sala de espera, con la sensación de que, entre aquellos garabatos infantiles, podía esconderse algún mensaje escrito en tiza en la pared. Hasta que entendí que, como casi todo, solo era una metáfora de estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir. 

Como dicen mis compañeras de la Red Global de Abogades de Movimientos Sociales, ahora mismo en el mundo solo hay dos formas de gobernar la crisis del sistema capitalista: la versión autoritaria que responde a la crisis a través de la represión, o los gobiernos moderados que gestionan la misma de forma social. O, mejor dicho, como en servicios sociales: con normas no escritas, con listas de espera, sin poder impugnar el reparto desigual de la riqueza, con insuficiencia de recursos, y con niños y niñas que, a la espera de una solución real que transforme sus vidas, pintan con garabatos las paredes y muros digitales con soles amarillos, corazones rojos rotos, y un claro FUCK U azul.

¿Ustedes también ven de entre los garabatos una especie de casa o de elefante que se repite? A mí me parecen los velos, las kufiyas, y las capuchas coloridas de una generación de niños y niñas que hoy sufren el autoritarismo y la gestión social de una crisis estructural, y que mañana formarán una fuerza democrática y revolucionaria que dirá alto y claro FUCK U.

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Miguel Ruiz Díaz-Reixa es abogado y técnico de Vivienda y Ciudad del Observatorio DESCA y miembro de la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales. 

El Gobierno ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros un real decreto en materia de vivienda que incluirá ayudas a los propietarios de vivienda cuando los inquilinos no paguen el alquiler. Esta medida, que forma parte de los compromisos que se acordaron con Junts, es para el Gobierno “un aval para facilitar el acceso al alquiler”, pero los sindicatos de inquilinos y las organizaciones sociales no lo ven claro.

“Es una medida que no responde a un problema real, porque la mejor forma de garantizar que no se produzcan impagos es poniendo alquileres asequibles”, señalan desde el Sindicat de Llogateres de Cataluña. “Estamos totalmente en contra de que se utilice dinero público para financiar al sistema rentista de este país”, concluyen. 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son menos críticos, pero coinciden en las escasas posibilidades de la medida para un asunto, la vivienda, que cumple un año siendo el principal problema de los españoles, según el CIS. “Si la filosofía es que particulares saquen al alquiler viviendas deshabitadas, pues bien, pero tendrá una efectividad muy limitada”, concluye Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, detallaba que esta cobertura la gestionarán las Comunidades Autónomas. “Va dirigido a menores de 35 años o personas vulnerables y solo cubrirá a caseros que cobren una renta al alquiler que no supere el índice estatal de referencia”, señaló. “No es una medida nueva, porque la moratoria antidesahucios ya prevé compensaciones a los propietarios. Por otro lado, si nos fijamos en las cifras de impago respecto al alquiler, menos del 1% de los inquilinos son morosos”, explican desde el Sindicato de Llogateres de Cataluña.

La vivienda afronta la recta final del año con un gran dilema abierto: el fin de más de 600.000 contratos de alquiler que se firmaron después del covid-19 y que tendrán que renovarse a precios corrientes. Esto es, muy por encima de los que había en el momento en que se firmaron porque el importe se puede fijar libremente al término de los contratos. De hecho, un estudio realizado por el Ministerio de Consumo señala que esta gran renovación encarecerá la renta de los inquilinos de las zonas más tensionadas en hasta 4.600 euros anuales en 2026. A esto se une el fin de la denominada como “moratoria antidesahucios”, un escudo que impedía el desalojo de inquilinos en situación vulnerable y que, tras prorrogarse en varias ocasiones, terminará (si no hay cambios) el próximo 31 de diciembre.

“Hace años que decimos que la mayoría de la gente deja de comer antes que arriesgarse a perder un techo o su casa. De hecho, aquí el gran problema que tenemos es que quienes vivimos de alquiler estamos destinando un 40% o un 50% de nuestros ingresos a pagar las rentas”, insiste el sindicato.

En la tormenta que envuelve a la vivienda, tratar de movilizar las casas vacías para que se incorporen al mercado es una de las cosas que se plantean como solución. El INE estimaba en 2021 (último dato disponible) que en España hay alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías, un dato que incluye casas en lugares donde la gente no quiere vivir o lejos de centros de trabajo, pero que sirve para aproximar el impacto que podría tener la corrección de este fenómeno. Si se observan los análisis de portales inmobiliarios, Fotocasa señala que el 3% de los propietarios de vivienda tienen alguna casa vacía y entre estos, solo un 11% reconoce que la mantiene desocupada por desconfianza.

Del lado de los caseros, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), señala a infoLibre que valorarán la medida cuando se conozcan los detalles del texto del real decreto y se muestran cautos al respecto. Sobre lo que sí se han pronunciado es sobre la moratoria antidesahucios, que consideran “peligrosa” y piden que no se extienda. “Supondría profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho a la propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler”, concluyen en una nota de prensa.

En teoría, avalar el impago de los inquilinos podría incentivar a alquilar a quienes no ponen su casa en el mercado por miedo, pero desde lo social la lectura no es tan clara. Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) “el negocio del miedo” es lo que alimenta los enfoques destinados a proteger el beneficio de los arrendadores. “Me parece inaudito es que el Gobierno compre el marco del miedo, que está alimentado por todos los que viven de este negocio, como las empresas de desocupación, de alarmas de seguridad o grandes inmobiliarias”, señala la abogada.

La medida aprobada por el Gobierno incluirá, además del impago de rentas del alquiler, compensaciones por daños causados a la vivienda y por el coste de los suministros debidos. “Si el Estado es el que va a asumir la tarea de seguro de impago, se está trasladando el riesgo del negocio del rentismo a las administraciones públicas”, apunta Jacinto

Hasta ahora, además de la ley de vivienda, el Gobierno anunció la semana que la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, comenzaba a funcionar con 40.000 viviendas heredadas de la Sareb y suelos para construir. Aún no hay fechas concretas, pero el portal en el que se podrán solicitar estará operativo a lo largo de 2026 y será allí donde se puedan consultar los requisitos concretos de cada solicitud.

En el horizonte más próximo, insisten las agrupaciones sociales, amenaza ya una moratoria de desahucios a punto de caducar y una renovación masiva de contratos que puede poner aún más tensión en el mercado. “Teniendo en cuenta el problema de vivienda que tenemos lo que hay que hacer es tomar medidas inmediatas decretando la emergencia habitacional y tomando decisiones como la prórroga forzosa de los contratos de la pandemia y de la moratoria antidesahucios”, concluye la abogada de CAES.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una querella colectiva presentada contra un fondo de inversión por presunto "acoso inmobiliario" a los vecinos de un edificio del barrio madrileño de Lavapiés.

Los responsables del fondo Elix Rental Housing Socimi II declararán ante el juez como investigados el próximo 19 de febrero, ha dicho en rueda de prensa la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto, quien ha destacado que es la primera querella colectiva presentada en España contra un fondo de inversión.

Están citados altos cargos, uno de los socios fundadores y uno de sus directivos, además de dos trabajadores del grupo Elix, el arquitecto y el jefe de la obra puesta en marcha en el edificio en noviembre de 2024 para "expulsar a los vecinos haciéndoles la vida insoportable". "Lo relevante en estas imputaciones es que se cita a declarar como investigada a la persona jurídica, es decir, al propio fondo buitre", según Jacinto, para quien el juzgado ve "indicios más que suficientes para entender que hay acoso y hostigamiento", con una afectación a los vecinos "en su salud física, mental e integridad moral". También está imputada como persona jurídica la gestora que se encargaba de las relaciones con los inquilinos.

El presunto acoso ha sido "provocado por unas obras que están haciendo insoportable vivir en Tribulete, 7", por lo que algunos han tenido que abandonar el edificio al "no poder aguantar más esas presiones y esa situación de hostigamiento permanente".

Diez personas interpusieron la querella en representación de un bloque de cincuenta vecinos, muchos de ellos de renta antigua y que llevan viviendo muchos años en el inmueble.

Tanto el acoso inmobiliario como las coacciones agravadas, al ser sobre la vivienda habitual tienen penas previstas en el Código Penal de seis meses a dos años de prisión, además de la posible disolución de la persona jurídica, según Jacinto.

En marzo de 2024, el fondo adquirió el bloque y anunció la no renovación de los contratos a los inquilinos, y en noviembre empezaron las obras con "amenazas y coacciones diarias" que han obligado a Policía y bomberos a intervenir en varias ocasiones. "Es un primer éxito porque hasta la fecha no recordamos que ningún fondo buitre haya sido imputado como sociedad por este tipo de delitos", según la portavoz del sindicato de Inquilinas, Ruth Galán. "Ahora se da un paso histórico al sentar al gran tenedor en el banquillo de los acusados", concluyen.

Más de un centenar de inquilinos pueden quedarse en la calle por un acuerdo extrajudicial entre la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), vinculada al arzobispado de Madrid, y las sociedades Intuitiva y Tapiamar Partners. La historia es larga y se remonta seis años atrás, cuando Fusara, que había recibido los inmuebles de una donación, los vendió por 64,3 millones de euros a Tapiamar, un precio muy por debajo del valor de mercado, que los inquilinos decidieron denunciar, pues les abocaba a perder sus casas. “Que viviendas donadas con fines sociales terminen en manos de fondos buitre es un fracaso de la sociedad”, resume Jesús, uno de los vecinos afectados. Pero entre tanto, ese proceso se judicializa y la operación se detiene por presuntas irregularidades que también llevan al Registro de la Propiedad a frenar la venta de cinco de estos bloques, al detectarse anomalías en la inscripción de compra. 

El escándalo salpicó al Arzobispado, al patronato de la fundación y a los empresarios involucrados. Roberto de Juan, administrador de Tapiamar a través de Chávarry Abogados, acabó imputado en 2024 durante la investigación del Caso Fundaciones —un proceso judicial sobre una presunta trama para expoliar patrimonio de varias fundaciones de la Iglesia— por un posible delito de estafa. 

En medio de este mar de irregularidades han quedado atrapados los inquilinos, que cada vez ven más cerca el momento de tener que abandonar sus casas debido a que el acuerdo extrajudicial podría llevar a que se levantasen las medidas cautelares que pesan sobre las casas y finalmente los fondos de inversión se hagan con ellas.

“Ni los vendedores ni los posibles compradores han aclarado qué solución se ofrecerá a las familias arrendadas, muchas de las cuales son personas de edad avanzada que residen en estos edificios desde su nacimiento”, señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que representa a los afectados. Muchos de ellos han recibido ya burofaxes en los que se les informa de que no van a renovarse sus contratos y se les insta a entregar las llaves “bajo amenaza de desahucio”. 

La pasada semana los afectados se manifestaban frente al Arzobispado. Ahora es el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, donde se dirime este caso, el que debe decidir si mantiene las medidas cautelares sobre el traspaso de los 13 edificios. Lo hacían porque el acuerdo extrajudicial les coloca un paso más cerca de perder sus hogares. Jesús es uno de los afectados que lleva seis años en lucha, cuenta que después de su primera demanda en 2019, el Arzobispado abrió una investigación y se personó incluso como acusación particular, alegando que los gestores laicos del patronato habían actuado a sus espaldas, pero luego esto cambió.

“Ahora han decidido que se retiran de la acusación contra los compradores, que además están imputados por estafa y por corrupción”, señala el afectado, que explica que Fusara también ha pedido que ellos como acusación popular salgan del proceso judicial. De hecho, en el acuerdo prejudicial que ratificaron recuperan para la fundación uno de los edificios, el situado en la calle Barquillo de Madrid y que es la sede de la institución, pero dejan los demás.

“FUSARA acuerda con TAPIAMAR la modificación de la venta de 14 edificios en Madrid, incrementando el precio en un 54% y recuperando la titularidad de su sede en Barquillo 22, realizada en 2019 por sus anteriores gestores, hoy encausados en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid”, señala un comunicado publicado en su página oficial después del acuerdo suscrito en julio. El incremento del precio desde aquella primera propuesta alcanza hoy los 99 millones de euros, aunque Fusara ya habría recibido 37 millones que corresponden a la operación de 2019.

La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) es una fundación civil cuyo patronato, señala el Sindicato, debe estar integrado por miembros del ámbito eclesiástico y civil. Entre sus miembros, apuntan, está el Arzobispo de Madrid, el Alcalde de la capital, el Delegado del Gobierno en Madrid, el Consejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el Decano del Tribunal Supremo de la Rota, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como los párrocos de las parroquias donde radican los centros de San Ramón y San Antonio —hoy San Juan de Rivera— y de Santamarca —hoy Parroquia de la Asunción—. Se funda en 2008, según recoge el registro de la Comunidad de Madrid, y está orientada a “la formación de los niños y jóvenes”, tal como señalan en su página web.

“El acuerdo de julio fue adoptado únicamente por párrocos, sin la participación de ninguno de los representantes civiles que estatutariamente deben formar parte del Patronato, lo que constituye una grave irregularidad y vulnera las normas fundacionales que garantizan la naturaleza civil de la entidad”, protesta el Sindicato de Inquilinas, que reclama una solución para los vecinos afectados.

El Arzobispado, explica Jesús, trata de desvincularse. “Ellos dicen que Fusara es una asociación civil, pero el patronato está formado por sacerdotes y está presidido por el Arzobispo de Madrid. Además, qué casualidad que, en su momento, el Papa Francisco se hiciese eco de esto y mandase un enviado especial. Algo extraño si, como dicen, no se trata de una organización no religiosa”, concluye.

La intención de los afectados es seguir en la causa para evitar el desahucio, explica Jesús. “Vamos a seguir haciendo lo mismo que en esto seis años, luchando por lo que creemos que es justo. Es una desvergüenza que cosas que tienen un fin social acaben en manos de fondos buitre”, concluye.

Trump vuelve a pasar el cepillo: que si España debe la trimestral de la OTAN, blablablá. Los próceres patrios discuten (como buenos provincianos del imperio) si el presidente nos tiene enfilados o si el corresponsal de la oposición se la pone botando. Para aumentar el sonrojo, los ministros entran en la refriega. Puente, que no pasa un día sin que se le pare el tren, centra sus esfuerzos en las lecciones de periodismo.

No es que el servilismo se haya inventado ahora: ninguno de nuestros gobernantes ha declinado un convite en la Casa Blanca, como ninguno de sus partidarios ha perdido la ocasión de felicitarse por lo bien que el amo del mundo le ha rascado el lomo a su empleador. Lo novedoso, creo, es tener a todo el país preocupadísimo por los rapapolvos que nos suelta un jefe de Estado extranjero al que no adorna ni media virtud.

En fin, como la geopolítica es muy importante, el presidente Sánchez se ha plantado en Bruselas, a ver si allí, entre mejillón y patata, le dan solución para el asuntillo de la vivienda. ¡Comienza la ofensiva contra el rentismo! Atiende: en semana y media nos ha caído un anuncio patético, el advenimiento de un teléfono informativo y un viajecito a Bélgica. Si la vehemencia le llega hace siete años, ahora tendríamos todos tres chalés pareados. La cosa sería divertidísima si no fuese trágica. Hará un par de días, un octogenario prefirió volarse los sesos antes que quedarse en la calle. La maniobra pilló a la comitiva judicial in situ: el pobre viejo esperó hasta el último segundo. Leo que había dejado a deber dos mil y pico euros y que el banco le subastó la casa. Seguro que la entidad no es de esas que rescatamos, porque sería una desfachatez. Si nada lo impide, la semana que viene «lanzarán» (asqueroso eufemismo) a Maricarmen de su casa en el barrio de Retiro. La mujer tiene casi noventa y lleva setenta en el domicilio. Ahora, un amabilísimo fondo buitre («la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado», dijo aquel ministro favorito) ha comprado su edificio y ha encarecido groseramente los alquileres.

Pero todos tranquilos, que el Gobierno se ha puesto las pilas: algún edecán reparó en que «hace cuarenta y siete años del artículo cuarenta y siete de la Constitución» (y del veintidós, ¡y del dieciséis!) y habrá corrido por los despachos vociferando que era una señal del cielo. Si no llega a ser por la efeméride, acabamos todos bajo un puente.

«¿Qué es la política útil?», se preguntaba Pedro la otra mañana en un videíto vertical. «La que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación». No hablaba de los derechos fundamentales, sino de la conveniencia de cambiar la hora un par de veces al año. No sé cuántas manifestaciones por el derecho a la vivienda llevamos los últimos años, pero juraría que son más que las convocadas contra el horario de verano. Me pregunto qué dirá la ciencia (marca registrada) sobre los beneficios que para los biorritmos –y la salud en general– tiene no vivir con el miedo constante a que a uno lo dejen sin hogar. Ojalá alguien mande un paper a la Moncloa. 

El octogenario que se ha disparado este martes en Torremolinos (Málaga) en el momento en el que una comitiva judicial acudió a su domicilio para desalojarlo por una ejecución hipotecaria ha fallecido en el hospital, según han confirmado a EFE fuentes sanitarias.

El hombre había sido evacuado de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga tras dispararse cuando la nueva propiedad del inmueble acudió a la vivienda para tomar posesión del mismo.

Según han dicho a EFE fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada a la entrada de este municipio malagueño, en la zona del antiguo orfanato- había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Hasta el domicilio se han desplazado la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

Cuando han llamado al timbre y han tratado de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, ha intentado quitarse la vida y se ha disparado en la cabeza, según las fuentes.

En el momento en el que los agentes de Policía han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que han dado aviso a los servicios de emergencia, que lo han trasladado hasta un centro hospitalario próximo.

Un hombre de 73 años se ha suicidado en Barcelona tras ser desahuciado del piso en el que vivía en el barrio del Raval, vivienda a la que acudió horas después alegando que había ido a buscar ropa, aunque acabó precipitándose por el balcón, recoge EFE.

Sobre las once de la mañana de ayer jueves, una comitiva judicial ejecutó el alzamiento de esa vivienda, situada en la calle Robadors de Barcelona.

Horas después, hacia las seis de la tarde, sonó la alarma del piso que había sido instalada tras el desalojo, por lo que agentes de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar para determinar lo que había motivado que aquella se activara, según han informado a EFE fuentes de los Mossos.

La Policía de la Generalitat halló en el interior del piso al hombre que horas antes había sido desahuciado, quien argumentó que estaba cogiendo ropa.

Sin embargo, el hombre corrió hacia el fondo del balcón y se precipitó desde un tercer piso por el patio interior del inmueble.

Los Mossos, según fuentes policiales, intentaron sujetarlo y contenerlo para que no se tirara, pero no lo lograron y, después, lo auxiliaron sin éxito hasta que llegaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la vivienda era propiedad de un particular, no de un gran tenedor, el cual había presentado una demanda para desalojar a los ocupantes "ignorados" de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia 2 admitió la demanda y abrió un incidente de ocupación, comunicando los hechos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar un informe y adoptar las medidas pertinentes.

El informe de Servicios Sociales señaló que la persona que había sido encontrada dentro de la vivienda el pasado 14 de febrero había renunciado al Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).

El SIPHO acudió en tres ocasiones al domicilio sin que nadie le abriera le puerta, por lo que dejaron notas de contacto pero al no obtener respuesta, comunicaron la imposibilidad de realizar un informe por renuncia y falta de contacto.

El 26 de ese mismo mes se intentó, en dos ocasiones, notificar el procedimiento judicial, pero no se encontró a nadie en la dirección de la vivienda objeto de la demanda. El 1 de abril se intentó una nueva notificación, pero tampoco había nadie dentro del piso.

En un auto del 9 de abril, el juzgado decidió no suspender el procedimiento al no poder valorarse la vulnerabilidad del inquilino, y un día después se acordó la recuperación inmediata del inmueble, fijando el alzamiento para ayer, 12 de junio.

El 25 de abril se notificó el desahucio a la persona que se identificó como ocupante de la vivienda.

Según el TSJC, la persona que ayer fue desalojada no es la misma a la que se le había notificado el desahucio.

Al hombre que ayer fue desalojado se le notificó que debía abandonar la vivienda y los Mossos, previa autorización de los funcionarios, le entregaron algunas pertenencias como la documentación, teléfono móvil y ropa. Le explicaron que para recoger el resto de sus pertenencias podía ponerse en contacto con la propiedad.

A José Ferreira la compra de su vivienda en Madrid por parte de un fondo de inversión le pilló por sorpresa. Ocurrió hace dos años, cuando les notificaron que sus contratos de alquiler no se iban a renovar y que debían abandonar sus casas, pero los vecinos se negaron. Hoy, en la estrecha calle adoquinada de San Ildefonso, situada en el barrio madrileño de Lavapiés, su portal es un ir y venir de obreros y materiales de construcción almacenados a la puerta. “Su intención era vaciar el edificio, hicimos ofertas para tratar de renegociar los contratos e incluso intentamos formar una cooperativa de vivienda en cesión de uso y comprar el edificio”, explica Ferreira. Nada de eso funcionó y aquí comenzó su penitencia burocrática y unas obras interminables con las que llevan tiempo conviviendo.

La casa en la que vive Ferreira fue adquirida por la empresa Atm Tyr Real Estate SL, una sociedad creada poco antes de la compra del bloque y en la que confluyen Trier Capital España S.L. y Taviria Capital SL, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que les asesora en este laberinto burocrático. Cuando trataron de proponerles una compra para crear una cooperativa en cesión de uso, el precio fijado echó por tierra cualquier posibilidad: la empresa pidió 5,1 millones de euros.

Uno de los atractivos del edificio para el negocio inmobiliario es que es de propiedad vertical, es decir, todo es de un mismo propietario. Esto resulta muy atractivo para los inversores porque, en Madrid, el Plan Reside impulsado por el ayuntamiento prohíbe los pisos turísticos dispersos en el centro de la ciudad, aunque los permite cuando el bloque entero está destinado a ese modelo de negocio. “Esta legislación es un incentivo para que los propietarios de bloques transformen los edificios de uso residencial, en vivienda turística de forma muy sencilla”, explica Alejandra Jacinto, abogada experta en vivienda. “Es una iniciativa que no soluciona lo que hay y que agrava el problema”, concluye.

“Lo habían comprado por 4,4 millones y pretendían venderlo en 5,1 millones. Evidentemente, se descartó la posibilidad”, señala José Ferreira. Después, la propiedad del edificio pasó a manos de otra sociedad y las comunicaciones se cortaron. “Fue la segunda venta en menos de un año, pero tampoco nos lo notificaron. No hemos tenido ningún contacto con la propiedad desde entonces, hemos escrito correos a través del sindicato, reiterando nuestros propósitos de adquirir el inmueble, de negociar contratos…”, concluye. Lo que sí recibieron fue un burofax que les instaba a marcharse y una oferta informal de 3.000 euros si lo hacían de forma inmediata.

En este momento, viven vecinos en nueve viviendas, siguen pagando el alquiler aún fuera de contrato, pero nada ha funcionado de momento para evitar el desalojo. Así, en marzo de este año comenzaron las obras en el edificio. “Han demolido 15 viviendas de un plumazo y convivimos con esto. El propósito no es otro más que incomodarnos, aunque ellos se acogen a que han firmado una declaración responsable para iniciar las obras”, concluye.

Más obras y silencio absoluto por parte de los propietarios es lo que están viviendo Joan Álvarez y su familia. Otros inquilinos, en este caso del barrio Gótico de Barcelona, que saben bien lo que es encontrarse con que su casa sea un activo de inversión con altísima rentabilidad. Después de 25 años viviendo en el mismo piso, los herederos de la propietaria, una gran tenedora, decidieron rescindir los contratos de los vecinos. Aquí empezó un proceso de negociación que tiene muchos paralelismos con el que está viviendo Ferreira en Madrid. “Intentamos negociar una renovación, pero se negaron y continuamos pagando. Acudimos al Sindicato de Llogateres de Cataluña y después ya no volvimos a hablar”, explica. “Se negaron a hablar con nosotros pese a que enviamos correos regulares invitándoles a hacerlo. El único contacto que recibimos fue por parte de su abogado y lo hizo para advertirnos que no debíamos intentar comunicarnos con los propietarios”.

Enfrentarse a un fondo o a una empresa inversora requiere también un curso acelerado de terminología jurídica, marcos legales, plazos y un sinfín de documentos. Joan, que vive con su pareja y su hija de 17 años, hace hincapié en que ha cambiado la forma de concebir la vivienda: “ya no somos inquilinos, sino personas a las cuales se les puede sacar el máximo dinero posible”, señala. Relata que cuando llegaron a la finca en la que viven, ellos pagaban y sentían que sería su casa para siempre, ya que su casera era una gran tenedora, pero eso ha cambiado porque su hogar se han convertido en un activo de inversión cada vez más rentable. Para Joan no es una cuestión de buscar otro lugar, sino del constante peregrinaje al que se ven sometidos quienes viven en alquiler: “Nos vamos a ir de aquí, ¿para qué?, ¿para que nos echen en cinco años de otro piso porque quieren subir el precio?, ¿y cuándo tenga 80 años sigo con la mudanza?”, concluye. Un montón de preguntas sin una solución aparente a corto plazo.

Txema Escorsa es vecino del barrio de Gràcia de Barcelona, aunque no sabe por cuánto tiempo. “El edificio, que tiene 11 viviendas, lo compró un fondo de inversión holandés en diciembre de 2023. El anterior propietario ya había dejado de renovar los contratos cuando decidió venderlo y los nuevos dueños nos notificaron que tampoco lo harían porque querían hacer reformas”, explica. Las reformas resultaron ser para la construcción de un coliving, una modalidad de alquiler por habitaciones y de corta duración que no está sujeto a las restricciones de la ley de vivienda, por lo que permite precios por encima del tope que impone la regulación autonómica de Cataluña. “Están troceando cada piso vacío en tres habitaciones. Los vecinos que quedamos pagamos un alquiler por piso de en torno a 800 euros, ellos alquilan cada habitación por hasta 980 euros. Sacan unos 3.000 euros por piso”, resume. "El mayor problema que estamos viendo los sindicatos en las zonas donde si se aplica la regulación de precios es que la Ley de Vivienda no incorporó ni los alquileres temporales ni los colivings", señalan desde el Sindicat de Llogateres. Esto, advierten, lleva a que se estén desviando los contratos de alquiler habitual hacia estas modalidades para esquivar la norma. “Está provocando una oleada de expulsiones masivas”, concluyen.

Como en las anteriores historias, también ellos, cuando se negaron a marcharse, comenzaron una penitencia burocrática y judicial que sigue su curso. “Todo el año pasado estuvieron haciendo obras y ahora, quienes nos hemos quedado, tenemos sobre la mesa demandas por desahucio”, detalla Txema. Cuenta que han pedido nuevos contratos y están tratando de negociar, asesorados por el Sindicat de Llogateres, pero la comunicación es nula.

El fondo, New Amsterdam Developers, puso en cada bloque que adquirió un administrador de fincas que se reunió con los vecinos, pero solo para ofrecerles una prórroga de seis meses para vaciar la casa. “Lo más cerca que hemos estado de hablar con ellos ha sido en febrero, a través de los abogados, que vinieron para decirnos que querían que nos fuéramos. Además, argumentaban que al tratarse de un fondo extranjero, eran muy poco permeables a nuestra situación y a las demandas que pudiéramos hacer”, concluye. A la diferencia de fuerzas entre unos pocos inquilinos contra un fondo de inversión internacional, se sumaba aquí una cadena de intermediarios que complica mucho más una negociación razonable. “Con la práctica te vas haciendo experto en temas de leyes, qué aplica o no a tu caso y a qué administraciones acudir para que se cumplan… Es un máster acelerado”, explica el vecino de Gràcia.

A todas estas conversaciones subyace el convencimiento de estar luchando por un derecho, pero también muchas dudas acerca de si lo lograrán. “Estamos a la espera de que se regule el alquiler por habitaciones y el temporal y, aunque no garantiza nada, estamos haciendo esto como una denuncia pública”, concluye Escorsa. Joan Álvarez también insiste en que “el alquiler está dejando de ser una opción” y resalta el sinsentido que supone tener que elegir entre comprar una vivienda a precio estratosférico o “acostumbrarnos a vivir permanentemente con la mochila puesta”. Para José Ferreira lo que peligra, además de su casa, es la estructura misma de una ciudad que corre el riesgo de volverse decorado: “Hemos cambiado a los antiguos caseros por nuevos rentistas y eso va a cambiar también la morfología de la ciudad”.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos creció un 2,4% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar los 2.426 procesos, con lo que suman dos trimestres al alza, según los datos publicados este miércoles por el INE que recoge EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el primer trimestre de 2025 fue de 5.531, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se incrementaron un 4,5% en tasa interanual, si bien se redujeron un 5,3% desde el cierre de 2024. Los embargos sobre viviendas concentraron el 62,0% del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre y un 43,9% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas. Un 9,0% correspondían a personas jurídicas y el 9,1% restante a otras viviendas de personas físicas, mientras que las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas representaron el 29,0% del total.

Si se atiende al estado de las viviendas, el 6,6% de las ejecuciones hipotecarias recayó en viviendas nuevas, una cifra que se redujo un 43,3% en tasa interanual; y el 93,4% sobre usadas, que creció un 10,0%. El 16,0% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007, el 14,6% a hipotecas hasta 2004 y el 13,2% a hipotecas de 2006. De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 48,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Andalucía, con 1.508; Cataluña, con 1.096; y la Comunitat Valenciana, con 780. En el otro extremo de la tabla, la Comunidad Foral de Navarra, con 19; Cantabria, con 40; y La Rioja, con 43, registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (con 816), Cataluña (con 794) y la Comunitat Valenciana (con 525) presentaron el mayor número de embargos, en tanto que la Comunidad Foral de Navarra (14), La Rioja (24) y Cantabria (25) tuvieron las cifras más bajas.

“La vivienda no es el quinto pilar, es el primero, porque sin casa no puedes hacer una vida, no estás anclado en la sociedad”. La frase es de Richard Rodríguez, que sentado en un banco del madrileño barrio de Villaverde, explica como es vivir pendiente de un desahucio y sin los recursos suficientes para poder asumir un alquiler. “Vivíamos en un piso de un particular en Vallecas, pero después de la crisis nos quedamos en paro y no podíamos pagar”, señala. Cuenta que se marcharon porque no le querían generar una deuda a su casero y tras pedir ayuda a los servicios sociales y no recibir respuesta, terminaron ocupando el apartamento en el que viven. El piso que comparte con su mujer, Josefa Hernández, y sus tres hijas, ha sido propiedad del banco BBVA, del fondo de inversión estadounidense Cerberus y ahora está en manos de la sociedad Metahouse. 

En los diez años que llevan en esta casa lo han intentado todo para regularizar su situación, desde pedir a los sucesivos propietarios un alquiler social, hasta llevar su caso ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (DESC), que paró su desalojo y exigió a España una alternativa habitacional para ellos. Sin embargo, siguen sin tener un lugar seguro en el que vivir. “No es ocupación, es necesidad. Después de la primera orden de desalojo en 2014 fuimos a juicio con el BBVA y el juez nos absolvió del delito de usurpación porque estábamos en situación de vulnerabilidad”, explica. Sin embargo, los mandatos judiciales para que abandonasen la casa sin alternativa habitacional siguieron llegando: “vamos por el noveno”.

Richard trabaja puntualmente como mediador intercultural para el Ayuntamiento de Madrid, pero ha pasado por otros empleos en el sector de la seguridad, los mercadillos o la hostelería. Josefina, como prefiere que la llamen, ha sido dependienta y sus hijas están aún estudiando. “No somos delincuentes, solo queremos un sitio en el que vivir en paz, en esta casa o donde sea”, sentencia.

Su historia, como la de muchos españoles, comenzó a complicarse cuando ambos perdieron su trabajo después de la crisis de 2008. Despidos, contratos parciales encadenados, precariedad, subsidios de desempleo y, finalmente, una ayuda social: “ya éramos pobres y no lo sabíamos”. Rodríguez cuenta que empezaron pidiendo pequeñas ayudas a familiares para llegar a fin de mes, hasta que la situación se volvió inviable. “Uno no cuenta que está económicamente mal porque da mucha vergüenza”, señala. Sin embargo, la realidad se impuso y con 250 euros entrando en casa ya no se podían permitir pagar los 500 euros del alquiler. 

“Pedimos vivienda social y no llegó, tampoco encontrábamos ningún alquiler asequible. Nos dijeron que había pisos vacíos en el barrio, de gente que había sido desahuciada y nos vinimos”. Con la ayuda de algunos vecinos y de familiares, se mudaron poco a poco hasta que se instalaron. “La señora Luisa, que vive encima, nos conocía, hablo con el presidente de la comunidad y estuvimos unos meses sin problemas hasta que un día llegó un guardia de seguridad y avisaron a la policía”, relata. Eso fue en 2014 y así empezó su periplo por juzgados, organizaciones, oficinas y despachos de abogados. Cada cierto tiempo Richard hace girar la conversación hacia la necesidad de tener una vivienda, un lugar para sus hijas, un sitio al que volver después del trabajo: “no nos queremos aprovechar de nadie”. 

El sistema no responde para casos como el suyo, para necesidades inmediatas que no admiten plazos porque la alternativa es dormir en la calle. “Si fueran desahuciados, y no sabemos cuándo puede pasar eso, las administraciones públicas no les darían ninguna solución”, explica Javier Rubio, abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El motivo es que la Comunidad de Madrid impide solicitar vivienda social a quienes están en una casa ocupada, una norma que desde el CAES intentan recurrir en los tribunales. “Es una profunda injusticia porque casos como el de esta familia se quedan sin solución posible”, concluye Rubio. 

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. El año pasado se realizaron un total de 27.564 desahucios a nivel nacional, según los datos del Consejo General del Poder Judicial y el 74,6% de estos lanzamientos afectaron a inmuebles de alquiler. Rentas cada vez más altas, especulación y una demanda que no cesa, mantienen a este sector como un negocio que cada vez deja atrás más presupuestos familiares. En cuanto a la okupación, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el total de denuncias por allanamiento o usurpación en 2024 apenas supusieron el 0,06% sobre el parque total de viviendas.

“Solo queremos un alquiler ajustado a los ingresos, es justicia social”, remarca Richard. Y de hecho, estuvieron a punto de conseguirlo. “El fondo Cerberus nos preguntó cuánto podríamos pagar, le mandamos una propuesta y nos pidieron documentos. Preparamos todos los papeles y justo antes de firmar dejaron de responder”, lamenta Josefina. “Lo peor de todo es que te ilusionas, que piensas que por fin se va a terminar esto, pero luego nada”, explica. 

En el salón de su casa —junto a las fotos que reposan en una estantería y los juguetes de su niña pequeña— decoran la pared algunos recortes de periódico de las pequeñas victorias que han ido consiguiendo. Uno de ellos narra la resolución de la ONU reclamando al Gobierno que les facilite una alternativa y reconociendo su derecho a la vivienda. La petición la elevaron en 2018, cuando ya lidiaban con varias peticiones de desahucio y el organismo, aplicando un protocolo vinculante que España había ratificado en 2013, exigió medidas cautelares para proteger a la familia. Así fue como su historia viajó de Villaverde a la ONU.

Otro recorte muestra la película En los márgenes, de Juan Diego Botto, que se inspiró, entre otras, en la historia de Josefina y Richard para hablar del drama de los desahucios. Ellos fueron algunas de las voces que ayudaron a poner el tono de realidad en la pantalla del cine. “Cuando estábamos en el rodaje justo nos llegó otra orden de desahucio, así que más realista no podía ser”, dice con cierta resignación.

Es difícil separar el recorrido vital de Josefina y Richard del laberinto judicial que intentan atravesar para no quedarse en la calle, porque su lucha les ha llevado al activismo. “Mañana desahucian aquí al lado a una familia y vamos a estar”, explica, e insiste en que hay un “abandono institucional” en lo que a la vivienda se refiere. “Cáritas, Cruz Roja, servicios sociales, agencia de vivienda social, Hogar sí, hemos tratado con todos los organismos de vivienda posibles”, enumera Rodríguez, que dice tener la esperanza de que el camino que han abierto sea más llevadero para quienes, más adelante, no tengan más remedio que pasar por lo que ellos están pasando.

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ha fijado el 10 de junio como nueva fecha para el desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos) y cita a todas las partes a una vista previa para el 13 de mayo, justo un año después de que este grupo de religiosas anunciasen su salida de la Iglesia Católica. Sin embargo, el abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, no cree "de ninguna manera" que el desahucio, en caso de que así lo resuelva la jueza tras la vista oral, vaya a producirse el 10 de junio, entre otras consideraciones legales, porque la defensa de las monjas lo recurriría ante la Audiencia Provincial, según ha explicado en declaraciones a la EFE.

La decisión de la jueza llega después de que rechazara el pasado 21 de febrero la pretensión de las exreligiosas del Monasterio de Santa Clara de Belorado de suspender el procedimiento de desalojo. El juzgado no admitió la petición de vincular la resolución de la demanda de desahucio presentada el pasado septiembre por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, -como comisario pontificio- a la demanda interpuesta por las exmonjas contra su nombramiento, por lo que el procedimiento de desahucio sigue su curso procesal.

La Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha recordado que este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado del cisma y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado. Por otro lado, la atención y cuidados que precisan estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al Monasterio.

La decisión que vaya a tomar la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca tras la vista previa del 13 de mayo afectará a ocho de las monjas que fueron excomulgadas el pasado mes de junio ya que desde entonces dos de ellas ya han abandonado el convento.

De las ocho exclarisas restantes, tres se han trasladado a Asturias, donde las exreligiosas han abierto un restaurante en Arriondas que les cuesta 1.600 euros mensuales de renta, un nuevo negocio para incrementar sus ingresos y al que han traslado su obrador ante la imposibilidad de continuar con la actividad en Belorado.

Problemas de índole económico, derivados entre otras cuestiones de la caída de la actividad del obrador tras la pandemia de la covid-19, unidos a una trama inmobiliaria vinculada a la venta del convento de Derio (Bizkaia), están detrás de la decisión de la comunidad de Belorado de separarse de la Iglesia católica, que comunicaron el mayo del pasado año mediante una carta y un manifiesto.

El abogado de las exreligiosas, Aláez, no descarta pedir la suspensión de la demanda por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran siete de las ocho exreligiosas -declarada así por los servicios sociales de la Diputación de Burgos- y, además, queda pendiente que la jueza resuelva su petición de acumulación de los procesos, tras la demanda interpuesta en julio contra Iceta, en su condición de comisario pontificio.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2024 creció un 18,3%, hasta 23.164 procedimientos, con lo que se rompió la tendencia a la baja que comenzó en 2022, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos por EFE.

Los lanzamientos, desahucios o embargos de una propiedad para su venta, que afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, aumentaron un 3,4% rompiendo así la tendencia a la baja desde 2022; los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 3,6%; y los derivados del impago del alquiler aumentaron un 4,5%.

Un 74,6% de los lanzamientos (20.558) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (el 18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 1.933 restantes obedecieron a otras causas.

En la mayoría de las comunidades autónomas aumentó el número de ejecuciones hipotecarias, con Andalucía como el territorio donde, en términos absolutos, se presentaron más procesos (5.519), seguida de Cataluña (4.491), la Comunitat Valenciana (3.403), Madrid (2.204) y Murcia (1.229).

Si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Murcia, con 78; seguida de la Comunidad Valenciana, con 63,5; Andalucía, con 62,7; Cataluña, con 55,7; y Castilla-La Mancha, con 53,2.

El número de lanzamientos o embargos practicados en 2024 fue de 27.564, un 3,4% más que un año antes, y un 74,6% fue por impago del alquiler, que crecieron un 4,5%. Cataluña –con 7.381, el 26,8% del total nacional- fue donde se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.027; la Comunidad Valenciana, con 3.610; y Madrid, con 2.375.

Dentro los embargos por impago del alquiler, Cataluña ocupa la primera posición, con 5.539; seguida de Andalucía, con 2.712; la Comunitat Valenciana, con 2.517; y Madrid, con 2.317. También en lo relativo a los embargos derivados de ejecuciones hipotecarias es Cataluña quien lidera la clasificación con 1.121 procesos, seguida de Andalucía, con 994; la Comunitat Valenciana, con 915; y Murcia, con 423.

La Casa Orsola se ha erigido como símbolo de lucha ante la especulación urbanística que sufre el centro de Barcelona. La historia del inquilino Josep Torrent contra el fondo Lioness Inversiones apela a un sentimiento universal en Barcelona. Por ello ha logrado un respaldo popular tan grande que ha frenado en dos ocasiones el desahucio y ahora la propiedad ha vendido el bloque entero al Ayuntamiento de Barcelona mediante la entidad Habitat3. La capacidad de organización del Sindicato de Inquilinas ha sido clave, pero lo que ha decantado la balanza han sido las miles de personas que han salido a la calle ante la finca y han logrado que se mediatizara el caso. Se podría decir que es la historia de Josep contra Goliat si no fuera porque en Barcelona hay decenas de miles de ‘Joseps’, y precisamente en ello reside la fuerza del movimiento por la vivienda.

Concretamente, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha cuantificado recientemente que hay como mínimo 8.716 pisos que están inmersos en un proceso especulativo similar al de la Casa Orsola entre 2016 y 2024. La FAVB ha localizado estos pisos que forman parte de 400 edificios especulativos de gran rehabilitación y 200 de nueva planta. “Son cifras provisionales, quizás serán más”, explica Jaume Artigues, miembro de la Comisión de Vivienda de la FAVB. La Federación avanzó algunas de las conclusiones del informe ‘SOS habitatge: anàlisi de la situació a l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal’, que se presentará en las próximas semanas.

Estos más de 8.500 pisos forman parte de edificios de propiedad vertical en los que ha habido o está habiendo un proceso de especulación y de expulsión de sus vecinos. La FAVB denuncia que “se compran fincas enteras a marchas forzadas”. La cifra cuantificada responde a edificios recién comprados, en fase de cancelar los contratos de alquiler y vaciar el edificio, en fase de rehabilitar o hacerlo de nuevo y en fase de ponerlo en el mercado. La recolección de datos se ha hecho gracias a la colaboración con distintas asociaciones vecinales, la consulta de expedientes de obra, de portales inmobiliarios y de un trabajo específicamente realizado en el distrito del Eixample.

La asociación de vecinos de Nova Esquerra de l’Eixample, barrio al que pertenece la Casa Orsola, ubicó recientemente en el mapa 44 edificios de propiedad vertical en rehabilitación para hacer nuevas promociones. Si ampliamos un poco la lupa, solamente en el distrito del Eixample, la FAVB cuantifica cerca de 200 edificios que se encuentran en una situación similar a la de la Casa Orsola.

El resultado de todo este proceso es el encarecimiento del precio final de la vivienda en el mercado de venta o de alquiler. Jaume Artigues (FAVB) explica que muchas de estas viviendas se dirigen al mercado internacional. “Los pobres no pueden pagar una piscina”, critica Artigues, y se da un proceso que “expulsa a los vecinos al barrio de al lado”.

La diferencia de precio de venta entre un bloque convencional y otro que haya sido comprado por inversión no sólo afecta al centro de la ciudad. La Federación de Vecinos ha cuantificado que en barrios periféricos como Nou Barris puede ser del 90% o del 70% en Sant Andreu. Aunque el comisionado de vivienda de la FAVB también considera que gran parte de este mercado acaba yendo hacia el alquiler de temporada o de habitaciones.

Las vecinas del bloque del C/ Llançà 20, a apenas 500 metros de distancia de la Casa Orsola, son otras de las afectadas por el proceso gentrificador que denuncian las federaciones de vecinos. El conocido como ‘bloque papallona’ (por el elemento de decoración que corona el edificio) también sintetiza el gran problema que tienen vecinos y vecinas cuando un fondo de inversión compra su bloque entero. En su caso, un fondo holandés compró esta finca modernista en julio de 2024 y meses después sus inquilinos recibieron una misiva para echar a quienes estuvieran en prórroga de contrato vía burofax. El objetivo final: echarlos a todos para reformar el bloque, compartimentar los pisos y hacer alquiler de habitaciones. 

La empresa matriz tiene otras fincas en Barcelona, explica Anna Olesti, vecina del bloque y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya. “Trocear los pisos y alquilarlos por habitaciones les permite poner precios desorbitados y ganar mucho más que alquilando el piso entero”, explica. Para su bloque crearon la sociedad limitada NAD Llansa, pero Anna habla de que hay un NAD Balmes, un NAD Urgell y otro bloque en Gracia, entre otros. Los pisos se publicitan bajo la empresa ‘Enter Coliving’, que ahora ofrece en Idealista más de 350 habitaciones en alquiler en Barcelona a un público objetivo internacional. “Son como hoteles encubiertos, bloques de pisos en los que sólo viven turistas y extranjeros”, concluye Anna.

La historia de la gentrificación se repite en otros bloques de Gracia propiedad de Palau Manfredi, propietario de otro en el Eixample, en Mallorca 243. Esta vez el objetivo de los pisos era reformarlos y venderlos. Esta esta ocasión fue el Sindicato de Inquilinas junto al Sindicato de Vivienda de Gracia quienes organizaron hasta ocho bloques ubicados en distintas calles del barrio de Gracia para negociar con la propiedad de forma conjunta. El objetivo era también frenar los desahucios previstos, renovar los contratos de alquiler y hacer las reparaciones pertinentes en los edificios en mal estado. Un día antes de la manifestación masiva de noviembre sobre vivienda, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se comprometió, a propuesta de Barcelona en Comú, a comprar los ocho bloques y también el de Mallorca 243 mediante el método de tanteo y retracto. “La clave fue trabajar de forma conjunta y sindicada en los ocho bloques”, explica Gerard Mena, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “porque así les hacemos más daño”. Ahora el sindicato exige “cumplir con el compromiso de hacer efectiva la compra de los bloques”.

La mancha de aceite se hace grande y se extiende también a zonas no son tan céntricas, como el caso de Meridiana 374, en el barrio de Sant Andreu. En esta ocasión, Cartañá Assessors subió el precio del alquiler de 1.000€ a 1.900€ en tan solo dos años, relata Carla, una vecina que vivía en el bloque. La propietaria echó a gran parte de los inquilinos tras extinguirse el contrato y los transformó en temporales, lo que le permitía sortear la limitación de precios de ley de vivienda.

Las dos medidas que el Sindicato de Inquilinas cree que permitirían frenar esta situación y que su portavoz, Enric Aragonès, reivindicaba el pasado lunes ante la Casa Orsola, son regular el alquiler de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y blindar la reserva del 30% de vivienda de protección oficial para nuevos edificios o reformas integrales de edificios.

“Los partidos responsables de que se apruebe la ley que regule el alquiler de temporada pueden ver, con el caso de la Casa Orsola, lo urgente y necesaria que es esta ley”, apelaba Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. El otro mensaje era para el Ayuntamiento de Barcelona, a quien acusaba de intentar “desmantelar la reserva del 30% de vivienda protegida”. Para Aragonès, esta medida “evita que sucedan otros casos como el de la Casa Orsola” porque ello incentiva hacer operaciones especulativas en bloques enteros.

Es conocido que el consistorio de Collboni se opone a mantener como está ahora la reserva del 30% de vivienda protegida para nueva construcción o rehabilitación integral porque alega que ello está frenando la construcción de nueva vivienda y limitando la oferta. “El 30% de cero, es cero”, decía Jaume Collboni la semana pasada en el pleno municipal. El alcalde se acoge a las cifras del servicio de licencias del Ayuntamiento de Barcelona según las cuales en seis años sólo se habrían logrado 26 unidades terminadas o en obras para vivienda de protección oficial y habría 80 licencias más concedidas.

No obstante Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) considera “falso que se haya frenado la promoción de vivienda”. El Colegio de Arquitectos de Catalunya registró en 2024 casi 2000 viviendas de nueva creación. Palomera acusa precisamente al ayuntamiento de uno de los motivos por los que la reserva del 30% no ha generado más vivienda protegida en la ciudad. “El ayuntamiento no inspecciona nada y ha habido un fraude enorme por parte de los fondos de inversión”. Palomera y el comisionado de vivienda de la FAVB coinciden en que los fondos de inversión han encontrado fórmulas para saltarse la restricción del 30%. Los fondos piden permisos de obra menor en vez de pedir permisos de rehabilitación integral que sí exige a reservar el 30% de vivienda para protección oficial. 

La otra explicación que da Palomera a los escasos pisos de protección oficial que habrían entrado gracias a la reserva del 30% es que los primeros años la medida tuvo una moratoria que permitió esquivar la norma “a más de 7.000 pisos”, de modo que la medida lleva vigente sólo desde 2021, y no seis años como apuntaba Collboni. Por otro lado, Palomera advierte que el impacto de reformar la medida del 30% y eliminar la obligación para las grandes rehabilitaciones lo que generaría sería “cargarse el dique de contención frente a la especulación basada en la compra de bloques”. 

Jaume Artigues, comisario de vivienda de la FAVB también alerta de que reformar el 30% aumentaría la segregación de la población por barrios, ya que la reforma permitirá enviar las viviendas de protección oficial a barrios más periféricos de la ciudad. Con todo, Palomera concluye que deshacer la medida provocaría un “efecto llamada a la especulación y un proceso peor de expulsión y demolición del tejido vecinal de la ciudad”.

Los más de veinte diferentes y múltiples colectivos en defensa por la vivienda en Catalunya tienen este fin de semana una fecha clave en el calendario. Llevan años organizando el II Congreso de Vivienda de Catalunya que tiene por principal objetivo “crear una organización conjunta y confederal que aglutine los diferentes colectivos”. Marta Espriu portavoz del II Congreso de Vivienda y militante de la PAH Sant Feliu detalla que la finalidad es construir una “estructura formal” que establezca “unas estrategias conjuntas a corto y largo plazo en todo el movimiento por la vivienda”. 

En el Congreso participarán los distintos sindicatos de vivienda existentes, las distintas PAHs, asociaciones de vecinos y otras redes y nodos implicados en el movimiento por la vivienda.

El objetivo es crear una organización confederal similar a la que tiene un sindicato laboral, con el objetivo de mejorar la comunicación y estrategia entre colectivos. Espriu plantea que así puedan “crear un programa político conjunto” y “organizarse por secciones o propietarios”, lo que permite ganar fuerza cuando se abre un conflicto en sitios diferentes contra un mismo propietario a la vez.

El desahucio de uno de los inquilinos de la Casa Orsola de Barcelona, programado para la madrugada de este martes, ha quedado aplazado hasta el próximo 18 de febrero, según informa EFE.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Enric Aragonès, en una rueda de prensa delante de este emblemático edificio del Eixample, adquirido en 2021 por el fondo de inversiones Lioness Inversiones, del que los vecinos denuncian que "echan a los inquilinos para crear alquileres de temporada al triple de precio".

Josep Torrent, un profesor de 49 años que lleva 22 viviendo en una de las dos fincas de la Casa Orsola, es el primer vecino que iba a ser desahuciado, concretamente a las 10:30 horas del pasado viernes, pero una concentración de centenares de personas convocada por el sindicato imposibilitó que la comisión judicial ejecutara la orden judicial.

Alegando razones de seguridad, el juzgado aplazó el desahucio hasta las 5 de la madrugada de este martes, fecha que ahora se ha pospuesto de nuevo hasta el 18 de febrero. "Es evidente que el aplazamiento se ha producido por la movilización sin precedentes del jueves y viernes y ante el convencimiento de que se repetiría tantas veces como intentaran echar a Josep", ha considerado Aragonès.

O Lagartiño, una mansión de 1.000 metros cuadrados, piscina y pista de tenis situada en la ría de Arousa (Pontevedra), lleva desde 2019 registrada a nombre del Estado, pero es donde sigue viviendo Marcial Dorado Baúlde, el contrabandista reconvertido en capo de la cocaína con quien pasaba sus vacaciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando aún dirigía el Servicio Galego de Saúde (Sergas) en el Gobierno de Manuel Fraga.

El Ayuntamiento de Arousa anunció el pasado jueves que había llegado a un acuerdo con Plan Nacional sobre Drogas, propietario del inmueble y de los 4.000 metros cuadrados de terreno donde está construido, para construir vivienda pública y un parque en dos parcelas decomisadas en su día a Marcial Dorado y ubicadas en el municipio.

Sin embargo, en O Lagartiño el Estado aún no ha conseguido poner un pie. Pese a que en 2016 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme, la vivienda sigue siendo, de facto, de Marcial Dorado. Siempre la mantuvo a nombre de terceros, pero era parte esencial de la condena al exnarcotraficante de A Illa de Arousa desde una perspectiva ejemplarizante. Sin embargo, cuando se van a cumplir nueve años de la sentencia, el histórico capo del Winston de batea pasa allí su jubilación junto a su familia, eludiendo las distintas órdenes de desalojo que han sido emitidas a lo largo del tiempo, mediante sucesivos recursos por la vía administrativa, primero, y ahora por la judicial, presentando mil y un documentos para dilatar la acción del desahucio. De forma que la joya de la corona del patrimonio de Marcial Dorado continúa siendo un elemento que distorsiona por completo la lucha contra la droga en Pontevedra, en Galicia y en toda España.

Segipsa, la sociedad estatal encargada de gestionar la venta de la lujosa mansión, probablemente la más valiosa de cuantas siguen a día de hoy en manos de narcos gallegos o sus familiares, no ha podido acceder a la vivienda, primero por la presencia en ella de Otilia Ramos, pareja de Marcial Dorado, que, junto al hijo de ambos, disfrutó de la mansión cuando el capo estuvo entre rejas, pese a que ella misma también fue condenada por blanqueo. Otilia Ramos le esperó hasta su salida de prisión.

“Cuando yo lo conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante”. En julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo reconoció por primera vez que, cuando conoció a Marial Dorado, éste era el jefe de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco. En una entrevista emitida por la cadena Cope, Feijóo admitió los negocios ilegales de quien entonces era su amigo, menos de cuatro horas después de negarlo en laSexta, donde puso como excusa que en aquella época no tenía Internet: “En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello; ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet, porque hay Google”, alegó.

Que Dorado fuera el jefe de una organización dedicada al contrabando ilegal no impidió a Feijóo acudir con frecuencia a pasar fines de semana en su mansión en A Illa de Arousa y acompañarle en su yate por las rías gallegas, como acreditan las fotos de mediados de los años 90 que fueron publicadas en 2013 por El País. Ambos compartieron además comidas, excursiones a la montaña, viajes a Cascais (Portugal), Ibiza y Picos de Europa, y la celebración de la Nochevieja. Actividades todas ellas que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó.

En 2016, Dorado fue condenado a seis años de prisión, que ya ha cumplido, por blanquear dinero procedente del narcotráfico. Además, se ordenó el comiso definitivo de todas las sociedades y bienes inscritos a su nombre, entre ellos la conocida Quinta do Feital, en Portugal, y la mansión de O Lagartiño. Sobre el papel, esa vivienda pertenecía a Inmobiliaria Marli, una firma creada por la pareja Dorado-Ramos para adquirir la propiedad a la exmujer del narco. Una curiosidad: como parte del pago, ésta recibió un dúplex en la calle de Lepanto, en Pontevedra.

La Policía ha tenido que llamar a la puerta de la vivienda, protegida por altos muros, e identificar a Otilia y al hijo menor que tiene en común con el contrabandista devenido en narcotraficante. La mujer no mostró en ningún momento la intención de abandonar la villa.

Dorado, que ya tenía antecedentes por cohecho, recibió su primera condena por narcotráfico en 2009, un dictamen que adquirió firmeza dos años después. A los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su participación en el intento de introducción de varias toneladas de cocaína a bordo del barco South Sea se unió una segunda investigación por blanqueo de capitales iniciada de forma simultánea en España y en Suiza y que determinó que había lavado al menos 21 millones de euros mediante diversas argucias.

Las autoridades helvéticas se sorprendieron al ver las ingentes cantidades de dinero que había ingresado en metálico en diferentes cuentas bancarias “sin documento alguno que justificase las transacciones”. El dinero negro fluía hacia Suiza. A pesar de que uno de sus socios en el país alpino fue absuelto, los ingresos multimillonarios en al menos 16 cuentas que abrió en Suiza y la creación de sociedades en Islas Vírgenes, Panamá, Belice, Bahamas, Liberia, Liechtenstein y, por supuesto, España y Portugal, a su nombre y al de testaferros, fueron el detonante de una investigación que explotó cuando Dorado decidió repatriar parte de su fortuna con la complicidad de un guardia civil a sueldo del capo y una sociedad llamado Programallo SA.

Narcodiario ha contactado con fuentes oficiales del Gobierno de España. “La casa de la calle Lagartiño es propiedad del Plan Nacional Sobre Drogas, y ya les fue notificada [a Dorado y su pareja] el año pasado la orden de desahucio”, explican fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. También señalan que la representación legal de Marcial Dorado ha agotado ya todos los recursos por la vía administrativa y en estos momentos hace lo propio por la vía judicial, en lo contencioso. “El tema tiene su recorrido”, destacan, “pero el Plan Nacional Sobre Drogas está muy encima del asunto” para conseguir que finalmente abandone la lujosa propiedad.