La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se han incautado dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.

De policía nacional dedicado a la localización de fugitivos a asesor local del eurodiputado Alvise Pérez. Ese es el resumen de los últimos años de carrera laboral de Adrián Yacar. También ha sido cantante de rock aficionado y empresario de inteligencia artificial, actividades en las que aún continúa según ha expresado él mismo públicamente. El puesto que ya no desempeña es el de asesor del eurodiputado ultra.

Pero eso no quiere decir que Yacar no siga de la mano de Alvise. El policía, que según asegura se encuentra en excedencia, es el cabeza de lista de Se acabó la fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas que se celebrarán este 17 de mayo.

Adrián Yacar ofreció una entrevista el pasado mes de julio para el canal de YouTube del coronel Pedro Baños. En ella alababa públicamente a Alvise sin hablar de su vinculación con él —ahora ha contado que se conocieron en UPyD, el extinto partido de Rosa Díez—, afirmaba estar de excedencia de su puesto como policía nacional y haber sido reconocido con la medalla de la Orden del Mérito Policial, unas distinciones que concede el Ministerio del Interior y sobre las que el departamento de Marlaska guarda una gran opacidad.

El propio Alvise Pérez ha presumido de su fichaje como candidato asegurando que Yacar ha recibido esa distinción "por la detención de Samir Benbouabdellah, uno de los más buscados de Francia por intento de asesinato a un hombre y una niña de siete años con un subfusil". ¿Pero hasta qué punto es cierto?

No se sabe. El Ministerio del Interior no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se niega a aclarar cuál era el último destino de Yacar en la Policía y si efectivamente le ha otorgado la medalla. Tampoco quiere revelar los motivos de esa supuesta concesión. 

Interior se niega a entregar esos datos, entre otros, alegando la supuesta protección de los datos personales de Yacar y se salta así una resolución del Consejo de Transparencia. El organismo había estimado que esa información debía ser pública tras una reclamación de infoLibre.

Todo se remonta al desembarco de Yacar como asesor de Alvise Pérez con cargo a las arcas del Parlamento Europeo. infoLibre informaba este verano del fichaje, unas semanas después de que el propio Yacar concediera la entrevista a Pedro Baños en la que se omitía su nuevo puesto.

De lo que sí habló Yacar es de su currículum. Es cierto que el policía ha trabajado en el Grupo de Localización de Fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenece a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). De hecho, esa labor le llevó a ser uno de los protagonistas de la serie documental 'Fugitivos', de Movistar Plus+, en la que se muestra cómo trabaja ese grupo.

Yacar comentó ese trabajo en la entrevista y también habló de ciertas operaciones concretas en las que asegura haber participado. Incluso mencionó la supuesta medalla: "Me consta por compañeros de la Guardia Civil que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil y no se le dio por cuestiones políticas y porque se fue de eurodiputado, pero luego le dan la medalla del mérito policial a la Virgen del Rocío. A mí me la dieron, pero creo que ganada, que bien merecida".

Debido a esas declaraciones públicas del propio Yacar, infoLibre realizó una solicitud al amparo de la ley de transparencia dirigida a Interior. Este medio pedía al ministerio saber "si Adrián Yacar López es policía nacional en excedencia o qué situación o relación tiene con el Cuerpo y desde qué fecha se encuentra en la misma". Además, se solicitó conocer "cuál fue su último cargo, puesto y destino antes de coger la excedencia" y "si se le ha distinguido o no con la Orden del Mérito Policial y en caso afirmativo, con qué categoría, por qué motivo se le concedió, en qué fecha y una copia de la resolución de la concesión".

Interior denegó la solicitud de infoLibre. El ministerio aseguró que era abusiva, que la información que se solicitaba no tenía relación con los objetivos de la ley de transparencia y que había que salvaguardar la protección de los datos personales de Yacar. En ese momento, infoLibre decide reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este organismo es el que se encarga de decidir si la información debe ser pública cuando un ciudadano utiliza la ley de transparencia para solicitarla, pero la Administración se la deniega. El CTBG es quien pondera los distintos derechos en juego y decide quién tiene razón.

En este caso fue claro y estimó al completo la reclamación de infoLibre. El Consejo entendió que el ministerio no había justificado "de forma suficiente y adecuada la concurrencia del carácter abusivo de la solicitud" y que tampoco prevalecía la protección de los datos personales. "No se ha justificado ni se alcanza a apreciar en qué medida el conocimiento de la situación administrativa de servicio activo o de excedencia de un funcionario de policía cuya identidad es públicamente conocida y participa en actividades igualmente públicas puede generar un riesgo para su seguridad personal o constituir una injerencia grave en su derecho a la intimidad personal y familiar", reza la resolución.

Sobre la concesión de la supuesta medalla el Consejo va incluso más allá: "La acreditación de los méritos que se han tenido en cuenta para otorgar la condecoración recogerá hechos o actuaciones ya consumadas por el policía en relación con su servicio al Estado, por lo que difícilmente puede argumentarse que su conocimiento pueda causarle ningún perjuicio a su intimidad o seguridad; siendo evidente, en cambio, el interés público en conocer los méritos acreditados en la medida en que constituye una herramienta indispensable para discernir si la Administración se ha movido dentro del ámbito de discrecionalidad, que a estos efectos se le reconoce, sin incurrir en arbitrariedad".

Tras esa resolución, Interior debía entregar la información que había solicitado infoLibre, pero, en lugar de cumplir, se reafirmó en sus argumentos. En una comunicación dirigida a este medio y al Consejo de Transparencia, y firmada por Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, el departamento "reitera la procedencia de la aplicación" de la protección de datos personales. "El hecho de desempeñar una función pública no legitima a solicitar datos de índole personal utilizando indebidamente la ley de transparencia", asegura el documento en el que, en lugar de eso, Interior debería haber facilitado la información que había pedido infoLibre.

Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia, explica a este medio que lo que ha hecho Interior es incumplir con la resolución del Consejo sin ni siquiera recurrirla ante los tribunales.

"La oposición de las Administraciones ante las resoluciones de los consejos de transparencia debe materializarse a través de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, pero nunca de esta manera. Dar respuesta al reclamante incumpliendo el mandato del Consejo no puede admitirse. O se discute su decisión ante los tribunales, o lo único que queda es cumplir con ella", resume el experto, que asegura que hace falta "un modelo eficaz de multas coercitivas cuando se detecta el incumplimiento de una resolución firme" como en este caso.

Los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración Pública se han dado con cierta regularidad en los últimos años. La actual ley de transparencia no recoge ningún tipo de sanción para estos casos y, en ocasiones, la Administración se salta la normativa optando por no recurrir las resoluciones ante la Justicia pero tampoco cumplirlas. Concepción Campos Acuña, que será la nueva presidenta del Consejo, también ha pedido sanciones para las Administraciones que actúen de esta forma.

Mientras, Alvise Pérez ha anunciado a su nuevo candidato presumiendo, precisamente, de la supuesta medalla al mérito policial y citando otros supuestos éxitos de su currículum policial. Por ahora, nada de ello se puede corroborar debido a la opacidad del Ministerio del Interior y a su negativa a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia.

"No podemos ir a trabajar. No podemos llevar a nuestros hijos al cole. No podemos volver a nuestra casa. Nos esperan por todas partes". Quien habla es Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. Lo hace mientras se seca las lágrimas. Y tras abandonar, de madrugada, la comisaría del distrito madrileño de Usera, a la que había sido trasladado tras ser arrestado en la puerta de su domicilio. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando", insiste tras su puesta en libertad.

La detención del político y activista se produjo, según la Delegación del Gobierno en Madrid, tras la llamada de un vecino a la Policía Nacional alertando de un supuesto intento de robo de un vehículo. Al llegar al lugar, los agentes pararon a dos individuos. El primero se identificó sin problema. Pero el segundo, Mbayé, que en sus redes denuncia las continuas identificaciones a las que se enfrenta en su día a día, se negó. "Mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga", dicen desde la Delegación del Gobierno. Fue entonces cuando bajaron algunos vecinos, produciéndose una "situación de tensión", según el relato oficial, en la que acabaron detenidas siete personas. Todas, por atentado a la autoridad y lesiones.

"Situaciones como la vivida por Serigne suceden cada día, en cada rincón, sin que se genere ningún tipo de reacción mediática o política", explica en conversación telefónica con infoLibre Youssef Ouled, periodista e investigador experto en racismo. Y las cifras que cada año pone sobre la mesa la Federación Sos Racismo, con oficinas desplegadas en seis provincias –Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Navarra–, dan buena cuenta de esta realidad. Solo en 2024, último ejercicio con datos disponibles, se documentaron 68 casos de racismo policial. La gran mayoría, el 72,1%, se correspondían con retenciones por perfil étnico-racial.

No es, ni mucho menos, un problema exclusivo de nuestro país. La última edición del informe Ser negro en la Unión Europea, elaborado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), ponía de manifiesto que uno de cada cuatro encuestados afrodescendientes habían sido parados por la policía en los últimos cinco años, cifra que aumenta hasta el 34% en el caso de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. Solo en los últimos doce meses, el porcentaje de identificados se situó en el 12%. La gran mayoría de los que sufrieron estas retenciones, un 58%, vieron en ellas una motivación política –una percepción del 66% en el caso de España–.

Es complicado tener una fotografía completa a nivel cuantitativo de esta realidad. Primero, porque no hay, al menos en España, datos oficiales que permitan analizar en todo su alcance la práctica de la identificación y registro por perfil racial. Y segundo, porque existe mucha "infradenuncia" en relación con los ataques racistas. De hecho, según el informe de la agencia europea, solo un 9% de las personas que se habían sentido discriminadas pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades. "Hay muchas denuncias en redes, pero no a nivel formal. Faltan herramientas para poder denunciar, es muy complicado probar que te han parado por un criterio racial", expone Ouled, al tiempo que recuerda que no es sencillo "denunciar" ante la "misma institución" que "está vulnerando tus derechos".

Lo sabe bien Rosalind Williams. En 1992, esta española nacida en Nueva Orleans viajaba a Valladolid con su familia cuando en la estación de tren de la ciudad castellana un policía de paisano le exigió la documentación. "Tenemos instrucción de identificar a gente como ella", soltó el policía. Williams llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo alegando que en los controles policiales "determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración" como "indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne". Ocho años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la mujer. Y sacó los colores al Estado español y a la corte de garantías.

Que hay un problema de perfilación racial es algo que han puesto de manifiesto algunos estudios. Uno elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València exponía que las personas gitanas tenían 10 veces más papeletas de que les identificaran en la calle que las de apariencia caucásica europea, una tasa de desproporción que en magrebíes se situaba entonces en el 7,5 y en afro-latinoamericanos, en el 6,5. Otro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), elaborado en 2015 mediante observación en la estación de autobuses de Granada, reflejaba que por cada persona blanca que se identificaba se paraban a 42 personas negras, 12 con rasgos étnicos gitanos y 10 con apariencia magrebí.

La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza– establece que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "podrán requerir la identificación" cuando "existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción" o cuando "en atención a las circunstancias concurrentes" se considere "razonablemente necesario" que "acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Una práctica en la que, continúa, deben respetarse "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico". Algo que, denuncian cientos de colectivos, no ocurre.

"El de la perfilación racial es un problema que no se reconoce a nivel institucional y, en consecuencia, no se aborda", asevera Ouled. En el caso de Serigne, sindicatos policiales y Delegación del Gobierno han defendido la actuación de los agentes: "Actuó, por tanto, en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención". Los vecinos, sin embargo, aseguran que es otra "identificación injusta por perfil racial". "Ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa, y esta es la segunda vez que paran a Serigne en las inmediaciones de su domicilio".

Además de la prohibición expresa de las "redadas racistas" en la llamada ley mordaza, los colectivos llevan tiempo exigiendo, como también lo hizo en 2022 el Defensor del Pueblo, que se implanten de manera sistemática formularios de identificación y registro en los que se deje constancia de la raza y nacionalidad de la persona sometida al control o del motivo de la identificación. "Si los agentes son funcionarios del Estado, debemos saber cómo actúan", expone Ouled. Esto es algo que, de hecho, ya se ha probado en algún municipio. Es el caso de Fuenlabrada. Antes de su uso, su policía municipal identificaba a 9,6 marroquíes por cada español. Medio año después, esa ratio se había reducido a 3,4 por uno, al tiempo que la tasa de acierto –porcentaje de identificaciones que descubrían un ilícito– aumentaba, pasando del 6% previo al 40% ocho años más tarde.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

Los letrados del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una jugosa pensión.

En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al ex número dos de la Policía Nacional, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones, informan a EFE fuentes judiciales.

En concreto los letrados solicitan que se le aperciba "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado" del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones "de manera claramente selectiva y contando falsas verdades", omitiendo deliberadamente "todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones" en las que incurrió la agente.

Y concluyen que se presenta como víctima "una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós cariño nos vemos el domingo'".

"La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación", añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir "que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce", aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que "ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial".

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del exDAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones.

Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González "nos vemos el domingo" y no recordaba si dijo "adiós cariño", como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito.

Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido "nítido y prolongado" compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

Por todo ello los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fúster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción", como lleva haciendo "desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de 1 mes", con "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado".

La defensa del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha enviado un escrito al juez que le investiga por presunta agresión sexual en el que sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente denunciante "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos".

El letrado José Carlos Velasco firma un escrito, fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid que solicite a Recursos Humanos de la Policía Nacional información sobre si la denunciante fue destinada al edificio policial sito en la calle Miguel Ángel número 5, en el que trabajaba el denunciado, de manera voluntaria o no.

Aprovecha esta defensa para advertir sobre "contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental", poniendo de relieve que "no nos encontramos ante un mero audio aportado como prueba, sino ante la prueba angular" en la que pretende basarse la denunciante.

"Las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio aportado como prueba esencial", concluye la defensa del exDAO, que afirma que en la conversación grabada el 23 de abril de 2025 -día en el que la agente denuncia que se produjo la agresión sexual- lo que denota es "complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal" entre dos personas que habían mantenido una relación.

Todo ello -añade- "en un entorno de confianza, incompatible (...), con el argumento de una 'negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento', como se expone en la querella".

Va más allá el letrado al afirmar que "lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de 'celos' y una clara exigencia de atención" por parte de la agente hacia el mando policial. "Estas expresiones describen una escena marcada por los celos y por una demanda de atención y exclusividad" en la que es la agente "quien marca las condiciones", según la defensa del ex jefe policial.

Subraya varias de las frases de que se escuchan y que demostrarían que el ex mando policial no la agredió sexualmente ni la obligó a quedarse en su piso, sino al contrario, la instó a marcharse, mientras la agente le decía: "No te beso como un idiota, yo te quiero muchísimo”.

"Lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención" por parte de la agente, con "expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

En su escrito, la defensa del exjefe policial denuncia también el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" debido a las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación -más de 20, recalca-, "anunciando, comentando y 'engordando' la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio" aportado.

Y cuestiona que el abogado de la denunciante haya tratado de "restringir" al ex número dos de la Policía "el acceso a una prueba esencial", al pedir sin éxito que la grabación solo pueda ser escuchada en el juzgado con presencia de la letrada de la administración de justicia, "a la misma vez que se alimenta públicamente -desde la propia parte que realiza la solicitud- un juicio paralelo".

"Esto no solo perjudica a mi mandante, sino que pretende condicionar la percepción del juzgador y de la sociedad", colocando al exDAO "en una situación de desventaja injustificada", concluye. 

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles en el Congreso que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

"Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior —excepto PNV, Sumar y Junts, que no ha asistido—, le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita —la implementación de la baliza V-16—, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual por parte de una subordinada.

PP, Vox y UPN le han pedido la dimisión ante el ataque "más grave" a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le ha reprochado al ministro "estar oculto" en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le ha invitado a dejar el cargo "de inmediato" en el "Ministerio de los escándalos", en el que "huele a podrido".

Con menor beligerancia pero sí con contundencia desde ERC Francesc-Marc Álvaro le ha pedido "hablar del tema" que afecta a la "credibilidad" de la Policía y pone en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha insistido en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al exDAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, ha usado más de cinco minutos para leer buena parte de las "tres reflexiones" que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizará esta "evaluación extraordinaria" con la intención de determinar "por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió".

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", ha zanjado antes de apostillar: "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo".

"Lo que la víctima ha denunciado es simplemente gravísimo", ha continuado el titular del Interior, que ha reiterado que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella —un juzgado ha citado a denunciado y mujer el próximo 17 de marzo— pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska ha defendido la actuación de su departamento porque dio un "cortísimo" espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. "Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente".

Respecto a la denunciante, el ministro ha subrayado que es consciente del "dolor" que estos graves hechos le han ocasionado y le están ocasionado y que ella sabe que "de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo que pueda necesitar".

También ha sido contundente sobre los hechos "gravísimos" que figuran en la querella y ha mostrado su confianza plena en que la justicia depure "con toda firmeza" las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión. "Lo que no puedo tolerar", ha enfatizado, es que se pueda usar este suceso para "denigrar" la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se trate de presentarlas como cuerpos "donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto".

Marlaska también ha querido recordar que la razón por la que se prorrogó la jubilación del DAO en diciembre de 2024 tenia como única finalidad equiparar esta situación a la que desde hace años existía con el máximo mando de la Guardia Civil, en ningún caso para "proteger indefinidamente a nadie".

Ha aclarado también que el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO y destituido de sus funciones hace una semana por presionar supuestamente a la víctima para que no denunciara, ha sido destinado en la Comisaría General de Policía Científica porque, por el momento, no ha sido expedientado ni, por lo tanto, expulsado del cuerpo.

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral".

Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a EFE de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

En ella, acusa al ex jefe operativo de la Policía, cesado la pasada semana tras la presentación de una querella por agresión sexual por parte de una subordinada, de haberle coaccionado para que aceptase un destino.

Los hechos, según las fuentes, habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el comisario denunciante fue cesado de su resposabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha presentado este martes, una semana después del cese de González como DAO tras conocerse la querella.

Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

La mujer que denunció al ya exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, no ha encontrado el alivio esperado tras verbalizar la agresión sexual de la que fue víctima. Más bien al contrario. Su abogado sostiene que "está destrozada", asegura que su identidad ha sido revelada y que ha corrido como la pólvora por distintos chats internos de agentes policiales. El impacto mediático de los hechos tampoco ha ayudado a la reparación: algunos medios revelaron este miércoles datos de la querella que daban pistas sobre la víctima y otros cruzaron todas las líneas rojas al desvelar detalles que permitían identificar perfectamente su identidad.

La víctima cuenta ya con protección oficial, una petición que realizó por temor a que se difundieran datos relativos a su domicilio o el de su familia, según expresó su abogado. "Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede difundir su domicilio", añadió.

Lo sucedido es en realidad la constatación de un sistema que no está diseñado para blindar la protección de las víctimas una vez dan el paso de denunciar. La falta de garantías tiene además un efecto disuasorio para las mujeres que han sufrido violencia, quienes precisamente tienden a valorar por encima de todo el anonimato y la protección de su identidad. 

En su libro No publiques mi nombre. Testimonios contra la violencia sexual, la escritora feminista Cristina Fallarás señala que "la inmensa mayoría" de los relatos que llegaron a sus redes sociales en los últimos años venían con una petición: "Por favor, no publiques mi nombre". A partir de ese momento, la periodista se hizo eco de las denuncias siempre de forma anónima. Pronto las mujeres "dieron por sentado que los testimonios se colgaban en mi cuenta eliminando sus identidades", escribe. "Creo que esa es precisamente la razón por la que he recibido y sigo recibiendo una cantidad casi insoportable de relatos sobre agresiones sexuales".

Pero una vez la violencia contra las mujeres adquiere una dimensión pública, la protección de la víctima –empezando por su privacidad e intimidad– deja de estar garantizada.

En el año 2018, un error en la publicación de una de las sentencias contra los agresores sexuales de La Manada de Sanfermines permitió acceder a los datos personales de la víctima. La defensa denunció la filtración y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación. Pero el daño ya estaba hecho: en internet se difundieron sin censura datos e imágenes de la joven, muchas con la evidente intención de desacreditarla. 

Aquel mismo año, uno de los responsables de difundir información privada de la víctima no dudó a la hora de publicar su nombre, apellidos, domicilio, centro donde cursaba sus estudios universitarios, fotografías de la mujer e incluso su documento nacional de identidad. Lo hacía bajo el rótulo de Yo no te creo. Cinco años después, el autor fue condenado a tres años de prisión y tres mil euros de multa por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Diciembre de 2023. La joven que denunció al futbolista Dani Alves –finalmente absuelto por la justicia– por un episodio de violencia sexual alerta de que su privacidad corre peligro. El entorno del jugador, incluida su madre, había publicado un vídeo cuestionando el relato de la denunciante y mostrando información personal que permitía identificarla.

La defensa de la joven anunció acciones legales "contra todas aquellas personas o medios" que difundieran las imágenes de la joven o facilitaran "cualquier información, directa o indirecta, que permitiera su identificación", mientras que la Fiscalía Provincial de Barcelona señaló a la progenitora del acusado por un posible delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia.

Se trata en ambos casos de episodios mediáticos, por la especial entidad de los hechos judicializados o por la relevancia de la autoría, pero la difusión de la identidad de las víctimas de violencia sexual es uno de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres cuando toman la decisión de denunciar.

Hace dos años, un juzgado de Valencia condenó a una mujer como autora de un delito contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos por difundir en redes sociales el vídeo de una agresión sexual grupal. Las víctimas eran menores de edad y el caso se dio a conocer como el de La Manada de Burjassot.

Pero la odisea de las víctimas va mucho más allá. Incluso en aquellos casos en los que su identidad es conocida, tienen que soportar el escrutinio público, el descrédito y, en muchos casos, la publicación de parte de los procesos judiciales por los que transitan.

Fue el caso de Jennifer Hermoso, víctima de una agresión sexual por parte de Luis Rubiales. Su equipo legal comunicó en octubre de 2023 su intención de emprender acciones legales con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de la futbolista después de que trascendiera a la opinión pública el vídeo de su declaración ante la Fiscalía, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Queremos recordar que todo procedimiento penal debe desarrollarse con garantías para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas", indicaba entonces su equipo de abogados. Y añadían: "Las continuas filtraciones y la falta de dichas garantías impiden que la jugadora pueda llevar el proceso con normalidad". En aquel momento, fue la propia víctima quien aseguró que su salud estaba en juego como consecuencia de las filtraciones, que no se sentía segura y que tenía dudas sobre si volvería a declarar ante el juez.

No mucho después fue otro gran proceso judicial el que pasó a ocupar titulares: el de la actriz Elisa Mouliaá contra el expolítico Íñigo Errejón. Concretamente, fueron filtrados vídeos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero durante la instrucción. En aquel momento, la entonces presidenta del Observatorio del CGPJ, Esther Erice, rechazó públicamente la filtración de los vídeos y enfatizó en que la intimidad de las víctimas debe estar garantizada en este tipo de procedimientos. En la misma línea se manifestó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia: su portavoz aseguró que la distribución de las imágenes revictimizaba a la denunciante.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la "divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual", tal y como introdujo la ley del sólo sí es sí. La legislación también prohíbe la difusión de datos que puedan "facilitar su identificación de forma directa o indirecta".

Un juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base de un club de Málaga que fue detenido por abusar sexualmente de varios menores, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge EFE.

El hombre, de 55 años, fue arrestado por la Policía Nacional como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

El entrenador se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el juez de guardia, algo que sí hizo uno de los tres menores que presuntamente fue víctima de los abusos sexuales, mientras que el resto de menores lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, fue quien decretó el ingreso en prisión del arrestado, que está investigado por la presunta comisión de abusos sexuales, una calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva durante la instrucción.

La causa seguirá en la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un entrenador de fútbol en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos, según informó la Policía Nacional. Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora detenido, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado.

Tras oír al menor, los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad.

Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual, que se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

El Club Deportivo Conejito de Málaga, con el que estaba vinculado el entrenador detenido, asegura que ningún miembro de la junta directiva ni del cuerpo técnico conocían los supuestos hechos "de extrema gravedad" que se están investigando.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

La Fiscalía de Canarias solicitará la semana próxima tres años y tres meses de cárcel para un policía nacional al que acusa de haber torturado y maltratado a dos inmigrantes recién llegados en patera a Lanzarote, para intentar conseguir de ellos información sobre quién fletó su embarcación.

Los hechos se juzgarán el próximo martes en la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas y presuntamente ocurrieron el 1 de enero de 2024 en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote), el recurso policial donde los inmigrantes pasan 72 horas detenidos tras su llegada, hasta ser identificados.

Ese día, asegura la Fiscalía, dos inmigrantes sufrieron golpes y malos tratos a manos de un policía nacional enviado a Lanzarote en comisión de servicios para reforzar a la plantilla del CATE. En concreto, el Ministerio Público acusa a A.B. de haber propinado un fuerte bofetón en la cara con la mano abierta a un inmigrante al que interrogaba para conseguir que le contará quién había organizado o fletado la patera en la que había llegado a la isla.

Previamente, añade, había propinado otro bofetón en la cara y una patada en la pierna a otro inmigrante, en las mismas circunstancias.

La Fiscalía sostiene que el policía cometió esos hechos con ánimo de provocar "absoluta humillación, menosprecio o descrédito" a los dos hombres a los que presuntamente maltrató y a los que provocó un estado de "angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego", aunque sin llegar a ocasionarles lesión alguna.

La Fiscalía General del Estado califica el primero de los ataques como delito de torturas y el segundo como delito contra la integridad moral, por los que demanda penas de dos años y año y tres meses de cárcel, respectivamente. Además, solicita que el policía sea inhabilitado para desempeñar empleos públicos durante un total de trece años.

El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido este martes tras conocerse que ha sido citado en calidad de querellado por un delito de agresión sexual, según ha podido confirmar infoLibre. El número dos de la Policía está citado el próximo 17 de marzo en el juzgado.

Fuentes del Ministerio del Interior informan de que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas, asegura EFE.

Su cargo lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Dicho artículo señala que en "los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico"

Su dimisión se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar tras una querella de una agente. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la agente denunciante para escuchar su relato. Lo hace después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo policial.

Durante el registro, iniciado a mediodía de este martes, Sidenor está "colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones" de la acería, a fin de "trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen", según han informado fuentes de la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y quien fue detenido en Málaga por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado en 2024 el exjefe policial de la UDEF en Madrid.

Según informan a EFE fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado ha adoptado esta decisión tras interrogar a Francisco de Borbón von Hardenberg, a quien investiga por un presunto delito de blanqueo en relación con esta causa, en la que se descubrió que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., ocultaba emparedados más de 20 millones de euros.

A Francisco de Borbón von Hardenberg se le atribuye un presunto blanqueo de los beneficios de la organización de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas, en el marco de una pieza separada de esta investigación, vinculada a una comisión rogatoria a Panamá, y de la que acaba de levantarse el secreto.

Junto a Francisco de Borbón, otras tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional y dos de ellos han pasado también este miércoles a disposición judicial. Según las fuentes, el juez De Jorge ha acordado libertad con fianza para ambos: de 60.000 euros para uno de ellos, dedicado al sector de la joyería y a quien las autoridades le habían intervenido cerca de 100 relojes Rolex sin justificar, y de 20.000 euros para la otra arrestada.

El magistrado ha impuesto a los tres investigados que han comparecido este miércoles la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales.

Tras sus respectivas comparecencias, la Fiscalía Antidroga había solicitado al juez que les pusiera en libertad bajo fianza y le había pedido que les diese un plazo de 72 horas para depositarlas una vez ya en libertad -de lo contrario deberían entrar en prisión.

En su declaración ante el juez, Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla -ya fallecido-, ha estado asistido por una abogada del despacho Cremades y ha negado la acusación de blanqueo, a la vez que ha explicado que él se dedica a buscar inversiones, en línea con lo que ha declarado durante su detención en dependencias policiales.

El joyero, por su parte, ha indicado que él se dedica a negocios de joyería, y el juez le ha ido preguntando por determinadas joyas.

Los tres detenidos han sido conducidos por la Policía esta mañana a la Audiencia Nacional, donde han permanecido en calabozos a ser llevados ante el juez.

Esta causa se instruye desde noviembre de 2024 cuando se produjo la detención del ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G. a raíz de una operación en la que se produjo la intervención en octubre de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en Algeciras.

Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada de droga que facilitaba a la organización.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la elevación del nivel de emergencia de la ciudad a nivel 2 y la evacuación inmediata de 14 zonas del municipio ante la evolución "compleja y cambiante" del río Guadalete, cuya crecida podría generar momentos críticos en las próximas horas del jueves.

Tras la reunión del puesto de mando avanzado, García-Pelayo ha explicado que el comportamiento del río "cambia en muy poco tiempo" al tratarse de un "río vivo" que no solo depende de su propio caudal, sino también de las aportaciones de otros cauces, de la lluvia, del viento y de las mareas, lo que obliga a adoptar decisiones rápidas y coordinadas.

La alcaldesa ha señalado que, según la información técnica disponible, se esperan momentos especialmente complicados a partir de las tres de la tarde de este jueves y a primera hora de la mañana del viernes, lo que ha motivado la activación de un amplio dispositivo de evacuación coordinado por Guardia Civil y Policía Nacional, con prioridad en la zona rural de La Ina, donde el acceso ya se encuentra prácticamente bloqueado.

García-Pelayo ha destacado que el puesto de mando avanzado actúa en coordinación directa con la Junta de Andalucía, ha subrayado la "responsabilidad compartida" entre todas las administraciones implicadas y ha agradecido el trabajo de los técnicos de emergencias, así como la colaboración de los alcaldes y alcaldesas pedáneos de las barriadas rurales afectadas.

En paralelo a las evacuaciones, el Ayuntamiento ha activado un operativo social especial para atender a personas electrodependientes, mayores dependientes y colectivos vulnerables, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos médicos y de la ayuda a domicilio, especialmente en las zonas rurales.

En el caso de La Ina, los vecinos evacuados serán trasladados inicialmente en autobús hasta La Cartuja y, desde allí, al Polideportivo de Chapín, donde Cruz Roja ha habilitado un dispositivo de recepción, atención y suministro de alimentos, tras solicitar la declaración de la zona como área de atención prioritaria.

La alcaldesa ha informado además de que en el término municipal de Jerez se han registrado ya más de 400 intervenciones, dentro de un total de más de 700 en la provincia, así como más de un centenar de incidencias en centros educativos. El colegio de La Ina permanece cerrado y el transporte escolar está suspendido en varias zonas rurales afectadas por las inundaciones.

García-Pelayo ha advertido de que la situación actual es "distinta y más compleja" que las inundaciones recientes y la ha comparado con el episodio registrado en 2009, por lo que ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad, serenidad y confianza en los profesionales".

En esta ocasión, sí recibieron el apoyo necesario. La Armada Española, a través del BAM Relámpago, que patrulla la zona occidental de África, e incluso Salvamento Marítimo, mediante el Heroínas de Sálvora, el buque más moderno de la flota del país en la actualidad, formaron parte de un operativo que, a tenor de la droga incautada, resultó histórico: más de 7.000 kilos de cocaína intervenidos en un barco de bandera camerunesa que tenía como objetivo entregarle la droga a esa gran flota de narcolanchas, buena parte de ellas gallegas, que se desplazan por el Atlántico en el área que va desde Cabo Verde hasta Madeira, pasando por Canarias.

El operativo se produjo a unas 290 millas náuticas al Oeste de las Islas Canarias. La sustancia estupefaciente iba a bordo de un remolcador que, además, se quedó sin motor en altamar después del abordaje. Fueron los GEO del Cuerpo Nacional de Policía los que ejecutaron la maniobra marítima junto a la Armada, todo ello coordinado desde tierra por la Brigada Central de Estupefacientes. En concreto, la sección de Cocaína con sede Madrid y los Greco Galicia de Pontevedra, operando de forma conjunta para el buen fin del trabajo policial.

El barco, que está siendo trasladado en la jornada de este sábado a aguas españolas, contiene una cantidad de fardos de droga cuyo peso final aún se desconoce. Sí se sabe la procedencia del mismo, el entorno de Brasil, un área de la que están saliendo cada vez más alijos de esta droga, ya no solo en remolcadores, pesqueros o mercantes, sino también, como se sabe, en narcosubmarino.

Se espera que a lo largo de este domingo los integrantes del operativo lleguen a las Islas Canarias, donde se encuentran los puertos base del Heroínas de Sálvora y también de una dotación de la Armada. Allí serán trasladados a custodia los tripulantes del mercante, todos ellos detenidos, y se procederá al pesaje definitivo de la droga.

El cargamento intervenido, a falta del pesaje completo, superará a los dos más importantes en dirección a aguas españolas hasta la fecha. El número 1 sigue siendo el incautado en el Tammsaare en 1999, punto culminante de la Operación Temple en la que cayó una organización de gallegos y colombianos que se jactaba de colocar 1.100 kilos de cocaína en España cada quince días. Entonces se intervinieron unas siete toneladas -peso bruto- que se quedaron en 6.500 kilos tras el pesaje judicial.

En el número 2 se encuentra el South Sea, barco por cuya droga fue condenado Marcial Dorado –el narco amigo de Alberto Núñez Feijóo–. En él se decomisaron unos 6.000 kilos en bruto que se quedaron en 5.400 tras el análisis previo al juicio.

En el caso que nos ocupa, no se descarta que se alcancen los 8.000 kilos, si bien esa cifra se conocerá con exactitud en cuanto el barco toque tierra en las Islas Canarias.

Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras una explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

La persona fallecida es una mujer de avanzada edad, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha avanzado, con toda la precaución necesaria, que no hay personas atrapadas en el lugar.

Sanz se ha desplazado hasta el número 36 de la calle Azcoitia, donde en torno a las 16:15 horas una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha hecho colapsar el forjado del tejado del edificio y derrumbarse sobre la cuarta planta del inmueble. Bomberos, el Samur-Protección Civil, la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplazado efectivos al lugar. 

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital.

La explosión ha causado una afectación importante al edificio y se está comprobando si también al aledaño, al número 38, si bien solo ha sido desalojado el inmueble donde se ha producido la explosión. Aunque tiene aún que valorarse, el suceso ha provocado daños estructurales que, según la vicealcaldesa, podrían obligar a realojar a los vecinos si fuera necesario, por lo que el Samur social se ha desplazado también a la zona. "En estos momentos, con toda la cautela, no hay ninguna persona a la que se eche de menos", ha precisado Sanz.

El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante. Los bomberos evalúan la gravedad de los daños estructurales causados en el edificio y tratan de averiguar las causas de la explosión y si tienen que ver con la presencia de un andamio en la fachada.

Los vecinos del número 34 recibieron este jueves un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36. Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio. 

Gennaro Cifariello está considerado por la Polizia di Stato el jefe del grupo criminal Cifariello-Cancello, uno de los más activos del clan Amato-Pagano de la Camorra. Afincado en la isla de Tenerife, dominaba los barrios napolitanos de Scampia y Secondigliano en nombre de la asociación mafiosa, y se había refugiado en España ante la redada que tuvo lugar en Italia en septiembre de este año. Fue detenido en la isla canaria por la Udyco Central de la Policía Nacional esta misma semana.

Gaetano Vitagliano, al que se sitúa en el corazón financiero del mismo clan camorrista de los Amato, es la persona arrestada por la Udyco Central en el marco de la gran redada policial que sirvió para desmantelar la 'oficina' en España del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se le considera un colaborador directo de Raffaele Imperiale. De hecho, se le ubicó en Dubái antes de la detención del famoso capo que ahora coopera con las autoridades.

Uno y otro, miembros de alto rango de la Camorra y, en concreto, de los sucesores del antiguo clan Di Lauro, señalan una realidad que lleva tiempo sobre la mesa: los italianos se han asentado en España para traficar con grandes cantidades de cocaína, además de para mantener el resto de sus negocios clandestinos.

La presencia de los narcos italianos en España es conocida ya desde la década de 1980, pues eran ellos los destinatarios de aquellos primeros alijos de cocaína que llegaban al país de manos de los colombianos y a través de Galicia. Años después, su largo brazo quedó patente en las operaciones Giga y Freeway, también en el noroeste de España. Precisamente eran los Di Lauro de Nápoles quienes negociaban con los gallegos en aquel momento. De aquellos grupos proceden los ahora detenidos.

La detención del primer sospechoso, Gennaro Cifariello, se produjo en el marco de un operativo coordinado por la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) a través de su grupo de Fugitivos que opera en España. Cifariello era objeto de una orden europea de detención emitida por la judicatura de Nápoles por el delito de secuestro agravado con fines mafiosos, y se encontraba prófugo desde el 29 de septiembre. Había eludido la ejecución de una orden de prisión preventiva contra otros nueve miembros de la misma organización.

La acusación de secuestro está vinculada a un grave episodio de intimidación y violencia perpetrado por la banda criminal para tomar posesión ilegalmente de una vivienda pública en Scampia, vivienda que había sido asignada regularmente a una familia del barrio.

Inicialmente, los miembros del clan intentaron intimidar a los legítimos dueños presentándose armados con palos en la puerta de la residencia. Posteriormente secuestraron al propietario y obligaron a sus familiares a entregarles las llaves y el uso de la casa como 'rescate'.

La investigación que condujo a la captura del hombre fue coordinada por la Dirección Antimafia del Distrito de la Fiscalía de Nápoles y llevada a cabo por la Brigada Móvil de Nápoles, con la colaboración de Fast Italia.

La información recabada orientó la búsqueda hacia territorio español, y la posterior colaboración con las autoridades españolas permitió a los investigadores identificar a una persona cercana al fugitivo, rastrear sus movimientos hasta Tenerife y, gracias a las actividades de vigilancia y seguimiento de la Policía Nacional, proceder a su captura.

En cuanto a Gaetano Vitagliano, su trayectoria es incluso más conocida. Tras la pandemia de la covid-19 ya fue relacionado con el blanqueo de capitales de la asociación mafiosa. Se le ubicó a caballo entre Dubái y España con un doble objetivo, según las autoridades: blanquear el dinero –en los Emiratos Árabes– y adquirir grandes partidas de cocaína –en la península ibérica–. Para esta última misión habría entrado en contacto directo con los colombianos y con los mexicanos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuatro integrantes de esta última organización fueron detenidos en el mismo operativo, acusados de coordinar la llegada de la droga dentro de maquinaria industrial, extrayéndola en fincas del extrarradio de Madrid y repartiéndola en varios puntos, entre ellos Italia.

La gran colonia del país trasalpino en España, en especial en territorios como las Islas Canarias, pero también, por ejemplo, en el área de Barcelona, ha servido para que estos relevantes miembros de la Camorra se hayan podido ocultar en el país, pero por poco tiempo. La colaboración internacional es cada día más eficiente, y la caída de Cifariello y Vitagliano así lo demuestran. Sin embargo, una organización como la italiana, con miles de miembros, no tardará en superar el golpe.