La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.

Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.

El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.

Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.

Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.

Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.

Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.

Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.

Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.

Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.

Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.

En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.

En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.

La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.

Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha corregido al juez Santiago Pedraz y ordenado que dicte orden de detención contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Teodoro Obiang e investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

En un auto, de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ordena también a Pedraz dictar órdenes internacionales de detención contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo. La Sección Segunda estima el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra la resolución del juez instructor en la que denegó las órdenes de detención.

Frente a la alegada falta de jurisdicción de España para la investigación de los hechos, los magistrados corrigen al instructor al entender que en el momento en que adoptó su decisión "no existía conflicto alguno de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Añaden que en ninguna de las resoluciones dictadas por Pedraz expone "ningún motivo que justifique de forma razonada" por qué "decide no librar las órdenes de busca y captura" que reclaman las acusaciones, es decir, la Fiscalía, el MLGE3R y familiares de las víctimas. Subrayan además que resulta "evidente" que los querellados están "en situación de rebeldía", al haber desoído los llamamientos de comparecencia del juez instructor para prestar declaración como investigados y "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".

A su juicio, en la investigación hay datos suficientes sobre la posible implicación de los investigados, según las diligencias policiales y los seguimientos sobre ellos. La Sala sostiene que la presencia de los investigados en España "ha quedado constatada, así como la posible relación con la agencia de detectives implicada en los seguimientos realizados a quienes, a la postre, resultaron ser víctimas de los hechos, "graves", además de que se investigan transferencias de importantes cantidades de dinero en entidades bancarias españolas que podrían tener relación.

A partir de todo el material analizado, los magistrados concluyen que existen indicios para acordar tomarles declaración de las personas investigadas, que es lo que inicialmente se acordó por el instructor y que no se ha podido practicar ante la actitud de los investigados de obstaculizar.

Con todo, los magistrados explican que con su auto no resuelven la cuestión relativa a la competencia que finalmente pueda discutirse por las autoridades de Guinea Ecuatorial, sino si en el estado actual del procedimiento es procedente dictar las órdenes de busca y captura que han solicitado las acusaciones pública y privada.

Guinea Ecuatorial, 3 de agosto de 1979. Un golpe de Estado derroca al dictador Francisco Macías. Al frente del mismo se encuentra su sobrino: el teniente coronel Teodoro Obiang. Los partidarios del alzamiento no dudaron en calificarlo como Golpe de la Libertad. Pero lo cierto es que aquel movimiento no fue más que un relevo de dictadores. Desde aquella insurrección, Obiang ha dirigido el país de manera ininterrumpida con mano de hierro. Y lo ha convertido en una especie de cortijo particular que lo sitúa como uno de los Estados más corruptos del mundo, según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Así, mientras algunos de los allegados del dictador se hacen de oro, la mayoría de la población tiene que vivir en la pobreza en un país con una enorme potencia en el sector de los hidrocarburos.

Los tejemanejes de la poderosísima familia Obiang llevan años bajo la lupa en distintos países europeos. En 2021, la Corte de Casación francesa avaló la condena impuesta al vicepresidente guineano, Teodoro Nguema Obiang, por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos para adquirir propiedades en Francia por una suma estimada en 150 millones de euros, una decisión que suponía, además, la confiscación de los bienes incautados, entre ellos una mansión ubicada en París. El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en su país, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. Teodorín es, desde hace años, el gran favorito para suceder a su padre, ya octogenario, al frente de Guinea Ecuatorial.

También en España son varios los casos que, de una u otra manera, apuntan al clan familiar. Uno de ellos, aún en fase embrionaria, se encuentra en Palma. Allí, según confirman fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción nº3 mantiene abierta una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas, según publicó La Última Hora, tratan de aclarar si el hijo menor del dictador y ministro de su Gobierno, Gabriel Obiang, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el mismo diario, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca.

En enero de 2021, una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, publicada en exclusiva en España por infoLibre, desveló que el ministro ecuatoguineano se involucró en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de dicha concesión, la portuguesa Armando Cunha SA, habría abonado a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de las supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas, vinculadas a un consultor holandés con residencia en Mallorca: Donald Frank van der Horn van den Bos.

Aquella investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario luso. Varios de esos documentos, de hecho, habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el entonces presidente y accionista de Armando Cunha –Filipe Rego– y contra Van der Horn van den Bos, al que la investigación situó como el supuesto testaferro de Gabriel Obiang. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, realizaba un relato de hechos que sí ponía el foco directamente sobre el menor de la familia Obiang.

Algo más avanzada se encuentra, por su parte, la causa centrada en el secuestro y torturas a opositores con nacionalidad española. Se trata de una investigación que está llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y que tiene su origen en una querella presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Bajo la lupa del juez Santiago Pedraz se encuentra toda la cúpula de seguridad de Obiang. En el procedimiento está investigado Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, jefe del servicio secreto exterior e hijo del dictador. También el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y el director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.

La causa se centra en el presunto secuestro y posteriores torturas que habrían sufrido cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en nuestro país y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos habrían viajado en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur para reunirse supuestamente con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a los investigados en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. Y también en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser conducidos a prisión.

Este no es, sin embargo, un caso aislado. "El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa", señala uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi consistente en conducir al opositor a través de engaños de un Estado en el que se encuentre a salvo a un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, son detenidos y entregados a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía, familia y residencia estable en España, mientras que el tercer investigado visita "de forma periódica" el país.

La Policía, además, considera que el "plan organizado y estructurado" de persecución de opositores tiene como responsables "últimos y principales" al dictador y su hijo Teodorín. De hecho, la investigación ha puesto de manifiesto, según informó en su momento El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial contrató a una quincena de detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición que un año después serían secuestrados y torturados en un penal del país centroafricano. El caso se encuentra en estos momentos en stand by. Algunas fuentes jurídicas consultadas señalan que la causa está a la espera de una "comisión rogatoria" a Guinea después de que se solicitara una "cesión de jurisdicción".

En el transcurso de las pesquisas, además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado investigar el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. El juez instructor se había negado al entender que ese dinero no guardaba relación con los hechos investigados. Pero la Sala entendió a mediados de septiembre que estas indagaciones son pertinentes. No solo por si existe un delito de blanqueo, sino también por si ese dinero "pudiera haber sido herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas" contra los opositores.

Y luego está el caso Kokorev, que muestra en detalle cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó en la primavera de 2021. Y dio por acreditada la existencia de una trama que durante más de una década, entre 1999 y 2011, realizó "operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso" al Estado de Guinea Ecuatorial. "Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos", resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se incrementaba normalmente entre un 30% y un 40%. Y todo ello se hacía con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. En ese sobrecoste, según el citado auto, participaban el yerno del dictador, quien desempeñaba el cargo de Director General del Gabinete Militar y a quien "se le abonaron en comisiones por esta actividad" 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2004. También habrían participado en el negocio, según la magistrada, el sobrino de Obiang – era secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto de Guinea–, un primo suyo, el asesor del dictador en materia de defensa y el Director del Gabinete militar del presidente.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para los investigados penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel. El próximo 14 de diciembre, según explican fuentes que forman parte de la causa, se celebrará una vista de cuestiones previas. Entre otras cosas, se decidirá si la Audiencia Provincial puede llevar a cabo el enjuiciamiento o si el mismo le compete a la Audiencia Nacional.

El Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca investiga una trama de blanqueo de la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang, que lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Según publica este domingo La Última Hora, un empresario holandés afincado en Baleares, en Son Gual, está en el centro de esta investigación que intenta aclarar si el hijo menor Gabriel, que además es ministro de Minas e Hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros.

El principal investigado es el empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bos, que es el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, que ha sido detenido e interrogado. En concreto, le habría ayudado a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública que tuvo un coste de 106,6 millones de euros y por la que se habrían pagado cinco millones en comisiones que son los que salen del país africano con escala en Mallorca.

La causa, que está bajo secreto de sumario desde hace más de un año, surge de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y este intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021.

La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En esta investigación periodística ya se apuntó que el testaferro holandés tenía dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

Este consulto holandés tiene una tercera compañía, con sede en Países Bajos, que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V.. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha afirmado que el opositor ecuatoguineano Julio Obama Mefuman, quien tenía ciudadanía española, falleció "a causa de una enfermedad" en un hospital de la localidad de Mongomo y ha recalcado que fue sentenciado tras "un juicio justo", según informa Europa Press.

"Informamos a la comunidad internacional que Julio Obama Mefuman, un ecuatoguineano que participó en la frustrada intentona golpista del 27 de diciembre de 2017 y que recibió un juicio justo, ha fallecido en un hospital de Mongomo a causa de una enfermedad que venía padeciendo", ha dicho el ministro de Exteriores ecuatoguineano, Simeon Oyono Esono.

"Guinea Ecuatorial quiere salir al paso para desmentir la información publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, porque carece de fundamentos. Expresamos por tanto, nuestro más sentido pésame a su familia por esa perdida irreparable", ha resaltado el ministro de Guinea Ecuatorial a través de su cuenta en la red social Twitter.

La reacción de Malabo ha llegado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convocara el lunes al jefe de la delegación de Guinea Ecuatorial en Madrid para pedirle que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la muerte del opositor.

Obama Mefuman falleció el domingo en la prisión de Oveng Azem (Mongomo), en la que se encontraba recluido junto al también español Feliciano Efa Mangue, según denunció su partido, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Su muerte tuvo lugar menos de dos semanas después de que se supiera que la Audiencia Nacional está investigando a tres altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, uno de ellos hijo suyo, en relación con el presunto secuestro y posterior tortura de estos dos españoles.

Los cuatro fueron capturados en Yuba, la capital de Sudán del Sur, el 15 de noviembre de 2019 y posteriormente trasladados en un avión presidencial a Guinea Ecuatorial. Aquí, además de haber sido torturados fueron condenados a largas penas de cárcel, de 90 años en el caso de Efa Mangue y de 70 en el de Obama Mefuman, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y a dos dirigentes de su Gobierno por el presunto secuestro y tortura de dos ciudadanos españoles integrados en un movimiento opositor al régimen político del país africano.

Fue el pasado 31 de octubre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitió a trámite una querella presentada por el propio Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) contra Carmelo Ovono, secretario de Estado de Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, y contra Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial, ha recordado Europa Press.

Tan solo un mes mas tarde, el instructor dictó un nuevo auto por el que accedía a ampliar la querella inicial y acordaba tener por investigado a una tercera persona: el director general de la Seguridad Presidencial, Issac Nguema. En ese mismo mes de noviembre, el magistrado pidió a la Comisaría General de Información que informase sobre si todos ellos ostentaban en ese momento estatus diplomático en España.

La querella se centra en el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del MLGE3R: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman. Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019.

Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, todos ellos fueron "trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial, y encerrados en un centro de detención sito en Oveng Asem, en la demarcación de Mongomo, donde continúan hasta estos días". "Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial", apunta el escrito.

El mismo sostiene que tanto Ovono Obiang como Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial que ejecutó el secuestro como dirigiendo "algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario". Además, explica que ambos querellados "residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar" en territorio nacional.

El secuestro se habría producido, según apunta la querella, a raíz de una invitación de un amigo a los cuatro opositores para viajar desde Sudán del Sur a Etiopía. Esa invitación habría resultado ser una trampa para acometer su captura y su posterior traslado a Guinea Ecuatorial.

A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.

La Comisaría General de Información remitió el pasado 1 de diciembre al instructor un extenso informe en el que ponían el foco en los "numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas e, incluso, asesinatos y condenas a muerte, de conocidos opositores residentes en el exterior" de Guinea Ecuatorial.

Los investigadores consideran que los testimonios grabados por las víctimas y las declaraciones de los testigos protegidos que obran en la causa "son contundentes pruebas que determinan la existencia de los delitos investigados, secuestro y torturas principalmente, siendo dos de sus victimas ciudadanos españoles y otra dos ecuatoguineanos residentes y asilados en España".

La Policía asegura que estos delitos se habrían producido "en el marco" de una "persecución sistemática, convirtiéndolos en crímenes de lesa humanidad". "Dos de los responsables directos señalados por la comisión de los delitos acreditados, Nicolás Obama Nchama y Carmelo Ovono Obiang, tienen junto a sus familias, residencia estable y acreditada en España y otros como Isaac Nguema, visitan de forma periódica nuestro país", apunta.

El informe deja claro, además, que "el caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa".

En este contexto, la Policía incide en que ha quedado "acreditada la actividad política de las víctimas, la motivación e itinerario del viaje, la identidad de otro secuestrado no residente en España así como la identidad de algunas de las personas que presuntamente fueron utilizada para realizar el engaño a las víctimas y provocar su desplazamiento".

Asimismo, los investigadores afirman que no se considera "a estas víctimas ni a los grupos opositores a los que pertenecen amenazas contra la Seguridad del Estado ni contra las personas".

Los escándalos de corrupción en la Guinea Ecuatorial del dictador Teodoro Obiang son una constante, aunque no son los medios del país quienes los suelen desvelar. Los hechos se conocen gracias a investigaciones periodísticas o causas judiciales internacionales. Eso es exactamente lo que ocurre con el último caso, que tiene como protagonista a Antonio Oburu Ondo, director general de GEPetrol, la poderosa compañía estatal de petróleo de Guinea Ecuatorial.

Documentos obtenidos por la organización periodística OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y por Diario Rombe, diario digital ecuatoguineano que se elabora desde España, vinculan a Antonio Oburu con empresas en paraísos fiscales creadas para obtener beneficios de contratos de compraventa de crudo que él mismo orquestó en GEPetrol. Sociedades instrumentales o personas vinculadas al alto cargo del régimen de Obiang realizaron desde 2009 importantes inversiones inmobiliarias en España, Estados Unidos, Chipre y Ghana. Los ingresos oficiales de Oburu y de su pareja no justifican su abultado patrimonio. infoLibre publica en exclusiva en España esta investigación periodística.

Alguna luz sobre el origen de esos bienes la podría arrojar una demanda por corrupción en los negocios presentada ante los tribunales británicos por la empresa petrolera Arcadia Petroleum Limited contra un grupo de exdirectivos de la compañía, a los que acusa de estafarle al menos 286 millones de dólares (unos 241 millones de euros). Arcadia Petroleum alega que en las operaciones de compraventa de cargamentos de petróleo actuaron como intermediarias empresas instrumentales cuyo único objetivo era saquear parte del dinero de las transacciones. Estos cargamentos se compraron en varias ocasiones a GEPetrol.

Antonio Oburu era el responsable de las ventas de GEPetrol durante todo el periodo de la presunta estafa, aunque no figura como uno de los acusados en la demanda de Arcadia Petroleum.

No obstante, en una carta dirigida a Oburu por los abogados de Arcadia Petroleum, se indica que empresas de su propiedad o controladas por él recibieron al menos 64 millones de dólares (54 millones de euros) de "fondos sustraídos", lo que convierte al director general de GEPetrol en el "mayor beneficiario del fraude". Además, los abogados le instan a no deshacerse de “los activos que puedan ser objeto de la reclamación de su cliente”.

OCCRP y Diario Rombe se pusieron en contacto con Oburu para pedirle su versión de los hechos, pero no contestó a los mensajes enviados por correo electrónico, Signal y Whatsapp. Cuando se le llamó al móvil, colgó inmediatamente. Los abogados de Arcadia Petroleum tampoco respondieron a los periodistas.

El caso de Antonio Oburu se une así a una larga lista de negocios bajo sospecha en Guinea Ecuatorial. Otra investigación del OCCRP desveló en enero que el ministro de Petróleo del país e hijo del dictador, Gabriel Obiang, se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza.

EN LA FAMILIA POLÍTICA DEL DICTADOR

El dinero extra del petróleo habría completado sustancialmente los ingresos oficiales de Oburu y de su esposa, Cándida Okomo Nsue Mensa, una ex cantante de R&B (rythm & blues) que fue nombrada subdirectora general de GEPetrol en 2017.

No existe información oficial sobre el salario anual de Oburu, ya que GEPetrol no publica informes financieros. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, indicó que el salario mensual de Oburu como director general de GEPetrol es de unas 14.000 libras esterlinas. A esto se añade una asignación mensual de 3.200 libras esterlinas, lo que hace que el salario sea de unas 206.400 libras al año [algo más de 241.000 euros].

Gracias a su matrimonio con Okomo, Oburu entró en la familia del presidente Teodoro Obiang, ya que ella es sobrina de la primera dama, Constancia Okomo Mangue Nsue. El padre de Okomo – Teodoro Biyogo Nsue Okomo– es el jefe de protocolo del dictador y fue el embajador en Estados Unidos. Biyogo Nsue Okomo dijo a los periodistas que su hija y Oburu se habían divorciado recientemente, pero no aportó ninguna prueba de ello.

Oburu fue nombrado director general de GEPetrol en 2015, tras más de una década en la empresa. Por entonces ya estaba casado con la sobrina de la primera dama. En 2017, la pareja compró la nacionalidad chipriota gastando 2,5 millones de euros en el país insular mediterráneo. Lograron así una golden visa, un programa vigente en diversos países europeos que otorga la residencia o incluso la nacionalidad a cambio de una inversión en bienes inmuebles en el país. En España sólo se puede lograr la residencia, pero en Chipre se conseguía directamente la nacionalidad si el importe gastado superaba los dos millones de euros.

Los Oburus gastaron dos millones en una villa en el puerto deportivo de la ciudad costera chipriota de Limasol y otros 500.000 euros en un apartamento en el mismo complejo. La inversión la realizaron en ambos casos a través de una sociedad mercantil de Chipre de la que Oburu era accionista único. Esas compras les sirvieron para conseguir el pasaporte chipriota antes de que los escándalos obligasen al país a cancelar el programa en 2020. Diversas informaciones periodísticas desvelaron la concesión de la nacionalidad a políticos presuntamente corruptos y sin realizar comprobaciones sobre el origen del dinero que invertían en inmuebles del país.

Oburu también había obtenido previamente la ciudadanía de Belice.

Las propiedades chipriotas se sumaron a una floreciente cartera internacional de bienes inmuebles en diversos países, propiedad de sociedades instrumentales controladas por Oburu.

En Houston (Estados Unidos), Oburu adquirió una casa de 280 metros cuadrados a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Rodexkia Investment Limited. Esta sociedad tiene como accionista único a otra compañía del mismo paraíso fiscal, Alliance Kingdom International Limited, donde Oburu figura directamente como director de la misma.

Documento de la empresa Alliance Kingdom, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde indica que su director es Antonio Oburu.

Entre 2012 y 2017, una empresa de Texas con un nombre similar, Rodexkia Holding LLC, fue propietaria de una extensa mansión en la ciudad, valorada en más de cuatro millones de dólares (3,38 millones de euros).

El papel de Oburu como persona de contacto de Rodexkia fue confirmado por Brad Porter, gerente de Rodexkia Holding LLC. Es socio del bufete de abogados Porter & Powers, con sede en Houston, que representó a Rodexkia Investment en una demanda de 2016.

"Le llamo Tony", comenta Porter en una conversación telefónica, antes de añadir que no conocía el origen de los fondos de Oburu ni sus conexiones políticas en Guinea Ecuatorial. "Dijo que trabajaba en una empresa de petróleo y gas", recuerda Porter.

Los documentos mercantiles obtenidos por el OCCRP muestran que el director general de GEPetrol figuraba también como persona autorizada en la cuenta bancaria abierta por Rodexkia Investment Limited en el banco Audi Saradar, con sede en Líbano y oficinas en diversos países de Europa y Oriente Medio. Es importante reseñar que, en la autorización, se indica que bastaba su firma para operar con la cuenta.

Rodexkia Investment Limited fue inscrita en el Registro Mercantil de las Islas Vírgenes Británicas el 17 de febrero de 2009 y ese mismo día asumió el cargo de directora de la sociedad Asunción Mba Fernández. Los abogados de Arcadia Petroleum afirman que es una hermana de Oburu.

Documento que designa a Oburu como persona autorizada en la cuenta de Rodexkia Investment, sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, en el banco Audi Saradar.

Los bienes en España

Las sociedades y personas vinculadas con el principal ejecutivo de GEPetrol son dueñas de tres viviendas y dos garajes en España.

En diciembre de 2009, Rodexkia Investment Limited adquirió en Algete (Madrid) un chalé de 268 metros construidos sobre una parcela de 3.375 metros cuadrados. El precio oficial de la operación se fijó en 780.000 euros.

Un año después, en diciembre de 2010, la entonces directora de Rodexkia, Asunción Mba Fernández, compró a su nombre un piso de 153 metros cuadrados y una plaza de garaje en la urbanización La Fama de Sanchinarro II, en Madrid capital.

Por último, una sociedad española relacionada con Antonio Oburu dispone de un local comercial y una plaza de garaje en Madrid ciudad, en la zona de Sanchinarro. La empresa se llama Impexia Internacional SL y tiene la particularidad de que el propio Oburu aparece en el accionariado con un porcentaje minoritario. La mayoría de las participaciones están en manos de una empresa opaca de Guinea Ecuatorial llamada United Impex Holdings International S.L. Esta firma y Oburu apoderaron conjuntamente a un abogado español para que constituyera la filial de Madrid. La adquisición de ambas propiedades se produjo en 2018.

Ninguno de estos bienes ha cambiado de titular, de forma que a día de hoy siguen figurando en el Registro a nombre de Rodexkia, Asunción Mba Fernández e Impexia, respectivamente.

Trama societaria vinculada a Antonio Oburu y propiedades inmobiliarias en las que invirtieron.

El director general de GEPetrol también está relacionado con dos apartamentos en un barrio de lujo de Londres, aunque no fue posible determinar si son de su propiedad.

A pocos metros del paso de peatones que se hizo famoso por la portada del álbum Abbey Road de los Beatles hay una dirección que figura como domicilio en Londres de Oburu en un documento oficial interno de GEPetrol de junio de 2020, llamado “nominilla parcial de los empleados al exterior”. Se trata del número 20 de la calle Abbey Road. A pesar de que Oburu reside en Guinea Ecuatorial, este documento apunta a que recibe un complemento, que aquel mes se elevó a 3.202 libras (casi 3.750 euros).

Esa misma dirección de Londres, Abbey Road 20, aparece en un contrato de alquiler de una lujosa propiedad de Oburu en Accra, la capital de Ghana. Se trata de un contrato, firmado en 2007, por el que un miembro de la misión diplomática de Japón en Ghana acordó pagar a Oburu 3.200 dólares al mes en concepto de alquiler de la propiedad. El contrato, firmado por Oburu en su calidad de arrendador, se acordó en presencia de Gertrudis L.S., de nacionalidad británica, con residencia en la citada dirección de Londres.

Oburu también dio como su dirección otro apartamento en el mismo edificio, en el 20 de Abbey Road, al registrar un sitio web en 2008.

Contrato de alquiler de una vivienda en Accra, capital de Ghana, que firma Oburu como arrendador.

LA CAUSA JUDICIAL POR LA COMPRAVENTA DE PETRÓLEO

Además de ser un vehículo para las posesiones inmobiliarias, la empresa Rodexkia Investment Limited vincula a Oburu a la presunta estafa para desviar los beneficios del crudo de Arcadia Petroleum.

En su demanda contra antiguos ejecutivos, Arcadia Petroleum nombra a Rodexkia como una de las empresas que supuestamente recibieron pagos multimillonarios de empresas intermediarias como parte de las ventas de cargamentos de crudo de GEPetrol.

Los documentos presentados ante los tribunales británicos por los abogados de Arcadia Petroleum afirman que el fraude se perpetró entre 2006 y 2012, época en la que Oburu era máximo responsable de ventas de GEPetrol. Los acusados, entre los que se encuentran antiguos ejecutivos de la compañía, presuntamente crearon empresas para intermediar en las compras de petróleo. Dos de estas empresas también se llamaban Arcadia, una con sede en Mauricio y otra en el Líbano, mientras que una tercera sociedad se denominaba Attock y tenía su sede en Mauricio.

Los demandantes alegan que los cargamentos de crudo se vendían a la verdadera Arcadia Petroleum en Londres sólo una vez que habían pasado por una de las sociedades intermediarias, que se embolsaban una parte de los beneficios revendiendo el crudo a Arcadia Petroleum a un precio mucho más alto que el que habían pagado. Los documentos judiciales afirman que al menos 286 millones de dólares en beneficios fueron desviados de Arcadia Petroleum entre abril de 2007 y febrero de 2012 a través de este sistema.

La carta de los abogados de Arcadia Petroleum a Oburu alega que Attock y Arcadia Lebanon realizaron 15 pagos a Rodexkia Investment por un total que superó los 14 millones de dólares (11,8 millones de euros) en las Islas Vírgenes Británicas entre 2009 y 2012.

Los abogados también afirman que otras dos empresas –Sonergy Limited, en Guinea Ecuatorial, y Obexys Limited, en las Seychelles– recibieron pagos similares por unos 50 millones de dólares (42,45 millones de euros) y que ambas eran propiedad o estaban controladas por Oburu o Asunción Mba Fernández.

Respecto a Sonergy Limited, los abogados justifican su afirmación con pruebas documentales como una “cadena de correos” entre el propio Oburu y una administrativa que trabajaba en Arcadia Líbano, donde se habla de presuntos pagos a dicha compañía con sede en Guinea Ecuatorial.

En cuanto a la relación del director general de GEPetrol con Obexys, una persona de nombre Antonio Oburu aparece en un registro de dominio de la página web de la empresa, y la administradora de la misma es Frida Ndong Cuaresma. Esta mujer ocupó precisamente el cargo de administradora única de la sociedad española Impexia Internacional SL desde su constitución en 2013 hasta 2020. También actuó como apoderada de Rodexkia Investment en España.

Los acusados niegan cualquier actuación ilegal y afirman que los pagos se hicieron a Rodexkia, Obexys y Sonergy en virtud de contratos de prestación de servicios y que los demandantes eran plenamente conscientes de dichos acuerdos en ese momento.

Tras varios años de pelea en los tribunales por asuntos de jurisdicción, parece que la causa impulsada por Arcadia Petroleum entrará ya en la fase donde se debe dirimir sobre el fondo del asunto.

No es la primera vez que las demandas por corrupción relacionadas con el petróleo de Guinea Ecuatorial llegan a los tribunales internacionales.

En 2005, el Riggs Bank, con sede en Washington DC, se declaró culpable de blanquear dinero para los Obiang. Más recientemente, el caso francés Biens Mal Acquis (ganancias ilícitas) condujo en 2020 al procesamiento de uno de los hijos de Obiang, Teodorín, y a la confiscación de unos 150 millones de euros de sus activos en Francia, incluidos coches deportivos de lujo.

"El muro de impunidad de los cleptócratas está empezando a desmoronarse, pero el camino es aún largo", sostiene William Bourdon, el abogado que dirige la causa en Francia.

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Con información de Lise Olsen en Houston, Antonio Baquero (OCCRP) en Barcelona y Manuel Rico (infoLibre) en Madrid.

Al menos 15 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en la cadena de hasta cinco explosiones ocurridas este domingo en el Cuartel de Intervención Rápida de Nkuantoma, en la ciudad de Bata, la más poblada de Guinea Ecuatorial, según ha informado el presidente del país, Teodoro Obiang Nguema, quien ha atribuido el incidente a una "negligencia".

"Sobre las 16.00 horas del domingo 7 de marzo la ciudad de Bata ha sido víctima de un accidente ocasionado por la negligencia de la unidad responsable de custodiar la dinamita del Cuartel de Nkuantoma", ha explicado Obiang en un comunicado leído por una presentadora de la televisión pública ecuatoguineana, RTVGE.

La deflagración original ha provocado la detonación de las municiones almacenadas en esa misma ubicación y "las ondas expansivas ocasionaron graves destrozos en casi todas las viviendas de Bata", según Obiang. El mandatario ha anunciado que se pondrán en marcha las "investigaciones necesarias" y que habrá "depuración de responsabilidades" por este incidente.

La cifra de fallecidos proporcionada por Obiang contrasta con la de los 17 muertos de los que ha informado previamente en un comunicado oficial el Ministerio de Sanidad, que cifra sin embargo los heridos en 420. En concreto, el Ministerio señaló que hay de 200 heridos en el Hospital Nuevo Inseso, 150 más en el Hospital General de Bata y 70 en el Hospital La Paz.

Anteriormente, el Ministerio había pedido a la población donación urgente de sangre para abastecer a los hospitales que atienden a los heridos. Además emplazó al personal sanitario voluntario que quiera ayudar a personarse en el Hospital Regional de Bata. En la RTVGE también han pedido donación de sangre en Malabo, en la parte insular del país.

La primera explosión, la más potente, se ha producido en torno a las 16.00 horas de esta tarde (la misma hora en la España peninsular), según ha informado RTVGE, que ha emitido imágenes de gente herida huyendo del lugar de las explosiones y edificaciones totalmente destruidas por las detonaciones.

Hospitales desbordados

El Centro Médico La Paz, situado cerca del lugar de las explosiones, y también el Hospital Regional de Bata estarían a plena capacidad, mientras que otros centros como el Hospital Nuevo Inseso también están recibiendo heridos graves. Los heridos de menor consideración están siendo atendidos en el Polideportivo de Bata.

Los bomberos trabajan ya en el desescombro para intentar rescatar a las personas que habrían quedado atrapadas tras las explosiones y se ha desalojado a la población en radio de cuatro kilómetros, ya que continúan produciéndose deflagraciones de menor entidad que las primeras.

En cuanto a las causas concretas de la explosión, continúan las especulaciones, y la emisora Radio Macuto ha informado de que "un contenedor convertido en polvorín se ha calentado en exceso por la quema de la maleza en las proximidades".

Las imágenes recogidas por varios medios revelan un importante grado de destrucción y pánico entre la población, comenzando por la aparición de una gran columna de humo gris, originada por una de las detonaciones. El humo podía verse prácticamente desde toda la ciudad, según el portal Real Equatorial Guinea.

"Empezaron a temblar los edificios y desde dentro de las viviendas se podía sentir cómo se movían armarios, sillas y otros objetos", ha informado este portal. Varias viviendas han quedado totalmente destruidas y otras han resultado muy dañadas.

El incidente ha provocado la interrupción durante al menos dos horas del servicio de telefonía, según ha confirmado el director técnico de la empresa de telecomunicaciones estatal GETESA, Inocencio Ndong Ndjeng Nchama, en declaraciones a RTVGE.

El lugar ha sido visitado por el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, responsable de Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como 'Teodorín", hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, para constatar la magnitud de estas explosiones y los daños causados. También se ha desplazado a la zona el primer ministro del país, Francisco Pascual Obama Asue.

A las 19.00 horas ha entrado en vigor el toque de queda impuesto por las autoridades para atajar los contagios de coronavirus y que dura hasta las 6.00 horas de la mañana.

Ayuda internacional

El ministro de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono Esono Angue, ha mantenido este mismo domingo una reunión con los embajadores extranjeros acreditados en Malabo a los que ha pedido la ayuda que puedan enviar sus gobiernos.

"Es importante para nosotros pedir ayuda a los países hermanos en esta lamentable situación porque tenemos una emergencia sanitaria (por el coronavirus), a la que se suma la tragedia de Bata", ha declarado, según recoge la televisión ecuatoguineana.

La Embajada de España en la capital, Malabo, ha recomendado a los residentes españoles que permanezcan en sus domicilios y ha ofrecido los siguientes teléfonos de ayuda consular: 222285677 (para la emergencia consular en Bata) o 222008589 (emergencia consular en la capital).

Teodoro Obiang es el dictador más longevo de África. Lleva en el poder de Guinea Ecuatorial desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Obiang ha convertido el país es una especie de finca particular, donde su familia y algunos allegados han amasado enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza. Así que casi nadie duda de que el sucesor en la jefatura del Estado será alguno de los hijos del dictador, que ya tiene 78 años. De hecho, hace tiempo que empezaron los movimientos para la sucesión. Una carrera en la que parece existir un claro favorito, su hijo Teodorín Obiang, condenado en Francia en 2017 por corrupción y blanqueo de capitales. Pero donde otro de los vástagos del dictador, Gabriel Obiang, mantiene sus aspiraciones sucesorias desde el puesto de ministro de Minas e Hidrocarburos. Un cargo clave en un país que es uno de los principales productores de petróleo del continente y cuya economía tiene una dependencia casi absoluta del crudo.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que los hermanos son “igual de corruptos”, aunque tienen diferentes estilos a la hora de saquear el país, mucho menos ostentoso el de Gabriel Obiang: "Teodorín podría ir directamente al Tesoro para conseguir dinero. Teodorín está allí para gastar su dinero. Gabriel lo invierte". Guinea Ecuatorial fue una colonia de España hasta que se independizó en 1968 y el español sigue siendo uno de los idiomas oficiales. 

El hecho de que Guinea Ecuatorial lleve tanto tiempo controlado por la misma familia quizá ayude a explicar por qué Gabriel Obiang se involucró directamente en la creación de una trama societaria perceptora de presuntos pagos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato de obra pública valorado en 106,6 millones de euros. La beneficiaria de esa concesión, la constructora portuguesa Armando Cunha S.A., abonó a la trama más de diez millones de euros entre 2009 y 2015.

Así consta en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el semanario portugués Expresso y analizados en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y desarrollada en los últimos meses con varios medios de comunicación, entre ellos el periódico guineano Diario Rombe. infoLibre, tras tener acceso y analizar dichos documentos, publica en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Varios de esos documentos han sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y contra un intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang –Donald Frank van der Horn van den Bos–, entre otros. Este último reside en Mallorca y tiene dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el marco de la investigación, el pasado 17 de diciembre, la Policía judicial registró la sede de la empresa Armando Cunha S.A. y varios domicilios particulares, según ha podido saber Expressso.

EL PACTO PREVIO

La investigación periodística ha podido identificar a tres personas clave entre los colaboradores de Gabriel Obiang: el intermediario Donald Frank van der Horn van den Bos en España, el abogado NJ Ayuk en Guinea Ecuatorial, y el empresario Nicolaos Neocleous en Chipre.

El primero que entró en escena en la operación con Armando Cunha S.A. fue el holandés afincado en España. Casi un año antes de recibir la adjudicación de un organismo público controlado por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Donald Frank van der Horn van den Bos empezó a negociar con la constructora portuguesa sobre cómo se haría el reparto del dinero.

El intermediario era aparentemente una persona muy organizada. Después de una reunión en Lisboa –los días 18 y 19 de febrero de 2009–, elaboró un informe de cuatro páginas sobre lo hablado en el encuentro y se lo envió a Filipe Rego, presidente de Armando Cunha S.A. En el encabezamiento colocó el logotipo de Gabangare, una empresa registrada en Chipre, vinculada a Gabriel Obiang y clave en el entramado como veremos más adelante. En el memorando ya se diseña la estructura societaria que es necesario montar, incluida una compañía a medias entre la constructora portuguesa y Gabangare, con sede también en Chipre. Este país es uno de los cinco de la Unión Europea que ONG como Oxfam consideran paraísos fiscales. Además, el documento detalla los proyectos que se asignarían a Armando Cunha S.A. en el país africano, entre los que figura la obra que llegó a costar 106,6 millones de euros.

Un segundo memorando fue elaborado, el 17 de abril de 2009, por algún directivo de la constructora portuguesa –no está firmado– y enviado a Donald Frank van der Horn van den Bos. El documento se titula "Reunión de temas que requieren aclaración" y el objetivo es, precisamente, concretar al máximo diversas cuestiones de la operativa que preocupaban a Armando Cunha S.A.

Existe un tercer memorando, más corto que los otros dos y sin fecha, que hace referencia a una reunión en Madrid en la que se trataron aspectos sobre la empresa en el país africano en cuyo accionariado participarían ambas partes.

Los tres documentos fueron entregados a Expresso por una fuente que prefiere no ser identificada y fueron compartidos con el consorcio OCRRP y otros medios de comunicación, entre ellos infoLibre.

La adjudicación se produciría finalmente en enero de 2010, pero una de las empresas de la trama ligada a Gabriel Obiang –la guineoecuatoriana Arcangel S.A.– empezó meses antes a facturar gastos a las constructora lusa, por ejemplo en concepto de alquiler de unas oficinas en el país africano. La operación estaba en marcha.

Gabriel Obiang, a su llegada a la reunión extraordinaria de la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en marzo de 2020.

LA ADJUDICACIÓN

Empresa mediana y poco conocida en Portugal, Armando Cunha S.A. no tuvo proyecto alguno en Guinea Ecuatorial hasta que se le adjudicó el contrato público para la construcción de un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). Dicha concesión se produjo el 21 de enero de 2010 y el contrato fue firmado directamente por el ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE –organismo que está bajo la tutela de su ministerio–, y por el director de la empresa portuguesa, Filipe Rego.

El contrato establecía que el 25% del importe inicial de la adjudicación –que ascendía a 57,5 millones de euros– se pagaría por adelantado en una cuenta de Armando Cunha S.A. en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde.

Esa cantidad se incrementaría en mayo de 2012 hasta los 106,6 millones de euros, en un nuevo acuerdo firmado también por el ministro Gabriel Obiang. Se trata de un documento de sólo dos páginas que prácticamente duplicó las obras a realizar en el futuro centro de formación de ITNHGE. Para entender la importancia de esta cantidad en Guinea Ecuatorial quizá sirva la siguiente comparación: el presupuesto total para educación en 2020 en el país africano apenas superó los 91 millones de euros.

En los cinco años posteriores a la adjudicación, saldrían de esa cuenta bancaria en Cabo Verde más de diez millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de la compañía Gabangare o bien a través del presunto testaferro del mandatario Donald Frank van der Horn van den Bos. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

“Estos fondos, independientemente de la descripción en las facturas, no son más que el pago de comisiones / ‘sobornos’ por la mediación y adjudicación del ITNHGE”, se indica literalmente en la querella presentada en Portugal.

Contrato de adjudicación a ACSA, firmado por Gabriel Obiang.

LAS SOCIEDADES EN ESPAÑA DE LA TRAMA

Donald Frank van der Horn van den Bos es un consultor fiscal, de 60 años, que tiene su residencia en la isla de Mallorca y cuenta con excelentes conexiones en Guinea Ecuatorial.

A dicho intermediario holandés están directamente vinculadas tres empresas que recibieron dinero de la constructora portuguesa. Dos de ellas tienen su sede en España y la otra en Países Bajos.

Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

La tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V. y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

DE GUINEA ECUATORIAL A BELICE PASANDO POR CHIPRE

La otra parte de la trama societaria tiene como eje a una compañía chipriota denominada Gabangare. El nombre de esta compañía coincide curiosamente con las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Pero las coincidencias no terminan ahí. Antes de que naciera la hija pequeña, Arelis, resulta que la compañía se llamaba Gabang. El diablo está a veces en los pequeños detalles.

Pero para llegar a Gabangare es necesario seguir el hilo societario que empieza en Guinea Ecuatorial.

Cinco meses después de la adjudicación de la obra, Gabriel Obiang apareció directamente asociado a Armando Cunha S.A. El 27 de mayo de 2010, el ministro asumió la representación de una empresa guineoecuatoriana, el Grupo Molsa, en una Junta General donde una filial 100% propiedad de esa compañía cambió su denominación: hasta ese momento se llamaba Construcción GE y pasó a funcionar como ACSA. En dicha Junta General se nombró director general de la flamante ACSA a António Belo, empleado de la portuguesa Armando Cunha S.A. El acta de la Junta general fue inscrita el 23 de julio de 2010 en el Registro Mercantil de Malabo, la capital del país africano.

El Grupo Molsa es la empresa matriz que utiliza Gabriel Obiang para controlar varios negocios privados en el país. Por su parte, ACSA es el acrónimo que Armando Cunha S.A. usó para sus filiales en Marruecos, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

En resumen: el ministro Gabriel Obiang, como representante del Grupo Molsa, nombró para el cargo de administrador general de una de sus filiales –ACSA– a un empleado de la constructora portuguesa a la que cuatro meses antes le había adjudicado una obra de 57,5 millones de euros (que terminarían convirtiéndose en 106,6 millones).

Escritura donde Gabriel Obiang actúa en nombre de Grupo Molsa y de su filial ACSA.

Esa actuación mercantil suponía materializar una de las cuestiones que figuraba en los memorandos barajados antes de la adjudicación: la existencia de una sociedad en Guinea Ecuatorial donde ambas partes –la gente de Gabriel Obiang y la constructora lusa– estarían representados.

El paso siguiente era enmascarar la identidad de sus propietarios. Y, de nuevo, el propio ministro de Minas e Hidrocarburos aparece firmando el documento clave. El 30 de diciembre de 2010, Gabriel Obiang firmó una escritura en su calidad de representante del Grupo Molsa por la que se traspasaba la totalidad de su capital: el 65% lo asumió una empresa registrada en Chipre, Burilda Consultancy Limited, y el 35% restante pasó a ser del ciudadano guineoecuatoriano Genaro Obunu, socio de Centurion Law Group, un bufete de abogados muy cercano a Gabriel Obiang.

El presidente de Centurion, NJ Ayuk, es un amigo personal del ministro. Gabriel Obiang y su mujer asistieron a la boda de Ayuk celebrada en 2016 en Marbella, evento al que también fue como invitado Donald Frank van der Horn van den Bos. Tres años después, el ministro acudió a la presentación de un libro de Ayuk.

El abogado y activista guineoecuatoriano Lucas Oló Fernandes sostiene que el bufete de Ayuk es conocido por aumentar las posibilidades de sus clientes de obtener contratos públicos relacionados con el petróleo en Guinea Ecuatorial. "Puedes ir con otros [bufetes] y puedes intentarlo si quieres, pero es probable que te quedes por debajo de otras empresas menos capaces pero que iban de la mano de Centurion. Así es como lo hacen", explicó Oló Fernandes al consorcio OCCRP.

Volvamos al accionariado de ACSA. La parte mayoritaria –65%– pasó a estar controlada en Chipre por Burilda Consultancy Ltd, cuyo capital estaba a su vez repartido a partes iguales entre dos sociedades chipriotas: Armando Cunha Cyprus Limited y Gabangare Holdings Limited. La primera era una filial de la constructora portuguesa, que asumió su control en octubre de 2010, justo un par de meses antes de que se pusiera en marcha la compraventa de acciones para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de ACSA. La segunda, por su parte, es la empresa clave en el holding ligado a Gabriel Obiang.

Gabangare y dos de sus filiales también con sede en Chipre –Immense Consultancy Ltd y la mencionada Burilda Consultancy Ltd– facturaron en conjunto 5.044.000 euros a la portuguesa Armando Cunha S.A. Una cantidad, por cierto, prácticamente idéntica a la recibida por las tres sociedades del intermediario holandés.

Hay una séptima compañía a la que pagó la constructora lusa: Arcángel. Al contrario que las otras seis, tiene su sede en Guinea Ecuatorial. En los memorandos se indicaba que se encargaría de la parte administrativa y logística en el país africano. En esto, por tanto, también se diferencia de las demás ya que es la única que no cobró por supuestos servicios de “consultoría”. La cantidad facturada, de acuerdo con la querella, ascendió a 181.494 euros.

Constituida en 2006, Gabangare Holdings es oficialmente propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc. Y ahí se pierde ya cualquier rastro sobre sus dueños, porque el Registro Mercantil del país centroamericano es uno de los más opacos del mundo.

Sin embargo, las conexiones entre Gabangare y Gabriel Obiang son diversas. Ya hemos visto dos. Que la denominación de la compañía responde a las iniciales del nombres de los tres hijos del ministro. Y que el propio Gabriel Obiang actuó como representante del Grupo Molsa en la venta del 65% del capital de ACSA a una filial de Gabangare.

Hay un tercer vínculo. En 2012, Gabangare tenía una docena de filiales. Entre ellas figuraban Punto Azul, una compañía que trabajaba como operador aéreo en Guinea hasta que dejó de operar en 2017, y Punto Verde, una empresa de producción y distribución agrícola. Ambas aparecen, a su vez, en la página web de Grupo Molsa como parte de este conglomerado. Y este último es el grupo en cuyo nombre actuó Gabriel Obiang, tal y como se recoge en los documentos que se reproducen en esta información.

Como administrador de Gabangare en Chipre aparece Nikolas Nucleous, de 45 años y tercer hombre clave en la trama societaria, junto a Donald Frank van der Horn van den Bos y NJ Ayuk.

LAS VERSIONES OFICIALES

Neocleous no respondió a las preguntas que se le plantearon por escrito desde el consorcio OCCRP. Sin embargo, en una entrevista telefónica previa mantenida en noviembre, negó que Gabriel Obiang fuese el dueño de Gabangare. “El propietario de la compañía es el señor Donald Frank [van der Horn van den Bos]”, aseguró.

Tanto Gabriel Obiang como el intermediario holandés, contactados en las últimas semanas por el OCCRP para que ofrecieran su versión sobre los hechos descubiertos durante la investigación periodística, evitaron responder a las cuestiones planteadas.

Tampoco quisieron ofrecer su versión ni Filipe Rego ni António Belo. En cuanto a la constructora lusa Armando Cunha S.A., respondió al Expresso a través de un abogado, Miguel Matías. "Actualmente hay un conflicto en los tribunales con un accionista y él ha amenazado con hacer denuncias penales sobre la actividad de Armando Cunha S.A. en el extranjero, que hasta ahora se ha entendido como un mero ejercicio de defensa en el mencionado proceso judicial", indicó el abogado. "Por tanto, no se hará ninguna declaración al existir asuntos judiciales pendientes, pero lo que sí se puede asegurar es que todas las actividades de la empresa se han llevado a cabo de manera regular y legal y que sus cuentas han sido repetidamente aprobadas y auditadas por una entidad externa", añadió.

El abogado de la empresa destacó que, "en relación con las amenazas que ha hecho el mencionado accionista, al tratarse de acusaciones falsas y que atentan contra el buen nombre de la persona jurídica que representamos, serán el objeto de una actuación penal".

El bufete Centurion y su presidente, NJ Ayuk, tampoco quisieron responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, dos días después de ser contactado por el OCCRP a finales de noviembre, en la web de Centursion se publicó un comunicado anunciando su intención de presentar una querella por presunta “extorsión” contra el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, el Diario Rombe y el impulsor de dicho medio de comunicación, Delfín Mocache.

La referencia a Villarejo se explica porque el origen de la investigación contra el ahora expolicía encarcelado está en el denominado informe King, por el que cobró cinco millones de euros para investigar la supuesta fortuna oculta de Gabriel Obiang y buscar desprestigiarle.

En dicho informe, de 29 páginas de extensión, se mencionan diversas sociedades presuntamente relacionadas con Gabriel Obiang, pero entre ellas no está ninguna de las que aparecen relacionadas con la adjudicación a la constructora portuguesa Armando Cunha S.A.

El periodista guineoecuatoriano sostiene que es “falso”que haya trabajado con Villarejo y niega tajantemente que haya “extorsionado” a nadie en su país. Diario Rombe, una web que se elabora desde España, es en realidad el principal medio crítico con la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial, país donde una ferrea censura impide que exista libertad de información.

En la página web de la Cámara Africana de la Energía, que preside precisamente NJ Ayuk, también se acusó falsamente al periodista de contratar al OCCRP en un intento por influir en medios de comunicación europeos. OCCRP, por su parte, rechaza esas afirmaciones y defiende la investigación periodística que se apoya en pruebas documentales inéditas.

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* La versión española de esta investigación periodística internacional, que publica infoLibre, fue editada y supervisada por Manuel Rico.

La homofobia de Estado está a la orden del día en Guinea Ecuatorial. Así lo expone el informe Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial, elaborado por la organización feminista y defensora de los derechos de las minorías sexuales, Somos Parte del Mundo, y del que la ONG española The Equality Advocacy Project se ha hecho eco.

La represión explícita e indisimulada de las instituciones del país hacia el colectivo LGTBI+ se manifiesta a través de todo tipo de agresiones verbales, psicológicas y físicas. Según el informe de Somos Parte del Mundo, las violaciones de los derechos humanos de estas personas son algo cotidiano y normalizado. Los trabajadores de las instituciones ecuatoguineanas aplican de facto la prohibición de entrada a los edificios públicos a las personas de la comunidad LGTBI+, a las que someten a burlas —"hablas como una mujer"— y escarnios públicos.

Uno de los casos más graves expuestos por el informe es el de una militar acusada de "lesbianismo", que fue torturada por otros miembros del Ejército y sometida a un Consejo de Guerra que la ha expulsado del cuerpo. Además de las gravísimas lesiones físicas, la mujer podría enfrentarse a un año de prisión, como mínimo, mientras que sus torturadores disfrutan de total impunidad.

En lo privado, la represión continúa. El estudio expone, entre otros ejemplos, lo cotidiano de las terapias de conversión y el caso concreto de una paliza a un joven homosexual por parte de su familia. Todo ello, insisten desde Somos Parte del Mundo, instigado por la presión de la Iglesia Católica.

Ley de Vagos y Maleantes

La situación de la comunidad LGTBI+ en Guinea Ecuatorial no parece que vaya a mejorar en futuro próximo, al contrario. EL Gobierno prepara varios proyectos de ley que dejarán a estas personas aún más desamparadas jurídicamente. El primero de ellos pretende definir a las personas homosexuales como algo "importado" y "anómalo".

Rafael Aníbal, presidente de la ONG The Equality Advocavy Project, alude a la "responsabilidad moral" de España para "denunciar públicamente la alarmante situación que sufre la comunidad LGTBQ en Guinea Ecuatorial y exigir, por todos los medios a su alcance, la vulneración a los derechos de estas personas". Aníbal resalta los "fuertes vínculos históricos" de nuestro país con Guinea Ecuatorial, que llegan al extremo de que en la nación africana aún está vigente la Ley de Vagos y Maleantes española de 1954.

De hecho, la reforma de esta ley, que está pendiente de tramitación, agravaría aún más la vulneración de los derechos humanos de las personas LGTBI+, ya que se refiere a ellas en términos patologizantes y de "peligro social" y legitima las terapias de conversión que ya se practican en todo el territorio.

El excomisario José Manuel Villarejo trató de convencer al juez en su primera declaración como imputado de que  propuso "entregarle al Colegio de Huérfanos" su sueldo como policía una vez reincorporado al Cuerpo en 1993 tras una larga excedencia.

En aquella primera comparecencia, prestada en noviembre de 2017 y después de la cual el juez decretó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción un encarcelamiento preventivo que se mantiene a fecha de hoy, Villarejo puso énfasis en  un objetivo: transmitir a los fiscales y al juez instructor de la Operación Tándem que su red de empresas tenía como objetivo primordial servir a los intereses del Estado y no su enriquecimiento. "No soy una persona especialmente apegada al dinero", dijo textualmente durante el interrogatorio, que se prolongó más de una hora y a cuyo archivo sonoro ha tenido acceso infoLibre.

Los investigadores cifran en 20 millones el patrimonio levantado por el hombre que, presuntamente, utilizó como arma de chantaje un ingente volumen de información acumulada durante décadas gracias a su posición en la Policía y que desempeñó un papel crucial en las denominadas cloacas del Estado. La estructura societaria tejida por Villarejo y su círculo de confianza incluía empresas localizadas en países como Panamá y Uruguay.

Fue durante el turno de preguntas de su abogado cuando Villarejo aseguró que, aunque se había arruinado dos veces, estaba satisfecho –"no me ha ido mal"– con las sociedades mercantiles creadas a lo largo de diez años de excedencia.

¿Y qué hizo con ese dinero cuando vuelve a la actividad policial en 1993?, inquirió el letrado. Villarejo respondió así: "Pues ese dinero estaba ahí, en las empresas familiares y yo lo que sí opté es por que una vez que me dieron el estatus de alta [su reingreso] –ahora por lo que veo me arrepiento de haber vuelto pero, en fin, esa es una opinión–, yo quise el dinero que recibía por mi situación de activo entregárselo al Colegio de Huérfanos y tal porque no tenía necesidad de ello pero me dijeron 'no puedes hacer eso porque entonces cómo vas a explicar de qué vas a vivir' y entonces opté por reinvertir siempre beneficios. Y yo, salvo mi sueldo de policía y a lo mejor hacer uso de algún vehículo de la empresa y tal, jamás percibí ningún emolumento de la empresa familiar".

La Policía encontró casi 200.000 euros en metálico repartidos en una de las casas de Villarejo y su familia en Boadilla del Monte (Madrid) y en el ático de Estepona (Málaga) que, según su versión, usaba para sus vacaciones. Y así lo habían hecho constar los fiscales en su interrogatorio.

Los 109.000 euros del piso malagueño, contestó Villarejo, se los había dejado su madre. Había fallecido, explicó, dos años antes del hallazgo. Pero, según el ahora comisario jubilado, reservaba ese dinero para repartirlo de forma paritaria entre sus cinco hijos cuando "la familia pudiera estar algún día reunida".

"Remanente para emergencias"

Los entre 80.000 y 90.000 euros localizados en su casa de Boadilla –son las cifras del propio Villarejo– eran "un remanente pequeño" para emergencias que tenía desde que estuvo excedente en la Policía. "Me he arruinado dos veces (...). Le tengo pánico a los bancos y yo procuro tener dinero en casa por si me surge alguna necesidad. Nada más cobrar suelo sacar en efectivo, entre otras cosas porque ya me sabía desde hace algunos años totalmente seguido, vigilado y fiscalizado por el señor director del CNI y no quería, digamos, hacer pagos con tarjeta, etcétera, etcétera".

Cuando tuvo lugar esta primera declaración judicial de Villarejo la investigación no había desvelado aún episodios como el espionaje de Villarejo para el BBVA ni las grabaciones a Corinna zu Sayn Wittgenstein, la antigua amiga íntima de Juan Carlos de Borbón, ni sus negocios con el bufete Herrero y Asociados o con una de las herederas de Luis García Cereceda o con los hermanos Muñoz Tamara.

Lo que Anticorrupción ya sabía, y así se desprende del contenido del interrogatorio, es que Villarejo había cobrado más de cinco millones por elaborar a través de su buque insignia empresarial, el llamado Grupo Cenyt, un informe para una de las facciones políticas enfrentadas en Guinea Ecuatorial. El informe buscaba desprestigiar a uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Lima, en favor de su hermanastro Teodorín. Según Villarejo, que mantiene inalterada esa versión, aquel informe era en realidad un trabajo coordinado con el CNI. Ese es el denominado Proyecto King, cuyo desarrollo investiga la Audiencia Nacional dentro de la pieza principal del caso Tándem.

Para el pago del dinero, los clientes guineanos del policía vehicularon desde Suiza transferencias a Panamá por más de 750.000 euros. Enviaron otros 400.000 euros a una cuenta de Reino Unido vinculada a una mercantil de Uruguay. Y traspasaron 400.000 euros más a un banco uruguayo.

En España, sostiene Anticorrupción, hicieron entregas en metálico por al menos 1,5 millones. Según Anticorrupción, en esa operación delictiva participaron asimismo el socio principal de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, y el también excomisario Carlos Salamanca. El jefe, siempre, en esta y en los restantes negocios investigados, fue Villarejo.

Una parte de los fondos pagados en el extranjero por el clan guineano que le había encargado su informe a Villarejo –un millón de euros– fueron retornados en 2015 a España. El dinero se integró en el circuito económico legal. ¿Cómo se produjo el blanqueo? Destinando esos fondos, mediante el uso de testaferros y de personas del más estrecho círculo de confianza del todavía entonces policía, a la adquisición de participaciones en sociedades. 

Hace un mes, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ahora instruye el caso tras la renuncia del juez Diego de Egea, nombró un administrador judicial para preservar la integridad de ese abultado patrimonio. El juez cree que las posesiones de Villarejo superan esa cifra e investiga las potenciales ramificaciones de la red en el extranjero. De Egea abandonó la instrucción en diciembre tras haber decretado, en contra del criterio de Anticorrupción, el archivo de las actuaciones contra algunos investigados. El magistrado, ahora de nuevo destinado en la Audiencia de Madrid, sopesó en el verano de 2018 dejar en libertad a Villarejo. Los sobreseimientos que dictó fueron finalmente anulados como consecuencia de los recursos de la Fiscalía.

La humanidad se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial: según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), arranca 2018 con 258 millones de personas viviendo fuera de su país de origen y, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), más de 65 millones se vieron obligadas a huir de su casa en 2016. Los medios han simplificado este fenómeno en la palabra "refugiados", pero solo un tercio de estas migrantes (22,5 millones) cuenta con dicho estatus. ¿Y el resto?

Un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida y encontrándose fuera del país natal, no puede o no quiere acogerse a la protección de su país", según la ONU. La razón de estos “temores” puede ser: “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas”. Sin embargo, las personas también huyen del hambre, las epidemias, la pobreza y la sequía, por lo que la diferencia entre migrantes económicos, desplazados climáticos, desplazados internos y refugiados es difusa y líquida.

Del total de los migrantes en 2016, unos 25 millones fuerondesplazados como consecuencia del cambio climático según el último informe de la OIM. La misma organización informó a infoLibre que solo en la primera mitad de 2017 hubo 4,5 millones de desplazados climáticos, aunque también advertía que esta cifra no tiene en cuenta a los desplazados internos, quienes huyen dentro del propio país. Ecologistas en Acción exige que sean reconocidos los refugiados que provoca el cambio climático ante el temor de que a mitad de siglo más de 200 millones de personas se vean afectadas y su estatus aún quede en un limbo legal. Según la ONU, en los últimos 30 años, el número de catástrofes naturales se ha triplicado.

Aunque no están todas, infoLibre repasa algunas crisis humanitarias que pocas veces se hacen un hueco en los medios:

1. Yemen: "La peor crisis del siglo"

La Organización Mundial de la Salud denuncia desde noviembre que unas 2.200 personas han perdido la vida en Yemen a causa de un brote de cólera aparecido en abril. El total de posibles contagiados alcanza el millón de personas, según expuso la Cruz Roja a finales de diciembre. El 53% son niños.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen afirma que las partes en el conflicto "no tienen interés" en lograr una solución, pues los líderes locales son "cada vez más ricos e influyentes". La guerra, mientras, ha provocado entre 12.000 y 15.000 muertos y un sinnúmero de heridos, la mayoría civiles. Se han desplazado internamente alrededor de 3,5 millones de personas. Hasta 1.600 niños han muerto y 2.700 han sido mutilados desde  mayo de 2015.

Según la ONU, hay 20,7 millones de personas necesitadas de algún tipo de asistencia o protección para cubrir sus necesidades básicas y casi la mitad se encuentragravemente necesitada, lo que supone un 10% más que cuando se hizo la anterior estimación, en octubre de 2016.

2. Filipinas: 600.000 desplazados en la Guerra contra el Dáesh

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró el 17 de octubre que la ciudad de Marawi, en la isla de Minadanao, había sido "liberada de la influencia de los terroristas". Los muyahidines de las bandas integristas Abu Sayyaf y los hermanos Maute –vinculadas al Dáesh– controlaban parte del centro de Marawi, una localidad de la mencionada isla sureña.

El Ejército llevaba más de cuatro meses de combate contra el Estado Islámico solo en Mindanao: más de 1.000 personas han muerto y más de 600.000 personas han tenido que desplazarse desde finales de mayo.

El Congreso filipino amplió el 13 de diciembre un año más la ley marcial en la isla de Mindanao ante el temor de nuevas amenazas terroristas. Al menos existen cuatro organizaciones tachadas de "terroristas" por el Gobierno de Duterte en el país.

3. Afganistán: casi tres millones de refugiados tras 16 años de guerra

Tras 16 años de un conflicto asimétrico superpuesto a una guerra civil preexistente desde 1978, la Administración Trump anunció el pasado 31 de agosto que reforzaría la presencia de tropas para ayudar al Gobierno afgano, que ha ido perdiendo territorio frente al grupo talibán hasta solo controlar el 60% del territorio. Poco después, EEUU pedía a sus socios de la UE un envío de 1.000 soldados más al país afgano. El 9 de noviembre, la OTAN acordó en elevar de 13.000 a 16.000 los soldados desplegados en Kabul.

Las víctimas de esta guerra son incuantificables, pero solo en 2017 han muerto 3.000 personas a causa del terrorismo en el país. Afganistán es el segundo país que más atentados ha sufrido durante este año (130) según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y también el segundo en cuanto a demandantes de asilo según la CEAR, con 2,7 millones, solo por detrás de Siria en ambas clasificaciones.

4. Somalia: uno de cada cuatro personas, en emergencia alimentaria

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura informó el 31 de agosto que 6,2 habitantes somalíes sufren inseguridad alimentaria, de los que 3,1 millones (el 25 % de la población) se encuentran en una situación de emergencia.

El cambio climático empeora la situación medioambiental cada año y se ceba con África: entre abril y junio la sequía ha ocasionado una pobre cosecha de cereales. En Somalia no hay un poder centralizado y la organización Al Shabab, –vinculada a Al Qaeda y que controla parte del centro y sur del país– niega la hambruna y prohíbe la ayuda humanitaria.

El aumento de los precios de los alimentos y las pérdidas de ganado han provocado 2 millones de desplazamientos internos y han hecho que más de un millón de personas abandonen Somalia en la primera mitad del año. Parte de estos migrantes (240.000) han acabado en el campo de refugiados de Daabab, en Kenia, pero el Gobierno del país de acogida está ejerciendo presión para que vuelvan a su país de origen. Según Amnistía, Kenia "pisotea las normas internacionales", pues "sólo se puede hacer regresar a las personas refugiadas si su seguridad y dignidad están garantizadas" 

5. Sudán del Sur: cuatro millones de desplazados

Ejército de Sudán del Sur (dinkas). EP

La vecina sureña se independizó de Sudán en 2011 tras un referéndum y una guerra civil extendida desde 1955, pero desde 2013 vive una guerra étnica con tintes genocidas que enfrenta a los dinkas, del actual presidente Kiir, contra los nuer, minoría leal al ex vicepresidente Machar.

Este conflicto ha causado ya cerca de 2 millones de desplazados internos, otros tantos refugiados en países vecinos y que 7,6 millones de personas vivan en situación de inseguridad alimentaria grave según la ONU. Sudán del Sur se convirtió en la nación más joven del mundo –y también la más corrupta– en 2011.

A la guerra y el desgobierno por la caída del dictador Gadafi (2011), se les ha unido la violación de los derechos humanos de los que tratan de huir del país magrebí.

Además de los visibles casos de esclavitud, Oxfam Intermón ha publicado recientemente un informe a partir de declaraciones de testigos y víctimas en el que se evidencia que el 84% ha sufrido "tratos degradantes o inhumanos, extrema violencia o tortura" durante su estancia en los 40 centros de detención oficiales financiados por la eurozona. Médicos Sin Fronteras señala que "las mujeres embarazadas son especialmente atacadas y violadas en estos centros".

Tras el pacto de la UE con Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes, la ruta migratoria preferida pasa por el Mediterráneo central, con abundantes casos de devoluciones en caliente, mafias que trafican con personas, secuestros y torturas. La OIM estima que alrededor de 13.000 migrantes han muerto en esta ruta desde 2014, incluyendo más de 2.500 durante este año. La comisión de la Unión Africana habla de hasta 700.000 migrantes en condiciones "inhumanas" en Libia.

7. India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés: más de 1.400 muertos por el monzón

El cambio climático se alía con el monzón para sacudir una de las regiones más pobres del planeta, el sudeste de Asia. Según la ONU, 41 millones de personas han resultado afectadas por la última temporada del monzón.

India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés se llevan la peor parte: la Cruz Roja estimaba que, ya a principios de octubre, más de 1.400 personas habían muerto en total. Tambiéndenunciaba la magnitud de un desastre sin igual en décadas "ignorado" mediáticamente.

El monzón inunda Nepal

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres alertaba en octubre que unos 2,3 millones de indios se ven obligados a desplazarse cada año debido a desastres naturales, mayoritariamente por inundaciones. Según la Autoridad Nacional para el Manejo de Desastres de la India, cada temporada el fenómeno meteorológico deja como promedio 1.600 víctimas mortales en el país

En Sri Lanka, el Centro de Gestión de Desastres  informó de que el número de afectados por las fuertes lluvias y vientos se eleva ya a 20.000.

A mediados de año, las lluvias asociadas a la temporada monzónica y el ciclón Mora causaron al menos 212 muertos y 79 desaparecidos en Sri Lanka.

La ONU calificó las inundaciones en Nepal -que sigue recuperándose del terremoto de 2015- como las peores de los últimos 15 años y las autoridades nepalíes informan de más 140 muertos y decenas de desaparecidos.

8. La cuenca del Chad: más de 380 de víctimas civiles de Boko Haram

Niñas liberadas por Boko Haram en mayo. EP

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que la secta islamista Boko Haram ha causado la muerte de al menos 400 civiles solo desde abril en la región del lago Chad, una cifra que duplica el número registrado en los cinco meses anteriores. El lago ha pasado de tener una superficie de 25000 km2 (en 1960) a 2500 km2 (para el 2009), y se estima que desaparecerá en 20 años.

Los fundamentalistas han asesinado a más de 300 civiles en Nigeria y 160 en Camerún al ser empujados por el Ejército nigeriano a las montañas camerunesas de Mandara.

Según la Amnistía Internacional, hay 2,3 millones los desplazados en la región: 1,6 de Nigeria, 303.000 de Camerún y 374.000 de Chad y Níger. También destaca las más de 7 millones de personas con grave escasez alimentaria y el más de medio millón de niños en situación de malnutrición severa en los países de la cuenca del Chad.

9. Níger: más de 1.600 personas afectadas por la hepatitis E

Acción Contra el Hambre ha alertado de una epidemia de hepatitis E la región de Diffa (Níger) por los malos hábitos de higiene causados por la inexistente infraestructura sanitaria. Según la ONG, las previsiones en la región apuntan a una buena cosecha, pero la hepatitis E afecta ya a "más de 1.600 personas" y perjudicará estas previsiones positivas. La enfermedad también ha causado el desplazamiento de al menos 247.000 personas y la muerte de 50.

El petróleo es otro de los contaminantes de esta aguas: con más de 6.800 derrames registrados —entre nueve y 13 millones de barriles—, la región del Delta del Níger es una de las más contaminadas del planeta. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente alertaba de que en el 8% del territorio nigeriano se superaban en dos tercios los niveles nacionales de contaminación. 

10. Nigeria: la ONU vacuna de cólera a 844.000 personas

La OMS anunció el martes 27 de septiembre el fin de su campaña de vacunación contra el cólera en  Maiduguri, capital del estado de Borno, agregando que 844.000 personas habían sido inoculadas.

Hasta finales de septiembre se habían detectado 3.934 supuestos casos de cólera -con un total de 54 muertos- en Maiduguri y sus alrededores. El brote confirmó los temores de las ONG sobre la expansión de enfermedades durante la época de lluvias. 

La coalición opositora ecuatoguineana Juntos Podemos ha denunciado la detención de uno de sus interventores en el marco de un "cúmulo de irregularidades" en aumento durante la celebración de las elecciones parlamentarias y municipales de este domingo en el país africano, y en las que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, del presidente Teodoro Obiang, parte una vez más como aplastante favorito, informa Europa Press.

La detención del interventor, según fuentes del interior del país al portal de noticias Asodegue, ha tenido lugar en el barrio de Ngolo, en la ciudad de Bata. Según las primeras informaciones, el interventor ha intentado que se parase la votación tras denunciar que la votación se estaba haciendo en público para presionar a los simpatizantes de la oposición.

Las mismas fuentes también han denunciado amenazas contra el candidato opositor al senado por Bata, Nicolas Mengué Meñana, por un militar.

Asimismo, Juntos Podemos –coalición formada por Convergencia para la Democracia Social y Unión de Centro Derecha– también ha denunciado que sus listas han sido anuladas en la región continental de Kogo y sus candidaturas suprimidas en dos distritos de Bata y en el más grande de Malabo, la capital.

La oposición además ha denunciado constantes restricciones durante la campaña así como bloqueos constantes de los teléfonos, restricciones al acceso a las redes sociales y acoso contra los críticos al Gobierno ecuatoguineano.

El PDGE del mandatario controla actualmente 99 de los 100 escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo y 74 de los 75 de la Cámara Alta, en línea con los resultados obtenidos desde 1991, tras el fin de la regla del partido único.

El 15 de febrero de 1916, en torno a mil alemanes y 46.000 cameruneses cruzaron la frontera entre el Camerún alemán y Guinea Ecuatorial (en aquel entonces colonias alemana y española, respectivamente). Huían de las fuerzas aliadas francesas e inglesas en el marco de la Primera Guerra Mundial. 

Durante el conflicto, las tropas coloniales francoinglesas rodearon rápidamente Camerún, y el ejército alemán allí ubicado se quedó con una única opción: avanzar hacia la estrecha frontera con la Guinea española, con la esperanza de que España, neutral en la guerra, les diera asilo. 

En el lado español de la frontera sólo se encontraban entre 100 y 200 soldados, que rápidamente se vieron sobrepasados por la situación, aunque la rendición y entrega de las armas por parte de los alemanes fue pacífica. El gobernador de la colonia, Ángel Barrera, decidió devolver al otro lado de la frontera a 25.000 de los cameruneses, quedando unos 27.000 refugiados en su territorio.

Fronteras entre Camerún y Guinea ecuatorial, muy similares a las de 1916.

Mientras tanto, Inglaterra y Francia hacían presión diplomática: temían que los soldados que habían cruzado la frontera (unos 500 alemanes y 6.000 nativos) pudieran reactivar el conflicto armado. Así, el Ministerio de Estado y la Embajada instan a Barrera a que traslade a los refugiados a la isla de Fernando Poo. 

De las más de 25.000 personas que buscaron asilo en Guinea, entre 800 y 1.000 eran alemanes (sólo la mitad de ellos soldados), 6.000 eran áskaris (soldados cameruneses nativos), y el resto personal de servicio (como porteadores, mayordomos o intérpretes) y civiles (principalmente las familias de los soldados). 

12.000 refugiados en Fernando Poo

En Fernando Poo, los refugiados se distribuyeron en varios campamentos alrededor de la ciudad de Santa Isabel (actual Malabo). Los datos varían de una fuente a otra, pero en esos campamentos se instalaron entre 11.000 y 12.000 personas, y Barrera envió un documento al ministro de Estado en el que detallaba que se trataba de 11.774 personas.

Los campamentos fueron organizados por los propios alemanes bajo supervisión de los oficiales españoles, y seguían una estructura y jerarquía militar. Se organizaron varios hospitales, aunque las condiciones higiénicas y alimentarias de los campamentos, sumadas a que algunos de los internos llegaron heridos de la guerra y la travesía arrojó el balance de 1.031 muertos.

La presencia de tantos alemanes en la isla, cercana al continente, y organizados, ponía nerviosos a franceses e ingleses. Los embajadores elevaban continuas protestas a las autoridades españolas exigiendo el traslado de todos los refugiados a la Península. 

Los soldados nativos regresaron a Camerún en 1917, pero los oficiales alemanes permanecieron en Fernando Poo hasta después del final de la guerra, cosa que ocasionó más protestas diplomáticas francesas, principalmente contra Barrera, al que acusaban de germanófilo. Tal fue la presión que el Gobierno español acabó apartando temporalmente al gobernador en mayo de 1918, que se mantuvo alejado de Camerún hasta el final de la guerra. No obstante, parte de los nativos presentes en Fernando Poo nunca quisieron regresar a Camerún al final de la guerra, y se quedaron a vivir en la isla.

Prisioneros alemanes en España

Prisioneros alemanes interrogados por ingleses durante la I Guerra Mundial.

El 5 de mayo llegaban a España 856 refugiados (incluido el gobernador alemán de Camerún) por Cádiz. Muchos de ellos se quedaron en Madrid, aunque algunos fueron trasladados a la también neutral Holanda, y de ahí a Alemania. 783 alemanes fueron distribuidos inicialmente en tres centros de internamiento: en Alcalá de Henares, Pamplona y Zaragoza. 

En un primer momento, los alemanes fueron ubicados en barracas, aunque con el tiempo se les permitió residir en las ciudades y acudir a los centros periódicamente. Esta laxitud permitió que algunos de ellos huyeran, como oficiales de marina, llegando al extremo de que incluso 20 de ellos huyeron por Vigo en la goleta Virgen del Socorro. 

Cuando terminó el conflicto, más de 500 alemanes seguían en España, y la mayoría regresó a su patria, aunque un número indeterminado de ellos decidió quedarse en España, donde comenzaron una nueva vida.

Las decisiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, son "ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos", dijo Mariano Rajoy este lunes. Hay que "incrementar la presión hacia el régimen" venezolano, apuntó apenas 24 horas antes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Son sólo dos muestras, pero podrían elegirse muchas otras, de la cascada de declaraciones del Gobierno sobre la crisis política y social en Venezuela, que llegó a colarse incluso en el balance del presidente sobre el curso político en España.

La atención del Ejecutivo hacia Venezuela va más allá de las declaraciones públicas. Hace dos semanas el secretario de Estado para Iberoamérica se reunió con el Embajador de Venezuela en España para expresar su preocupación sobre el proceso constituyente venezolano. Hace un mes el Ejecutivo condenó en un comunicado el "asalto a la Asamblea Nacional". El ministro Dastis se citó en junio con el presidente del parlamento venezolano y en mayo con la mujer del opositor Antonio Ledezma. Y así un sinfín de acciones y comunicados en los últimos meses.

La fijación con el país sudamericano no es sólo cosa del Gobierno: el país también recibe una gran atención de los medios en España, que critican ampliamente las acciones del Gobierno de Maduro. Estas son las cifras de los cuatro grandes diarios impresos de Madrid –El País, ABC, El Mundo, La Razón–: el lunes había noticias sobre Venezuela en la portada de tres de ellos, el martes en dos, el miércoles de nuevo en tres de los cuatro y el jueves y el viernes en uno. Titulares que se componen con palabras como "caos", "golpe", "régimen", "torturas", "malos tratos" o "división".

Pero, ¿qué pasa con el resto de países en crisis? ¿Cuál es la reacción del Gobierno de España ante las condenas a cárcel a activistas por la democracia en China? ¿Y ante las penas de muerte y las ejecuciones en Arabia Saudí? ¿Cuántas veces se ha pronunciado Rajoy sobre los más de 120 periodistas encarcelados en Turquía? ¿Y sobre las decenas de personas asesinadas por la Policía en Jamaica? ¿O sobre las detenciones indiscriminadas de manifestantes en Marruecos? Porque, además de en Venezuela, en todos esos países se han violado derechos humanos en lo que llevamos de año.

La respuesta es que lo sucedido en esos países no ha provocado ninguna reacción del Gobierno, con algunas excepciones: Exteriores ha condenado repetidamente los asentamientos de Israel en territorio palestino, y el ministro Dastis recordó a su homólogo turco que ese país debe respetar el Estado de derecho y apoyó una solución "justa y mutuamente aceptable" entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Sobre el resto de crisis, nada: ni reuniones, ni declaraciones, ni comunicados. Y no: estas situaciones tampoco han aparecido con frecuencia en las portadas de grandes diarios impresos, pese a las reiteradas denuncias de ONG.

Estos son 15 países en los que, como en Venezuela, se han violado derechos humanos en lo que va de año y que, sin embargo, no generaron ninguna respuesta del Gobierno de España:

Arabia Saudí

Las ejecuciones son frecuentes en Arabia Saudí. El 17 de enero se mató al primer preso de este año. Después ha habido muchos más: hasta el 24 de julio Amnistía Internacional llevaba contabilizadas 66 penas de muerte aplicadas en el país. Además, otras 14 condenas fueron confirmadas en esa fecha. La organización ha denunciado una preocupante escalada de ejecuciones en los últimos años –pasaron de 88 en 2014 a 158 en 2015 y 153 en 2016–, la mayoría de las cuales se producen mediante decapitación con un sable. Así se castigan, entre otros delitos, el asesinato, el narcotráfico y la hechicería. 

Arabia Saudí tampoco es un buen lugar la protesta: el 10 de enero se detuvo sin cargos a dos activistas por los derechos humanos y el día 26 de ese mismo mes la justicia saudí condenó a siete años de cárcel al escritor Nadhir al Mayid por acudir a manifestaciones y contactar con corresponsales extranjeros. Son sólo dos ejemplos que retratan una situación de falta de libertades, según las reiteradas denuncias de organizaciones internacionales. Pese a algunas reformas recientes, las mujeres siguen sujetas a un sistema de tutoría por el cual necesitan el permiso de un varón para prácticamente cualquier trámite, viaje o incluso para trabajar.

¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno de España? Celebrar las buenas relaciones bilaterales con Arabia Saudí. En enero el rey Felipe VI viajó al país y, durante un foro con autoridades y empresarios saudíes, expresó su "sincero" agradecimiento por la "fraternal hospitalidad" del rey Salman bin Abdulaziz. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición, Exteriores no informó de si el ministro Dastis –que acompañó al monarca– habló de derechos humanos con las autoridades locales. En febrero Dastis se reunió con su homólogo saudí y el Ministerio emitió un comunicado donde celebró los "estrechos lazos de amistad y cooperación" entre los dos países, y en abril Juan Carlos I fue recibido por el rey saudí, quien le organizó un banquete en su honor. Los motivos de esta visita no trascendieron.

China

Si la aplicación de la pena de muerte es frecuente en Arabia Saudí, en China es ya una cuestión cotidiana. Las organizaciones por los derechos humanos tienen contabilizadas al menos 931 ejecuciones entre 2014 y 2016, aunque sólo 85 aparecían en la base de datos oficial de la dictadura. Ante esta falta de transparencia, las ONG son incapaces de hacer una estimación aproximada. No en vano, en la mayoría de ocasiones el Gobierno chino clasifica la información relacionada con la pena capital como secreto de Estado.

Como en la dictadura saudí, los disidentes están fuertemente reprimidos en la dictadura china. En marzo la justicia local condenó a penas de entre tres y cuatro años y medio a los activistas que apoyaron a los manifestantes de la Revolución de los Paraguas de Hong Kong, que reclamaron democracia durante casi tres meses, y en julio murió el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que había desarrollado un cáncer de hígado terminal en prisión. Fue condenado por redactar un manifiesto que pedía reformas democráticas y liberado pocos días antes de morir. El régimen le impidió incluso acudir, en 2010, a recoger el galardón.

En lo que va de año, el Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha emitido un solo comunicado sobre la situación en China. En mayo, el presidente Mariano Rajoy se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. En lugar de hablar de derechos humanos, prefirió destacar la fortaleza de la economía española y el potencial de las empresas españolas de infraestructuras. Un mes después, el dirigente chino se citó con el rey Felipe VI. Ambos expresaron su deseo de mejorar las relaciones bilaterales y su "respeto mutuo". El monarca manifestó su "afecto y admiración" hacia China e invitó a Xi visitar España.

Colombia

En febrero de este año, Amnistía Internacional alertó de que durante los 30 primeros días del año habían sido asesinados diez defensores de los derechos humanos en el país. La organización advirtió del repunte de asesinatos de líderes comunitarios, activistas por los derechos a la tierra y ambientalistas, y pidió al Gobierno colombiano más medidas para su protección. El Gobierno de España no se pronunció sobre esa situación. Sí emitió un comunicado, en cambio, para criticar duramente la decisión del Ejecutivo de aquel país de intervenir primero y liquidar después Electrificadora del Caribe, una empresa controlada por la española Gas Natural.

Congo

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en masa. Es el terrible retrato de la situación en la República Democrática del Congo, inmersa en un fragil proceso de paz desde el final de la guerra en 2003 y sumida en una grave crisis cuyo último capítulo es la huelga general convocada por el principal partido de la oposición, que exige la convocatoria de elecciones. El pasado lunes, el Gobierno ordenó bloquear el intercambio de imágenes en redes sociales para impedir que trasciendan fotografías de la situación. Ya en febrero, la ONU exigió el cese de las ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas armadas y en marzo denunció la existencia de al menos 10 fosas comunes.

La Unión Europea, por su parte, ha sancionado a más de una decena de cargos del Gobierno por obstaculizar el proceso electoral y por su relación con violaciones de derechos humanos. En 2017, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha limitado a emitir un comunicado, el 29 de marzo, para expresar su pesar por la "muerte violenta de dos miembros del Grupo de Expertos del Comité de sanciones para la RDC", que desaparecieron mientras investigaban posibles abusos de los derechos humanos junto a su intérprete y tres conductores congoleños, y que fueron finalmente hallados muertos. Ni Rajoy ni el ministro Dastis se han pronunciado sobre la situación en el país.

Egipto

Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron en abril a militares egipcios de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones sostuvieron que tenían contabilizados siete y dos casos, respectivamente. Amnistía, además, denunció en enero que seis jóvenes de entre 17 y 27 años podrían haber sido también ejecutados por militares, y comunicó en marzo que las autoridades del país retienen durante doce horas diarias a múltiples activistas por los derechos humanos sobre los que no pesa condena alguna. Además, según la ONG Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos, el Gobierno egipcio ha censurado el acceso a 114 webs desde finales de mayo. 

Desde que tomó posesión, a principios de noviembre de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no se ha pronunciado en una sola ocasión sobre la situación en Egipto. Los únicos comunicados que ha emitido su departamento sobre Egipto son de condena de diversos atentados sucedidos durante estos meses, pero en ningún caso contienen mención alguna a la situación de los derechos humanos en el país.

Guinea Ecuatorial

El 24 de marzo, el líder de la oposición de Guinea Ecuatorial, Andrés Esono Ondó fue detenido en el aeropuerto de la capital, Malabo, a donde llegó procedente de Madrid. El secretario general de Convergencia para la Democracia Social pasó varias horas retenido sin cargos. El 21 de abril fueron detenidos el presidente y el vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, una ONG suspendida por el Gobierno, tras ser interrogados durante más de cinco horas por el ministro de Seguridad Nacional. Fueron obligados a pagar una multa antes de ser puestos en libertad más de una semana después.

Las ONG internacionales han denunciado repetidamente casos de fraude electoral en el país. El presidente, Teodoro Obiang, llegó al poder en 1979 tras un golpe de Estado en el que derrocó a su tío Francisco Macías, que fue ejecutado, y está considerado uno de los mandatarios más corruptos y represores del mundo. El hostigamiento a la oposición y la tortura a sus integrantes es moneda de cambio habitual, según organizaciones por los derechos humanos. A finales de junio, la Policía irrumpió en la presentación de una nueva coalición opositora, Juntos Podemos, impidió la celebración del acto y detuvo a dos periodistas. El Gobierno de España no se ha pronunciado sobre ninguno de estos hechos.

Israel

Las violaciones de derechos humanos también son frecuentes en Israel. El 2 de enero, Human Rights Watch denunció que altos cargos israelís instan a "disparar a matar" a los palestinos y que abundan los llamamientos a asesinar de forma extrajudicial a la población palestina. HRW aseguró tener 140 casos contabilizados entre octubre de 2015 y enero de 2017, fecha del informe. Poco después, en febrero, el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria consideró contraria al derecho internacional la regularización de miles de viviendas de colonos israelís en territorio palestino ocupado, aprobada por el Parlamento de Israel.

Además de los ataques a población palestina, las autoridades israelíes también emprendieron acciones contra ciudadanos beduinos. En marzo, demolieron por 110º vez desde julio de 2010 la aldea de Al Araqib, dejando sin vivienda a más de 80 personas. HRW calcula que hay 80.000 beduinos bajo "amenaza constante" de demoliciones. Pocos días antes, en febrero, el Gobierno de Israel había denegado un visado de trabajo precisamente a un empleado de HRW, a la que acusó de estar "al servicio de la propaganda palestina", y había detenido sin cargos a un periodista palestino en huelga de hambre.

Desde que el actual Gobierno de España tomó posesión, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido siete comunicados o notas para criticar los asentamientos en Jerusalén, Cisjordania y los territorios palestinos ocupados. El Ejecutivo español también ha cargado contra la ley que permite la regularización retroactiva de viviendas de colonos, y ha manifestado en múltiples ocasiones que la ocupación es contraria al derecho internacional y que dificulta la "solución de dos estados", que se considera la "única capaz de resolver el conflicto de forma justa y definitiva".

Jamaica

El 28 de febrero, la Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica alertó de que, sólo en los dos primeros meses del año, las fuerzas de seguridad del país asesinaron a 31 personas, lo que supuso un aumento del 55% con respecto a las cifras de un año antes. El Gobierno de España no se pronunció para expresar su preocupación al respecto. El Ejecutivo, en cambio, sí emitió un comunicado para celebrar la firma de un contrato entre la eléctrica Jamaica Power Company y la española TSK para construir una central de ciclo combinado en la localidad de Old Harbour. 

Marruecos

Las manifestaciones en el Rif están siendo duramente reprimidas por las autoridades marroquíes, según la denuncia de diversas varias ONG. Las protestas comenzaron en octubre de 2016, tras morir un vendedor de pescado aplastado en un camión de recogida de basura. Desde entonces, de acuerdo con los datos de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, se ha detenido a casi 200 activistas. La última gran manifestación en Alhucemas, el 20 de julio, concluyó con un muerto, cuatro heridos y catorce manifestantes condenados, entre ellos el periodista director de la web badil.info, sentenciado a tres meses de prisión por "incitar a la gente a manifestarse".

Ya en junio, Amnistía Internacional denunció que los manifestantes rifeños eran castigados sistemáticamente con una "oleada de detenciones en masa" y con una "aterradora" tanda de "redadas de decenas de manifestantes, activistas y blogueros" que exigían "el fin de la marginación de las comunidades y la mejor del acceso a los servicios en la región". Los rifeños no son los únicos que han sufrido la represión marroquí: un Tribunal de Apelación confirmó en julio las condenas a 19 independentistas saharauis, ocho de los cuales fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los once restantes pasarán entre 20 y 30 años en prisión.

Marruecos es también un mal país para ejercer el periodismo. A finales de julio, Reporteros Sin Fronteras denunció la expulsión de dos periodistas españoles que cubrían las revueltas sociales en el RIf. Se trató del director de la página informativa Correo Diplomático, José Luis Navazo, residente desde hace años en Marruecos, y del delegado de dicho periódico en Madrid, Fernando Sanz. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), solicitó también en aquella fecha al ministro Alfonso Dastis que exigiera a Marruecos las "oportunas explicaciones" sobre lo sucedido.

Pese a la gravedad de la situación, no parece que el Gobierno de España se haya interesado por el respeto a los derechos humanos en ese país. El ministro Dastis recibió en mayo a su homólogo marroquí, y Exteriores destacó en un comunicado la "excelente relación bilateral" existente. Meses antes, en marzo, Rajoy felicitó al nuevo presidente del Gobierno de Marruecos, Saadedin Al-Othmani, a quien le transmitió la "total disposición" de España para dar un "impulso renovado" al vínculo entre ambos países y, en noviembre de 2016, el presidente español fue recibido por el rey marroquí Mohamed VI en Marrakech y ensalzó en su discurso la "intensa y modélica" colaboración entre ambos países. Hace apenas dos semanas, el 30 de julio, Felipe VI envió un mensaje de felicitación al rey de Marruecos con ocasión de su decimoctavo aniversario en el trono.

México

Amnistía Internacional denunció en mayo que las Fuerzas Armadas mexicanas "están fuera de control" y pidió al Gobierno mexicano que aclare una posible "ejecución extrajudicial", pues un vídeo al que tuvo acceso la organización muestra a hombres vestidos con uniformes militares matando a una persona durante una operación. Dos meses después, la ONG publicó un informe donde alertó de que las detenciones arbitrarias son un "fenómeno cotidiano" que "abre la puerta" a la tortura en México.

El pasado 5 de agosto, se hallaron los cuerpos sin vida de 14 personas en una fosa clandestina en el municipio de Valparaíso, perteneciente al estado de Zacatecas. En la última década, según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, se han localizado al menos 855 fosas clandestinas. El ministro Dastis se reunió con su homólogo mexicano en febrero y viajó al país en marzo. En abril se celebró la XII Comisión Binacional España-México en Madrid, en la que también participó el titular de Exteriores. No consta que el Gobierno se haya interesado en ninguna de esas ocasiones por la violencia en el país. En febrero Rjaoy conversó con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pero hablaron únicamente de la relación entre México y la administración Trump. 

Sudán del Sur

La comisión de investigación sobre abusos presentó en marzo un detallado informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que denuncia que en el país se cometen cada día atrocidades y vejaciones que podrían ser constitutivas de crímenes de guerra, además de un proceso de limpieza étnica. El conflicto estalló en 2013 y se recrudeció en julio de 2016, según el documento. En el único comunicado emitido por Exteriores sobre este país, el Gobierno de España lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no impusiera un embargo de armas a Sudán del Sur y alertó de la "muy grave crisis política, económica y humanitaria" que atraviesa.

Tailandia

El 22 de mayo de 2014, el Ejército tailandés dio un golpe de Estado bajo con el pretexto de poner fin a meses de protestas callejeras, restablecer la paz y aprobar reformas contra la corrupción. Pero, en la práctica, activistas y parlamentarios vienen denunciando desde entonces la falta de respecto a los derechos humanos en el país y han exigido reiteradamente el restablecimiento de la democracia, pues la junta militar reprima toda muestra de disidencia, lo que ha llevado a la detención de 112 opositores que se enfrentan a condenas de entre 3 y 15 años de prisión, según denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El pasado 9 de junio, un tribunal militar condenó a un hombre por publicar una serie de mensajes en Facebook que fueron considerados ofensivos con la monarquía tailandesa. Este mismo miércoles, otro tribunal de las mismas características recibió una sentencia de 20 años de cárcel por compartir en redes sociales seis vídeos con material considerado difamatorio hacia la monarquía del país. Ni el Gobierno de España ni el Ministerio de Asuntos Exteriores español han emitido, desde que tomaron posesión a finales del año pasado, ningún comunicado sobre esta preocupante situación.

Túnez

El Gobierno tunecino decretó el estado de emergencia en noviembre de 2015, tras una serie de atentados yihadistas que costaron la vida a 72 personas, y ha aprobado sucesivas prórrogas que mantienen esa situación de excepción a día de hoy. La medida restringe derechos individuales y sociales –permite, por ejemplo, arrestos y registros indiscriminados y la detención durante 48 horas sin acceso a un abogado–, y Zinedin el Abedin Ben Ali, dictador derrocado en 2011, la utilizó con frecuencia como instrumento de represión.

En febrero, el relator especial la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, manifestó su preocupación por los casos de tortura en el país y denunció la "parálisis" de la comisión nacional turca para la prevención de la tortura, que no puede trabajar por falta de fondos. Amnistía Internacional también advirtió sobre los abusos y la tortura por parte de cuerpos de seguridad tunecinos este año. El ministro Dastis recibió en enero al número dos del Ministerio de Exteriores turco y viajó al país en abril para reunirse con el primer ministro y el titular de Exteriores en abril. No consta que se interesara por este asunto.

Turquía

Las denuncias sobre abusos policiales, represión a la oposición y censura a periodistas y medios se han multiplicado en el país desde el fallido golpe de Estado de hace un año. En mayo, más de 100.000 funcionarios y empleados del sector público fueron expulsados de sus puestos acusados de mantener "vínculos terroristas", según denunció Amnistía Internacional, que calificó de "arbitrarios" esos despidos masivos que condenan a la "aniquilación profesional" a los afectados, pues tras ser señalados como enemigos políticos tienen imposible encontrar trabajo en el sector privado, de acuerdo con un informe de la ONG.

La propia organización ha sufrido las consecuencias de enfrentarse a Erdogan: el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional y la directora de la organización, Taner Kiliç e Idil Eser, respectivamente, llevan más de dos meses detenidos, sin que se haya iniciado un proceso judicial en su contra y acusados de forma poco clara de tener vínculos terroristas, según informó la propia Amnistía Internacional. La oficina de la ONU para los derechos humanos advirtió en julio de que Kiliç, Eser y los otros 11 activistas detenidos en la misma operación corren un "riesgo importante" de sufrir torturas en Turquía.

En cuanto a la situación de la libertad de prensa en el país, desde el fallido golpe se Estado se han cerrado más de 150 medios de comunicación y se ha detenido a más de 120 periodistas, en muchos casos sin cargos claros o igualmente acusados de forma vaga de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Uno de los últimos casos afecta al periodista Hamza Yalçin, actualmente en prisión provisional en España y sobre el que peasba una orden de detención emitida por las autoridades turcas, que reclaman su extradición para que se enfrente a un juicio en el que podría ser castigado con más de 20 años de prisión.

¿Y qué ha hecho el Gobierno de España en todo este tiempo para detener la represión a la oposición en Turquía y asegurar que se cumplan los derechos humanos en ese país? Repasando los comunicados oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, la única referencia a estas cuestiones aparece en una nota emitida en febrero con motivo de una reunión entre el ministro Dastis y su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu: "El ministro Dastos ha recordado la necesidad de mantener la lucha antiterrorista en el marco del respeto al estado de derecho, los principios de proporcionalidad y la presunción de inocencia, los derechos y libertades fundamentales y, especialmente, la protección y reconocimiento de las víctimas", dice el escueto comunicado.

Yemen

El país, en guerra desde 2015, atraviesa una situación verdaderamente complicada. Según denunció el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) el pasado miércoles, 10.000 yemeníes han muerto en los últimos doce meses por la falta de atención médica en el país y otros 9.000 han perdido la vida por la guerra. A estas cifras se suma la imposibilidad de salir del país por vías seguras, ya que el aeropuerto internacional de Saná, la capital está cerrado por las restricciones impuestos por la coalición internacional liderada por Arabia Suadí, que quiere sofocar la revuelta de los huthis y devolver el Gobierno a Abdo Rubbu Mansur Hadí.

La violencia es la tónica dominante en las actuaciones de todas las partes implicadas. Human Rights Watch informó esta semana de que los rebeldes huthis bombardearon con artillería a civiles en el sur del país al menos en seis ocasiones en mayo de este año, provocando al menos 30 muerto y 160 heridos, en una actuación contraria a los principios de la Convención de Ginebra, que prohibe atacar a objetivos civiles directamente. La ONU, por su parte, ha pedido investigar varios ataques de la coalición saudí, también por matar civiles de forma indiscrimanda. La última de estas peticiones la realizó el 21 de julio, hace menos de un mes.

Desde que comenzó el conflicto, según los datos del CNR, 54.000 personas han fallecido y 1,2 millones de funcionarios llevan más de un año sin cobrar su salario, de modo que los servicios públicos prácticamente no funcionan. El drama social es tal que a finales de junio Unicef alertó de que a finales de agosto podría alcanzarse la cifra de 300.000 casos de cólera en el país, que tiene una población aproximada de 27 millones de habitantes. Varias ONG han advertido, además, de que armas españolas podrían haberse empleado en el conflicto, pues España vende material de guerra a Arabia Saudí, que participa en los ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no emite un comunicado sobre Yemen desde diciembre de 2016. Las únicas tres notas que publicó desde que tomó posesión el ministro Dastis las difundió para condenar atentados o para lamentar un naufragio en la costa yemení. Ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se han pronunciado en público sobre este drama humanitario. Tampoco han aclarado si en el conflicto podría haberse empleado armamento fabricado por empresas españolas, pese a que existen fotografías que muestran a rebeldes huthis empleándolas sobre el terreno.

El proceso judicial que se sigue contra Teodoro Obiang, acusado de blanquear colosales sumas en París, resulta peculiar. Diez años después de que se presentaran las primeras denuncias, el pasado 19 de junio daba comienzo el primer juicio celebrado en Francia por un caso de bienes conseguidos por métodos delictivos. Pero el proceso se celebra en ausencia del único detenido, el actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador en el cargo desde 1979. Esta circunstancia no ha impedido que sus abogados hagan todo lo posible, dese que se inició el juicio, por conseguir la anulación de la orden de envío ante el tribunal. O, por lo menos, el enésimo aplazamiento del juicio.

Pese a todo, el proceso judicial se ha celebrado, mal que bien, en presencia del embajador y de la guardia especial del clan Obiang, así como de la de los numerosos opositores ecuatoguineanos y de varios periodistas africanos. Inicialmente, el Tribunal Correccional de París se limitó a leer los cargos y, el pasado día 26 de junio, varios testigos desfilaron ante el tribunal, que describieron con toda crudeza las prácticas de los dirigentes de este pequeño Estado.

El hombre de negocios italiano Roberto Berardi, visiblemente nervioso, trabajaba en la construcción en Camerún cuando fue contactado por dignatarios de Malabo. Acabó por constituir una empresa en Guinea Ecuatorial en 2008. “Teodorín Obiang era el accionista principal con el 60% de las acciones y yo tenía el 40%”, cuenta en francés. El idilio entre el entonces ministro (Teodorin no se convertiría en vicepresidente hasta 2012) y el empresario no duró. “Sólo se preocupaba por los dividendos. A través de la sociedad ¡compró una colección de objetos de arte que había pertenecido a Michael Jackson! Creó cuentas corrientes paralelas con su firma”.

Cuando un tribunal californiano empezó a investigar tan curiosa operación, Berardi debió rendir cuentas... pese a ignorarlo todo al respecto. Según su relato, la Justicia de Guinea Ecuatorial abrió entonces un falso proceso judicial para impedirle que fuese a declarar a California. “Me negué a firmar los papeles que me presentaron y me metieron en la cárcel. Allí no hay leyes ni justicia. Está la familia Obiang y nada más”, dice el hombre de negocios. “Me acusaron de malversar fondos, registraron mi casa y me sometieron a un juicio sin testigos con un abogado de oficio que estuvo sentado en la silla sin abrir la boca; sufrí malos tratos, pasé 21 días en aislamiento. La prisión es muy dura. Cuando salí pesaba 45 kilos”. Según Roberto Berardi, “Guinea Ecuatorial es una cleptocracia. El dinero entra y sale del país con la complicidad de los bancos. Mandan el padre, la madre y el hijo. Nadie más”.

Tutu Alicante es ecuatoguineano en el exilio y oriundo de la pequeña isla donde el régimen cometió masacres en 1993. Cuenta en inglés que varios miembros de su familia han sido asesinados. “Me marché a Estados Unidos para conseguir las herramientas para combatir esta injusticia. Me convertí en abogado, al servicio de los derechos humanos. He fundado una ONG, EG Justice y asisto a mis compatriotas. Algunos fueron torturados, perdieron miembros de su familia o bienes y saben que son víctimas. Pero otros no son conscientes de que son víctimas de la corrupción; Guinea Ecuatorial es uno de los países más represivos desde el punto de vista de los derechos humanos y uno de los más corruptos del mundo”, dice tranquilamente.

Con el fin de que el tribunal pudiese hacerse una idea del coste de la corrupción en la dictadura, Tutu Alicante cuenta: “Mi hermana de 18 años entró viva en el hospital por complicaciones relacionadas con el embarazo. Murió allí dentro porque no había médico. Mucha gente en Guinea Ecuatorial comparte este tipo de experiencias. Porque no hay médico, no hay electricidad, no hay medicamentos. Vivo en Estados Unidos desde hace 23 años y soy consciente del privilegio que supone criar a mis hijos, si lo compara con los 20 sobrinos y sobrinas que viven en Guinea Ecuatorial. Otros deberían ponerse en mi lugar para hablar hoy, pero si hablan habrá personas que sean torturadas y asesinadas en prisión”.

Este abogado describe un país en el que “la economía, la política, el sector militar, todo está controlado por una única familia. Es un secuestro”. Si bien el petróleo rey ha hecho de este pequeño país de África un Estado rico, la población sigue siendo pobre y “la corrupción ha ido a más”, dice Tutu Alicante. Ha seguido el proceso abierto en Estados Unidos contra Teodorín Obiang, donde se había comprado un villa de lujo, un jet privado, obras de arte y coches deportivos. “En un primer momento, los bienes incautados tenían un importe de 70 millones de dólares, pero Teodorin no ha respetado el acuerdo alcanzado, sacó el jet y los coches de Estados Unidos antes del final del juicio”, cuenta. El caso se ha saldado con una transacción que le ha supuesto 30 millones de dólares al hijo de Obiang. Solemne, el abogado añade: “Para mí, el hecho de estar aquí hoy representa una respuesta al homicidio de mi germano y de mi hermana en el incendio de nuestra casa. También es la oportunidad de devolver a los pobres los millones que les han robados.

A continuación, llegaba el momento de subir al estrado de Delvin Mocache. Director de un diario digital independiente, instalado en España, que investiga a Guinea Ecuatorial, denuncia al clan Obiang, y recibe regularmente, a cambio, denuncias por difamar al régimen. “Es imposible manifestarse en nuestro país. Hay gente que se ha quedado sin trabajo por colaborar con nosotros. El Gobierno quiere conocer nuestras fuentes”. El periodista asegura que se ha arriesgado viajando a País. “Me aconsejaron que me escondiese después del juicio”. Inagotable sobre la corrupción generalizada de los dignatarios del régimen, Delfin Mocache sonríe al anunciar que Teodorin Obiang va a ser nombrado dirigente del partido en el poder, en unos días. “Quería ser el presidente de Guinea Ecuatorial pero sólo lo han nombrado vicepresidente del país, pero se han equivocado, el cargo no confiere ninguna inmunidad y eso hace reír a toso el mundo”, añadió.

El siguiente en declarar ante el juez fue un empresario español, que ensombrece un poco el panorama. Después de haber trabajado en Guinea Ecuatorial, en la exportación de madera y en la reparación de autovías, acabó por denunciar los sobornos y el pago del impuesto revolucionario requerido. Tuvo que salir del país tras recibir amenazas de muerte. “Trataron de matarme en Madrid. El Gobierno de Guinea Ecuatorial contrató a sicarios, pero se equivocaron. Apuñalaron a mi hermano cuando bajaba del coche. Recibió varias puñaladas en el pulmón y en el abdomen y sufre graves secuelas”.

La defensa de Teodorin Obiang se ha dedicado a echar por tierra la credibilidad de todos estos testigos, presentados como opositores políticos, oportunistas, especuladores o mentirosos. También ha tratado de poner en duda la sinceridad de William Bourdon, abogado de Transparency Internacional Francia, como ya intentó hacer en 2012 con Daniel Lebêgue, entonces presidente de esta ONG.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

España tenía al cierre de 2015 más de 16.400 peticiones de asilo aún pendientes de resolver, miles de personas a quienes se les dio la primera luz verde admitiendo su petición a trámite pero que sin embargo, viven en una situación de vulnerabilidad y con la incertidumbre al no saber si finalmente recibirán protección del Estado o serán invitados a abandonar el país. El plazo para resolver los casos es de seis meses ampliables a 21 en situaciones excepcionales, pero hay gente en España que espera durante años.

Esta situación de "colapso" denunciada reiteradamente por las ONG y evidenciada con los datos de Eurostat, provoca que muchos refugiados –algunos se habrán marchado– vivan en España en algo parecido a un limbo. Tienen una tarjeta roja que acredita que han solicitado asilo y están autorizados a residir y/o a trabajar (en función de los casos) en el país, pero se trata de un documento temporal que no da mucha confianza a futuros empleadores, futuros caseros o administrativos de banca. Hay organizaciones que destinan recursos sólo para explicar a esa gente qué significa el carné.

La primera dificultad que afrontan estas personas es que la Administración tarda más en resolver que las ayudas en acabarse. Aunque varía ligeramente en función de la vulnerabilidad y el perfil de cada uno, el programa de acogida en España tiene una duración de dos años al cabo de los cuales habrá de buscarse la vida como un ciudadano más, pero sin redes de apoyo, en un país desconocido, con un permiso temporal y con todo lo que supone haber huído de la persecución o la guerra. Amnistía Internacional dice que se aboca a la gente a la indigencia.

A nivel personal, supone un bloqueo, como varios de estos solicitantes de asilo han explicado a Europa Press, porque no se pueden hacer planes a medio o largo plazo sin saber cuál será la respuesta del Ministerio del Interior, organismo competente. Tampoco logran judicializar los casos, porque al no haberse pronunciado la Administración, no tienen una decisión contra la que litigar. Si la respuesta es no, podrán pelearlo o conseguir un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios. CEAR dice que en 2015 no se concedió "ni uno" a personas con la petición rechazada.

Otro grave problema para estas personas es que al no tener oficialmente la condición de refugiadas, el reloj de sus derechos está paralizado. Un refugiado puede obtener la nacionalidad al cabo de cinco años en España, pero no cuenta el plazo que estuvo en espera. Un refugiado tiene derecho a instar la misma protección para su familia o solicitar permiso para que se reúnan con él. Un solicitante de asilo, no. Un refugiado obtiene un pasaporte, el que espera ha de pedir permiso si quiere viajar. 

Según la ley, el plazo para resolver las solicitudes es de seis meses, un periodo que en casos excepcionales y previa notificación del afectado puede ampliarse hasta 21. Sin embargo, personas como Juan María (nombre falso), de Guinea Ecuatorial, esperan durante años. Su caso es "de récord", como dicen en Pueblos Unidos, la ONG que le acompaña en los últimos tiempos. Lleva esperando desde enero de 2009, siete años y seis meses en una situación absoluta de parálisis.

Siete años y medio esperando

Militante de un partido opositor, fue encarcelado dos veces junto a otros compañeros acusado de intentar un golpe de Estado. La primera vez pasó dos años y cuatro meses en una prisión guineana y la segunda, casi un trimestre. En ambos casos salió en libertad, según explicó en una entrevista con Europa Press, por "la presión internacional, entre otros de España, que pedía al régimen pruebas de las acusaciones".

Durante su estancia en prisión las amenazas en su entorno subieron tanto de nivel, que su mujer y sus cuatro hijos se marcharon a Norteamérica, donde recibieron asilo. Cuando salió, tras haber sufrido "torturas y todo tipo de atrocidades", la presión se centró de nuevo sobre él, su vida estaba "en grave peligro" por ser considerado "un enemigo del régimen". "Incluso en el velatorio de mi hermano se presentaron dos policías para amenazarme", afirmó.

Se matriculó en la UNED para cursar el acceso pero la situación se volvió asfixiante, había una pareja de policías inflitrada en el alumnado "para controlar la información" que él pudiera dar a los españoles. Fue el cónsul de España en Guinea Ecuatorial quien atendió su petición de ayuda y le selló un visado de turista porque dice, "hasta eso estaba controlado". Cuando en Guinea se supo que había huído, volvieron las amenazas a su familia, incluída su madre, de 85 años, que falleció poco después.

Llegó en enero de 2009 y solicitó asilo, no recibió ninguna ayuda ni fue informado de que existía un programa de acogida. Se trasladó a vivir a Zaragoza, donde sabía de una comunidad de compatriotas. Resume el proceso desde entonces con una sucesión de documentos temporales: "Primero me dieron un folio, luego una tarjetita blanca, luego una tarjeta amarilla y después una roja, y yo ya pensaba que en seguida me darían el asilo, tenía esperanzas, pero llevo más de seis años con la misma tarjeta".

Dice que lo ha intentado todo. Tras escuchar una y otra vez en las dependencias de asilo en Zaragoza que "hasta que Madrid no se pronuncie, no se sabe nada", solicitó audiencia con la entonces presidenta de Aragón y acabó recibido por un subdelegado del Gobierno que en 2012 le dijo que le llamaría. Hace cuatro años presentó un recurso para intentar que la Oficina de Asilo se pronunciase sobre su caso, pero tampoco ha obtenido respuesta. No hay una decisión contra la que reclamar en un tribunal, "sólo hay silencio".

"Yo tenía la esperanza de que aquí seguiría con mi carrera y que con suerte después podría trabajar. Incluso tenía la esperanza de que me concederían la nacionalidad española, porque los de Guinea Ecuatorial con dos años de residencia ininterrumpida aquí tenemos acceso. Ya son ocho años y no me dan ni el asilo ni puedo tener la nacionalidad. ¿En qué lugar me deja España? No tengo futuro, no vivo. No sé qué más hacer", afirmó.

Dejó Zaragoza después de siete años y se mudó a Madrid "sólo para estar más cerca de la Oficina de Asilo", por si sirve de algo. Cuenta que optó por España por "los vínculos históricos" con Guinea Ecuatorial, antigua colonia, y porque sus hermanos mayores ya hicieron vida aquí. "Entre nosotros y vosotros la única diferencia que existe es el color de la piel. Tenemos la misma cultura, la misma civilización, nuestros abuelos tienen el mismo DNI", explicó.

Los casos se acumulan

Según los datos recopilados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España recibió algo más de 14.800 solicitudes de asilo en 2015, tres veces más que el año anterior. Sin embargo, la Oficina de Asilo y Refugio se pronunció sobre 3.240 casos, 400 menos que durante 2014. Para la responsable del Servicio Jurídico de la ONG, Paloma Favieres, "el problema no es solamente ese, sino que hay un número cada vez mayor de solicitudes pendientes de resolución".

"Esto se debe a que se ralentiza el procedimiento por cuestiones de la instrucción, de las personas solicitantes o porque se está dejando hibernar algunas solicitudes de ciudadanos de países en conflicto porque la duración del conflicto es incierta, como en el caso de Ucrania, República Centroafricana y Mali", explicó.

Es lo que en las ONG llaman "criterio de prudencia", que implicaría incumplir los acuerdos de Ginebra dejando 'congeladas' algunas peticiones en lugar de atender al derecho individual de cada persona. Es por lo que Amnistía Internacional tilda el sistema de asilo español de "discriminatorio. Juan María no es de ninguna de esas nacionalidades y sin embargo, sigue esperando. No tiene una respuesta, plantea que quizá sea sólo una cuestión de voluntad.