A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor, informa EFE.

Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito, que, según la denuncia presentada por el exresponsable de la escuela taurina local, se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram. 

El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

El alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su equipo en Moncloa de "montar una gran mentira" en torno a las "falsas" acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral de una exconcejala del PP, y ha amenazado con acciones legales por "difamarle", según informa EFE.

Lo ha hecho minutos antes de comenzar el Pleno extraordinario solicitado por todos los grupos de la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) para que diera explicaciones por las citadas acusaciones de un presunto acoso sexual y laboral formuladas por la exedil del PP que presentó una denuncia en los juzgados la semana pasada.

"El señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me están difamando y eso no lo podemos consentir en ningún caso. Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez, no puede, sin haber una causa judicial abierta, sin haber tan siquiera una querella, en ningún caso, actuar como está actuando", ha añadido.

El regidor mostoleño ha insistido en que estas acusaciones son "una argucia más" por parte del presidente y "una obra más de esa fábrica de expandir bulos" que tiene en Moncloa para "intentar penetrar" en la ciudad de Móstoles "de forma absolutamente antidemocrática" y en la Comunidad de Madrid.

"En Móstoles está gobernado por el Partido Popular porque quieren los mostoleños que esté gobernado por el Partido Popular. Y lo quieren por dos razones fundamentales. Una, poner a Móstoles donde se merece, en las cuotas que se merece. Dos, por limpiar de la corrupción sanchista que aquí había y estaba corroyendo esta institución", ha asegurado. Por ello, ha avanzado que va a seguir "velando por su integridad, por su honor, por el honor de su gobierno", reiterando que esto "no le va a salir gratis al señor Sánchez": "No va a poder con la voluntad de los mostoleños, no va a poder conmigo, no va a poder con mi equipo".

"Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. No hay ninguna condena, no hay tan siquiera la condición de querellado, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué hay? Hay seis portadas en un medio de comunicación para mí, dos para el DAO", ha afirmado.

También ha acusado al Gobierno central de fabricar "otra cortina de humo para hablar de ese falso feminismo que no deja de ser un machismo rancio" y para "tapar" asuntos como "el catálogo de prostitutas de Ábalos, del Tito Berni" o del caso de Francisco Salazar. "Voy a defenderme, voy a defender mi honor, voy a defender mi persona, voy a defender a mi familia y voy a emprender acciones legales contra todo aquel que haya mancillado mi honor y que me haya calumniado o que haya actuado de mala fe, como lo está haciendo, en primer lugar, el presidente del Gobierno", ha zanjado Bautista.

Todo comenzó cuando El País publicó que el PP madrileño había estado presionando a una concejala para que no denunciara al alcalde por acoso sexual. La información adelantada por el diario destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

Ante la falta de protección de su partido, la exconcejala finalmente presentó la semana pasada una querella por un presunto acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Un cargo de confianza del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) ha tildado de "pájara miserable" a la exedil del PP que ha denunciado un presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista (PP), quien desde un primer momento ha negado las acusaciones asegurando que se trata de una 'vendetta' política, informa EFE.

El citado cargo de confianza, Alberto Pérez Boix, es actualmente coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles y una de las personas más próximas al regidor mostoleño, con quien ya coincidió en el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante los mandatos de 2011 y 2015.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Pérez Boix ha salido en defensa del alcalde asegurando que el abogado de la exedil del PP está "recogiendo cable", ya que "no tiene pruebas" del acoso sexual, por lo que se pregunta "quién restaurará el daño ocasionado al alcalde y a su familia".

"Ojalá caiga todo el peso de la ley sobre esta pájara miserable", culmina su mensaje, que se produce después de que la exconcejala del PP haya anunciado que presentará una denuncia en los juzgados contra el alcalde por acoso y otra, más adelante, contra altos cargos de la Comunidad y del partido por la filtración de correos personales.

El asesor de Bautista hace referencia a unas declaraciones del abogado de la exedil en las que afirmaba, en la Cadena Ser, que no había decidido aún los términos exactos de la denuncia ni si lo hará finalmente por un acoso de carácter sexual, ya que dicho tipo delictivo "requiere, según jurisprudencia, que se haya producido una continuidad".

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde insistiera el viernes pasado en que no hubo ningún tipo de acoso sexual y laboral a su exconcejala, avanzado que emprenderán acciones legales por sus acusaciones de "acosador" cuando "no hay ni sentencia firme y ni siquiera una denuncia en sede judicial".

Lo hizo en una nueva comparecencia donde volvió a estar respaldado por todos sus concejales y en la que reiteró que "no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que dice que eres acosador".

A estas palabras de Pérez Boix ha reaccionado el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha dicho en la red social X que "esta campaña de acoso y derribo contra la concejala que se atrevió a denunciar es infumable".

"Así actúa el PP de Madrid: denigran a la víctima mientras aplauden y protegen al presunto agresor", ha subrayado.

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo, a un funcionario que avaló la adjudicación de una vivienda social de la ciudad de Alicante a su mujer, "omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte", informa EFE.

Esta decisión, según fuentes de la Conselleria, se adopta después del "segundo análisis" solicitado por la Secretaria Autonómica de Vivienda tras conocerse que una concejal del Ayuntamiento de Alicante, un arquitecto municipal y dos allegados de una alto cargo -la primera y esta última han renunciado a sus cargos tras conocerse los hechos- han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

En esta segunda verificación se ha conocido que este funcionario es cónyuge de una de las personas solicitantes y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia, según las mismas fuentes.

La Dirección Territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de este técnico funcionario, que "revisó, tramitó y acreditó para su firma" el expediente de su mujer, "estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo".

La Conselleria ha afirmado que "actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas". "Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros", ha indicado.

La Conselleria ha subrayado "con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". "Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control", ha indicado.

En concreto, "además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación", ha avanzado.

"Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha señalado.

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una vivienda pública de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión, informa EFE.

Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, ha informado de que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, "antes de entrar en política", según un comunicado del Ayuntamiento.

La hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida y dado que está de baja por maternidad.

Arquitecta de profesión y de 33 años, Gómez llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante y ha repetido en la nota que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La decisión de la concejala del PP se produce un día después de que se supiera que tanto ella como un arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de una alto cargo del consistorio, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, habían sido adjudicatarios de estas viviendas sociales en la Playa de San Juan, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.

Al mediodía de este viernes, el alcalde, Luis Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, había explicado que la concejala de Urbanismo había recibido la condición de adjudicataria cinco años antes de llegar a la política y que "hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión" relacionada con los hechos conocidos, pese a lo cual añadió que ha pedido un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades.

En una intervención sin preguntas, el alcalde ha sostenido que aplicará "la máxima contundencia" una vez tenga el informe municipal y que actuará "caiga quien caiga", incluyendo la posibilidad trasladar a la Fiscalía el contenido del expediente ante el menor atisbo de irregularidad.

Este asunto ha acaparado la actualidad política en la Comunitat Valenciana y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha señalado que las personas que optaron a dichas viviendas "cumplían los requisitos", aunque al mismo tiempo ha calificado de "muy grave" lo conocido.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios".

En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un "pelotazo urbanístico" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España".

Los viajes de Anne Hidalgo son un tema sensible. La alcaldesa de París, en varias ocasiones desde el inicio de su mandato, ha sido cuestionada por sus viajes internacionales, considerados para algunos demasiado numerosos o demasiado costosos, y para otros demasiado contaminantes o poco transparentes. Recientemente, algunos políticos denunciaron a una “viajera” más centrada en su candidatura para alta comisionada para los refugiados de la ONU que en el final de su mandato parisino.

La alcaldesa viaja mucho y lo asume. “París tiene una proyección internacional por su estatus turístico e histórico, y el cargo de alcalde de la ciudad implica un papel a nivel internacional”, justificó a Le Monde Patrick Bloche, su primer teniente de alcalde.

Este diario señalaba en los últimos años la opacidad y la ausencia de un marco legal que rodeaba los viajes de la política socialista, a menudo anunciados en la agenda solo la víspera de su partida. “El ayuntamiento se niega a facilitar una lista exhaustiva de sus viajes oficiales en los últimos dos años”, lamentaba también Le Parisien en 2023.

De hecho, no fue hasta ese año cuando el Consejo de París aprobó un “mandato especial” para autorizar sus desplazamientos. Y solo a partir de 2024 el Ayuntamiento publica un cuadro anual en el que se recogen los destinos, el objeto y el coste total de los viajes de la alcaldesa y sus adjuntos.

Río de Janeiro, Rabat, Oporto, Nueva York, Viena... En total, Mediapart ha contabilizado cerca de 90 viajes internacionales realizados por la alcaldesa desde 2020, y ya más de veinte desde principios de 2025. Este recuento se basa únicamente en los viajes anunciados en la página web del Ayuntamiento y no cuenta los de otros políticos locales, en particular los del teniente de alcalde para Europa y Relaciones Internacionales, Arnaud Ngatcha.

Tras años de mantener el misterio, el Consistorio parisino se vio obligado a hacer algunas reformas tras las intensas polémicas de 2023. En noviembre de ese año, la alcaldesa de París abandonó la capital durante más de un mes para realizar dos viajes consecutivos. Uno a Benín para asistir a un encuentro de la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos y otro a la Polinesia para hablar de la edición ultramarina de la Nuit blanche, “la emergencia climática” en Nueva Caledonia y visitar el lugar donde se celebrarán las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos en Tahití.

En aquel momento, la alcaldesa, que iba acompañada de dos concejales y tres colaboradores, no comunicó nada sobre ese viaje. Incluso pidió a su equipo que publicara vídeos suyos que dieran a entender que estaba en París y no en Tahití. Su servicio de comunicación consideró inoportuno dar publicidad a dicho viaje pocas semanas después de los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel, seguidos del asesinato del profesor Dominique Bernard, el 13 de octubre de 2023, en Arras.

La alcaldía tuvo muchas dificultades para justificarse y cambió varias veces su versión sobre el desarrollo del viaje, hasta que tuvo que admitir que la alcaldesa había faltado a su cita principal en la sede de la prueba olímpica. En su lugar, lo que hizo Anne Hidalgo fue visitar a su hija con la que pasó dos semanas, precisando que había pagado su billete de vuelta en clase turista. “El viaje costó 59.500 euros en total. 40.900 euros por los billetes de avión en clase turista y 18.545 euros por los hoteles y restaurantes», informaron entonces algunos medios de comunicación.

La oposición denunció entonces la duración de su ausencia, su huella de carbono y la opacidad que rodeaba sus múltiples viajes, y la fiscalía abrió una investigación tras la denuncia de una asociación. La alcaldesa, por su parte, se basó en las conclusiones de la comisión deontológica de la ciudad para desestimar las críticas. Y para recordar que seguía los pasos de sus predecesores, que también habían decidido publicitar a la capital por todo el mundo.

Pero aunque la legitimidad de todos estos desplazamientos no se cuestione, Anne Hidalgo siempre se ha cuidado de ocultar un privilegio: a diferencia de todos sus concejales, la alcaldesa viaja por sistema en primera clase cuando se desplaza en tren y en clase business en sus viajes internacionales.

Sin embargo, cuando la polémica sobre su viaje a Tahití, el entorno de la primera edil y algunos de sus concejales afirmaban lo contrario. En Le Parisien, el concejal de deportes, Pierre Rabadan, intentó calmar la polémica asegurando que se había optado por la clase económica. “Les puedo asegurar que viajamos en clase turista”, juraba, explicando que a él le habían pasado a clase superior “debido a su gran estatura”.

“Viajó en clase económica con la compañía de bajo coste French bee”, añadió su entorno a Le Monde. Pero según nuestra información, Anne Hidalgo viajó en realidad en clase business a la ida. Solo el regreso de su estancia privada, pagada con su propio dinero, se realizó en clase turista.

En general, el ayuntamiento o los políticos del equipo de gobierno han dicho siempre que la alcaldesa de París era ahorradora y que todos los gastos estaban “controlados”. “El gabinete de la alcaldesa se asegura de que los hoteles reservados sean baratos. Se estudiaron detenidamente todas las soluciones que permitían reducir la factura”, aseguró al Parisien una concejal que viajó con ella a Armenia. “Viajamos en clase económica y el equipo de la alcaldesa pidió presupuestos para no alojarse en los hoteles más caros”, juró otra concejal que acompañó a Anne Hidalgo a Abiyán.

Pero eso no era cierto. Según nuestra información, confirmada por el ayuntamiento, Anne Hidalgo viaja sistemáticamente en clase preferente tanto en vuelos de larga distancia como en trayectos cortos, tal y como demuestran los costes de sus desplazamientos. Estos son algunos ejemplos de los costes de los billetes de la alcaldesa:

· 5.693 euros por un viaje de ida y vuelta a Kigali (Ruanda) en julio de 2021 para una asamblea general de alcaldes francófonos;

· 12.687 euros por un viaje de ida y vuelta a Tokio (Japón), durante la pandemia del covid, para los Juegos Paralímpicos en septiembre de 2021;

· 9.100 euros por un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires (Argentina) en 2022 para una cumbre de alcaldes;

· 2.319 euros por un viaje de ida y vuelta a Roma (Italia) para ver al Papa en 2022;

· 1.468 euros por un viaje de ida y vuelta a Florencia (Italia) para una cumbre europea en septiembre de 2023;

· 6.986 euros por un viaje de ida y vuelta a Cotonú (Benín) para un congreso de alcaldes en octubre de 2023;

· 5.389 euros por un viaje de ida y vuelta a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para la COP28 en noviembre de 2023.

En Francia, la alcaldesa también utiliza la primera clase, aunque sus concejales viajen en segunda cuando forman una delegación: más de 320 euros por un viaje de ida y vuelta a Aviñón, 520 euros por un viaje a Toulouse o 217 euros por un viaje a Nantes.

¿Por qué la alcaldesa de París elige siempre la primera clase? Al ser preguntado por Mediapart, el gabinete de Anne Hidalgo ofreció varias versiones. En un primer momento nos aseguró que esas normas “están fijadas por la deliberación relativa al ejercicio del mandato de los cargos electos”, citando el artículo 3 del texto en cuestión que regula las misiones de dichos cargos, aprobado en 2020:

· “Transporte por ferrocarril según la tarifa más económica; la alcaldesa viaja en primera clase.

· Transporte aéreo según la tarifa más económica; de forma excepcional, para algunos trayectos de larga distancia, se ofrecerá una clase superior; la alcaldesa viaja en clase business.”

Pero ningún texto especifica que la alcaldesa viaje en primera clase o en clase business. Sin embargo, el gabinete de Anne Hidalgo añadió por su cuenta la mención “primera clase” y “clase business” en su respuesta a Mediapart, dando a entender que solo aplicaba la ley. La realidad es que la deliberación mencionada no dice en absoluto que la alcaldesa deba prescindir de la segunda clase.

Tras una nueva pregunta de Mediapart, el ayuntamiento de París finalmente cambió su versión para destacar la preocupación por proteger a la alcaldesa: “Es un marco establecido por el ayuntamiento, especialmente en lo que respecta a las condiciones de seguridad relacionadas con su cargo.”

Sin embargo, Anne Hidalgo va acompañada de un agente de seguridad cuando las condiciones lo requieren y elige la segunda clase cuando tiene que pagar los billetes de su propio bolsillo. Pero esta práctica no siempre ha sido sistemática. Durante su mandato anterior, en 2017, el responsable de ética del ayuntamiento afirmaba que la alcaldesa “no viajaba en primera clase”.

En cualquier caso, la alcaldesa de París sigue teniendo problemas con la transparencia, a pesar de las revelaciones de Mediapart sobre sus notas de gastos. Aunque, tras varias semanas de solicitudes, el gabinete de Anne Hidalgo ha confirmado nuestra información sobre su rechazo a la segunda clase, sigue mostrándose reacio a facilitar los detalles de los gastos de desplazamiento, alojamiento y restauración de la alcaldesa.

Desde el 5 de septiembre de 2025, Mediapart ha solicitado poder consultar la totalidad de las notas de gastos de la alcaldesa que cubren todo su segundo mandato (2020-2025) referidas a sus gastos detallados de representación, pero también de desplazamiento y restauración. El ayuntamiento se niega.

Desde el 8 de octubre de 2025, Mediapart también ha solicitado poder consultar las notas de gastos de los alcaldes de distrito de la capital que cubren todo el mandato anterior (2014-2020). El ayuntamiento se niega. “Hemos decidido no permitirles consultarlas, les dejamos que se dirijan a la Cada [Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos, ndr]”, respondió el gabinete de Anne Hidalgo, a pesar de que la ley obliga a informar de todos esos documentos.

Traducción de Miguel López

Los neoyorquinos acaban de hacer edil a un señor de Al Qaeda. «Como alcalde vuestro que soy, Allahu akbar». Así lo aseguran los más sensatos comentaristas norteamericanos. «¡Un moro!», dicen, espantados. Se ve que es el único: en una ciudad de nueve millones de habitantes, los pérfidos yihadistas han logrado infiltrar a uno de sus secuaces y, para colmo… ¡va el tío y gana las elecciones!

Trump ha tenido que interrumpir sus tareas como decorador para comparecer tras el resultado electoral (¿han visto qué preciosura está montando en el ala este de la Casa Blanca? No se veía cosa igual desde que palmó Liberace). «Esta gente», ha dicho con su habitual templanza, «no va a parar hasta convertir a los Estados Unidos en una Cuba comunista». La advertencia parece fundadísima: ya se sabe que los burgueses se meten en política (no nos engañemos: en el país de las oportunidades no llegas ni a ujier si papá y mamá no están el dólar) para colectivizar su propia riqueza y convertir el World Trade Center en un paraíso socialista. En fin. El análisis no se ha quedado ahí: por lo visto, la victoria de los demócratas sería «muy mala» (término técnico), pero haciendo las cosas «como él dice» (jerga de politólogos) nunca regresarán al poder, porque va a aprobar «muchas leyes buenas» (hallazgo semántico). 

La noticia también ha desconcertado a los analistas patrios. «La ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas tiene un alcalde musulmán. […] Va a multiplicar todos los males», arrullaba Herrera la otra mañana. Créanme, poco escupo el bizcocho del disgusto. Mientras me recomponía de la tragedia, el locutor proseguía: les va a pasar como en Londres, que se han ido los millonarios y ha bajado el precio de la vivienda. El acabose, coño: ojalá todos los apocalipsis vengan así.

En el costado contrario, los diputados de Más Madrid celebran a «su alcalde». ¿Chamberí? Una pedanía de Manhattan. Bocanada de aire para los extenuados socialdemócratas. «Les aconsejo que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta: la coincidencia de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico», dijo Leire Pajín a propósito del binomio Zapatero-Obama. ¡Hay que reeditarlo! Los gabinetes de campaña buscan entre sus filas al próximo Zohran Mamdani y abocetan lemas electorales. Entusiastas de Tomelloso, Fregenal y Navalcarnero sientan la victoria como suya. Agoreros de Villafranca, Monesterio y Albacete les replican que seguro que tampoco deroga la ley mordaza.

Del otro lado del mundo (y de la humanidad), el ministro para Asuntos de la Diáspora (admito que el título me entusiasma) israelí asegura que la ciudad de los rascacielos se ha entregado a Hamás y pide a sus correligionarios neoyorquinos que se compren un pisito en Tel Aviv. Confío en que la próxima maniobra del célebre Estado genocida sea presentar a Netanyahu a cuanta circunscripción electoral se oferte en Occidente. «El mundo correrá un grave peligro si no lo gobernamos nosotros», asegura un vocero del Gobierno blanquiceleste mientras se echa Cebralín en las manchas de sangre.

Los ayuntamientos españoles, en particular los que albergan áreas de especial riesgo de incendios, están obligados desde hace años a aprobar planes específicos de prevención, los llamados Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF). La idea es simple: llevar a cabo tareas de mantenimiento para mitigar los riesgos y preparar medios para actuar en caso de tener que hacer frente a un siniestro.

Así lo establecen la Ley de Montes y las normativas autonómicas. Pero en realidad, no todos los ayuntamientos cuentan a día de hoy con planes de esta naturaleza. De ahí que la Fiscalía, que los tiene en el punto de mira desde hace años, se haya puesto a investigar.

El problema, sin embargo, no acaba ahí. Prácticamente la totalidad de los municipios de Ourense contaban este verano con planes aprobados y eso no impidió que el fuego arrasase decenas de miles de hectáreas. No se trata solo de contar con planes sino, como confirman fuentes del sector consultadas por infoLibre, de actualizarlos todos los años, dotarlos presupuestariamente y aplicarlos bajo la supervisión de la administración responsable, que no es otra que el gobierno autonómico de cada comunidad.

Los ayuntamientos situados en zonas de riesgo forestal tienen la obligación, según la normativa autonómica y estatal, de elaborar y aplicar planes de prevención que no se queden en el papel. Estos planes se traducen en medidas concretas que actúan sobre varios frentes: la reducción del combustible vegetal, la ordenación de los usos del territorio y la preparación de la población.

Uno de los elementos básicos es la creación y mantenimiento de fajas cortafuegos alrededor de los núcleos habitados, instalaciones estratégicas (depósitos de agua, tendidos eléctricos, carreteras) y edificaciones aisladas. Estas franjas, libres de vegetación o con una cobertura muy reducida, sirven —cuando existen— para frenar la continuidad del fuego y generar zonas de seguridad para las labores de extinción. No basta con abrirlas una vez: los planes deben prever su limpieza periódica para que no se conviertan en simples líneas abandonadas cubiertas de maleza.

La interfaz urbano-forestal, donde las casas se mezclan con el monte, es uno de los puntos más vulnerables. La normativa exige a los ayuntamientos que obliguen a los propietarios a mantener limpios sus terrenos, retirando matorral, ramas secas y acumulaciones de combustible vegetal. En ocasiones, los consistorios asumen directamente esa limpieza en parcelas municipales y pueden sancionar la inacción de particulares. La vigilancia de estas zonas es esencial, porque allí se origina buena parte de los incendios con consecuencias graves para las viviendas. Pero no siempre es sencillo dar con los propietarios de fincas abandonadas, ni todos los municipios tienen medios para vigilar y sancionar con eficacia. En multitud de casos es imposible identificar a los dueños, que a menudo ni siquiera viven en el municipio. Otros, de edad avanzada y pensiones mínimas, carecen de medios para cumplir las obligaciones que les impone la legislación.

En las urbanizaciones o aldeas rodeadas de bosque se recomienda además que los ayuntamientos desarrollen planes de evacuación específicos, señalizando rutas de escape hacia carreteras seguras y habilitando puntos de reunión o áreas de refugio temporal. Estos planes deben incluir protocolos de aviso a la población, simulacros y coordinación con Protección Civil y los servicios autonómicos de emergencias. La experiencia demuestra que en incendios rápidos, como los que se producen en verano bajo viento fuerte, los minutos de duda pueden ser fatales. Lo cierto es que los planes de evacuación detallados —y sobre todo ensayados con la población— brillan por su ausencia.

Otra función clave es la regulación de actividades que implican riesgo: quemas agrícolas, barbacoas, maquinaria que pueda generar chispas o lanzamiento de fuegos artificiales en periodos de alto riesgo. Los ayuntamientos, en coordinación con la comunidad autónoma, deben establecer bandos y prohibiciones temporales, así como campañas de concienciación ciudadana para que se cumplan.

Los planes también deben incluir la construcción o mantenimiento de depósitos de agua accesibles para los medios de extinción, la señalización de pistas forestales y el control del estacionamiento en caminos que puedan ser usados como rutas de evacuación. Incluso la planificación urbanística debe considerar criterios de seguridad frente a incendios, evitando nuevas edificaciones en áreas especialmente expuestas sin medidas de autoprotección.

En los planes municipales debería haber además acciones de sensibilización. Informar a la ciudadanía de las obligaciones legales, organizar charlas en colegios o asociaciones vecinales y fomentar la cultura de autoprotección ayuda a que la prevención no dependa solo de brigadas o servicios externos.

El problema recurrente es que muchos planes se aprueban formalmente, pero no cuentan con presupuesto, personal o seguimiento real. Se supone que las comunidades autónomas, las administraciones competentes en materia forestal y de emergencias, son las encargadas de supervisar si los ayuntamientos cumplen con sus obligaciones. De hecho, tienen capacidad para imponer sanciones por no ejecutar cortafuegos, no limpiar franjas perimetrales o permitir usos del fuego en épocas prohibidas.

El Ministerio para la Transición Ecológica, en cambio, solo tiene funciones de coordinación y recopila información nacional, pero no fiscaliza directamente a los municipios.

En la práctica, hacer realidad los planes aprobados formalmente depende del presupuesto local. Y muchos ayuntamientos en zonas de alto riesgo de incendio apenas disponen de recursos, lo que en la práctica limita la aplicación real de las medidas. Solo cuando ocurre un gran incendio se pone el foco en que el municipio no tenía limpia la faja perimetral o no había hecho simulacros de evacuación.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta recurre a la empresa pública Seaga para redactar los planes, sobre todo de los ayuntamientos más pequeños. Y a través de ella refuerza la prevención de incendios forestales en las zonas más próximas a las viviendas, conocidas como fajas secundarias.

Entre las medidas que lleva a cabo esta empresa en colaboración con los municipios figuran la revisión y actualización de los planes, así como la cooperación en la gestión de la biomasa y en la retirada de especies prohibidas. Se establece un marco de colaboración técnica y administrativa que incluye apoyo en la ejecución subsidiaria de las obligaciones de limpieza, inspección de parcelas, envío de notificaciones y publicación de incumplimientos.

Su actuación, no obstante, fija límites concretos, como la gestión de hasta 10 hectáreas de biomasa por ayuntamiento y año o la limpieza de hasta 12 kilómetros de vías municipales anualmente. También prevé la ejecución de actuaciones preventivas adicionales planificadas por la Xunta y, en parroquias priorizadas, se ofrecerá apoyo directo a los propietarios para formalizar contratos de gestión de biomasa.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha presentado alegaciones y también un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ordenado por el ayuntamiento de esta localidad, según ha informado EFE.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado estas alegaciones y este recurso en el plazo legal establecido para oponerse al cierre de un centro que cuenta con 570 plazas para solicitantes de asilo, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, han asegurado que las alegaciones y el recurso presentados por el Ministerio "forman parte de la tramitación habitual de cualquier expediente como éste y no modifican en absoluto la decisión de cierre del centro, que no cuenta con la licencia correspondiente de uso".

Este centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la ONG Accem, y tiene ocupadas 395 plazas, la mayoría -178- por ciudadanos ucranianos y el resto por personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), según informó la oenegé a EFE.

El pasado mes de julio, Pozuelo de Alarcón inició el procedimiento para cerrarlo con el argumento de que carece de licencia para esta actividad, pues la que tiene, vigente desde 2013, es para un uso de centro de formación con auditorio y garaje.

La Comunidad de Madrid y el PP apoyaron el proceso para cerrar este centro, el último paso dado por el consistorio después de que trascendiese que el Gobierno barajaba trasladar a estas instalaciones a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias, a lo que se oponían tanto el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el municipal de Pozuelo de Alarcón.

El Gobierno puso en marcha este centro en marzo de 2022 para dar una respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania y fue el primer Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) al que siguieron otros tres en España, ubicados en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante).

Fueron creados para recibir y asistir a los desplazados por la guerra y gestionar, en menos de 24 horas, su protección temporal en España -que otorga permiso de residencia y trabajo y acceso a los servicios sociales españoles de forma inmediata- para su posterior derivación a otros recursos más adecuados.

En marzo de 2023, el centro de Pozuelo de Alarcón empezó a atender a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades además de la ucraniana y entre ellos hay núcleos familiares con menores acompañados.

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo indaga la conexión de la dramática ola de incendios que asola al país con "la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención" de incendios forestales por parte de las administraciones competentes, una obligatoriedad determinada por la Ley de Montes. El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo ya pide todos los años que se compruebe si hay planes de prevención.

En un escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente a los fiscales provinciales con competencias en esa materia, con fecha de 18 de agosto de 2025, publicado por El País y al que ha tenido acceso EFE, se insiste en el objetivo principal de los planes de prevención de incendios, que "es evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente".

"Esto se logra mediante la implementación de medidas para reducir la probabilidad de ignición, controlar la propagación del fuego y asegurar una evacuación segura", dice. "Es decir, se trata de un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente de los efectos destructivos de los incendios, mediante la anticipación y el control de los riesgos asociados", añade.

"Es evidente, partiendo de ese presupuesto, que la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios". "De lo contrario no se explica lo que está pasando", asegura en el escrito Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente.

La ausencia de planes de prevención no solo afecta a los ayuntamientos sino también a las comunidades autónomas que están obligadas por ley a elaborarlos.

La Ley de Montes antes de su modificación por el RDL15/2022 ya exigía a las comunidades autónomas la elaboración de los planes de prevención de incendios forestales según la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales que se aprobó por RD de 2013. Por tanto, era una obligación de las comunidades existieran o no las directrices publicadas por el Ministerio.

Lo que se hace en 2022 con la aprobación del RDL 15/2022 es modificar la ley de Montes en el artículo sobre planificación para la prevención y defensa contra incendios forestales, precisamente para detallar el contenido mínimo que esos planes deben tener y que está expresamente descrito en el articulo 48.4 y artículo 44.

Según recuerda el fiscal de Medio Ambiente en el reciente escrito, en 2025 las circunstancias pluviométricas y derivadas de cambio climático se están comportando de manera distinta al año pasado, en el que lejos de las tendencias, disminuyeron en España los incendios forestales. "La prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala y, por ello, se ha involucrado en la labor (tanto operativa como de obtención de datos) a todos los cuerpos policiales y agentes adscritos incrementando su actuación respecto al año precedente, sumándose a la labor del Seprona, los Agentes Forestales y la Red de Policía Local aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece en ese ámbito tanto la Ley de Montes como la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local", señala.

"Este año, como ya el pasado y paralelamente a la campaña de prevención de incendios forestales, se ha remitido oficio a los tres cuerpos citados a fin de que, bajo el paraguas de las nuevas tecnologías y, en concreto, mediante el uso de drones en zonas de riesgo de incendios, realicen un mapeo del territorio y de aquellos puntos que por su orografía, superficie forestal, temperatura y otras variables sean susceptibles de tener un riesgo alto-medio de que estos se produzcan para combatir y prevenir incendios y verificar la existencia de planes de prevención de incendios en aquellos municipios incardinados en dichas áreas", dice el escrito.

Pero, sobre todo, y además de las iniciativas acabadas de citar, básicamente en el ámbito autonómico, se ha instado a los fiscales a que procedieran a comprobar la existencia de tales planes en los consistorios de su provincia, especialmente en los que la proclividad a producirse incendios fuera más elevada.

"A la vista de la situación desastrosa que se está produciendo en el presente año -a la que no es necesario referirse de manera específica dado que es de dominio público por estar ampliamente cubierta por los medios de comunicación, casi sin excepción-, es necesario insistir especialmente en la problemática de los planes de prevención de incendios", dice la Fiscalía.

La obligatoriedad de tales planes está determinada, de un modo u otro, si bien de una manera genérica, por el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Real Decreto ley 17/2022, de 20 de septiembre.

Se dispone concretamente que las comunidades autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente.

Los locales vacíos, que dejan ya desnudas incluso calles céntricas de capitales de provincia, adquieren un significado aún mayor en el medio rural: la continuidad de los pueblos más pequeños está ligada directamente a la capacidad para atraer nuevos vecinos y mantener los que quedan, es decir, a la supervivencia del propio municipio. La España que se despuebla busca vías imaginativas para recuperar o reinventar negocios, para no morir un poco con cada cierre.

El caso más emblemático, porque es lo último que suele resistir en un pueblo, es el del bar: es frecuente ver noticias en la prensa local sobre Ayuntamientos que ofrecen un alquiler simbólico para quien se haga cargo del bar del pueblo, a veces con comedor o incluso vivienda y, en temporada, con piscina. Pero algunos alcaldes no se quedan ahí: quieren recuperar negocios que funcionaron antes, promover otros nuevos, y mostrar de esta manera a la iniciativa privada que sí merece la pena apostar por las localidades de menor tamaño.

Es lo que busca el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, con la fundación municipal Terreo, creada hace tres años en este pueblo lucense de 509 habitantes. Han recuperado una piscifactoría que cerró, tienen una explotación de cerdo celta en el monte, quieren hacer un polígono agroecológico, con una plantación de kiwi atlántico y retomar una gasolinera que no funciona desde hace una década. Volver a dar vida tanto a locales como a terrenos en infrauso o desuso y ofrecer servicios, empleo y futuro al pueblo. “No hay muchas iniciativas similares, ni de dónde copiar, consideramos que la fundación era la mejor forma para crear trabajo, generar dinámicas que produzcan actividad económica y trasladar información a la iniciativa privada”, explica a infoLibre. Y añade: “Es difícil revertir las cifras de la despoblación, la mayoría de nuestros vecinos tienen más de 50 años, muchos más de 65, pero estamos seguros de que esta es la vía, y nuestra intención es que este sea un motor de arranque público que acabe ayudando a que surjan iniciativas privadas”.

En el Concello de Ribeira de Piquín están documentando todos estos proyectos que tienen en marcha para extraer conclusiones que puedan ser aplicables a cualquier iniciativa privada que se interese por el pueblo a la vista de los resultados. “Por ejemplo el de la gasolinera, la hemos alquilado para retomarla 10 años después de su cierre, pensándolo como un servicio más que podemos dar y que crearía 6 puestos directos de empleo a través de la fundación. Queremos que todo esto sea espejo de posibles iniciativas privadas”. Fernández reconoce que el suyo es un ayuntamiento “muy peculiar”. Para llevar a cabo estos proyectos, han tenido que hacer adquisición de instalaciones, encargarse de su mantenimiento y todo lo que implica la gestión directa, “con más de 50 nóminas todos los meses”. “Yo creo firmemente en lo público, creo en la necesidad de implicación de las administraciones públicas y en esta doble moneda de ofrecer servicios pero también apostar por retomar actividades económicas en los lugares más castigados por la despoblación, como son los del interior de Galicia”, defiende el alcalde.

En plena burbuja inmobiliaria, en Cuéllar empezó a levantarse un proyecto de chalés de lujo de más de 5.000 metros cuadrados al lado de su patrimonio: del palacio, de la muralla, de una iglesia mudéjar. Pero hubo una quiebra y sólo quedó una estructura de hormigón. “Se nos presentó entonces la oportunidad de adquirirlo a un precio simbólico, de 100.000 euros, cuando estaba tasado en 1,5 millones, y la aprovechamos. Queremos reconvertirlo en un hotel, pero no por medios propios, sino que estamos contactando a cadenas hoteleras, porque nuestra principal debilidad turística es que no tenemos un hotel de unas 50-60 habitaciones, sino casas rurales y pequeños hostales, por lo que cuando nos preguntan por un grupo grande no podemos albergarlo”, cuenta a infoLibre Carlos Fraile, el alcalde de este municipio segoviano que ronda los 10.000 habitantes y está a hora y cuarto de Madrid por carretera.

Todavía no han encontrado alguien interesado, pero no desisten. “Están los sótanos, la primera planta, la idea sigue siendo venderlo a un inversor que quiera hacer un hotel. Creemos que es una buena salida antes de demoler, porque la cuestión estética está ahí, pero nos resistimos a eso”, indica. En ningún caso se plantean la gestión directa. “Para un Ayuntamiento como el nuestro, meterse a gestionar directamente un hotel es muy arriesgado desde el punto de vista económico y muy complicado desde el punto de vista legal, para contratar personal y suministros”, opina. 

Lo que sí gestionan directamente es el albergue municipal, con 50 camas en 5 habitaciones y una persona al cargo. Y donde tienen más experiencia es en el ámbito taurino, por sus encierros de agosto, que son Fiesta de Interés Turístico Internacional. “Ahí damos de alta a toreros, a banderilleros, pero los Ayuntamientos lo tenemos mucho más difícil que una empresa para hacer trámites de contratación”, dice el alcalde. También tienen una pequeña compañía municipal de actores en nómina, los intérpretes que hacen sus famosas visitas teatralizadas. “Igual que tengo un arquitecto, tengo cuatro actores”, resume. “Los Ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano para solucionar cualquier problema o conflicto, pero también lo somos cuando vemos que hay cuestiones que se van a dejar de atender, pues apostamos por ello; a veces tenemos que salir del ámbito competencial para no perder esos servicios, porque servicio que se pierde, servicio que no vuelve”, advierte.

Lo primero en lo que se piensa en los pueblos es en mantener lo que siempre hubo o en no quedarse sin lo último, el bar, pero los expertos señalan que la lucha contra los locales vacíos y la falta de empleo y servicios pasa también por pensar en iniciativas nuevas que ofrezcan soluciones para el presente de muchos municipios pequeños: personas mayores que viven solas y necesitan movilidad y cuidados. “Hay muchas actividades modernas, que no han existido hasta que llega un emprendedor, como aplicaciones para fomentar el transporte colaborativo o profesional compartido en los municipios, o para mostrar alojamientos que de otra forma no tendrían mucha publicidad”, indica a infoLibre José Antonio Herce, socio fundador de Segoviana de Iniciativas Rurales y experto en desarrollo rural, algo que vincula con la importancia del sector de los cuidados y el acompañamiento como trabajos que pueden dar empleo a profesionales jóvenes.

Que los Ayuntamientos directamente adquieran negocios y se ocupen de ellos, considera que es “muy arriesgado”. “La compra quizás no es muy cara, o puede serlo, pero siempre se requiere una puesta al día, una renovación, una puesta en funcionamiento que es costosa, eso es un trabajo para profesionales de la reestructuración de negocios, negocios que también pueden estar obsoletos o requerir inversiones nuevas y reconvertirse en cosas muy diferentes para clientes diferentes”, argumenta. Herce considera que funciona mejor algo que se incentiva en Francia y es “tutelar el relevo generacional”. “Se ofrecen recursos grandes para que los jóvenes puedan invertir en la adquisición de esos negocios, con financiación segura y de manera técnicamente viable, con incentivos de decenas de miles de euros, incluso mentores profesionales. Es un relevo generacional externo, no son hijos ni sobrinos, sino terceras personas que manifiestan su interés por hacerse cargo de un negocio rural”, explica. Y sostiene que este tipo de apoyos deben surgir “como mínimo” de la Administración autonómica, porque se requieren recursos importantes y hacerlo a nivel de cada Ayuntamiento es, en su opinión, “muy aleatorio”. 

En julio de 2024, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) publicó un duro informe sobre el sector de los residuos de envases en España en el que señalaba que el mercado está completamente monopolizado por Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro donde están representados gigantes de la industria como Coca-Cola, Nestlé o los grandes supermercados.

Este lunes, el Ministerio de Transición Ecológica junto con responsables de la CNMC y expertos del sector se han reunido en Madrid para buscar una solución que dé transparencia a este sector opaco e introduzca nueva competencia para mejorar su eficiencia. El Gobierno afirma que hay seis sociedades que ya cuentan con autorizaciones provisionales para empezar a operar y desplazar a Ecoembes en la recogida de envases domésticos, pero todavía hay barreras que dificultan la apertura de este negocio.

En teoría, la entrada de competencia en un mercado sirve para abaratar un servicio, pero en este caso los expertos opinan que los ayuntamientos —y los vecinos— apenas notarán en sus presupuestos la entrada de nuevos operadores en la recogida de residuos urbanos. Aunque Ecoembes cubre el coste de la recogida de envases en los cubos amarillos (plásticos y latas) y azules (papel y cartón), en realidad quien gestiona la recogida, la clasificación y el reciclaje son los ayuntamientos. De manera que, si la competencia consigue arrebatar contratos a Ecoembes en ayuntamientos y comunidades autónomas, pagará más o menos lo mismo que en la actualidad, porque el coste del sistema de recogida y tratamiento de envases no cambiará.

"El impacto para el ciudadano de una mayor competencia en la recogida de residuos será realmente bajo o imperceptible", opina Josep Simó, director del Área de Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Cataluña. "En realidad, aproximadamente el 95% del coste de la recogida lo determina el sistema que tenga contratado cada ayuntamiento. Podría abaratarse un poco si la nueva competencia es más eficiente en su organización, o si logra sacar más dinero vendiendo los materiales reciclados, pero el margen es muy pequeño", añade el experto, que participó este lunes en la mesa redonda organizada por la CNMC.

En el informe que publicó el año pasado Competencia, se recogía el caso alemán, que en 2003 decidió abrir las puertas del sector de la recogida de basuras para que entrasen nuevos actores. En una década logró reducir los costes de recogida un 44 %, y los de clasificación y procesamiento un 76 %. En total, según un informe del regulador alemán, lograron un ahorro anual de 1.000 millones de euros para los consumidores. 

Pero la estrategia de Alemania no puede trasladarse a España porque allí incorporaron el llamado sistema organizativo, en el que son las empresas de envases las que organizan su recogida (contratan los camiones y costean el tratamiento de los residuos) en lugar de pagar a los ayuntamientos para que lo hagan, como en España (modelo financiero). De esta manera, la competencia entrante en Alemania realizó una recogida y una clasificación de residuos mucho más eficiente, lo que permitió ese ahorro sustancial.

En todo caso, durante el encuentro de este lunes se debatieron otras fórmulas para tratar de abaratar la recogida de basuras, que el año pasado costó a los ayuntamientos españoles 3.947 millones de euros, según calcula la fundación de residuos ENT. Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica, explicó este lunes que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para elaborar acuerdos marco para facilitar la negociación de estas administraciones con Ecoembes y con sus futuros competidores.

Uno de los principales agujeros contables de los ayuntamientos en materia de residuos es que Ecoembes no paga actualmente a los alcaldes el coste real de la recogida de los envases, sino unas cantidades previamente pactadas con los ayuntamientos o las comunidades autónomas. De esta manera, si la recogida se encarece en los siguientes años (los acuerdos duran de media 4,2 años), la diferencia se cubre con los presupuestos municipales. Lo que busca Transición Ecológica es que en esta negociación plurianual entre Ecoembes y las comunidades autónomas y los alcaldes, los funcionarios negocien acuerdos que reflejen el coste real del tratamiento de los envases.

Otro de los asuntos que se discutieron en la jornada fue cómo facilitar la entrada de competencia en la recogida de los envases generados por los hogares, un sector que lleva 25 años dominado por Ecoembes. Salvo en municipios puntuales, esta sociedad es responsable de la recogida de los envases de papel, cartón, aluminio, plástico y vidrio que generan las familias en todo el país. En este sentido, la CNMC insiste en que es imprescindible que empiecen a operar otros rivales para garantizar la eficiencia en el sector.

Las sociedades encargadas de costear la recogida de envases se denominan Scrap (sistemas de responsabilidad ampliada del productor), y son organizaciones que reúnen a las empresas que ponen cada día millones de envases en el mercado (botellas, latas, tetrabriks, cajas…). Como estas compañías están obligadas por ley a hacerse cargo de estos residuos, la función de los Scrap es reclamar a cada fabricante un dinero —en función de su volumen de ventas— para entregárselo anualmente a los ayuntamientos a cambio de la recogida. En este momento, Ecoembes es el único Scrap que opera en España para el tratamiento de envases doméstico, pero el objetivo es que entren nuevos en los próximos años. 

Margarita Ruiz, de Transición Ecológica, señaló que el Gobierno ya está trabajando para garantizar la competencia en el sector. "Estamos iniciando el proceso a esa apertura de la competencia. Ya hemos emitido 19 autorizaciones temporales para que empiecen a funcionar nuevos Scrap", dijo este lunes la alto cargo del ministerio. De esas 19 autorizaciones, seis son para sistemas de recogida de envases domésticos, y el resto para envases comerciales e industriales. 

Para fomentar la entrada de esta competencia, los representantes de la CNMC pidieron al Gobierno más facilidades para crear un Scrap en España, ya que consideran que se les exigen demasiada documentación. También flexibilizar el proceso que tiene que realizar una empresa que pone plásticos en circulación para cambiar de Scrap, de manera que sea más fácil cambiarse a la competencia. Entre otras cosas, proponen además que cada uno de los Scrap no tenga que negociar con un ayuntamiento o comunidad para operar en ella, lo que puede demorar durante meses su entrada en funcionamiento, sino que puedan suscribirse a convenios previos que tenga esa administración.

"Los Scrap se han dado cuenta de que pueden enterar en el sector doméstico, donde ha existido un monopolio de facto durante los últimos 20 años", señaló Lara Tobías, de la sección de Estudios e Informes de la CNMC. "Esto supone una oportunidad para los productores [de plástico] de elegir qué vehículo que quieren utilizar para cumplir con sus obligaciones y fuerza a los Scrap a ser más atractivos. La duda está en si esta competencia mejorará la gestión de los residuos, porque en España eso recae en los ayuntamientos, no en los Scrap", resumió la analista.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha asegurado este lunes que la bandera arcoíris no ondeará en el balcón del consistorio de la ciudad mientras él sea el regidor: "Ni este año, ni el que viene mientras sea alcalde".

"Mientras sea alcalde, lo único que figurará en el balcón del Ayuntamiento serán las banderas oficiales: la de la ciudad, la de la Junta y la nacional", ha expresado a los medios de información cuestionado por qué hará el Ayuntamiento tras la sentencia del Supremo conocida hoy que avala la colocación de estas enseñas en las fachadas de edificios públicos.

Sobre esta polémica, que se ha suscitado durante varios años en la ciudad en edificios como el del Ayuntamiento, la Diputación provincial o las Cortes de Castilla y León, el alcalde ha cerrado del todo la puerta a que el año que viene el consistorio cuelgue la enseña LGTBI en su balcón por el Orgullo: "No en Valladolid", ha apostillado Carnero.

El Tribunal Supremo ha avalado que se cuelgue la bandera arcoíris LGTBI en los edificios públicos durante la celebración del Orgullo al entender que no es un "símbolo de significación partidista" ni "propugna ningún tipo de enfrentamiento".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha sentenciado que la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Zaragoza no incumplieron la ley que regula el uso de las banderas al colgar la arcoíris en el patio interior, en el primer caso, y en el balcón, en el segundo.

El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.

En las últimas semanas numerosos ayuntamientos ya han anunciado una subida en sus tasas de basuras. En Madrid capital, se anunció la semana pasada la recuperación de este tributo, que de media ascenderá a 140 euros anuales por hogar, en función del barrio y el tamaño de la casa, pero que irá acompañado de una rebaja del IBI del 0,02%. En Málaga y en Alicante se va a cuadruplicar la tasa de basuras respecto a 2024, mientras que en Zaragoza será suficiente con subirlo un 12,7% y en Vigo un 4%.

El Partido Popular ha intentado ligar la subida a una decisión del Gobierno, pero el cambio en la normativa está relacionado con la trasposición de la Directiva Marco de Residuos de la UE que se realizó en abril de 2022. Fue entonces cuando se aprobó en España la nueva Ley de Residuos en la que se dan tres años para implementar en los munipios dos grandes cambios fiscales. Primero, es obligatorio los impuestos destinados a cubrir la recogida y tratamiento de basuras se recojan a través de una tasa de basuras o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, pero nunca a través del IBI u otros impuestos. Y segundo, la recogida de basuras nunca puede ser deficitaria, es decir, el 100% de su coste anual tiene que ser cubierto con estas tasas.

Sin embargo, la situación actual está muy lejos de este objetivo. La Fundación ENT, dedicada a la mejora de los sistemas de residuos, elabora cada año un informe de fiscalidad donde estudian 130 ciudades españolas. Su conclusión del estudio de 2023 es que la recaudación total de los tributos de basuras apenas cubrió el 59% de los costes totales del servicio, que ascendieron a 3.828 millones de euros, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". Los autores también calculan que el 98% de los municipios de España tienen una tasa específica de basuras, pero está muy por debajo del coste real de la recogida y el tratamiento. Según el informe, el importe medio de la tasa de basuras es 92,80 euros.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha gestionado la trasposición de la normativa europea, trasladan que "no se trata de una tasa nueva ni de que el ciudadano vaya a pagar más, solo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya". "Por ello, habrá que equilibrar los cobros. Si el ayuntamiento estaba cobrando este servicio dentro del IBI, habrá que bajar ahora el IBI al sacar del mismo los residuos", afirman desde este ministerio.

El objetivo de estos cambios es dar más visibilidad al coste real de los desechos, debido a que España es uno de los países de Europa con peores rendimientos en el tratamiento de basuras. Según la organización Retorna, el 78% de los residuos se recogen sin separar y acaban en un vertedero, de manera que se desaprovecha su potencial de reciclaje y donde además se generan vertidos muy contaminantes. La Comisión abrió un expediente a España en julio por incumplir la meta de reciclar el 50% de sus desechos en 2020.

Francisco Peula, consultor en gestión de residuos, explica que todo se resume en dar "transparencia" a un sector en que siempre se han hecho las cosas mal, salvo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco o Navarra. "Lo que hay que hacer ahora es bajar el IBI donde corresponda e intentar modular las nuevas tasas para que paguen menos los hogares que se molesten en separar la basura, es decir, premiar al que hace las cosas bien", resume.

El experto añade que es imprescindible que la tasa de basuras local traslade a los vecinos el coste real del tratamiento de los residuos porque hasta ahora la gestión de muchísimos ayuntamientos es nefasta, con costes inflados que se han financiado con recursos del ayuntamiento, sacrificando dinero que podría haber ido a actividades o a infraestructuras. Esta situación es mucho más grave desde que entraron en vigor otros cambios de la Ley de Residuos, como la obligatoriedad de recoger la materia orgánica por separado —ha encarecido alrededor de un 30% el presupuesto de basuras—, o el nuevo impuesto a vertederos, que grava con hasta 40 euros cada tonelada de basura que se vierte, casi el doble del coste anterior.

"Tirar la ropa o los residuos orgánicos a un vertedero supone un dineral para los municipios, y además es una pérdida ingente de materias primas, de abonos que se podrían recuperar para la agricultura o de energía que se podría producir atrapando el metano. Si hablamos de riqueza, reciclar y reutilizar la ropa genera 36 veces más puestos de trabajo que un vertedero", explica Peula.

El nuevo sistema de financiación de recogida de basuras también quiere incentivar el mejor reciclaje de los hogares y los comercios, de manera que la nueva Ley de Residuos contempla modular el impuesto para beneficiar a familias con bajos ingresos o personas en paro. Otra opción es diferenciar la tasa de basuras por zonas, elevando el impuesto allí donde los vecinos tienen menos cuidado con sus residuos, aunque implementar esto en grandes ciudades no es sencillo, porque en cada barrio habrá gente más y menos responsable.

Dos sistemas muy extendidos en Cataluña, País Vasco, Navarra o Baleares son el de recogida de basura puerta a puerta o el del contenedor electrónico, que permiten diferenciar el nivel de separación de residuos de cada hogar. En el primero, los desechos se recogen casa por casa, y cada día de la semana se retira exclusivamente un tipo de basura —vidrio, plástico, papel, orgánico, etc.— de manera que los vecinos están obligados a separar los desechos. El contenedor electrónico consiste en que los cubos de las calles se abren mediante una tarjeta personal, de manera que es posible identificar en qué zonas se generan más residuos y quiénes contaminan más.

César Sánchez, portavoz de la organización Retorna, formada por ecologistas y consumidores, critica que con estos cambios se vuelve a poner la responsabilidad sobre los ciudadanos, mientras que las empresas que generan estos residuos se libran. "Estamos poniendo la responsabilidad al final de la cadena, pero son los supermercados y los fabricantes los que deberían ocuparse de que el sistema funcione, que son los que ponen en circulación ingentes cantidades de plásticos", afirma.

Sube la cuesta. Un camino sin asfaltar. Parece un milagro, pero es posible. El autobús se pasea por primera vez en 1978 por las calles de Torre Baró, ese barrio nacido en la montaña en Barcelona construido con las manos de los emigrantes que llegaron durante la década de los cincuenta desde Extremadura y Andalucía. Manolo Vital lleva la esperanza a sus vecinos, la lucha de ciudadanos a los que nadie quería escuchar. Los que andan kilómetros para ir a trabajar a las fábricas y a las casas de la burguesía. 

Es la historia de El 47, la película de Marcel Barrena con los rostros de Eduard Fernández y Clara Segura, que lleva varias semanas entre las diez más vistas en España provocando lágrimas en las butacas. Es la fotografía de una España que no se quería ver, que se ubicó en la periferia de las grandes ciudades, de sudor entre chabolas. De persecución de la Guardia Civil que destruía las casas si no tenían techo al amanecer. Y el lugar donde surgieron los movimientos vecinales, que se extendieron por todo el país clamando por la dignidad. 

“Salí llorando del cine”, confiesa Félix López-Rey, histórico activista vecinal de Orcasitas (Madrid) y hoy concejal en el Ayuntamiento de la capital. “Esa es también mi historia, yo me hice persona en el movimiento vecinal”, ahonda, y echa la vista atrás: “Se han cumplido 54 años desde que formamos en mi chabola la asociación de vecinos pidiéndole al sereno que se vistiera de sereno por si venía la Guardia Civil, que era la encargada de reprimirnos. Fue en la cocina que yo había hecho a escondidas en el corral. Viví allí hasta marzo de 1980”.

“Desde los ocho años vivía en una chabola, desde que llegué de Polán. Dormía a los pies de la cama de mis padres. Mis hermanas dormían en la otra cama de la misma habitación. Mi padre era el primero que se levantaba y defecaba allí mismo”, cuenta López-Rey, que continúa: “Trabajo desde los trece años, era artesano. Escuchaba la radio y en el programa de Madrid protagonistas la gente se quejaba de cosas. Yo llamé y dije: ‘El hombre ha llegado a la luna y en Orcasitas todavía cagamos en una lata’. Lo escuchó la gente, sabían que había hablado el hijo de la señora Tomasa. A raíz de eso nos reunimos de forma clandestina y nació la asociación en septiembre del año 1970”. La realidad de una España que refleja en otro momento: “La primera vez que utilicé una bañera fue el día de mi boda en junio de 1970. Fui a una casa de baños privada en la calle Escalinata. Sólo lo había visto en el cine. Pagué veinte pesetas y me dejaron media hora. La gente en Orcasitas, en El Pozo o en Palomeras nos lavábamos en barreños”.

“En la periferia de Madrid, desde San Blas a la carretera de Extremadura, vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas sin agua y sin alcantarillado. El día que llegó la luz fue como un milagro. Los autobuses urbanos no vinieron hasta los ayuntamientos democráticos. La gente de Orcasitas teníamos que ir hasta el metro a Legazpi a tres kilómetros, allí es donde empezaba para nosotros la civilización”, retrata. “Teníamos el ansia de vivir un poco mejor”, defiende al recordar el momento en el que surgió la asociación de vecinos, y pone en valor el papel olvidado de muchas mujeres en los barrios: “Han sido las grandes luchadoras”.

“La primera vez que nos reunimos con el Ayuntamiento fue en febrero de 1971. El concejal era José Morán Navalón, que fue el último edil de Falange. La Junta Municipal estaba en el Rastro”, rememora, antes de repasar: “Desde ahí hicimos de todo. Al acabar un pleno en 1972 me abalancé sobre el alcalde. Aquel día la prensa me salvó de la policía. Hay que recordar también que los gerentes de urbanismo en la capital hasta la llegada de la UCD eran siempre militares. La conclusión a la que he llegado es que era por si nos tenían que reprimir. ¡¿Quién mejor lo iba a hacer?!”. Y esa lucha poco a poco fue dando resultado: el consistorio aprobó asfaltar tres calles. Fueron los propios vecinos los que tuvieron que votar cuáles serían. “Pero no había aceras, era echar hormigón”, puntualiza. En 1975 hubo otra “revolución” cuando empezaron a poder meter agua en las casas y se fue estableciendo un sistema de alcantarillado. En 1986 hicieron una gran fiesta cuando se acabaron las chabolas en Orcasitas. En aquellos años lograron también que los parados del barrio trabajaran en las obras. 

Una lucha vecinal de Orcasitas que también supuso un cambio histórico en la jurisprudencia con una sentencia del Tribunal Supremo de 1977. En aquel momento se consolidó lo que se conoce como la “memoria vinculante”, que ahora da nombre a una de sus plazas. El Alto Tribunal falló a favor de los vecinos frente al Ayuntamiento de Madrid y reconoció que toda memoria de un plan urbanístico tiene efecto jurídico, es vinculante y de obligado cumplimiento. Aquel grupo de ciudadanos cambió para siempre la historia de la legalidad urbanística y se reconoció el derecho a volver a su barrio.

Han sido muchos pasos, pero todavía quedan más por dar en el movimiento vecinal. “Esto es como el teatro, siempre se dice que está en crisis… Cada tres años hay elecciones, se ponen carteles en los portales. Las quince personas más votadas conforman la junta directiva. Pero todavía hay gente que no quiere cargos importantes por si les causa daño en el trabajo. Pero las satisfacciones son grandes. En las asambleas hay trescientas personas”, cuenta.

Orcasitas es uno de los ejemplos de esta lucha que surge a partir de los cincuenta pero que se da especialmente en los sesenta, el final de la dictadura de Franco y la Transición. “El movimiento vecinal estaba vinculado a la nueva realidad social de nuestro país, que tras la devastadora Guerra Civil se había urbanizado. Se convirtió en un movimiento en el que participó la clase obrera, pero también las nuevas clases medias. El elemento aglutinador fue la lucha por mejorar la vida de las personas en su barrio”, describe Ricardo Esteban Bouzas, en su estudio De la movilización a la organización: el viaje del movimiento vecinal a las asociaciones de vecinos tras la ley de asociaciones de 1964, publicado por la UNED.

El texto radiografía así la situación: “Las carencias materiales en aspectos tan básicos como la vivienda, la falta de servicios públicos básicos y la falta de arraigo de los nuevos habitantes venidos del éxodo rural fueron fundamentales para el surgimiento de este movimiento. El origen fue una lucha por la dignidad de los barrios y sus gentes en un contexto, como el franquista de alta represión social, y enorme déficit de libertad”.

Para Esteban Bouza, existía en España “un gran deseo de ejercer el derecho de asociación, y la Ley de Asociaciones de 1964 fue un hito para el nacimiento de nuevas formas de asociación”. “La modificación no supuso per se la aparición de un movimiento social, pero sí consolidó un cierto tipo de estructura formal, sobre la que se asentará el movimiento vecinal. Esta normativa supuso una grieta en el régimen franquista, los grupos de personas disconformes tuvieron una vía más permisiva para participar en la sociedad, y el resultado fue que la vida pública se fue democratizando de una manera muy tímida durante los últimos años del franquismo. Un régimen que se debilitaba como lo hacía la salud del caudillo, hasta la llegada de la democracia con la promulgación de la nueva Carta Magna”, remarca en su estudio. Ese derecho quedaría blindado en la Constitución en su artículo 22.

Durante la época final de la legislatura el propio Ministerio del Interior encargó a la Policía un informe sobre la “subversión de los barrios” en 1975, en el que se evaluó que el movimiento vecinal tenía una forma de actuar “insidiosa con grandes posibilidades de arraigo en una masa que desconoce el verdadero rostro que se oculta o pueda ocultarse detrás de una Comisión de Barrio”. Y añadía: “La masa popular será fácilmente arrastrada a la realización de actos externos que siempre se les presentarán como apoyo necesario para la resolución de sus problemas”. En 1979, según recoge Manuel Pérez Ledesma, en la obra La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, había hasta 5.000 asociaciones de vecinos en activo en aquella época.

La histórica abogada Paca Sauquillo estuvo implicada de lleno en la lucha vecinal en aquellos años. Y reflexiona así sobre las asociaciones: “Las montamos a raíz de la ley de 1964. Iba todas las noches desde mi despacho a Vallecas, a Palomera Bajas, y junto a un sacerdote creamos la primera asociación de vecinos. Nos reuníamos en la sacristía y luego conseguimos un localito. En Madrid había 30.000 chabolas, también había en Barcelona y Bilbao. Principalmente eran de emigrantes que habían venido de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha buscando trabajo y huyendo de la miseria, del hambre y de la dictadura. Incluso tenían que cambiar de nombre, de Vladimiro a Blas o quitarse el de Libertad”.

“Las asociaciones jugaron un papel muy importante en la democratización de la sociedad. Entonces había concejales elegidos a dedo, en muchos casos eran falangistas. Eran el elemento de selección de los vecinos. En Palomeras Bajas, por ejemplo, teníamos en cada calle un delegado. Empezamos a reclamar que hubiera luz, centros educativos, pavimentación, la llegada del autobús. Y fundamentalmente planteamos el tema de la vivienda y el derecho a vivir donde habían construido la chabola”, subraya.

Fue la lucha de un barrio donde hoy está la Asamblea de Madrid. Para Sauquillo, “las asociaciones jugaron un papel clave”. “Son únicas. En Europa no hubo un movimiento así. Han venido a estudiarlo desde el Reino Unido o Alemania. Además lo teorizamos abogados, arquitectos y sociólogos. La policía entraba hasta en las iglesias para detener a vecinos”, ilustra. Y explica: “Fue un movimiento muy importante, pero luego pasó que en las elecciones de 1979 muchos de los líderes vecinales se presentaron. Con los ayuntamientos democráticos parecía que el papel de las asociaciones no tenía tanto sentido. Pero luego a partir del año 2000 se ha vuelto a ver que son necesarias”.

Son historias de lucha también dentro de la propia Andalucía. Uno de los barrios más peleones siempre ha sido Pino Montano, en la periferia de Sevilla. Francisco Delgado, conocido como Pacorro, ha sido durante décadas un referente en la protesta ante el ayuntamiento hispalense.  Mientras saluda a sus vecinos, pone en valor también la historia de la zonas obreras: “Empezamos con problemas concretos como la vivienda y el transporte. Aquí se inició el movimiento en los setenta. A la vez que crecía la zona, se incrementaba la reivindicación. Queríamos escuelas y centros de salud. Todo era autogestión. Los vecinos nos organizábamos para dar los servicios que no ofrecía el consistorio”.

“El barrio tenía cerca de cinco mil viviendas, con la fuerza de unos 20.000 habitantes. El ayuntamiento temblaba cuando protestaba Pino Montano”, hilvana Pacorro, que indica que de aquella lucha queda la estructura vecinal de la zona, que lleva en su ADN que las calles tienen el nombre de los diferentes oficios a los que se dedicaban sus habitantes. “Queda menos, pero existe ese espíritu combativo”, añade, para lanzar: “La lucha vecinal no ha muerto”. En su mente siempre estarán “las muchas victorias, pero también las derrotas”: “El balance es positivo”. Entre sus recuerdos salta cuando los propios vecinos empezaron a arreglar las calles porque el ayuntamiento no lo hacía y fue toda la prensa sevillana para retratarlo.

La lucha vecinal ha evolucionado durante estos años y supuso además el salto de muchos de sus líderes a partidos una vez se instauró la democracia. Pero eso no significó su desaparición, ya que fue adoptando otras formas y otras causas a lo largo y ancho de toda España. En los últimos tiempos ha tenido grandes referentes como el barrio del Gamonal en Burgos o la resistencia de los vecinos del Cabanyal en Valencia para parar su destrucción. 

En esta España de 2024 la vivienda se está convirtiendo en el gran tema que está uniendo a los vecinos en barrios de todo el país. Las asociaciones de una quincena de grandes ciudades españolas, bajo el paraguas de CEAV, han lanzado un frente común para presionar ante la situación actual bajo la Declaración de Barcelona. Piden a los poderes públicos que se aplique la ley de vivienda, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las golden visa y aumentar la construcción de viviendas de protección oficial. El sentimiento de indignación cada día sacude más a vecinos que se ven expulsados de sus barrios de toda la vida y de aquellos que ven subir el alquiler de manera desproporcionada, algo que comparten desde Madrid hasta Valencia pasando por Zaragoza, Gijón y Valladolid.

“Sin duda existe el movimiento vecinal hoy en España, pero de una manera bien diferente a lo que se refleja en El 47. Son dos circunstancias diferentes obviamente. En los últimos años, además de las asociaciones clásicas de vecinos, el movimiento ha ido tomando forma en relación al derecho de la vivienda y en torno a la defensa de la sanidad pública. Los vecinos siguen siendo un actor fundamental sin duda”, reflexiona Rafa Mayoral, abogado, experto en movimientos sociales y ex parlamentario de Podemos.

A lo que añade: “Las asociaciones de vecinos han sido fundamentales para cambiar las cosas en nuestro país. No hay que olvidar que hay muchos barrios en las principales ciudades que hoy tienen luz, agua y colegios fruto de esa lucha que se produjo en los sesenta y en los setenta. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con los sindicatos de vivienda y de inquilinos como respuesta a la especulación”. ¿Qué papel pueden jugar estas asociaciones de vecinos en el tema de la vivienda? Mayoral responde: “Creo que tienen capacidad para hacerlo. Los vecinos van a defender sus intereses, como están haciendo los propios fondos buitre, que vuelven a estar protegidos por los grandes partidos”. No tiene duda de que queda empuje vecinal para largo en España: “Los motores de cambio son las propias personas con su manos de forma colectiva. Eso representa el movimiento vecinal como expresión del movimiento popular y obrero que se asienta sobre el terreno y se lo disputa a la especulación”.

Desde hace cuarenta años está en primera fila del movimiento vecinal Mari Carmen Lostal, trabajando en la asociación de Villa Rosa, en Hortaleza (Madrid). Ella también ha vivido con pasión la proyección de El 47. “Empecé a participar cuando llegué al barrio. Teníamos el problema de los mil baches por milla de la carretera de Canillas. Hasta lo dibujó Forges. Un día también paramos un autobús y desinflamos las ruedas, por no decir otra cosa. Después empezamos a pedir que llegara el metro”, pone sobre la mesa.

Esa protesta día a día llevó a conseguir un polideportivo, el centro de salud, el instituto y el parque Paco Caño. “Ahora estamos a la espera de que nos hagan una biblioteca pública, que está aprobada en los presupuestos participativos. La presión de los vecinos consiguió también parar el megaproyecto de José Luis Moreno, que iba a ser el Coliseo de las Tres Culturas: “Curiosamente en la misma parcela donde Nacho Cano quería hacer la famosa pirámide”. También han podido frenarla: “Lo que no hemos conseguido es que en ese espacio se haga un centro de formación profesional. Nos queda seguir luchando”. Otras de sus victorias han sido frenar el macro parking que se quería hacer en la zona de Mar de Cristal y el cierre del vertedero de Las Cárcavas.

En la asociación de vecinos de Villa Rosa habrá unas 800 personas. “La pandemia hizo daño al tejido asociativo, pero nosotros nos mantenemos”, asevera Lostal, que comenta que el movimiento vuelve a tener “bastante fuerza”. “Aunque se quiera decir que no somos nadie, no estamos debilitados”, indica, para avanzar que una de las principales luchas estará en los problemas de los festivales al aire libre en la zona del recinto ferial de Ifema: “Ya tenemos una plataforma. Es que cuando nos quitan una cosa, viene otra. También llegan ahora los pisos turísticos y la Fórmula Uno”. “Nos queda muchísima lucha”, vaticina.

Esa vigencia al alza la describe Julio Molina, del movimiento vecinal de Badalona y al frente de la confederación estatal: “Estamos en una fase de recuperación importante. Se ha abierto un camino muy interesante. Nos hemos ido recuperando. A día de hoy tenemos dentro 110 federaciones y confederaciones autonómicas y unas 3.000 asociaciones vecinales en todo el territorio”. 

Él tiene muy en la mente todavía la película de El 47 y ese sentimiento de “autoorganización”. Ve un hilo conductor con la actualidad: “La necesidad de la vivienda. Estamos en un momento en el que estamos reclamando casi lo mismo”. Antes era en plena construcción de barrios, mientras que ahora está el fenómeno de la expulsión de los vecinos: “Es lo que estamos viviendo. Es un desastre el tema de la vivienda de los jóvenes en este país. Ahora estamos con el tema de la gentrificación. Es terrible cómo se echa a la gente de los barrios, fundamentalmente en el centro. Es una locura lo que está pasando en Palma, en el Raval de Barcelona o en Lavapiés en Madrid. Hay plazas en las que no ya no hay vecinos fijos”.

“Las asociaciones de vecinos, después de Cáritas, somos la organización más extendida en todo el país. Es verdad que somos un poco como el ejército de Pancho Villa. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, la cosa funciona porque tenemos una fuerza interesante”, concluye a sus 65 años mirando a todas las luchas que quedan por delante y con la misma ilusión que cuando entró en la asociación de su barrio de La Pau a los trece años.

El turismo se ha consolidado como la primera industria del país. Representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y sigue encadenando récords. En 2023, el país recibió más de 84 millones de turistas internacionales. Este 2024 se prevé superar el número de llegadas y que la economía aumente, todavía más, su dependencia del turismo. En paralelo a este fenómeno —que no es nuevo pero sí cada vez más masivo— se suceden polvaredas levantadas a golpe de propuestas como la lanzada por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar por visitar la Plaza de España de la ciudad; o de manifestaciones multitudinarias contra la masificación como las promovidas en Canarias, Baleares o Málaga, en Andalucía. Entidades ciudadanas de distintos puntos de España se están organizando en red para tratar de combatir el modelo turístico actual, cuyas consecuencias sufre la población local.

Lo cierto es que las principales ciudades españolas asisten desde hace años a un proceso de gentrificación y turistización que está provocando la expulsión de los vecinos de sus barrios ante los precios abusivos y arrasando el comercio tradicional. El arrendamiento estable está siendo sustituido por un mucho más lucrativo alquiler turístico discontinuo. Esto ha llevado a las autoridades de ciudades como Palma de Mallorca o de Ibiza a lanzar un SOS ante el déficit de sanitarios, docentes y policías, disuadidos de trabajar en la isla por la desmesura del alquiler. Gobierne la derecha o la izquierda, los ayuntamientos de estas ciudades masificadas, especialmente en la temporada estival, están tomando la iniciativa para tratar de ponerle coto al turismo masivo.

Así lo están haciendo ciudades como Barcelona, donde gobierna el socialista Jaume Collboni, que prevé recuperar 10.000 viviendas turísticas de la ciudad en noviembre de 2028 para destinarlas a uso residencial aplicando un decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula esas edificaciones. El objetivo del consistorio es que a partir de 2029 desaparezca la figura de la vivienda turística. Pero también municipios gobernados por el Partido Popular como València, Palma, Málaga o Madrid, que abogan por establecer medidas de control —como limitar el número de viviendas turísticas o de cruceros— pese a que la dirección del Partido Popular rechaza cualquier tipo de “intervencionismo” en las políticas de vivienda porque, a su juicio, provoca mayor escasez y su solución ante los problemas derivados del turismo masivo es construir más, el mismo modelo del bum inmobiliario que acabó colapsando el mercado.

Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el problema del turismo masivo no son las consecuencias que tiene sobre la población local, sino sobre el propio turista. Así, asegura que hay una “turismofobia” promovida por el Gobierno central que “produce inseguridad y desconfianza”. Recientemente, en un acto con empresarios catalanes, volvió a incidir en esa idea y aseguró que “la turismofobia” que se había tratado de extender desde allí a otras comunidades era “el principal problema del turismo” e incidió en que nuestro país es “uno de los mejores para invertir” en vivienda. Sin embargo, los datos desmienten al líder conservador, ya que, según el primer barómetro municipal de 2024, los vecinos de la ciudad condal están cada vez más preocupados por los efectos que genera el turismo, hasta el punto de ocupar la tercera posición en la lista.

La responsable de vivienda en Génova, Paloma Martín, culpa directamente a la ley de vivienda del incremento de los pisos turísticos, pese a que solo la está aplicando Cataluña y el fenómeno se extiende por todo el territorio español. Sin embargo, Martín sostiene que “cuanto más interviene el mercado, más incrementan los precios” y se muestra abiertamente en contra de medidas como que no se concedan licencias de viviendas turísticas, de la tasa turística y de la limitación de los cruceros que hacen escala en ciudades españolas, que están llevando a cabo ayuntamientos del PP. Medidas como la tasa turística ha encontrado siempre con fuertes resistencias políticas y de las organizaciones empresariales, pese a que se aplica en la mayoría de los principales destinos europeos, sin que se haya constatado el menor impacto negativo en su capacidad de atracción de visitantes.

La formación conservadora ha abogado históricamente por dar barra libre al turismo, destacando siempre los beneficios que comporta a nivel económico y obviando los perjuicios que cada vez están saliendo más a la luz. En el programa de las generales del pasado año alertaban más de los supuestos riesgos que genera la okupación, uno de sus temas más recurrentes cuando se trata de vivienda, y abogaban por un pacto de Estado, con comunidades y ayuntamientos, para construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero sin entrar en detalle de cómo hacerlo.

En Palma de Mallorca, el pasado mayo, el PP, que ostenta el gobierno municipal, aprobó ampliar la prohibición del alquiler turístico en Palma a unifamiliares entre medianeras en barrios saturados de la ciudad a propuesta de Podemos.  El equipo de gobierno también avaló “estudiar” la prohibición total de esta actividad en todo el municipio de Palma y una subida de la tasa de residuos a las viviendas que se destinen a alquiler vacacional. Para dar luz verde a la “prohibición del alquiler turístico en viviendas unifamiliares entre medianeras en barrios saturados de la ciudad”. Hay que recordar que esta actividad ya está prohibida en pisos, aunque la oferta ilegal está descontrolada.

También ese mes la alcaldesa de València, la popular María José Catalá, consciente de la situación particular de la ciudad que ella conduce, anunció dos medidas concretas para luchar contra el turismo masivo: veto a los megacruceros y moratoria de un año a los apartamentos turísticos. Catalá justificó su postura con los megacruceros en el hecho de que este “no es el modelo turístico” por el que apuesta la ciudad. La alcaldesa indicó que sí que se permitirán los cruceros “más reducidos y de otro perfil que generan riqueza a la ciudad”.

Se mira también hacia Andalucía. En Málaga, ciudad que lidera con un 70%, junto a Barcelona, la ocupación de estos pisos para la actual temporada de verano, seguidas de Valencia (67%) y Madrid (38%), según datos de GuestReady, el ayuntamiento va a limitar el registro de más viviendas para acoger visitantes en la ciudad. Se hará gracias a una ordenanza que regulará la zonificación en las áreas y barrios más saturados y que establecerá condiciones que no podrán saltarse las viviendas turísticas como puntos “de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del edificio”, o instalaciones generales “autónomas” de luz, agua, teléfono, etcétera.

Mientras en Granada se va a utilizar un decreto del Gobierno andaluz para frenar los pisos turísticos, el Ejecutivo local de Sevilla, siendo del mismo signo político, del PP, ve “imposible” esa senda para lograr la moratoria total que reclama la oposición para no aprobar nuevas licencias de viviendas turísticas hasta que se alcance una posición definitiva. Por ahora no hay acuerdo. Además, la Junta, presidida por el conservador Juanma Moreno, se ha negado a facilitar la incorporación de una tasa turística que ayude a financiar el coste de la huella del turismo en sus ciudades. Pero cada vez más alcaldes de su signo político se muestran favorable a una medida de ese tipo.

En Madrid, el equipo que capitanea el popular José Luis Rodríguez-Almeida ha decidido suspender la concesión de licencias en la capital, mientras trabaja en la elaboración, tramitación y aprobación de una variación del Plan General, lo que, estiman, se prolongará hasta el primer trimestre de 2025. La oposición reprocha al Gobierno local que no haga nada contra los miles de pisos turísticos ilegales que salpican Madrid, pese a haber anunciado que se endurecerían las multas, y desde el consistorio abogan por mantener un “equilibrio” entre el derecho de los vecinos al descanso y la actividad económica. 

El turismo, que acusó el zarandeo global del covid más que otros sectores, se ha recuperado con vigor para seguir demostrando con números que es un motor incuestionable de la economía española. Representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y sigue encadenando récords. En 2023, el país recibió más de 84 millones de turistas internacionales. Pero, en paralelo, se suceden polvaredas levantadas a golpe de propuestas como la lanzada por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar por visitar la Plaza de España de la ciudad; o de manifestaciones multitudinarias contra la masificación como las promovidas en Canarias, Baleares o Málaga, en Andalucía. Incluso desde Exceltur, la alianza turística compuesta por más de 30 empresas y cinco patronales del área, reconocen ya que "el turismo de masas y excesos" es un problema que "conlleva un malestar para los ciudadanos".

En ese dibujo de situación, hay territorios que han movido ficha y otros que no. Ocurre algo similar a lo que está pasando en el ámbito de la vivienda. En comunidades como Cataluña o Baleares se ha optado por la aplicación de tasas turísticas y en Euskadi, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha planteado que es "el momento" de abordar el establecimiento de un impuesto a las estancias turísticas "en colaboración" de todas las instituciones y del sector, porque "el que viene a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a mantener Euskadi", según recogió Ep.

Algunos municipios también han tomado la iniciativa. Lo han hecho ciudades como Barcelona, donde el ayuntamiento ha aprobado recientemente subir de los 3,25 euros hasta los 4 la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento; Tarragona, Ibiza, Girona, Menorca o Palma. Y Santiago de Compostela quiere sumarse, con un gravamen que oscilaría entre 1 y 2,5 euros por noche, con la que el Gobierno local prevé recaudar tres millones al año. En un documento armado gracias a un convenio con la Universidad de Santiago (USC) consta que la ciudad soporta una presión turística de 9,4 visitantes por habitante, lo que la sitúa en una situación de “sobreturistificación”. Pero Galicia carece de esta normativa y los expertos en derecho que han elaborado el informe consideran que fórmulas como la aplicada en Venecia, cobrar 5 euros a los turistas por visitarla dentro de un horario, con independencia de si pernoctan allí o no; no tendrían cabida en el ordenamiento jurídico español. Para el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC César García, la figura tributaria correspondiente sería la de “impuesto propio de la comunidad, cedido a los ayuntamientos”, dado que las administraciones locales no pueden crear tributos. Así podrían adherirse los consistorios que lo consideraran y solicitasen ser declarados como municipios de alto impacto turístico o alto impacto turístico estacional. Falta por conocer la postura de la Xunta, la Administración que debería dar luz verde a la propuesta.

¿Ese sería un camino a replicar en otras partes de España o convendría crear un impuesto estatal, por ejemplo? El catedrático de Economía de la Empresa en la Universitat de les Illes Balears, Aleix Calveras, no apuesta por un gravamen estatal “porque todos los territorios no tienen las mismas necesidades”. “Debería ser a nivel de comunidad, con implicaciones municipales”, comparte. Defiende que no se debe medir la masificación “sólo por el número de turistas”, ya que esto no permite comparaciones “entre destinos con diferentes geografías ni muestra la evolución temporal dentro del mismo” punto. A su juicio, sería mejor recurrir a conceptos como la densidad o la intensidad turística, sin olvidar que, aunque puede analizarse con datos, también es un fenómeno psicológico.

Calveras cree que la saturación turística puede ser nociva a distintos niveles: “Para los residentes, quienes soportan problemas como los atascos en las carreteras, de acceso a la vivienda, etc. De ahí las recientes manifestaciones; y para la experiencia turística en sí. De hecho, la masificación puede dañar a la misma industria, ya que empeora la experiencia de los visitantes, especialmente para los turistas con mayor capacidad de gasto, quienes podrían decidir evitar destinos saturados”, condensa. Se muestra a favor de las tasas, sobre todo teniendo en cuenta que, en materia tributaria, “el IVA de hoteles, restauración, y transporte aéreo doméstico es solamente del 10%, frente al general del 21%, y el combustible de los aviones no está sujeto a impuestos”.

Con todo, avisa de que para que tuvieran impacto en la demanda y sirvieran para descongestionar “tendría que ser una tasa significativa, no pequeña”. Y hay margen, dado que ninguna de las cargas aprobadas en el mapa nacional alcanza “la tarifa máxima de 14,95 euros por persona y noche en estancia en un palacio impuesta en París o a las cifras de Ámsterdam”. “Sorprendentemente, algunas de las críticas a los impuestos turísticos vienen de su posible efecto elitista al dificultar el acceso al destino a determinados segmentos de turistas", asevera, para completar: "Sin embargo, los problemas de desigualdad deben de atacarse mediante políticas de redistribución de rentas, no manteniendo los precios turísticos bajos generando congestión y sus problemas", dice, consciente de que no todas las reacciones a este tema son suaves como un ala.

Sondeado en concreto sobre por qué piensa que la patronal suele posicionarse en contra de esas medidas, anota que “es porque no quieren que se les ponga un impuesto, pero no porque no funcionen. Se oponen probablemente de una forma miope, en contra de sus propios intereses a largo plazo”. De lo que sí advierte el profesor es de que los gravámenes podrían provocar que surja “una oferta ilegal”, como en la esfera de la vivienda. Para impedirlo, “habría que implementar sistemas de inspección turística efectivos” o contemplar cargas impositivas “de difícil evasión” en zonas como los puertos o los aeropuertos.

Por su parte, Alberto Ibáñez, portavoz de Turismo de Sumar se coloca igualmente del lado de que "exista un impuesto turístico de diseño o normativización autonómica, pero de aplicación municipal, que se destine a la desaturación de servicios públicos, así como a la protección medioambiental y la descarbonización del sector”. “Pero es importante también -enlaza-, y más ahora que está habiendo manifestaciones masivas en Andalucía, Baleares, Canarias o en breve en Alicante -la plataforma ciudadana de reciente creación 'Alicante, ¿dónde vas?' ha convocado una protesta el próximo 13 de julio-; dejar claro que la masificación turística no se resuelve sólo poniendo tasas turísticas, tiene que haber otras medidas que desincentiven ese turismo que está colapsando las ciudades”.

Para Ibáñez “es demagógico decir que una tasa turística es clasista, porque nadie deja de viajar por pagar 2 euros la noche, pero sí que pensamos que el debate tiene que ser más amplio. No es una cuestión de impuestos y nada más, tiene que haber otras medidas regulatorias”. Es más, Sumar ha planteado que se restrinja “la llegada de cruceros a las ciudades que están colapsadísimas”. “Es competencia autonómica, pero pensamos que ha llegado el momento de poner límites”, confirma.

Insiste en que “el diseño del impuesto tiene que ser autonómico”, para añadir: “Y ha de ser progresivo, porque no puede pagar lo mismo la persona que va a un camping que la que se queda en un hotel de cinco estrellas; y estar dirigido en fondos finalistas para la protección del medio ambiente o el fortalecimiento de los servicios públicos que se ven mermados por la saturación turística”. En relación a esto último, apostilla: “No es lo mismo una ciudad ultra saturada, que un pueblo del interior, donde no cierre la panadería gracias a que van turistas. La dimensión municipalista de este impuesto es fundamental y las medidas fiscales han de ir acompañadas de medidas restrictivas en zonas del país que ya tienen una saturación insoportable y las hacen inhabitables”, cierra.

Desde Exceltur suelen señalar que crear nuevas tasas turísticas sería un “error” porque no reducen la afluencia de turistas. Si bien, en el Manifiesto Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo que han difundido recientemente se apunta a la idea de consensuar “con gobiernos autonómicos y locales donde inevitablemente se apliquen tasas turísticas”, el que “los ingresos de éstas reviertan exclusivamente”, o en “la mejora de la calidad de vida del residente”, o en acciones que optimicen “la experiencia final de aquellos turistas de mayor valor añadido para cada uno de los destinos”.