“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada. 

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha comunicado al consejo de administración su deseo de renunciar al cargo por motivos personales, por lo que será sustituido por el actual consejero delegado, Javier García del Río, según informa Europa Press. Echegoyen, que renuncia a la presidencia de Sareb tras siete años en el puesto, continuará desarrollando su actividad hasta que se elija a su sucesor tras la próxima junta de accionistas, prevista para el próximo 27 de mayo.

El consejo de administración propondrá que Echegoyen sea sustituido por García del Río, que se incorporó a Sareb en febrero de 2020. Su nombramiento se producirá previsiblemente en la última semana de mayo y el puesto de consejero delegado que ocupa será amortizado.

La salida de Echegoyen se produce un mes después de que la Sareb anunciase un reajuste que va a incrementar la deuda pública de 2020 en unos 35.000 millones de euros,35.000 millones de euros del 117,1% a en torno al 120% del PIB, además de elevar el déficit público en una cantidad superior a los 7.000 millones, por encima del 10,5% augurado por el Banco de España, según han confirmado fuentes del Gobierno. El conocido populamente como banco malo recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras auxiliadas durante la crisis que comenzó en 2008. 

La razón es que Eurostat, la oficina estadística comunitaria, ha obligado a España a incluir a la empresa dentro del sector público. La Sareb nació en el 2012 con una mayoría de accionistas privados (el 54,1% de sus títulos está en manos de otras compañías, fundamentalmente bancos, y el 45,9% pertenece al Estado). El principal problema es que las pérdidas multimillonarias que acumula la firma desde entonces han volatilizado su recursos propios, es decir, el capital y la deuda que le aportaron dichos propietarios.

Hace dos semanas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trataba de convencer a los ciudadanos de que hay que penalizar la jubilación anticipada y retrasar la tardía. Escrivá planteó crudamente lo que su equipo viene meses sugiriendo: que faltan incentivos para jubilarse, que no es normal que quien se retira antes cobre más pensión (normalmente esto se debe a que las prejubilaciones se las permiten solo ciertos sectores) y que hay que acercar la edad legal de jubilación (66 años en estos momentos, camino de los 67) a la real (64,6 años) para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. 

Cuando el ministro hizo su planteamiento, que además se lo remitió a la Unión Europea dentro del plan de transformación y resiliencia para obtener los deseados fondos de recuperación anti-covid, ya se conocían planes de despidos y prejubilaciones masivas en banca: el ERE pactado entre dirección y sindicatos en Santander que afecta a 3.572 empleados y que recoge prejubilaciones desde los 55 años (con el 74% del salario pensionable o el 67% del sueldo, a lo que hay que sumar el 54% del complemento voluntario con un convenio especial hasta los 63 años), 750 prejubilaciones en Ibercaja a partir de 60 años, y otras 1.500 prejubilaciones y desvinculaciones en el Banco Sabadell. 

La tormenta vino justamente después de que Escrivá proclamara su deseo de que los españoles trabajen más tiempo, e incluso a ser posible más allá de la edad legal. Primero vino el mayor ERE de la historia del sector bancario en Caixabank, con 8.291 trabajadores. Este martes 27 de abril el ERE fue rebajado a 7.791 empleados, unos 500 menos, con la garantía de que la entidad se compromete a recolocar al 100% de los que dejen la entidad y no opten por jubilarse. El ERE de Caixabank contempla prejubilaciones a partir de 58 años (50% del salario pensionable y convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años), según el banco y los sindicatos. 

Con Caixabank, además, no acaban ahí los problemas: es una entidad derivada de la fusión (o absorción) entre Caixabank y Bankia anunciada en septiembre. La fusión pasó sin crítica alguna en medios y demás estamentos y se sostuvo públicamente por las "sinergias" que generaría la operación, a pesar de los riesgos de la concentración bancaria o de la pérdida del control de una entidad rescatada con decenas de miles de millones de euros como lo fue Bankia. Una vez consumada la absorción, los directivos plantean un ERE espectacular que rompe los esquemas del Ministerio de Seguridad Social con el Estado -representado por el FROB- ocupando uno de los asientos del consejo de dirección.

Y tras los despidos en la entidad de origen catalán, llegó el turno de BBVA. La entidad que preside Carlos Torres anunció primero un ERE el 13 de abril que se situó en 3.000 personas, para después ampliarlo en 800 empleados más. Y todo ello en un contexto por el que la cúpula repartía aumentaba su salario fijo para 2021 y se autoconsignaba bonus millonarios que provocaron airadas denuncias de los sindicatos de BBVA. La empresa aún no ha desvelado sus planes sobre prejubilaciones, indican fuentes sindicales.

Centésima abajo, centésima arriba

En total, la suma de despidos, prejubilaciones o desvinculaciones totaliza casi 18.000 empleados sumando todos los bancos que han facilitado las salidas en los últimos meses. No está claro cuántos se darán de baja laboral para siempre o cuántos continuarán en el mundo laboral, pero entre enero y febrero de 2021 se han jubilado en total en España unas 60.000 personas. Es casi una tercera parte. 

¿Tendrán impacto los Expedientes de Regulación de Empleo en la Seguridad Social? Portavoces del ministerio rechazan que pueda amenazar la sostenibilidad de las pensiones. "En estos casos se suele firmar un convenio por el que, bien la empresa bien el trabajador, pagan las cotizaciones sociales hasta la jubilación". ¿Y sobre la edad real de jubilación? En el ministerio dicen que podría. "Igual una centésima arriba o abajo, pero nada reseñable", admiten.

El problema es mayor del que parece: en noviembre de 2019 España alcanzó una edad real de retiro de 64 años y cinco meses. Un año y medio después, estamos en 64 años y seis meses, una décima más. En Seguridad Social responden que el asunto "dependería del tiempo a lo largo del que se extendieran los procesos" de regulación de empleo, "que habitualmente suelen prolongarse durante varios años". Ciertamente, los despidos masivos de los grandes bancos chocan con los planes de Escrivá.

"La banca es especial"

El ministro valoró negativamente los anuncios de ERE la semana pasada en un acto de presentación del nuevo portal de la Tesorería de la Seguridad Social. Escrivá tildó de "antiguo" el "modelo de ajustes laborales". "Nosotros en el plan de resiliencia así se lo decimos a Bruselas", confirmó. "Abogamos por modelos más flexibles y eficaces internamente a la hora de ajustar internamente los cambios laborales en las empresas. Esperamos que este sea uno de los últimos procesos y que en la negociación empresa-sindicatos se aborden  mecanismos de flexibilidad. Se trata de un sector que ha recibido ayudas importantes. Los dirigentes de las entidades financieras tienen que interiorizar hasta qué punto se protegió el sector, y en decisiones como la de hoy es algo relevante".

El ex ministro de Industria y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Sebastián coincide con Escrivá sobre las prejubilaciones. "Veo un doble problema", dice Sebastián. "Sectorial y temporal. El relativo al sector, porque si la banca ha sido especial para recibir ayudas públicas o líneas de liquidez con ningún coste por parte del BCE, tiene que reconocer también que es especial en lo laboral y que no puede despedir a miles de personas. Y sobre todo temporal: el momento actual es inoportuno, en plena pandemia". Sebastián también critica que la mayoría de afectados por el ERE de Caixabank está en oficinas y no en servicios centrales. "La banca pidió en pandemia ser servicio esencial, cosa que no entendí. Lo logró, y ahora echa a los miles que se expusieron en las sucursales". 

En 2008 el sector bancario en España tenía alrededor de 275.000 empleados. Actualmente quedan menos de 170.000, y bajando. Varios consultados recuerdan que a lo largo de la última década han abundado las prejubilaciones hasta con 50 años. La suerte ha cambiado para los empleados. 

Días turbulentos para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, el banco malo diseñado por el ex ministro de Economía y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que absorbió en 2012 gran parte del ladrillo tóxico para evitar la quiebra de varias entidades financieras. Casi de sopetón, el instituto europeo de estadística, Eurostat, confirmaba la semana pasada que la deuda de 35.000 millones de la sociedad público-privada pasaría a cebar la deuda pública hasta el 120% del PIB, además de anotar otros 7.000 millones de euros al déficit del actual ejercicio. Un hecho que adelantó El País. 

infoLibre ha querido repasar algunos hitos desde su creación, a finales de 2012, cuando sucedía lo peor de la crisis financiera: rescate de Bankia, rescate financiero de España, prima de riesgo por las nubes y tasa de desempleo desbocada un poco como consecuencia de todo lo anterior. 

Rentable y sin computar deuda 

Cuando Guindos y su equipo ultimaban la creación del banco malo, todo lo que dijeron entonces se ha revelado como completamente equivocado. Los portavoces de la sociedad en 2012 auguraban que Sareb dará más beneficios a partir de “la mitad o el último tercio de su vida”; y teniendo en cuenta que estatutariamente Sareb tendrá que ser liquidada en 2027 –salvo que cambien los planes y se reformen los estatutos–, ya estaríamos de lleno en esa fase. El propio Guindos hablaba de una rentabilidad del 15%, promesa que escuchada hoy suena a broma de mal gusto. 

Peor suenan los viejos vaticinios de que las pérdidas no computarían como deuda pública. Justificaban esta posición al ser el Tesoro "solo" avalista y al no tener el Estado la mayoría del capital (principal accionista con el FROB, que posee un 45%). "Si Sareb tuviera problemas de solvencia, entonces sí podría contabilizarse como deuda y quizá como déficit", razonaba un artículo de El País en octubre de 2012. Esto último es lo que ha ocurrido. 

¿Por qué se hizo creer que un vehículo para liquidar activos inmobiliarios contaminados daría incluso beneficios? "Esta rentabilidad", responden portavoces de Sareb, "figuraba en el plan de negocio elaborado con anterioridad al traspaso completo de los activos. Una vez se estudió la composición y características de los activos transferidos, se descartó públicamente este objetivo de rentabilidad".

El problema es que este descarte se produjo oficialmente por primera vez... en 2017. 

El sobreprecio por el ladrillo tóxico de la banca 

Habla una fuente que conoce muy bien los entresijos de Sareb: "El banco malo arranca en un punto controvertido: los activos que se traspasan a su cartera del balance de las entidades no se valoran". Se trata de 400.000 inmuebles repartidos por toda España y valorados en su momento en 50.000 millones. "Alguien decide entonces que hay que aplicar una quita sobre el valor en libros de esos activos del 50%. Y por un momento los gestores están convencidos de que eso sería suficiente para garantizar la rentabilidad". 

Esto ocurrió durante la presidencia de Belén Romana, en la que se concibió la sociedad: Sareb empezaría a funcionar con un capital de 4.800 millones de euros (3.600 millones de los cuales eran deuda subordinada), de los que el Estado puso el 45% y el resto los accionistas. Y emitió bonos por el valor de sus activos tóxicos –50.000 millones– avalados por el Estado, una operación que hoy está en el centro del exagerado aumento de deuda pública.  

A la llegada de Jaime Echegoyen, en 2015, la sociedad decide valorar activo por activo para saber qué es lo que tiene en sus carteras. Y se da de bruces con la realidad: el FROB ha pagado un precio superior en más de 5.000 millones de euros al valor real de su portfolio, a pesar del haircut sobre la deuda. 

"El sobreprecio pagado fue calculado por las autoridades internacionales en el momento del propio traspaso de los activos", defienden en el banco malo. 

El sobreprecio está en el origen de los problemas de la sociedad, y explica la premura con la que se concibió este vehículo. En la sociedad que dirige Echegoyen hacen otra lectura: "La sociedad se constituyó de cero en un momento de completa paralización del sector inmobiliario y con una crisis de confianza en las instituciones financieras. Se le transfirió de acuerdo con los precios fijados por la Administración, una cartera valorada en su momento en 50.780 millones de euros, la mayor parte prestamos impagados", indican portavoces. 

El cambio contable de 2016 para salvar la quiebra 

A los cuatro años de vida de Sareb, sus gestores entendieron que era un pozo sin fondo. Y el momento clave vino con una autorización del Consejo de Ministros, tal y como reveló El Confidencial: se autorizó a la sociedad a no contabilizar como pérdidas las minusvalías latentes, esto es, el sobreprecio abonado al crear el banco malo; así, Sareb se anotaba solo sus pérdidas considerando el valor de mercado de los activos y no el deterioro resultante de pagar más por inmuebles que valían menos.

La presentación de resultados en abril de 2017 confirmó este cambio relevante: donde tenía que anunciar la pérdida de 3.200 millones, solo reconoció 751 millones. El equipo de comunicación entonces se fajó por desmentir algo que hoy todo el mundo en todos los medios asegura: que el arte del birlibirloque contable permitía reducir a un cuarto las pérdidas oficiales, mientras las reales se hallaban bajo la alfombra. 

Con el tiempo este cambio contable ha cobrado mucho sentido, aunque para los gestores Sareb ha sorteado la quiebra en incontables ocasiones, y ha tenido que tirar de argucia para no entrar en causa de disolución técnica. 

El lío de los 'servicers' 

Una vez creada la sociedad, había que liquidar los inmuebles y encoger la cartera. Eso significaría que la deuda de la sociedad mermaría. De Guindos confiaba en que la recuperación del mercado inmobiliario haría todo lo demás. Y no se equivocó en lo primero (la recuperación), solo que, hasta la irrupción del covid, el nuevo auge de la vivienda ha estado muy ligado al turismo y, por tanto, se ha concentrado en unas pocas grandes ciudades, con los problemas que ello acarrea. 

Antes de la salida europea de la recesión, Sareb decidió que sus inmuebles los venderían las propias entidades que los traspasaron como parte de sus activos tóxicos a la sociedad. "Y, como era de prever, los bancos no se interesaron en vender, porque esos activos no eran ya su problema", confía una fuente. 

Belén Romana tomó cartas en el asunto a finales de 2014, y puso la mitad de sus activos en manos de servicersdesvinculados de dichos inmuebles: Servihabitat, Haya, Cerberus... Todo esto implicó gastar más dinero, sin explorar siquiera si la plantilla –entre 300 y 400 personas, según el momento– podía asumir esa tarea. Actualmente Sareb lleva ya varias revisiones del contrato con los servicers. 

"Queda lo suficientemente demostrado que los primeros directivos de Sareb no tenían ni idea del mercado inmobiliario", lamenta el economista Alejandro Inurrieta, ex presidente de la Sociedad Pública de Alquiler en la etapa de Zapatero. "Eran muy poco profesionales". 

Otros contratiempos en la gestión

A finales de 2016, el equipo de Valoración de Riesgos (un área clave dentro de Sareb) pidió salir, hecho que se consumó. Al parecer estos profesionales solo veían un horizonte marcado por la disolución por causa de quiebra, precisamente por el sobreprecio original.

En 2018, durante un juicio por su despido, el ex tesorero de la sociedad, Francisco Cordero, denunció que Sareb malvendía sus activos. A comienzos de 2020 el despido del tesorero era declarado nulo. 

Otro de los hechos más escandalosos fue la celebración de onerosas fiestas para toda la plantilla, ya en tiempos de Jaime Echegoyen. Hasta dos veces al año, los trabajadores se reunían en codiciados lugares como el Palco del Santiago Bernabeu o el Hipódromo para celebrar la llegada de las festividades. La publicación de la noticia, en junio de 2018, terminó con estas prácticas. 

Sin embargo, el episodio más sangrante dentro de la gestión fue la contratación en 2013 de un crédito swapswap para la mayor parte de su cartera de bonos senior, en teoría un escudo para defenderse de la subida de los tipos de interés, en aquel momento por las nubes. La caída del Euribor justo después de firmar el swap impidió a la sociedad ahorrar en concepto de costes financieros en los años venideros. En 2019 la Comisión Europea advirtió a Echegoyen de que el swap suscrito ahora hace ocho años suponía "altos costes de financiación". Las últimas estimaciones retratan pérdidas por valor de hasta 3.000 millones de euros.

Inurrieta apunta también a la "falta de transparencia". "Si el Estado es el principal accionista, ¿por qué no sabemos dónde están las viviendas de Sareb? Se dice que hay mucha vivienda en municipios pequeños y mucho suelo rústico...". 

Portavoces de Sareb resaltan que la sociedad "ha realizado su actuación contribuyendo al saneamiento de la economía española y sin distorsionar el mercado inmobiliario, contribuyendo a su dinamización y recuperación". Y destacan la nueva misión de Sareb: convertirse en una suerte de agencia de la vivienda social, cometido que nada tiene que ver con el inicial: "Estamos movilizando una cartera de 15.000 viviendas que se destinarán a programas de vivienda social a través de ayuntamientos y comunidades autónomas".  

El peor 'banco malo' de la UE

La asunción de 35.000 millones de euros de deuda solo se entiende por un fracaso tanto en el diseño como en la gestión. Sin paliativos. Un fracaso que aumenta al comparar a Sareb con otros bancos malos europeos. 

"No es posible comparar la actuación de Sareb con otras entidades similares", creen en la sociedad, "sin tener en cuenta muchos factores". Los enumeran: "Las particularidades de los mercados inmobiliarios, el momento del ciclo en el que fueron creadas, la tipología de los activos transferidos, la ubicación de los mismos, la evolución de los precios en cada mercado o la composición inicial de su accionariado".

Pero otras fuentes creen que la comparativa es necesaria.

Nama, el banco malo irlandés, saldó sus deudas en marzo de 2020, justo la víspera de las restricciones globales por el covid-19. Creado en 2009 por las autoridades irlandesas para colocar 70.000 millones en activos tóxicos, se espera que arroje beneficios este 2021, según anunció su CEO en febrero. Los beneficios irían directos a las arcas públicas.

Muy similar es la situación del banco malo británico, Northern Rock. Al parecer, éste habría seguido los pasos de Nama y saldado su pasivo. Y lo mismo ocurrió en Países Bajos con el hegemónico ING, que se convirtió en una suerte de banco malo al ser por sí mismo un banco sistémico en su propio país. En 2014, ING devolvió al Estado holandés todo el dinero movilizado para su rescate. 

La primera y exitosa experiencia de banco malo se produjo en Suecia, a finales de los ochenta y principios de los noventa. Afectado por una grave crisis inmobiliaria, el país escandinavo vio cómo se desplomaban los precios de la vivienda y aumentaba el paro. En 1992 decidió nacionalizar las tres principales entidades financieras afectadas, Gota Bank, Nordbanken y Forsta Sparbanken, que habían recibido desde 1989 cuantiosas ayudas públicas. 

En 1993 el Gobierno de Estocolmo diseñó su banco malo: creó dos entidades, la Autoridad de Apoyo a los Bancos (AAB) y las Compañías de Administración de Activos (CAA). Una recapitalizaba, vendía o fusionaba los bancos intervenidos y la otra se quedó con los activos tóxicos, para revenderlos en lotes. Ambas entidades aceleraron sus operaciones para rebajar el coste del rescate. De 65.000 millones de euros, Suecia recuperó casi 50.000 millones. En nueve años, Sareb solo ha rebajado la deuda en unos 15.000 millones de euros. 

El último capítulo de Sareb ocurrió el pasado miércoles 31 de marzo, cuando la sociedad anunció pérdidas de 1.073 millones en 2020. 

La conclusión es unánime: el valor de mercado de los bancos españoles está hundido porque, según la explicación de las propias entidades, el reparto de dividendos había sido desautorizado por el Banco Central Europeo (BCE) desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia. Esto les ha restado –insisten– atractivo bursátil aunque el supervisor con sede en Fráncfort alegara entonces que ese dinero era para ayudar a familias y hogares. 

Hasta ahí el relato del sector, que finalmente ha conseguido que el BCE levante el veto a la gran banca en España y distribuya hasta el 15% de sus beneficios en dividendos. Una decisión celebrada en los medios y que había sido abanderada por la líder del Banco Santander, Ana Patricia Botín, pero que en realidad está activando la voz de alarma entre muchos expertos del mundo financiero.

El informe de diciembre pasado de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), presidida por el español José Manuel Campa, arrojaba que las entidades españolas tenían el peor ratio de capital CET1 de la Unión Europea. El ratio fue de 11,8% frente al 14,7% de media comunitaria. Un indicador que revela que la banca nacional es la menos solvente de todas.  

A todo lo anterior hay que sumar los problemas que se puedan dar por el relajamiento de las normas contables por parte del BCE también desde el principio de la pandemia (marzo del año pasado).

Habla un alto cargo público del sector en los años noventa desde el anonimato: "Soy contrario a lo acordado por el BCE, porque el reparto del 15% se basa en el balance consolidado; por esto mismo, los beneficios pueden estar inflados por la ausencia de provisiones. Y esta ausencia se debe, precisamente, a la flexibilidad autorizada por los supervisores", señala esta persona. Y añade: "Los beneficios quizá también influidos por los avales del ICO", concedidos en condiciones más ventajosas por el covid-19.

Ahora opina un directivo jubilado destinado al área de análisis de riesgos de una caja rescatada durante la anterior crisis financiera: "Somos los bancos europeos con peores ratios y cifras de capital,y por supuesto estos deberían aumentarse: por consiguiente nada de repartir dividendos. El informe de la EBA reciente así lo refleja. Además esta decisión iría en la línea de mitigar problemas de solvencia en el futuro". 

Los créditos pre pandemia

Una tercera fuente financiera igualmente apunta a la flexibilidad del BCE, que "tiene efectos en los créditos morosos y en los deterioros estimados". "Por tanto", razona, "los resultados están inflados. No es necesario ningún doctorado para concluir esto. Y sobre unos resultados inflados unas entidades que son las menos solventes de toda la UE –según las mismas autoridades– reparten dividendos. Todo eso en un país lleno de ERTE y con la ciudadanía temerosa sobre el futuro", deplora este tercer consultado. 

Y un cuarto se refiere al "problema de las carteras crediticias prepandemia". "Todas sufren un incremento significativo del riesgo al ser otorgadas con políticas crediticias que no se contemplaban con el virus. Y esas carteras deberían ser provisionadas con pérdidas similares a las que corresponderían a toda la vida de esos préstamos".

Esto último, insiste esta fuente, debería de reflejarse en los informes de los auditores si no se hubiera producido dicha provisión. "Las autoridades bancarias han sido flexibles, de acuerdo. Pero los bancos en sus informes trimestrales o los auditores deberían de haber plasmado el impacto de esas carteras crediticias de antes del covid. Y no lo han hecho, por lo que es imposible saber la situación real de los balances, alimentando el riesgo". 

Entre los consultados, en los que abunda el anonimato es un sector poco dado a las críticas, creen que "los bancos más sensatos son los que no se plantean repartir dividendos". De momento Santander, Bankinter, Bankia –a través de su matriz Caixabank cuando se consume la absorción– o BBVA reman en dirección opuesta y ya han anunciado que sí pagarán a los accionistas. 

Bélgica prohíbe el reparto

"El balance de los bancos ahora mismo no refleja su situación patrimonial", dice el economista Juan Laborda. "Han hecho más laxos tanto la fijación de capital como el aprovisionamiento a pérdidas. ¿Repartir dividendos? Parece una locura, sobre todo cuando se trata de bancos que no hicieron lo que tenían que hacer en la anterior crisis". Laborda denuncia que las entidades occidentales "solo sobreviven con tipos de interés bajos". "Pero los tipos bajos no tienen ya ningún efecto sobre la economía real. Hace falta expansión fiscal, subida de salarios y subir los tipos" para aplacar el problema de la deuda que se avecina. 

Uno de los anteriormente consultados responsabiliza al Banco de España: "La autorización última del reparto es competencia nacional, pues se hace sobre los estados financieros individuales". Como ejemplo, el Banco Nacional de Bélgica ha vetado el reparto de dividendos a sus bancos hasta septiembre. “Estas reservas de dinero deben ser utilizadas principalmente para absorber pérdidas y para garantizar la continuidad de la intermediación financiera, en particular el otorgamiento de créditos y actividades de seguros a favor de la economía real”, manifestó el BNB hace un mes.

Los indicadores económicos no respaldan el efecto psicológico que auguran los bancos españoles con el retorno del dividendo. Todas las entidades aumentaron las pérdidas a lo largo de 2020, y además las diferencias entre el valor de mercado y el patrimonio neto (valor real) son cada vez más grandes. "Se habla de los dividendos como si repartidos fueran a relanzar a una entidad en Bolsa. ¡Al repartirlos las acciones caen!", exclama una fuente. "Básicamente, porque es una manera de quitar valor...". 

En el mundo financiero español hay actores que se tiran de los pelos. Primero fue el baile de las fusiones, cacareadas por todo el espectro mediático (en ocasiones con un seguidismo desaforado), cuando las dos operaciones en marcha (Caixabank y Bankia por un lado, Unicaja y Liberbank por otro) solo conducen a una mayor concentración bancaria que acerca a España a países como Grecia o Malta y la aleja de la banca italiana, británica, francesa o alemana. Una de las fusiones -en realidad absorciones-, la del BBVA con Sabadell, no salió adelante por las dudas del primero sobre el valor real de la segunda entidad y a la tremenda exposición de la banca catalana a empresas y pymes.

El segundo asalto del lobby bancario español tiene que ver con el reparto de los dividendos, que el Banco Central Europeo espera que no se distribuyan entre los accionistas hasta septiembre de 2021 exceptuando a las firmas más solventes, que podrán hacerlo con muchas condiciones. La recomendación del BCE nació en los primeros compases de la pandemia, en marzo pasado, y siempre ha encontrado críticas en el sector en España. 

"Si un banco está dando crédito y tiene una buena situación de balance, ¿por qué tiene que cancelar su dividendo?", se preguntaba José María Roldán, presidente del lobby bancario AEB en junio en el Congreso de los Diputados. "Esas recomendaciones generalizas ayudan a las entidades peores y perjudican a las mejores". Los defensores del dividendo han estrujado los argumentos hasta exasperar a muchas fuentes consultadas. Una de las declaraciones más chocantes ha sido la de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, que respaldaba recientemente la distribución de ganancias porque eso ayudaría a "empresas y familias". "No pagar o recortar dividendo refleja debilidad y, a la larga, puede traer problemas a una cartera", ha llegado a escribir el director de un periódico. 

Pero esta misma semana llegaba un jarro de agua fría: la banca española es la más insolvente de Europa según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), dirigida por el español José Manuel Campa. La solvencia del sector en España ha crecido hasta el 11,8%, apenas tres décimas más que en marzo. En junio la misma institución afirmó que la banca nacional era la que afrontaba la crisis sanitaria y económica con el capital más bajo de Europa. 

Habla un alto ex directivo de un gran banco español: "Somos los bancos europeos con peores ratios y cifras de capital. El capital debería por supuesto aumentar y para ello nada de repartir dividendos", declara. "El último informe de la EBA va en esta dirección. Además, el veto iría en la línea de mitigar problemas de solvencia en el futuro".

Pero no es solo la solvencia de las entidades. Hay más indicadores. 

Según la definición básica del término, que figura en la web de Andbank, "el dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución al inversor". "Dentro de los dividendos hay que distinguir dos tipos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios hacen referencia al reparto de dividendo correspondiente al beneficios de un ejercicio, mientras que los extraordinarios no presentan relación con las cuentas del ejercicio, sino porque se ha producido algún acontecimiento extraordinario.

El Patrimonio neto cae

Ahora los datos del tercer trimestre de los cinco grandes bancos: el beneficio neto de Bankia cayó a 30 de septiembre un 68,8% hasta los 180 millones; los del Sabadell se precipitaron un 75% hasta los 203 millones de euros; Santander perdió 9.048 millones hasta septiembre, pero obtuvo un beneficio de 1.750 millones en el tercer trimestre; y Caixabank declaró un beneficio de 726 millones, un 42,6% menos. Todas las comparativas son interanuales. El único suceso "extraordinario" fue la venta de la división bancaria del BBVA en Estados Unidos, lo que catapultó a esta entidad aunque declaró 15 millones de euros de pérdidas en el tercer trimestre. 

¿Son reales los beneficios? De acuerdo con el patrimonio neto declarado por cada una de estas entidades a 30 de septiembre de este año, no. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, y está compuesto de fondos propios (dinero aportado por los accionistas, reservas y beneficios generados). Una reducción del patrimonio neto prácticamente imposibilita la obtención de beneficios y, por ende, la distribución de dividendos. 

Ayudas públicas, beneficios privados

El patrimonio neto del Sabadell en el tercer trimestre pasó de 13.057 millones de euros en septiembre de 2019 a 12.718 millones ahora, una caída imperceptible -pero caída-; el del BBVA cayó de 54.925 millones a 48.522 millones en un año; el del Santander de 108.526 millones a 91.310 millones; el de Bankia de 13.335 millones a 13.038 millones; y el de Evo (Bankinter) creció muy poco: 4.847.253 millones en 2020 frente a 4.799.964 millones en el tercer trimestre del año pasado. Dos caídas abruptas (BBVA y Santander) y tres cifras casi inamovibles. Así lo establecen los estados intermedios consolidados de cada una de estas entidades remitidas a la CNMV. 

"En lo que va de año, Santander y BBVA según sus propias cuentas han perdido el 18% y el 10% de su patrimonio. Y ello sin aplicar las normas contables regulares", explica una fuente financiera en alusión a la flexibilidad que ha otorgado el BCE al sector en Europa. "Si unos pierden y otros no ganan, ¿entonces qué reparten?". Esta misma fuente denuncia el "maquillaje" en las cuentas consolidadas intermedias -como las del tercer trimestre-, realizada a través de las sociedades filiales de cada grupo bancario: "Las leyes mercantiles exigen que cada sociedad prepare su contabilidad y apruebe sus cuentas. Y las cuentas se elaboran agregando las de todas las sociedades y tras determinados ajustes, esencialmente eliminando las operaciones entre ellas". 

"La banca está en el ojo del huracán desde 2008 y vuelve a confirmar la máxima de que para pedir ayudas recurren al sector público y para distribuir beneficios se quedan en el lado privado", razona el economista, empresario y profesor Juan Laborda. "¿Cómo van a repartir dividendos cuando están siendo dopados? ¡Su situación patrimonial no lo permite!". 

Los bancos asociados a la Asociación Española de Banca (AEB) obtuvieron un beneficio atribuido de 6.964 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone un 18,6% más que en las mismas fechas del ejercicio anterior.

De acuerdo con la patronal bancaria, el aumento de este resultado se explica por el buen comportamiento del margen de intereses y los ingresos netos por comisiones, que han compensado los menores resultados de operaciones financieras y el incremento del gasto por impuestos. También han contribuido positivamente la tendencia decreciente de las provisiones para insolvencias y la contención de los gastos de explotación.

Concretamente, el margen de intereses creció un 4,4% anual hasta rondar los 29.000 millones de euros y representa una rentabilidad sobre activos totalmes medios (ATM) del 2,24%, unos 12 puntos básicos sobre la cifra registrada en junio del año pasado. Las comisiones crecieron un 8,4% anual.

El margen bruto de estas entidades, por su parte, se incrementó un 3,1% respecto a junio de 2016, hasta los 42.235 millones de euros, un crecimiento que, unido a la contención de los gastos de explotación, sitúa la ratio de eficiencia en el 48,2%.

Las dotaciones a fondos y las provisiones para insolvencias continuaron en el primer semestre con la tendencia decreciente que, "salvo puntuales excepciones", se ha venido observando durante los trimestres precedentes, explica la AEB.

Cae el volumen de activos

El volumen de activos del conjunto de estas entidades se situó en 2,5 billones de euros a cierre del semestre, cifra que es un 4% inferior que la contabilizada en junio de 2016.

En el último año, los créditos a clientes se han reducido un 2,4%, hasta los 1,5 billones de euros, mientras que los depósitos de clientes se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio anterior, en 1,4 billones de euros, con una disminución del 0,6%.

Tras la resolución y venta de Popular, el agregado de los balances de los grupos bancarios de la AEB presenta, en términos consolidados, un patrimonio neto de 184.804 millones de euros, un 7,2% menos que un año antes.

Esta variación se explica en parte, por el incremento de las reservas negativas por diferencias de conversión y, en parte, por la disminución de los fondos propios contables, del 3,9% anual, debida al efecto perímetro antes apuntado.

La ratio de capital de máxima calidad, conocida como CET1, se situó en el 12%, 15 puntos básicos menos que un año antes, mientras que la ratio BIS, de capital total, mejoró en similar cuantía hasta alcanzar el 14,9% a 30 de junio de 2017.

La Comisión Europea ha aprobado este domingo las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para liquidar los bancos Popolare di Vicenza (BPVI) y Veneto Banca en virtud de la ley nacional de insolvencia del país transalpino por un montante inicial de casi 5.000 millones de euros y un máximo de 12.000 millones en garantías estatales.

En virtud de esta liquidación, los activos no tóxicos de ambas entidades bancarias serán transferidas al Intesa Sanpaolo, el principal banco minorista italiano, que recibirá una inyección de 4.785 millones de euros.

No obstante, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, dijo que los fondos totales "movilizados" por el Estado alcanzarán los 17.000 millones de euros, tres veces más de lo inicialmente estimado para recapitalizar los bancos con dinero público.

Así, además de los casi 5.000 millones de euros que pagará el Estado a Intesa -incluyendo 1.200 millones de euros para cubrir recortes de empleo -, también se ofrecerán garantías adicionales por hasta 12.000 millones de euros para financiar posibles pérdidas de los préstamos problemáticos de ambos bancos.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado que "la decisión de la Comisión permite a Italia tomar medidas para facilitar la liquidación de ambos bancos" después de que Italia haya argumentado que "la ayuda pública es necesaria para evitar una disrupción económica en la región de Veneto como resultado de la liquidación" de ambas entidades bancarias, que llevan experimentando "un largo periodo de dificultades financieras serias". "Italia apoyará la venta e integración de algunas de sus actividades y la transferencia de empleados a Intesa Sanpaolo", ha explicado.

"Los accionistas y los acreedores junior han contribuido plenamente, reduciendo los costes para el Estado italiano, mientras que los depositantes permanecen plenamente protegidos. Las medidas retirarán 18.000 millones en créditos morosos del sector bancario italiano y contribuirán a su consolidación", ha justificado la comisaria de Competencia en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha precisado que las garantías estatales de un máximo de 12.000 millones intervendrían especialmente si la masa a liquidar es insuficiente para pagar a Intesa por financiar dicha liquidación y que el coste neto para el Estado italiano será "mucho menor" que las cifras nominales del plan autorizado.

La intervención pública se ha precipitado después de que el Banco Central Europeo advirtiera el pasado 23 de junio que BPVI y Veneto Banca iban o estaban a punto de quebrar y de que la Junta Única de Resolución Bancaria concluyera que el rescate no se garantizaba en el interés público en el caso de ninguna de las dos entidades, por lo que las autoridades italianas eran las competentes para liquidar los bancos según su norma nacional de insolvencias.

Al margen del marco europeo para los rescates y liquidaciones de bancos, las normas europeas prevén la posibilidad de que un Estado miembro solicite la autorización de ayudas públicas a la Comisión Europea para liquidar una entidad a fin de mitigar el impacto de su desaparición en la economía regional.

Italia ha justificado la intervención pública por el impacto serio derivada de la liquidación de ambos bancos en la económica real en las regiones donde eran más activas.

Dado que ambas entidades desaparecerán del mercado, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde al plan italiano al considerar que no debe provocar una distorsión de la competencia en el mercado bancario europeo. Las normas europeas sobre ayudas públicas aplicadas al sector bancario exigen que los accionistas y tenedores de deuda subordinada debe contribuir al coste de la liquidación, mientras que los acreedores sénior no están obligados a hacerlo y los depósitos siguen plenamente protegidos.

El acuerdo permite a Italia resolver su última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las dos entidades del Véneto no reciben un trato peor bajo las leyes europeas, potencialmente más estrictas. No obstante, el costo para los contribuyentes italianos será elevado.

"Los que nos critican deberían decir qué alternativa mejor había. No la veo", ha dicho Padoan en una conferencia de prensa después de que el Gobierno pasó el fin de semana elaborando un decreto de emergencia para culminar la liquidación.

El decreto indica que las entidades y empleados de los bancos del Véneto se integrarán en el Intesa Sanpaolo en la mañana del lunes, una decisión que busca evitar una potencial fuga de depósitos que podría extender el caos a lo largo del sector financiero.

De acuerdo al plan, que deberá ser votado por el Parlamento para convertirse en ley en un plazo de 60 días, los préstamos problemáticos de las entidades, así como los riesgos legales generados por un escándalo, serán derivados a un banco malo financiado en parte por el Estado.

El presidente de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, percibió una retribución de 463.791,95 euros en 2016, un 5,16% más que un año antes, de los que 385.000 euros constituían la parte fija y 78.791,95 euros la parte variable, informa Europa Press.

Esta última cifra corresponde al último tercio de 2014, uno de 2015 y otro de 2016, según ha precisado el llamado banco malo. El marco retributivo de Sareb establece que el consejero ejecutivo perciba una retribución fija de 385.000 euros y un 26% como máximo de variable.

Aunque Sareb no es una entidad financiera, se decidió que las retribuciones de sus directivos estarían sujetas al real decreto 2/2012 de 3 de febrero, de manera que el límite es de 500.000 euros por las retribuciones fijas.

La sociedad va más allá de la norma y establece que el conjunto de la retribución fija más la variable no sobrepase esa cifra. Así, para el ejercicio 2016 se ha mantenido la misma retribución máxima que estuvo vigente para 2013, 2014 y 2015.

Durante el pasado ejercicio, el conjunto del consejo percibió 1,181 millones de euros, frente a los 1,191 millones del año anterior, es decir, un 0,83% menos, según consta en el informe anual de gobierno corporativo de la sociedad remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mientras, la alta dirección recibió 4,830 millones, frente a los 3,833 millones de un año antes. Sareb precisa que se ha pasado de 17 a 19 miembros y se ha incluido el cobro del plan de fidelización 2014-2016.

El marco retributivo de Sareb establece que los consejeros externos percibirán 75.000 euros si no pertenecen a ningún comité, 85.000 euros si pertenecen a algún comité y 95.000 euros si presiden algún comité.

La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ultima la venta de su mayor cartera de créditos inmobiliarios fallidos a Goldman Sachs, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La cartera se encuentra respaldada por viviendas ubicadas en Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Valencia. Fuentes del llamado "banco malo" han declinado hacer comentarios.

Esta cartera, bautizada como "proyecto Eloise", tiene un perímetro de 600 millones de euros y el precio de la operación podría situarse entre los 150 millones y los 300 millones de euros, según confirmaron distintas fuentes al diario elEconomista.

En el mes de marzo, Sareb cerró la venta a un inversor institucional de un paquete de préstamos garantizados con activos industriales por un importe nominal de 73,7 millones de euros, y en septiembre puso punto final a otra operación de este tipo respaldada por edificios residenciales en Madrid.

Ralentización del ritmo de venta

El ritmo de venta de grandes carteras se frenó en 2015, dado que la sociedad de gestión de activos tenía que hacer frente a la circular contable del Banco de España, que le obligaba a retasar todos sus activos.

Esta tarea ha provocado una caída en el volumen de ventas. De hecho, en los nueve primeros meses del año, la sociedad registró unos ingresos de 2.270 millones de euros, un 9,7% menos que el mismo periodo del año anterior.

En este periodo de tiempo, vendió 8.930 inmuebles, un 12% más que el mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.109 eran inmuebles propios y 3.821 se vendieron desde el balance de los promotores a través de los planes de dinamización de ventas (PDV), según los datos preliminares que maneja Sareb.

El pasado 9 de diciembre, tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo avisaron de que la desinversión de la cartera de Sareb ha progresado más despacio que en 2014 y en 2015, lo que requería una gestión más efectiva de su cartera.

"Sareb tiene en marcha una política de procedimientos para gestionar su cartera, pero necesita implementarlas total y rápidamente", advertían ambas instituciones en un informe sobre la sexta misión de supervisión del rescate bancario.

Desde su punto de vista, la situación financiera del llamado "banco malo" en la primera mitad del año "no muestra una mejora de su situación financiera", por lo que consideran que podría ser necesario llevar a cabo nuevas rondas de recapitalización dependiendo de la evolución del mercado inmobiliario.

El número de hipotecas sobre viviendas se disparó un 34,1% el pasado mayo respecto al mismo mes de 2015. En lo que va de año acumula un crecimiento del 19,7%. Y el dinero que los bancos prestaron para comprar esos pisos ha aumentado otro 33,1%, hasta alcanzar los 2,777 millones de euros, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el mercado de la vivienda está resucitando: en mayo se constituyeron 26.579 hipotecas sobre viviendas, una cifra que más que duplica las 12.146 del peor mes, agosto de 2013, tras el crash del ladrillo. Pero que aún queda a distancia sideral de las 127.233 firmadas en marzo de 2006, en pleno clímax de la burbuja. Casi cinco veces más.

Al calor de las nuevas operaciones también están subiendo de nuevo los precios. Un 6,3% en el primer trimestre de este año, 2,2 puntos más que en diciembre de 2015. Pero para que se forme una burbuja, tal y como la entienden los economistas, hace falta que esos precios escalen mucho más, de forma prolongada y artificial, por encima del valor real del producto y gracias a la especulación. Y pese a que las compraventas de vivienda aumentaron un 19,4% en junio respecto al mismo mes del año anterior –se registraron 36.856–, hablar de una nueva burbuja inmobiliaria queda todavía fuera de la lógica. Una vez más, el dato es el mayor desde que las compraventas de vivienda tocaron fondo en abril de 2012, con sólo 21.276 registradas, pero aún no representa ni la mitad de las 83.713 que llegaron a firmarse en enero de 2007.

Además, el 82% de esas operaciones fueron sobre viviendas usadas, cuyo precio ha subido sólo un 1,3% en este primer trimestre. La oferta de pisos nuevos aún es tímida.

En los primeros seis meses del año, la actividad del sector de la construcción ha crecido un 6,9%, según las cifras de Eurostat, la agencia europea de estadísticas. Es el mayor aumento de la eurozona. El ladrillo despierta, pues, pero lo hace lentamente. Al menos es lo que reflejan las cifras de empleo. Como consecuencia del hundimiento, la construcción perdió más de 1,6 millones de trabajadores entre 2007 y 2015, un 60,5% un 60,5% de los que tenía. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2015 los ocupados en el sector sólo han aumentado un 2,7%, incluso menos que el 4% de 2014. En lo que va de año, hasta junio, el empleo en la construcción ha crecido un 1,7%. Otro tanto ocurre con el empleo en el sector inmobiliario, que perdió un 15,5% de sus puestos de trabajo entre 2007 y 2015 y ahora se recupera con un 2,7% de aumento en el último ejercicio.

Bajos tipos, euríbor en mínimos

De momento, al menos, son cifras discretas, muy alejadas de los años de excesos que precedieron al crash de 2007. El problema estriba en que el mayor dinamismo del mercado de la vivienda puede acelerarse ayudado de toda una serie de condiciones propicias para el calentamiento. Los bajos tipos de interés, en mínimos históricos, apenas retribuyen los depósitos, por lo que los ciudadanos buscan mayores rentabilidades en otros productos. Y la vivienda vuelve a aparecer como un valor seguro.

Además, con el euríbor en valores negativos, los tipos de interés de las hipotecas bajan. El tipo medio de las hipotecas constituidas el pasado mayo era del 3,19%, un 6,1% menos que hace un año. Con la mejora de la economía y el descenso del paro, puede haber más ciudadanos interesados en comprarse una vivienda. Aunque con limitaciones: el 54% reconoce que no puede gastarse más de 150.000 euros, según un informe del portal inmobiliario Casaktua.com.

Además, los bancos ya no conceden las hipotecas con la alegría que acostumbraban hasta el estallido de la burbuja. Los requisitos de solvencia son mucho más estrictos y no se permite que la cuota supere el 30% de los ingresos mensuales. Otorgar hasta el 100% del valor del piso, o incluso más, multiplica las exigencias al prestatario u obliga al interesado a adquirir una de las viviendas del stock propiedad del banco.

Riesgo de sobrecalentamiento autonómico

También juega en contra del sobrecalentamiento inmobiliario la desaparición de los incentivos fiscales a la compra de vivienda y el hecho de que el stock tóxico en manos tanto de los bancos –unos 50.000 pisos– como de la Sareb –105.000 viviendas–, el banco malo, es aún considerable y amenazador. Para el expresidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez, aunque la situación actual es “proclive” para que termine desarrollándose una burbuja, sobre todo por la política de bajos tipos de interés de los bancos centrales, la ve “lejos” aún. Desde luego, más allá del próximo año.

Porque sí le parece sospechosa la mayor reactivación, de las compraventas y de los precios, en determinadas comunidades autónomas. Así, en Madrid los precios han crecido un 9,7% en el primer trimestre del año, más de tres puntos por encima de la media nacional, y un 8,8% en Baleares y un 8,6% en Cataluña. También es en Baleares donde más ha crecido el número de hipotecas constituidas en mayo, el último mes del que hay estadísticas: un 67%, casi el doble de la media nacional. En las islas –36,2%– y Cataluña –34,4%–, las compraventas de vivienda casi duplican igualmente la media española. Sólo La Rioja y Navarra escapan a la tónica optimista del resto del país, con descensos del 12,2% y el 12,7% en la cifra de operaciones.

La situación tiene cierto aire de déjà vu. La dirección del Deutsch Bank, mientras lidia con el pánico bursátil, emitió este mismo lunes 8 de febrero por la tarde, con carácter urgente, un comunicado para tranquilizar a los inversores. En él, el banco aseguraba no tener ningún problema de liquidez. Decía estar en condiciones de garantizar el pago de los cupones de las obligaciones (intereses), por valor de 350 millones de euros, al que debe hacer frente en abril. En la mañana del martes, la dirección de la primera entidad financiera europea repetía el mismo mensaje a sus empleados. El Deutsche Bank es “robusto como una roca”, defendió en la dirección. Incluso el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, envió un mensaje de apoyo. “Estoy tranquilo en lo que respecta a la situación del Deutsche Bank”, señaló momentos antes de participar en una reunión en París.

“Cuando esto se convierte en importante, es necesario mentir”, dijo Jean-Claude Juncker durante la crisis griega. Y así es como parecen haberlo interpretado los mercados. Tantas negaciones y discursos tranquilizadores terminan por convertirse en sospechosos: después de haber caído un 9,5% el lunes 8 de febrero, la cotización de la entidad bancaria peridó otro 3,8% el martes; proseguía con ellos su particular descenso a los infiernos bursátiles. En un mes, su cotización en Bolsa ha caído un 41%, hasta situarse por debajo de los niveles de 2009. La capitalización bursátil del banco está por debajo de la mitad del valor estimado de sus activos, en caso de liquidación.

Y lo que es aún más grave para la dirección del banco, los CDS (credit default swaps) –esos productos de crédito conocidos por su efecto deflagrador desde el comienzo de la crisis del euro– han explotado, literalmente. Presentan la misma curva ascendente que en el momento de la crisis de Bear Stearns o de Lehman Brothers, en 2008. Un banquero no necesita mucho tiempo para comprender lo que significa: la pendiente en cuestión muestra el índice de desconfianza, del miedo del sector bancario.

Sin embargo, hace meses que a los índices bursátiles no les faltaban motivos de preocupación, por ejemplo China, el petróleo, las materias primas, los países emergentes, la deuda, la ralentización norteamericana, los bancos centrales. En resumen, se habían encendido mil pilotos rojos que advertían de los problemas de la economía mundial. Pero estos últimos tiempos se ha sumado otro problema, el de los bancos, en general, y el del Deutsche Bank, en particular.

Ya hace varios años que el Deustche Bank es objeto de numerosas críticas y despierta muchos recelos. En octubre de 2015, la llegada de John Cryan a la presidencia del primer banco alemán era el epílogo a una guerra de más de dos años librada entre la dirección y los accionistas, mientras en un segundo plano, discreto, se situaban los poderes públicos alemanes y las autoridades regulatorias. Tan pronto como se puso al frente del cargo, el flamante presidente anunció un cambio radical en el rumbo del banco. Atrás quedarían las actividades de trading y las inversiones de mayor riesgo, para reconvertirse en banco minorista y dedicado a los oficios bancarios más tradicionales.

En enero se presentaron los primeros resultados tras la anunciada transformación. El Deutsche Bank, adelantándose en más de una semana a la publicación oficial de resultados, anunció la mala noticia: las pérdidas ascendían a 6.700 millones de euros. Nunca antes, en sus 146 años de historia, el banco alemán había registro unos niveles de pérdidas semejantes.

Gran parte de las pérdidas están directamente vinculadas con las provisiones efectuadas para hacer frente a los procesos judiciales. Subprime, manipulación del Libor, manipulación las tasas de interés… El Deutsche Bank ha protagonizado todos los grandes escándalos financieros. Después de pagar más de 2.200 millones de euros a la Justicia norteamericana para hacer frente a los procesos en el escándalo del Libor, el banco también provisionó 5.500 millones de euros para hacer frente a otros problemas judiciales, ya que el banco tiene pendientes en torno a 6.000 causas y expedientes judiciales en todo el mundo. Según la dirección, es posible que necesite más de 2.000 millones de euros adicionales para hacerles frente.

Contagio

Pero los riesgos no se quedan ahí. El Deutsche Bank, pilar del sistema financiero internacional, ha llevado a cabo una política de expansión de todo tipo, en todos los ámbitos de los mercados, en todos los sectores imaginables. Sus obligaciones hacen temblar hasta a sus contrapartes bancarias más fieles. Según algunas estimaciones bancarias, la exposición total del banco alemán a productos derivados puede elevarse a 64 billones de dólares. Una monstruosidad. ¿Cómo se explica que el BCE, en los últimos stress tests a los que se sometieron los bancos europeos, supuestamente sin concesiones, no dijese nada al respecto?

“Habida cuenta de los efectos palanca y a pesar de las reestructuraciones y las reducciones de costes y de personal, consideramos que el banco necesita financiación por un importe de 15.000 millones”, ha señalado en una nota de prensa el banco norteamericano Citi. Aunque no todos coinciden con esas cifras, el razonamiento sí es el mismo: el banco atraviesa dificultades y necesita una fuerte recapitalización, de ahí la frenética caída registrada en los diferentes índices bursátiles.

Pero la liquidación es todavía más importante entre los titulares de obligaciones y, especialmente, entre los titulares de obligaciones convertibles en acciones (contingente convertible bonds o CoCo). El Banco Central Europeo y todos los reguladores europeos instaron a los bancos a recurrir a estos productos para reforzar sus balances. En el escenario posterior a la crisis de 2008, eran los títulos perfectos en caso de rescate bancario, puesto que son los primeros que se transforman automáticamente en acciones –antes de recurrir, en caso de necesidad, a otros acreedores y posteriormente a los depositantes–, lo que permite recapitalizar un banco sin recurrir a los contribuyentes ni a los Estados.

Este mecanismo europeo de rescate bancario (bail-in) se convirtió en obligatorio en la eurozona el 1 de enero de 2016. El problema radica en que los reguladores no previeron la reacción de los inversores: tan pronto como presienten dificultades, se marchan, tal y como ocurre ahora en el Deutsche Bank, agravando el problema.

“Han pasado seis años desde la crisis financiera y no se ha recuperado la confianza en los bancos”, dice un ex analista jefe de Lehman Brother, citado por The Wall Street Journal. Y ése es uno de los problemas. Desde la crisis financiera de 2008, no se ha llevado a cabo ninguna acción decisiva para acabar con la opacidad, la complejidad, ni tampoco con la vulnerabilidad del sistema bancario internacional, pese a las declaraciones efectuadas por los responsables políticos y los reguladores. El resultado es que todo el sector bancario está nuevamente sometido a tensión.

Porque no el caso del Deutsche Bank no es el único, aunque sí es el que atraviesa de momento las mayores dificultades. A medida que los miedos sobre la economía mundial van a más, todos los bancos se ven atrapados. Desde principios de enero, las cotizaciones bursátiles de los principales bancos han perdido entre un 14% y un 41% de su valor. Y simultáneamente, las condiciones de financiación atraviesan más tensiones.

Los bancos italianos figuran entre los más expuestos, fragilizados debido a que tienen unos créditos incobrables que suponen más del 16%, todo un récord en Europa (en Alemania representa el 2% y en Francia, menos del 4%). Aparentemente tampoco en esta ocasión vieron nada los reguladores europeos.

Ante semejante panorama catastrófico, el primer ministro italiano Mattero Renzi negoció a principios de enero un plan de rescate del sistema bancario italiano, una excepción a los principios del nuevo mecanismo europeo de resolución bancaria. Con el objetivo de evitar que los ahorradores tuvieran que contribuir directamente, el Gobierno italiano propuso la creación de un banco malo (bad bank) que acumularía las deudas bancarias, para así sanear los balances. Pero para evitar que esta nueva estructura se percibiese como una ayuda estatal por parte de los responsables europeos, Italia ideó un mecanismo de venta de estos activos en los mercados, acabo de establecer al Estado como garante, una maniobra que no fue fácil que Bruselas y Berlín aceptaran. Eso sí, dado el pánico bursátil, el temor a los bancos, los títulos no encuentran compradores. Todo sigue igual y los bancos italianos registran pérdidas superiores al resto de entidades bancarias.

Apenas un mes después de su entrada en vigor, el mecanismo europeo de rescate bancario ya da serios signos de avería. Los bancos corren el riesgo de atravesar graves problemas, que puede ser similares a los conocidos 2008 porque, a decir verdad, no se ha hecho nada decisivo. Se pospuso la separación de las funciones bancarias y se rechazó cualquier regulación seria. Los mercados acaban de despertar viejos fantasmas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El consejo de administración de Banco Santander ha acordado designar a Belén Romana consejera independiente para ocupar la vacante dejada por Sheila Bair, que renunció al cargo para asumir una responsabilidad académica a tiempo completo.

Romana dejó su cargo al frente de la Sareb en enero de este año. El nombramiento de la expresidenta del conocido como banco malo tendrá que ser ratificado en la próxima junta general de accionistas del Santander, según ha informado la entidad presidida por Ana Botín en un comunicado.

La propuesta de Belén Romana como consejera independiente ha sido realizada por la comisión de nombramientos del banco y después de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Tras esta incorporación, el consejo de administración del Santander estará formado por 15 miembros, de los que la mayoría, ocho, son independientes. La entidad presidida por Botín ha puesto en valor que el perfil de sus integrantes configura un consejo con "amplia experiencia nacional e internacional" en el sector financiero y empresarial y con diversidad de género (el 33% son mujeres) y de nacionalidades (española, británica y mexicana).

Romana lideró la Sareb desde su creación en noviembre de 2012 hasta enero de este año, cuando fue sustituida por Jaime Echegoyen. En enero de 2014, Romana anunció que renunciaba a un 30% a la cuota fija de su salario, con lo que su sueldo se situó por debajo de los 300.000 euros anuales. Semanas antes se había conocido que sus emolumentos sumaban 32.000 euros al mes.

Antes de ocupar esta responsabilidad, la nueva consejera independiente del Santander fue secretaria general del Círculo de Empresarios y miembro de diversos consejos de administración, como Acerinox, Banesto y Fortis Holding (ahora Ageas). También ha sido directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Ono.

En el ámbito de la Administración pública, Belén Romana fue directora general del Tesoro y política financiera de 2003 hasta 2005 y directora general de Política Económica desde 2000 hasta 2003. La expresidenta de la Sareb estudió Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo estudios de post grado en Estados Unidos y es técnico comercial y economista del Estado.

Si no hubiese bancos no tendríamos el crédito necesario para poder casarnos, comprar el piso, cambiar de coche, hacer el viaje de nuestra vida o empezar nuestro propio negocio. Ni familiares, ni amigos, ni compañeros... Los únicos que están dispuestos a prestarnos el dinero para hacer realidad nuestros sueños son los odiados banqueros, sin ellos no hay paraíso. Pero… no hay nada gratis, lo que se pide hay que devolverlo y  con intereses. Esas son las reglas del juego.

En realidad los banqueros nunca prestan su dinero, sino el de los depositantes que se lo han dejado para que se lo guarden. Lo único que aportan “los señores del dinero” es la confianza de que van a devolver todo en el momento en el que les sea requerido. Simplemente, canalizan el ahorro hacia el crédito. Es lo que pomposamente se ha dado  en llamar  el “flujo monetario”, que viene a ser para la economía lo mismo que el riego sanguíneo para el cuerpo. Y tal como sucede con los seres vivos, cuando este proceso se interrumpe, simplemente te mueres.

Los gobiernos, da lo mismo la ideología que tengan, lo saben y por esta razón miman a los bancos. Si como en la película de Robert Stevenson Mary Poppins algún banquero se atreviese a no devolver un solo penique, la confianza saltaría por los aires, se produciría el pánico entre la gente temerosa de no poder recuperar su dinero (un corralito) y provocaría lo que se denomina una “corrida bancaria” que llevaría el país a la quiebra. Por esa razón, entre el poder económico y el poder político siempre ha existido una connivencia difícil de explicar en cualquier otro sector. La mano izquierda lava la derecha y viceversa. En realidad entre ellos se odian, porque los dos quieren mandar. Una relación similar a la del cojo con sus muletas: las desprecia, pero las necesita.

"Rajoy ha salvado el culo a los banqueros"

Como me comentaba un destacado ministro, que lógicamente ha pedido el anonimato, “Mariano Rajoy ha salvado el culo a los banqueros, pero se lo ha dejado escocido”. La frase puede parecer grosera, pero es muy descriptiva de lo que ha pasado. Probablemente con otro Gobierno habría pasado algo similar. Incluso el general Franco no mandó nunca sobre la banca. Ambos se utilizaron mutuamente. 

Quien mejor me explicó estas relaciones fue José María Aguirre Gonzalo, el hombre de Banesto y Agroman, que durante los años ochenta fue el auténtico patriarca de las finanzas en la España de la Transición. El día después del golpe de Estado del 23-F de 1981, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, me lo encontré “por casualidad” saliendo del Banco de España. Aproveché la ocasión para preguntarle:

-¿Qué hizo usted anoche?

-Me fui a dormir temprano, -me respondió con enorme frialdad-. Sabía que me tendría que levantar pronto. Ganase quien ganase, lo primero que iban a hacer sería llamarme.

-¿Le daba lo igual que ganase la dictadura o la democracia?

-Mire usted, los banqueros gestionamos un servicio público y con democracia o con dictadura tenemos la obligación de garantizar el ahorro que nuestros clientes nos han confiado.

Dirigentes responsables

Como me comentó José María Aznar hace ya 20 años, “la derecha económica no existe”. “Cuando ganaron los socialistas”, añadió, “se pusieron al servicio del Gobierno de Felipe González”. Siempre ha sido así: “Los señores del dinero han priorizado sus intereses económicos sobre los políticos. A los banqueros les da lo mismo que gobierne el PP o el PSOE, siempre que les garanticen su negocio y para eso hay que asegurar la estabilidad”. Dicha lógica es la que se aplica de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre y la que ha presidido las relaciones del sector financiero con el Gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos cuatro años.

Una situación que no es muy distinta a la que existió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, en plena tormenta financiera, declaró que España tenía “la mejor banca del mundo”. Unos años después fue necesario aprobar ayudas públicas por cerca de 200.000 millones de euros, incluyendo avales, créditos, rescates y un largo etcétera.

Dicho de otro modo, ambas partes necesitan que el sistema crediticio funcione: unos para mantenerse en el poder y los otros para seguir ganando dinero. Así se puso de manifiesto en 2007 con la crisis de las hipotecas basura o subprime de Estados Unidos, que tan rápidamente se extendió a Europa como si se tratase de un virus contagioso.

Las consecuencias de la crisis que todos negaban

En España lo que ocurrió fue, simple y llanamente, que los banqueros hicieron mal su trabajo. “La diferencia fundamental”, como me comenta Aristóbulo de Juan, el  hombre que mejor conoce nuestro sistema crediticio, “es que mientras en Europa se identificaron rápidamente los fallos y los quebrantos, en España se ocultaron”. Zapatero negó la crisis hasta el final, lo mismo hizo el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y lo que fue más grave aún: bancos y cajas siguieron el ejemplo.

Las consecuencias fueron terribles. España no pudo aprovechar las ayudas que aprobó aquellos días la Unión Europea para reflotar las entidades dañadas en otros países y tampoco se puso remedio a la situación. Por el contrario, entre unos y otros optaron por continuar hablando de “brotes verdes” y de las excelencias de tener “el sistema financiero más sólido del mundo”. Una irresponsabilidad más “a las que nos tienen acostumbradas nuestros dirigentes”, como le gusta decir al economista y consultor César Molinas en su teoría de las clases extractivas españolas, que “obtienen mucho más que lo que aportan a la colectividad”.

A finales de diciembre de 2011 Mariano Rajoy ocupó la presidencia del Gobierno con mayoría absoluta. En lugar de poner negro sobre blanco la situación y exigir responsabilidades por la mala gestión realizada, optó “por ayudar a la banca a encubrir sus vergüenzas, con una supervisión tolerante, disfrazando los 200.000 millones que les concedió en todo tipo de ayudas. Pero, además, utilizó todo tipo de artilugios, como el “banco malo” (Sareb), que se quedó con los créditos hipotecarios de difícil cobro”, comenta Aristóbulo de Juan, autor del libro Anatomía de una crisis.

En opinión del catedrático y director de departamento en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (London School of Economics), Luis Garicano, “el error cometido por el Gobierno del PP al no solicitar ayuda al BCE en los primeros primeros meses de su mandato fue lo que provocó el rescate financiero poco tiempo después. Y Rajoy no aprovechó la oportunidad que se le brindaba por razones electorales. El 3 de mayo de 2012 se celebraban elecciones en Andalucía y Cristóbal Montoro quería ganarlas. Por eso no podía aparecer ante un electorado muy castigado por la crisis como el salvador de los banqueros”. Tal como explica el cerebro económico de Ciudadanos, “aquella decisión, junto a la de retrasar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y las duras medidas que había que acometer fueron una grave irresponsabilidad”.

Europa no se fiaba de las cuentas de España

Ahora, en los pasillos del Ministerio de Economía se atreven a reconocer que todo aquello fue un cambalache. La connivencia entre regulado-regulador-auditores-inspectores era total. ¡Un auténtico cachondeo! Hasta el extremo que quien más defendía al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, era el propio gobernador del Banco de España.

Y así fueron las cosas. En enero de 2012, apenas un mes después de haber llegado Mariano Rajoy a La Moncloa, el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, comunicó al mandatario español que ni el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; ni el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; se fiaban ni un pelo de las cuentas que les había presentado la vicepresidenta socialista Elena Salgado.

-Señor presidente, los presidentes de la Comisión y del BCE creen necesaria una evaluación de la situación de la banca española.

-Bueno, esa evaluación ya la han realizado los inspectores del Banco de España, le respondió Rajoy. Si aceptásemos lo que nos piden, pondríamos en cuestión a nuestro supervisor, hundiríamos nuestra reputación internacional y se dispararía la prima de riesgo.  

-Señor presidente, lo que tendría un impacto terriblemente negativo es no hacerlo. El problema que sufre el sistema financiero español es una tremenda falta de credibilidad.

A regañadientes, Rajoy tuvo que aceptar que el sistema financiero español no había dicho la verdad. El problema era que si aceptaba públicamente que la mayor parte de cajas de ahorros estaban quebradas, sus gestores tendrían que ir a la cárcel.

Las cosas se habían precipitado como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, aunque la epidemia se había gestado antes. Los banqueros y los cajeros se habían aprovechado del dinero fácil y barato que había en el mercado para dar créditos hipotecarios a diestro y siniestro. Aquel flujo de dinero barato provocó una burbuja inmobiliaria. Las viviendas superaron el 40% de su valor objetivo, como denunció el anterior gobernador del Banco de España, Jaime Caruana.

El ahorro como especulación

Tal situación suponía que las entidades de crédito habían superado las llamadas “normas prudenciales”. Vivían peligrosamente. El ahorro en lugar de canalizarse hacia la economía real se dirigía hacia la especulación. Buena parte de la gente que entonces compraba pisos no pretendía vivir en ellos, sino revenderlos mucho más caros. Aquella espiral de codicia se estaba produciendo con el Banco de España, el supervisor, mirando hacia otro lado.

Todos incurrieron en malas prácticas. Sin embargo, eran los cajeros quienes ganaban la carrera hacia el precipicio. Daban créditos a quienes sabían que no podrían pagarlos, amparados en que el precio de la vivienda subía a una media del 20% anual, y como el piso se ponía como garantía del dinero prestado… quedaba cubierto de sobra el riesgo asumido por la entidad que prestaba la pasta. Todos cada vez más ricos.

El problema surgió cuando el precio de la vivienda empezó a caer… Nada menos que un 25%. Y los compradores empezaron a devolver al banco las llaves de las viviendas que no podían pagar, acogiéndose a la dación en pago. Pero los banqueros querían el piso y reclamaban lo que faltaba por pagar de la hipoteca. Como me comentó en privado el presidente de la Bolsa, Antonio Zoido, tomando un café en su despacho, “el sistema había convertido a los jóvenes en una especie de siervos de la gleba”, dado que tenían que pagar un piso que habían devuelto. Se había producido el mayor trasvase de rentas registrado en la historia económica de España, aunque en lugar de haber sido de ricos a pobres había resultado de éstos a las inmobiliarias.

Lógicamente, buena parte de la población no estuvo de acuerdo. Se produjo así una rebelión social contra los banqueros y sus abusos. Si bien, los responsables de tal situación habían sido los políticos, que en connivencia con los sindicatos, habían “saqueado” las cajas, que entonces representaban más del 50% del sistema financiero español. Como jocosamente comentó Pedro Solbes, que había sido vicepresidente económico de Zapatero, “cuando estalla una burbuja lo mejor es buscar un lugar para ponerse a cubierto”, que es exactamente lo que habían hecho. El caso es que cuando llegó Rajoy a La Moncloa, la tasa de morosidad, que se elevaba en 2007 al 4%, había llegado al 7% encendiendo las luces rojas de emergencia. Pero dos años después alcanzó el 14%. Los beneficios de bancos y cajas, que en 2007 habían alcanzado los 30.077 millones, en 2011 se habían reducido a 8.675 millones. El culpable de la caída de beneficios tenía nombre y apellidos: Luis de Guindos.

284.000 millones de euros para salvar los bancos

Forzado por Europa, en el mes de febrero de 2012 obligó a los banqueros a destinar 50.000 millones a provisionar los créditos morosos. Dicho de otra manera, ingentes cantidades de dinero que se estaban destinando a repartir dividendos entre los accionistas había que dedicarlos a tapar los agujeros creados por quienes no podían pagar sus deudas. Se estima que desde 2008 hasta ahora, la banca ha destinado 284.000 millones a tapar las goteras de sus cuentas de resultados, han tenido que cerrar 14.000 oficinas y han despedido a decenas de miles de trabajadores. Estaban obligados a dar un drástico recorte de sus gastos para hacer frente a los créditos que habían dejado de pagarse y se elevaban a más de 200.000 millones.

Buena parte de aquel dinero lo trajeron de los beneficios que estaban obteniendo en Latinoamérica. Pero la situación no acababa de resolverse. Guindos se convirtió en el peligro número uno. Unos meses después, en mayo, el ministro les obligó a provisionar 26.000 millones más.

Sin duda les había salvado el culo. Había evitado la quiebra del sistema financiero. Se había barrido de la escena a las cajas, que se habían hecho con más de la mitad del negocio financiero español. Es decir, le había quitado de encima a un molesto y peligroso competidor, pero les había dejado escocidos.

Los señores del dinero habían visto reducir drásticamente el valor de sus acciones, pero además, se habían quedado sin el reparto de dividendos. Por si eso resultaba poco, les había obligado a solventar las pérdidas trayendo las ganancias que estaban consiguiendo fuera. Para evitar las presiones que recibía para destituir a su ministro de Economía, o al menos para que le parase los pies, Mariano Rajoy decidió no volver a ponerse al teléfono. Dejó de atender las llamadas de banqueros, periodistas y otros intermediarios.

A pesar de todos sus esfuerzos, el Gobierno no pudo evitar que bancos y cajas se sometiesen a la humillación de verse auditados por las consultoras internacionales Oliver Whyman y Roland Berger, a quienes se les encargó realizar una valoración de los balances del sistema financiero español, dado que la que había realizado el Banco de España no resultaba creíble para los inversores internacionales. Cuando se conocieron las cuentas de verdad de los bancos españoles, la canciller alemana, Angela Merkel, suspiró aliviada. Al menos conocía la situación real. Los gobiernos españoles le habían estado engañando, y así lo puso de manifiesto en una reunión confidencial celebrada en Berlín el 13 de junio de 2012. “Durante los cinco últimos años les había dicho que los datos que me estaban dando de los bancos españoles no podían estar en lo cierto, tras 10 años de burbuja inmobiliaria resultaba imposible tener los bancos más saneados del mundo”.

Pero si los españoles mentían sobre la situación de los bancos también lo estarían haciendo sobre las finanzas públicas. La credibilidad española, por tanto, había quedado por los suelos.

Un mes antes, el 8 de mayo, a Guindos no le había quedado más remedio que citar a su antiguo jefe, Rodrigo Rato, en su despacho oficial en Castellana. Fue un encuentro duro y tenso. El presidente de Bankia permaneció de pie en el que había sido su despacho ante el ministro que unos años antes había sido su subordinado. No quedaba más remedio que nacionalizar Bankia y sustituir a Rato por José Ignacio Goirigolzarri. Era la mayor humillación a la que entonces parecía que se podía someter a quien había llegado a ser uno de los hombres más poderosos de España.

Quien más había presionado para que le echasen y que se interviniera Bankia había sido el presidente del BBVA, Francisco González, quien debía su cargo a Rato. Había sido quien le había nombrado presidente de Argentaria, desde donde dio un golpe de Estado al nacionalismo vasco, quitándole el control del BBVA.

Tal operación sólo fue el preludio del rescate financiero. Bancos y cajas necesitaban 1.800 millones para aflorar las pérdidas que habían ocasionado los créditos hipotecarios. El sector sólo podía hacer frente a unos 80.000 millones. Se necesitaban 100.000 millones, que prestó el BCE a bajo interés y retornable a largo plazo.

Todo esto se podría haber evitado si Rato no se hubiera opuesto al proyecto de fusión que habían acordado con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en octubre de 2011. La fusión había contado con el visto bueno del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así como con el visto bueno del aún candidato Mariano Rajoy. De acuerdo con tal pacto, Isidro Fainé sería el presidente y Rodrigo Rato el responsable del grupo industrial.

Pero como me comentó en privado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, tal acuerdo lo resolvería todo. La quiebra de Bankia, crearía un puente de colaboración entre Madrid y Barcelona, a los catalanes se les habría dado un foco de poder real que habría aplacado sus ansias nacionalistas y se habría facilitado el ajuste que necesitaban ambas entidades. Es decir, se habría evitado la nacionalización de Bankia y el rescate. Pero resultó imposible porque en el último momento Rato dio marcha atrás y el acuerdo se vino abajo.

Fue el mayor error cometido por Rato. De no haber evitado tal salida no estaría ahora con un pie en prisión. “¿Por qué dio marcha atrás?”, pregunté al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González quien me respondió: “Rodrigo dio marcha atrás cuando supo que el Partido Popular había obtenido mayoría absoluta y que dos de sus antiguos subordinados, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, serían los llamados a sacar a España de la crisis. En ese momento pensó que le ayudarían a cubrir el agujero de Bankia con dinero público. De hecho, contaba también con el apoyo del gobernador Fernández Ordóñez. No necesitaría a los catalanes para que le sacaran las castañas del fuego”.

Grave error. Ni Cristóbal Montoro ni Luis de Guindos le ayudaron. Así las cosas, la presión conjunta de los banqueros, de la CE y del Fondo Monetario Internacional resultaba demasiado fuerte como para forzar la máquina. Se había convertido ya en la crónica de una muerte anunciada. El ministro de Economía continuó presionando a la banca tras el rescate. En definitiva, la estrategia del palo y la zanahoria. Aprobó el banco malo retirando de sus balances 100.000 millones de activos dañados. Por otra parte, gracias a las ayudas del Estado, José Ignacio Goirigolzarri logró encauzar Bankia con las ayudas públicas (más de 23.000 millones). Se limitó el salario a los cajeros que habían sido rescatados y se mantuvo la estrategia de cerrar oficinas y reducir plantillas.

Gracias a todo aquello el sector financiero ha comenzado a remontar en el año 2015. De este modo, la tasa de mora se ha reducido al 11%. Los beneficios van mejorando, pero aún están lejos de los máximos alcanzados en 2007, unos resultados que según el presidente de la patronal bancaria ni son alcanzables ni mejorables porque conllevan un elevado nivel de riesgo.

Pero lo más inquietante del panorama actual, como afirma el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se refiere a que la banca española tiene un grave problema de rentabilidad. En ese sentido, no le queda más remedio que fusionarse con los bancos de dentro o de fuera, para de este modo aprovechar las economías de escala, y reducir sus plantillas.

Los banqueros españoles no parecen haberse dado cuenta de que, como consecuencia de la mayor crisis financiera que ha sufrido España en los últimos 50 años, todo ha cambiado: “Las connivencias han saltado por los aires con la Unión Bancaria; las reglas de juego han cambiado; el mercado ya es europeo; la supervisión ya no está aquí; las cajas de ahorros se han desmutualizado; y la competencia cada vez más vendrá de fuera”, me comenta Luis de Guindos quien afirma lapidariamente que aún nos queda para ser “la mejor y más sólida banca del mundo”.

100 familias al día se vieron obligadas en 2014 a dejar su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler. Los datos, que publicó este jueves el Banco de España, son sólo la última muestra de un drama que asola a España especialmente desde el inicio de la crisis y que es uno de los principales caballos de batalla de muchos de los nuevos equipos de Gobierno que llegaron a los ayuntamientos tras las pasadas elecciones del 24 de mayo.

Las cifras son palmarias: durante 2014 hubo un total de 36.519 desalojos de primera vivienda, un número que se dispara hasta los 46.591 si se tienen en cuenta todos los desalojos por impago, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año anterior. El problema se ceba especialmente con las zonas más pobladas: en la Comunidad de Madrid y Cataluña, por ejemplo, son 43 las familias que a las que diariamente se expulsa de sus casas. Y precisamente en las capitales de estas dos autonomías, Madrid y Barcelona, se están comenzando a tomar una serie de medidas urgentes para paliar el drama.

La semana pasada se aprobó por unanimidad en el Parlament catalán una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la PAH que establece la obligación de las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial, regula la obligación de ofrecer los suministros energéticos básicos a todas las familias y obliga a los grandes propietarios que sean arrendadores de viviendas a ofrecer un alquieler social si los inquilinos no pueden pagar.

Además, en las últimas semanas, tanto Madrid y Barcelona como otras capitales como Palma de Mallorca, Sevilla o Zaragoza han anunciado la puesta en marcha o la ampliación de oficinas destinadas a ayudar a las familias sobre las que penda la posibilidad de un desahucio. En este sentido, la oficina mallorquina paralizó el pasado miércoles su primer desalojo, según anunció el teniente de alcalde de Palma, Antoni Noguera, de Més per Mallorca, que gobierna junto al PSOE la ciudad. La actuación de los técnicos del ayuntamiento, según señaló Noguera, fue la de intermediar entre el propietario y la afectada por el desahucio hasta llegar a un acuerdo.

Esa labor de intermediación será una de las que tendrán este tipo de oficinas. Pero no la única, según explica un portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que este organismo "no sólo será un punto de información, sino que ayudará a las familias a gestionar sus expedientes, además de establecer un protocolo con los juzgados, la PAH y los servicios sociales" con el fin de poder buscar soluciones para los desahucios desde el mismo momento en que se planteen.

Aumentar el parque de viviendas sociales

En cualquier caso, más allá de estas oficinas, todos los ayuntamientos consultados plantean un mismo objetivo básico: aumentar el parque público de viviendas para poder realojar a las familias que se vean obligadas a dejar sus casas tras un desalojo mediante fórmulas de alquiler social. Los equipos de Gobierno de los consistorios de Barcelona, Madrid o Palma hacen hincapié en la escasez de vivendas de las que disponen, pero la más concreta es la corporación zaragozana: mientras que su objetivo al final de la legislatura es contar con 5.000 pisos sociales, ahora mismo sólo tiene 2.500.

Para ampliar el parque público, las medidas que se plantean los ayuntamientos son muy similares. Todos ellos coinciden en la necesidad de negociar con los bancos para que cedan el uso de parte de los pisos vacíos que ahora mismo tienen en propiedad, muchos de los cuales proceden de desahucios acometidos con anterioridad, como señala Vanesa Valiño, jefa de Gabinete del concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner. Para ello, explica Valiño, la alcaldesa Ada Colau se ha reunido ya con entidades como CaixaBank, BBVA, Blackstone o la Sareb, el conocido como banco malo.

La idea del ayuntamiento de la capital catalana es "lograr acuerdos" con las entidades financieras que, según señala Valiño, han mostrado una "buena disposición" inicial a negociar. No obstante, la jefa de Gabinete de Vivienda advierte de que, en caso de no alcanzar pactos con las entidades, no se descarta establecer sanciones basándose en la ley, "que permite intervenir en caso de que haya pisos de grandes propietarios desocupados por más de dos años sin justificación".

"Se les está recordando que esas viviendas tienen que tener una función social y de momento parece que la respuesta es positiva, pero si en septiembre no se llega a acuerdos tendremos que plantearnos otras medidas", remacha Valiño, que no obstante recalca que el "compromiso" de la Sareb es firmar un convenio con las ciudades de Madrid y Barcelona para ceder viviendas para alquiler social. Argumentos similares ofrece una portavoz del Ayuntamiento de Palma, que sostiene que "no puede ser que los bancos que han recibido millones no den nada a cambio".

Incentivos para pequeños propietarios

En este sentido, la representante del consistorio mallorquín explica que su modelo es muy similar al de Barcelona, ya que plantean firmar una serie de convenios con los bancos para que cedan sus viviendas para el alquiler social a cambio de un aval municipal, por el cual el ayuntamiento se compromete a que no existan "desperfectos" en el piso y a apoyar al inquilino en caso de que no pueda hacerse cargo de la tarifa mensual. Palma también mantiene abierta la posibilidad de imponer sanciones a los bancos como último extremo, pero la portavoz explica que el Ejecutivo local se plantea previamente la opción de no contratar con los bancos que no colaboren.

Luisa Broto, vicealcaldesa y teniente de alcalde de Derechos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, también señala que los concejales de su consistorio ya han comenzado a reunirse con las entidades financieras "con más arraigo" en la ciudad para tratar de alcanzar acuerdos con ellas. "Entiendo que existe una colaboración necesaria entre ellas, que quieren liquidar bienes inmuebles, y nosotros, que tenemos la obligación de proveer de viviendas a las familias que no la tengan", sostiene Broto, quien no obstante señala que su consistorio aún no ha decidido si utilizarán las sanciones como mecanismo coercitivo contra los bancos que no colaboren.

La vicealcaldesa señala que el Ayuntamiento de Zaragoza también tiene decidido lanzar un programa para tratar de poner en alquiler social viviendas de particulares que estén vacías, aunque en este caso a través de incentivos que hagan atractivo a los pequeños propietarios la cesión. Un mecanismo similar plantean en Palma de Mallorca: una portavoz del consistorio isleño sostiene que la idea del Gobierno local es ofrecer alicientes como "garantías ante impagos".

Vanesa Valiño explica que en Barcelona la corporación liderada por Ada Colau tiene en mente potenciar un programa aprobado en los últimos meses de mandato del anterior regidor, Xavier Trias, que precisamente busca que los pequeños propietarios tengan incentivos para ceder sus viviendas vacías a programas de alquiler social para familias desahuciadas. De esta forma, el ayuntamiento garantiza a estos pequeños propietarios "la renta del contrato de alquiler hasta 800 euros durante los primeros años del contrato", y además complementa los pagos mensuales con "la diferencia entre lo que puede pagar el inquilino, en función de sus ingresos, y el justiprecio que tiene la vivienda en el mercado".

Medidas específicas

Además, la jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda anuncia que en septiembre el consistorio va a aprobar "una ayuda al pago del alquiler orientada específicamente a que la gente que no pueda pagar la tarifa mensual no se vea afectada por un desalojo". "En Cataluña, el 80% de los desalojos son por impago de alquiler, y en la mayoría el arrendatario es un pequeño propietario", explica Valiño, que sostiene que la medida que tomará la corporación barcelonesa "es importante porque beneficia también a estos pequeños propietarios, que no tienen responsabilidad".

La vicealcaldesa de Zaragoza, por su parte, también plantea una medida específica de su ciudad: la "subrogación de hipotecas", un mecanismo por el cual "el ayuntamiento pueda ejercer de garante de las hipotecas de las familias deudoras de buena fe" que no puedan hacerse cargo de pagar la letra mensual. El consistorio, explica Broto, se haría cargo de la hipoteca –siempre que sea "asumible", apunta– y el propietario sólo tendría que pagar una renta "que no sería de más de un tercio de sus ingresos" hasta que se recuperase económicamente. Si no pudiese hacerlo, la corporación se haría definitivamente con la propiedad de la vivienda y esta pasaría a integrar el parque público.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha comenzado a tomar sus propias medidas. Hace unos días, el consistorio paralizó la venta de 2.086 viviendas sociales a fondos de inversión y evitó el inminente desahucio de 220 familias residentes en estos pisos; además, en el distrito de Villa de Vallecas, el Gobierno local ha montado una mesa de prevención de desahucios "en la que están representados todos los actores que intervienen en la problemática de la vivienda", tal y como explica Paco Pérez, concejal del distrito.

En esta mesa se sientan representantes de los servicios sociales, la Policía Nacional, el Samur –el servicio de atención sanitaria de urgencias de la ciudad–, asociaciones de vecinos, la plataforma Stop Desahucios e incluso la propia oficina antidesahucios puesta en marcha hace unas semanas por el Ayuntamiento. El propósito de este órgano, sostiene Pérez, es fundamentalmente "coordinar el flujo de información" con el fin de que los actores implicados conozcan lo antes posible la apertura de un proceso de desahucio para tener más posibilidades de actuar.

"Cuando llega un caso le corresponde a servicios sociales examinarlo, aunque a veces la información le llega antes del juzgado a la policía o a las asociaciones de vecinos", ejemplifica el concejal, que señala que, si finalmente no se puede parar el desahucio, la mesa gestionará alternativas habitacionales a los afectados. Aunque, advierte, los expedientes se examinarán caso por caso, ya que el barrio está fuertemente afectado por la ocupación de viviendas por personas vinculadas al tráfico de drogas que provocan problemas de convivencia con el resto de vecinos.

Pérez, no obstante, no se define al ser preguntado sobre si organismos similares podrían ser implementados en el resto de distritos de la ciudad, y hace referencia a que Villa de Vallecas es una zona "con una problemática tremenda, porque 2.000 viviendas sociales se han vendido a fondos de inversión privados y cuando se van eliminando las ayudas del Ayuntamiento a los vecinos, estos se quedan en situación de desprotección".

La propuesta de Amnistía Internacional de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan "evaluar detenidamente la proporcionalidad y razonabilidad" de cada desahucio al que se enfrenta una familia por no poder hacer frente a la hipoteca no convence a todas las asociaciones de magistrados. La ONG basa esta propuesta en la constatación de que, al centrarse únicamente en la capacidad de pago del deudor, la regulación actual sobre ejecuciones hipotecarias "no tiene en cuenta la necesidad de considerar también el derecho de las personas a la vivienda".

Por ello, la organización reclama una reforma de la norma que regula los desalojos para que los magistrados puedan analizar las situaciones de vulnerabilidad "más allá de los supuestos concretos que prevé la ley". En la actualidad, explican, los jueces carecen de mecanismos para evaluar la situación real de cada familia si no se cumplen los supuestos de “especial vulnerabilidad” –familias numerosas, monoparentales con dos hijos, familias con un menor de tres años, víctimas de violencia de género o aquellas con algún miembro discapacitado– para los que sí está garantizada una moratoria de desahucio, por el momento, hasta 2017. 

La progresista Jueces para la Democracia (JpD), en palabras de su portavoz, el magistrado Joaquim Bosch, cree que esta propuesta es "positiva" y va "en consonancia" con los principios del ordenamiento jurídico. "Una norma que implique que el poder judicial tenga que valorar en el caso concreto la aplicación del derecho a la vivienda sería un avance en cuanto a la aplicación de los derechos fundamentales, que hay que recordar que también se incluyen en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y que a pesar de eso no se están respetando", señala.

En este sentido, Bosch ve interesante que se puedan "ponderar" los dos derechos que se ponen en conflicto en el caso de un desahucio por impago de hipoteca: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. "No se trata de que a quien no pueda pagar se le garantice automáticamente que continúe en su vivienda, sino que, en los supuestos en los que se demuestre que no se genera un gran perjuicio al prestamista (la entidad financiera) pueda haber una reflexión", explica. A su juicio, lo que no puede ser es que el derecho a la propiedad sea tan absoluto que, incluso sin existir perjuicio, no se pueda lesionar sin justificación.

Más esfuerzo de la Administración 

Marcelino Sexmero, juez de Instrucción número 4 de Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, cree que la regulación en estos casos es "bastante difícil" aunque cree que sí sería positivo hacer algún tipo de cambio normativo para que los jueces pudieran estudiar caso por caso –"ver si hay posibilidades de pago a medio plazo", por ejemplo– con el objetivo de que el procedimiento de ejecución hipotecaria no empiece en caso de impago durante tres meses tal y como prevé actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil. "No obstante, hay que tener en cuenta que, en general, cuando hay quiebra hipotecaria los bancos no desahucian a primeras de cambio, por lo que, en la práctica, esta medida ya se está llevando a cabo", asegura. 

Por su parte, Pablo Llanera, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, y presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no ve el sentido a esta propuesta porque, a su juicio, se estaría quebrando una regla básica en cualquier contrato, la reciprocidad de las prestaciones entre las partes. Si un juez tolerara la adquisición de una propiedad sin pagar el precio acordado estaría generando un empobrecimiento de la parte que ha cedido la propiedad, es decir, el banco. "No puede pedirse a un particular que asuma la solidaridad con quien está en una situación de vulnerabilidad, sino la totalidad de la comunidad a través de impuestos", señala. 

Por ello, la única posibilidad que contempla Llarena es que se analice la posibilidad de ampliar los casos de especial vulnerabilidad para los que la ley prevé una moratoria, aunque siempre teniendo en cuenta que "el esfuerzo, en ese caso, debería ser colectivo, de los contribuyentes, y no de las entidades financieras". En este punto, el juez Sexmero considera que aumentar los supuestos de vulnerabilidad "hace recaer en la obligatoriedad de proveer una solución habitacional a quien no la tiene". "La obligación de promover la vivienda como derecho fundamental no la tienen los bancos, sino la Administración, que es la que debería apostar por construir más vivienda pública y no vender la existentes como se está haciendo", sentencia. 

La importancia de la vía judicial... pero en Europa 

Hay que tener en cuenta que la vía judicial ha sido determinante a la hora de paliar el drama de los desahucios, pues dos cuestiones prejudiciales llevadas al tribunal de la UE por jueces españoles 

han derivado en sentencias que han contribuido a reformar la legislación sobre desahucios a favor de los deudores. 

La senda la abrió el juez mercantil de Barcelona José María Fernández Seijo. En marzo de 2011 recibió en su despacho el caso de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell que había sido desahuciado de su vivienda por CatalunyaCaixa a pesar de que había alegado en otro procedimiento que una de las cláusulas de su hipoteca era abusiva conforme a la legislación de la UE. Aunque no pudo detener el desalojo, Fernández Seijo elevó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que se cuestionaba si la ley que había provocado que este hombre perdiera su vivienda era acorde a la normativa comunitaria en materia de protección de derechos del consumidor.

Y el tribunal respondió que no. La pregunta dio lugar a la llamada sentencia Aziz, que acabó por dar a los jueces la potestad de paralizar los desalojos como medida cautelar si apreciaban la existencia de abusos en el contrato. El tribunal de la UE asestó así un duro varapalo al sistema español de desahucios. Al Gobierno español no le quedó más remedio que adaptar la ley a la directiva europea sobre derecho de los consumidores, que es de 1993. "Hasta entonces –dice Fernández Seijo– el legislador español no había hecho bien los deberes", pues los procedimientos de ejecución hipotecaria seguían adelante y los afectados podían perder sus viviendas y quedarse con deudas de miles de euros a pesar de tener cláusulas abusivas en sus hipotecas.

De hecho, siguiendo la estela de Fernández Seijo, otros magistrados han elevado hasta una quincena de cuestiones prejudiciales al TJUE con preguntas sobre la legislación en materia de hipotecas que están todavía esperando respuesta. 

Así ha explicado a Europa Press, Miguel García, miembro de la PAHD, este proceso de "liberación" o "recuperación", como ha definido la acción, que lleva en marcha desde hace una semana, cuando las dos primeras familias se instalaron en sendas viviendas. Otra más está en estos momentos en "proceso".

García ha preferido no utilizar el término "ocupación", recordando que su intención es negociar un alquiler digno con los propietarios, la Sareb. "No quieren vivir por la cara", ha insistido, quieren "negociar con el propietario un alquiler justo". Así, ha señalado que se dirigirán a la Sareb en este sentido.

Las personas instaladas son, en unos casos, afectados por procesos de desahucios, y en otros, familias que están viviendo en situaciones de hacinamiento y no pueden acceder a una vivienda social por no cumplir los requisitos de las normativas, "lo que no quiere decir que no lo necesiten", ha añadido García.

Ha recordado que el edificio lleva tres años deshabitado, y que la acción de la PAHD "no es una ocupación para dejarlo abandonado, sino para cuidarlo y mantenerlo". "Tiene problemas de fuga de agua y humedades", ha añadido, por lo que "estamos liberándolo para cuidarlo y darle vida, tanto al inmueble como a la calle".

Sólo una de cada diez familias en riesgo de exclusión que han pedido a las entidades financieras con las que habían contraído hipotecas que flexibilizaran sus condiciones han conseguido la dación en pago. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía, de las 37.416 que han buscado desde 2012 –ese año se puso en marcha el código de buenas prácticas al que se han adherido 45 bancos y cajas– algún tipo de alternativa con sus entidades sólo 3.843 consiguieron saldar sus deudas a cambio de entregar sus viviendas. Además, un 34% lograron reestructurar sus deudas. En total, un 44% lograron algún tipo de pacto con su entidad. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostiene que estas medidas –acordadas entre banca y Ejecutivo para contribuir a paliar el drama de los desahucios– han sido un "fracaso" porque, a su juicio, los bancos las han utilizado "como excusa para negociar menos y hacerlo sólo en los casos en los que el afectado se encuentra al borde de la exclusión". El balance oficial que publica el Banco de España con datos de todos los bancos parece dar la razón a la plataforma, pues el porcentaje de daciones en pago sobre el número total de desahucios ha ido descendiendo en los últimos años. Según los últimos datos facilitados por este organismo, en 2013 en el 32,5% de los desahucios hubo dación en pago.

Esa cifra está por debajo del porcentaje del 35,7% registrado en 2012. Y tampoco los desahucios descienden. Según datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en 2014 se produjeron aproximadamente 1.000 desahucios más que en el año anterior. Un total de 68.091 frente a 67.189. 

Los requisitos 

La realidad es que cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, activistas antidesahucios como la entonces portavoz de la PAH Ada Colau ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código.

Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda.

En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado que las solicitudes que llegaron en el último trimestre del año pasado (4.523) superaran todas las recibidas en el primer año en vigor del código de marzo de 2012 a marzo de 2013. Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, ha añadido.

El pasado febrero, coincidiendo con la presentación de la ley de segunda oportunidad, el Gobierno modificó de nuevos los requisitos. Desde entonces pueden beneficiarse de él las familias con ingresos de hasta 22.365,42 euros anuales, es decir, tres veces del IPREM calculado en 14 pagas. Hasta el momento se calculaba en 12 y ese límite era de 19.170,39 euros. Como novedad también se incluyó a los mayores de 60 años entre los supuestos de especial vulnerabilidad que se pueden acoger al código, se eleva a 300.000 euros el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del código (antes eran 250.000) y se eliminan las cláusulas suelo para las familias situadas en el umbral de este plan. La clave estará ahora en ver si estos nuevos requisitos contribuyen a impulsar unas medidas que, hasta el momento, no han generado los resultados esperados.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció esta semana en el debate del estado de la nación que el Ejecutivo presentaría una ley de segunda oportunidad que, entre otros aspectos, incluirá la dación en pago (que la entrega de la vivienda salde la deuda) pero sólo para colectivos "especialmente vulnerables". A falta de conocer los detalles de esta norma, que se presentará este viernes en el Consejo de Ministros, lo que sí parece este anuncio es un reconocimiento implícito de que las medidas tomadas hasta el momento para paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas y ante la situación de emergencia ocupacional no han generado los resultados esperados. 

La realidad de las cifras así lo demuestra. Desde marzo de 2012 y hasta el primer semestre de 2014, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía, 23.983 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa en virtud del código de buenas prácticas antidesahucios al que se han adherido 45 bancos y cajas. Sin embargo, sólo 2.124 (un 8,9%) consiguieron la dación en pago. Un 27% (6.498 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 36% lograron algún tipo de pacto con su entidad.

La PAH sostiene que estas medidas han sido un "fracaso" porque, a su juicio, los bancos las han utilizado "como excusa para negociar menos y hacerlo sólo en los casos en los que el afectado se encuentra al borde de la exclusión". El balance oficial que publica el Banco de España con datos de todos los bancos parece dar la razón a la plataforma, pues el porcentaje de daciones en pago sobre el número total de desahucios ha ido descendiendo en los últimos años. Según los últimos datos facilitados por este organismo, en 2013 en el 32,5% de los desahucios hubo dación en pago. Esa cifra está por debajo del porcentaje del 35,7% registrado en 2012.

Los requisitos

La realidad es que cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, los activistas antidesahucios ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código. Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda. El colectivo al que se dirige, será por tanto, uno de los aspectos fundamentales de la medida que se anunciará este viernes. 

En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado un "progresivo aumento" de las solicitudes. En el primer año de aplicación, por ejemplo, se recibieron 4.385 solicitudes mientras que solo en el mes de mayo de 2014 estas ascendieron a 2.027. 

Para la PAH, sin embargo, sigue sin ser suficiente. "Hasta ahora el código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción. De esta forma lo que se está haciendo es canalizar los procesos hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a la banca", señalan en la PAH. Pero, ¿cómo se produce esta situación? "Los bancos acceden a algún tipo de rebaja que retrasa el momento en que el afectado deja de pagar y así mejoran sus índices de morosidad. En ese tiempo la deuda crece y lo que ocurre es que las familias acaban debiendo más dinero. Ahora estamos viendo muchos casos de ejecuciones de hipotecas reestructuradas en los primeros años de la crisis", añaden.

La dación en pago con carácter retroactivo, junto a la reclamación de un parque público con viviendas destinadas al alquiler social y una moratoria para los desahucios son los ejes en los que la PAH ha basado su apuesta reivindicativa. De hecho, estas propuestas formaban parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por 1,5 millones de firmas y que fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular.

Ocupados sólo el 24,6% de los pisos del fondo social  

Al escaso éxito del código de buenas prácticas se une también el fracaso del fondo de vivienda social, que el Gobierno anunció en noviembre de 2012 abrumado por la presión y la conmoción social provocada por dos suicidios recientes relacionados con desahucios. Con los datos actualizados, tras dos años en funcionamiento, sólo el 24,6% de los 5.891 pisos vacíos que aportaron los bancos están ocupados. 

Ni las entidades financieras –que aportaron al fondo 5.891 pisos vacíos que se quedaron fuera del banco malo– ni los trabajadores de servicios sociales ni los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creen que esté sirviendo para algo. Aunque, claro está, unos y otros critican su utilidad desde diferentes perspectivas. Los bancos creen que desde el Ejecutivo "no hay mucha voluntad" de sentarse a negociar para que funcione mejor y aseguran que llevan tiempo reclamando una nueva convocatoria de la comisión de seguimiento que no acaba de llegar. Los trabajadores sociales y activistas dicen que las características de los pisos y los criterios de acceso a los mismos están dificultando el desarrollo del plan.

La Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como banco malo, ha vendido al fondo buitre Castlelake aproximadamente 76.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en Boadilla del Monte (Madrid) por valor de 13 millones de euros.

El fondo buitre pretende construir en estos terrenos un complejo de viviendas unifamiliares valoradas en 44 millones de euros, según publica el diario Expansión en su edición de este lunes.

El actual director del fondo buitre, el portugués Francisco Jonet, trabajaba hace menos de un año en Sareb en calidad de analista de activos financierosFrancisco Jonet. Este es uno de los casos de fichaje de directivos de la industria bancaria española por parte de los fondos buitres. Una práctica que se ha multiplicado en los últimos tiempos con el objetivo de beneficiarse de las ventas de activos que hay en marcha en España.

Según han informado a Europa Press fuentes del banco malo, el contrato ya está adjudicado a Castlelake, a la espera de su formalización. Esta operación muestra el interés creciente por el suelo en el mercado español.

Esta operación se suma a la venta al consorcio CP Amenabar, formado por la promotora CP Grupo y por la empresa Construcciones Amenabar, de 11 parcelas de uso residencial y terciario en Arroyo del Fresno (Madrid) por 64,3 millones de euros. Está previsto que en estos terrenos se construyan unas 420 viviendas tanto libres como protegidas, así como de un edificio de oficinas y un centro comercial.