La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Las cifras de afiliación laboral se han convertido desde hace unos años en una fuente de buenas noticias en lo que atañe al número de trabajadores en activo. Este marzo se han sumado al mercado laboral 211.510 afiliaciones, hasta alcanzar las 21.882.147 cotizaciones, el mejor dato desde el inicio de la serie en 2001. En un video en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adelantaba a la publicación oficial de los datos con un post donde celebraba los datos. “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. La cifra que daba el presidente es el dato desestacionalizado, es decir, el que corrige los picos y las caídas que se producen por el efecto del calendario en los meses de más actividad como la Semana Santa, el verano o la Navidad. Es útil, explica a infoLibre Valentín Bote, director de Randstad Research, para identificar tendencias, pero menos efectivo si se quieren conocer los datos reales de un mes concreto. La elección de esta estadística ha generado cierta polémica, ya que el PP ha afeado al presidente la elección de este dato en vez de la media mensual, ligeramente inferior (21,88 millones en vez de 22 millones).

No es la primera vez que el presidente del Gobierno participa en un anuncio relacionado con el mercado laboral. A finales de febrero también intervino en la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ese momento, Sánchez reprochó a las patronales CEOE y Cepyme su ausencia en el acuerdo. En esta ocasión, el tono ha sido mucho más informal y en el video aparece con una camiseta de fútbol en cuyo dorso se muestra el número 22. Más allá de la polémica sobre qué estadística elegir, el Ejecutivo parece estar centrando su atención en sacar brillo a los datos de un mercado laboral que, sin embargo, preocupa a los ciudadanos.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas "de índole económica" y la "calidad del empleo" son, solo después de la vivienda, las principales preocupaciones de los españoles. También lo es el desempleo, que figura en séptimo lugar. Estos dilemas no son ajenos al comportamiento del mercado de la vivienda (la mayor fuente de dificultades para un 43,5% de los encuestados), que lleva ocupando el primer puesto más de un año. Precios de compra cada vez más altos y una evolución en el importe de las casas y los alquileres que deja atrás la revalorización de los salarios crean una situación nada fácil de digerir. De hecho, una de las peticiones que han venido trasladando los sindicatos tiene que ver con que se contemple este incremento de precios inmobiliarios a la hora de calcular cuánto deben subir los salarios.

Sin embargo, en este contexto de preocupación, las cifras de afiliación no dejan malas noticias. Con una parte de la Semana Santa ya recogida en los datos que se han conocido hoy, la hostelería lidera las altas con casi 80.000 personas más en el último mes. Le sigue la construcción con 17.156 cotizantes más, las actividades administrativas (17.206) y la sanidad (8.368).

El paro registrado también descendió en 22.934 personas y se situó en 2,4 millones. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 18 años.

Otros miembros del Ejecutivo, como Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también celebraban la estadística en sus redes sociales, pero el Partido Popular les afeaba que no utilizasen el dato de afiliación media, que llegó en marzo hasta los 21,88 millones y no hasta los 22 millones de trabajadores, como señala el dato desestacionalizado. A continuación se puede ver la evolución de ambos indicadores: uno señala la tendencia y el otro fluctúa en función de los días hábiles de cada mes para darse de alta o de la estacionalidad de los diferentes sectores.

El anuncio ha desatado una polémica sobre qué indicador es el más preciso. Desde el Partido Popular, el secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal, le reprochaba la elección del dato, ya que este indicador desestacionalizado se crea tratando los datos estadísticamente para establecer una media donde se suavizan los altibajos de los periodos de más y menos empleo. "Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86", señalaba Nadal en la red social X.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también respondió a las críticas que lanzaba el Partido Popular afirmando que la serie desestacionalizada ofrece datos "limpios" que muestran "la tendencia de fondo". "Es un crecimiento más robusto y dinámico que en el mes de febrero y en un contexto complejo", señalaba en una publicación en su perfil social de X.

Como se observa en el gráfico anterior, realizado a partir de los datos mensuales del Ministerio de Seguridad Social desde 2024, la afiliación media se mueve al ritmo de las particularidades que se dan en fechas de más actividad como el verano o la Navidad, mientras que la serie desestacionalizada dibuja una tendencia. Si se observa la evolución anual desde 2001, el movimiento de ambos indicadores sigue prácticamente la misma trayectoria.

"Lo primero que hay que destacar es que los datos de la Seguridad Social lo que cuentan es el número de afiliaciones y no el número de trabajadores, y hay muchas personas que tienen más de una afiliación", explica el director de Randstad Research. "La segunda es que los datos nos dan promedios mensuales, no el dato a día 31 de marzo, porque esto fluctuaría mucho", concluye. Para Bote, la cifra desestacionalizada tiene interés cuando se trata de establecer tendencias y poder comparar unos meses con otros. "Por ejemplo, enero es un mes donde se destruye muchísimo empleo y marzo uno de los meses en el que más trabajo se crea; por eso lo que se hace es aplicar una fórmula matemática que estima el efecto de estas correcciones para poder comparar. No es un dato de verdad, es un dato al que se le aplica un cálculo", subraya.

Más allá de la polémica en torno a las estadísticas, los últimos movimientos del Gobierno han centrado la atención en lo que tiene que ver con el trabajo, recogiendo también el guante de una ciudadanía a la que le preocupa la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios. "Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de sueldos", le lanzaba Pedro Sánchez a las patronales en la presentación del acuerdo sobre el SMI. Esta vez el tono era más ligero, pero de nuevo el presidente hacía acto de presencia para poner en valor un dato relacionado con el mercado laboral.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

Amantes del papel, la carpeta de cartón azul marino, el bolígrafo BIC, punta fina y punta normal, los sobres de lengua-pegada y el sello Tarifa A de 0,96, el Consejo de Estado ha decidido oponerse al registro digital de jornada.

En España, solo en 2025, 441.000 personas trabajaron gratis más de cinco horas semanales. Cinco horas invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, que no podrán contabilizarse a ningún efecto. Derechos laborales que quedan reducidos a un sinfín de tecnicismos y dos tesis recurrentes: “cargas para las pymes” y “complejidad técnica”.

El registro diario de jornada se introdujo en marzo de 2019. En ese mismo momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a los Estados miembros la implantación de un sistema de registro “objetivo, fiable y accesible”. Y el decreto planteaba su digitalización obligatoria y universal dado que era la única manera de garantizar algo semejante. Es evidente que los sistemas en papel son susceptibles de adulteración o doble registro.

Más allá de las cuestiones procedimentales, posibles problemas de adaptación, ámbito excesivamente generalista de aplicación o tiempos acelerados de implementación, en esencia, el Consejo de Estado considera que la exigencia de un soporte digital resulta muy costosa para las PYMES y que puede violar el derecho a la intimidad de los trabajadores.

La Agencia Española de Protección de Datos dice que la geolocalización solo debe usarse cuando sea imprescindible y que el consentimiento del trabajador no puede entenderse libremente prestado en una relación laboral. Y en el ámbito de la protección de datos se plantean, además, reservas al acceso remoto permanente a los sistemas informáticos privados o al de los representantes de los trabajadores a su registro completo. El Consejo de Estado admite que el TJUE (S. 30 de mayo de 2013) no se opone al acceso inmediato si resulta necesario y respeta el principio de proporcionalidad, pero entiende que esto requiere de cobertura legal y no debe abordarse por la vía reglamentaria.

La cuestión es que las jornadas especiales de trabajo llevan regulándose por Real Decreto desde hace más de treinta años y nadie se ha pronunciado hasta este momento. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no se usará el papel. Así de sencillo. Repentinamente, esta radical transformación requiere de una tramitación parlamentaria que, con el actual mapa político, equivale a enterrar la reforma por siempre jamás.

La paradoja es que el Consejo de Estado avala el objetivo, reconoce el problema, acepta que el sistema actual es deficiente y manipulable, pero rechaza el único instrumento jurídico disponible para solucionar las cosas. Y el Ministerio de Economía ha encontrado en este informe la excusa perfecta para apuntarse al ralentí. Ya sabemos que lo ideal hubiera sido una ley de reducción de jornada, pero también sabemos que el Congreso la tumbó en septiembre del año pasado con los votos del PP, Junts y Vox… que ahí siguen.

Dicho esto, nadie duda del argumento de la protección de datos, pero solo tiene sentido si se utiliza para blindarse frente al poder empresarial o estatal, no para garantizar la opacidad de quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y estamos hablando de eso, de fragilidad frente al abuso porque quien trabaja en condiciones de asimetría de poder tiene menos capacidad de documentar y reclamar su tiempo de trabajo. No se trata únicamente de eficiencia inspectora… de inspeccionar por inspeccionar. De hecho, por eso hay también brecha de género en el registro de jornada. Los datos de la EPA 2025 muestran que el 52,1% de las mujeres que realizan horas extraordinarias lo hacen sin remuneración, frente al 46,7% de los hombres.

Por lo demás, el recurso a la vulnerabilidad de las PYMES empieza a ser ya un clásico, como si las personas que trabajan en empresas pequeñas carecieran, por definición, de derechos laborales. Evidentemente, nadie pide que una pescadería con dos empleados implante un sistema de ciberseguridad militar en dos días, pero tampoco se puede dejar que la mayor parte de nuestro tejido empresarial funcione al margen de la ley. Las PYMES no pueden alimentarse de un tiempo robado como no pueden incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales o el pago de un salario mínimo. Se estima que el coste de implementar el sistema digital será de 291 euros anuales por empresa en años sucesivos al primero y no parece mucho frente a los 3.200 millones de euros que unos pierden y otros ganan, en horas no retribuidas.

El artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores habilita expresamente al Gobierno a “establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. Si bien ningún sector profesional se libra de esta silenciosa transferencia del trabajo al capital, dado que sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, comercio, educación, transporte, hostelería y construcción acumulan el 70% del total de horas extraordinarias semanales del país… ¿superaría todos los obstáculos un Decreto que circunscribiera el registro digital obligatorio a esos siete sectores? ¿Se podría reformular el proyecto circunscribiéndolo a los sectores con peculiaridades, diferenciando por sectores y territorios, incorporando las salvaguardas de protección de datos y ampliando los plazos de su entrada en vigor? Esto es lo que sugiere Cruz Villalón en un artículo reciente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, no elegido democráticamente, que está frenando, de facto, la aplicación de una obligación ya establecida en la ley, exigida por el derecho europeo y demandada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Su dictamen allana el camino a los recursos contenciosos que las empresas decidan interponer y refuerza la posición de quienes no quieren un registro efectivo. El Gobierno debería encontrar una fórmula jurídica que permitiera aprobar un registro digital para acabar con las miles de horas de trabajo que nadie registra, nadie paga y nadie cuenta.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

La inteligencia artificial (IA) sigue llenando titulares a golpe de previsiones, pero en medio del desarrollo vertiginoso de estas tecnologías comienzan a emerger algunas certezas. Una de ellas es el impacto de esta tecnología en el acceso al empleo de los jóvenes. Los perfiles con menos experiencia, en proceso de aprendizaje y que suelen desempeñar tareas más mecánicas al comienzo de su carrera empiezan a ver cómo la cantidad de ofertas se contrae a medida que la IA gana terreno. Es una de las conclusiones que se extrae de un informe realizado por la empresa tecnológica Anthropic, fundada por exmiembros de OpenAI y dueña de un asistente similar a ChatGPT llamado Claude.

Un estudio de Oxford Economics señala que, desde mediados de 2023, el 85% del aumento de la tasa de desempleo se concentra en los nuevos integrantes del mercado laboral que no encuentran trabajo. Es decir, el muro para entrar al mundo laboral cada vez es más alto. Y en las conclusiones advierte de algo similar a lo que recoge Anthropic: “El mayor desempleo entre los recién graduados universitarios se debe principalmente a un cambio estructural en la contratación", sobre todo en lo que se refiere al ámbito tecnológico, donde las ofertas se estrechan precisamente en la base. En este escenario, afirman que el empleo crece, pero que existen indicios de que los “puestos de nivel inicial están siendo desplazados por la inteligencia artificial a un ritmo mayor”, concluyen. 

En el análisis, son los menores de 27 años quienes se llevan la peor parte. “Si bien el empleo para mayores de 27 años en informática y matemáticas ha crecido un modesto 0,8% desde 2022, el empleo para personas de entre 22 y 27 años, o recién graduados, ha disminuido un 8%”, algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas. Los datos de Oxford Economics son globales, pero donde más se empiezan a notar es en Estados Unidos.

“Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”, explicaba a infoLibre Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Eso, explica, indica un repunte en la productividad que puede emanar de la automatización en las tareas más simples y repercutir, además, en un ahorro en costes laborales para la empresa.

En España, la tasa de paro entre los más jóvenes sigue siendo el punto más crítico de un mercado laboral que ha crecido mucho en los últimos años. El desempleo en el corte de edad de los 16 a los 19 años alcanza el 30,4%; en la franja entre los 20 y los 24 se sitúa en el 21,8% y, en las edades comprendidas entre los 25 y los 29, el porcentaje llega hasta el 12,7%. Y, aunque también en este punto los porcentajes han mejorado en los últimos tiempos, la tasa de inactividad con respecto a otros países de nuestro entorno sigue siendo muy alta. De hecho, la media de desempleo juvenil para los menores de 25 años en Europa está en el 15,1%, muy por debajo de las franjas porcentuales españolas.

En este contexto, el potencial impacto de la inteligencia artificial mira directamente al grupo más vulnerable. Isabel Aranda, experta en psicología del trabajo y profesora de EAE Business School, explica que el mayor impacto se está dando en los perfiles administrativos y en ciertos sectores tecnológicos. "Hay empresas de auditoría y despachos de abogados que han pasado de contratar decenas de becarios al año a ninguno", señala. De hecho, un artículo publicado en el diario Financial Times aludía a este mismo caso y señalaba que, en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en grandes nombres del sector como PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. 

Y aquí surge otra cuestión: ¿cómo vas a entrar a los niveles intermedios de una organización sin haber pasado por ese primer estadio?, se pregunta Aranda. La respuesta, señala, pasa por "reorganizar la formación para acceder al trabajo", pero también reconoce las dificultades que entraña romper con la lógica que ha operado hasta ahora de "incorporarse paulatinamente al trabajo". Por otro lado, los primeros pasos en una compañía solían servir, concluye, como un proceso de socialización y de adaptación a un equipo, algo que con la irrupción de la IA se complica, ya que la gente que accede lo haría a perfiles intermedios.

El informe de Anthropic apunta a que la capacidad de la IA para cubrir las funciones en empleos relacionados con informática, matemáticas o negocios y finanzas supera el 80%. Otros ámbitos menos expuestos serían las ciencias de la vida y sociales (77%), las ventas (62%), los empleos en educación y bibliotecas (61,7%), el personal sanitario (59,9%) y los servicios sociales (50,5%).

La compañía tecnológica apunta en su informe que hay tareas en las que ya destaca de manera suficiente como para frenar las nuevas incorporaciones. En lo que tiene que ver con la programación, es capaz de escribir código y actualizar software; en lo que tiene que ver con atención al cliente, puede interactuar, resolver dudas y recibir órdenes; es capaz de manejar y extraer información de grandes bases de datos o de mercados y de realizar gráficos o resúmenes relacionados; en el ámbito médico, apuntan a una gran capacidad para gestionar y ordenar datos de pacientes, etc.

"La mayoría de los efectos perjudiciales de la IA en el mercado laboral deberían incluir un período de mayor desempleo, a medida que los trabajadores desplazados buscan alternativas", explica el informe de la tecnológica, que sin embargo reconoce el impacto incierto en función de las políticas o los desarrollos que se lleven a cabo.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.

De los 10.700 empleados de Iberia, el ERE afecta a 996 personas: 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP.

El acuerdo ha sido suscrito por la empresa y los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros o TCP), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92% de las secciones sindicales), según explica Iberia.

USO es el único sindicato con representatividad que no lo ha firmado porque someterá mañana a consulta el acuerdo entre sus afiliados y actuará en función del resultado, han dicho a EFE fuentes del sindicato.

Podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más.

El acuerdo establece que de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación.

Los trabajadores de tierra obtendrán un 80% del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2% hasta que cumplan los 65 años.

Tendrán también derecho a la cobertura de la mutua Loreto hasta los 65 años.

Para los TCP, en salidas entre los 58 y los 60 años se partirá de una cantidad inicial de 2.920,04 euros por mes revalorizada acorde a la revisión salarial de convenio y que se verá incrementada, en un 2% para los años 2027 y 2028.

Para quienes dejen la empresa con más de 60 años, la cantidad será la equivalente al 100% de la pensión que hubiera correspondido si en ese momento hubiera tenido cumplidos los 65 años. En este caso, la cobertura de Loreto será hasta los 62 años.

Podrán pedir la baja incentivada quienes sean menores de 60 años al cierre de 2026, en tierra, y 58 en el colectivo de TCP. En ese caso, percibirán 35 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

No obstante, si no se cubriera el cupo de excedentes previsto con prejubilaciones y bajas incentivadas podrán beneficiarse también de este ERE los nacidos en 1967.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

La publicación en las últimas semanas de evidencias sobre los altísimos niveles de plomo y cadmio en el Campo de Cartagena ha creado una calma tensa en el sector agrícola de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico todavía no ha explicado por qué continúa sin publicar el informe que encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la composición del suelo en la región. El PP de Fernando López Miras se ha limitado a decir que los partidos de la oposición están provocando "un gran daño" a los profesionales cada vez que comentan el asunto en la Asamblea murciana y que algunos agricultores están siendo escrutados por sus clientes sobre esta polémica.

Desde el campo, por ahora, prefieren no comentar el asunto. infoLibre ha contactado con las organizaciones agrarias más importantes en la región, con grandes compañías y con las asociaciones de exportadores de verduras y fruta, pero no ha obtenido respuesta. El sector primario, que no es el causante de la contaminación –procede de las balsas mineras que llevan tres décadas abandonadas–, se mantiene al margen de este debate, aunque le afecta de lleno. Los mapas de contaminación del suelo por plomo y otros metaloides abarcan toda la huerta de Cartagena, la segunda región agrícola más importante de Murcia.

"Es un tema espinoso del que nadie quiere hablar, da muy mala imagen. Y te lo digo yo, que llevo más de veinte años en la agricultura murciana", es lo que se limita a señalar un alto cargo del sector. "Nadie gana con esto, solo se pierde", añade.

La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, es la cara visible del escándalo en la Comunidad, puesto que ella encargó el estudio de 2025 que ahora se ha destapado de manera parcial. Ese documento confirma –una vez más, porque se sabe desde hace años– la presencia de metales pesados en el suelo agrícola que rodea la sierra minera Cartagena-La Unión. Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento regional, rehusó responder a qué es lo que contiene ese análisis completo que continúa en un cajón. 

A preguntas del PSOE en el Pleno de la Asamblea murciana, solo contestó que "no es conveniente alarmar, confundir y hacer tanto ruido" sobre la contaminación del suelo porque solo trae problemas, y acusó a la oposición de airear la crisis. "Esto produce un gran daño a los agricultores. Ya hay clientes que les están pidiendo certificados actualizados para poder seguir trabajando. Solo rezo para que sus declaraciones no sean las causantes de un daño que va a ser muy difícil de reparar", declaró la consejera del PP.

Aunque ninguna organización ni empresa agrícola ha querido participar en el artículo, alguna de ellas sí ha trasladado que no tienen constancia de que los profesionales estén siendo escrutados por sus clientes. Es habitual que los intermediarios que compran frutas y verduras para revenderlas realicen sus propios análisis al producto, pero no hay constancia de que se hayan encontrado por ahora resultados preocupantes. "Las propias comercializadoras son las principales interesadas en que no haya contaminación del producto. Estoy convencidísimo de que harán análisis de las partidas para ver si tienen algún rastro de metales pesados. Y cuando llegan a Alemania, lo mismo", opina Miguel Ángel Domene, especialista en fisiología de plantas y suelos en la Fundación Tierra-Cajamar.

Domene reconoce que es "evidente" que hay restos de metales pesados en la zona de Cartagena debido a la minería histórica, aunque no cree que lleguen a las frutas y verduras. "Los suelos del arco Mediterráneo son muy alcalinos, y eso dificulta que las plantas lo puedan absorber. Yo creo que aunque haya una concentración alta de elementos, no llegan a absorberse y acumularse", afirma. "No obstante, depende del tipo de planta", añade, y explica que mientras las verduras tienen una baja absorción de metales, la lechuga tiene mucha más facilidad, y ese es precisamente el producto más exportado de Murcia.

De hecho, hay diferentes estudios que confirman que lechugas y otras plantas de hoja que crecen en esta zona que rodea al Mar Menor contienen restos de plomo por encima de los niveles permitidos. Así lo afirmaba un análisis de la propia UPCT, publicado en 2022. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Aunque la consejera Rubira culpó del escándalo a la oposición, en realidad, el caso fue destapado por error gracias a un académico de la UPCT que citó el informe que sigue bajo llave –y que él mismo había elaborado– en un proceso judicial sobre la contaminación de una balsa minera en Cartagena. Lo que hizo la diputada socialista María del Carmen Fernández fue llevar el asunto a la Asamblea regional para pedir la dimisión de la consejera por esconder ese informe y después mentir, puesto que la primera reacción de la dirigente fue asegurar que el trabajo no existía.

"Usted tiene que dar la cara, publicar el informe, verificar los datos y, si hay algo preocupante, proteger a la población", le dijo Fernández a la consejera en el pleno del jueves de la semana pasada. "Consejera, dimita. No le queda otra que dimitir por decir mentiras", exigió también.

El caso está en la actualidad congelado. La Consejería contestó primero que el estudio no existía y reclamó a la universidad la devolución de los 293.000 euros de la subvención que recibió para realizar el trabajo. Cuando la UPCT contestó que se había entregado en tiempo y forma, el Gobierno regional cambió de versión hace tres semanas, declaró que el trabajo "no reunía los requisitos" del contrato, y dio 15 días a los autores para subsanar el problema, un periodo que ya ha finalizado. El caso está también en la Fiscalía, denunciado por Podemos Murcia y Ecologistas en Acción.

En las últimas semanas ha habido mucho movimiento provocado por el lanzamiento simultáneo de nuevos modelos de IA que no paran de superarse unos a otros, la publicación de la carta Algo grande está pasando en la IA, de Matt Shumer, donde advierte de las consecuencias de esta tecnología para multitud de puestos de trabajo, o la declaración del CEO de Microsoft AI, que dice que van a automatizar el 75% de las labores de oficinas. También que un modelo ha quedado octavo a nivel mundial en la competición de desarrolladores.

Si han sobrevivido al ruido de los titulares apocalípticos de las últimas semanas, pensarán que la Inteligencia Artificial viene a por sus nóminas con la delicadeza de una plaga bíblica. Es comprensible. Pero si dejamos de lado la histeria del Gran Reemplazo y bajamos al barro de la operativa diaria, la realidad es mucho más cínica y, afortunadamente, más rentable.

La tesis que les arrojo hoy es impopular en los círculos académicos, pero esencial para el futuro laboral: la IA no es una mente rival; es la prótesis definitiva para un hemisferio izquierdo que llevamos 200 años sobreexplotando, ignorando las capacidades del derecho.

Desde que la máquina de vapor impuso su cadencia, la humanidad sufrió un hackeo biológico. El sistema económico premió al operario que se comportaba como un engranaje y al administrativo que procesaba datos con la frialdad de un algoritmo. Nos convertimos en máquinas de carne. La educación actual se diseñó para aumentar la producción estandarizando procesos cognitivos, no fomentando la disrupción, porque era lo óptimo para el modelo social de la época.

Esto choca con nuestro cerebro de mono sin pelo y sin garras. Dependemos de la cooperación con otros para sobrevivir. Cuando el primo lejano del humano actual bajó de los árboles, pasó unos cien mil años evolucionando a un cerebro súper especializado para ese entorno dividido en dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo experto en lógica y, atención al detalle, uno derecho que es el que entiende el contexto, los patrones y las relaciones. 

Sin embargo, llegó la agricultura y después la revolución industrial (periodos que, aunque tengamos cierta neuroplasticidad, no representan nada en términos evolutivos), y desde entonces hemos pasado dos siglos forzando a nuestro cerebro, una máquina evolutiva diseñada a gestionar tribus complejas, a realizar tareas de repetición lógica y al almacenamiento de datos. Hemos intentado ser discos duros eficientes, pero ahora que llega un disco duro que habla, nos ofendemos.

Me gusta comparar la IA con los libros que tenían antes los abogados detrás de su mesa, que no eran para leer sino para consultar. Eran un segundo cerebro donde volcar los detalles, y su valor era saber dónde buscar el argumento que hace ganar el juicio.

Hasta ayer, saber cosas —memorizar el BOE o procesar excels infinitos— era un activo de mercado. Hoy, el coste marginal de generar ese conocimiento es cero. Ya no me pagan por recitar de memoria los Criterios Técnicos de Selección del Reglamento (UE) 2020/852 sobre Taxonomía Financiera: la máquina procesa esa burocracia en milisegundos. Me pagan por saber cuándo un proyecto es puro greenwashing y está retorciendo la interpretación para que pase el filtro de la sostenibilidad financiera. No me pagan por saber cosas, sino por saber qué significan. El valor se ha desplazado del dato a la generación de sentido.

Estamos ante un retorno forzoso a nuestra configuración de fábrica. Debemos volver a lo que la evolución nos hizo más eficientes: cooperar.  Nuestra función deja de ser la de procesadores de los datos para convertirnos en conectores de personas.

En este nuevo ecosistema, las llamadas "habilidades blandas" se endurecen hasta convertirse en hormigón armado. Podemos cambiar la terminología para hacerla más moderna, pero las bases se mantienen. Lo que antes se llamaba intuición, ahora se llama "reconocimiento de patrones". La ética es compliance. Y la empatía ya no es conexión emocional, es "ingeniería social", pero todo se resume en volver a hacer tribu.

Claro que esto nos vale para los que llevamos un tiempo en la trinchera y sabemos cooperar, pero para los jóvenes que llegan ahora a la vida laboral la cosa cambia. Han sido educados en un mundo académico en el que seguía primando el conocimiento, pero llegan a un mundo laboral donde estamos digitalizando las primeras etapas, el trabajo de base, la búsqueda de información, que era donde se forjaba la tribu. Así que se encuentran ante la paradoja de reciclarse o reinventarse sin haber ni siquiera trabajado para encajar en este nuevo modelo.

Si nos vamos a los más jóvenes, los que están en las primeras etapas de la formación adulta, la cosa aún puede tener solución. Integrar la IA en la educación puede ser beneficioso, pero no se trata de pedirle a ChatGPT que me haga el trabajo, sino de desarrollar el equivalente a las historias de hoguera discutiendo con la IA. El reto de los docentes será cómo fomentar el pensamiento crítico y sin que unos jóvenes acostumbrados a la inmediatez se dejen seducir por la las respuestas fáciles.

Dejémonos de poesía. El valor real hoy no es el conocimiento, sino el juicio experto que decide qué hacer con él. La máquina va a hacer el trabajo sucio, pero no va a ser un camino de rosas tecnooptimista de gurú de LinkedIn, nos va a costar sangre y sudor. Háganse a la idea de que si su valor añadido es procesar papeles, tendrán que ir actualizando el currículum. Si su valor es negociar con humanos y navegar la incertidumbre, este es su momento. Elijan rápido, porque el algoritmo no espera a nadie.

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Isaac Pozo Ortego es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, han dicho a EFE fuentes de la aerolínea.

El número de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG - el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- que el objeto del ERE no es tanto reducir la plantilla de la compañía, como renovar los perfiles profesionales.

El pasado 17 de febrero Iberia comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de ERE voluntario en Iberia.

La compañía había recibido a mediados de febrero la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

La petición, firmada por los sindicatos UGT, CCOO, Astema y Somos-Cesha, se sumó a la que ya habían hecho antes representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los TCP.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un informe realizado por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. En este documento de más de 400 páginas se analizaba la participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas, el papel de la inteligencia artificial (IA) y proponía una serie de herramientas para que, entre otras cosas, los sindicatos entrasen en la dirección de las compañías. Para CEOE y Cepyme se trata de una medida "intervencionista" y Yolanda Díaz, titular de Trabajo, señalaba este martes a las empresas por "no hablar" de los márgenes de beneficio que obtienen y que se concentran "en muy pocas manos y sin redistribuir la renta".

"La decisión de las organizaciones empresariales de no acudir a una mesa de diálogo social carece de precedentes y demuestra la renuncia de la patronal española a ejercer de interlocutor social", señalan fuentes del ministerio. "Es insólito que, sin conocer la propuesta, se nieguen a debatir sobre una cuestión habitual en la UE y que es, además, un mandato constitucional", remarcan.

Este es el enésimo encontronazo entre Trabajo y patronales, que tampoco han acercado posturas en temas como la reducción de jornada, la subida del salario mínimo, el fichaje digital o el estatuto del becario, por citar algunos ejemplos. En el caso de la gobernanza de las empresas, todo apunta a que seguirán la misma línea, pero ¿en qué se concreta esta nueva propuesta?

"Se trata de llevar a los órganos de decisión de todas las empresas a los representantes de los trabajadores. La fórmula que se está eligiendo es llevar esa representación a los consejos de administración, pero en Alemania, por ejemplo, eso se articula mediante los denominados consejos de vigilancia que deben tener todas las empresas de más de 50 trabajadores", explica Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis. "Es un órgano paritario en el que participan a partes iguales empresa y trabajadores. No participa en todas las decisiones, pero sí tiene atribuciones en las materias que afectan a las garantías de los trabajadores", puntualiza.

"La mayoría de los países europeos reconocen legalmente el derecho de las personas trabajadoras a estar representadas en los consejos de administración de las empresas y a participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", recoge el informe de expertos encargado por Trabajo. "Aunque España dispone de un sistema dual de representación laboral mediante comités de empresa y sindicatos, la falta de un mandato legislativo que garantice la representación de quienes trabajan en el nivel estratégico en los consejos de administración de las empresas privadas supone una desventaja significativa", concluyen.

La idea del ministerio que dirige Yolanda Díaz es promover una reforma legislativa que obligue a implementar estos modelos de cogestión. Contempla medidas como que un tercio de los puestos del consejo de administración sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados. Cuando se trate de compañías de mayor tamaño, ese porcentaje se elevará hasta la mitad.

Otra cuestión que contempla es crear planes para que los empleados tengan acceso a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición un mínimo del 2% de las acciones cuando las empresas superen los 25 trabajadores. También amplía los poderes de los comités de empresa para "configurar y dar su consentimiento a la IA".

"Hay fórmulas de participación más y menos intensas, pero de lo que se trata ahora es de implementar algún marco nacional. Hay ya 19 países de la Unión Europea que tienen sistemas regulados y somos de los pocos que aún no lo tienen", subraya el economista, quien además insiste en que "no se puede confundir representación con participación".

La propuesta, que tendría que validarse en el Congreso, se debatirá este jueves en una mesa convocada por Trabajo y en la que CEOE y Cepyme han declinado participar. "Supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", protestaba la patronal en un comunicado. "Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva", remataban ambas agrupaciones empresariales.

La base teórica de la propuesta es que si los trabajadores ganan importancia en los procesos de gestión, en el diseño de los objetivos de la empresa y en el reparto de beneficios, la eficiencia económica, la calidad del empleo y la productividad mejorarán. Así, el "mandato legislativo" que quiere articular Trabajo descansa sobre el artículo 129.2 de la Constitución: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Aunque para las patronales esta propuesta atenta, a su vez, contra el artículo 38 de la Constitución, “que preserva los principios de la libertad de empresa”, y contra el Estatuto de los Trabajadores, que "otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección", remarcan.

El análisis de los expertos de Trabajo señala que ya existen experiencias prácticas concretas donde se incluye representación sindical en los consejos de administración de las empresas. Aunque matiza que son "dispersas y poco conocidas", cita a Renfe, ADIF, Paradores Nacionales, Navantia, Hunosa, ENSA y el Grupo TRAGSA, todas ellas con participación pública. En cualquier caso, la representación nunca es tanta como para poder bloquear decisiones y solo está articulada a nivel de convenios o acuerdos entre sindicatos y empresas.

Una de las razones que da el Ministerio de Trabajo para impulsar esta reforma es que la legislación de otros países de la Unión Europea ya contempla este tipo de normas. "La legislación de la UE y de algunos países ofrece la oportunidad a los representantes de los trabajadores en España de ocupar puestos en los consejos de administración o consejos de vigilancia de multinacionales con sede fuera de España", explican en el informe. Y ponen como ejemplo al grupo alemán Volkswagen, que cuenta con un representante español de su filial SEAT en el consejo de administración. También nombra otros casos como el de las compañías francesas Alstom e Imerys, en las que, en virtud de una ley estatal, se implementan modelos de gobernanza donde un representante de los trabajadores, elegido a través del comité de empresa europeo, se incorpora al consejo de administración.

El texto elaborado por los expertos cuestiona el modelo de gobernanza empresarial que se da en España, señalando que ha adquirido "rasgos del modelo angloamericano, dando prioridad prácticamente absoluta a los intereses del accionariado sobre el resto de partes interesadas", resalta el estudio. Por otro lado, cuestiona el reparto de los beneficios: "España se sitúa entre los últimos de la UE en cuanto a medidas de fomento y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de las empresas, independientemente de que participen o no en el capital de las mismas", concluyen.

Las cooperativas son el modelo que Trabajo considera más democrático, pero hay otras organizaciones que el estudio considera como referentes y que agrupa bajo la etiqueta de "economía social". En este ámbito habría un total de 43.071 empresas que dan trabajo a 565.402 personas. "Entre ellas, 22.033 son cooperativas, 11.902 son sociedades agrarias de transformación, 6286 son empresas propiedad de los trabajadores (sociedades laborales), 2182 son centros especiales de empleo, 308 son empresas de inserción, 223 son mutuas de previsión social y 137 son cofradías de pescadores", detallan en el análisis.

"Las cooperativas de trabajadores y las sociedades laborales, en las que los trabajadores ejercen un control democrático, son las dos formas de empresa que más se ajustan al espíritu del artículo 129.2", concluyen los analistas. Pero no es este el objetivo de la medida. "No se trata, desde luego, de convertir las empresas en cooperativas. Lo que se persigue es organizar un sistema de participación de los trabajadores y no solo de representación, como se entendía hasta ahora", concluye el economista.

El Gobierno de Murcia, liderado por el barón del PP Fernando López Miras, oculta desde noviembre de 2020 un informe que recoge niveles extremadamente altos de metales pesados en el Campo de Cartagena. El estudio, al que ha accedido infoLibre, destaca que en los suelos agrícolas que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión hay concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, diez veces por encima del máximo legal.

Este informe coincide con otro estudio que se destapó hace unos días de la Universidad Politécnica de Cartagena, que advierte de una contaminación de esa misma envergadura. Ambos trabajos ponen de manifiesto el riesgo constante de intoxicación al que están expuestos agricultores, vecinos y consumidores. Algunos de estos metales pesados, como el plomo o el cadmio, son altamente tóxicos e incluso carcinógenos, y hay numerosas evidencias de que acaban en las verduras cultivadas sobre estos terrenos.

Tanto el estudio publicado ahora por infoLibre como el que salió a la luz a mediados de febrero fueron encargados por la Consejería de Agricultura de la Región. En los dos casos el Gobierno autonómico ha optado por mantenerlos en un cajón, pese a que fueron financiados con fondos públicos y la ley obliga a su publicación, y pese a que políticos y activistas de la región han pedido formalmente una copia en numerosas ocasiones. El trabajo de 2020 fue además financiado en un 80% con dinero de fondos europeos FEDER, lo que abre la puerta a que la Justicia europea intervenga en el caso.

Aquel estudio, encargado a una consultora vasca, ha salido ahora a la luz e incluye un mapa de toda la Comunidad con los niveles de concentración de distintos metaloides en el suelo. Una mancha sobre el Campo de Cartagena muestra que allí hay niveles de riesgo, con el mensaje: "Valores habituales [detectados] entre 100 y 200 mg/kg con una anomalía en la zona de La Unión-Cartagena con valores que pueden exceder los 1.000 mg/kg". Para poner en contexto esos números, el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas establece que en terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg si se quiere cultivar sobre esas tierras.

La conclusión principal de los autores es que la zona de Cartagena supera en más de diez veces ese límite, pero es que además en ese estudio se dice que los niveles "habituales" de plomo en toda la Comunidad son de entre 100 y 200 mg/kg, también por encima de ese límite. Esta segunda conclusión es una novedad, puesto que el análisis que salió a la luz en febrero solo analizaba el Campo de Cartagena.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

No obstante, es imposible saber con precisión cuál es la situación real del suelo, porque no hay información más allá de esos comentarios escuetos y de los mapas a gran escala. Debería haber tablas más precisas, pero el informe está recortado y no tiene los anexos II y III, donde están las Actas de Laboratorio y los Resultados Analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

De hecho, a simple vista parece que el encargo está incompleto. El título completo de ese trabajo es: "Determinación de niveles de fondos y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

Pero en ningún sitio del documento figura ese "inventario de suelos contaminados", más allá de unos mapas en baja resolución, y se desconoce si la aplicación web fue entregada, pero desde luego no se hace referencia a ella. infoLibre ha trasladado una serie de preguntas a la Consejería de Agricultura, pero no ha obtenido respuesta.

El coste del estudio fue de 251.165,75 euros, se adjudicó a la empresa vasca IDOM Consulting y el 80% se financió con fondos FEDER europeos, destinados al desarrollo regional. La adjudicación se formalizó en junio de 2020 y el trabajo fue finalizado en noviembre de ese año. Como la consejería no publicó los resultados, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández pidió en julio de 2024 a la Mesa de la Asamblea regional la desclasificación del trabajo. Lo recibió incompleto –sin los dos anexos– en febrero de 2025, aunque hasta ahora no había accedido a su contenido, según explica a infoLibre. 

"El oscurantismo y la falta de información están perjudicando a la región", valora Fernández. "El Gobierno regional sabe que la sierra está contaminada desde hace 30 años y la competencia de solucionarla es regional. Hay que establecer medidas para garantizar la seguridad de los agricultores, los vecinos y los consumidores de los productos", añade la socialista. 

Otro de los que lleva años detrás de leer este trabajo es José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena y colaborador de Ecologistas en Acción de Murcia. Ha realizado numerosas peticiones oficiales que han sido ignoradas, y acaba de recibir una resolución de la Comisión de Transparencia que le da la razón y obliga a su publicación, aunque no confía en que vayan a facilitarle el documento íntegro. Matías también ha denunciado la situación ante la Fiscalía Europea por un posible caso de fraude.

Estos informes sobre contaminación se han desenterrado precisamente en un momento dorado de la agricultura murciana, que registró en 2025 un récord histórico de exportaciones hortofrutícolas en valor, con 3.800 millones de euros, según anunció esta semana López Miras, con destino principal a Alemania, Francia y Reino Unido. "Se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie", dijo el barón del PP.

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca "luchar contra la precariedad", según informe EFE.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

El Gobierno ha puesto en marcha el 'Buzón de las personas becarias' que recogerá denuncias "de forma anónima" de malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a Inspección de Trabajo, mientras continúa con la tramitación del Estatuto que aprueba este martes el Consejo de Ministros, según informa EFE.

El canal de denuncias ha sido impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, que ha presentado esta herramienta durante una Jornada celebrada en la sede de su departamento, clausurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promotora del anteproyecto de ley del estatuto de las personas en prácticas que cuenta con el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal.

"El estatuto va al Consejo de Ministros, pero el buzón arranca ya porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo puede actuar en los casos en los que se esté dando fraude", ha aseverado Rego.

La responsable de Juventud ha explicado que se quiere acabar "con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección".

"Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal", ha señalado Rego, quien ha apelado a combatir esas prácticas de "explotación disfrazadas de experiencia".

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una ETT, ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de repartidor.

"Hay que acabar con estas prácticas por eso ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil", ha señalado Rego, quien ha confiado en que el estatuto reciba el apoyo necesario en el Congreso, pese a "la situación ahora mismo de equilibrio de fuerzas" parlamentario.

Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.

En España, el seguro de desempleo nació con el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, cuando su ministro de Trabajo, Largo Caballero, puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. En la actualidad, la prestación por desempleo tiene carácter contributivo, y para tener derecho a ella, tenemos que cotizar a la Seguridad Social mientras estamos trabajando.

Pongamos un caso práctico para ver de forma clara cómo funciona el sistema. Supongamos que una trabajadora – por ejemplo, yo misma– es despedida de su trabajo. El despido es, sin duda, la sanción más grave del sistema disciplinario laboral y, por tanto, una medida tan rigurosa habría de aplicarse solamente en casos extremos: a quienes no saben convivir en sociedad, a quienes causan daños a los demás, o alteran severamente la paz social. Sería consecuencia, por tanto, de alguna cuestión grave. Quizá, de que se haya producido una reyerta entre compañeros de trabajo; o de que alguien haya filtrado un secreto a un enemigo poderoso. O, exagerando un poco, de que hayan desaparecido los “bolis” del estante de papelería. O, peor aún, de que alguien haya comentado algo sobre la falta de méritos de la jefa de personal, en caso de que dicha señora fuese un pelín rancia. Pero volviendo a nuestro supuesto práctico: ¿qué pasaría si la trabajadora –yo, en el caso inventado que nos ocupa– es despedida por expresar su opinión política en un medio de comunicación?

El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que también en las empresas hay que respetar la libertad de expresión. Pero la realidad, como advirtiera Norberto Bobbio, es que, bajo el sistema capitalista, la democracia se detiene a la puerta de los centros de trabajo.

Siguiendo con la ficción, y aunque en principio pudiera parecer delirante, cabe imaginar que la empresa decida que la opinión política de la trabajadora constituye una falta muy grave que atenta contra la imagen conservadora de la empresa, dado que las jefas de dicha empresa son de ultraderecha. Tan grave sería en ese caso la falta, que “justificaría” un despido disciplinario. Sin indemnización. Y la trabajadora –es decir, yo– se iría a la calle con lo puesto. Hasta aquí, la hipótesis. Y, a partir de la hipótesis, empieza el auténtico calvario.

Tras el despido, la trabajadora –o sea, servidora– tiene derecho a la prestación por desempleo –comúnmente conocida como “el paro”–, una prestación para asistir a quienes pierden involuntariamente su empleo y han cotizado el tiempo suficiente. En teoría, es una cobertura social para hacer frente a una contingencia, es decir, para poder vivir mientras no se cobra un salario.

Si la trabajadora –insisto, yo– ha cotizado por la base máxima, cobrará alrededor de mil euros mensuales: menos que el salario mínimo. Pero antes hay que conseguir una cita en la oficina de empleo. Tarea heroica en un servicio cuasicolapsado. Y, cuando la trabajadora despedida obtiene la cita y entrega todos los documentos –aunque el Estado ya tenga esos datos en sus propios sistemas– el expediente puede tardar meses y meses en resolverse.

Como en El proceso de Kafka, la resolución del expediente se retrasa sin explicación alguna. Y, una vez aprobada la prestación, todavía hay que esperar otro mes más hasta la fecha oficial de pago. 

La prestación por desempleo puede tardar en cobrarse tres, cuatro o cinco meses. O más. Y durante ese tiempo, el pago del alquiler no se suspende. Ni la hipoteca, ni la luz, ni el agua, ni la cesta de la compra. Con el despido se suspende el sueldo, pero no las facturas.

Esto no viene en la redacción de la ley, pero para poder quedarse sin trabajo y cobrar “el paro”, hay que tener ahorros. Al menos los suficientes para sobrevivir medio año sin cobrar un solo euro de la prestación. ¿No era “el paro” una medida de protección para paliar la contingencia del desempleo?

Al final, como casi siempre, hay que echar mano de la familia. En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad: es la familia.

Por eso a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social y sustituirlo por una red de cuidados no remunerados e invisibles. Sin la familia, en este precario Estado de bienestar, ¿cuántas personas sobrevivirían?

Si el caso práctico que estamos analizando fuera cierto, quizá yo podría sobrevivir. Tengo algunos ahorrillos (y también familia). ¿Pero cuántas personas en paro pueden disponer de ese respaldo?

El sistema no protege al trabajador y la trabajadora en el momento en que lo necesitan. Protege a quien puede permitirse vivir durante un tiempo de sus ahorros. Y eso no es una red de seguridad. Es una prueba de solvencia.

La prestación de desempleo, tal y como está diseñada y gestionada, no es para quien la necesita urgentemente, sino para quien puede aguantar un tiempo sin ingresar un euro.

En la práctica, el paro es para los ricos.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este lunes, un informe de Comisiones Obreras (CCOO) ponía cifras a este fenómeno: en 2025 cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros a la semana, equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. En total, a lo largo del año se realizan cada semana 2,5 millones de horas extra no pagadas.

Un 47% de los empleados que tuvo que hacer horas extra no recibió contraprestación ni económica, ni en tiempo de descanso, señala el estudio. Y aunque la cifra es muy alta, la tendencia ha mejorado. "Las horas extra se han ido reduciendo a medida que los trabajadores se ven menos obligados a hacer lo que sea para mantener el trabajo", explica Álvaro Gaertner, economista del gabinete de Estudios Económicos de CCOO. Sin embargo, el experto si advierte de la persistencia del dato actual: "Hay una base muy dura en torno a los dos millones y medio de horas", advierte. Revisando la serie del INE se observa que las horas no pagadas han descendido y las pagadas han aumentado en los últimos trimestres, aunque hay que considerar que esta evolución está muy sujeta a la estacionalidad.

En la misma línea insiste el documento, que además pide agilizar medidas para paliar esta dinámica. “Se trata de una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años”, recoge el sindicato. Además, desde este ámbito, una de las cosas que “denuncian” es el “retraso en la tramitación del decreto que modifica el registro horario en las empresas”. Esta regulación lleva meses coleando después de que los votos de PP, Junts y Vox hiciesen decaer la propuesta de reducción de la jornada laboral y Trabajo propusiese salvar el registro horario, que formaba parte de aquel paquete.

Fuentes de Trabajo señalan que, por ahora, la medida para hacer más restrictivo el control de las horas extraordinarias se encuentra en fase de evaluación por parte del Consejo de Estado, y no hay plazos concretos para su puesta en funcionamiento. Básicamente, consiste en desarrollar el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible para la Inspección de Trabajo, y el real decreto prevé un desarrollo de este punto obligando a que sea digital y de forma que se garantice inequívocamente que es el trabajador el que ficha. Además, se solicitará a las empresas que especifiquen las formas de compensar las horas extra a cada empleado.

Sobre su tramitación, además del Consejo de Estado, tendrá que pasar por la Agencia de Protección de Datos para dirimir cómo se puede monitorizar a las plantillas o tratar los datos de los trabajadores. Su aprobación no es, por tanto, inminente, aunque estaba prevista para principios de este año, ya que se ejecuta por vía de urgencia y a través de un real decreto. Esta tramitación, que a nivel político no contaría con el respaldo de Junts, PP y Vox, no tendría que pasar por el Parlamento, de ahí, que no se hubiese podido rescatar de la anterior propuesta los incrementos en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.

En el fondo del debate está la intención de reducir la jornada de trabajo efectiva y sacar a la luz esas horas, que son invisibles tanto a nivel de salario como de cotización y que de forma inexorable producen un alargamiento de la jornada de trabajo. De hecho, un estudio publicado por el portal de empleo InfoJobs destaca que en 2025 un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer las empresas en las que trabajan de una herramienta para este fin, algo que es obligatorio desde 2019.

En el repaso por las horas trabajadas, hay sectores como la hostelería que mejoran y otros, como la educación, que empeoran. "Percibimos una cierta mejora en hostelería desde 2019 hasta ahora, ya sea por la reforma laboral o porque con menos empleo temporal los trabajadores tienen menos miedo a reclamar", apunta Álvaro Gaertner. En hostelería, el número total de horas trabajadas semanalmente en 2025 y no retribuidas fue de 143.172; en cambio, el sector educativo encabeza las estadísticas de horas extraordinarias con un total de 440.706 horas semanales trabajadas y no pagadas. Algo que, según el sindicato, puede deberse al tiempo destinado a la preparación de clases o de material para las horas lectivas.

El segundo sector con mas horas acumuladas es el del transporte y almacenamiento, con una media semanal de 270.013, seguido de la industria manufacturera (255.289) y del comercio mayorista y minorista (217.264). Si se observa por número de trabajadores afectados, de las 441.000 personas asalariadas que semanalmente hicieron horas extras no pagadas, 72.000 trabajaban en la educación, 49.000 en industria manufacturera, 46.000 en comercio, 41.000 en actividades profesionales, científicas y técnicas; y 33.000 en Administración pública y defensa.

Hasta el momento, la reforma del registro horario, que debería ayudar a corregir estos datos, apunta más al medio plazo y desde el ámbito sindical presionan para que se implemente cuanto antes. Por otro lado, en el ámbito de la patronal se han posicionado en contra e incluso han planteado recurrir en los tribunales.

CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".