Por sus suites han pasado Ava Gardner, Frank Sinatra o Joe Biden. A los pies del Paseo de la Castellana, lo más parecido a una orilla en Madrid. Pero con mucho asfalto y cláxones. En el salón Zarzuela del Hotel Intercontinental, cosas de la vida, está sentada Pilar Urbano. La veterana periodista lleva bajo el brazo su último libro, El alzamiento: crónica de la manipulación de un pueblo.

Urbano (Valencia, 1940) siempre siembra la polémica con sus obras. Y ondea la bandera de que hay que contar la verdad “caiga quien caiga”. Ya no tiene trato con la reina Sofía y cuenta que queda mucho por saber del emérito. Defiende el rito del papel y confiesa que sabe dónde está cada uno de sus tres mil libros en su biblioteca. Para inspirarse, siempre prefiere la noche. Y atrapa la inspiración con un boli y un folio cerquita.

1- ¿Qué tal está el periodismo en 2023?

Creía que muy mal. Pero con vosotros, en las entrevistas, he visto que está vivo. Pero habría que amordazar a los dueños de los periódicos.

2- ¿Y cómo está hoy Cataluña?

Hay un resto, que no llega al 30%, que quiere ser forastero y cabe en una masía. Se creen superiores, son de patria chica. El resto está muy disgustado con ellos y con nosotros cuando globalizamos.

3- Sus libros están llenos de detalles, ¿cómo consigue buenas fuentes?

Escuchando mucho. No hay que forzar: que quieran hablar y confíen en ti y en que vas a decir la verdad, caiga quien caiga. Lo mismo con Oriol Junqueras que con el fiscal Javier Zaragoza. Y pido que me cuenten cómo era todo, por dónde entraba la luz… Así rememoran las escenas. 

4- ¿Quién es el gran líder de verdad del independentismo?

Junqueras.

1- ¿Cuál ha sido la mejor entrevista que ha hecho en su vida?

Te vas a morir. A Jesús Gil. Incluso se quitó la chaqueta y la camisa, se dejó las medallas en la pechera de vello. Mediodesnudo de cintura para arriba. Y me decía: “Toda esta pila es de documentos contra el gobernador del Banco de España”. Le decía: “No digas dónde están, porque vienen y te roban”. Me cantó entera Soy minero. Fue una entrevista fantástica. No ocultaba nada.

2- ¿Y el entrevistado al que fue más difícil sacar un titular?

Rodrigo Rato, el tío más aburrido del mundo. Me dormí casi.

3- ¿Sigue teniendo trato con la reina Sofía? ¿Cómo la ve?

Ahora no tengo trato con ella, o ella no tiene conmigo. Ahora no sé con quién tiene trato. Sigo pensando de ella como siempre: es una mujer tan buena que prefiere ser buena a ser reina. Aprendió enseguida, con lo que ella creía que era el primer adulterio de su marido allá en los montes de Toledo. Hace la maleta y coge a los niños. Se va a Grecia a ver a su madre, que le dice: “¿Qué haces aquí? A una princesa su marido nunca le engaña. Y si le engaña, no se entera. Coge la maleta y los niños y vuelve a la Zarzuela”. 

4- Sabiendo lo que sabemos ahora del rey Juan Carlos, ¿se calló mucho sobre él entonces en España?

Hay muchas más cosas, se podría decir mucho más. Yo dejé un libro escrito y le dije a él: “Le hago un no regalo, un no libro”.

5- ¿En qué se diferencia el periodismo político actual del que se hacía en la Transición?

Entonces no sólo había una gran ilusión, sino la necesidad de acabar con la dictadura. Queríamos encontrar unas libertades. Todos nos creíamos en cierto modo que con aquella columna estábamos trayendo la libertad. No queríamos ser amigos de los políticos, aunque había una amistad porque era la manera de sonsacarles confidencias. Pero a distancia: si me tengo que meter al día siguiente contigo… Pero había mucha pureza y limpieza. No veíamos, por ejemplo, trigo limpio a Ramón Tamames, que era un señorito comunista que a la cárcel le llevaban la comida de Jai Alai. No me ha extrañado nada que ahora esté con Vox. 

6- A pesar de Internet, ¿por qué siguen teniendo tanta magia los quioscos?

Es el rito del papel, pasar las páginas. Soy de papel, aunque me manejo con la tablet. Tengo dos o tres mil libros en mi estudio. Sé dónde está cada uno, cuál me impresionó y dónde descubrí una palabra. 

7- ¿De qué irá su próximo libro?

Ahhhh. Eso sí que vale dinero, no lo sabe ni mi editor todavía. Ni sé si me lo aceptará. 

8- Un consejo para un joven periodista que empiece ahora.

Que no tenga miedo, a nadie. Y menos, al director.

9- ¿Cómo le llega la inspiración? ¿Es más de día o de noche?

De noche, medianoche, al amanecer, a la aurora. Cuando no molesta nadie. Si tengo una idea y estoy durmiendo, me levanto y la apunto. Siempre tengo que tener un boli y un papel cerquita.

10- ¿Puede haber otros procés?

Esto ha podido ser un ensayo general dentro de la minoría. Puede haber, pero es muy difícil que contagie a toda Cataluña. Los catalanes son sensatos y cuentan hasta los pasos de la sardana. Es una minoría recalcitrante, tozuda e imbuida de supremacismo. Se sienten acomplejados de que no les queremos. Quizás ha faltado mimarlos, no con dinero. Yo quiero a todos los catalanes.

11- ¿Quiénes han sido los grandes maestros del periodismo?

Los que me han exigido. Pero mucho, y me han dicho: “Este reportaje está muy bien, pero quiero cinco más”.

12- Si pudiera elegir, ¿a quién entrevistaría mañana?

Me gustaría entrevistar, a calzón quitado, a un tal Felipe de Borbón. No digo a su majestad el rey, sino a Felipe.

"Yo siempre pensé, e incluso se lo dije a [el fiscal Pedro] Horrach, que la infanta, para mí, no solo estaba en el ajo de la trama y sus enjuagues, sino que era la eminencia gris". Son palabras de José Castro, juez instructor del caso Nóos, a la periodista Pilar Urbano. Y palabras, desde luego, no escatima. En La pieza 25. Operación salvar a la infanta, la autora de libros como La gran desmemoria entrevista largamente al magistrado, por el que no oculta su admiración. El objetivo: trazar una crónica de las maniobras de Estado que salvaron a Cristina de Borbón y Grecia de pisar la cárcel. El resultado es un volumen de casi 600 páginas al que Urbano ha querido dar un aire de thriller legal. No le faltan elementos. 

Desde la primera aparición documental del Instituto Nóos en el caso Palma Arena, en una carpetilla perdida, a las oscuras reuniones en Zarzuela, todo parece casi ficción. ¿De verdad tienen razón los amantes de las conspiraciones? Tanto la periodista como el juez sostienen que sí. "Se decide que la infanta no puede sentarse como imputada, no puede pasar al juicio oral como acusada y no puede ser condenada. Entonces el fiscal se transmuta en la defensa", sostiene la autora. Y, si las órdenes venían de arriba, como sostienen ambos, Urbano ve al rey, al presidente del Gobierno y al Ministerio de Justicia en lo alto de la escalera. Con humor, y casi sin voz, la periodista bromea: "Y si me meten en la cárcel, pues así tengo tiempo para escribir. Estaremos todos excepto algún emérito". 

Pregunta. ¿Pone en solfa este caso la misma idea de independencia de la justicia?

Respuesta. La justicia no puede hacer sentencias salomónicas, y aquí las ha dado. La justicia no puede permitir que un fiscal, que es el acusador, se convierta en el defensor de la infanta. La justicia no puede permitir que se construya y se lleve a cabo una operación para salvar a la infanta en la que entra la Fiscalía como guionista de los abogados defensores. Horrach ha abandonado la carrera voluntariamente, pero tendrían que haberle obligado porque ha estado poniendo palos en las ruedas e impidiendo que un juez practique diligencias, como era interrogar a la infanta. Esto es de locos. Y esa operación afecta a la Zarzuela, que llega a decirle al juez que acabe con ese martirio. Es una injerencia intolerable.

P. Describe al fiscal Pedro Horrach como “un mastín”... hasta que se convierte en un “funcionario obediente”. ¿Qué o quién hace que se produzca este cambio?

R. Según él, por convicción [de la inocencia de la infanta]. Pero no hay elementos para esa convicción. Lo más lógico, lo más demostrable, es que él, estatutariamente, puede recibir una indicación de arriba, de la Fiscalía, de sus jefes. Y tiene la obligación de obedecer. Pero claro, se lo tomó tan a pecho que llega a ser el alfil de la infanta. Llega a hacer lo que no se ha hecho nunca en la historia de la justicia: que un fiscal se oponga a que un juez quiera practicar una diligencia. Es más, el fiscal tiene una conversación con Castro, que aquí se narra —y que el fiscal grabó pero no puede exhibir, porque es casi una invitación a prevaricar—, en la que Horrach dice: “Mira, nosotros no recurrimos a cambio de que tú sobreseas a la infanta”. ¿Cómo “a cambio de que”? El fiscal también le dice: “Te propongo que la infanta comparezca voluntariamente”. Y el juez: “No, no. Comparece porque yo la llamo, y como imputada”. Hubo una estratagema del fiscal que no fue nada clara. 

La periodista Pilar Urbano y el juez José Castro durante una entrevista.

P. Cuenta cómo Horrach desarrolla una estrategia para salvar a la infanta, que publica Interviú. ¿De dónde sale ese plan?publica Interviú

R. Él dice que esas son sus reflexiones, y las entrega al fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas. Pero todo apunta a que, por lo que se ha instruido, él no puede deducir que la infanta esté al margen. ¿Él está pensando que es tonta, que la han tenido amordazada, que ha firmado a ciegas? Justamente, en el interrogatorio demuestra un dominio de la situación y un saber zafarse de 1.060 preguntas enconadas, de callejón estrecho. Demuestra ser muy inteligente. Y en toda la estructura de Aizoon figura donde no tenía que figurar, y toma decisiones. No era un muñeco, no era un florero. Están los e-mails, las facturas, los gastos, el dinero recibido. Tú no puedes llegar [al juicio] y decir: “Uy, eso lo estoy viendo ahora por primera vez”. Sin ella, su marido no habría podido llamar a ciertas puertas y obtener doblones, tener acceso a tantos consejos de administración. ¿Usted no se enteraba de que su marido traía los sacos llenos de dinero, y que vivían a un ritmo que asombraba al mismo príncipe Felipe?

P. ¿En qué momento se produce el cambio de actitud de la Fiscalía?

R. En el momento en que el juez, en una comida en el bar Plaza junto a María Ángeles Berrocal, que era la abogada del Gobierno de Baleares, les anuncia que tiene el borrador del auto de imputación de la infanta. Entonces el fiscal dice que no va a acusar, aunque es su principal papel, y que tiene que ir a consultarlo a Madrid. Cuando vuelve, ya dice: “Me tengo que oponer”.

P. Habla de una conversación en la que participan el rey emérito, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, el fiscal del Estado y el jefe de la Casa del Rey. ¿Es esa la última pieza del plan?

R. En realidad, es una de las primeras. Entonces se dice, no ya que no se puede llegar a la infanta, sino que no se puede llegar a Urdangarin. Lo que pasa es que Urdangarin sale rebelde: “No he hecho nada, no devuelvo el dinero, no acepto el abogado que me ha buscado el rey…”. Es entonces cuando el rey emérito advierte: “Si actuáis por vuestra cuenta, os quedáis solos”.

P. ¿Cuál considera que es la última pieza del plan?

R. Que recurren y consiguen que, de 20 delitos que se le imputan a la infanta como cooperadora necesaria e indispensable, queden 2 delitos fiscales. Ahí ya se ha conseguido influir. La justicia, desde luego, no queda bien parada. Aunque el juez sí, y algunos abogados defensores.

Los grandes poderes se han defendido atacando con toda su fuerza y todos sus medios, utilizando incluso al CNI, policías y parapolicías, con escuchas telefónicas… Y tendiéndole una trampa al juez. Hay un momento en que [el abogado de la infanta, Miquel] Roca propone a Castro encontrarse con él, pero en un lugar discreto, al abrigo de las miradas de la prensa. El juez Castro dice que recibe al señor Roca cuando quiera, pero en su despacho. Y deja pasar el tema. Pero, cuando sabe, año y medio después, que justamente a Roca Manos Limpias le estaba pidiendo dinero, pensó que se trataba de una estrategia para ponerle en una posición comprometida y pedir la recusación. Eso lo elevó al juez [dela Audiencia Nacional Santiago] Pedraz, que no hizo ni caso.

P. Usted alaba la postura de Felipe VI durante el caso. ¿Por qué?

R. Es el que ha dicho: “A la infanta, que se la trate como cualquier justiciable”. El fiscal general le dice: “No podemos, porque nos hemos comprometido con el rey”, refiriéndose al emérito. Y Felipe VI contesta: “El rey soy yo”. Le quitó el ducado y la apartó de la foto, de la agenda real… y del museo de cera. Le quitó lo que podía quitarle, porque lo que no puede es imponerse a la justicia. Le aconseja que renuncie a sus derechos sucesorios y le da a entender claramente que no debe estar en España, y tampoco tan cerca, en Portugal. Le impone una lejanía... Ha sido exquisito. Y no puedo decir lo mismo de su padre.

P. ¿La acción de Felipe VI limpia la actuación previa de la Casa del Rey?

R. La Corona tiene una abolladura, porque el caso Nóos ocurrió por ser la hija del rey, por ser el yerno del rey, y con la ayuda del rey. ¿Por qué, de pronto, Iñaki Urdangarin cuelga la camiseta y le vienen 100 o 125 empresas a que las asesore? ¿Qué entiende él de Volvo, de Toyota, del BBVA, de Cepsa, de Repsol, de inmobiliarias…? Es muy fuerte. “Por ser vos quien sois”. Tardíamente, el rey le llama la atención y le envía a un emisario, al conde de Fontao. Pero le advierten de que no vaya en nombre del rey; él decía: “Vengo en nombre de la Casa”. ¿Qué es “la Casa? ¿Unas paredes que hablan? ¿Unos ladrillos? 

P. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este libro para el juez Castro?

R. Él ya ha cumplido sus años para el retiro, y está cerrando las piezas del Palma Arena. Ya se va a dedicar a la abogacía y a la docencia. Él siempre dice que lo ha hecho honestamente, sin más coyundas que la ley y su conciencia. Y que a él, en realidad, le hubiera gustado ser camionero.

Los reyes Felipe VI y Letizia han recibido este martes por vez primera a representantes de asociaciones de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales, que han agradecido el gesto. A la audiencia en el palacio de El Pardo de Madrid han acudido 350 representantes de entidades sociales, entre los que han estado la presidenta de la FELGTB, Boti García Rodrigo, y el número uno de la Fundación Triángulo, José María Núñez-Blanco.

Al concluir la reunión, García y Núñez-Blanco han admitido haber percibido una mayor empatía de la reina Letizia, y han manifestado que durante el encuentro han subrayado ante los reyes la importancia de que en España no se produzca "ningún retroceso" en los derechos "conquistados con mucha lucha" por este colectivo. Además, les han reclamado que defiendan los derechos humanos de aquellas personas que son perseguidas y castigadas por su orientación sexual.

Hace unos años, las manifestaciones que la reina Sofía realizó en el libro de Pilar Urbano mostrándose en contra de que se llamara matrimonio a las uniones entre parejas del mismo sexo llevó a la Fundación Triángulo a emitir un comunicado de protesta.

Orgullo Gay

El encuentro ha tenido lugar el mismo día en el que otro colectivo de gais y lesbianas, Cogam, ha expresado su malestar por la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de vetar un año más el discurrir de la marcha del Orgullo Gay por la Gran Vía madrileña, aduciendo razones de seguridad.

Cogam ha recordado que la Gran Vía formó parte del recorrido de la marcha hasta 2012 y ha recordado que celebraciones deportivas y jefes de Estado sí han pasado por ese mismo punto sin que se produzcan complicaciones relacionadas con la seguridad. El colectivo ha insistido así en la idoneidad de Gran Vía, ya que aportaría a la manifestación una importante "visibilidad".

Finalmente, lor organizadores –Cogam y la FELGTB– han anunciado este martes que la manifestación estatal tendrá lugar el sábado 5 de julio partiendo a las 18.30 horas de Atocha para llegar, pasada la medianoche, a la plaza de Colón tras atravesar el paseo del Prado y Recoletos. Llevará por lema "Nos manifestamos por quienes no pueden". Las fiestas se celebrarán entre el 2 y el 6 de julio, con escenarios entre Chueca y Gran Vía.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, presenta este lunes, 19 de mayo, los dos últimos libros de Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966), profesor de Ciencia Política, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III y colaborador de este periódico. Se trata de La impotencia democrática (Catarata, 2014) y Atado y mal atado (Alianza, 2014). 

La cita será hoy a las 19.30 en la librería Muga, situada en la avenida de Pablo Neruda de Madrid. El coloquio girará en torno a dos de los momentos críticos de la democracia española que Sánchez-Cuenca refleja en ambas obras. En la primera, La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España, el autor propone "elevar la vista más allá de nuestras fronteras", ser conscientes de que los problemas del sistema español no radican (sólo) en la configuración del Estado, en la mecánica electoral o el reparto de poder. Hay que mirar a Europa. Y eso es lo que él quiere, abrir el debate público, que se salga del "provincianismo" que tiñe a muchas discusiones públicas y se dé el salto. Los Estados delegaron en el pasado el poder que tenían a instituciones tecnocráticas como el Banco Central Europeo (BCE) que hacen y deshacen a su gusto, sin que tengan el más mínimo control democrático. El resultado es la incapacidad de los gobiernos para hacer otra política económica. 

La visión de Sánchez-Cuenca es forzosamente más "pesimista", porque España no depende de sí misma para levantarse, sino que está atada de pies y manos por lo que se dicta desde Bruselas y desde instituciones de la UE. Y voltear esa estructura es harto complicado. Salvo si los países del sur, los más acogotados por la gestión de la crisis, se sublevan. "Creo que la única forma de conseguir reformar las cosas en la UE pasa por que los países del sur de Europa no tengan esa actitud tan sumisa. Lo que tienen que hacer es rebelarse, exigir que se cambien las cosas. Mientras las asuman de forma acrítica, el sistema se mantendrá igual", aseguraba el autor en una entrevista en infoLibre el pasado marzo.

El porqué de un haraquiri político

Atado y mal atado viaja a la Transición. Sánchez-Cuenca intenta responder a una pregunta clave: ¿por qué los procuradores de las Cortes franquistas decidieron "suicidarse" políticamente, hacerse el haraquiri? ¿Por qué decidieron apoyar la Ley para la Reforma Política en 1977, el auténtico germen de la Constitución española y el motor del cambio? Para el profesor, son cuestiones claves que no han sido del todo explicadas por la literatura académica, más volcada en describir la época del consenso. A su juicio, tres factores facilitaron que Adolfo Suárez consiguiera sacar adelante su norma: su sencillez, mucho mayor que la reforma planteada por Carlos Arias Navarro; sus mayores apoyos extraparlamentarios (en particular, del rey y del Ejército), y el surgimiento de Alianza Popular (lo que hizo que los coordinadores franquistas se coordinaran y obedecieran a una voz). 

De todo ello charlarán Sánchez-Cuenca y Maraña en su debate de este lunes por la tarde. Un coloquio sobre el ayer y el hoy de España.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado una querella que el partido Soberanía presentó contra el rey Juan Carlos y el expresidente del Gobierno Felipe González en la que se les acusaba de haber participado en la denominada trama civil del 23-F a partir del libro de la escritora Pilar Urbano La gran desmemoria.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza que los hechos recogidos en el libro sean constitutivos de un delito de rebelión, como defendía el abogado querellante, José Luis Mazón, y sostiene que "no se aprecian indicios suficientes que permitan la investigación penal de los delitos denunciados", por lo que concurre su "inexistencia".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 también recuerda que la Constitución establece que la figura del rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad", al tiempo que "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".

En relación con el exjefe del Ejecutivo, el auto señala que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añade "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".

La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".

La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

Escribir sobre el 23-F es meterse en un avispero. Como ha ocurrido con el asesinato de Kennedy, o con los grandes atentados fascistas de Italia en el periodo 1969-1984, se trata de sucesos cuya parte visible es tan solo la punta del iceberg. La tentación de especular sobre la gran masa que permanece sumergida resulta irresistible. Como además este tipo de sucesos contiene flecos sueltos, indicios equívocos, casualidades, incoherencias, etc., la imaginación pueda echar a volar, formando teorías muy complejas de naturaleza conspirativa. De ahí que Jordi Évole pudiera jugar con los telespectadores en su ya célebre programa Operación Palace.

En el caso del 23-F, la información continúa siendo muy fragmentaria y la más importante y valiosa es de procedencia oral. Los protagonistas han ido dosificando (y variando) las declaraciones durante los últimos treinta años, declaraciones cuya credibilidad resulta muy difícil de valorar. Además, hay pocos documentos a los que aferrarse, pues el juicio militar a los acusados no contribuyó precisamente a desvelar la verdad. Y, para acabar de liar la situación, nadie parece conocer el contenido de las famosas cintas magnetofónicas en las que se grabaron las llamadas que entraron y salieron del Congreso el día del golpe (lo que Salvador Sanchez-Terán llamó “la caja negra del golpe”).

Puesto que fueron muchas las personas implicadas o afectadas por la intentona, las fuentes son muy numerosas y las posibilidades de manipulación interesada enormes. De ahí que haya que proceder con sumo cuidado a la hora de valorar lo que dicen unos y otros. Eso requiere ser claro con la procedencia de las fuentes, no deformar el mensaje original, cotejar unas fuentes con otras, incorporar cuanta más información mejor y ser muy prudente a la hora de extraer conclusiones.

Justo lo que no se hace en la abundante literatura periodística sobre el golpe. Lo cual no es de extrañar, pues el periodismo político español arrastra desde hace mucho tiempo vicios que parecen incorregibles. La gran mayoría de los periodistas patrios no sabe hacer una investigación mínimamente ordenada y rigurosa, fiel a los hechos, separando datos de opinión, y que, para cada dato, remita al lector al origen del mismo.

En lugar de profundizar en los hechos y encajarlos en explicaciones políticamente verosímiles, casi todos los autores que han escrito sobre el 23-F han preferido utilizar recursos retóricos propios de la novela, centrándose en el retrato psicológico de los personajes, en sus impresiones, sus deliberaciones más íntimas, sus aspiraciones y sus reacciones ante los acontecimientos. Para ello, han inventado o recreado diálogos, comprometiendo de este modo la credibilidad de sus fuentes.

El libro mejor documentado hasta la fecha

El reciente libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria (Planeta, 2014), ejemplifica mucho de lo que se hace mal en el periodismo español. Y es una pena, porque se trata del libro mejor documentado de todos los que hasta ahora se han publicado sobre el golpe, su gestación y el final de la etapa de Adolfo Suárez. En unas manos más rigurosas, este podría haber sido un libro casi definitivo. Pero Urbano ha desperdiciado el material del que dispone y lo ha malgastado en un trabajo deficientemente elaborado, que venderá sin duda miles de ejemplares, pero que no podrá ser tomado seriamente por muchos.

No voy a entrar en las licencias literarias (“Suárez ha hecho una pausa, un silencio, para que el rey diga algo, pero el rey calla, enfurruñado. Con la punta del mocasín, le da un chute enérgico a un pedrusco y lo lanza lejos”, p. 550): basta pasarlas por alto. El verdadero problema está en la recreación o invención de diálogos. En general, se trata de un truco cuestionable, pero en el contexto del 23-F, donde todo se juega en las declaraciones de los actores, remplazar dichas declaraciones con diálogos supuestos arruina la credibilidad del relato. Es inexplicable que Urbano desperdicie las declaraciones y confidencias que ha conseguido reunir a lo largo de todos estos años mediante diálogos inventados.

Pondré un solo ejemplo: en las pp. 408-09, Urbano cuenta la visita de Suárez a Ceuta en diciembre de 1980. Durante la misma, el presidente del Gobierno se reunió con 500 militares, a quienes les dio libertad para que le preguntaran lo que quisieran. Uno de ellos le sacó el asunto espinoso de la escalada asesina de ETA y, según Urbano, Suárez respondió esto:

“Primero quiero recordarle que ETA, como usted sabe, es muy anterior a la Transición… Hay que remontarse al 28 de junio de 1960. La niña Begoña Urroz Ibarrola, de año y medio, muere destrozada por una bomba de ETA en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián…”.

Imposible que hablara de Begoña Urroz en 1980

Sin embargo, Suárez no pudo haber dicho aquello en diciembre de 1980. La primera noticia en la que se liga la muerte de Begoña Urroz a ETA es de 1992: en aquel año, el vicario general de la diócesis de Gipuzkoa, José Antonio Pagola, publicó un libro en el que atribuía a ETA la responsabilidad por la bomba que acabó con la vida de la niña (véase aquí). Luego, Ernest Lluch, en un artículo publicado en 2000, dio publicidad al hecho y se hizo de conocimiento común (si bien hay dudas más que razonables de que ETA estuviera realmente detrás de la bomba).

El caso es que resulta imposible que Suárez hablara de Begoña Urroz en 1980. Las palabras que Urbano atribuye a Suárez son, pues, una reconstrucción anacrónica e ilegítima. Ahora bien, si aquí Urbano se ha inventado la declaración de Suárez, ¿cómo podemos estar seguros de que en los pasajes cruciales sobre el golpe no ha hecho lo mismo? ¿Cómo podemos fiarnos de que los testimonios originales de muchas de sus fuentes no han sido deformados por la autora para arrimar el ascua a su sardina? Cualquiera que no simpatice con las tesis que defiende Urbano podrá agarrarse a la falta de rigor del libro para desautorizarlas sin contemplaciones.

De hecho, el tono novelístico ha permitido que muchos de quienes se sienten ofendidos o escandalizados por algunas de las revelaciones clave se desentiendan del libro. Las reacciones han sido brutales, pues tanto políticos como periodistas han impugnado las tesis de Urbano sin haberlas leído, utilizando palabras gruesas y ataques personales a la autora (véase el artículo de Jesús Maraña sobre dichas reacciones aquí). Si el libro hubiese sido menos “literario” y más sistemático, no habría resultado tan fácil condenarlo sin matices.

Las cosas, no obstante, son algo más complicadas de lo que quieren hacer creer quienes han expresado críticas más duras. El libro, sí, contiene excesos, arbitrariedades y errores, pero eso no quiere decir que todo lo que se afirma en él sea falso. A lo largo de las más de 800 páginas no todo son diálogos. Hay también abundantes datos y palabras literales. Y la autora ha hecho un esfuerzo estimable en 70 páginas finales de notas para indicar las fuentes.

Confirma las hasta ahora meras especulaciones

Cuenta con declaraciones y escritos de personas muy próximas al monarca, como Jaime Carvajal y Urquijo, Ignacio Paddy Gómez-Acebo y, sobre todo, Sabino Fernández Campo, así como del propio Suárez y de gente de su entorno más cercano (Aurelio Delgado, Jaime Lamo de Espinosa y otros más). En fin, un material que confirma lo que hasta ahora eran meras especulaciones y que nos obliga a reconsiderar algunas de las tesis más comúnmente aceptadas sobre el periodo.

No es disparatado sospechar que Pilar Urbano había asumido el compromiso de no hacer públicas todas estas nuevas revelaciones (que, como veremos a continuación, dejan al rey en una posición muy incómoda) mientras Fernández Campo y Suárez estuvieran vivos. Desde este punto de vista, el libro parece una venganza largamente larvada: frente a la historia, digamos, “oficial”, en la que el rey aparece como el salvador de la democracia, historia que se ha impuesto durante décadas sin mayor debate, algunos de los protagonistas, de forma discreta y fragmentaria, han ido contando durante los últimos quince años un relato alternativo que sirve de base a la reconstrucción histórica de Urbano.

El relato “oficial”, tan favorable al rey, fue asentándose gracias al voto de silencio de dos de sus hombres más próximos, Adolfo Suárez y el general Alfonso Armada, los cuales estaban enfrentados a muerte entre sí y actuaron siempre en direcciones opuestas: el militar batalló todo lo que pudo para quitar del poder a Suárez y este, mientras fue presidente, intentó mantener a Armada lejos de Madrid y del rey. Inicialmente, ambos callaron lo que sabían y optaron por apoyar al rey.

Pero Armada fue rompiendo su silencio y realizó algunas confidencias importantes (por ejemplo, al periodista de extrema derecha Jesús Palacios, véase su libro 23-F, el rey y su secreto, Libros Libres 2012). Y Suárez y algunas personas muy próximas a él decidieron contar cosas a Urbano. Si a esto se suman los testimonios de gente cercana al rey y unas declaraciones explosivas de Sabino Fernández Campo unos años antes de morir, tenemos elementos suficientes para intentar ofrecer una interpretación algo distinta de la dominante.

El "golpe de timón"

En esencia, creo que lo que a continuación presento de forma muy sintética es el nervio argumental del libro que cuenta con una mínima sustentación empírica.

Todo gira en torno a la llamada operación De Gaulle, una maniobra política diseñada por el CESID para dar un “golpe de timón”, un cambio de orientación política dentro de los límites marcados por la Constitución de 1978. Consistía, en lo esencial, en generar lo que en la jerga de los servicios de inteligencia se llamaba un “supuesto anticonstitucional máximo” (SAM) que sirviera como coartada para crear un Gobierno de concentración presidido por un independiente, preferiblemente un militar.

El cerebro de la operación fue el comandante José Luis Cortina, agente del CESID, persona muy próxima al rey (en febrero de 1981 visitó la Zarzuela en al menos once ocasiones). El cambio de gobierno tenía un doble objetivo: por un lado, satisfacer a la clase dirigente española, que responsabilizaba a Suárez de todo lo que iba mal en el país (los atentados de ETA, los problemas vasco y catalán, el recrudecimiento de la crisis económica a partir de 1979); y, por otro, evitar un golpe “duro” que instaurara un gobierno militar.

Según informó el CESID en otoño de 1980, el golpe duro se preparaba para el mes de mayo de 1981. Si unos meses antes se procedía al relevo del Gobierno, poniendo a un militar al frente, pero sin romper con las reglas constitucionales, los militares más duros se quedarían sin razones para llevar a cabo sus planes involucionistas.

La operación De Gaulle contaba con amplios apoyos entre la élite política y económica del país. En la derecha (Alfonso Osorio, Manuel Fraga, Miguel Herrero…), eran muchos los partidarios de desplazar a Suárez, a quien consideraban un advenedizo y un incapaz. Más sorprendente resulta que el PSOE también participara en esta estrategia. Enrique Múgica tuvo al menos dos encuentros con Armada, el partido encargó un informe al constitucionalista Carlos Ollero sobre el encaje legal de la operación, y tanto Múgica como Felipe González y Alfonso Guerra hablaron del asunto con políticos de otros partidos (Leopoldo Calvo-Sotelo, Jordi Pujol, Marcos Vizcaya) y, en el caso de González, con el mismo Juan Carlos (p. 504).

El rey, que recibía constantemente informes negativos sobre Suárez y su Gobierno por parte de políticos y empresarios, dio el visto bueno al “cambio de timón” siempre y cuando no se forzara la Constitución. (Desgraciadamente, la sección en la que Cortina, en la primavera de 1980, informa al rey por primera vez de la operación Armada, en las pp. 488-492, no viene respaldada por nota alguna que indique la fuente de información).

Bastaba mayoría absoluta, no hacían falta dos tercios

La mecánica jurídica consistía en que se presentara una moción de censura y se ofreciera el general Armada como candidato de salvación para presidir un Gobierno de concentración nacional. La Constitución española no requiere que el presidente sea miembro del legislativo. Tan solo hace falta que el candidato que proponga el Congreso obtenga una mayoría absoluta. Resulta de lo más extraño que Urbano se equivoque en este punto: en el libro repite en al menos tres ocasiones que la elección de Armada sólo era posible con una mayoría de dos tercios (p. 491, p. 498 y p. 585) y pone esta idea (que es errónea) en boca tanto de Cortina (p. 491) como de Ollero (p. 498).

El rey, que hacia el verano de 1980 había perdido casi toda su confianza en Suárez, no vio mal la solución que se le proponía, entre otras cosas porque no requería una intervención directa o extraordinaria por parte de la Corona que pudiera poner en peligro la institución. Una de las partes más novedosas del libro consiste en la descripción minuciosa de cinco enfrentamientos muy duros entre Juan Carlos y Suárez, el último al día siguiente del 23-F. Aunque la parte más colorista de dicha descripción pueda ser ficción, el motivo de los enfrentamientos parece verosímil.

Una muestra extrema del deterioro de la relación entre el rey y el presidente del Gobierno tiene lugar el 23 de enero de 1981: el rey llama a Suárez para que acuda a la Zarzuela y allí le deja en una sala, encerrado con cuatro tenientes generales, Milans del Bosch entre ellos, que le exigen la dimisión (al parecer, uno de los generales, Pedro Merry Gordon, llegó a poner una pistola encima de la mesa como “razón” última para que Suárez dimitiera).

Suárez, llegado a ese punto, recapacita sobre la pérdida de apoyos sociales y políticos, también dentro de su propio partido, la UCD, y sobre el desprestigio y erosión que su figura ha sufrido en los dos últimos años. Informado de la operación De Gaulle y, por tanto, consciente de la posibilidad de que se plantee una nueva moción de censura, decide dimitir. Su dimisión, entre otras cosas, impedirá que se ponga en marcha la moción de censura destinada a nombrar a Armada presidente (p. 596).

Tras la dimisión, el rey se olvida de la operación De Gaulle, que ha quedado vacía de sentido. Suárez ya no sigue en el poder. Sin embargo, el CESID, Armada y un buen número de militares continúan con los planes y aprovechan la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo para “secuestrar” el Congreso mediante las armas, creando el SAM (“supuesto anticonstitucional máximo”) que justifique el ofrecimiento de Armada como presidente. El asalto del 23-F pilla de sorpresa al rey. La parte más polémica del libro es la última, en la que, con ayuda sobre todo del testimonio de Fernández Campo, analiza el comportamiento del rey durante las horas posteriores a la entrada de Tejero (el “spiderman tricorniado”, p. 639) en el Congreso.

Autorización a Armada para ir al Congreso

En esencia, lo que cuenta Urbano es que el rey sondeó a las capitanías generales para determinar el alcance del golpe. Según Fernández Campo, la situación al principio era muy confusa, pues había un número considerable de capitanes generales que estaban dispuestos a sumarse al golpe si contaban con el beneplácito del rey. En palabras de Fernández Campo, “el panorama militar podía cambiar en un instante y producirse un vuelco” (p. 661). Por eso mismo, añade, “el teléfono fue el instrumento decisivo para detener el golpe” (p. 659).

En medio de la zozobra, el rey decidió autorizar a Armada para que acudiese al Congreso y ofreciera a Tejero la retirada de sus hombres a cambio de que se permitiese la formación de un Gobierno de concentración con Armada en la presidencia, Felipe González en la vicepresidencia, más dos ministros socialistas (Solana y Múgica), dos comunistas (Tamames y Solé Tura), uno de AP (Fraga), varios de la UCD (Herrero de Miñón, Pío Cabanillas, José Luis Alvárez…), un periodista (Luis María Anson), además de algunas personalidades de la empresa y la banca.

Armada, a pesar de que acudió con el consentimiento del rey, se había comprometido ante Sabino Fernández Campo a no hablar en su nombre y, por tanto, a no poner en juego la Corona pasase lo que pasase. La condición era que la intentona no pudiera arrastrar al rey si salía mal.

Como bien se sabe, Tejero, que no había sido informado previamente sobre la posible composición del Gobierno encabezado por Armada, rechazó los planes de este, por considerarlos una mera componenda entre los partidos, y se negó a franquearle el paso al hemiciclo. Fue a raíz de ese desencuentro cuando el rey tomó la decisión definitiva de cortar radicalmente con el golpe, dando orden de que se emitiera por la televisión el mensaje que había grabado cuando todavía no estaba claro si Armada conseguiría ser investido presidente.

El mensaje daba cobertura a la 'operación Armada'

El mensaje, como señala Fernández Campo (p. 676), sólo descartaba las vías extra-constitucionales y por lo tanto podía dar cobertura a la operación pretendidamente constitucional de Armada. Acto seguido, el rey mandó un télex taxativo ordenando a Milans del Bosch que retirase las tropas de la calle y pidiera a Tejero que depusiese su actitud (p. 662).

La interpretación más osada de Urbano, con la que parece coincidir Sabino Fernández Campo, es que el famoso Elefante Blanco, el militar que Tejero esperaba que llegase al Congreso, era el propio rey. De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, la investidura de un presidente se hace a propuesta del rey, “previa consulta con los representante designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”. Según esto, la única forma de que Armada fuera votado es que el rey se desplazara al Congreso y realizase allí mismo y sobre la marcha las consultas pertinentes.

Entramos aquí en un terreno puramente especulativo, formado por meras conjeturas, que tiene gran morbo político y periodístico, pero que añade poco a la historia. Vayamos, pues, a lo que verdaderamente importa. Si el relato de Urbano se aproxima a la verdad, el rey no sólo promovió la operación De Gaulle, operación que contaba con amplios apoyos en la clase dirigente española, incluyendo dentro de la misma a los principales líderes del PSOE, sino que en la misma noche del 23-F, ya dimitido Suárez, estuvo dispuesto a respaldar el nombramiento de Armada como presidente del Gobierno.

La maniobra no salió bien, por lo que el rey optó por oponerse al golpe en todas sus variantes. Su máxima prioridad a lo largo de este tortuoso proceso fue salvaguardar la monarquía. Como consecuencia de todo ello, Armada y Suárez, los dos grandes enemigos, quedaron amortizados políticamente.

Frente al rey, Suárez queda en el libro como un demócrata convencido, que trató de defender el sistema en todo momento y que, con mayor lucidez que muchos compañeros suyos, advirtió a Juan Carlos de la irresponsabilidad que suponía dar vía libre a las conspiraciones de Armada. El rey, en cambio, aparece como una persona de gran frivolidad política, muy influenciable por los estados de ánimo de la élite política y económica y capaz de confiar en un personaje tan inquietante como el general Armada.

El debate está servido. Hace falta que los investigadores del 23-F ordenen y filtren toda la información que ha ido saliendo a la luz, de forma que pueda revisarse de forma crítica y fundamentada un episodio decisivo en la historia de nuestra democracia que, se mire como se mire, no deja en buen lugar ni a la monarquía ni a la clase dirigente española.

el lío del “Pre-Golpe”

que cuenta Urbano. 

Se carga a Suárez

el Rey, por la presión

de militares.

Lo del PCE,

el divorcio y lo de ETA

los pone 'a cien'-0- Hubo empujón

y gran bronca en Zarzuela / entre los dos.

Quiere que Armada

aglutine un gobierno /cuando él se vaya.

Y lo peor:

que a Armada lo apoyara

la posición.

Es preocupante

si el cazador real

fue 'El Elefante'.

Si esto fue cierto,

¡parad este país,

que yo me apeo!

José Mª Ortega es socio de infoLibre

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los documentos del golpe de Estado del 23-F no llegarán a ser desclasificados como ha pedido Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. "Indudablemente oiremos a los grupos, porque asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse con amplio consenso y siendo muy conscientes de que no siempre en estas cuestiones se cumplen las expectativas", aseguró.

La número dos del Gobierno fue también preguntada por la postura del Ejecutivo sobre el libro de la periodista Pilar Urbano en el que, entre otros asuntos, sostiene que Adolfo Suárez tenía "clarísimo" que "el alma de la operación Armada era el rey".

"Muchos de los actores y protagonistas de ese momento han dado su opinión, por cierto, bastante unánime y a ello nos remitimos", señaló.

La vicepresidenta daba así por bueno el comunicado que varios colaboradores y exministros del expresidente del Gobierno recientemente fallecido –entre ellos su hijo, Adolfo Suárez Illana– difundieron la semana pasada y en el que calificaron el libro de Pilar Urbano La gran desmemoria de "relato novelado-libelo" que "parece tener por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura del Rey y el presidente Suárez a través de una acusación infame y tergiversando la verdad".

El texto llevaba la firma del hijo de Suárez y su cuñado Aurelio Delgado, de los exministros Rafael Arias Salgado, Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martin Villa, Marcelino Oreja Aguirre, José Pedro Pérez- Llorca y Salvador Sánchez-Terán, del Teniente General Andrés Casinello Pérez y del General Fernando López de Castro Fá.

Todos ellos acusaron a Urbano de ser citados "con reiteración en la publicación como fuentes directas o indirectas" y de poner "en su boca" afirmaciones "total o parcialmente" falsas y en muchos casos "torticeramente manipuladas".

La Junta Estatal Republicana (JER) ha convocado una manifestación para el próximo lunes 14 de abril, a las 19 horas, en la plaza de Cibeles de Madrid en conmemoración de la II República. La protesta se enmarca en el contexto de una serie de actos reivindicativos para impulsar la III República. La JER se creó en 2012 a través de diversas organizaciones y colectivos sociales con la intención de configurar un referente político-social unido y fuerte que “actúe como instrumento para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana”, según afirma la carta programática de la organización. Actualmente, hay más de 50 colectivos adheridos, partidos políticos –estatales y regionales, entre ellos IU y el PCE–, asambleas y asociaciones culturales y otros movimientos sociales.

“Este año estamos muy contentos porque hay en torno a un centenar de actividades programadas en todas las regiones para celebrar este mes republicano y proclamar la importancia de la República como la única forma de salir adelante”, afirma Gloria Aguilar, secretaria del Movimiento Republicano del PCE. Defiende que la sociedad está cada vez más implicada en el cambio y señala que, hasta ahora, “nunca había visto tantas banderas tricolores en las calles de Madrid”. “No hay manifestación en la que no haya banderas republicanas”, señala. 

“Luchar por una III República que es la salida real a la crisis”

La organización reivindica la importancia de una III República que “en momentos de tanto sufrimiento ciudadano e inmersos en una crisis que no cesa”, sea un símbolo “a la no resignación, a la rebelión democrática y ciudadana para luchar contra los recortes y los abusos, por los derechos de los trabajadores y de la mayoría social".

Por todo esto, y en el contexto de una crisis económica y política salpicada continuamente por casos de corrupción, la JER “hace un llamamiento a la ciudadanía de este país para que se incorpore a las manifestaciones que se están organizando en torno al próximo 14 de abril, para ir avanzando en la consolidación del movimiento republicano en España, y en la consolidación de una base social republicana”.

La crisis de la monarquía

Este año las manifestaciones por la III República coinciden con un período de agitación para la Casa Real. A las novedades en el caso Nóos y al hipotético procesamiento de la infanta Cristina, se le han sumado recientemente las supuestas revelaciones en torno a la posible implicación del rey en el golpe de Estado del 23-F, tras la publicación del libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar.

La periodista defiende en su libro que, en una entrevista, Suárez confesó estar convencido de que el rey era "el alma" del 23-F. Desde la Zarzuela negaron esta información afirmando que el libro de Urbano es "pura ficción", aunque declararon que no se querellarán con la autora al creer que "no conduce a nada". "No vamos a debatir con Pilar. Lo que hemos hecho es sacar ese desmentido porque no podíamos dejar que se asentara la impresión de que quien calla, otorga", declararon a este diario fuentes oficiales de la Casa del Rey. 

“La figura del monarca está bastante deteriorada”, señala Gloria Aguilar. Sin embargo dice que, "por desgracia", este deterioro no es consecuencia de la movilización republicana “sino por lo que está saliendo en torno a la familia real: la inoperancia del rey y los escándalos como el de Botsuana, el caso Noós y la posible implicación de su hija… toda la corrupción que les salpica les está afectando y claro, eso no le gusta a nadie”.

Además de la manifestación de Madrid, también se celebran actos reivindicativos y otras protestas en el resto de comunidades hasta finales de abril.

LOS HECHOS

La autora del polémico libro es escritora, periodista, miembro numeraria del Opus Dei, cronista política del diario monárquico ABC hasta 1985 y reconocida como una de las reporteras con mejores relaciones en la Zarzuela, en Moncloa y en círculos militares durante los años de la transición. Tan conectada estaba con los oscuros túneles del poder que era conocida entonces con el sobrenombre de Pilar Suburbano.

Más allá de las excesivas licencias literarias (que incluyen diálogos perfectamente increíbles entre el rey y Suárez, por ejemplo) lo que narra Urbano es que el rey alentó durante los últimos meses de 1980 y las primeras semanas de 1981 la formación de un ‘Gobierno de gestión‘ encabezado por el general Alfonso Armada, a quien Adolfo Suárez había enviado a Lleida (porque no encontró ningún destino más lejano) tras acumular toneladas de indicios de que conspiraba para hacerse con el poder ejecutivo.

El rey no se cansó durante meses de presionar al presidente del Gobierno para que colocara a Armada de nuevo en Madrid, como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, para luego explicitar a Suárez que sobraba, porque ni los militares ni los banqueros ni los empresarios ni la oposición política ni sus propios compañeros de UCD confiaban en él.

Más allá de los mil y un detalles, presuntas conversaciones con muertos y vivos y relatos más o menos fiables, lo cierto es que esa versión de lo ocurrido coincide con la que apuntó en 2009 Gregorio Morán en su biografía crítica Adolfo Suárez ‘Ambición y destino’, donde desarrollaba y completaba el relato que treinta años antes había escrito sobre el apodado a un tiempo ‘artífice de la transición’ y ‘chuletón de Ávila’. De hecho Morán citaba en su ensayo a la propia Urbano como fuente fidedigna de numerosos testimonios de políticos, militares y de la propia Zarzuela que por entonces se hacían eco de la conspiración.

No es que lo de Urbano sea un refrito de Morán. Si se colocaran como piezas de un puzzle las alusiones a la ‘Operación Armada’ (también bautizada como ‘Operación De Gaulle’ o simplemente ‘Golpe de timón’) recogidas por políticos, historiadores, escritores y periodistas en los últimos 33 años, costaría muchísimo negar la credibilidad de esa versión que implica al rey Juan Carlos en numerosas reuniones con Armada y con otros jefes militares, así como con dirigentes de distintos partidos, en las que el tema de conversación era fundamentalmente que había que sacar a Suárez del Gobierno. Cabe citar a suaristas pata negra como Carlos Abella, Abel Hernández, Josep Meliá o Fernando Ónega, pero también conviene repasar las memorias de ex ministros del franquismo, de UCD o de Alianza Popular. Baste recordar que el mismísimo Manuel Fraga escribió en su diario el 22 de diciembre de 1980: “Me llega información segura de que el general Armada ha dicho que estaría dispuesto a presidir un Gobierno de concentración” (Op. cita Gregorio Morán, pág. 250). Por las mismas fechas, Armada se reunía día sí día también con el rey en Madrid y en Baqueira, y con Milans del Bosch en Valencia, y con Enrique Múgica en Lleida y con Tarradellas en Barcelona y con militares golpistas donde petara. La hipótesis de que el rey desconociera por completo lo que tramaba Armada puede reivindicar su inocencia, pero también su inutilidad e irresponsabilidad (rasgo este último rigurosamente reflejado en la magnífica Anatomía de un instante, de Javier Cercas). 

La autora de La gran desmemoria sostiene que el difunto Suárez le contó que para él “estaba clarísimo que el alma de la ‘Operación Armada’ era el rey y que nace en Zarzuela”. Urbano ha procurado diferenciar en sus comentarios esa operación y el golpe ejecutado el 23-F por Tejero, Milans y compañía. No despeja las incógnitas sobre las finísimas líneas que separan el llamado ‘Golpe de timón’ del asalto a tiros de la sede de la soberanía nacional. Tampoco ofrece luces sobre las lagunas que permanecen acerca, por ejemplo, del retraso en la emisión por televisión del mensaje del rey dirigiéndose a los españoles y ordenando a los militares cumplir la Constitución.

Para no cansar con citas y fechas, lo de menos es si son creíbles o no los escabrosos detalles que Urbano cuenta sobre amenazas con pistola o el susto que un perro del rey le propinó a Suárez en sus partes bajas. O el tono exacto de tensión que se produjo el 24 de febrero, horas después del golpe de Tejero en el Congreso, cuando Adolfo Suárez intentó retirar su previa dimisión y seguir en la Moncloa. Hay un cúmulo de testimonios (incluyendo lo escrito por el sucesor Leopoldo Calvo Sotelo) que certifican que Suárez quiso continuar y el rey le dijo que de ninguna manera.

LAS REACCIONES

No es la primera vez que Zarzuela desmiente el contenido de una información o de un libro, pero tampoco se recuerdan precedentes en la dureza del comunicado con el que la Casa del rey ha reaccionado: “pura ficción imposible de creer”, “un libelo”, aunque no tiene intención de querellarse contra la autora por difamación. El mismo día, seis exministros de gobiernos de UCD, dos militares y hasta Aurelio ‘Lito’ Delgado, cuñado de Suárez que trabajó con él como secretario en la Presidencia del Gobierno, firmaron un desmentido rotundo al contenido del libro, en el que aparecen citados como fuentes.

Manifiestan que don Juan Carlos “nunca estuvo tras el golpe del 23-F y jamás fue el ‘elefante blanco’ ni nada semejante” y denuncian el uso de supuestas declaraciones de personas fallecidas “que no pueden defenderse ni contrarrestar ni desmentir tales insidias”, con referencia expresa al propio Adolfo Suárez.

Quien sí ha anunciado acciones legales es Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente, pero no por el contenido del “típico relato novelado-libelo” firmado por Urbano, sino por el hecho de que haya reproducido la conocida fotografía del rey y Suárez de espaldas paseando por el jardín familiar. Suárez Illana ganó con esa foto el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico en 2009. Varios biógrafos de Suárez cuentan que cuando han llamado a su hijo para sus trabajos éste ha respondido que no iba a colaborar con ningún libro sobre su padre. Algunos suponen que Suárez Illana conserva documentos del expresidente sobre los que algún día podría escribir su propio libro.

Quizás el más influyente miembro del jurado que otorgó ese Ortega y Gasset a la mejor información gráfica al hijo de Suárez fuera Juan Luis Cebrián, primer director e incombustible presidente de El País. Este viernes, Cebrián firmó en su periódico un extenso artículo titulado ‘Gato por liebre’, en el que hacía una cerrada defensa del rey, de Suárez y de la transición política, al tiempo que calificaba de falsedades y “tesis tan fantasiosas y creíbles como las revelaciones de los sabios de Sión” las afirmaciones de Pilar Urbano. Entre otros argumentos, Cebrián utilizaba el de su propia autoridad como testigo: “Quienes vivimos y supimos esto [que el rey frustró el golpe del 23-F] hace ya más de treinta años no podemos dejar de asombrarnos...” Una entrevista prevista con Urbano en la cadena Ser quedó aplazada para mejor ocasión.

LAS CONCLUSIONES

Al margen de la habilidad comercial de una editorial para sacar a la venta un libro como La gran desmemoria a los pocos días de la muerte de uno de sus principales protagonistas, procede preguntarse por qué esta vez se ha producido una reacción tan sonora ante unos hechos que los propios “indignados” consideran que “no son nuevos” o que directamente califican de “refrito”.

En el plano político, PP y PSOE han defendido de forma contundente el papel del rey en la transición y en la noche del 23-F. Como Cebrián, también Elena Valenciano ha tirado de la experiencia propia: “Yo lo vi”. Izquierda Plural, sin embargo, ha pedido una comisión de investigación en el Congreso para aclarar lo sucedido en torno al 23-F y exige lo que parece la conclusión más interesante y práctica derivada de esta polémica: la desclasificación de todos los documentos relativos a la intentona golpista.

Quienes tanto se alarman ante la publicación de un libro que (con mayor o menor crédito) narra hechos ocurridos hace más de treinta años, deberían manifestar una alarma mucho mayor ante la evidencia de que algunos poderes siguen tratando a los ciudadanos como menores de edad. Si creen que el sistema peligra será por su propia debilidad, no porque un libro lo haga tambalearse.

Hace años que historiadores e investigadores españoles y extranjeros vienen reclamando una desclasificación automática de archivos, como existe en otros países democráticos. Pero no. Aquí sigue vigente la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada en pleno franquismo, y la legislación posterior (incluida la nueva Ley de Transparencia) es tan ambigua y amplia a la hora de establecer las materias bajo secreto que hace imposible el acceso a datos indispensables para conocer la historia política de este país. El paraguas de lo que supuestamente afecta a “la seguridad nacional” puede amparar todo tipo de asuntos de interés para los ciudadanos que permanecen ocultos. Muchos datos sobre la transición se han ido conociendo gracias a la desclasificación de archivos en otros países, donde existen unos plazos establecidos para abrir al conocimiento público documentos clasificados.

Es cierto que analizar la transición con los ojos de hoy puede inducir a errores de apreciación si se ignora el contexto. Ocurre siempre en la investigación histórica. No se alarmen tanto, porque el problema no es ése sino más bien el contrario: el empeño en mirar el presente y el futuro con los mismos ojos (e intereses) de hace treinta años.  

El último libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014) es, según la Zarzuela, "pura ficción imposible de creer". Además, desmiente "rotundamente" que el jefe del Estado alentara entre bambalinas la operación Armada para tumbar a Adolfo Suárez y agradece a los exministros y colaboradores del expresidente, y también a su hijo mayor, que emitieran un comunicado en el que tachan de "relato novelado-libelo" el volumen, concebido para "desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente" las figuras del monarca y de Suárez. Pues bien, pese a estas gravísimas acusaciones, la Corona no piensa demandar a la periodista. 

No habían pasado ni cinco horas desde que finalizara la rueda de prensa de presentación de La gran desmemoria en el hotel Intercontinental de Madrid. Poco después de las cinco y media de la tarde de ayer jueves, las agencias Efe y Europa Press escupían las reacciones de la Zarzuela y de los exministros y asesores de Suárez, con muy pocos minutos de diferencia. En ambos casos, despreciativas contra la labor de la periodista. Una "acusación infame y tergiversando la verdad", decían los firmantes del comunicado: seis exministros del expresidente (Rafael Arias Salgado, Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja, José Pedro Pérez Llorca y Salvador Sánchez Terán), su secretario y cuñado, Aurelio Delgado; el teniente general Andrés Cassinello Pérez, el general Fernando López de Castro y Adolfo Suárez Illana. La Corona cumplimentó a los diez por la "defensa del papel institucional" del monarca y remarcó de nuevo que su relación con Suárez estuvo marcada por el respeto mutuo y la lealtad recíproca, "así como en una sincera amistad en el terreno personal". La Zarzuela trasladó su desmentido a través de un portavoz, pero no colgó ningún comunicado en su web.

infoLibre preguntó a la institución si tiene previsto querellarse entonces contra Urbano, que en su libro acusa al rey de impulsar en la sombra la operación Armada. "No conduce a nada. Este tipo de libros se escriben con un abogado al lado. Pero nosotros no vamos a debatir con Pilar. Lo que hemos hecho es sacar ese desmentido porque no podíamos dejar que se asentara la impresión de que quien calla, otorga. Así que por ahora es todo lo que tenemos que decir", respondieron ayer por la tarde fuentes oficiales de la Casa del Rey. 

La Zarzuela, en su reprobación a Urbano, ha ido más lejos que en 2008, cuando publicó La reina muy de cerca. En aquel libro, la periodista revelaba, a través de múltiples entrevistas con Sofía, que esta se mostraba contraria al aborto y la eutanasia y rechazaba que la unión entre homosexuales se llamara matrimonio. La Corona respondió que no se habían reproducido con exactitud las opiniones vertidas por la reina en el ámbito privado. Urbano contraatacó: no eran "confidencias", sino "declaraciones". La polémica, en aquel tiempo, fue mayúscula, menos proporcionalmente a la que está generando a La gran desmemoria, pese a que en este caso las acusaciones son mayores puesto que conciernen al propio jefe del Estado y a su papel en un episodio tan sensible de la democracia como el 23-F. En ambos momentos, no ha habido un comunicado oficial colgado en el portal público. 

Críticas de Suárez Illana y del PSOE

Con La gran desmemoria también han entrado al trapo, aparte de los ministros y colaboradores de Suárez, el hijo mayor del expresidente, quien remitió un burofax el 1 de abril a la autora para pedirle la suspensión "inmediata" de la distribución del libro, porque reproduce la foto que él mismo tomó a su padre y al rey en julio de 2008, cuando le entregó el Toisón de Oro. Que apareciera esa imagen en el libro, "además de ser un reclamo comercial", implica, para Suárez Illana, que su nombre se asocie a un contenido que dice no compartir y que juzga "profundamente lesivo al derecho fundamental al honor" del expresidente, a su papel en la Transición y al nombre de su familia. El director editorial de Planeta, Carlos Revés, ya dejó claro ayer que se habían pagado todos los derechos de autor por esa foto, tomada en el jardín de la residencia familiar. 

También el PSOE ha desacreditado la obra antes de leerla. La autora "miente mucho más que habla", dijo Felipe González el miércoles. "La autoridad histórica de Pilar Urbano es cuanto menos discutible –añadió ayer Elena Valenciano, la vicesecretaria general y candidata de las europeas–. No seré yo quien contribuya a que venda ese libro". 

Cayo Lara emplazó a la Zarzuela, sin embargo, a actuar si tanto le disgusta el libro. Que "lleve a los tribunales" a la periodista si es "falso" lo que publica, apuntó el coordinador federal de IU minutos antes de comenzar la manifestación convocada por los sindicatos contra las políticas de austeridad. Las "gravísimas" acusaciones de Urbano contra el rey son de tal nivel que la Corona "debería estar ya" demandándola o dando "todas las explicaciones del mundo". "Si las cosas son como ella plantea que fueron, viene a decir que el jefe del Estado fue quien paró el golpe y uno de los inductores del golpe blandogolpe blando [la operación Armada]", informa Europa Press. El líder de la federación volvió a solicitar que se desclasifiquen todos los documentos del 23-F porque el país "tiene derecho a conocer toda la verdad". 

La entrevista con infoLibre tiene lugar en el mismo hotel Intercontinental donde por la mañana Urbano explicó a una sala atestada de periodistas algunas de las claves de su volumen de 900 páginas. Hay poco tiempo, 20 minutos escaso, y la autora, cordial aunque un punto cansada, escupe rápidamente datos, rememora conversaciones, intenta imprimir verosimilitud a su relato. Insiste en que no dispara contra el monarca. Y se conoce bien la Casa por dentro: trabajó durante la Transición como corresponsal política en Abc, y fue considerada como biógrafa autorizada de la Zarzuela, tanto que le dejó sostener largas conversaciones con Sofía, tras las cuales publicó el también controvertido La reina muy de cerca. 

PREGUNTA: Empiezo por lo último. La Casa del Rey niega "rotundamente" que Juan Carlos participase en la 'operación Armada', en ese golpe de timón que tenía como objetivo el derrocamiento de Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. Y se apoya a su vez en el comunicado firmado por seis exministros centristas, dos militares, el exsecretario y cuñado, Aurelio Delgado, y el hijo mayor del expresidente, Adolfo Suárez Illana. ¿Qué tiene que decirles?rotundamente

RESPUESTA: Yo diría que [las palabras de la Zarzuela] es un no comunicado de un no portavoz que no da la cara. Estos ministros que han suscrito la nota han colaborado muy activamente y muy positivamente en el libro, con informaciones importantes, y en las que quedan como caballeros, y sería tanto como desmentirse a sí mismos. No han leído el libro, no les ha dado tiempo en cuatro horas y media. O entonces me mintieron o están desmintiendo lo que dijeron entonces. Yo creo que ellos mismos rectificarán en su conciencia. No pueden desmentir lo que dijeron y que es válido. Con [el general Andrés] Cassinello no hablé, así que no sé qué puede desmentir. 

Segundo aspecto. El rey, así lo dice la Constitución, es inviolable y es irresponsable de sus actos, pero no es inhistoriable. El jefe del Estado es el primer sujeto de cada país, es el primer protagonista de la historia de un país, y es el más historiado. Yo estoy historiando al rey como tantos otros han hecho, extranjeros también. Dicho esto, en la Zarzuela no han leído el libro, no pueden decir que es ficción. Es historia pura, y son 900 páginas con datos, pruebas y testimonios. No puedo tomarlo como un documento serio de la Zarzuela. Sería preocupante. No es admisible, y lo digo seriamente, que en nombre del rey ese ignoto portavoz intente coartar la libertad de información, que en una democracia es la base. La libertad de prensa, de tener información y transmitirla verazmente. No se pueden hacer señales a otros medios para que silencien nada.

Hay una frase conocidísima de Jefferson que por desgracia vuelve a ser actual: "Prefiero periódicos sin democracia que democracia sin periódicos". Esto es básico. Y de un rey que nos trajo la libertad no puedo creerlo, en su Casa tienen que saberlo. Yo trabajo con libertad, y no de rodillas. Yo lo que pido es trabajen con libertad, y no sometidos, y no censurados, y no cercenados en esto que es un derecho. Sólo puede significar una cosa, sólo se puede traducir de una forma: obligar a los periodistas e historiadores a trabajar de rodillas. Yo me niego. He trabajado siempre con mucha libertad, con mucha responsabilidad, con mucho tesón, investigando, buscando la verdad, y sólo con información muy contrastada. Tengo sólo por encima de Su Majestad, al que respeto y acato, un rey de reyes: Pilar Urbano cree en Dios y ese Dios resuena en mi conciencia, y es lo único que me puede quitar el sueño. Tengo la conciencia serena, tranquila, y con libertad, y pienso hacerlo todos los días que me queden de mi vida. Por tanto, a un comunicado, que no es un comunicado, se responde con un libro de 900 páginas.

P.: ¿Le ha sorprendido la reacción de los grandes medios, que apenas han dado cobertura a la publicación del libro? ¿Cree que ha habido un toque de atención por parte de la Zarzuela entonces?

R.: La Zarzuela no puede silenciar a un autor ni puede pedir la tontería que ha pedido el hijo de Suárez [la suspensión "inmediata" de la distribución de La gran desmemoria]. Esas son cosas de chiquitos jóvenes. Perdonables y tiernas, incluso. Pero la Zarzuela sabe que no puede hacer eso en democracia. No puede evitar que la gente quiera comprar un libro. Se puede intentar matar al mensajero, pero la Zarzuela no es asesina, no lo puede hacer.

P.: Con el 'caso Urdangarin', la cacería en Botsuana y el creciente descrédito de la monarquía... Digamos que les ha venido mal. 

R.: Sí, sí, como les viene mal invitar a Obiang. Pero que lo lean, porque el rey no queda mal, tuvo que fajarse con muchas dificultades.

P.: ¿Debería abdicar Juan Carlos?

R.: Me pregunta esto, pero no he acabado la respuesta. En este libro el rey queda como un señor rey, muy prudente, y que sabe que España está tutelada por Estados Unidos, lo cual no quiere decir que esté vendida a EEUU. El rey tiene que llevar un ritmo que no es el ritmo fogoso de Adolfo Suárez o Felipe González, porque sabe que tiene a los militares enfrente y que la Corona es de plomo, y que hay una serie de poderes fácticos que están sentados en las Cortes franquistas, y para todos esos procuradores hacerse en el haraquiri es muy difícil. Porque no los envenenaron, ni les dieron una daga ni un puesto. Y pasar "de la ley a la ley", como decía Torcuato Fernández-Miranda, sin que se cayera una teja del edificio, y dejar el edificio por fuera como estaba, y por dentro todo cambiado, como decía Suárez, y sentar a los obreros en los escaños, y que venga Pasionaria el mismo día que viene don Juan a renunciar a sus derechos dinásticos... Son como los milagros de Fátima, todo ocurre a la vez… Los periodistas teníamos entonces no una noticia, sino 13.000 al día.

P.: Usted decía en la rueda de prensa, rememorando su libro 'La reina muy de cerca', que también levantó una gran polvareda, que Sofía no le hizo "confidencias", sino declaraciones. ¿Ha hablado con el rey para elaborar este libro?confidencias

R.: No, no hablé con él. En el libro anterior [El precio del trono (Planeta, 2011)], hice lo mismo, y ya dije que no lo escribí ni con el rey ni contra el rey. Esta es una investigación larga, no una entrevista, en la que figuran Suárez, Torcuato, Carrillo...

P.: ¿Y ha podido hablar con la Zarzuela?

R.: No tengo por qué hablar con la Zarzuela. Al rey le felicito en navidades, el día de san Juan, me contestan y ya está. Sé que en la Zarzuela no lo han leído, y han considerado una desatención que no se les haya enviado un ejemplar. Y no se les ha enviado hasta que no estuviera en la calle y no lo tuviera esta autora.

P.: ¿Y sus conversaciones con Adolfo Suárez Illana? ¿Qué le dijo? 

R.: Yo fui a su casa, a lo que él llama la casa ducal, en la calle de Ferraz de Madrid, hace unos años. Hablamos bastante rato y vi que estaba informado de pocas cosas, porque tenía una visión lejana, de adolescente [tenía 17 años], del 23-F. Se acordaba de su 23-F, de que la Zarzuela no lo llamó y que le llamó la reina a las once de la noche… Era normal, no eran hombres de su tiempo. Y vi que había roto con los que eran informadores auténticos de su padre, como su tío Aurelio Delgado [que fue secretario del presidente], con los que se despachó con adjetivos calificativos fuertes. No tenían relación. Suárez Illana dijo que no sabía dónde estaban los papeles de su padre. Informativamente no me sirvió esa conversación. Sí me sirvió todo lo que me cuenta del amor de su padre y su madre [Amparo Illana], de cómo estaba su padre enfermo... Tenía más vivo el tema de Aznar, aquel mitin de Toledo en 2003 [donde el expresidente ya daba muestras de estar perdiendo la memoria]... Y luego ya tuvimos trato a través de WhatsApp y de mails. Mi último mensaje con él fue el día 18 [de marzo], después de que ingresara su padre. “Creo que nos ha dado tiempo, es un episodio respiratorio”, me dijo.

P.: Más valioso fue el testimonio de Sabino Fernández Campo, primero secretario general y luego jefe de la Casa del Rey. 

R.: Muchísimo más. Este chico [Suárez Illana] era un chaval. Yo le recordé que el día en que Suárez decidió dimitir él estaba cazando en la casa de [Eduardo] Sánchez Junco, dueño de ¡Hola! No se acordaba. Estaba viviendo su vida de adolescente.

P.: Fernández Campo creía que el 'Elefante Blanco' era el rey. ¿Lo cree usted también, a la vista de lo que ha investigado?creía que el 'Elefante Blanco' era el rey

R.: Nunca había creído en la existencia del Elefante Blanco, siempre creí que era un invento posterior de las defensas [de los golpistas]. Pero hay un momento en que el rey, en la biografía de [José Luis de] Vilallonga, en la versión francesa e inglesa, dice que él sabía quién era el Elefante desde el primer momento. Sabino hizo que se quitara. Se suprimieron como 45 cosas en la versión española, 45 cosas más o menos importantes y más o menos largas. Después, Suárez, al margen de eso y en otro momento, había comentado: “Sólo dos personas sabemos quién era el Elefante Blanco: el otro y yo, y yo no era”.

Sabino, a partir de ahí, hace su conjetura, conociendo al rey, habiendo estado mucho tiempo con él. Sabino piensa que si Tejero no se hubiera opuesto al Gobierno de Alfonso Armada, entonces sí habría triunfado el golpe, y Armada se habría postulado a presidente del Gobierno, que es a lo que iba al Congreso [en la noche del 23-F de 1981]. Con la amenaza de las armas, encañonados, los diputados habrían aceptado cualquier cosa con tal de que les dejaran en libertad, y siempre que no fuera una Junta Militar. Sigue la conjetura de Sabino: en ese caso, dado lo extraordinario del hecho, como hay que hacer consultas y no se podía ir la Zarzuela, tendría que ir la Zarzuela al Congreso, y en cualquier sala, evacuar las consultas. Ese candidato común y aceptado salido de un modo tan extraordinario y traumático de las Cortes habría necesitado una sanción moral, una imposición de manos de la autoridad. Y por encima del jefe del Gobierno, sólo está el jefe del Estado. Es una escena que Sabino imagina, bien traída.

P.: Usted ha diferenciado entre la 'operación Armada' y el golpe de Tejero. ¿Hasta dónde se habría podido llegar sin el amparo del rey? O, dicho de otro modo, ¿hasta qué punto podemos comprender la 'operación Armada' y el 23-F sin el rey?ha diferenciado entre la 'operación Armada' y el golpe de Tejero

R.: Eso es más un preterible. Yo sé lo que pasó. El rey sí que es el impulso invisible, que yo he hecho visible en este libro, de la operación Armada. El 5 de julio de 1980, habla con un amigo, Jaime Carvajal y Urquijo, y le dice que está harto y que piensa en un independiente. “El rey se ha caído del burro”, dice Sabino al general José Ramón Pardo de Santayana. Hay que cambiar al presidente del Gobierno, y esa operación está en marcha. Se busca a un independiente, que puede ser un civil o un militar. ¿Un militar? Pues Armada. Eso está en marcha. Y estamos a 5 de julio de 1980. Yo distingo, separo, y vuelvo a hacerlo, porque es la verdad, entre la operación Armada y el 23-F. La operación Armada es un golpe de Gobierno, pero no de Estado, es derrocar al presidente legítimo en las urnas y poner a un militar.

P.: Pero eso sigue siendo muy grave. "¡Esto es un golpe!", le recriminó el propio Suárez al monarca. Esto es un golpe

R.: Es constitucional, llega hasta las costuras constitucionales, hasta la delgada línea roja. Se puede hacer una moción de censura constructiva que se gane, no como la de Felipe [González], en 1980, una moción en la que se pongan de acuerdo diputados de todos los partidos, menos catalanes y vascos. Y se puede buscar a un independiente, que no sea de ninguno de los partidos, y que no sea ni parlamentario, que puede ser el banquero José Ángel Sánchez Asiaín, o el economista Enrique Fuentes Quintana, o Armada...

P.: Insisto. Y esa operación, en las "costuras constitucionales", como dice, ¿no era temeraria?

R.: Temerario… Había una situación difícil. Había varios golpes de Estado y supuestas operaciones en marcha –o al rey se le decía–, reuniones conspirativas, una operación a la turca, una serie de operaciones cívico militares, duras, cruentas, incruentas… Armada dice al rey que hay que adelantarse, reconducir todos los golpes y neutralizarlos, actuar con los pasos contados: Armada viene a Madrid, hay moción de censura, Armada sustituye a Suárez, Suárez se va, que es el que estorba, es el maldito, el que trae el divorcio, el que rompe la familia… La banca, los empresarios, la Iglesia, ETA, el temor a la ruptura de España… Y, según le dice el propio rey, Adolfo se ha quedado como un "arroyo seco", sin ideas.

Se extiende la sensación de que Adolfo sobra. Y no tiene apoyo parlamentario, porque el grupo de UCD tiene un alfil, que es el capitán de los críticos, Miguel Herrero de Miñón. Tiene a los críticos mandando en el Congreso y el Consejo de Ministros, dividido. ¿Una temeridad del rey? Cuando se busca una solución, siempre puede tener riesgos e inconvenientes. Lo primero que pide al rey es un estudio de un constitucionalista. Se lo facilita [Carlos] Ollero y posiblemente habla con [Manuel] Fraga, con Herrero de Miñon [padres de la Constitución]… Esto no lo aseguro. Pero, con la Constitución en la mano, se puede llamar a un independiente e investirlo como presidente si tiene el quórum necesario.

Este era el planteamiento. Constitucional, sí. Forzando la ley de las urnas, también. Porque las urnas son las que mandan en democracia, y le quedaban dos años de Gobierno a UCD. ¿Cuál es el plan? Hacer una moción de censura contra Suárez. Es una directriz que incluso tiene Felipe González desde arriba, desde la Internacional Socialista. Suárez es el objetivo a batir. Cuando Adolfo se entera por boca del rey que puede estar en marcha una moción de censura, se retira. Si me voy, piensa, no hay moción de censura, y pongo a otro que no sea censurado y que sea de mi partido, y todo es constitucional. Y es cuando hace que se busque a un sustituto, que es Leopoldo Calvo-Sotelo, que gusta porque es lo más parecido a Armada, su tío [José Calvo Sotelo] fue protomártir de la Guerra Civil, es avalado por militares, aristócratas, es un hombre del Banco Hispano Americano, agrada a EEUU, a la banca, a los empresarios, a la Iglesia… y es un hombre bien visto por el rey. Son requisitos que no tienen nada que ver con el populamen, con las urnas, pero era… ¿Temerario? De aquella manera. Era una solución, un parche.

P.: ¿Ha tenido el arrojo de decir aquello que siempre se había pensado? Porque ese aliento del rey está sugerido en el libro de Javier Cercas, en el de Gregorio Morán. Usted señala al rey como el impulsor…Javier Cercas

R.: De la operación Armada, no del 23-F. Sí…

P.: ¿Hace falta valentía para poder decir esto en la España de hoy?

R.: Hay que tener la conciencia tranquila. He trabajado mucho y he actuado con seriedad, estudiando un elemento, otro elemento, un contraste, otro contraste… Trabajando con testimonios fiables y contrastados con otros también fiables, y a veces hasta seis o siete testimonios para una sola frase. O para saber una fecha, o para tener un documento, un diario. Desde 2004 he estado investigando.

P.: ¿Hay grabaciones de sus charlas con estos protagonistas?

R.: De unas sí, de otras no.

P.: Lo digo porque en los últimos días, incluso desde el PSOE, se la está cuestionando. Felipe González la acusó también de mentirosa…desde el PSOE

R.: A lo que no juego con nadie, ni con Felipe ni con ningún otro, es poner en duda a quien dice la verdad.

P.: Se lo dicen otros, los que rebaten su autoridad histórica.

R.: Que contrasten.

El palacio de la Zarzuela ha calificado las conversaciones que se citan en el libro La gran desmemoria de Pilar Urbano de "pura ficción imposible de creer" y ha desmentido "rotundamente" que el rey participase en lo que la autora denomina operación Armada para echar del Gobierno a Adolfo Suárez en 1981.

Así se ha expresado un portavoz de la Casa del Rey después de conocer el comunicado difundido, entre otros, por diversos miembros de los gobiernos del presidente Suárez que tildan el libro de Urbano de "relato novelado-libelo" que "parece tener por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura del rey y el presidente Suárez a través de una acusación infame y tergiversando la verdad".

El portavoz de Zarzuela ha agradecido a los firmantes de ese comunicado su "defensa del papel institucional" del rey y ha destacado que la relación del monarca con el presidente Suárez estuvo "basada en el respeto mutuo y la lealtad recíproca, así como en una sincera amistad en el terreno personal".

En su propio comunicado, la Casa del Rey ha destacado el carácter "impecable" con el que el jefe del Estado ha cumplido "siempre" sus obligaciones institucionales y ha desmentido "rotundamente cualquier participación suya en la denominada en este libro operación Armada.

Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno, no quiere que el nuevo libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar vea la luz. Y ha enviado una carta a la autora exigiendo la retirada de los volúmenes de las estanterías y el cese de la distribución de la obra, que desmonta la imagen idílica de la relación entre Suárez y el rey y aborda cuestiones relacionadas con el 23-F. ¿El motivo? Urbano y la editorial Planeta se han apropiado, según Suárez Illana, de una fotografía cuya autoría le corresponde.

La fotografía, la misma que encabeza esta información, fue tomada por Suárez Illana en junio de 2008, durante una visita del monarca al expresidente del Gobierno. La imagen, que lleva por título El rey y Suárez, recuerda el hijo del político recientemente fallecido, fue galardonada con el premio Ortega y Gasset 2009 a la mejor obra de información gráfica, y ha sido reproducida desde entonces por multitud de medios, sin que hasta ahora constara demanda alguna por parte del autor.

Pero todo ha cambiado. Suárez Illana argumenta en la misiva remitida a Urbano que la imagen "constituye una cobra de propiedad intelectual protegida por la ley" y que en el libro objeto de polémica se ha reproducido "con fines comerciales", lo que "constituye una apropiación no autorizada de una obra de propiedad intelectual ajena", sentencia Suárez Illana. "Vulnera –añade el texto– derechos de autor morales y patrimoniales".

"Le informe asimismo de que, a pesar de que la fotografía resuta accesible a terceros desde Internet y ha sido difundida varias veces por medios de comunicación con fines informativos o similares –añade Suárez Illana–, los derechos de propiedad intelectual sobre la misma nunca han sido cedidos a terceros con fines comerciales ni de ninguna otra naturaleza, por lo que el uso que han hecho de la misma es absolutamente ilegal".

A la vista de la situación, el hijo de Suárez reclama cuatro acciones a la autora: la suspensión de la distribución, la retirada de los ejemplares ya repartidos, la retirada de la fotografía de los ejemplares que aún no hayan llegado a las tiendas y que Urbano "se abstenga de hacer cualquier uso de dicha fotografía en el contenido del citado libro o en cualquier otro".

En caso de que la autora y la editorial no se avengan a sus demandas, Suárez Illana amenaza con iniciar las acciones que en derecho le correspondan "en defensa" de sus "intereses como autor" y de los de la familia Suárez, "sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios causados" por la actutación de Urbano "y los que puedan causarse en el futuro".

Suárez Illana aprovecha además la carta para dejar claro que discrepa del contenido del libro, que califica de "profundamente lesivo" para con el derecho fundamental al honor de su padre, pues hace referencia a la familia al papel del expresidente durante la transición española.

Esa frase, esa advertencia más bien, la repitió en varias ocasiones la periodista en la multitudinaria presentación de su obra. Una monografía polémica incluso antes de salir a la calle –"Ha sido uno de los libros más hablados y menos leídos", dijo el editor de Planeta, Carlos Revés– por sus explosivas revelaciones sobre el 23-F y el oscuro papel del rey, adelantadas el pasado domingo en una entrevista en El Mundo. Con ello quería recalcar la solidez de su libro: 864 páginas, "298 de ellas de fuentes", "para que el libro no se caiga de las manos". Todas citadas con nombres y apellidos. Algunos personajes con los que habló, como el propio Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Sabino Fernández-Campo, ya fallecieron, pero otros no. "Eran fuentes vivas. Yo no he hablado con ningún muerto. Algunos han muerto, claro, en estos 14 años [desde que comenzó a pergeñar este volumen], pero yo no he ido a ningún cementerio. He hablado con ellos en vivo y en no gagá". Urbano (Valencia, 1940) se estaba adelantando así a los comentarios informales que han ido saliendo en los últimos días desde la Zarzuela: que La gran desmemoria es una "invención" y que contiene pasajes incontrastables porque quienes ella dice que se lo narraron ya no están vivos. Las fuentes, remarcó, son su "pasión", hasta su "pesadez".

De lo que se conoce hasta ahora, porque la obra sale oficialmente hoy a las librerías y Planeta la ha guardado con celo extremo, los capítulos más llamativos son aquellos que relatan la tormentosa relación entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno a comienzos de 1981, cuando estaba gestándose la operación Armada y, después, la intentona golpista protagonizada por el teniente coronel Antonio Tejero. Suárez, según la autora, tenía "clarísimo" que el "alma" de ese movimiento era el propio Juan Carlos. 

"He tenido que hacer un ejercicio de volver al lugar del crimen", señaló, para ilustrar la génesis de su libro. Volver a los lugares que ella conoció cuando ejercía de periodista, para zambullirse en los "palacios y los suburbios del poder" y volver a "buscar pistas". ¿Por qué ha dejado pasar tanto tiempo, si esas conversaciones tienen en algún caso más de una década? "Tenía parte de esos datos, tenía muchas piezas, piececitas sueltas, pero con las que mi reloj no daba hora, con las que el puzle no se formaba. He tenido que dejar pasar el tiempo para que quienes tenían miedo a hablar y prudencia, a quienes tenían las bocas cerradas, al perder los puestos, las poltronas, los mandos, a quienes no tenían nada que perder han ganado la libertad para hablar. Estos señores, que eran fuentes cerradas, han empezado a manar, y no lo han hecho porque sí. También ven a una veterana". 

Armada y Tejero sacan "de la guardarropía el golpe"

El resultado es un libro en el que empezó a trabajar en 2010, que narra las "dificultades y los miedos" del propio rey al comienzo de la Transición. Un monarca que comienza su reinado con una "corona de plomo", que "no tiene quién le asesore" ni tiene vademécum que oriente cómo ceñirse la corona a la muerte de un dictador. La obra se detiene en esos turbulentos primeros años y en las relaciones entre Juan Carlos, Torcuato Fernández-Miranda –el autor intelectual del derribo del régimen franquista y el paso a la democracia "de la ley a la ley"– y Suárez. Al final, el libro compone una "estatua egregia", un "homenaje de un gran hombre, un grande de España, Adolfo Suárez", no por su título ducal, "sino porque se ganó el chusco del día a día con señorío, con dignidad", porque "abrió a los españoles las praderas de libertad" y porque mientras estuvo lúcido "nunca dejó de pensar en Dios, en España y en su familia". "El libro es fuerte, es amplio, es duro, es a veces increíble... Pero cuando veáis que es increíble, id atrás, a las notas, y veréis quién lo cuenta", abundó, para defender el aplomo y autoridad de sus casi 900 páginas. 

Durante la rueda de prensa, Urbano fue manifiestamente más prudente –"No voy a hablar de una entrevista fantástica, en la que un periodista maestro supo meter los dedos en las meninges"–, y se centró básicamente en "lo que está encuadernado". Y el punto fuerte es, claro, el 23-F. La "peor sombra" de la Transición, asumió. La autora volvió a insistir en que la operación Armada y el pronunciamiento de Tejero son dos cuestiones "muy distintas", aunque la primera "desemboque" en la segunda. "La operación Armada parte de la Zarzuela y el golpe de Estado no, el golpe de Estado se produce no pretendiéndolo el rey no pretendiéndolo el rey", reiteró hasta tres veces. Pero el general, que había sido tutor del monarca y responsable de su Casa, tenía puestos "los patines", como decía José Luis Cortina, exjefe del Cesid. Estaba "lanzado". 

Según Urbano, la operación Armada concluye exactamente el 11 de febrero de 1981, cuando el rey elige a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez. Pero el general insiste dos días después y le presiona porque no cree que Calvo-Sotelo sea la solución. El monarca le remite a su jefe natural, al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado. Pero Armada y Tejero "sacan de la guardarropía el golpe", "improvisadamente", el fin de semana previo a la intentona en el Congreso, fallida la primera votación de investidura del nuevo jefe del Ejecutivo. "Ese golpe, hasta por estética, no podía aceptarse en la Zarzuela. Ahí el rey no tuvo nada que ver. Quizá pudo saber que Armada seguía maquinando algo, pero que eso era un tejerazo, no lo sabía. No sabía que el Parlamento iba a ser asaltado". 

La previsión de "tomar militarmente" el País Vasco

La autora también se detuvo en el desencuentro entre ambos hombres de Estado, en cómo Suárez llamó "traidor" al rey, y cómo este le acusó de "traer el golpe". Lo cierto es que el entonces presidente era la "bicha" para todo el mundo. La fractura definitiva con el monarca vendría a primeros de 1981, cuando se evidencia su pérdida de confianza en él. "No hacía falta ser amiguete del rey", porque había sido elegido por las urnas, "pero Suárez necesitaba contar con él". 

Urbano fue preguntada por el "simulacro de juicio de guerra" que siguió al golpe. "Hubo anomalías", reconoció, prque se determinó que la trama civil se limitara al procesamiento del falangista Juan García Carrés, el único civil que en efecto fue condenado. Pero hubo más implicados, y la autora lo cuenta. "Mis disgustos me traerá". En la comparecencia, señaló directamente al socialista Enrique Múgica, "factótum de la trama civil y conspirativa de la operación Armada, con otros socialistas". 

Otro de los asuntos que afloraron en la comparecencia, relacionados con el 23-F, fue la cuestión nacional, la hipotética "quiebra de España" que tanto temía el Ejército. Urbano adelantó uno de los pasajes recogidos en las páginas 404 y 405 de La gran desmemoria. Suárez encargó en 1979 a varios mandos del ejército minuciosas "maquetas" del País Vasco, para afrontar la eventualidad de un "movimiento secesionista", para "tomarlo militarmente". Una vez hechos los planes logísticos y esas maquetas, el presidente recibe y escucha a los cinco capitanes generales y todos le dan portazo. "El Ejército se raja a la hora de la verdad". 

Sí a una nueva Ley de Secretos

Y en estos días en que tanto se habla de la desclasificación de los documentos del 23-F –así lo ha requerido Izquierda Plural–, la escritora aplaudió la iniciativa. "Hay que empezar. Necesitamos saber lo que la inteligencia española sabe, en lo que se pueda". El PSOE apoya también ahora que se levante el secreto, pero no sabe aún si presentará una iniciativa propia o respaldará la de IU, según aseguró este mismo jueves Elena Valenciano, informa Europa Press. 

Urbano fue inquirida por las reacciones que se han ido produciendo y las que pueden llegar. Para empezar, la de la Casa del Rey. Pero dijo estar muy tranquila. Recordó que en 2008, cuando publicó La reina muy de cerca, en el que destapó el pensamiento ultraconservador de Sofía, no hubo un "comunicado" como tal de la institución. Y que estaba muy tranquila, porque aquello fueron declaraciones de la reina, no "confidencias". Así que "si hacen un comunicado, no unas palabritas hechas a un ignoto redactor de la agencia Efe, responderé. La otra vez respondí con otro libro". "Entiendo que al rey haya cosas que le puedan molestar, porque en algún momento tuvo miedo. Hubo momentos en que no se atrevió a echar a Carlos Arias Navarro". El monarca "lo pasó mal" y necesitó "un ayo", que fue Fernández-Miranda. Juan Carlos en algunos casos fue "no un motor, sino un freno" –por ejemplo, no quería legalizar al PCE en 1977, y cuando Suárez lo aprobó él a él le pilló en París–, aunque le reconoció que quiso pasar del franquismo a una "monarquía popular", no una "dictadura coronada". "También puso trabas Felipe González, que aceptó ser vicepresidente de un general [Armada]". En resumidas cuentas, "quizá la foto sea más feíta que cuando van a un sarao; yo lo siento mucho, es la verdad". 

Los "nervios" de Suárez Illana... y los derechos, pagados

¿Ha roto relaciones con la Zarzuela? La autora pareció negarlo: felicitó a la familia real recientemente. Y esta le dijo: "Sigue ayudándonos como hasta ahora". "No sé si lo he hecho o no –rió–. Todos sus gastos y fastos los pagamos todos. Yo no necesito del rey más que que sea un gran rey, un buen rey. Soy constitucionalista. Soy monárquica porque soy constitucionalista. Si cambiara el sistema, cambiaría mi pensamiento porque quiero estar en la ley". Otro mensaje para aquellos que creen que habla desde el resentimiento o desde una posición republicana. 

El rey Juan Carlos y el expresidente Adolfo Suárez, en su última fotografía juntos, en julio de 2008 | ADOLFO SUÁREZ ILLANA / EFE

La familia Suárez ya se ha pronunciado. El hijo mayor, Adolfo Suárez Illana, remitió el pasado martes, al día siguiente del funeral de Estado de su padre, un burofax en el que le pedía la suspensión "inmediata" de la distribución de su libro. La razón es el uso no autorizado de la famosa foto que hizo al expresidente y al rey en 2008, cuando este le entregó el Toisón de Oro, galardonada con el Premio Ortega y Gasset 2009. El editor, Carlos Revés, aclaró que Planeta había pagado todos y cada uno de los derechos de la imagen. "No ha podido leer el libro porque el 1 de abril no estaba en la calle. El día que lo lea, me dará las gracias –completó Urbano–, porque es un homenaje a su padre. Es incongruente. Yo lo tengo que atribuir a los nervios que ha pasado estos días. No creo que sea servilismo a la Zarzuela. Cuando vea el libro, si no le gusta, con su pan se lo coma". 

Revés, por cierto, negó que la editorial se haya movido por razones de "oportunidad", que saque La gran desmemoria poco más de una semana después de la muerte de Suárez. El libro estaba "pensado para el último trimestre" de 2013, pero la periodista no llegó a tiempo. Lo culminó el pasado 4 de enero. Y entonces se programó su salida para primeros de abril. 

Al carro de las críticas también se ha sumado incluso el PSOE. Hoy mismo Elena Valenciano, la número dos, cuestionaba la "autoridad histórica" de la autora. "No seré yo quien contribuya a que venda ese libro", despachó la vicesecretaria general. Lo hizo en la línea que ayer marcó Felipe González –"¿Credibilidad? Sólo por ser ella, bajo cero, y por lo que he oído, además, miente mucho más que habla", dijo ayer en Sevilla–. Urbano le respondió: "Está en su derecho, él sabrá. Ha encontrado por fin su oficio: joyero. Y le deseo mucha suerte". 

La atestada sala Villahermosa del hotel Intercontinental de Madrid –repleta de periodistas y cámaras, algunos de pie, otros sentados en el suelo– prorrumpió en risas. Polémica hasta la última frase de la rueda de prensa. Urbano lo reconoció, saboreando que haya "apetito" de libro, que esté agotada la primera edición por venta online. Ya se sabe: "Cuanta más polémica haya, que yo no la quiero, estas cosas se venden más". 

Habrá más raciones. Urbano advirtió de que hay cosas que sabe y no ha escrito porque "no pegaban" en La gran desmemoria. Por eso está trabajando en su siguiente libro. 

"Si PSOE y PP fueron capaces de cambiar la intocable Constitución [en 2011] para reformar el artículo 135, ¿por qué no van a ser capaces de modificar la normativa para poder desclasificar documentos?". Cayo Lara se hacía esta pregunta este miércoles en el Congreso. Al hilo, claro, del 23-F y de las nuevas revelaciones del libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014), que se presenta mañana en Madrid. 

El líder de IU y presidente del grupo Izquierda Plural fue preguntado, en concreto, por la Ley de Secretos Oficiales, una norma aprobada en 1968, durante el franquismo –desarrollada por el decreto 242/1969–, y modificada en 1978, antes de la sanción de la Constitución. Esa ley es el foco de todos los males para los historiadores, porque prescribe quiénes pueden calificar un documento como secreto o reservado –el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor (hoy Estado Mayor de la Defensa)–, pero no estipula una desclasificación automática de papeles transcurrido un plazo, como ocurre en otros países. Esto es, sólo quienes clasifican un archivo son los únicos con la potestad para levantar el velo. En España, desde la Transición, ha habido varios intentos, por parte de distintos Ejecutivos, de cambiar la normativa. Pero todos acabaron en lo mismo: en fracaso. 

IU-ICV-CHA, al socaire de la publicación del libro de Urbano, ha vuelto a requerir la desclasificación de todos y cada uno de los documentos del 23-F que pudieran existir (conversaciones entrantes y salientes en el Congreso y en la Zarzuela, grabaciones de las reuniones del rey y Adolfo Suárez, información de los servicios secretos...) y, además, la creación de una comisión de investigación. Hoy Lara volvió a justificar su solicitud en rueda de prensa en la Cámara baja: el Gobierno de una "democracia seria" tiene la obligación de que todos aquellos archivos relacionados con la intentona golpista deben salir a la luz para que queden aclaradas todas las dudas de un capítulo crucial de la Historia reciente. 

El presidente de Izquierda Plural recordó que lo "normal" es que todos esos papeles y cintas fueran públicos, porque ese episodio se estudia en los colegios y, a la vista de lo que revela Urbano, puede ser que "los chiquillos estén aprendiendo una parte tergiversada de la Historia". Lara incidió en que la periodista hace "afirmaciones muy graves", como que el rey "alentó" la conspiración contra Suárez, al dar alas a Alfonso Armada, contra el criterio del propio presidente del Gobierno, al que empujó a marcharse. "Dice que el rey estuvo supuestamente involucrado en la gestación del golpe. Eso es gravísimo, no es cualquier cosa y por mucho menos se lleva a la gente a los tribunales", subrayó el coordinador. Así que esa parte de nuestra historia, "la más dramática" tras la dictadura, "debe conocerse con luz y taquígrafos". 

Adecuación a la Constitución y al contexto internacional

Izquierda Plural ya registró hace poco más de un mes una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El grupo lo justifica por la "necesaria adecuación a la Constitución y a los derechos fundamentales reconocidos en la misma", para "acercar nuestra legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno y adecuarla a las existencias de transparencia", no "satisfechas" con la Ley de Transparencia aprobada a finales de 2013, "que mantiene numerosas exclusiones y limitaciones al derecho de acceso a la información, y más concretamente excluye la información relacionada con la política exterior y de defensa". El texto recuerda que hay que eliminar una situación "excepcional" en España, como es el hecho de que un documento pueda permanecer clasificado "de manera indefinida, sujeta tan sólo la desclasificación al arbitrio del Gobierno". 

La modificación de la ley que propone IU-ICV-CHA es muy sencilla: que la calificación de archivos sea competencia exclusiva del Consejo de Ministros (y no compartida con el Estado Mayor de la Defensa) y que tenga una vigencia de 30 años, que "podrán ser prorrogadas por dos periodos de diez años, de forma expresa y motivada" por el Gobierno, si bien este podría levantar el secreto "en cualquier momento". 

Lara, a su vez, presentó a los periodistas las tres iniciativas anunciadas formalmente el pasado sábado en la Presidencia Federal de IU. Tres propuestas con las que pretende materializar las tres grandes reivindicaciones del 22-M. Mociones, por cierto, que estaban listas tras las Marchas de la Dignidad, pero que, como dijo el líder, no se detallaron la semana pasada por respeto al luto oficial decretado tras la muerte de Suárez. 

Hablar de las protestas, y no de "cortinas de humo"

Así, ante la petición de "pan", la federación quiere que el Gobierno presente en el plazo de tres meses una ley que establezca una renta mínima garantizada. Un sistema que aseguraría una serie de recursos mínimos para una "vida digna", a partir de 8.200 euros anuales (580 euros por 14 pagas) para un individuo y se incrementaría progresivamente según el tamaño de la familia (por ejemplo, 11.182 euros para cuatro personas, 798 por 14 pagas). El sistema, dice IU, sería complementario con el puesto en marcha por las comunidades autónomas. 

Para responder a la exigencia de "trabajo", IU presenta una proposición no de ley para la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso que discuta una estrategia urgente para la creación de empleo. Los puntos de esa moción son conocidos: plan de empleo y formación para los parados de larga duración, plan de rehabilitación de viviendas y actualización de la estrategia europea de empelo juvenil.

Y ante la petición de "techo", una nueva proposición no de ley que recoge la dación en pago, la creación de un parque público de vivienda en alquiler moderado a partir de los activos del banco malo y la retirada del recurso de la Ley Antidesahucios andaluza ante el Tribunal Constitucional. 

"Son reivindicaciones justas que deberían tener respuestas razonables", completó el coordinador federal, quien lamentó que la atención se haya centrado en los disturbios del 22-M, y no en lo masivo de las protestas y en las reivindicaciones que se corearon. "Quieren que sigamos hablando de la cortina de humo", deploró. 

Y la respuesta no es tan sencilla. Porque no hay un listado de qué información sigue clasificada –y, por tanto, inaccesible–, ni una relación de documentos existentes o perdidos. Los historiadores desesperan por la "opacidad" de la Administración, por la suma de obstáculos que imposibilitan la consulta de archivos. Y apuntan, con claridad, al pecado original: la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo, en 1968, y sólo modificada parcialmente diez años después, antes de la promulgación de la Carta Magna. 

Quien ha traído otra vez al primer plano el golpe de Estado ha sido el último libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar (Planeta, 2014), que mañana jueves sale a la venta. En él, la periodista, como adelantó en una entrevista a El Mundo publicada el domingo, revela que el expresidente del Gobierno estaba convencido de que el monarca era "el alma" del 23-F, por cuanto "alentó" y "jaleó" las pretensiones del general Alfonso Armada y de "tantos otros" militares. Urbano concluye, a partir de nueva documentación y conversaciones con "decenas de personas" –entre ellas, el propio Suárez, antes de enfermar– que el jefe del Estado simplemente "salvó" al país "in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha". 

Izquierda Plural es quien antes se ha movido. O mejor, el único grupo que se ha movido, porque el PSOE simplemente se ha mostrado partidario de estudiar la desclasificación de documentos, en aras de una "mayor transparencia". Pero, en realidad, IU-ICV-CHA traslada el sentir (el malestar) de buena parte de los historiadores. 

Qué prescribe la ley

Son "materias clasificadas" los asuntos, documentos o informaciones "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado", dice el artículo 2 de la ley. Esas materias, a su vez, son calificadas de secretas o reservadassecretas reservadas según el grado de protección que requieran. Y quien puede dictar ese secreto o reserva es el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor (hoy Estado Mayor de la Defensa). Aunque, como recuerda Carlos Sanz, profesor ayudante doctor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales de la UCM, los llamados ministerios de Estado –Defensa, Exteriores e Interior– también "gozan de esa potestad" si hay un acuerdo previo del Gobierno. De hecho, por decisión del Consejo de Ministros de 2010, prácticamente la totalidad de los archivos relativos a la política exterior de España están vetados. Una "calificación de segundo rango" y que se justifica por el peligro a la "seguridad nacional", un concepto difuso que "no ha dejado de expandirse".

"El problema es que a veces no tenemos constancia de qué está clasificado y qué no –denuncia–. Se ha dicho siempre [así lo dijo Alfonso Guerra] que hay centenares de horas de grabaciones de conversaciones mantenidas aquel día entre el Congreso y el exterior, o las que mantuvo la Zarzuela. Pero no están y tampoco está claro que existieran". No existe un listado de documentos reservados del 23-F, que serían susceptibles de desclasificación. Así que en muchos casos, reconoce Sanz, hablamos de especulación. 

Sí que sigue secreto, y aquí sí hay constancia, el sumario judicial. "Pero aquí se conoce todo por la prensa o las acusaciones particulares, así que ahí no habría muchas novedades", señala este profesor. Tampoco se sabe nada de las instrucciones que se pudo dar a los embajadores, o qué información remitieron las legaciones diplomáticas hacia España. Tampoco se conocen los datos que pudieron recabar los servicios secretos. "O las comunicaciones del presidente del Gobierno en funciones, Paco Laína, con el Congreso y con los grupos políticos", argumenta Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural y autor de una nueva batería de preguntas al Ejecutivo tras las revelaciones de Urbano. Laína, no obstante, ya dijo en su momento que sólo se grabaron las conversaciones telefónicas entre el teniente coronel Antonio Tejero y el único civil condenado en la trama del 23-F, Juan García Carrés. Las actas de lo que ocurrió en el Congreso en aquellas horas críticas vieron la luz hace tres años, cuando se cumplieron los 30 años de la asonada militar. 

También queda la duda de si pudo discutirse sobre el fallido golpe militar en algún Consejo de Ministros posterior. Y no se puede conocer porque las deliberaciones son secretas. 

¿Y la Zarzuela? La Jefatura del Estado no tiene poder para calificar documentos, pero lo cierto es que no permite el acceso a su base de datos. "No hay actas de reuniones, ni información clasificada. La Corona tiene constitucionalmente muy pocas funciones", aducen fuentes oficiales de la institución. 

La "anomalía" española

"Es que no sabemos qué puede haber. De ahí que se tenga la impresión que se escamotea la documentación –prosigue Sanz–. Es que ni siquiera se cumple la Ley de Secretos, porque esta exige que se haga público un listado de ficheros reservados, y que se indique cuándo se levante el secreto. Y eso no sucede". 

Ahí está otro foco del problema. Como recuerda Xusto Beramendi, historiador de la Universidade de Santiago, es el Gobierno quien decide lo que clasifica "y cuándo los desclasifica". Un ejemplo reciente: el Ministerio de Defensa, bajo la batuta de Carme Chacón, tenía preparado el levantamiento del velo de unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968, tras un exhaustivo análisis. Pero ya se encontraba en funciones, así que la decisión final correspondía al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que decidió aparcar esa propuesta. En realidad, en pocas ocasiones el Ejecutivo ha aceptado cancelar el secreto: lo hizo el PP con los papeles del Cesid y el PSOE con los vuelos de la CIA, por poner dos casos. Además, José María Aznar levantó el veto sobre dos informes del CNI en 2004 para intentar probar que no mintió en los atentados del 11-M. 

Los historiadores se quejan de esta "anomalía". Porque el caso español no es homologable a lo que sucede en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, donde pasado un tiempo –la media se sitúa en los 30 años–, "los documentos se desclasifican automáticamente", subraya Beramendi. Otro ejemplo: en 2012 trascendió que el rey sintió "simpatía" hacia los golpistas porque el Ministerio de Exteriores alemán desclasificó un cable del entonces embajador en Madrid, Lothar Lahn. Sanz explica que en EEUU una oficina específica revisa todos los archivos que tienen que revelarse cado año, "con un criterio aperturista", y sólo se excluyen aquellos que aún puedan afectar a la seguridad del Estado. Pero en España ese automatismo no existe. 

Aquí queda un obstáculo más. Los papeles que no estén clasificados no son de libre consulta. En este caso rige la Ley de Patrimonio Histórico Nacional (de 1985), que en su artículo 57 establece que los informes que contengan datos personales o afecten a la seguridad de las personas no podrán ser examinados salvo que medie consentimiento expreso de los afectados o hayan transcurrido 25 años de su muerte o 50 años "a partir de la fecha" de esos archivos. Un plazo que los investigadores consideran "excesivo". Ello implica que sólo se puede examinar la información generada hasta 1964. 

"Hay una cerrazón en el acceso a los documentos oficiales. No se ha adoptado la legislación internacional, ni tampoco sucede como en otros lugares, donde se crean fundaciones a la memoria de un presidente y se facilita el acceso", asegura Abdón Mateos, catedrático de la UNED y presidente de la Asociación de Historiadores del Presente. Ahora podría abrirse una ventana de oportunidad con la Fundación Felipe González, creada el año pasado. 

La "discrecionalidad" de los funcionarios

Mateos, como Beramendi o Sanz, señala otra rémora: la "discrecionalidad" de los archiveros. "Algunos son más transigentes, otros no. Pero la tendencia es que cuando hay dudas, no dejan ver el documento en cuestión", dice este profesor. La cautela de los funcionarios tiene lógica: si permiten ver una carpeta oculta a una persona no autorizada, estarían cometiendo una ilegalidad. 

Los investigadores reclaman un cambio en la Ley de Secretos y la equiparación de España con la dinámica internacional, además de rebajar los topes expresados en la Ley de Patrimonio Histórico. Lo cierto es que tanto los Ejecutivos de José María Aznar como los de José Luis Rodríguez Zapatero intentaron modificar la primera, pero al final tuvieron que aparcar sus proyectos. Acababan tropezando en la responsabilidad achacable a los medios de comunicación en caso de filtración de papeles reservados. Sanz tiene otra explicación: "Si la Ley de Secretos no se ha cambiado cabe deducir que no le va tan mal a los gobiernos con ella. Además, ell antecedente de Aznar me hace temer que, si se retoca la norma hoy o se hace una nueva ley, puede ser para hacerla más secretista aún, aunque estaría arropada por el lenguaje de la transparencia". 

¿Cambiarán algo las cosas con la Ley de Transparencia, que entrará en vigor a finales de 2014? No hay mucha esperanza entre los investigadores, porque la norma deja fuera los informes clasificados. Para Mateos, "se promete el acceso a los ciudadanos, pero tiene el efecto perverso de que no se privilegia al investigador acreditado". Total, como dice Sanz, que "indagaren España es un drama. Otros países también tienen algunas vergüenzas que no dejan investigar, como la guerra de Argelia en Francia o algunos asuntos de la posguerra en Italia, pero lo de aquí es un celo extremo". 

El último libro de la periodista Pilar Urbano, que se presentará este jueves, contiene una importante revelación: que el expresidente Aldolfo Suárez tenía "clarísimo" que "el alma" del golpe de Estado del 23-F era el rey. Este martes, el PP, el partido del Gobierno, intentó salir al paso de estas informaciones haciendo una férrea defensa de Juan Carlos I. "No tengo ninguna duda de que el rey es el garante del Estado de Derecho y fue siempre el garante del Estado de Derecho en nuestro país. Nunca hemos tenido la menor duda", insistió Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral de los conservadores en una rueda de prensa convocada en la sede nacional para presentar un vídeo electoral.

En un avance de su libro publicado el pasado fin de semana en el dierio El Mundo, Urbano desmonta, además, que el expresidente del Gobierno y el monarca tuvieran una buena relación. Según su testimonio, en 1981 ambos "rompieron".

Además, Floriano fue preguntado sobre la entrevista que concedió el dirigente del PP vasco Chema Herzog el pasado domingo al programa Salvados de la Sexta. En un momento de la misma, Herzog insinuó que a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior con José María Aznar y actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo no le interesaba el fin de la violencia por tener intereses en empresas de seguridad. "Si tú tienes una empresa de seguridad o intereses en una empresa de seguridad, te interesa que no haya seguridad para vender tu producto", dijo.

El número tres del PP intentó zanjar la polémica apuntando a que "Mayor Oreja es una persona de trayectoria intachable y absolutamente honorable".

Vídeo de campaña

Durante la rueda de prensa, el vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular presentó un vídeo titulado “Si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado”. Un material que integra el trabajo de campaña los conservadores de cara a las elecciones europeas.

En lugar de optar por anunciar sus propuestas de cara a la cita del 25-M, el PP se ha decantado por denunciar la herencia recibida y por lanzar un contundente mensaje a los socialistas: "Nadie os echa de menos".

Mariano Rajoy tiene pendiente todavía designar candidato a las elecciones europeas. Floriano no quiso pronunciarse sobre si será inminente el anuncio. Se limitó a señalar que el partido "está en plazo". Y que se pronunciarán cuando mejor venga por los intereses de la formación.

En su iniciativa [consúltala en PDF], IU-ICV-CHA señala que la "falta de transparencia" en torno al 23-F "siembra de dudas un episodio trascendental de nuestra democracia". Y, a día de hoy, "se mantiene una opacidad injustificable sobre las pruebas que documentan las posiciones, actitudes, ambigüedades, aciertos, equívocos y responsabilidades de los protagonistas" del golpe. 

Esta propuesta está acompañada de una proposición no de ley [en PDF] en la que el grupo pide la desclasificación de "todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia", que tuvieron lugar entre el 23 y el 24 de febrero de 1981, tanto entre los golpistas con el exterior, como las hechas o recibidas por el palacio de la Zarzuela; y que se conozcan "todos los documentos" entre las reuniones que pudo mantener el monarca y el entonces presidente, Adolfo Suárez, en los meses previos al golpe y en los días posteriores. Esto último es una parte central del libro de Urbano, y objeto de la entrevista publicada el domingo por El Mundo. El rey y el jefe del Ejecutivo, según relata la periodista, mantuvieron varios encuentros, al final de los cuales Suárez tuvo la convicción de que el "alma" de la operación Armada fue el propio Juan Carlos. 

Por último, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, presenta a su vez cuatro preguntas al Gobierno [aquí en PDF], tomando como base estas reuniones que relata Urbano, así como las que mantuvo el rey con el general Alfonso Armada. El diputado inquiere al Ejecutivo si piensa instar a la Fiscalía a abrir una investigación "sobre el papel del rey, del Cesid" y de varios militares para, en su caso, "exigir las responsabilidades que correspondan a cada uno de ellos por una tentativa de golpe de Estado". Llamazares pregunta, por último, si se recabarán los testimonios de todos aquellos que han conversado con la periodista y a los que ella cita. 

"Un modelo de monarquía irresponsable"

"Que se abran cajones y cintas y el pueblo conozca todo lo que pueda haber", proclamó José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural, quien a su vez advirtió de que "quien ha sido señalado" deber ser "el primer interesado" en que se destapen los hechos. Indirectamente, se refería al monarca, de quien Urbano sugiere que pudo ser el Elefante Blanco que esperaban los golpistas, porque así se lo dijo el que fuera secretario general de la Casa del Rey el 23-F. "Si a mí me acusasen de ser el Elefante Blanco, ya estaría en los tribunales denunciándoloElefante Blanco", dijo. ¿Debería comparecer alguien de la institución en el Parlamento? "No adelantemos acontecimientos. Lo que queremos es que se abra el debate". "Es impensable que a uno le imputen prácticamente un golpe de Estado, y no salga nadie y dé explicaciones. Se ha consolidado un modelo de monarquía irresponsable ante los ciudadanos", completó el portavoz de ICV, Joan Coscubiela. 

Centella recordó que no es la primera vez que su grupo pide que se esclarezca todo lo relativo al golpe. A comienzo de legislatura, ya exigió lo mismo, la desclasificación de documentos, cuando la revista alemana Der Spiegel reveló un cable del embajador alemán en 1981, Lothar Lahn, en el que trasladaba que el rey mostró "simpatía" por el golpe. La izquierda ahora actualiza sus demandas, insistiendo en que no debe existir "ninguna sombra" sobre aquellos hechos, "por el bien de los actores e incluso de los guionistas" de los mismos. Ya es hora, dijeron los dos portavoces, de que se ponga a disposición "de los historiadores y del pueblo" toda la documentación. "Puede ser que finalmente el 23-F sea la gran mentira de la última etapa del siglo XX", verbalizó el portavoz de IU.

PP: desclasificación, "con arreglo a la ley"

El PSOE, al que ayer lunes se le preguntó expresamente por la desclasificación de archivos y no dio muestras de apoyar esa petición, hoy sí pareció abrir la mano, a la luz de las declaraciones de Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. "El Grupo Socialista apoya todas las iniciativas que vayan en favor de una mayor transparencia. Es verdad que hay muchos historiadores que están pidiendo la desclasificación. Salvaguardando el interés y la seguridad nacional, estamos dispuestos a ver y estudiar esa propuesta", la de levantar el secreto. Rodríguez dijo no conocer la iniciativa de la comisión de investigación, que Izquierda Plural había presentado minutos antes en rueda de prensa en la Cámara baja. "Tenemos muy claro el papel del rey el 23-F: paró un golpe de Estado en España", añadió. Un día antes lo había dicho la vicesecretaria general, Elena Valenciano. 

El PP, en cualquier caso, dará cerrojazo a la petición de IU-ICV-CHA, como ya deslizó Alfonso Alonso, el portavoz del grupo: "El 23-F es objeto de investigación histórica. La investigación política está muy clara". Es un episodio del que los españoles muy estar "muy orgullosos", por cómo se resolvió. Y en cuanto al rol del rey, nada que aclarar: "Ejerció su autoridad en defensa de la democracia. Es lo que vimos y eso es lo relevante. Esos son los hechos". Alonso recordó que él era un niño cuando ocurrió el golpe de Estado. "Y cuando don Juan Carlos salió [en televisión], todos nos pudimos ir a dormir tranquilos". Su papel como "garante" de la democracia no puede quedar "destruido por otros medios". 

En cuanto a la desclasificación de documentos de la intentona militar, respondió que el Gobierno, "con arreglo a la ley, determinará cuándo se puede hacer". 

Críticas a las palabras de Rouco Varela en el funeral de Estado

A Adolfo Suárez también concierne, en cierta medida, otra de las polémicas del día: las palabras, ayer, en su funeral de Estado en la catedral de la Almudena, del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien alertó de que hoy hay actitudes que "causaron" la Guerra Civil y que "la pueden causar". La mayoría de los grupos reprobó su homilía. Así, el PSOE tachó sus declaraciones de "indignantes" y dijo que ya es hora de que se planteen funerales laicos. Izquierda Plural cree que la Iglesia no debería "levantar fantasmas" sobre la contienda, porque no es siquiera "la apropiada" para hablar de ella. Rosa Díez, portavoz de UPyD, calificó la intervención del prelado de "absolutamente impresentable". Pere Macias, de CiU, de "alegato político" que venía a "justificar de alguna manera" el golpe de Estado de 1936. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), que estuvo ayer en el funeral, subrayó que las palabras de Rouco siembran "estupor e indignación" y "desdeñan la democracia".

Incluso Alonso, portavoz del PP, consideró que las circunstancias de hoy en día son "bien distintas" a las de los años treinta, porque "la democracia está consolidada", por mucho que haya "diferencias y debates apasionados". Pero, para salvarle la cara al cardenal, agregó: "Entiendo que formó parte de una reflexión de que la libertad hemos de defenderla todos los días y que no debemos darla como cosa hecha nunca".  

Y ha generado mil y un montaje fotográfico: