El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que el criterio de 'prioridad nacional' para prestaciones públicas pactado con el PP en Aragón alcanza tanto a los españoles de origen como los que han adquirido la nacionalidad.

Lo ha dicho en una entrevista en RTVE, después de que el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, asegurara este jueves, preguntado por a qué ciudadanos afecta este criterio: "Es español el nacido de padre y madre española".

Ignacio Garriga ha dicho que esta interpretación es un "error", porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI": "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles".

Sin embargo, el líder de Vox en Cataluña ha señalado que "llegará un momento" en el que habrá que abrir el debate sobre la nacionalidad española, que cree que "ahora se regala".

Garriga ha admitido dificultades para implantar el criterio de prioridad nacional, si bien ha defendido su constitucionalidad.

A preguntas de los medios, el líder del partido, Santiago Abascal ha matizado: "Ser español es tener la nacionalidad española; es lo que dice la legislación. Ahora si me pregunta si me parece bien que la nacionalidad española se regale a cualquiera, no, no me parece bien". Fuentes de la formación ultra remarcan que la de Abascal es la postura oficial del partido.

Vox ve posible "sortear" esas dificultades con criterios en la adjudicación de ayudas que permitan dar más puntos a los españoles. Por ejemplo, teniendo en cuenta los años que llevan empadronados en un lugar, si han estudiado allí o si sus padres han vivido allí.

"No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado", ha añadido.

Tras las críticas de dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno a esta medida, Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no mantenga una posición unánime.

El PP limita el alcance del criterio de prioridad nacional al arraigo. "Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura", afirmó el partido en un comunicado.

Por otro lado, y sobre el punto del acuerdo del PP y Vox que plantea "liberar" a Aragón del catalán, Garriga ha afirmado que la política lingüística debe hacerse en las aulas, y no "tirando" el dinero del contribuyente aragonés en "institutos para fomentar el catalán", por mucho que haya municipios en los que se hable.

Sobre la regularización de migrantes, Garriga ha afirmado que Vox es partidario de expulsar a todas las personas que estén en situación irregular para "defender" las fronteras españolas, aunque garantizando su "soporte vital" con unos "mínimos" mientras estén en España.

Sin embargo, mantiene que hay que deportarlas "con cariño pero a la vez con toda la contundencia", en condiciones de seguridad y salubridad.

Casi 8.000 migrantes murieron en 2025 en rutas migratorias irregulares en todo el mundo, y más del 40% de ellos perdieron la vida intentando llegar a Europa, según el informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La agencia advierte, además, que hay al menos otros 1.500 casos de fallecimientos que no han podido ser verificados, lo que sugiere que la cifra podría ser aún mayor.

Entre las rutas más mortíferas del año, el Mediterráneo central volvió a situarse como la más letal del planeta, con 1.330 muertes registradas, aunque supone una disminución del 27% respecto al año anterior. En paralelo, la ruta del Mediterráneo oriental —hacia Grecia, Chipre y Bulgaria— registró 374 fallecidos, un aumento del 91%, mientras que en el Mediterráneo occidental murieron 484 personas, un 15% menos que en 2024.

La ruta del Mediterráneo central se extiende desde Libia y Túnez, y alcanza a Italia en las islas de Lampedusa y Sicilia, uno de los primeros puntos de entrada en la Unión Europea.

Fuera del Mediterráneo, la ruta atlántica de África occidental hacia las Islas Canarias se consolidó como una de las más peligrosas, con 1.172 migrantes muertos. También destacan los cruces entre Afganistán e Irán, que causaron la muerte de 1.323 personas, convirtiéndose en la segunda ruta más letal a nivel global, pese a un ligero descenso respecto a las 1.474 muertes registradas el año anterior.

Otra de las rutas críticas fue la que utilizan principalmente los refugiados rohinyás para huir de Myanmar (Birmania) hacia el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde 860 personas perdieron la vida en 2025, el peor año registrado en este corredor migratorio.

La OIM subraya que, aunque en algunos casos se observan descensos en las cifras de fallecidos, esto no necesariamente indica una mejora en la seguridad de las rutas, sino posibles problemas de registro y verificación de datos. En este sentido, la organización advierte que muchas muertes podrían no estar siendo documentadas.

En conjunto, los movimientos migratorios hacia Europa han seguido evolucionando. En 2025, el 30% de las llegadas irregulares al continente procedieron de la región Asia-Pacífico, frente al 20% del año anterior, con Bangladesh, Afganistán, Irán y Pakistán concentrando la mayoría de estos flujos. Solo Bangladesh representó el 52% de todas las llegadas desde esa región.

La OIM estima, además, que alrededor de 340.000 familiares en todo el mundo se han visto directamente afectados por la pérdida de seres queridos en estas rutas migratorias. La organización concluye que, más que reducirse, los flujos migratorios están cambiando de trayecto, pero en muchos casos se están volviendo aún más peligrosos.

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión sin previa audiencia de las partes, porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de diez días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".

Pero el alto tribunal entiende en su auto que "no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia".

Explica que "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia", por eso "es evidente que la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición, sino de que exista una situación que aconseje la adopción de la medida a la mayor brevedad".

Igualmente, deja claro que "la urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia".

Y añade que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos —entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales— con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 15 de abril, el real decreto para facilitar la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en unos pocos meses, un texto que ha entrado en vigor hoy, fecha desde la que se pueden tramitar las solicitudes.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo, según informa EFE. Sánchez ha salido así al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización que prevé aprobar el Gobierno este martes.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que ha habido anteriores procesos de regularización. Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno del PP de José María Aznar regularizara a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.

Por eso, tras asegurar que de Vox no se puede esperar nada, ha instado al PP a que escuche a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.

Sánchez ha insistido en que se trata de algo bueno para España, para el reconocimiento de derechos y para el crecimiento económico, para tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles y para garantizar las pensiones.

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno ha asegurado que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden. "Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -ya la que aspiramos a ser", ha resumido. 

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se trata también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren. 

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que el camino es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven" en España y la regularización avanza en esta vía, al reconocer derechos pero también exigir obligaciones. 

Ha defendido que la integración solo es posible desde la regularidad: "Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha señalado. 

Sánchez ha contrapuesto el camino de "quieres quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" frente al de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.

El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras en su carta a los cientos de organizaciones y más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado "sin descanso" para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización, que logró "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". 

PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno tras aprobarse la regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización. 

Cuando el Gobierno anunció la regularización extraordinaria el pasado 26 de enero, las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Todo lo relativo a la migración genera debates. No es casual; es el resultado de más de diez años de trabajo minucioso de un grupo de intereses políticos y económicos, la denominada Franquicia antimigración, que utilizan este tema para desviar la atención de los debates realmente relevantes. Las preguntas son no sólo qué modelo de país necesitamos, sino cuál queremos y, por tanto, por cuál vale la pena luchar. En los próximos días se aprobará el Real Decreto que hará efectiva esa regularización, y hasta el 30 de junio cabe esperar que esa Franquicia movilice todos sus recursos para desestabilizar el debate público. Tienen dinero, organización y altavoces mediáticos. Nosotras tenemos la voluntad, los principios y algo que ellos nunca podrán comprar: el número. Somos más, aunque a veces nos cueste creerlo.

Soy ingeniera y me gusta analizar los números. Llevo años mirando los procesos electorales desde un prisma diferente, no desde los escaños sino desde los votos absolutos. No quiero entrar en el debate de si tendríamos que cambiar nuestro sistema con su Ley D'Hondt por otro de representación directa; eso es un melón complejo que necesitaría un artículo en sí mismo. Pero echarle un ojo a cómo vota la gente, en términos de número de votos, y su relación con un total de ciudadanos, proporciona informaciones interesantes para entender a la sociedad que está votando. Por ejemplo, este ejercicio aplicado a las elecciones de la alcaldía de Nueva York es brutal. Zohran Mamdani representa una de las victorias más sonadas del año pasado. Mirando los números de votos descubrimos que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que concurrió como independiente contra Mamdani, consiguió unos 900.000 votos. Estos son unos 150.000 votos más que los que obtuvo en 2021 Eric Adams, el anterior alcalde de Nueva York, que también era demócrata. Entonces, ¿cómo pudo ganar Mamdani? Porque su batalla no fue realmente contra Cuomo, al que no podía superar en su marco, sino contra la abstención. En 2021 la participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue del 23%. En 2025 la campaña de Mamdani la subió al 43%. Mamdani consiguió que más de un millón de personas creyeran que el cambio era posible y fueran conscientes de que su voto era determinante. 

Si ahora miramos los resultados de nuestras últimas elecciones generales en número de votos, vemos que al PP lo votaron 8,1 millones, al PSOE 7,8 millones, a Sumar y a Vox tres millones, y se abstuvieron diez millones. Es decir, que en términos numéricos las elecciones las ganó la abstención. Las personas en España nos repartimos entre derecha e izquierda de una forma similar desde hace décadas. Las bases sociales del PSOE y del PP se mantienen y un grupo de indecisos cambia de bando en ciclos alternos. Esto se vio alterado por la pluralización de los partidos en los años posteriores a la crisis de 2008. Pero no hemos cambiado tanto como nos quieren hacer creer. Y la gran mayoría de las personas que vivimos en España queremos un país con paz, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y un modelo laboral que nos permita vivir dignamente y, según las encuestas, también queremos un país que acoja con dignidad y justicia a las personas que vienen de fuera a trabajar y participar de todo ello. 

Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de frenar el odio y parar la polarización a la que nos someten los grupos antimigratorios de los que hablamos antes? Es un tema complejo, pero hay algunas claves que son importantes. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que está sucediendo con la convicción de que somos más personas que ellas y de que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de pararlas. El derrotismo que inunda los debates y las conversaciones es parte de su éxito. Tenemos que encontrar la forma de actuar identificando cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esto implica hacer el esfuerzo de salir a manifestarse, participar en una campaña de activismo digital o formar parte de grupos de acción ciudadana. Y debemos protegernos. Hay que elegir qué consumimos sin miedo al FOMO y evitando caer en las distracciones que los autoritarismos nos meten en la agenda. Como sugiere el lingüista George Lakoff en su guía para mantener viva la democracia en 2025 hay que premiar la información veraz y apoyar el periodismo de calidad y de largo aliento.

Las noticias falsas, el odio y los bulos se pueden desactivar. Solo tenemos que ser conscientes de nuestro poder. Estamos luchando por dominar un algoritmo. Pero finalmente esto es tan sencillo como darle al espacio de debate público el contenido que queremos que nos den. En lugar de odio, darle amor. En lugar de noticias falsas, darle noticias de calidad. Llenar esa red social que usas —Instagram, LinkedIn, WhatsApp o la que sea— con contenido positivo y constructivo cada día, como una gota malaya, para desarmar el trabajo de los bots. Se puede.

La regularización extraordinaria es indispensable. No existe elección. En un sistema ordenado y avanzado no se puede tener a más de medio millón de personas sin papeles, por razones que van desde las más éticas, como que todas tenemos que ser iguales en derechos, a las más prácticas, que los trabajos esenciales de nuestro país están en manos migrantes. Por desgracia, no podemos contar con el PP, que, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, está sometiendo a sus bases a una elección imposible, tensionando innecesariamente los espacios del conservadurismo moderado. De modo que tendremos que proteger el modelo de país que queremos desde la sociedad civil. Nos va a tocar volver a las redes y tapar el odio con contenidos de calidad. Tendremos que hablar de las necesidades de nuestra sociedad. Es una responsabilidad proteger con nuestro mensajes a las personas migrantes que serán el foco de las campañas y los odios. Y el 30 de junio, cuando todo haya pasado y más de medio millón de personas por fin tengan sus papeles, sentiremos que hemos participado en algo grande. Habremos vencido.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos podría entrar en cierre administrativo a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS; la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría en el Senado, el también conservador John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento. Esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley One Big Beautiful Bill (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros).

En caso de cierre del DHS, las acciones del ICE no se detendrían por completo, sino que podrían mantenerse gracias al dinero que contempla esa ley hasta que se agotase el fondo.

El voto favorable de los demócratas, o al menos de algunos de sus miembros, es necesario para aprobar la financiación del DHS. Los republicanos ostentan una mayoría en ambas cámaras, pero requieren 60 votos para que este tipo de medidas salgan adelante y tan solo poseen 53 asientos en el Senado.

Para dar luz verde a los presupuestos del DHS, el Partido Demócrata pide que se prohíba a los agentes del ICE entrar en hogares sin una orden judicial, exigirles que estén claramente identificados, que utilicen cámaras corporales para que sus actos queden registrados y no usen máscaras durante las redadas.

Además, reclaman el fin del perfilado racial, deteniendo a personas únicamente por su apariencia física o raza, y limitar los arrestos en la vía pública o en lugares sensibles como escuelas o iglesias.

La representante demócrata Rosa DeLauro presentó este miércoles un proyecto de ley para financiar completamente todas las agencias del DHS, excepto el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Secretario.

El ala moderada del Partido Republicano se ha mostrado abierta a algunas reformas propuestas por los demócratas, como el uso de las cámaras personales, pero la parte más radical de la formación las ha tachado de "poco realistas y poco serias".

Thune insiste en avanzar con una medida provisional para garantizar las operaciones migratorias, mientras que Johnson sostiene que esa postura es una concesión a los demócratas y aboga en su lugar por seguir adelante con una propuesta de financiación anual para el DHS que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes.

En caso de que se imponga la propuesta provisional, varios republicanos han expresado su deseo de que dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

El Congreso aprobó la semana pasada la ley presupuestaria que permitió la reactivación del Gobierno Federal tras un fin de semana de cierre, pero solo encontró consenso en extender los fondos del DHS hasta este viernes.

En caso de que el bloqueo se mantenga pasada esa fecha, el departamento entraría en un cierre indefinido hasta que se alcanzara un acuerdo.

No obstante, los servicios esenciales, como el personal de la Patrulla Fronteriza, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos y servicios de emergencia seguirían en activo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también suele permanecer abierto puesto que opera con las tarifas que los usuarios pagan por sus trámites. 

PP y Vox lo expresan sin rodeos: los migrantes son una amenaza para la civilización, hablan de “invasión” pero defienden a las patronales agrícolas, de cuidados o de servicios que se enriquecen gracias a la irregularidad de un sistema que depende de su explotación. Su racismo es un arma electoral, pero a la vez una defensa de las clases explotadoras.

El PSOE, por su parte, ha jugado históricamente a la ambigüedad; por un lado, se presenta como defensor de derechos, pero por otro mantiene intacta una legislación que fabrica ilegalidad y permite redadas, CIE y deportaciones, ha defendido el retraso sistemático de la regularización amparándose en “prudencia institucional”, pero su fin era no incomodar a la derecha ni a los intereses económicos que se benefician del trabajo sin derechos. Puro cálculo político.

La economía española se sostiene sobre esta división racial del trabajo, sin ella muchos sectores agrícolas, de la limpieza, de cuidados, etc., no funcionarían sin personas sometidas al miedo constante a la expulsión. Les acusan de “quitar empleo”, es falso, pero sirven para abaratar salarios y presionar a la baja a toda la clase trabajadora. El racismo cumple aquí una función central: justificar que unas vidas valgan menos que otras.

Frente a este entramado, las personas migrantes han reaccionado a la reducción de derechos construyendo poder colectivo mediante redes de apoyo, cajas de resistencia, viviendas compartidas y sistemas de autoprotección frente a redadas, poniendo en marcha prácticas políticas antirracistas en sentido material: rompen el aislamiento, desafían la lógica individualista y disputan control sobre la propia vida.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y su marca Top Manta desmontaron el relato criminalizador y señalaron al verdadero responsable: una ley que empuja a la calle y luego castiga por sobrevivir. En Almería, el SOC-SAT expuso el racismo estructural del modelo agroexportador, donde empresarios que votan al PP o a Vox dependen de trabajadores a los que deshumanizan. Las mujeres migrantes, desde el trabajo doméstico, arrancaron derechos como el Convenio 189 de la OIT pese a la oposición conservadora.

La regularización impulsada por Regularización Ya no es caridad ni generosidad institucional, es una conquista arrancada al Estado por la presión social de las organizaciones antirracistas, que ha llevado a grupos como Podemos, ERC y Bildu a que el PSOE ante la amenaza de bloqueo de otras leyes aprobase el Real Decreto urgente de regularización. Es una victoria política de los migrantes, un golpe al discurso del odio y a la economía sumergida. Reconocer derechos a quienes sostienen el país no es radical. Lo verdaderamente radical ha sido explotarlos durante décadas con la ley en la mano.

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J. Luis Carpintero es socio de infoLibre.

"Wow". Así respondía Elon Musk hace unos días ante una de las últimas medidas del Gobierno: la regularización de casi medio millón de inmigrantes en España que están ahora mismo en situación administrativa irregular. Ahora, la política española ha vuelto a llamar su atención. ¿Su objetivo esta vez? Irene Montero.

En un mitin del viernes pasado en Zaragoza en plena campaña electoral por las elecciones aragonesas que se celebrarán el próximo domingo, la eurodiputada de Podemos se refirió a la regularización. “Ojalá la teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora”, expresó Montero, que también anunció que el partido trabajará para que estas personas puedan nacionalizarse y participar en los procesos electorales.

Ante su intervención, la derecha internacional ha sido rápida. De hecho, el mensaje al que contestó Musk no fue el vídeo directo de Irene Montero sino otro comentario de la ultraderechista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, conocida por su discurso antiinmigración y en contra del feminismo. La abogada apuntaba: "Esta mujer, que aboga por el reemplazo de la gente blanca, está casada con un hombre blanco y tiene tres hijos blancos. Este nivel de traición, no solo a su propia gente, sino también a sus propios hijos, solo puede calificarse de patología extrema o maldad pura, o ambas".

Con su respuesta a la ultraderechista, Musk no se quedaba corto. El hombre más rico del mundo acusó a Montero de promover un "genocidio" y aseguró que era "absolutamente despreciable". Montero contestó rápidamente. "Por supuesto, la gente decente —que constituye la mayoría de la humanidad— debe reemplazarlos. Urgentemente. Para que dejen de violar, bombardear, secuestrar niños y matar". Con este mensaje, la candidata de Podemos a la presidencia hace referencia al último escándalo de Musk.

En la última tanda de archivos relacionados con el caso Epstein, el nombre del magnate figura entre los documentos. Musk intercambió mensajes con el pedófilo entre 2012 y 2014 en los que intentaban cuadrar agendas para poder verse en Florida o en el Caribe. "Si encuentras el tiempo, visítame en mi isla", escribió Epstein en 2012.

Hace unos días, Musk también se pronunció por las políticas de inmigración del Gobierno de España. En su red social, respondió a un mensaje que decía: "Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral". El mensaje continuaba: "La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente importar un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda". La respuesta del magante fue sencilla: "Wow".

La del presidente del Gobierno no fue tan escueta. Ante los mensajes de Musk, Pedro Sánchez se defendió haciendo referencia al rol de Musk como dueño de Tesla, y su obsesión por ir al espacio. "Marte puede esperar. La humanidad no".

La lógica de Musk es la misma que ha seguido la derecha española. Alberto Núñez Feijóo promovió en un primer momento la idea de que la medida buscaba el rédito electoral asegurando que con la regularización el PSOE quería obtener más votos. "No tiene derecho [el Gobierno] a incrementar el censo con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración de más de 800.000 personas", aseguró el líder del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue un paso más allá y manifestó que lo que pretendía el Gobierno era "alterar el censo electoral".

Nada más lejos de la realidad. La regularización solo concede el permiso de residencia a los beneficiarios para poder trabajar de forma legal. La única forma de poder votar pasa por pedir la nacionalidad española, un proceso que puede tardar entre dos y diez años, si es que se aprueba. Los populares finalmente admitieron que su afirmación era falsa, aunque solo se retractaron en los tiempos, asegurando que el censo no se alteraría "a corto plazo", según contó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, durante una entrevista en RNE.

En el sur de Mineápolis, Matías y su esposa Laura (ficticio) parecen llevar una vida normal. Trabajan en una tienda de alimentación, alternando la caja y la reposición. No hay mucha gente este martes 27 de enero, pero su teléfono no para de sonar. En ese momento, tienen muchos pedidos a domicilio. En la recepción, una pila de recibos indica que hay una serie de pedidos listos para repartir.

Las compras que gestiona la pareja tienen su explicación. Los clientes que llaman por teléfono casi nunca salen de casa porque están siendo buscados activamente por el ICE, la policía de inmigración, o temen serlo.

Si al principio el objetivo del Gobierno federal era, al menos oficialmente, luchar contra “el fraude” en Mineápolis, la operación contra la inmigración que comenzó en diciembre ha adquirido otra dimensión en las últimas semanas. En la ciudad ya nadie está a salvo. Ni de ser detenido (por el ICE), ni de resultar herido, ni siquiera de morir en manos de los agentes. Cada día, a través del escaparate de su tienda, Matías y Laura son testigos de lo que se ha convertido allí en la “mayor operación de la historia” de la policía de inmigración.

La Casa Blanca ha enviado hasta 3.000 agentes al lugar. Desfilan por las calles al volante de grandes todoterrenos, algunos fuertemente armados, otros vestidos de paisano. Todos llevan mascarillas. Desde hace dos meses, su presencia aterroriza a una parte de la población entre las más vulnerables, ante la mirada de sus vecinos indignados y decididos a actuar.

Los agentes del ICE no pueden ir a ningún sitio en Mineápolis sin ser recibidos con silbidos y megáfonos. “¡ICE! ¡ICE! ¡ICE!”, advierten los vecinos y vecinas, ahora organizados en “brigadas”. Nadie sabe cuántos son. Ni siquiera los propios vecinos y vecinas lo saben. No todos se conocen personalmente.

Algunos aparecen bajo seudónimos. Bear (oso), por ejemplo, es el nombre que aparece en los grupos de WhatsApp o Signal a través de los cuales se comunican los vecinos. Se calcula que se han inscrito en Mineápolis más de 10.000 personas para participar en esos grupos de acción inmediata. Es una cadena de solidaridad, muy organizada, en la que cada uno tiene una tarea específica.

Los “cazadores” siguen el rastro de los vehículos del ICE. Los “distribuidores” comunican las matrículas de los SUV a los “vigilantes/silbadores” en la calle. Los “financieros”, por su parte, recaudan donaciones. Los “repartidores” se encargan de llevar la compra a las familias inmigrantes atrincheradas en sus casas. Por último, los “conductores” se encargan de su transporte en coche. La gran mayoría de esos vecinos, llamados genéricamente “auxiliares”, han nacido en Estados Unidos o se han naturalizado.

Son ellos quienes aparecen en las imágenes de la televisión. Son ellos quienes forman literalmente un cordón de seguridad alrededor de los inmigrantes, con sus cuerpos, a veces poniendo en peligro sus vidas, como Renee Good y Alex Pretti, una poeta y un enfermero de 37 años asesinados a tiros este mes en Mineápolis por las fuerzas federales. La primera por bloquear el paso a los agentes del ICE, el segundo por intentar proteger a una manifestante empujada por un agente.

En esas brigadas hay vivos, muertos y también invisibles: los propios inmigrantes, como Matías y Laura, que se describen a sí mismos como “independientes”. Esta pareja (en situación regular) “no trabaja con nadie”, confiesa a Mediapart, salvo con sus “repartidores”. Prefieren pasar desapercibidos y, paralelamente, ha desarrollado su propia red con la que se comunican en español, una cadena de comunicación independiente que surgió en junio en Los Ángeles en la comunidad hispana, cuando se llevaron a cabo las primeras grandes operaciones contra la inmigración.

En Mineápolis, la alianza entre los inmigrantes y los “auxiliares” parece hoy un laboratorio a escala real. ¿Por qué la Casa Blanca ha enviado tantos policías de inmigración a ese bastión de la izquierda enclavado en el corazón del Medio Oeste? Después de todo, la ciudad y, en general, el Estado de Minnesota cuentan “solo” con 130.000 indocumentados, mucho menos que en Nueva York, por ejemplo. Sobre el terreno, el interés está en otra parte. La Administración parece estar poniendo a prueba sus límites.

Para Matías y Laura todo comenzó este otoño, cuando una fuente bien informada de la comunidad hispana les dijo que se “prepararan”. El “gobierno” está tramando “algo”, les advirtió entonces la fuente. Alrededor del Día de Acción de Gracias, en noviembre, la amenaza se hizo más evidente. “Nos dimos cuenta de que los clientes ya no venían” a la tienda, explica Laura a Mediapart. En aquel momento, los agentes del ICE aún no se habían desplegado masivamente en la ciudad, pero Laura lo entendió enseguida.

Junto con su marido, reparte pequeños folletos en español con un código QR. En ellos se lee “¿Necesitas algo?”. “Hacemos entregas a domicilio. Es fácil, rápido y vamos a tu casa. Llámanos o escríbenos a este número XXX”. Para las primeras entregas, Laura cuenta con la ayuda de una vecina que fue profesora de sus hijos, maestra de primaria. “Luego, la maestra habló de las entregas a otro profesor y luego a otro”. Hoy, Laura y su marido ayudan a una veintena de familias inmigrantes confinadas. Hacen varias entregas al día.

Este martes, unos minutos antes de que los “repartidores” llegaran a la tienda, una patrulla del ICE pasaba precisamente por la zona. Los agentes son inmediatamente localizados por los “silbadores”, alertados en directo por los “distribuidores”. A través de Signal, estos últimos indicaron a los primeros el modelo del vehículo: un gran Jeep Wagoneer blanco. “¡ICE! ¡ICE! ¡ICE!”, se oye entonces entre silbidos, bocinazos y teléfonos que graban cada interacción. A través del escaparate, Laura y Matías lo oyen todo. Los pedidos están listos en recepción.

Una mujer alta y rubia de ojos azules, enfermera a punto de jubilarse, se dispone a entregar los pedidos. Se ha cruzado con la patrulla del ICE fuera y les ha recibido con un gesto obsceno. “Sed hombres”, les ha gritado, “dejad de esconderos detrás de vuestras máscaras, ¿tenéis miedo de las viejas blancas?”

En la recepción de la tienda, la enfermera recoge una hoja de papel con los números de pedido, los teléfonos y las direcciones. “¿Y si el ICE la detiene durante la entrega?”, le preguntamos. “Me han dicho que me coma la hoja de papel, creo que se puede comer”, dice la enfermera sonriendo.

Su primera parada es frente a una casa modesta, cuya gran ventana de la planta baja ha sido cubierta con una manta de flores. La enfermera llama por teléfono a los inquilinos. Una familia con tres hijos que ya no van al colegio. No hablan español, pero consigue confirmar con ellos el número de pedido. La entrega solo dura unos segundos. En la calle, la enfermera se asegura de que no la sigue nadie.

Por el camino de vuelta, desfilan ante sus ojos las casas con carteles en las ventanas. Pintadas y grafitis por todo el barrio piden la salida del ICE. Se puede leer “ICE out” o “Fuck ICE”. La enfermera se movilizó hace unas semanas, tras el asesinato de Renee Good. “Me puso enferma. Utilizan armas contra nosotros”, dice a Mediapart, “pero nosotros solo ayudamos”. “Yo doy de comer a quienes me piden comida”, añade Laura.

En Mineápolis se han vuelto a reactivar las redes que se movilizaron tras el asesinato de George Floyd, víctima hace cinco años de la violencia policial. Han tomado prestados los métodos utilizados por los activistas en Los Ángeles y luego en Chicago, sobre todo los silbatos. No son necesariamente personas que se hayan involucrado tradicionalmente en la vida política.

Su movimiento es no violento. Hoy vienen a “ayudar” a sus vecinos, a sus clientes o a sus compañeros de trabajo. Mineápolis es una ciudad “pequeña”, con poco más de 400.000 habitantes, frente a los ocho millones de Nueva York. Para ellos, hay algo personal en todo esto.

A nivel nacional, la ciudad vuelve a aparecer como un punto de inflexión en la política de Estados Unidos. Tras calificar falsamente a Renee Good y Alex Pretti de “terroristas”, la Administración Trump ha dado marcha atrás. El presidente pide ahora una “pequeña desescalada” y ha destituido a Gregory Bovino, hasta ahora al frente de las operaciones del ICE, incluidas las de Mineápolis. Ni siquiera el vicepresidente, J. D. Vance, habla ya públicamente de la “inmunidad absoluta” concedida al ICE.

Pero en Mineápolis, el cambio de retórica en las más altas esferas del Estado no convence a nadie. No se ha abierto ninguna investigación penal contra los agentes del ICE implicados en las muertes de Good o Pretti. Las autoridades federales han apartado a los investigadores de Minnesota de ambos casos.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, sigue en su puesto. Y Tom Homan, sucesor de Bovino al frente de las operaciones sobre el terreno, prometió en rueda de prensa este miércoles que “pronto se hará justicia” contra quienes se movilizaron en los grupos de Signal y Whatsapp para, según él, “atacar” a los agentes del ICE.

“¿Todo esto es peligroso? No lo sé”, responde a Mediapart la enfermera repartidora. “Yo ya tengo una edad, mis hijos son mayores. Tengo menos que perder. Y además, no se puede pensar en eso [en la muerte, ndr]. Hay que separar las cosas”.

Este martes, las temperaturas en Mineápolis rondan los 15° bajo cero. Hace tanto frío fuera que incluso la tinta de los bolígrafos acaba congelándose. En un comercio de la zona, Antonio (ficticio), inmigrante mexicano, ha preparado café para que la enfermera y todos los demás entren en calor. “Hacen tanto por nosotros que también tenemos que ayudarles.”  Antonio es uno de los invisibles. “Quiero participar”, confiesa a Mediapart en español.

“Cuando puedo, busco información. O coordino algunas entregas. También recojo alimentos”. Su hermano fue detenido por el ICE en la ciudad, en diciembre. Durante tres semanas, Antonio no tuvo noticias de él. Él tampoco tiene papeles. La Administración le dice que es un delincuente, pero “por primera vez en [su] vida”, gracias a sus vecinos, a la enfermera y a todos los demás, “entiende lo que significa ser querido por los americanos”.

Traducción de Miguel López

La Comisión Europea (CE) presentó este jueves dos nuevas estrategias en materia migratoria, una sobre visados y un plan quinquenal para acotar los ingresos "irregulares", que en la práctica afianzan el endurecimiento de la política sobre inmigración de la Unión Europea.

Con estos planes la Comisión busca reducir la migración "ilegal", según el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, así como luchar contra las redes de tráfico de personas e impulsar la atracción de talento a la Unión Europea para aumentar la competitividad económica de los Veintisiete, según el político.

La Estrategia de la UE en materia de visados hace más estricta su concesión y promueve la deportación de personas a terceros países, con los que los migrantes pueden no tener ningún tipo de relación. Además, plantea la suspensión, denegación o restricción a Estados que lleven a cabo "acciones hostiles" que socaven la seguridad del bloque comunitario.

A su vez, plantea un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes, que la UE tiene con países como Argentina, Brasil, Japón o Estados Unidos, "con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado".

En la misma línea se sitúa la Estrategia Europea de Asilo y Migración, es decir, los objetivos políticos de la Unión en esta materia para los próximos cinco años y que se basan en el uso de "una diplomacia migratoria firme" para afrontar estos desafíos.

Este endurecimiento choca sobre el papel con la reciente decisión del Gobierno de España de regularizar a 500.000 migrantes irregulares residentes en España, aunque la Comisión se esforzó este jueves en matizar que se trata de "un tema distinto" al presentado. "Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" de esa migración y "ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España", dijo Brunner en rueda de prensa.

Ambos planes tienen como punto en común la intención de Bruselas de atraer todo el talento posible desde terceros países debido a "las carencias de competencia y la escasez de mano de obra que se acentuarán en muchos sectores claves" que la UE presentará durante los próximos cinco años. Para ello, la CE propuso simplificar y acelerar las normas y el proceso a la hora del reconocimiento y validación de cualificaciones y competencias, el aprovechamiento de la digitalización y la inteligencia artificial en la migración y la lucha contra el empleo ilegal y la explotación de trabajadores migrantes.

Ahora, los países de la UE, representados en el Consejo de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo deberán avalar estos planes que pretenden adaptar a los Veintisiete a los retos migratorios del próximo lustro.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y JxCat, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes, según recoge EFE.

Así lo ha dicho Montero en declaraciones a SER Catalunya, un día después de haber anunciado un acuerdo con el PSOE que tiene como objetivo regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Montero ha admitido que ese pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado: "Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa".

Lo que sí ha explicado es que en su partido hay predisposición a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, "modificando" el texto que acordaron hace meses PSOE y JxCat –y que Podemos bloqueó en el Congreso–, para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y JxCat pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista. Montero ha señalado que este voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista".

Y el hecho de haber pactado la regularización con el PSOE puede allanar el terreno: "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos. Antes de hablar de competencias y de cómo modificar ese texto que habían pactado PSOE y Junts para que quede libre de racismo, teníamos que regularizar a personas migrantes". Ese era, según la eurodiputada, un elemento "fundamental para que el traspaso de competencias no refuerce el racismo y la violencia institucional contra las personas migrantes".

Sobre la contrapartida pactada con el PSOE a cambio de la regularización de personas migrantes que pedía Podemos, no ha revelado de qué se trata, porque los socialistas han exigido "discreción", pero sí ha asegurado que "no tiene que ver con temas de defensa ni de los presupuestos". Tampoco tiene que ver, ha remarcado, con el voto a favor de Podemos a la convalidación del decreto-ley de subida de las pensiones que se debatirá este martes en el Congreso y que incluye, además, una moratoria de los desahucios.

"Lo que hoy va a pasar es gravísimo. PP y Vox, junto a Junts, van a hacer que 60.000 personas puedan quedarse sin sus casas y ser desahuciadas sin alternativa habitacional", ha denunciado. Sobre la negociación presupuestaria, ha advertido de que Podemos exigirá, entre otras cuestiones, "bajar los alquileres por ley" y "dejar de gastar en armas": "No vamos a votar unos presupuestos de guerra", ha afirmado.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha dado este martes la "bienvenida" al cambio de posicionamiento de Podemos sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, después de que la formación morada se haya abierto a negociarlas.

"Siempre hemos reclamado poder tener las competencias de inmigración en Cataluña y lo que teníamos es que Podemos nos vetaba. Ahora mueven su posición, bienvenidos sean, ya tendrían que haberlo hecho desde el primer momento", ha asegurado Vergés en una rueda de prensa en el Parlament.

Además del cambio de posición de Podemos, Vergés se ha referido al acuerdo para que Cataluña tenga asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), Vergés ha asegurado que este paso "confirma" que no ha sido hasta que JxCat se ha "plantado" en el Congreso que el Gobierno "se ha empezado a mover", y ha reclamado que cumplan la totalidad de lo pactado en el acuerdo de Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado este lunes un acuerdo para oficializar que Cataluña pase a disponer de un asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Se trata de dos compromisos que el PSOE había asumido con JxCat y que figuran en los acuerdos de investidura de los socialistas con ERC, pero que aún estaban pendientes de materializarse y que ahora finalmente toman cuerpo, según ha avanzado La Vanguardia.

La Corte de Casación de Francia confirmó la condena por difamación contra Marine Le Pen, quien había acusado en 2022 a la oenegé La Cimade de organizar la entrada de inmigrantes irregulares en el departamento de ultramar francés de Mayotte, informa EFE. De este modo, la líder ultraderechista resulta condenada a una multa de 500 euros, aunque exenta de cumplimiento.

En una entrevista al canal BFMTV en enero de 2022, la entonces candidata presidencial Le Pen había acusado a La Cimade -una oenegé contra la xenofobia y en favor de la integración de las personas inmigrantes- de "organizar la entrada de inmigrantes clandestinos" desde las islas Comoras al archipiélago de Mayotte, en las costas del sudeste de África, en el océano Índico. Tras haber sido condenada en primera y en segunda instancia, la líder ultranacionalista acudió a la Corte de Casación, la más alta instancia en el ordenamiento jurídico francés.

La Cimade se felicitó de la decisión y recordó que el Alto Tribunal validó el argumento de que "no hubo un ataque a la libertad de expresión desproporcionado en la sentencia condenatoria" contra Le Pen, según dijo en un comunicado.

"Los discursos falaces destinados a estigmatizar a las personas migrantes y a las asociaciones que las acompañan para así avivar las tensiones sociales y la violencia no pueden difundirse con total impunidad", aseveró la presidenta de la organización, Monique Guyot-Berni.

En otro proceso de mayor envergadura, la líder ultra está inhabilitada con efecto inmediato durante cinco años -lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 en las que es favorita- tras ser condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

La decisión, que no es firme, será de nuevo examinada por el Tribunal de Apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero de 2026. 

Cuando Ayuso respondió a Vox diciendo eso de que hacen falta inmigrantes porque “alguien tendrá que limpiar en sus casas”, se generó una gran polémica, ya que se trataba a los inmigrantes como si fueran objetos funcionales a las necesidades de los autóctonos; instrumentos animados, en la definición que hacía Aristóteles de los esclavos. Pero en su frase hay algo de verdad y también algo rechazable. La verdad es que, de facto, la mayoría de los inmigrantes realizan los trabajos más duros y peor pagados. Pero es rechazable dar a entender que los trabajadores inmigrantes estén destinados, por su propia naturaleza, a tener que vivir en malas condiciones.

La situación tiene dos explicaciones: una culpa a los propios trabajadores y busca enfrentarlos con otros trabajadores; la otra explicación pone el foco en el modelo productivo, en los derechos y en la condición de ciudadanía. La derecha ha encontrado en los trabajadores inmigrantes su chivo expiatorio para explicar problemas sociales y evitar así señalar al bloque de poder económico. ¿Los altos precios de la vivienda? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los salarios y las condiciones de trabajo? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los problemas de la sanidad? La culpa es de los inmigrantes.

Se pone a competir a trabajadores autóctonos contra trabajadores inmigrantes en torno al trabajo, los servicios públicos y la vivienda. Así pues, las mismas oligarquías e intereses que rechazan lo público y buscan acabar con cualquier sistema de bienestar proponen un juego de suma cero entre inmigrantes y servicios públicos, enfrentando a trabajadores pobres con otros aún más pobres, y afirmando que los inmigrantes hacen peligrar el bienestar de los autóctonos. Pero lo que pone en peligro los servicios públicos, lo que explica la falta de acceso a la vivienda o los bajos salarios, es un proyecto de clase que busca generar la discordia e inocular el resentimiento entre trabajadores para así blindar sus objetivos. El medio que utilizan para conseguirlo es la extrema derecha: su infantería política.

La respuesta a esa agenda del odio entre trabajadores también tiene que ser de clase: la culpa de que no se invierta en vivienda y de que la vivienda sea un activo especulativo no es del currela inmigrante que trabaja en la obra. La culpa de que no haya pediatras asignados, que se saturen las urgencias o que no te pueda ver el especialista a tiempo no es de la currela inmigrante que trabaja limpiando las habitaciones de los hospitales. La culpa de que haya empresarios que no paguen las horas extras no es del currela inmigrante que cobra menos que nadie. La culpa es los explotadores, los especuladores, los usurpadores y sus representantes políticos que trabajan para disciplinar a la fuerza de trabajo. 

La extrema derecha se lleva las manos a la cabeza porque la inmigración se ubica, mayoritariamente, en los barrios con menos renta, como si esto fuera algo nuevo, como si no fuese una constante histórica que ha vivido la clase trabajadora. Los trabajadores inmigrantes acaban en el mismo sitio donde han acabado siempre todos los trabajadores que emigran a la ciudad: en los barrios más pobres. “Los proletarios acampan en los márgenes de la sociedad sin ubicarse en ella”, afirmaba Auguste Comte en el siglo XIX. El mismo sitio donde se ubicaban las miles de personas que vivían en poblados chabolistas en el tardofranquismo. Por no decir que toda la VPO construida en el franquismo tenía como finalidad convertirse en vivienda de mercado: intervenir desde el Estado para financiar activos privados. Un inmenso proceso de privatización de lo que hoy podría ser un parque de vivienda protegida. De aquellos barros, estos lodos.

La crisis de acceso a la vivienda es una crisis global que también se da en los modelos en los que se mira la extrema derecha, como los Estados Unidos, Polonia o Hungría. Hungría es el país de la UE donde más ha crecido el precio de la vivienda desde 2015, aunque haya perdido población. En Polonia el precio de la vivienda sube más que en España, aunque su población haya disminuido. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma razón por la que en España sube el precio de la vivienda en municipios que pierden población: porque la vivienda es un activo financiero y existe una demanda especulativa que compra con una finalidad que no es para vivir. La extrema derecha, por su propia definición, es el espejo deformado de la hipótesis comunista: señala los mismos problemas, pero con el objetivo contrario; es decir, articula el mismo malestar, pero no para atender a las causas que lo producen, sino para desplazarlo hacia un lugar que proteja los intereses, en este caso, de la especulación inmobiliaria. Eso no significa que el incremento de la población no impacte en los precios; quiere decir que esa no es la causa que explica el problema de acceso a la vivienda y que señalar a los trabajadores es propio de una posición servil con los intereses de los especuladores.

Con el trabajo ocurre algo similar. El razonamiento es el mismo que aplican cuando hablan de los servicios públicos: culpar a los últimos de lo que sufren los penúltimos para beneficio de los primeros. Quienes denigran e infrafinancian la sanidad pública son los mismos que acusan a los trabajadores inmigrantes de saturarla para luego obtener rédito electoral. Quienes apoyan los bajos salarios y mantener a sectores de bajo valor añadido son los mismos que culpan a los trabajadores inmigrantes de la precariedad de los autóctonos, algo que es falso: los trabajadores inmigrantes se ubican en los rangos más bajos de renta y sufren las peores condiciones laborales, lo cual no supone que tiren a la baja los salarios de los autóctonos, y así lo constatan todos los estudios.

Los inmigrantes vienen a trabajar porque se les llama, y quien les llama son las necesidades del modelo productivo, que exige una fuerza de trabajo que acepte bajos salarios. Y aceptan bajos salarios por necesidad y por falta de garantías. ¿Por qué nunca se pone el foco en el modelo productivo, en las condiciones que se ofrecen y en la ausencia de condición de ciudadanía? ¿Por qué no se pone el foco en la situación que viven esos trabajadores y se reivindican derechos para que nadie tenga que aceptar determinadas condiciones miserables? No quieren aumentar los derechos laborales porque eso les permitiría exigir más por lo que ahora hacen, y eso supone tener que pagar más, lo cual —dicen— se traduce en que se verían obligados a subir los precios. Defienden lo que defendía Bernard Mandeville cuando escribía eso de que “la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.

Prefieren tener a gente en condiciones de semiesclavitud y culparles por ello. Porque quien culpa a los trabajadores de su pobreza lo hace porque se opone a que los trabajadores conquisten derechos y ciudadanía. Sin embargo, es mejor contar con un modelo productivo centrado en sectores que generen más riqueza, que paguen mejores salarios y que ofrezcan mejores condiciones de vida y de trabajo, aunque el precio suba. Lo que es propio de un cipayo es devaluar a tu país para competir a la baja porque prefieres centrarte en ofrecer servicios baratos para el bolsillo de extranjeros con dinero. Lo mejor que podría pasarles a los trabajadores autóctonos pasa por elevar las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, porque eso induce la inversión en tecnología, acelera la obsolescencia de negocios improductivos sostenidos con la precariedad laboral y ayuda a impulsar la necesaria reconversión empresarial y productiva que necesita este país. Ambos pueden coincidir en exigir políticas sociales y económicas que inviertan en garantizar su bienestar y condiciones de vida. Los problemas de los trabajadores autóctonos no son los trabajadores inmigrantes; las soluciones sí van de la mano de ambos. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Nueva York (Estados Unidos).– En la duodécima planta del edificio de Federal Plaza nº 26, en Manhattan, donde tiene su sede el tribunal administrativo encargado de la inmigración, hay hombres con pasamontañas deambulando por los pasillos. Las familias tienen dificultades para reunirse dentro de las salas de audiencia ante los jueces que dictaminan principalmente sobre solicitudes de asilo. Allí, todos piensan en una sola cosa: lo que les espera a los inmigrantes al salir. ¿Quién será brutalmente detenido por las autoridades federales?

En Nueva York, donde reside la mayor población de indocumentados de Estados Unidos (cerca de 600.000 personas), la política de expulsiones a gran escala es una prioridad de la Administración Trump. No se basa únicamente en operaciones callejeras, en las que generalmente se persigue a quienes trabajan. En la ciudad más grande del país, una ciudad santuario que limita su cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración, las redadas no suelen hacerse en la calle.

Se llevan a cabo en este imponente edificio de 41 plantas, que alberga tanto la sede neoyorquina de la policía federal de inmigración (ICE) como un tribunal administrativo especializado en cuestiones de asilo e inmigración. Un chollo para el ICE, que solo tiene que subir unos pisos para detener a los migrantes que se presentan cada día por docenas. Allí, en los pasillos, se repite la misma escena.

Gritos en español, lágrimas, manos que intentan retener a un ser querido que acaba de ser detenido. Niños pequeños, con los ojos como platos, que no comprenden que probablemente no volverán a ver a su padre o su madre, que pronto serán deportados o trasladados a una prisión, lejos, muy lejos, a miles de kilómetros. En las últimas semanas, el edificio del Federal Plaza se ha convertido por sí solo en un asunto político, un punto de tensión.

Porque para las autoridades demócratas de la ciudad de Nueva York, al igual que para otras organizaciones de defensa de las libertades civiles o de ayuda a los migrantes, esta estrategia disimulada de separación de familias es simplemente ilegal. Esas detenciones en los locales del tribunal, explicaron en una denuncia presentada a principios de agosto en Nueva York, constituyen una violación de las propias directrices internas del ICE, que deben garantizar el acceso a una justicia administrativa imparcial y “equitativa”.

Acusaciones que son rechazadas en bloque por Tricia McLaughlin, portavoz del departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones en los tribunales son una cuestión de “sentido común”, defendió en primavera. “Permiten ahorrar valiosos recursos policiales, ya que los agentes ya saben dónde se encuentra su objetivo”. Estas detenciones serían también “más seguras”.

A la espera de que se examine la denuncia presentada a principios de agosto, la justicia federal de Nueva York ha decidido autorizar el despliegue de agentes federales en los tribunales administrativos. Aunque la decisión es solo temporal, suscita numerosos interrogantes, ya que las detenciones en el Federal Plaza parecen formar parte de una estrategia más amplia de “erosión” del Estado de derecho.

A finales de octubre, allí están, apostados a la salida de una sala de audiencias del tribunal. “¡Contra la pared!”, ordena un agente federal a los fotoperiodistas. Es casi mediodía y en la duodécima planta del edificio llevan varias horas esperando una docena de agentes. Algunos no pertenecen al ICE, sino a los IRS (Internal Revenue Service, una agencia encargada de hacer cumplir las leyes fiscales), que se supone persiguen a los delincuentes financieros. Están buscando a un joven inmigrante, vestido con “una camiseta gris”, confiesa un voluntario a Mediapart.

El éxito de las políticas de la Administración Trump, que se ha fijado el objetivo de 3.000 detenciones diarias, se basa en la eficacia de esos agentes federales. En Nueva York, por el momento, parecen estar lejos de su objetivo. De los 60.000 inmigrantes actualmente encarcelados en todo el país, “solo” 3.320 fueron detenidos en el Estado de Nueva York entre enero y julio. La mitad de ellos fueron detenidos precisamente en los pasillos del Federal Plaza y, en algunos casos, fueron arrestados en condiciones potencialmente inhumanas.

Un joven con camiseta gris, venezolano, es una de las personas encarceladas. En la sala del tribunal, parece que está sentado junto a su pareja y su hijo pequeño. La audiencia de esta familia solicitante de asilo, a finales de octubre, era para una simple formalidad, para verificar un cambio de domicilio (o de situación) de cara al alegato final.

Pero cuando el joven sale del recinto, los agentes federales se abalanzan sobre él. En un acto reflejo, el venezolano levanta las manos, ante la mirada llorosa y desesperada de su compañera. Ella parece perdida, sin saber qué hacer ni adónde ir, mientras el niño, acompañado por voluntarios, la sigue, intimidado.

“No puedo soportarlo”, confiesa precisamente uno de los voluntarios a Mediapart, que se describe a sí mismo como un heredero de la derecha de John McCain (fallecido en 2018, este senador republicano era crítico con Donald Trump). “No digo que no se pueda expulsar a la gente”, añade. “Es la ley. Pero aquí están deteniendo a migrantes que respetan la ley, que siguen el procedimiento”.

Aunque esas detenciones aparecen claramente como una de las principales herramientas de la Administración Trump (se han asignado 45.000 millones de dólares al ICE a través de la gigantesca ley presupuestaria), no son las únicas a disposición del poder.

“El nuevo enfoque del Gobierno consiste en socavar las últimas protecciones previstas, entre otras, en la Constitución”, resume Karla Ostolaza, una de las directoras de Bronx Defenders, un bufete de abogados de oficio que ayuda a los inmigrantes. En el día a día, explica, “la erosión” de esas protecciones a veces no se ve.

Jed Wasserman, abogado de Nueva York especializado en derecho de extranjería, enumera una larga lista: “Ahora se ha eliminado por completo la posibilidad de libertad bajo fianza, aunque la persona no represente ningún peligro para la comunidad. Apelar cuando se ha denegado una solicitud de asilo también se ha vuelto muy desalentador. Antes costaba unos cien dólares. Ahora, más de mil”.

“En Nueva York”, continúa, “además han sido despedidos varios jueces administrativos. Como si el poder quisiera enviar una señal a los jueces restantes. En general, hoy en día, los abogados del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos [del que depende el ICE, ndr] han aumentado el número de procedimientos, incluso por las cosas más insignificantes.”

Margaret Cargioli, abogada del Immigrant Defenders Law Center, opina lo mismo. Lo más llamativo para ella ha sido observar “la implantación de un nuevo sistema por parte de la Administración Trump, destinado a instaurar el archivo anticipado de los expedientes de asilo. Porque nada justifica que el expediente de una persona se archive prematuramente sin que ésta pueda presentar pruebas o testigos sobre su elegibilidad para el asilo”.

“La Administración Trump”, añade la abogada, “pretende reducir la financiación pública de los fondos para que los niños migrantes puedan estar representados por un abogado de oficio. Al mismo tiempo, invierte miles de millones de dólares para separar a los niños de sus padres”. Ya se han producido veinte muertes en los centros de detención del ICE desde que Donald Trump volvió al poder, recuerda. Entre las causas de esas muertes se encuentran accidentes cerebrovasculares, un caso de insuficiencia respiratoria y tres posibles suicidios.

En la ciudad de Nueva York, varios hijos de migrantes escriben a sus padres encarcelados. Un domingo de finales de octubre, una niña de 13 años se afana en ello con su letra redondeada e infantil, bajo la mirada de voluntarios. Dibuja estrellas y un corazón. Su padre fue detenido hace unos días en el Federal Plaza. La niña escribe en español: “Papá, te echo mucho de menos. [...] No has hecho nada malo. No eres un delincuente...”.

Traducción de Miguel López

La derecha y la extrema derecha azuzan el avispero migratorio en Europa. Las últimas propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siguen el camino emprendido hace años por dirigentes de Francia, Reino Unido o Hungría cuya pendiente no ha dejado de agravarse en la búsqueda de una Europa fortaleza, cristiana y conservadora alejada de sociedades multiculturales. Según el húngaro Orbán, “una vez que permites entrar a los migrantes, las consecuencias son irreversibles” y “en los colegios en Viena, Munich o París” el futuro está “lejos de ser prometedor”.

Lejos queda la polémica generada hace quince años por el entonces presidente galo, Nicolás Sarkozy, cuando llamó racaille, chusma o escoria, a los jóvenes de segunda o tercera generación que protagonizaban las protestas de las banlieues francesas. Hoy, en las calles de Londres o La Haya miles de personas marchan con consignas xenófobas o contra las comunidades musulmanas de sus propias ciudades y a favor de las expulsiones de migrantes y el cierre de fronteras. 

Mientras el ambiente se caldea en las calles o lo hacen importantes dirigentes europeos subidos a atriles parlamentarios o en medios de comunicación, en Bruselas el debate migratorio se ha ido endureciendo desde el inicio de la nueva Comisión Von der Leyen. Y ahora en la UE parece estar maduro para aprobar controvertidas medidas como los centros externos de deportación y mismo la participación de Frontex, la agencia europea de fronteras, en las expulsiones.

Desde que la Comisión propuso en marzo un Sistema Común para Retornos, con nuevas normas para deportar migrantes y demandantes de asilo dentro del Pacto Migratorio, el debate avanza sin freno. Bruselas recogía una medida descartada en la crisis de refugiados, en 2015 y 2016: los llamados “hubs de retorno”. Estos centros en países que no son de la UE por los que supuestamente habría pasado el migrante y adonde sería expulsado gracias a acuerdos bilaterales entre un Estado Miembro y un tercer país ya se negocian entre los 27 y una mayoría de gobiernos los acepta.

Además, justo antes del verano la Comisión Europea planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación. Coincidiendo con esa vuelta de tuerca, a finales de mayo un grupo de nueve países, liderados por el gobierno socialdemócrata danés y el ultraderechista italiano, denunció en Bruselas que la Convención Europea de Derechos Humanos protege a los migrantes criminales e impide su rápida expulsión de la UE.

Ahora Dinamarca ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y en su capacidad de piloto acaba de proponer al resto de socios comunitarios reforzar el mandato de Frontex, la agencia fronteriza europea, para trabajar con terceros, incluyendo la posibilidad de transferir migrantes fuera de territorio comunitario. Esta posibilidad no entra en sus actuales normas, aunque como Human Right Watch y numerosas ONGs han denunciado como mínimo la agencia europea llevaría años realizando labores de vigilancia y detección de embarcaciones en el Mediterráneo central para que la Guarda Costera de Libia se encargase de abordarlas.

“Al alertar a las autoridades libias sobre embarcaciones que llevan migrantes, sabiendo que esos migrantes serán devueltos a régimen de tratamiento atroz, y pese a tener otros opciones, Frontex es cómplice del abuso”, denunció Judith Sunderland, la directora para Europa de HRW. Según Sunderland, Frontex “no usa la tecnología e información a su disposición para asegurar que esas personas son rescatadas adecuadamente y puede desembarcar en puertos seguros”.

El gobierno danés plantea que en este mes de octubre los ministros de Interior de los 27 discutan el posible papel de Frontex en la supervisión de los centros de deportación, encargada de acelerar esas expulsiones y mismo organizar “los retornos desde terceros países a otros terceros países”, según el documento interno que ha circulado estos días en Bruselas, saltándose así cualquier análisis en los países de tránsito sobre las demandas de asilo y la situación de esas personas.

Socios como Países Bajos avanzan por su cuenta, como antes hizo Italia en Albania con un modelo precursor en el que se basó la Comisión Europea. La Haya cerró hace sólo unos días un acuerdo con Uganda para desarrollar un centro de deportación en su territorio donde los demandantes de asilo rechazados serían recluidos temporalmente hasta volver a sus países de origen. Según el ministro neerlandés de Migración, David van Weel, el objetivo es “poner bajo control la migración, aunque los datos oficiales del país muestran que en 2024 hubo un 16% menos de demandantes de asilo respecto a 2023. Pero la coalición liderada por el Partido de la Libertad del ultraderechista Geert Wilders impone su agenda.

Con gobiernos o coaliciones afines en Italia, Hungría, Países Bajos, Eslovaquia, Bélgica o Chequia, la ultraderecha está crecida en la UE y presiona a los gobiernos disidentes. El primer ministro húngaro Viktor Orbán lleva semanas en un enfrentamiento dialéctico contra Suecia dentro de la más amplia guerra contra Bruselas y las políticas de la UE sobre las políticas migratorias.

El enfrentamiento comenzó con una disputa entre el húngaro y el primer ministro Ulf Kristersson, y ahora es ya está enconado entre los dos gobiernos, aunque Kristersson pertenezca al Partido Moderado, miembro de los populares europeos, y gobierne en una coalición con los Demócratas Suecos, una formación nacionalista y derechista que en el Parlamento Europeo se encuadra en el mismo grupo que los Fratelli italianos de Giorgia Meloni o los ultracatólicos polacos del PiS. La cercanía ideológica no ha evitado el enfrentamiento entre dos modelos de integración.

Todo empezó cuando Orbán disparó que mientras “el gobierno húngaro nos da lecciones sobre Estado de derecho, redes criminales explotan a niños suecos como asesinos en un país que una vez fue conocido por el orden y la seguridad y ahora está colapsando”. Kristersson denunció que “eran mentiras indignantes” y que Orbán “está desesperado ante las próximas elecciones húngaras”.

El enfrentamiento verbal subió de tono al amplificar Orbán el debate con un vídeo de imágenes de 2015 en Alemania y el discurso de la entonces canciller Angela Merkel dando la bienvenida de refugiados sirios. El montaje se acompañaba de trenes saturados, campamentos de tiendas en las calles, las marchas de miles de personas por al campo hacia la UE para concluir con los trabajos de construcción de vallas fronterizas en Hungría. Desde entonces, Orbán ha ido colgando en redes sociales vídeos de peleas urbanas, robos y montajes gráficos de Alemania o Suecia, país donde denuncia que hay miles de redes criminales lideradas por migrantes.

Kristersson respondía con una larga carta en la que recuerda el apoyo sueco a Hungría durante la invasión nazi, el rescate de parte de su población judía, la ayuda cuando la URSS aplastó la primavera húngara del 56 y la acogida de miles de sus disidentes para terminar reprochando que ahora Orbán sea socio de Vladimir Putin a cambio de su petróleo. Las espadas siguen en alto entre ambos dirigentes y los gobiernos europeos porque el próximo verano entrará en vigor el Pacto Migratorio y de Asilo de la UE y los halcones migratorios afilan sus cuchillos para seguir cerrando las fronteras europeas.

Doce migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de que, según los testimonios de los ocupantes rescatados, se lanzaran al mar cuando la embarcación navegaba a unas 36 millas náuticas al suroeste de Cabrera, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de la costa, informa EFE.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado este sábado que a las 18:45 horas de este viernes fueron rescatados catorce migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación, en la que, según los testimonios, se desplazaban 26 personas.

De acuerdo con los rescatados, doce de los ocupantes saltaron al agua y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

En las labores de búsqueda participan el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con la patrullera Río Gallego, un helicóptero CUCO y efectivos de Salvamento Marítimo. Las tareas de rastreo continúan bajo la coordinación conjunta del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de tres migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas cuatro millas al sur de Mallorca. Como consecuencia del vuelco de la embarcación, un hombre perdió la vida y otro, de 30 años, resultó herido grave.

En lo que va de año, 256 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, transportando a 4.819 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Sobre este suceso, la presidenta balear, Marga Prohens, ha escrito este sábado en X: "Continúa el drama humano en nuestras costas; nueva patera y doce personas desaparecidas en el mar".

Prohens ha ofrecido a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo los medios de la comunidad autónoma para encontrar a estas personas.

"Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que todavía niega el Gobierno”, ha manifestado Prohens, que ha reiterado su petición a Pedro Sánchez de que emprenda "un cambio drástico en la política migratoria" para frenar la salida de pateras desde Argelia hacia Baleares.

Este sábado, también han sido socorridas en alta mar 16 personas de origen subsahariano, 5 de ellas niños, en una embarcación precaria frente a la costa Alicante. Según han informado fuentes de Cruz Roja, el rescate y atención se inició la pasada noche y se ha prolongado durante la madrugada.

Se trata de 9 hombres (3 de los cuales son menores) y 7 mujeres (de las cuales dos son niñas, de 4 y 5 años que viajaban acompañadas de sus madres).

Las personas rescatadas presentaban un estado de salud delicado con deshidratación, gran debilidad y quemaduras.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), ha estado presente en el lugar durante la operación. Se han realizado 9 traslados al hospital de Alicante (por ambulancias de la sanidad pública) por quemaduras de segundo grado, dolor torácico y, en el caso de las niñas, una de ellas por hernia umbilical y otra por deshidratación y alteración de la consciencia

El 20 de julio de 2025 se cumplieron cien años del nacimiento de Frantz Fanon, el psiquiatra martiniqués cuya obra diseccionó los mecanismos psicológicos del colonialismo y el racismo. En una coincidencia que habría interpelado al propio Fanon, la onomástica tuvo lugar mientras asistíamos a dos manifestaciones contemporáneas de algunos de los fenómenos que él analizó en profundidad. Por un lado, las "cacerías" de inmigrantes desatadas en Torre Pacheco tras la agresión a un anciano local. Por otro, el genocidio en curso en Gaza, donde la población palestina sufre una campaña sistemática de exterminio a manos del Estado de Israel. Ambos episodios ilustran la vigencia del pensamiento fanoniano, que nos permite comprender cómo opera en pleno siglo XXI la construcción del "otro" como amenaza existencial. Con renovada sofisticación, los mecanismos de cosificación que Fanon identificó en la Argelia colonial siguen operando, constituyendo su obra una radiografía precisa de los procesos psicosociales que consienten el menoscabo de comunidades enteras en el mundo contemporáneo.

Frantz Omar Fanon nació en Fort-de-France, Martinica, el 20 de julio de 1925, en una familia mestiza de la pequeña-burguesía criolla de la colonia antillana francesa. Su padre trabajaba como inspector de aduanas y su madre como comerciante, lo que les proporcionaba una posición económica relativamente privilegiada en el contexto de la época. Su despertar político llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se alistó voluntariamente en las Fuerzas de la Liberación Francesa y participó con distinción en la Batalla de Alsacia. Sin embargo, cuando la victoria aliada se hizo inminente, su regimiento fue "blanqueado" mediante una operación que concentró a todos los soldados no blancos en Toulon, separándolos de sus compañeros. Esta experiencia de segregación racial marcaría profundamente al joven martiniqués y cristalizaría en sus ulteriores reflexiones teóricas sobre el colonialismo. Tras estudiar medicina y psiquiatría en Lyon, trabajó en el hospital de salud mental de Blida-Joinville en Argelia, donde desarrolló sus ideas revolucionarias sobre la descolonización al tiempo que trataba tanto a víctimas como a torturadores de la guerra de independencia argelina.

En Peau noire, masques blancs (1952), Fanon analizó cómo el sistema colonial implementa una operación de despersonalización psicológica que convierte al sometido en depositario de todos los males sociales. "El racismo no es una descripción, es una operación", escribía el psiquiatra martiniqués, anticipando cómo la construcción de alteridad negativa sirve para cohesionar grupos dominantes y desviar tensiones hacia los más vulnerables. Esta "operación" se activó con precisión milimétrica en Torre Pacheco tras la agresión a un anciano de 68 años por varios jóvenes marroquíes no residentes en el municipio. Los canales de Telegram como "Deport Them Now Spain" convocaron inmediatamente "batidas" contra magrebíes, mientras que figuras de la ultraderecha de Vox vinculaban sin pruebas inmigración y delincuencia. Se viralizaron vídeos falsos de agresiones ocurridas en otros países y se señalaron a familias que llevaban décadas contribuyendo al desarrollo económico local. La maquinaria del odio reprodujo exactamente los patrones fanonianos convirtiendo un hecho puntual en pretexto para una operación de deshumanización colectiva.

Torre Pacheco encarna perfectamente lo que Fanon denominaba "alienación colonial". Paradójicamente, quienes son señalados como amenaza existencial sostienen precisamente el sistema económico que los rechaza y criminaliza. En esta localidad murciana de 40.000 habitantes, donde un tercio de la población es extranjera —principalmente magrebíes llegados desde los años ochenta—, la agricultura intensiva depende absolutamente de la mano de obra migrante para la recolección de melón, tomate y pimiento. Durante los disturbios, numerosos testimonios recordaron que sin estos trabajadores, a menudo sometidos a precarias condiciones laborales, la economía local colapsaría inmediatamente. Esta dependencia estructural revela la naturaleza profundamente hipócrita del sistema capitalista contemporáneo, que necesita la explotación del "otro" para funcionar, pero, simultáneamente, lo convierte en chivo expiatorio de sus contradicciones internas. La instrumentalización ultraderechista logró convertir a trabajadores esenciales en enemigos públicos, reproduciendo exactamente el patrón colonial que Fanon identificaba donde se explotaba económicamente al colonizado a la vez que se le demonizaba socialmente para justificar su permanente subordinación.

Entre otros aspectos, su obra Les damnés de la terre (1961) profundiza en los procesos a través de los cuales el colonialismo construye la figura del "terrorista" como justificación de la represión. Este mismo patrón de estigmatización se reproduce hoy con herramientas perfeccionadas desde Gaza hasta Torre Pacheco siguiendo idénticas dinámicas. La demonización del palestino como “amenaza” congénita y del magrebí como "delincuente" nato funcionan sobre los mismos esquemas de deshumanización que Fanon diseccionó en el contexto argelino. La violencia ejercida se presenta como respuesta defensiva legítima, invirtiendo completamente las responsabilidades históricas y convirtiendo a las víctimas habituales en culpables exclusivos de su propia opresión. El bombardeo indiscriminado de escuelas y hospitales en Gaza se justifica por la supuesta presencia de combatientes enemigos, de manera similar a como las "cacerías" xenófobas en Torre Pacheco se normalizaban con la amplificación de un incidente aislado que grupos organizados volvieron un pretexto para una campaña de odio generalizada contra toda la comunidad magrebí local.

La persistencia de estos patrones confirma la lucidez analítica de Fanon sobre los mecanismos de exclusión que logran perpetuarse adaptándose a nuevos contextos históricos. Torre Pacheco evidenció una estrategia coordinada donde grupos organizados foráneos, redes sociales esparciendo bulos y retórica anti-inmigración funcionaron como flamantes colonos ideológicos para fracturar la convivencia de la localidad murciana. El ministro Grande-Marlaska confirmó que muchos violentos no eran vecinos del municipio, apuntalando la naturaleza artificiosa de una "crisis" manufacturada por la fauna ultra. A cien años de su nacimiento, Fanon mantiene toda su vigencia, demostrando que el racismo muta en sus formas, pero conserva plenamente su función de control social. Torre Pacheco y Gaza se erigen en manifestaciones contemporáneas de los mismos procesos que el martiniqués diseccionó en Argelia, evidenciando hasta qué punto las pautas de exclusión racial trascienden geografías y épocas. La actualidad dramática del pensamiento fanoniano radica en desenmascarar cómo la ultraderecha convierte sistemáticamente el dolor individual en odio colectivo, instrumentalizando el miedo para fragmentar sociedades y construir enemigos internos que alimenten su proyecto político de pretendida pureza nacional.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

Los países de África tendrán que frenar el flujo de migrantes hacia la UE si quieren seguir recibiendo fondos de cooperación. Es una de las propuestas de Bruselas para cuadrar el futuro presupuesto plurianual comunitario, borrador que verá la luz en pocos días. Supone también la última medida en el progresivo endurecimiento de la política migratoria, contagiada por el peso creciente de los partidos de extrema derecha en los gobiernos, parlamentos nacionales y las instituciones europeas.

La idea se suma a otras propuestas recientes como crear centros de expulsión en terceros países o rebajar la protección de los refugiados en la Convención Europea de los Derechos Humanos, que llevan la impronta del Partido Popular europeo, la familia política de la presidenta de la Comisión y de partidos ultraconservadores como Fratelli d'Italia, la N-VA belga o el lepeniano Rassemblement National.

En España, la propuesta de Vox de expulsar a “siete o más de siete, ocho millones de personas que han venido de diferentes orígenes” para ejecutar un proceso de “remigración” con el que “sobrevivir como pueblo” entronca con este clima migratorio del continente. Y con teorías como la del grand remplacement de Renaud Camus, que habla de un plan para sustituir a los franceses blancos católicos y, por extensión, a los cristianos europeos por extranjeros árabes, subsaharianos o asiáticos.

Sin embargo, el partido liderado por Santiago Abascal ha ido más allá que las recientes tesis de sus correligionarios europeos. La ultra Marine Le Pen sí hablaba en 2014 de que “el concepto del gran reemplazamiento supone un plan establecido”, pero en su viaje hacia la conquista de la presidencia francesa abandonó estas ideas llegando a decir que “no conoce esa teoría”. Lejos quedan también en los Países Bajos la soflamas del neerlandés Geert Wilders abogando por el cierre de mezquitas y el derribo de minaretes.

Le Pen abogaba recientemente en la Asamblea Nacional francesa por la expulsión de los emigrantes irregulares, evitando en todo momento referirse a los descendientes de extranjeros hoy ciudadanos franceses o a los nacionalizados presentes en suelo galo, como sí ha hecho Vox para España. “Estamos totalmente desbordados por la emigración clandestina. Queremos que los clandestinos se vayan a sus casas”, especificaba la política ultra, repitiendo una medida central de su programa electoral.

La líder de Rassemblement National ponía el foco en frenar los reagrupamientos familiares que permiten a los hijos e hijas de extranjeros presentes en el país viajar para instalarse junto a ellos. Es otra de las demandas actuales de la extrema derecha europea en materia migratoria. “Es una buena idea falsa. Lo que hace falta es lo contrario, un cierre total”. En ese programa de las presidenciales francesas, su partido recogía como primera medida “acabar con la inmigración descontrolada” con medidas como el fin de los reagrupamientos familiares, el “tratamiento de las medidas de asilo únicamente en el extranjero” –lo que contravendría las normas de la UE– o “suprimir el permiso de residencia a cualquier extranjero que no haya trabajo durante un año”.

Medidas similares acaban de dinamitar el Gobierno de coalición de los Países Bajos. Geert Wilders, jefe del Partido de la Libertad y socio mayoritario, exigió la total suspensión del sistema de asilo nacional, incluyendo una pausa en las reunificaciones nacionales o el cierre de los centros de recepción. Propuestas que vulnerarían el Pacto de Asilo y Migración de la UE (también las anteriores normas, conocidas como el Convenio de Dublín) y podrían implicar, de llevarse a cabo, la denuncia del país ante el Tribunal de Justicia de la UE. El cierre de las fronteras a nuevas llegadas es uno de los ejes ideológicos de la actual extrema derecha europea.

El húngaro Viktor Orbán, primer ministro de ese país, habló en Bruselas de “la rebelión” durante la última Cumbre Europea. “Hemos discutido cientos de veces cómo cambiar la regulación sobre migración, y no ha pasado, siguen llegando. No ha funcionado”, declaró Orbán al inicio de la reunión, al tiempo que ponía como ejemplo la dura política de su país. “La única forma de frenar la migración es como hacemos los húngaros. Así que lo que sugiero a todos mis colegas es rebelión, rebelión, rebelión. Cada día pagamos un millón de euros para frenar la migración, ese es el precio de la rebelión, pero funciona y es una buena inversión para nuestro futuro”.

En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha copiado el cierre fronterizo húngaro continuando la criminalización de las ONGs que rescatan a personas en el Mediterráneo, como hacía Matteo Salvini en el anterior Gobierno, y acelerando las expulsiones de irregulares. Con el beneplácito de Bruselas, y sentando un precedente para la posterior propuesta de la Comisión, Meloni firmó con Albania a cambio de 200 millones de euros un acuerdo para construir centros de expulsión en ese país. Entró en vigor el pasado noviembre y permite que los migrantes interceptados en el mar sean conducidos a Albania. Comparadas con 2022, durante 2024 las llegadas irregulares en Italia bajaron un 60% hasta poco más de 66.000.

Pese al ejemplo húngaro y a la mano dura migratoria en países como Polonia (durante la década del gobierno del PiS), Eslovaquia o Chequia, las sociedades europeas son cada vez más diversas, con grandes porcentajes de ciudadanos cuyo origen familiar está en otros países y hoy europeos de pleno derecho.

Los últimos datos de la Agencia Estadística Europea muestran que una décima parte de la población de la UE nació fuera del territorio comunitario. En Alemania son 17 millones de personas, en Francia 9,3 millones, en España 8,8 millones y en Italia 6,7 millones, los países con mayor presencia de extranjeros y que aglutinan dos tercios del total de esta población entre los 27, según Eurostat.

Además de estos cuatro grandes, en Luxemburgo los inmigrantes no europeos representan la mitad de la población, en Malta un tercio y en Austria, Irlanda, Austria o Suecia ,entre una cuarta y una quinta parte. En 2023, los 27 concedieron algo más de un millón de nacionalidades a extranjeros, siendo sirios y marroquíes los principales beneficiarios con un 10% respectivamente cada grupo. El colectivo sirio es uno de los que Geert Wilders sí quiere expulsar de los Países Bajos.

Esta diversidad también es religiosa. El islam, recoge el informe del Observatorio de las Religiones y la Laicidad de la Universidad Libre de Bruselas, “con el impacto de la inmigración se ha convertido en la segunda religión de la UE, después del cristianismo, y la única monoteísta que experimenta un crecimiento en Europa”. Alemania es el país con la mayor población musulmana, cerca de un 10% del total, según las estimaciones del Pew Research Centre, seguida de Francia e Italia. En términos relativos, Chipre y Bulgaria se han convertido en los últimos años en los Estados miembros con la presencia más elevada de musulmanes en su territorio, aunque como explican los investigadores de la principal universidad de Bruselas, “en estos países, el Islam ha estado establecido desde hace siglos, mientras que en Europa occidental la presencia de población musulmana es el resultado de la inmigración del siglo XX”.

La arcadia pura e idílica añorada por la extrema derecha y que pretende implantar con sus medidas xenófobas contra el reagrupamiento familiar, a favor de las expulsiones de población migrante hoy ciudadanos de pleno derecho o mediante limites al derecho de asilo y la protección a refugiados está muy lejos del continente étnicamente diverso, secular y multi religioso que es hoy Europa.

El Parlamento griego votará este jueves una enmienda de ley, impulsada por el Gobierno conservador, que imposibilita a los inmigrantes que llegan irregularmente a Grecia desde el norte de África presentar solicitudes de asilo y contempla el arresto y regreso a su país de origen o procedencia, según ha informado EFE.

"Para aquellos que entran irregularmente no aceptaremos solicitudes de asilo. Serán arrestados, detenidos y devueltos", señaló el ministro de Migración griego, el conservador Thanos Plevris, en su cuenta oficial de Χ.

La enmienda, que se espera salga aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido conservador Nueva Democracia, contempla "la suspensión de la presentación de solicitudes de asilo para aquellos que llegan a Grecia ilegalmente desde el norte de África por mar".

"Estos individuos serán devueltos, sin ser registrados, a sus países de procedencia u origen", se señala en el texto de la enmienda, que también recalca que dicha medida permanecerá vigente durante al menos los próximos tres meses.

El artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que pertenece Grecia, prohíbe las expulsiones colectivas y establece que "nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes"

Esta medida viene en medio de un considerable aumento de las llegadas de inmigrantes irregulares desde el norte de África a la isla griega de Creta, situada unos 300 kilómetros al norte de las costas libias.

Desde el inicio del año han llegado a esta isla del Mediterráneo oriental unos 9.000 inmigrantes, 2.000 de los cuales solo la última semana.

Cientos de inmigrantes que habían sido rescatados al sur de Creta esta semana llegaron este jueves a bordo de un buque al puerto de Lavrio, a las afueras de Atenas, para su registro y su traslado a un centro estatal.

"El Gobierno está enviando un mensaje de determinación: el paso a Grecia se está cerrando. Les está transmitiendo a todos los traficantes y a sus clientes potenciales que el dinero que gastan podría ser completamente desperdiciado", señaló ayer ante el Parlamento el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

"Lo que le decimos al pueblo griego es: no toleraremos una invasión desde el norte de África con embarcaciones continuas. Y este es un mensaje claro también hacia Europa", señaló este jueves Plevris en la emisora Skai.

El Gobierno planea además crear "centros de detención especiales" para todos aquellos que llegan a Grecia desde el norte de África, principalmente desde Libia, informó el diario griego Kathimerini, que cita fuentes del ministerio de Migración.

Además, es posible que varias instalaciones estatales ya existentes en Grecia continental se conviertan en "centros de detención especiales" de inmigrantes, según la misma fuente.

Plevris recalcó que a aquellos que llegan a Grecia desde el norte de África se les impondrá "detención administrativa", la que puede durar, según señaló, hasta 18 meses según las normas europeas.

"Los detienes. Existen países a los que los puedes devolver, países con los que tenemos acuerdos u otros a los que pueden regresar voluntariamente", recalcó el político conservador.

El ministro señaló además que pronto será presentado ante el Parlamento otro proyecto de ley por la que la permanencia en el país de un individuo cuya solicitud de asilo ha sido denegada será considerado un delito penal castigado con una pena de cinco años de cárcel, sin la posibilidad de libertad condicional.

La única opción para evitar la pena de cárcel será que "el inmigrante coopere y regrese" a su país, recalcó.