Si los procesos migratorios sitúan a quienes los transitan en contextos de extrema vulnerabilidad, los riesgos se multiplican cuando se trata de mujeres e infancias. Más aún en situaciones excepcionales como la que desde hace semanas tiene lugar en Ceuta. Las autoridades de la ciudad autónoma han recibido varias denuncias de violencia sexual, los juzgados especializados han tramitado al menos tres y las instituciones han comenzado a activar todas las alertas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló en un comunicado emitido el miércoles que los juzgados ceutíes han tramitado tres denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres marroquíes, dos de ellas menores de edad, en los últimos días. En dos de los casos, los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados y en el tercero se acordó la expulsión del detenido. 

El Ministerio de Igualdad envió este jueves un oficio al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para reiterar la "plena colaboración" ante la "necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado". En la misiva, dirigida también a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la ministra Ana Redondo se ofrece a conceder "los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más ágilmente posible". 

El departamento también solicita que se utilice al completo el centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ocupado actualmente de forma parcial. "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", sostienen fuentes de la cartera. Amnistía Internacional denunció en un informe publicado a finales del año pasado que el centro de la ciudad autónoma era el único inactivo de todo el país.

La realidad es que numerosos testimonios atestiguan episodios de violencia sexual en la ciudad y no son pocas las mujeres llegadas al territorio que expresan el temor que las asola ante la escalada de violencia. A la situación de vulnerabilidad propia del proceso migratorio, se suman en su caso los riesgos ligados a su género. El Defensor del Pueblo inició este jueves una actuación de oficio en la que advierte de menores todavía sin identificar, con especial preocupación por las niñas fuera del sistema de protección. Las alianzas entre organizaciones del tercer sector y vecinos han llevado a la apertura improvisada de espacios específicos para dar cobijo a mujeres y niñas, centros que se encuentran ya al límite de su capacidad. 

A las complejidades de una situación extraordinaria se suma la falta de recursos y la desinformación en torno a los derechos que asisten a las víctimas. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia machista tienen derecho a recibir protección, asistencia sanitaria, psicológica, social y jurídica, con independencia de su situación administrativa y al margen de que exista una denuncia formal. 

Lo recuerda la jueza Victoria Rosell. Las mujeres que han sufrido violencia machista a su llegada a la ciudad autónoma tienen "exactamente los mismos derechos" que las españolas, asiente la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conocida como ley del solo sí es sí determina en su artículo 3.2 que la protección integral fijada por la norma es de aplicación "a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales" en territorio español, con independencia de "su nacionalidad y de su situación administrativa". 

La misma ley, expone la exdelegada, modificó la legislación de extranjería para "evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género".

Las mismas pueden solicitar además un permiso de residencia y trabajo por situaciones extraordinarias, como las descritas, pero en este caso sí "sería necesaria una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal acreditando que existen indicios de violencia", puntualiza Rosell. Por esta vía, las mujeres podrían obtener una autorización provisional mientras se resuelve el caso. En el supuesto de que termine en archivo o sobreseimiento debido a la expulsión del agresor o a que se encuentra en paradero desconocido, la ausencia de condena no impide obtener la autorización definitiva, siempre que de la resolución judicial se deduzca que la mujer fue víctima de violencia sexual.

Aquellas que huyan de sus países debido a episodios de violencia machista, tienen además derecho a protección internacional siempre que exista riesgo de persecución por razones de género. Pero la información no siempre llega, los recursos escasean y la ayuda se revela insuficiente. Y es preciso tener en cuenta que "la necesidad de las víctimas crece cuando no tienen red o cuando dependen del agresor", situaciones que hacen necesario "mucho más apoyo y atención", con una mediación cultural especializada, abunda la magistrada. 

En el año 2010, Médicos Sin Fronteras documentó cómo "el uso de la violencia sexual se convierte en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio", basándose en las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Dos años después, otro análisis de la situación concluía que si bien el peso exacto de la violencia sexual es imposible de medir, los datos sugieren que se trata de "un problema de alarmantes proporciones". La organización dibuja a mujeres y niñas como sujetos especialmente expuestos durante el viaje y en las zonas fronterizas, tanto a violencia sexual como a captación por redes de trata y explotación.

También Caminando Fronteras, en un análisis sobre las personas migrantes en la frontera occidental euroafricana, advierte que mientras están en situación de tránsito, las mujeres "sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata".

En términos generales, Red Acoge reseña que "muchas mujeres sufren discriminaciones y violencias que son acumulativas a lo largo del proceso migratorio". La violencia, sentencia la organización en una guía publicada hace tres años, "puede ser una de las motivaciones para querer migrar, puede darse también en los territorios de tránsito, en especial si se han visto forzadas a utilizar canales irregulares y, también, pueden sufrirla en los países de acogida".

A las mismas conclusiones llega Alejandra Alemán, abogada en la organización Women’s Link Worldwide. "La migración no afecta igual a las mujeres que a los hombres, por las motivaciones, los riesgos, las formas de migrar y la inserción social posterior", afirma la experta, todos ellos procesos caracterizados por una "mayor exposición a la violencia basada en el género". 

A todo ello, lamenta la jurista, se suman los muchos obstáculos en los países de destino: desde las barreras para denunciar hasta el trato de las autoridades, lo que deriva en ocasiones en una suerte de violencia institucional que se cronifica. "El estatus migratorio irregular no reduce las obligaciones de los Estados", recuerda Alemán. Al contrario, las instituciones tienen la obligación de garantizar la integridad de las mujeres, no solo mediante la identificación de situaciones de violencia, "sino también activando sistemas de protección independientemente de la condición migratoria de la víctima".

Lucila Rodríguez-Alarcón, cofundadora y directora de la Fundación porCausa, pone de relieve las características diferenciales que obligan a extremar la precaución en el análisis sobre la situación en Ceuta. El volumen de personas que han llegado a la ciudad autónoma "es enorme", por tanto la situación es de "una excepcionalidad máxima" en comparación con los procesos migratorios "irregulares en todo el camino", en los que "las mujeres representan una minoría, precisamente porque tienen un nivel de vulnerabilidad elevado".

La emergencia actual, afina la experta al otro lado del teléfono, no equivale a "un proceso migratorio, sino a una marcha organizada que ha utilizado a un pueblo muy vulnerable como herramienta para desestabilizar el gobierno de una nación". En consecuencia, "no hay recursos para atender a nadie, porque es una marcha diseñada para desbordar el sistema de la ciudad". 

Las cifras de menores no acompañados que han cruzado aprovechando la marcha civil sobre Ceuta son confusas. Por un lado, las cifras oficiales del Gobierno estiman entorno a 1.200 menores, pero el director de UNICEF José María Vera, afirmaba el pasado miércoles que "todo apunta a que la cifra real es considerablemente mayor". Las informaciones que llegan desde la ciudad autónoma son inquietantes. Es mucha gente vulnerable que desembarca de repente y tiene que ser absorbida por una comunidad de unas 83.000 personas que ocupan un espacio muy pequeño. Y son miles de menores, algunos muy pequeños, y, algo poco habitual, hay bastantes niñas. La desprotección de este colectivo exige medidas específicas para evitar abusos, violaciones y maltratos de todo tipo. Es un esfuerzo imposible, lo cual es muy conveniente si lo que pretendían quienes instigaron la marcha civil sobre Ceuta era presionar a nuestro país.

Los chicos menores norteafricanos y subsaharianos son el colectivo más despreciado de todos los colectivos migrantes de nuestro país. Rápidamente identificables por su fenotipo, su forma de vestir y su idioma, nuestras instituciones y nuestra sociedad les exigen una docilidad, una excelencia y una abnegación difíciles de encontrar en personas adolescentes. Aun así son en general un grupo excepcional, que abraza las parcas oportunidades que les ofrece el sistema cuando se les brinda la oportunidad. Los datos de adaptación y de inserción laboral de este colectivo son excepcionales, y en términos puramente económicos son la población migrante más rentable que hay. Pero poseen las dos características que no se perdonan en nuestras sociedades europeas decadentes y envejecidas, son jóvenes y son de origen musulmán. Son la capa más baja de nuestra pirámide social actual y ocupan el espacio que en los ochenta tenían los chavales de las barriadas, hijos de familias muy numerosas que se buscaban la vida desde pequeños porque sus padres no podían cuidar de ellos. Es un escalón que parece que siempre ha de estar presente, esa especie de punching ball que necesitamos para darle golpes y expiar a su costa todos los males.

Esta situación genera un dilema imposible. Parece que tenemos que elegir entre priorizar el bienestar del menor, como dice nuestro ordenamiento legal y dicta la ética básica sobre la que se construye una sociedad de derecho, o llevar a cabo una acción defensiva ante lo que ha sido un grave ataque a nuestra soberanía nacional. Y esto sabiendo que, si el Gobierno de España devuelve a estos jóvenes, ni las personas más progresistas de este país se van realmente a oponer.

Vamos por partes. Aceptar que todos los menores que han entrado se queden en la ciudad hasta que se les permita entrar en la península es someter a Ceuta a una presión imposible. Una presión que se transmite también al resto de nuestro país porque obviamente la derecha —acompañada, en muchos casos, por la ultraderecha— que preside 12 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país no va a solidarizarse ni con la infancia migrante ni con el Gobierno de Ceuta aunque sea de su partido. Y eso puede hacer que el traslado de los chavales a la península se alargue durante un tiempo imposible de soportar para la ciudad.

Luego está el problema del relato migratorio. El tema resulta tan tóxico que la mayoría de las personas, incluyendo a votantes de partidos como Sumar, Podemos o nacionalistas de izquierdas, estiman en su fuero interno que es mejor que devuelvan a los niños. A fin de cuentas vienen de un país vecino que no está en guerra, no se trata de niños refugiados ni cuya situación se haya reconocido como digna de merecer asilo. Poco importa que todos estos niños, niñas y jóvenes menores de edad hayan cruzado a Ceuta por su propio pie obedeciendo a su propia voluntad y que estén dispuestos a someterse a los maltratos y los sufrimientos que encontrarán en los centros de menores antes que quedarse en Marruecos. Puede que haya muchos que estén huyendo de redes de trata o de situaciones de maltrato familiar extremo. Pero en términos absolutos eso da igual porque pensarlo sería abrir el debate sobre a partir de qué momento de abuso o de maltrato consideramos que estos niños, niñas o jóvenes son dignos de recibir nuestra acogida.

Además aceptar a los menores se puede interpretar como dejar sin respuesta al chantaje que pone en jaque nuestra soberanía nacional. Si aceptamos a estos miles de menores podemos esperar que el gobierno de Marruecos abra la puerta a otros miles en cualquier momento y entonces ¿qué haremos? Pero esta lectura solo funciona si aceptamos las reglas del juego que nos propone Marruecos: que acoger es debilidad y devolver es fuerza.

La narrativa migratoria es tan radioactiva que no nos permite actuar con la contundencia necesaria para proteger nuestro modelo democrático y social. Y no solo eso, también nos confunde y nos lleva a pensar solo a corto plazo, como si el futuro de nuestro país se decidiera en unas horas, en unas devoluciones en caliente, en una crisis derivada de un golpe de efecto orquestado por quienes quieren forzar un cambio de gobierno.

Si no tuviéramos la presión narrativa ¿qué haríamos con los niños, niñas y jóvenes que han cruzado? Las capacidades de acogida de nuestro país están muy por encima de esas cifras. Cada menor extranjero que entra en el sistema y trabaja después habrá devuelto lo que se ha gastado en él en unos años de cotización. Si trabajáramos en un entorno puro, libre de mentiras y prejuicios, la acogida de menores extranjeros se vería como una oportunidad y no como una carga. Y es que, en todos los términos económicos, sociales e incluso culturales la llegada de gente joven, por voluntad propia, llena de ilusiones y de ganas, es un patrimonio incalculable, que ya le gustaría a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para sí misma. También está la reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el sentido de a qué valores estamos dispuestas a renunciar. Si damos la espalda a la infancia y a la juventud ¿qué nos queda? ¿De verdad queremos ser esa sociedad? ¿Cuál es el límite?

A mí todo esto me recuerda a la tensión que sufrió Europa en los años 30 cuando la llegada al poder de los fascismos se hizo utilizando los recursos democráticos para luego usar la propaganda y el miedo para torsionar el sistema hasta que lo rompió. El discurso antiderechos nos está acorralando en un espacio opresivo en el que estamos renunciando de forma progresiva, y sin ser muy conscientes, a nuestros principios. Los partidos de ultraderecha están ganando el marco de este modo. Y al mismo tiempo, existe una geopolítica organizada dedicada a conquistar espacios democráticos hackeando las bases mismas de las democracias. La marcha sobre Ceuta es un ataque orquestado con ese fin, disfrazado de crisis migratoria. Y los partidos de derechas y ultraderecha de nuestro país, apoyados por sus socios europeos, están dispuestos a llegar al poder apoyándose en estas herramientas, puestas a su servicio por intereses extranjeros. Eso no es democracia, es otra cosa muy distinta. Y la batalla que estamos librando no tiene nada que ver con si devolvemos o no devolvemos a la gente tras el cruce. Es una batalla sobre si luchamos por nuestra soberanía nacional o nos dejamos ganar.

Y aquí está la trampa porque hemos aceptado que acoger es ceder y devolver es resistir. Pero ningún país poderoso construye su influencia expulsando a quien acude a él, la construye formando y acogiendo a quienes llegan, convirtiéndolos en propios. Por ejemplo, Estados Unidos lleva décadas con sus programas de intercambio para estudiantes menores de edad, vendiendo su forma de vida y sus valores a través de sus jóvenes visitantes. Devolver a estos chavales no es plantar cara a Marruecos, es hacer exactamente lo que Marruecos esperaba que hiciéramos. Y aunque no me pega nada, estos días siento que tenemos que ser patriotas, más patriotas que nunca. Eso significa defender los marcos de derecho que han hecho de España el país que es ahora, y seguir luchando por mejorar nuestras capacidades democráticas. Todas unidas dentro para evitar que nos controlen desde fuera.

En este marco, Pedro Sánchez debería de nuevo sacar pecho y proteger a todos los menores que están en Ceuta, porque es también la forma de proteger la soberanía de nuestro país y nuestra democracia. También es una defensa de nuestros valores básicos, los que nos han permitido crecer tan rápido y tan bien como sociedad. Hay mucho que pensar antes de actuar.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

La crisis humanitaria de Ceuta sigue coleando. La migración ha vuelto a ser un fenómeno empleado como arma geopolítica. La mayor parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y la extrema derecha nacional e internacional han aprovechado la situación para apuntar contra el Gobierno de España por no aplicar sus modelos de chovinismo en frontera.

Y esto es tan evidente como que no se promueve el mismo criterio con la migración venezolana y ucraniana que con las personas que llegan huyendo de conflictos en África subsahariana o en Oriente Medio.

El cambio de posición español en torno a la defensa del derecho internacional en el Sáhara Occidental, una vez se ha pasado por alto el porvenir de su población en territorio ocupado y en el exilio, presenta otra importante falla.

Y es el hecho de que Marruecos ha podido acceder a una normalización de relaciones sin hacer concesiones en los principales puntos espinosos de la relación bilateral. No ha habido reconocimiento de la soberanía española de Ceuta, Melilla, las plazas de soberanía españolas en el norte de África o las aguas de Canarias.

En el año 2021 se produjo el punto de inflexión con la crisis diplomática provocada por la estancia en España del líder saharaui Brahim Ghali. Hasta entonces, la relación se movía en la duda que Marruecos deliberadamente expresaba sobre la confianza que debían ganarse sus vecinos del norte si estos querían, a cambio, un control de fronteras externalizado.

De esta manera, cada episodio de paso migratorio en la frontera con España se convertía en una nueva baza negociadora para Marruecos. El propio Aziz Ajanuch, quien después sería primer ministro del país norteafricano, había vinculado el deseo de la Unión Europea de que Marruecos se ocupase de controlar los flujos migratorios con el interés de Rabat en que Europa aprobase el acuerdo que le daba el control de recursos agrarios y pesqueros saharauis en sus relaciones comerciales con el continente europeo. Por este motivo se han producido tantos esfuerzos de sortear los dictámenes de la justicia europea con modificaciones comerciales que beneficiasen a Marruecos.

Pero, después de la nueva gran concesión española sobre el Sáhara Occidental, seguida por la gran mayoría de países europeos, España esperaba abrir una etapa de genuino reinicio de relaciones. Es decir, que el compromiso de Marruecos con la frontera española fuera definitivo.

Sin embargo, España nunca consideró necesario exigir a Marruecos un reconocimiento de soberanía sobre Ceuta y Melilla. El propio ministro Albares lo ha comparado con la falta de necesidad de exigir un reconocimiento de soberanía sobre Burgos, Valladolid o Santiago de Compostela.

A pesar de esto, sí ha expresado la necesidad de que en Europa se entienda que, en materia migratoria, no se puede tratar la especificidad de Ceuta y Melilla como la de cualquier otra ciudad europea. Evidentemente, existe una incoherencia cuando se señala la falta de comprensión europea, pero no se es capaz de exigir a Marruecos algo tan básico como el reconocimiento de la integridad territorial española.

Lo que evidencia la diferencia de actuación de los distintos gobiernos y partidos de oposición con respecto a Marruecos es que importa, y mucho, quién hace qué y no tanto lo que hace. Si no hay una coherencia en los criterios empleados en política exterior, se corre el riesgo de perder la autoridad ganada en la crítica a Israel.

Ante la entrada de migrantes por Bielorrusia o Turquía hubo muchos más aspavientos, pero ni siquiera los partidos de extrema derecha más nacionalistas eran capaces de explicar quién estaba “invadiendo” o “atacando” España- más allá de poner el foco en los migrantes para promover políticas de militarización fronteriza y nativismo identitario.

De hecho, Marruecos no solo no ha reconocido que Ceuta y Melilla son españolas sino que las considera ciudades ocupadas. Del mismo modo han actuado diversas voces en Israel, acompañadas por vacilaciones en el oficialismo estadounidense.

Entendiendo a Marruecos, Israel y Estados Unidos como autoridades tradicionales en lo que a ocupación de territorios se refiere, pareciera presumible que el Sáhara Occidental, debido a su estatus protegido internacionalmente, apareciera primero en la lista.

Ceuta y Melilla no buscan ejercer un derecho de autodeterminación, no han funcionado como colonias, no reclaman un cambio en su estatus ni la independencia, ni mucho menos la anexión a Marruecos. En este caso, por lo tanto, el país con reclamos irredentistas se apoya en el controvertido derecho histórico y en la integridad territorial por encima del derecho de autodeterminación.

Más allá de que el límite aplicable a los reclamos históricos es difuso en el tiempo y en el espacio, la realidad es que Marruecos se ampara en reinos que existían siglos antes de la fundación del Marruecos moderno para exigir territorio perteneciente no solo a España y la República Árabe Saharaui Democrática, sino también a Argelia, Malí y Mauritania. El Gran Marruecos.

Este arma es de doble filo y podría haber propiciado reclamos por parte de España sobre los vastos territorios que controló en Marruecos en el pasado. Normalmente, este tipo de diferendos se suelen despejar a través del reconocimiento mutuo del statu quo o la renuncia mutua a reclamos sobre el otro país.

Sin embargo, lo que vemos es a una oposición que no señala a Marruecos por tratar de chantajear a España ni propone ningún cambio en la política exterior española respecto a su frontera sur, sino cambios en política migratoria y una mayor transparencia sobre el porqué del cambio de postura español. Esto es no tener proyecto de país.

Pero también vemos a un Gobierno que ha renunciado a que la cooperación con Marruecos, necesaria y esencial, implique abordar temas espinosos como el reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las aguas canarias.

Dando por hecho que se ha abandonado a los saharauis y la defensa del derecho internacional en torno a ellos, el Gobierno español ni siquiera garantiza el paraguas de la OTAN sobre las ciudades autónomas. No es cierto que las ciudades estén cubiertas por el artículo 5 de la OTAN, ya que queda explicado en el artículo 6, donde se excluye a los territorios africanos.

España tampoco quiso hacer explícita su defensa en la cumbre de Madrid durante el debate sobre el flanco sur de la OTAN. Todas estas dudas, planteadas en nombre de la cordialidad, son nuevas bazas entregadas a un Marruecos que no renuncia a sus objetivos ni a sus estrategias, mientras hay personas que mueren al ser utilizadas como arma geopolítica y se desatienden políticas sociales para financiar megainfraestructuras deportivas.

Y el tiempo parece estar del lado de Rabat, en tanto en cuanto Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Francia y más potencias regionales buscan acercarse de manera estratégica al país magrebí, en detrimento de una España que ha perdido proyección de poder relativo en las últimas décadas.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

Éramos cinco y todos mayores e informados "lo normal", por lo que fue imposible evitar que Ceuta se colara en medio de asuntos menores. Ocurrió cuando alguien preguntó si habíamos escuchado en los medios algún recuerdo de lo que ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la misma playa del Tarajal. Solo uno respondió que sí, por lo que toca regresar allí. Pero antes…

Antes debo reconocer que es ahora, diez días después de la “invasión”, cuando me viene la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que de una movilización de 70.000 personas tan cerca de Ceuta no hubieran llegado avisos a ningún medio de comunicación español, esos que tantas veces consiguen filtraciones?

No me cabe la menor duda de que habrían publicado la exclusiva a bombo y platillo… O quizás no. De hecho, no he leído a nadie entonando el mea culpa por no haberse enterado de lo que se estaba preparando desde Marruecos contra España, aunque dediquen toneladas de tinta y tiempo a especular sobre quién filtró qué entre Interior y Defensa.

Volviendo a aquel febrero, tan frío, de los 200 inmigrantes que intentaron llegar a Ceuta, 90 lo hicieron nadando. Según el Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), “mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal”.

Murieron 14 personas, es decir, más del 15% de las que nadaban y ningún tribunal español condenó a quien dio la orden de iniciar aquel tiroteo.

En 2014 no gobernaba Pedro Sánchez y me ha parecido tan interesante esta información de CEAR que, por si un día desapareciera Internet para no volver, he decidido imprimirla en papel y, además, en letra grande, por si llega otro día en el que me cueste leer la pequeña, aunque no sea la de la hipoteca.

Igual que no fue M. Rajoy quien dio la orden directa de disparar a indefensos en febrero de 2014, si Pedro Sánchez hubiera enviado fuerzas armadas de cualquier clase a Ceuta, al ver la multitud avanzando por mar y tierra, quien estuviera al mando en ese momento habría ordenado disparar, para no ser menos, y los muertos habrían sido muchos más.

Para hacernos una idea de los resultados de dos maneras distintas de afrontar las crisis migratorias, supongamos que esta vez terminan siendo 200 los muertos, el doble de los que se dicen, y 70.000 el total de inmigrantes que han permanecido en Ceuta entre 48 y 72 horas- El porcentaje de fallecidos habría sido inferior al 0,3%, es decir, 50 veces menos de los que se produjeron en 2014, con M. Rajoy en La Moncloa. Y esta vez sin disparos desde España.

Convertir muertos en porcentajes es despreciable, pero también inevitable, porque los números no se inventaron (solo) con malas intenciones. Y como soy de los que piensan que la vida de cualquier persona vale lo mismo que la de Feijóo, Abascal o Sánchez, por poner tres ejemplos, llego a la conclusión de que las decisiones que los dos primeros reclaman demuestran que el tercero siente mucho más respeto por las vidas de los demás, sean quienes sean.

Lo digo porque no me cabe en la cabeza que Sánchez no tuviera información de lo que podía ocurrir en Ceuta y porque pienso que, si no envió fuerzas armadas fue precisamente para evitar que mataran. La estrategia de disuasión basada en la “prudencia” a la que se refiere Rafael Fraguas en su último artículo ha estado guiada por principios que terminarán triunfando o, como mínimo, convirtiéndose en ejemplo para avergonzar a tantos, tal como ha ocurrido con su oposición a las repetidas exigencias de Trump.

¿Alguien se cree que a Trump le importará ni medio bledo lo que piensen sus admiradores Feijóo, Abascal y Ayuso si un día llega a un acuerdo con Mohamed VI para conseguir pingües beneficios de una campaña de apoyo a “Ceuta y Melilla marroquíes”? Todos sabemos que, ni protegidos con el mejor chaleco antibalas, acudirán cualquiera de esos tres en persona a defender unas fronteras tan “españolas”.

Y si Sánchez se hubiera equivocado, este agosto de 2026 no habríamos visto a los ceutíes sacando de su ciudad, casi “a hostias”, a los fascistas Vito Quiles y similares que, como en Torre-Pacheco, intentaban pescar en río revuelto.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

Voy a cumplir 77 años, llevo jubilado desde el año 2014 y desde hace algo menos de una década incorporando en mi memoria el horror que la retórica de odio actual utiliza la propaganda para pintar a un grupo vulnerable como una "amenaza social" o como "enemigos", un proceso sociológico similar al que empleó el aparato nazi para estigmatizar a minorías. De facto, vivo como un jubilado espantado, con mucho miedo.

Antes de mi jubilación, como responsable de la Protección a la Infancia en Salamanca, mi obligación —y la de los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, la Fiscalía de Menores, Cruz Roja, las familias acogedoras…— era la de aplicar, lo más rigurosamente posible, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), además de la normativa de Protección a la Infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor) y toda la desarrollada por entonces por la JCYL (Junta de Castilla y León)… ¡Ojo al acrónimo!

En ese contexto en el que trabajábamos utilizábamos el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) de manera tan natural como utilizamos los miles de acrónimos que nos facilitan la comprensibilidad en nuestra lectura diaria y, más aún si cabe, en el ámbito profesional. Jamás tuvimos discrepancias y, mucho menos, confrontación alguna en torno al acrónimo que identificaba el tipo de menor con el que trabajábamos. Del mismo modo, si se me permite la comparación, utilizamos sin dificultad ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) o cualquier otro acrónimo que se nos ocurra: ONCE, UNED, ONU, ACNUR, DGT...

MENA servía para activar la maquinaria del Estado del bienestar y la colaboración con entidades del tercer sector. Era un término que generaba expedientes de tutela, plazas de acogida y matrículas escolares; no titulares de sucesos violentos destinados a alimentar una retórica de odio que transforma a un grupo vulnerable en una supuesta “amenaza social”. Un proceso sociológico similar al utilizado por el aparato nazi para estigmatizar a minorías ante una “sociedad espectadora” que termina absorbiendo, cautivado por el avance de los discursos radicales, la hostilidad contra la infancia migrante.

Hoy, el acrónimo se ha "infestado". Ha sufrido un proceso de estigmatización y deshumanización. El lenguaje técnico ha sido secuestrado hasta convertirse en una etiqueta pseudopolítica, un insulto y un arma arrojadiza. El resultado tiene, al menos, dos efectos dramáticos: en el lenguaje administrativo, social y político se “huye” ya del acrónimo MENA y, para una gran parte de ciudadanos, es el cartel que identifica a violadores y ladrones. Para grupos supremacistas y de corte neonazi actuales la figura del MENA representa el chivo expiatorio para canalizar frustraciones socioeconómicas estructurales de una parte de la juventud.

Existe un instante preciso en el que el lenguaje administrativo deja de servir a la justicia y comienza a alimentar a la bestia. Cuando utilizábamos las siglas MENA en Protección a la Infancia, junto con entidades como Cruz Roja, lo hacíamos para delimitar un terreno puramente técnico y protector. Todavía no había aparecido Vox ni la extrema derecha europea tenía la presencia social que hoy tiene. Dos décadas después, aquel acrónimo se ha convertido en una auténtica peste social.

La retórica contemporánea ha secuestrado la etiqueta técnica para extirparle la condición de infancia. Al transformarlos en siglas, les quitamos el rostro, el miedo y la condición de hijos de alguien; los convertimos en un concepto aséptico al que resulta más fácil odiar, replicando los peores ecos de la deshumanización burocrática del pasado.

En esas estamos, mientras al menos 1.342 menores (según datos oficiales) deambulan por Ceuta, buscando qué comer y durmiendo en la calle, en los montes, en los parques, mientras las administraciones, tras una semana sin tener claro qué hacer, deambulan por los despachos. Sólo Vox parece que lo tiene claro y hace un llamamiento a la población: “Cuando ves amenazado lo tuyo, tu zona de confort, tu familia, tus hijos, tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Que cada uno defienda a su familia con todo lo que tenga en su mano. Con un palo y con lo que sea”.

El veneno avanza y crece de manera alarmante. Una parte importante de la población, inoculada por ese discurso, termina borrando la condición de niño: porque ya no es un niño, es un maldito MENA. Se ha logrado vaciar el acrónimo de su significado originario y eliminar con ello la empatía. Se ha conseguido despojar al niño de su condición de infancia, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de sus derechos.

Victor Klemperer en su obra Lingua Tertii Imperii (LTI, La lengua del Tercer Reich) nos muestra cómo el nazismo transformó el idioma para normalizar la crueldad. No necesitamos acudir únicamente a Klemperer para recordar las consecuencias físicas de la brutalidad nazi; podemos hacerlo también desde la lingüística. Los nazis emplearon acrónimos y jerga burocrática para deshumanizar a los colectivos que pretendían perseguir, conscientes de que transformar a seres humanos en categorías y siglas facilitaba el camino para despojarlos de sus derechos.

El Gobierno tiene en sus manos la dignidad de un país. Pero esa dignidad es especialmente frágil. Los 1.342 MENAs que deambulan por Ceuta se pueden romper en cualquier momento. Deberían estar ya en los centros de protección a la infancia de las comunidades autónomas. No hay espacio para ninguna “reflexión”, si los gobiernos autónomos de PP y Vox se niegan a recibir a los MENAs, la Fiscalía tiene que actuar de oficio y exigir el cumplimiento de la ley.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Ceuta para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad después de la entrada masiva de más de 72.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad autónoma, reunió a más de 10.000 asistentes según los organizadores y a algo más de 5.000 según la estimación de la Policía Nacional.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, la concentración llenó la plaza de la Constitución convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— y con el respaldo de la Federación de Vecinos, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno ceutí. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acudió también a la protesta.

El llamado Manifiesto por la Unidad de Ceuta, leído por el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”. Entre las demandas figuraron más medios humanos y materiales, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, una mayor protección de la frontera con Marruecos y recursos suficientes para atender a las personas migrantes que continúan en la ciudad y aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

Los convocantes buscaron mantener un mensaje centrado en la convivencia. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, recogía el manifiesto, que defendió la pluralidad de Ceuta y advirtió de que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación que “supera ampliamente sus capacidades”.

Sin embargo, entre parte de los asistentes también se escucharon consignas de rechazo a la inmigración y gritos de “Sánchez, dimisión”, “ilegales, expulsión” o “invasores”. Los manifestantes pidieron además la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no asistió a la concentración. La tensión llegó incluso a impedir que se guardara el minuto de silencio propuesto desde la organización por las personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad.

Vivas volvió a aprovechar la movilización para pedir ayuda al resto del país. “Solos no vamos a poder, necesitamos solidaridad del resto de España y que el Estado cumpla con sus obligaciones”, afirmó el presidente ceutí, quien calificó nuevamente de “insostenible” la situación de la ciudad.

Un día después de la concentración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este lunes a Ceuta para mantener una reunión de coordinación con Vivas y evaluar la situación. Según las últimas estimaciones del presidente ceutí, todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas migrantes, muchas de ellas sin alojamiento y con los recursos de acogida desbordados. Torres tiene previsto comparecer ante los medios a las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores no acompañados es otro de los principales frentes abiertos. Hasta el momento hay 1.342 registrados oficialmente en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas y ha anunciado que un equipo técnico de su departamento se desplazará a la ciudad el próximo día 16 para agilizar los trámites relacionados con su acogida.

La reunión entre Torres y Vivas se produce, por tanto, después de un fin de semana en el que la presión ciudadana ha vuelto a situar en primer plano las reclamaciones de Ceuta al Ejecutivo central y en un contexto marcado también por el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada multitudinaria desde Marruecos el próximo sábado.

Ese temor ha llevado también a la Comandancia General de Ceuta a cancelar todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en circunstancias excepcionales. La decisión ha sido confirmada a EFE por fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General, establece que las excepciones deberán estar “debidamente justificadas y autorizadas” por los responsables de cada unidad. En la práctica, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones en la Península o en otros países deberán regresar a Ceuta si no obtienen esa autorización.

La asociación vincula la medida con la situación provocada por la entrada masiva de finales de julio y con los llamamientos detectados en redes sociales para intentar una nueva entrada multitudinaria el 15 de agosto. En Ceuta hay miles de militares repartidos entre unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54 y los regimientos de Caballería Montesa 3 e Ingenieros.

ATME asegura comprender la decisión por las circunstancias excepcionales, pero reclama al Ministerio de Defensa que tenga en cuenta las consecuencias para quienes tengan que interrumpir sus vacaciones y asumir pérdidas por billetes de avión o alojamientos ya contratados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha pedido especialmente flexibilidad para los militares destinados en Ceuta que hubieran viajado al extranjero para visitar a sus familias.

La organización también alerta del desgaste de los efectivos desplegados estos días. Según Gómez, algunos están encadenando turnos de ocho horas de patrulla, ocho de descanso y otras ocho en situación de alerta dentro del cuartel. El presidente de ATME ha recalcado además que los militares están prestando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier persona migrante interceptada queda a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

Cualquier argumentación requiere razonamiento; por tanto, señores y señoras de la derecha y asociados, las conjeturas, para después.

La “nueva marcha verde”, la masiva llegada de casi 50.000 migrantes a Ceuta (casi todos regresados sin violencia), ha provocado duras críticas de la patriótica oposición y de algunos países. La acaecida durante la dictadura franquista, nadie alzó la voz; ahora, los valientes de salón atacan con toda la saña posible al Gobierno de nuestro país. Hay miembros de la Unión Europea, como de EEUU, aliado marroquí. Nada nuevo. Sánchez, culpable.

Marruecos dejó de ser protectorado español y francés hace 70 años; Franco todavía subyugaba a los españoles. Argelia se liberó de Francia en 1962. La evidencia colonialista es que dejaban sus posesiones hechas unos zorros y de aquellos polvos estos lodos. Marruecos y Argelia se miran con desconfianza desde hace cinco siglos, y las grandes potencias, ojo avizor, tomaron posiciones, como expertas en fomentar los enfrentamientos lejos de sus países.

Los rusos son socios —ahora en declive— de Argelia, y los norteamericanos, de Marruecos, cuya posición se reforzó tras el reconocimiento por parte de Rabat del Estado de Israel, país perejil de todas las salsas que se aderezan con sangre. Los judíos, simplemente, evitan las migraciones; las fulminan, como ocurre en Gaza. En su desfachatez, acusan a España de mantener enclaves colonialistas en el norte de África. Sánchez culpable.

Otros, como Francia, Italia o Finlandia, se han llenado la boca criticando el fracaso de las políticas migratorias de nuestro país. La desfachatez, propiciada por la derecha de esos países, y también por la del nuestro, es vergonzante.

Italia tiene una población irregular superior a las 600.000 personas; el modelo Meloni consiste en “empaquetarlas” hacia no se sabe dónde. En Francia se estima que hay unos 700.000 inmigrantes procedentes de países de África, con vínculos históricos con los galos; su modelo es el banlieue deprimida, la frontera interior. En España, según Funcas, se estimaban en torno a 800.000 personas en situación irregular, para las que se pretende articular una política digna: regularizarlas bajo determinadas condiciones. Eso va contra las prácticas de Estados Unidos, Italia y otros países. Estos prefieren lo inhumano; no tienen vergüenza.

Países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente acogedores, han cambiado desde que sus gobiernos de derechas y centro necesitan a la ultraderecha y a los nacionalistas para gobernar; obviamente, las dudas se van aclarando y cada cual queda retratado.

El hoy irreconocible Estados Unidos, gobernado por el sátrapa Trump, tacha al Gobierno español de aplicar prácticas políticas de extrema izquierda; es más, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó a ABC y Fox News que España "compromete su propia supervivencia" si no cambia de rumbo. ¿Volverá EEUU a la normalidad? ¿Cuándo recuperará su 14ª enmienda?

Sus desvaríos y delirios muestran que las pruebas aportadas contra Zapatero por el Departamento de Seguridad de EEUU no son casualidad, sino causalidad. Sánchez, culpable.

Quienes abogan por el endurecimiento del control de las fronteras y la suspensión del Tratado de Schengen nos autorizan a soltar una gilipollez, como las que ellos dicen. Ahora que estamos hartos del turismo de borrachera y de medio pelo, es la oportunidad de arreglar el problema con los millones de ciudadanos de esos países que nos visitan con un incivismo superior al de los desgraciados de la nueva marcha verde. ¿Cerrar la frontera?

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Las imágenes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta en los últimos días han dado la vuelta al mundo, situando a la Ciudad Autónoma en el mapa y generando un gran impacto en la actualidad política nacional e internacional.

Para cualquier persona resulta impactante contemplar a miles de personas concentradas en distintos puntos de Ceuta, agolpándose en las playas, buscando agua y comida, esperando conocer cuál será su futuro. Estas escenas han sido utilizadas por la derecha y la extrema derecha para reforzar su discurso antiinmigración. 

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han aprovechado la situación para sembrar el miedo y la desconfianza, valiéndose sobre todo de las redes sociales para difundir vídeos y fotografías de la llegada y concentración de miles de personas en Ceuta. Por su parte, grupos neonazis como Núcleo Nacional también han utilizado esos contenidos para avivar un discurso xenófobo. 

Pero estos discursos podrían verse indirectamente reforzados por un fenómeno que afecta a la sociedad en este tipo de situaciones –y con el que los partidos políticos pueden jugar a su favor–: el efecto de la víctima identificable.

La primera vez que se puso nombre a este fenómeno fue en el ensayo del economista y premio Nobel Thomas Schelling, La vida que salvas puede ser la tuya, publicado en 1968. 

A grandes rasgos, el efecto de la víctima identificable describe una mayor probabilidad de que una persona sienta más empatía por un único individuo en situación de vulnerabilidad que por un amplio grupo de personas afectadas.

Schelling sostiene en su ensayo que respondemos de forma muy diferente cuando se trata de salvar la vida de víctimas concretas, a las que se puede poner rostro y nombre, que cuando hablamos de salvar la vida de un pueblo en general.

Desde entonces, diferentes investigaciones han respaldado empíricamente este fenómeno. Entre ellas figura el estudio Desensibilización a la violencia en los medios de comunicación: vínculos con la exposición habitual a la violencia en los medios, las cogniciones agresivas y el comportamiento agresivo (Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A.; 2011) u otro más reciente, de 2021, mencionado por la corresponsal jefe de CNN Clarisa Ward en un vídeo en el que explica la crisis en Ceuta.

En el artículo Cuando la lente es demasiado amplia, las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados, Ruben T. Azevedo, Sophie De Beukelaer, Isla L. Jones, Lou Safra y Manos Tsakiris parten del denominado efecto de la víctima identificable para analizar cómo la representación visual de las personas refugiadas en los medios de comunicación influye en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y en su deshumanización visual. Para ello, tomaron como caso de estudio la crisis de los refugiados sirios. 

A través de diez estudios realizados con 3.951 ciudadanos europeos, comprobaron que quienes veían imágenes de refugiados sirios en grandes grupos, en vez de imágenes individuales, mostraban una menor capacidad para sentir culpa, ternura o compasión por esas personas.

“Las imágenes de grupos grandes también fueron percibidas como más deshumanizantes y, cuando se combinan con elementos como titulares de prensa, siguen desempeñando un papel significativo e independiente en la percepción de la deshumanización de dicha cobertura informativa”, subraya el artículo. 

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudan a entender cómo la forma en que se representan las crisis migratorias puede influir en la opinión pública. Aunque la investigación no analiza estrategias de partidos políticos concretos, sí concluye que la exposición a este tipo de imágenes puede modificar la percepción de la ciudadanía y su actitud hacia las personas refugiadas. 

De hecho, encontraron otro dato relevante: “Además, después de ver imágenes de grupos grandes, los participantes mostraron una mayor preferencia por líderes políticos de apariencia más dominante y menos confiable, y apoyaron menos políticas favorables a los refugiados y más políticas contrarias a ellos”. En el caso de Ceuta, dirigentes del PP y Vox han difundido de forma reiterada imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para reforzar sus mensajes sobre inmigración. Declaraciones como las de Juan Bravo alertando sobre intentos de asalto a viviendas, o las de Ester Muñoz, vinculando la regularización de migrantes con el derecho al voto, son algunos ejemplos de relatos construidos en torno al miedo y la inseguridad.

“Lo que vemos en los medios de comunicación y cómo se muestra no solo tiene consecuencias para la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro comportamiento hacia ellos, sino que, en última instancia, afecta al funcionamiento de nuestros sistemas políticos”, concluyen los investigadores.

Somos la patria mundial de la Contrarreforma, somos los campeones del mundo en llevar a la hoguera a gente por lo que no existe ni ha ocurrido. Incluso tenemos una ley de partidos que ilegaliza a las formaciones políticas por algo que no han hecho. No sé si están ustedes al corriente, pero, en contra de la tradición liberal, nuestra ley de partidos te puede cerrar el chiringuito —y de hecho te lo cierra— por no dar una rueda de prensa condenando el terrorismo. No lo digo como hipérbole. La ley de partidos se aprobó con el propósito de ilegalizar a un partido político. Uno concreto. Esto contraviene dos principios generales del derecho. Uno, el derecho es contrario a la lex ad hoc (“ley para el caso específico”), que establece que la ley es general para la sociedad y no ha de legislarse para comportamientos específicos de personas concretas; y otro, que rige para el derecho penal, es nullum crimen sine lege (“ningún crimen sin su ley”) que significa que la ley que ilegaliza un comportamiento tiene que antecederlo. Dicho de otro modo, que un comportamiento lícito no puedo convertirlo en ilícito una ley a posteriori.

Ustedes, gentes de bien e instruidas, pensarán que a Batasuna se la ilegalizó por sus vínculos con ETA. No es así. De hecho, si Batasuna hubiera tenido vínculos con ETA —financieros, administrativos, patrimoniales o personales— el código penal existente entonces habría permitido ilegalizarla, meter a la Mesa Nacional (órgano de dirección del partido) en la cárcel y tirar la llave. No, para el mundo abertzale se legisló incumpliendo el nullum crimen sine lege con lex ad hoc. La virtud de nuestra democracia liberal empezó a morir cuando creímos que la lucha contra el terrorismo justificaba esta suerte de GAL legislativo. 

De hecho, se había intentado desmantelar todo lo que en Madrid se llamaba “el entorno de ETA” (que no existe, “el entorno de ETA” es Euskadi), en uno de los grandes bochornos de la justicia española en democracia —precedente inequívoco de la insania de lo que hoy es el pan nuestro de cada día en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional—: el caso conocido con el inofensivo título “El sumario 18/98”. Los cementerios están llenos de buenas intenciones y este macroproceso —que aguas abajo, acabó casi sin condenados y con los tribunales superiores del mundo civilizado poniendo a la justicia española como chupa de dómine— supuso el cierre ilegal de dos periódicos, la disolución ilegal de infinidad de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, y también supuso la imputación de más de 250 personas por actividades sociales, culturales y políticas sin ninguna relación con la violencia.

Aunque el caso estuvo abierto una década, fue deshilachándose como lo que era, un intento de perseguir a una parte de la sociedad vasca, la que se sentía y se siente representada por la izquierda abertzale, así que hubo muy pocos condenados. Y la mayoría de las condenas fue corregida posteriormente por instancias superiores nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles. A mitad del proceso, los políticos con dos dedos de frente ya vieron que intentar hallar vínculos entre esa parte de la sociedad vasca —sus medios, sus organizaciones culturales, sus fundaciones y sus partidos— y el terrorismo era completamente imposible y no podía acabar bien. Porque tal vínculo, pensaran lo que pensaran en la Villa y Corte, no existía más allá de las conciencias. Y la democracia no legisla conciencias. En la izquierda abertzale, a finales de los noventa, a unos (pocos) les parecía mal, pero justificado, el terrorismo de ETA, y a otros (muchos), derramar sangre les parecía no solo un horror ético sino también un error estratégico. [Además de ser, añado yo, una bochornosa antigualla de las postrimerías de la Guerra Fría absolutamente demodé al acabar el siglo].

Bueno, la ley de partidos se concibió a mitad de ese proceso —en el que a punto estuvo de ser imputada Renfe porque el Cercanías de la margen izquierda de Bilbao cantaba las estaciones en euskera—, viendo que aquello iba a acabar como el rosario de la aurora. Que fue como acabó, claro, porque el Sumario 18/98 es conocido hoy como el sumario “Todo es ETA” y no sirvió para nada, más allá de convencer a la izquierda separatista vasca de que España no es un Estado serio. Si no se podía hallar vínculo alguno entre los terroristas y el mundo abertzale, había que idear mecanismos para ilegalizar a Herri Batasuna aun sin probar esa relación. La ley de partidos, manifiestamente inconstitucional dijera lo que dijera el Constitucional, fue un prodigio de coherencia con la Contrarreforma, porque permitía condenar por no decir. Torquemada sonreía en su tumba. De hecho, acabó creando aberraciones como convertir los desórdenes públicos (kale borroka) en terrorismo. Si tú eres un alegre ganadero de Lorca (Murcia) puedes tomar un ayuntamiento e impedir la celebración de un pleno —esto es lo que el código penal definía específicamente como “sedición”— sin mayor consecuencia, pero si eres de Sestao y prendes un contenedor porque pierde el Atleti, eres terrorista. 

Con la justicia plenamente instalada ahí, en el Concilio de Trento —no hace falta explicar de nuevo que en los inicuos procesos del Supremo y la Audiencia Nacional hoy es habitual que la carga de la prueba se invierta, es decir, que se exija al reo probar su inocencia en lugar de estar los tribunales obligados a encontrar pruebas de su culpabilidad, como bien saben Alberto Rodríguez, Álvaro García Ortiz y José Luis Ábalos, y como ya empieza a sospechar José Luis Rodríguez Zapatero—, la moral pública española regresa al siglo XVI y padecemos a presidentes de las grandes salas de justicia orgullosos legatarios del inquisidor general de Córdoba.

Diego Rodríguez de Lucero, apodado “el Tenebroso” o “el inspirado por Lucifer”, conocido por la fabricación de pruebas falsas y la persecución fanática y cruel de toda heterodoxia o disidencia, fue inquisidor en Jerez de la Frontera y en Córdoba, pero se pasó tantísimo de rosca que casi acaba como nuestro moralista favorito, Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola: linchado por sus vecinos.

Tras quemar vivas a más de cien personas en el mayor auto de fe de la historia mundial, celebrado en Córdoba en 1504, y procesar por “judaizante” a fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica, en 1505, los cordobeses se alzaron contra él, dirigidos por el conde de Cabra y el marqués de Priego —a la licenciosa nobleza española, los intransigentes religiosos nunca les hicieron tilín por lo que sea—, y tomaron el alcázar liberando a medio millar de presuntos herejes que esperaban juicio.

No lograron su objetivo, que era colgar a Lucero o tirarlo desde la almena más alta del alcázar, porque el inquisidor le tembló la fe en el socorro de la Providencia y salió de Córdoba al galope para nunca volver. Aunque fue destituido, junto con otros inquisidores fans del BDSM, por la Congregación General de Burgos (convocada por el cardenal Cisneros en 1508 para poner orden en el disparate genocida en que se había convertido el Santo Oficio), Lucero nunca pagó por sus infames crímenes.

Volvamos al principio: lo no dicho no existe salvo para gentuza como Lucero y las mentes en maduración del Supremo. Viene al caso porque estas semanas de emergencia humanitaria en Ceuta, mi oficio de impostores está juzgando la acción diplomática española por lo que no dice. Apoyados en analistas enemigos de Marruecos —por ser una monarquía, por no ser una democracia, por haberse quedado el Sáhara Occidental o por ser ridículos tiralevitas de Trump, razones hay a patadas—, el periodismo moralista ha rebuscado en las comunicaciones diplomáticas españolas en busca de una condena a Rabat.

Y no: en la carta en la que le pinta la cara a la Comisión Europea, a su presidenta y a la primera ministra italiana, el presidente del Gobierno español no señala la culpabilidad de Marruecos por acción u omisión en la crisis de Ceuta. Y menos mal.

Las democracias europeas deberían haber aprendido algo de su inclinación a desestabilizar a los regímenes vecinos por no ser enteramente democráticos. Si queremos saber qué tal funciona este moralismo exterior, podemos preguntar a los italianos qué tal van sus políticas migratorias desde la caída del líder libio Muamar el Gadafi, o qué tal le ha ido a Grecia la ruina del sirio Bashar al-Ásad.

La falacia del Nirvana (“lo mejor es enemigo de lo bueno”) es el primer mandamiento de cualquier política exterior adulta. La diplomacia opera sobre la cortesía de saber qué decir y qué callar. España ya es el enemigo público número uno del tirano idiota de la Casa Blanca y del genocida acomplejado de Tel Aviv, no necesitamos mucho más. Bastante tenemos con que en el Palacio de las Salesas se hayan instalado los albaceas de El Tenebroso de Córdoba y de sus infames crímenes.

Sería deseable que el mío, aunque sea un oficio de impostores, sea un oficio de adultos, no un santo oficio.

La madrugada del incendio que arrasó la sierra madrileña, Haitam (19 años) llevaba solo tres horas dormido cuando tuvo que abandonar su casa. Su familia y sus vecinos de Colmenar del Arroyo (un pueblo de 2.053 habitantes en la Sierra Oeste, a 53 kilómetros de la capital) fueron evacuados por el humo y las cenizas que ya cubrían el pueblo. Ellos encontraron refugio en Las Rozas, en casa de un amigo de Haitam.

Acababan de regresar de un viaje a Cádiz. Llegaron a casa hacia las seis de la madrugada del 24 de julio y apenas pudieron dormir. A las 11 de la mañana, despertaron a Haitam porque el fuego estaba cerca.

“Era imposible quedarse”, recuerda. Poco después de que lograran salir, las carreteras quedaron cortadas. El fuego, que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a calificar como “el peor incendio de la historia de la región”, no alcanzó el casco urbano de Colmenar del Arroyo. Por eso, cuando pudieron volver, todo seguía en pie.

Aquellas horas de incertidumbre se suman a la historia de una familia que lleva 30 años construyendo su vida entre Marruecos y España.

Hicham, el padre de Haitam, tenía 21 años cuando cruzó a España por Ceuta, la misma frontera por la que, tres décadas después, decenas de miles de personas han vuelto a intentar entrar en busca de un futuro mejor. 

Corría 1995 cuando dejó Larache, una ciudad al norte de Marruecos, donde trabajaba como marinero, un oficio que, según recuerda, tenía “pocos derechos”. Su objetivo era llegar a Holanda, pero decidió hacer una parada en Colmenar, donde vivía su hermana. “Mi intención nunca fue quedarme en España”, comenta. Le ofrecieron trabajar unos días en un restaurante para ganar algo de dinero antes de seguir su viaje al centro de Europa. Pero, lo que iba a ser una semana de trabajo, se convirtió en un contrato. Tuvo suerte, el dueño le tramitó los papeles y se quedó allí hasta 1999. Aquella oportunidad le abrió más puertas. “El dueño abrió nuevos locales y me llevó solo a mí con el jefe de cocina”.

En 1999 decidió retomar su plan inicial. “Me cansé de España y me fui a Holanda”. A partir de ahí, la vida de Hicham se cuenta entre fogones. Se convirtió en jefe de cocina de un restaurante marroquí hasta 2003, cuando regresó a España porque su antiguo jefe le pidió que volviera tras sufrir un accidente. Después trabajó en El Real Ingenio Chico, en Segovia; en un establecimiento de Los Ángeles de San Rafael y en otro de Alcalá de Henares. En 2009 volvió a Holanda durante seis meses para diseñar la carta de un restaurante español en La Haya; más tarde pasó tres años junto a la mezquita de la M-30 y regresó de nuevo a Holanda entre 2015 y 2018, hasta que sus hijos, ya adolescentes, dejaron claro que no querían mudarse con él.

Hicham viajaba de vez en cuando a visitar a su familia a Marruecos, aunque nunca se quedaba más de un mes. Fue en una de esas visitas cuando se casó con su mujer. “En agosto de 2003 me casé y volví a España para arreglarle los papeles a mi esposa”. Karima llegó a España en 2004, embarazada de Adam, el mayor de los tres hermanos. Se habían conocido en Marruecos, donde ella había estudiado Derecho, especializada en procedimiento penal, aunque nunca llegó a ejercer. “Me casé el mismo año que terminé la carrera y no me dio tiempo a nada más”. En España, el idioma y la crianza de los hijos le cerraron la puerta a la convalidación de su título. Los tres hermanos, Adam de 21 años, Haitam de 19 años y Umaima de 16, nacieron ya en España. Haitam describe la casa familiar como un reparto casi exacto entre las dos identidades: “Con mis padres hablamos marroquí, entre hermanos hablamos más español”. La comida, la decoración, los muebles, dice que “son más de Marruecos que de aquí”. Y es que aún hay lazos familiares que les unen, como es la familia de su madre que siguen en Larache, de la parte de Hicham queda aún su madre y algunos hermanos.

Hicham y Karima decidieron que preferían criar a sus hijos en un pueblo pequeño antes que en una ciudad como Madrid. “Hay mucho más control que en la ciudad”, sostiene el padre. Haitam lo confirma desde su propia experiencia. “Cuando me cambié de instituto a Las Rozas, allí todo pasaba por el móvil, había que organizar cada quedada con antelación. En el pueblo hay situaciones mucho más espontáneas. Te encuentras con tus amigos al salir de casa”, cuenta.

Tras años trabajando en cocinas de España y Holanda, Hicham logró abrir su propio restaurante. Tras cerrar un primer negocio en Navas del Rey, la familia inauguró el Bar Casa Mariano, en Colmenar del Arroyo, en febrero de 2026. El negocio es, al mismo tiempo, el sustento y la ausencia. “Antes, cuando trabajaba en restaurantes ajenos, tenía turnos partidos pero jornadas más previsibles; ahora tener el bar significa estar siempre disponible”, dice Hicham. "En casa pasamos muy poco tiempo", confirma Haitam.

Karima ha vivido esa exigencia desde distintos frentes. Durante años trabajó junto a su marido en el bar y, desde hace dos meses, cubre una baja en una residencia de mayores. “Aquí estoy aprendiendo cosas nuevas, como cocinar para muchos comensales”, explica. Además, sigue encargándose de la parte administrativa del negocio, papeles y nóminas, “la parte que a él no le gusta”, dice entre risas.

Los tres coinciden también en que nunca han sufrido un episodio de racismo que haya marcado sus vidas. Hicham asegura que siempre se ha sentido “muy acogido”. Karima recuerda que nunca tuvo problemas ni en el colegio de sus hijos ni en sus trabajos, donde ella llevó hiyab con total normalidad. Haitam tampoco habla de discriminación directa, aunque sí de comentarios aislados. “Ese tipo de actitudes las veo más en redes sociales que cara a cara”.

Haitam recuerda una frase que su padre les ha repetido desde pequeños: “Yo tengo la excusa de no haber nacido aquí y de aceptar cualquier trabajo, incluso donde me exploten. Vosotros no”.. Karima lo expresa de una forma parecida. “Nosotros trabajamos el doble por ser inmigrantes. Vosotros tenéis que sacar una carrera aquí para vivir mejor”, les repetía. Esa idea marcó la educación de los tres hermanos. 

Adam y Haitam cursaron el bachillerato de Excelencia. Hoy, Haitam estudia Ciencia de los Datos Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y este verano compagina la carrera con su primer trabajo.

Esa exigencia, admite, no siempre fue fácil. “De pequeños había mucha disciplina. En bachillerato ya nos dejaron a nuestra bola y la presión pasó a ser nuestra”.

Adam estudia Comercio y Umaima cursa el bachillerato de Ciencias. “Nunca les he dicho lo qué tienen que estudiar. Solo que hagan algo que les guste y lo saquen adelante” resume Hicham.

Las imágenes de Ceuta han removido los recuerdos de Karima. Habla de hospitales donde “aunque tengas dinero, el médico no está” y de aulas de hasta 50 alumnos para explicar por qué tantos jóvenes se juegan la vida en el mar. Pero también les manda un mensaje: “A quienes están pensando en venir les diría que aquí tampoco es fácil: hay que trabajar y luchar”. Hicham lo vive con una emoción distinta. Él cruzó esa misma frontera con poco más de veinte años. Lamenta las muertes y cree que detrás de lo ocurrido “hay una decisión política”.

Haitam, que nació ya en España, teme que episodios como este alimenten prejuicios contra quienes, como él, han crecido aquí. “Esos chavales solo quieren cambiar su vida, como quiso hacerlo mi padre”, dice.

El mismo sueño que empujó a Hicham a cruzar la frontera por Ceuta hace 30 años sostiene hoy la vida de esta familia en Colmenar del Arroyo. Sus hijos ya no piensan en emigrar, pero sí en continuar el camino que empezaron sus padres: construir su futuro donde nacieron.

El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Italia decidió efectuar esos controles el pasado 1 de agosto, y el Gobierno había pedido este viernes a las autoridades italianas que los levantara antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

La petición fue rechazada por el Gobierno de Italia advirtiendo de que no aceptaba ultimátums, y ante ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido actuar de la misma forma e imponer esos controles a los viajeros procedentes de Italia.

El Ejecutivo justifica esta decisión ante la "persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

Miremos lo de Ceuta como un continuum o es difícil que lo entendamos en su verdadera magnitud. Y, para no remontarnos a Abdel-Krim, pongamos que la serie que protagonizamos comienza con la Marcha Verde, mientras agoniza el anciano dictador español, y acaba hace unos días, cuando también, casualmente, el Gobierno de España está en una coyuntura de debilidad extrema. Hay que saber elegir la circunstancia y el momento, y en eso nuestros vecinos del sur son unos maestros.

El continuum entre la Marcha Verde y Ceuta viene salpicado por diferentes episodios. Algunos como la aguerrida toma del islote Perejil (¿qué fue de aquellas cabras?), bajo el mandato de José María Aznar, a quien el asalto le salió mejor que lo de Irak y le sirvió para sacar pecho. Otros, más dramáticos, como los sucesivos intentos de pasar a España sobre las vallas con concertinas de Melilla. Pues bien, toda la secuencia persigue un fin último: la recuperación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla para la corona alauí. Un asunto central que no deja de tener bastante lógica histórica, pero que España y Marruecos evitan mencionar explícitamente. Por ello, las tensiones se repiten periódicamente y Marruecos continúa su guerra de desgaste, que seguirá originando muchas más víctimas que las que ahora se han producido.

Por un lado, Marruecos no tiene prisa, ya que dispone de abundante carne de cañón. Por otro, la tolerancia de España para compadrear con Marruecos y mirar hacia otro lado parece casi infinita. En el análisis de lo que acaba de ocurrir en Ceuta debe también entrar la cuestión del Sahara Occidental, “resuelto” casi clandestinamente con la entrega, por parte de España, país administrador, a Marruecos, potencia ocupante. Un acto canallesco que se vendió como una cesión para garantizar el fin de las mafias que controlaban el tráfico humano hacia las costas españolas. El brillante resultado de la traición española hacia el pueblo saharaui está ahora a la vista: los marroquíes no solo incumplieron el acuerdo, sino que ante la reciente “reconciliación” con Argelia, enemigo histórico, consideraron que era el momento de dar otro golpe de efecto que pusiera de manifiesto quién maneja el mango de la sartén, aunque ello costara la vida a decenas de súbditos del sátrapa alauí.

La reacción española, al omitir cualquier referencia a la responsabilidad o dejación del régimen marroquí en lo sucedido, es intolerable. Hay problemas históricos que resolver y no deben aplazarse más. Von der Leyen y sus corifeos no van a arriesgar nada para solucionarlos, como ha quedado de manifiesto. La extrema derecha aprovecha la ocasión para pescar en río revuelto (los portugueses de Chega ya han pedido el restablecimiento de los controles fronterizos entre Portugal y España). El espacio Schengen, al primer embate, muestra sus costuras.

Trump, bien, gracias.

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Francisco J. Faraldo es socio de infoLibre.

Hace un par de semanas publiqué una columna titulada Los empresarios del miedo, que explicaba cómo ciertos grupos de poder explotan el miedo y la incertidumbre de las sociedades a través de la fabricación de un 'otro'. Lo que ha pasado en Ceuta es un claro ejemplo del triunfo de esta gentuza. Otra victoria más cosechada a costa del sufrimiento extremo de unos y de la debilidad e ingenuidad de otros.

El miércoles de la semana pasada me contactó Israel Remuiñán de la COPE: “Lucila, te escribo por lo que está pasando en Ceuta”. “Acabo de empezar mis vacaciones y estoy desconectada, ¿qué está pasando?”. Hablé con mi amigo I. que es de Castillejos y me contó que la situación en la ciudad lleva meses siendo insoportable. Hay militares por todos lados. Detienen a la gente de forma arbitraria. Hace un par de meses subieron a su hermano con más personas a un autobús. Iban con ropa de verano, bañador, camiseta, chanclas. Los dejaron abandonados de esta guisa a 1.000 km de la ciudad. “Es muy triste”, me comentó, “la ciudad es invivible”. Por lo visto aparecen cuerpos ahogados todos los días desde principio de año. Hay un cementerio con personas sin identificar que crece por momentos y la morgue de Castillejos estaría desbordada. 

Este testimonio no me sorprendió. En 2024 nuestro equipo de periodismo de la Fundación porCausa dirigido por el periodista José Bautista participó de una investigación que demostró que Marruecos, Mauritania o Túnez, con el apoyo de España y la Unión Europea, realizaban traslados y abandonos sistemáticos en el desierto de migrantes que eran detenidos en las costas y trasladados a la fuerza en autobuses a puntos muy lejanos del interior del norte de África. La Unión Europea lleva años externalizando el control migratorio a países que no respetan los derechos humanos. Estos gobiernos tratan a las personas en tránsito y a sus poblaciones con un desprecio absoluto y una brutalidad extrema. Gracias a estas prácticas, los cruces irregulares a España desde África se redujeron un 42,6% en 2025, una tendencia a la baja que se mantenía en la primera mitad de 2026 con un descenso adicional del 24,7% a 15 de julio, según datos de Interior.

Estas conversaciones tenían lugar cuando la cifra de personas que había cruzado a Ceuta todavía no superaba las 1.500 personas. Me faltaba mucha información pero después de 10 años dedicándome exclusivamente a temas migratorios no me cabía duda de que esa entrada excepcional no respondía a un proceso migratorio convencional. El histórico no engaña, expliqué en directo en la COPE, recordemos el caso de la entrada repentina de más de 10.000 personas en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021. Esto no es migración, esto es el resultado de una estrategia de manipulación y presión que utiliza a la población marroquí como arma arrojadiza. 

El jueves se producía la marcha sobre Ceuta. Interior estima en 72.000 personas las que llegaron. Pero como sucedió en 2021 en pocas horas se habían vuelto casi todas a Marruecos dejando a unas 2.000 personas en el lado español y, según los últimos datos oficiales, un mínimo de 100 personas muertas, que sin duda serán muchas más porque nunca tendremos los datos reales de cadáveres recogidos por Marruecos y totales de desaparecidos. 

¿Quién consiguió movilizar a todas esas personas para que se unieran en una marcha mortal? Los empresarios del miedo. No se trata de un proceso específico sino de una estrategia cuidada que lleva varios años intoxicando a nuestras sociedades con el fin de controlarlas. Denominar crisis migratoria a una invasión civil temporal es producto de esa intoxicación. Lo que ha pasado en Ceuta es un proceso de presión política que ha conseguido desestabilizar nuestra soberanía y tensionar a nuestro Gobierno. Lo lógico habría sido unirnos todos, como en el Mundial, y responder de forma unánime a este ataque. Pero en lugar de abrir el debate legítimo sobre cómo la Unión Europea tiene que proteger las fronteras respetando el derecho internacional y reforzando la unión para evitar este tipo de acciones, hemos acabado debatiendo sobre si España es mora o cristiana. Eso nos deja a los pies de los caballos a nosotros pero también a todos los países fronterizos de la Unión. 

¿Cómo sería la respuesta y el debate si 50.000 civiles ucranianos marcharan de forma temporal sobre Polonia? ¿O si cruzaran 50.000 civiles desde Libia a Italia? 

Y mientras la mayoría nos estremecemos con el dolor de una población sometida al régimen inhumano de nuestro vecino, al que nuestros gobiernos nacional y europeo financian, el pequeño grupo de empresarios del miedo disfruta de los titulares que le permiten seguir socavando de a poquito nuestras democracias. Las personas separadas somos más manejables. 

Tristes somos más susceptibles de ser sometidas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Lo más importante es entender bien de dónde viene y ser conscientes de que nos están manipulando. Como dice el veterano senador independiente estadounidense Bernie Sanders: “They have the money. We have the people” (“Ellos tienen el dinero. Nosotros tenemos a la gente”). No podemos dudar de que somos más. A partir de ahí tenemos que construir nuestra resistencia con mucha cabeza. Los 17 puntos del manifiesto de George Lakoff son una buena inspiración a este respecto. 

Añado de mi cosecha lo que le comentaba a mi amiga Aurora el otro día: “Descansar es una forma de activismo”. Nos quieren cansadas, tristes, hiperconectadas y desorientadas. No lo permitamos. No estar enganchadas a las noticias no implica no ser conscientes de que tenemos mucha lucha por delante. Tampoco es una forma de negar las injusticias. Es una herramienta para recargar energía, para volver al tajo recuperadas, fuertes y llenas de amor. El amor es lo más punk y subversivo que hay en estos momentos. El amor es el acto político con el que acabaremos con los empresarios del miedo. Y lo haremos, porque somos más y vamos a ganar.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Solemos pensar que, al contar lo que ocurre en el mundo, lo que hacemos es simplemente presentar los hechos, de manera similar a lo que se hace cuando se cartografía una cierta zona geográfica. Del mismo modo que un mapa representa fielmente los recovecos de un determinado lugar en el mundo, una noticia, podríamos pensar, representa fielmente unos hechos determinados. Ni los mapas ni las noticias, sin embargo, funcionan de esa forma.

El 30 de julio de 2026, aproximadamente 72.000 personas entraron de manera descontrolada en Ceuta desde Marruecos, a nado y a pie. Durante las siguientes 36 horas, casi 70.000 regresaron a Marruecos. Más de 80 personas perdieron la vida.

Lo que ocurre en el mundo, como lo que ocurrió en Ceuta, puede narrarse de diferentes maneras, y el modo en el que narramos lo que ocurre cuenta una historia. Uno de los rasgos que exhiben las narrativas, las historias, es que conectan los acontecimientos de una manera particular. Las historias, las narraciones, organizan la información de una determinada manera y no de otra, conectando ciertos hechos con unos eventos y no con otros, dotándolos así de un sentido particular. Explican los cómos y los porqués de lo que ocurre.

Piensa en el clásico pasatiempo en el que tienes que unir con una línea puntos numerados en un papel. Si lo haces de forma consecutiva, 1, 2, 3, acaban formando un elefante, un jarrón. Si te saltas algunos puntos, la imagen aparece deformada; si vuelves a numerar los puntos, los mismos puntos, puede que obtengas una figura completamente diferente. Determinar las coordenadas de cada punto, los hechos, con precisión es crucial, pero en el momento en el que olvidamos que estamos juzgando, engarzando puntos lápiz en mano para construir una historia, estamos ya en manos de otros.

Un aspecto crucial de una organización narrativa es que establece jerarquías: dos narrativas pueden contar exactamente los mismos hechos y, sin embargo, hacer que unos tengan más relevancia que otros. Algunos hechos están, digamos, en primer plano, mientras que otros están más en el trasfondo. Además, las narrativas ofrecen un marco interpretativo, una manera particular de mirar a los hechos. No solo dirigen nuestra atención a unas cuestiones en vez de a otras, sino que además las presentan bajo una determinada mirada.

Las narrativas son herramientas muy poderosas para persuadir porque permiten, entre otras cosas, presentar una historia como si fuera la única representación fiel de ciertos hechos acontecidos en el mundo. Así promueven, de forma más o menos velada, una determinada manera de mirar, una ideología. No podemos dejar de mirar desde algún sitio, pero hay narrativas que nos permiten imaginar que ese sitio ha desaparecido, que flotamos con millones de ojos sobre los hechos para mirar desde ninguna parte.

Es imposible tener en cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con un determinado acontecimiento cuando lo contamos. La cuestión es cuáles son los hechos relevantes y cómo se conectan unos con otros. Los acontecimientos pueden narrarse de muchas maneras, sí, pero esto no equivale a decir que todo vale. Hay narrativas que incluyen hechos falsos, o que conectan hechos reales de forma poco cuidadosa. Hay quienes ven causalidad donde solo hay coincidencia, o que presentan como premeditados sucesos que ocurrieron de manera fortuita. Que nuestra capacidad de dar sentido a lo que ocurre esté ligada a las historias que construimos no excluye que haya narrativas mejores que otras.

Una historia repetida sobre la crisis de Ceuta del 30 de julio de 2026 conecta los acontecimientos que ocurrieron con la sentencia del Tribunal Supremo español, la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, las mafias que trafican con seres humanos y la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Esta historia, estructurada de una cierta manera, pone el foco de atención en las actuaciones y omisiones del Gobierno de España. Esta, o una similar que comparte plantilla con ella, es la historia que hay detrás de la solicitud de Italia y Finlandia de expulsar a España del espacio Schengen, y de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de que Pedro Sánchez conocía la amenaza migratoria sobre Ceuta desde principios de semana y “nada hizo” por evitar la “invasión”.

Pero esta historia, por mucho que se repita, no se siente como mirar desde ningún sitio, como mirar los hechos, flotando, con millones de ojos. Hay algo aquí que nos ata a un punto de vista muy particular. De manera relativamente clara, esta narrativa oculta el carácter estratégico de la crisis en Ceuta. Los hechos que menciona se presentan bajo una determinada luz; otros no se mencionan lo suficiente. La línea de puntos está unida a saltos. El jarrón está deformado. Se hace patente que estamos ante los puntos engarzados por otros; que estamos en sus manos.

Según el barómetro de julio de 2026 del CIS, la ciudadanía española señala la inmigración como el segundo problema principal del país, solo por detrás de la vivienda. Ni la corrupción política ni los problemas de índole económica aparecen por encima. En el mismo barómetro, el PSOE aparece por delante del resto de partidos en intención de voto y simpatía, agrandando la ventaja que tenía sobre el PP hacía un mes. La estrategia de la oposición, sugieren estos datos, estaba empezando a perder fuerza. Los descomunales incendios que han asolado España durante el verano, ligados en la prensa a las medidas negacionistas del PP y Vox, junto con los escándalos del ático de Ayuso, estaban haciendo mella.

Pero hay más. Alguien que vota a Vox tiene 4,4 veces más probabilidades de mencionar la inmigración como uno de los tres problemas más importantes para el país que alguien que vota al PSOE. Cuando se pregunta por los problemas que les afectan personalmente, la diferencia es todavía mayor: la probabilidad entre quienes votan a Vox es 7,5 veces mayor. Con respecto a Sumar, las diferencias son incluso mayores.

Algo parecido ocurre cuando miramos dónde se sitúan ideológicamente quienes mencionan la inmigración como problema nacional: el 21,7% se dicen de izquierda, el 33,5% de centro y el 44,7% de derecha. Como problema personal, la diferencia es todavía más pronunciada: 20,6% de izquierda, 27,6% de centro y 51,8% de derecha.

Pero en el centro del tablero político, especialmente, ocurre algo interesante: hay un salto importante entre lo nacional y lo personal. Hay bastante más gente que ve la inmigración como un problema nacional que como un problema personal. Por cada persona del centro que la menciona como problema propio hay 2,6 que la mencionan como problema del país. Ese desajuste puede verse como un incentivo para las campañas de información. El objetivo es atraerse a esta parte de la opinión pública, hacer que empiecen a ver también ellos la inmigración como un problema personal.

Con estos datos a la vista, un nuevo mapa parece ir adquiriendo su forma. Una “crisis migratoria” permitiría reforzar las posiciones con respecto a la inmigración de PP y Vox y les permitiría reducir la ventaja que el PSOE parece sacarles. Además, encajaría bien con cuestiones de relevancia internacional. El 26 de julio, cuatro días antes de la crisis de Ceuta, Marruecos rebautizó una de sus autopistas, una que conecta al país con el Sahara Occidental, con el nombre de “Donald Trump”. La noticia fue anticipada por el propio Trump en su red social al agradecer a Mohammed VI tal acto. Trump estaba al tanto. Había estado recientemente en contacto con Marruecos.

La antipatía de Trump por Pedro Sánchez no es un secreto, al igual que tampoco lo es su preferencia por Vox, el PP y las formaciones de ultraderecha que utilizan, como él, la inmigración como caballo de batalla. Sería muy conveniente que Marruecos, solo o en compañía de otros, generara o permitiera una “crisis migratoria” en Ceuta.

Diversos testimonios de personas que cruzaron la frontera el 30 de julio afirman que los puestos de control habituales en Marruecos habían sido eliminados y que autoridades del Gobierno marroquí alentaban a la población a cruzar. Por las redes sociales en Marruecos circulaba la información de que se podía acceder a España sin restricciones, que las fronteras estaban abiertas. Una información que, después de todo, no parecía ser completamente falsa.

El 30 de julio, en medio del caos, una ola de racismo y de odio hacia el PSOE y Pedro Sánchez empezó a surgir a través de las redes sociales. Las noticias sobre el escándalo del ático de Ayuso se apagaron. Los incendios pasaron a un segundo plano remoto. Israel aplaude la crisis en Ceuta. Trump saca pecho y advierte de que Ceuta es el futuro de EEUU si los demócratas ganan las elecciones. EEUU eleva a nivel 3 el peligro que atribuye a viajar a Ceuta. Alvise Pérez y un séquito de extrema derecha visitan la ciudad. La ultraderecha se relame, impaciente por sacar tajada de una historia repetida.

Una historia con plantilla, una que ya conocemos. Una que se presenta como mirando desde ningún sitio pero que mira desde un sitio muy concreto. Una que une los puntos para alimentar el racismo y el apoyo al extremismo.

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Manuel Almagro Holgado es profesor ayudante doctor en la Universitat de València y ceutí de nacimiento. Neftalí Villanueva Fernández es profesor titular en la Universidad de Granada. Su investigación se centra en la polarización política y la dimensión social y política del lenguaje, entre otras cuestiones.

Lo pienso mucho.

Me refiero a la culpa con carácter retroactivo.

A llorar cuando ya es tarde.

A llevarse las manos a la cabeza y reflexionar acerca de cómo y por qué se permitieron según qué avernos en plena Tierra.

A tratar la iniquidad como una locura transitoria cuando basta con echar la vista atrás para comprobar que forma parte de la misma esencia incómoda y cruel de la humanidad.

A veces queremos creer que los grandes horrores de la historia fueron explosiones espontáneas de odio y que solo unos pocos fueron responsables del cataclismo, mientras que el resto de la población no lo sabía o no se daba cuenta de lo que hacía. Que la humanidad blanca no se traicionó a sí misma, que fue inocente o engañada. Que la Noche de los Cristales Rotos fue el resultado de una enajenación transitoria y testosterónica o que los que observaban el humo de Auschwitz a diario creían que provenía de un gran asador de castañas.

El caso es que ha transcurrido casi un siglo de esa noche aciaga que tuvo lugar en Austria y Alemania y siento que no hemos aprendido nada. Los que vivían entonces no eran más monstruos que quienes vivimos ahora, solo que para llegar a ese punto hubo una preparación del terreno. No fue de un día para otro que el nivel de tolerancia a lo atroz alcanzara cotas estratosféricas o que el de intolerancia a la diferencia bajara hasta el punto de quedarse varios metros bajo tierra.

Si se instaló una ceguera colectiva, fue inoculada y tuvo su ensayo general en el genocidio de prueba que se llevó a cabo con los pueblos namibios nala y herero. Estando tan lejos en kilómetros, cultura y tono de piel, resultó fácil evitar que la sociedad viera la magnitud de aquello y mucho menos condenarlo. Poco después, pasaron de la miopía a la presbicia, a no ver tampoco lo que estaba cerca y fue cuestión de tiempo el elegir otro grupo de proximidad al cual masacrar.

Porque sí, de un día para otro no muere la empatía. Es algo progresivo y lento, como la tortura de la gota o como cavar con una cuchara de té. Al principio no se ve su impacto y, cuando se hace visible, ya es tarde.

Podríamos haber aprendido de la historia, pero ser el único animal que tropieza con la misma piedra una y otra vez es nuestra especialidad. Así que, en lugar de negarlo o tratar de evitarlo, se le puso nombre: ventana de Oberton, una manera de ir agrandando los márgenes de aquello que se considera tolerable en cualquier sociedad. Es pasar de pisar sobre un suelo radiante templado y confortable a, como poco a poco va subiendo la temperatura del termostato, caminar sobre lava sin que te ardan los pies porque tu temperatura corporal también ha aumentado.

Nunca se pasa de cero a cien. Es un proceso que, en muchos casos, se alimenta de narrativas que únicamente resultan descabelladas cuando ya es tarde. Pasaba y pasa. Porque no es normal que normalicemos que mueran personas tratando de atravesar fronteras, las nuestras, las de España. Ya sea por vía marítima o saltando vallas.

En la entrada a Ceuta han fallecido cerca de 150 personas. Y, repito, no debería ser normal. Tampoco que en demasiados medios de comunicación sigan hablando de migrantes a secas y no de seres humanos. O de avalanchas, aluviones u oleadas. Que el discurso exhiba como enemigos a víctimas, que no nos duela ni un poco que la cifra de fallecidos tratando de llegar a tierra suba cada día. Que no nos subleve el hecho de que la infancia que huye sea leída como un grupo de menas violentos, no como sinónimo de menores en situación de vulnerabilidad sino como monstruos dispuestos a asaltar. Que la situación administrativa de alguien, cosa que no se escoge, si es irregular, se equipare a criminalidad, pese a que no sea un delito migrar.

Lo duro de todo esto es que no estoy transcribiendo conversaciones informales de bar.

El PP, por ejemplo, ha señalado que se trata de una crisis de seguridad nacional y no migratoria. Apelar a lo securitario es una forma de criminalizar la migración, a los cuerpos negros y, sobre todo, moros y, en un triple salto mortal, de desresponsabilizar a Occidente de la situación económica de los países de los que sale la gente que llega. Si esas personas dejan su casa y a sus familias es porque se ha empobrecido a un continente rico, como es África, a base de todo lo que se sacó y todavía se saca de ahí con la connivencia de unos dirigentes a los que se sostiene en la silla del poder a cambio de regalar la riqueza de sus países.

No vale chupar del bote, empobrecer al vecino y luego culparle de su situación. O no debería valer. Pero aquí estamos.

No obstante, no me gustaría reducir todo esto al miedo a los pobres ya que considero que también subyace una islamofobia y un racismo rampantes. Que siempre existieron en estos lares, pero que últimamente están lustrosos, cebados con el Plan Kalergi y la teoría del gran reemplazo, devaneos de frikis alumbrados hace décadas que han resurgido y que desde hace años forman parte del debate político y del de las redes sociales.

Esas teorías, simplificando mucho, han hecho creer a una parte de la sociedad que si vienen personas del sur global para el norte es con el objetivo de acabar con la raza blanca a base de procrear con ella. Perdón, con la raza blanca y con el catolicismo.

Después de que Europa colonizara medio planeta imponiendo su fe a golpe de espada y violaciones, ahora teme el mestizaje y ve su llegada como una especie de conquista biológica. A lo Lebensraum de la Gran Alemania, pero en versión negra, marrón y/o musulmana. Me reiría a mandíbula batiente de no ser porque esto es grave.

Grave es también que haya gente que afirme que quienes han llegado a Ceuta o Melilla no tienen derecho a refugio solo por verles a través de una pantalla. Como si para adivinar las calamidades de una vida les bastara con observar un rostro. Eso evidencia cómo, a nivel social, únicamente se percibe como válido para obtener el estatuto de refugiado estar a punto de morir en un conflicto bélico. En realidad, no en cualquiera: en la guerra de Ucrania, que es la única de la que se habla largo y tendido en los medios, la que tiene derecho a relato, a un buen relato.

Cuando se informa acerca de lo que está ocurriendo en el país europeo se citan nombres y apellidos y se desgranan historias personales que favorecen la empatía. Nos muestran un ejército organizado, coordinado y aséptico. De hecho, salvo en la masacre de Bucha, casi ni hemos visto sangrar a sus soldados. Esto último me parece perfecto, porque no creo que sea positivo habituarse al dolor y a las heridas abiertas de nadie a base de verlos con todo lujo de detalles en cada conexión en directo. Fundamentalmente porque la repetición, en lugar de concienciar o indignar, anestesia.

Así pues, a las personas de Ucrania nos las enseñaron escondidas en búnkeres, acompañadas de sus mascotas, tocando el piano o tomando los autobuses que les brindaron en dirección a una UE que les abrió sus puertas. Y mientras las veíamos escapando de un futuro incierto a través de la pantalla casi gritábamos: “¡Ya queda poco!” o “¡Vamos, vamos!”, dado que nos explicaron que eran refugiados y formados. Tremendo que para garantizar la seguridad o la empatía hacia alguien hagan falta títulos universitarios o que se piense que los de más abajo carecen de ellos.

El caso es que de la guerra de Sudán pocos medios generalistas se han dignado a hablar, y mucho menos a diario o abriendo el informativo. Y si salen, no es algo que llame la atención, llevamos demasiadas décadas viendo a la vejez, adultez y, sobre todo, niñez negra sufriendo gracias, entre otras cosas, a los anuncios pidiendo fondos de las ONG. Desconozco si es por eso que hay partidos políticos y personas que les quieren mandar de vuelta al infierno, que los balcones no están llenos de banderas con un welcome escrito en medio o, qué sé yo, quizá también tenga algo que ver el hecho de que no tengan la piel clara ni la religión “adecuada”.

Pero, aparte, hay algo perverso relativo a las narrativas sobre África específicamente, y es que lo terrible en ese contexto se lee como rutinario, como una consecuencia del salvajismo visceral de sus pobladores, de la incapacidad de vivir en paz con las tribus, etnias o países vecinos por manía y no por la imposición de fronteras y otros dislates provocados por los repartos coloniales. Han privado de porqués a un montón de pueblos y les han arrebatado su pasado para simplificar su presente, continuar su deshumanización y seguir chupando del bote.