Ceuta, el coste de la claudicación de España ante Marruecos

Resulta imposible creer que la entrada de 60.000 personas en Ceuta se haya producido sin la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El balance de muertos asciende ya a 87, entre ellos varios menores, de manera que esto es también una crisis humanitaria de primer orden. Aunque Pedro Sánchez habla de “una violación de la integridad territorial de España” y atribuye lo ocurrido a la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, todo indica que estamos ante un episodio de guerra híbrida, la forma contemporánea en que algunos Estados atacan sin declarar formalmente la guerra, combinando flujos migratorios, ciberataques, desinformación, uso coercitivo de la energía y otros métodos para desestabilizar un país. ¿Dónde estaba el CNI, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del régimen de Rabat y la importancia de Marruecos para España?

Este evento guarda enormes similitudes con el que tuvo lugar en el verano de 2021: tras las fraudulentas elecciones de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión contra la oposición, el régimen de Lukashenko vio cómo Europa congelaba sus activos, imponía prohibiciones de entrada en la Unión Europea a dirigentes bielorrusos y bloqueaba los fondos europeos con destino a las entidades y personas sancionadas. La respuesta de Bielorrusia fue facilitar la llegada de entre 8.000 y 10.000 migrantes procedentes de Irak y Siria a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Tras este intento de intimidación, Europa amplió las sanciones a militares, jueces, funcionarios, aerolíneas, empresas estatales y operadores logísticos implicados. La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios. La operación de Lukashenko fue documentada por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.

Miembros de la Guardia Civil describieron el pasado viernes la actitud de la gendarmería marroquí durante la noche del jueves, y lo hicieron sin matices: “permanecieron de brazos cruzados”, dejando a las fuerzas españolas indefensas ante la avalancha. Estas conductas suelen obedecer a decisiones políticas. La propia agencia EFE constató la práctica desaparición de controles en la frontera durante la madrugada, mientras que el viernes los gendarmes actuaron lanzando gases lacrimógenos. No resulta verosímil que una guardia de fronteras pase, en apenas unas horas, de la inacción al ataque con material antidisturbios. Este es precisamente uno de los patrones de la guerra híbrida: un Estado activa o desactiva la presión a conveniencia, sin declarar sus intenciones y dejando al país objeto de la agresión la gestión del caos y el coste político.

España no puede determinar su política exterior en función de los intereses de una monarquía autoritaria como la marroquí. Disponemos de fuerza diplomática y económica más que suficiente para imponer nuestros criterios, que siempre deben ser los principios propios del Estado de derecho y el derecho internacional. Denunciar la instrumentalización de los flujos migratorios no supone ignorar la obligación ética y jurídica de los Estados de proteger a quienes arriesgan sus vidas cruzando las fronteras, especialmente a los menores.

El comportamiento de Marruecos no constituye una anomalía aislada, sino el mismo patrón que España ya sufrió hace cinco años. Durante la pandemia, en abril de 2021, nuestro país acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias. Rabat interpretó este gesto como una hostilidad manifiesta, suspendió la colaboración fronteriza y dejó a España expuesta en su punto más vulnerable. Tan solo un mes después, los días 17 y 18 de mayo, la relajación de los controles en el lado marroquí permitió la entrada de 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas, desestabilizando nuestro flanco sur.

La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios

Entre mayo y junio de 2021, los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de Pedro Sánchez fueron intervenidos mediante Pegasus, un programa de espionaje informático extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado exclusivamente para gobiernos y organismos estatales. Según publicaciones de El País y El Confidencial, el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido infectado, aunque el Gobierno lo niega. Los ataques fueron confirmados por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Durante los meses siguientes, Marruecos bloqueó todo contacto diplomático, suspendió la colaboración antiterrorista y dejó a España sin interlocución política en un área crítica para nuestra seguridad.

En marzo de 2022, Madrid modificó su tradicional postura sobre el Sáhara y restableció la cooperación con Marruecos a costa de los saharauis y de la relación con Argelia —nuestro principal proveedor de gas—, algo nunca explicado en sede parlamentaria. Esa cesión, que Rabat interpretó como debilidad, abrió un segundo frente diplomático: Argelia suspendió el Tratado de Amistad de 20 años, retiró a su embajador y bloqueó parte del comercio bilateral. Solo ahora, en 2026, España ha intentado recomponer la relación con Argel, chocando con los intereses de Rabat de convertirse en el actor dominante del norte de África.

Históricamente, las políticas de apaciguamiento no han servido para contener las aspiraciones de los Estados autoritarios. En la cosmovisión de algunos sectores del nacionalismo marroquí, herederos de las ideas de Allal el Fassi y del partido Istiqlal, persiste la idea del Gran Marruecos, que incluye Ceuta y Melilla —ignorando la historia y el derecho internacional—, el Sáhara Occidental, el oeste de Argelia, gran parte de Mauritania, los islotes y peñones españoles, el norte de Malí y Canarias. Las posturas de debilidad no frenarán esas ansias expansionistas.

En el ámbito político estadounidense, ha comenzado a penetrar esta narrativa nacionalista marroquí, que presenta a España como potencia colonial en Ceuta y Melilla. Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes describió ambas ciudades como territorios marroquíes “bajo administración española” y propuso que el secretario de Estado, Marco Rubio, promoviera una solución diplomática sobre su futuro. El principal impulsor de ese lenguaje fue el congresista republicano Mario Díaz-Balart, estrecho aliado de Rubio y Trump. Esta posición no forma parte de la política exterior de Estados Unidos, pero refleja una creciente corriente que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades.

Por si fuera poco, todo se integra en las actuales dinámicas de la ultraderecha mundial, que buscan fortalecer los regímenes autoritarios en detrimento de las democracias. Estados Unidos, por boca de su vicepresidente, J. D. Vance, se ha apresurado a decir: “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”. Dinamarca, Finlandia e Italia, por su parte, ya han planteado —en un movimiento coral— la suspensión del Acuerdo de Schengen con Madrid.

No es posible afirmar que Washington o Tel Aviv tengan algo que ver en esta crisis, pero sus reacciones favorables a Rabat y contrarias a un país miembro de la OTAN como España sí pueden interpretarse como una hostilidad provocada por la inequívoca condena de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza.

Al final, esta crisis quedará subsumida en la geopolítica y el problema humanitario será lo último en ser atendido; no hay más que ver la reacción de algunos socios europeos, para quienes la solidaridad no parece ser una prioridad. La frontera entre Marruecos y España es una de las más desiguales del planeta: la renta per cápita anual española es de alrededor de 40.600 dólares, mientras que la marroquí es de 5.100, según el Fondo Monetario Internacional. Esto supone una cuestión estructural de máxima gravedad porque esa diferencia, unida al hecho de que Marruecos dispone de millones de jóvenes dispuestos a cruzar la frontera, garantiza la persistencia de este problema.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.