Ceuta en la zona gris
Hay guerras que nadie declara y conflictos que nunca llegan a convertirse formalmente en una guerra. Entre ambos extremos se extiende un espacio cada vez más determinante en la geopolítica contemporánea: la denominada zona gris. Un terreno donde Estados y actores no estatales compiten mediante instrumentos híbridos con el objetivo de modificar el equilibrio estratégico sin cruzar el umbral de la confrontación militar abierta. Ciberataques, campañas de desinformación, coerción económica, sabotajes, presión diplomática o instrumentalización de los movimientos migratorios forman parte de un repertorio diseñado para explotar la ambigüedad. Las acciones existen, pero los responsables rara vez aparecen con claridad. Y esa incertidumbre dificulta enormemente cualquier respuesta política o jurídica.
La crisis vivida estos días en Ceuta constituye un ejemplo de esta nueva forma de competencia. No tanto porque pueda demostrarse una intervención deliberada de Marruecos —algo que exige prudencia analítica—, sino porque alrededor de la llegada masiva de personas migrantes se ha desplegado un complejo ecosistema de desinformación, polarización política y utilización geopolítica de los hechos. La difusión de rumores sobre supuestos cambios normativos, amplificados por redes sociales y aplicaciones de mensajería, evidencia hasta qué punto la desinformación actúa hoy como multiplicador de las dinámicas propias de la zona gris.
La experiencia de 2021 demostró que Rabat está dispuesto a utilizar la gestión de los flujos migratorios como instrumento de presión política cuando considera afectados sus intereses estratégicos. La apertura de la frontera tras la acogida en España del líder del Frente Polisario difícilmente admite otra interpretación. Sin embargo, convertir automáticamente cualquier incremento de la presión migratoria en una operación planificada por Marruecos simplifica un fenómeno mucho más complejo y alimenta precisamente la incertidumbre que caracteriza a la zona gris. La duda permanente forma parte de la estrategia.
Pero sería igualmente insuficiente interpretar la crisis únicamente desde la perspectiva migratoria. Ceuta ocupa uno de los espacios geográficos más sensibles del planeta. El estrecho de Gibraltar constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio marítimo mundial. Por él transitan cada año decenas de miles de buques que conectan el Atlántico con el Mediterráneo y, a través del canal de Suez, con Asia. Proyectar influencia sobre ese espacio significa adquirir una enorme relevancia estratégica.
En este contexto, Marruecos lleva años desarrollando una política exterior mucho más ambiciosa de lo que a menudo se percibe desde Europa. Bajo el liderazgo de Mohamed VI ha consolidado una relación privilegiada con Estados Unidos. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, mantenido posteriormente por Washington, alteró el equilibrio regional. Los Acuerdos de Abraham reforzaron además la normalización con Israel, inaugurando una etapa de intensa cooperación política, tecnológica y militar.
Esa cooperación ha adquirido una dimensión estratégica difícil de ignorar. Marruecos ha incorporado tecnología israelí en vigilancia fronteriza, inteligencia, defensa antiaérea y sistemas de drones, incluidas municiones merodeadoras. La modernización acelerada de las Fuerzas Armadas Reales no responde únicamente al conflicto del Sáhara Occidental; refleja también la aspiración de Rabat de convertirse en la principal potencia militar del Magreb y en un socio indispensable para la arquitectura de seguridad occidental en el norte de África.
Esta evolución altera inevitablemente la posición relativa de España. Mientras Madrid continúa apostando por preservar una relación estable con Rabat, el margen de maniobra español se reduce a medida que Marruecos amplía su interlocución directa con Washington e Israel. A la tradicional asimetría diplomática comienza a añadirse una creciente asimetría estratégica.
El problema no reside únicamente en el fortalecimiento militar marroquí. También ha cambiado el contexto internacional. La competencia entre grandes potencias, la creciente militarización del Mediterráneo, la importancia de las rutas energéticas y el protagonismo creciente del norte de África convierten al estrecho de Gibraltar en un espacio de enorme valor geopolítico. Ceuta y Melilla dejan de ser únicamente dos ciudades autónomas para convertirse en piezas de un tablero mucho más amplio.
Ceuta es una frontera entre distintas formas de ejercer el poder en un mundo crecientemente híbrido. Reducir lo sucedido estos días a un simple episodio migratorio equivale a ignorar la profundidad del cambio geopolítico que atraviesa nuestro entorno inmediato
Precisamente por ello, la instrumentalización política de la crisis resulta especialmente preocupante. En España, los flujos migratorios se presentan como amenaza para la seguridad nacional. Desde algunos sectores se reclama incluso la declaración de una supuesta emergencia nacional, pese a que el ordenamiento jurídico español reserva esa figura para catástrofes naturales o accidentes de extraordinaria gravedad, no para movimientos migratorios. Se consolida así un marco que identifica movilidad humana e inseguridad, reforzando la lógica securitaria que desde hace años impregna las políticas migratorias europeas. Y todo ello a un año escaso de las elecciones generales.
Esta securitización beneficia a numerosos actores. Alimenta la polarización interna, fortalece los discursos construidos sobre el miedo y desplaza el debate desde la gestión racional de la migración hacia un marco de confrontación permanente. Pero también proyecta al exterior la imagen de una Unión Europea incapaz de gestionar colectivamente sus fronteras sin depender crecientemente de terceros países. La externalización del control migratorio constituye, de hecho, una de las principales vulnerabilidades estratégicas europeas. Durante años, Bruselas ha delegado buena parte de la gestión de sus fronteras en países vecinos mediante incentivos financieros, cooperación policial y acuerdos políticos. Ese modelo reduce los incentivos para construir una verdadera política común de inmigración y asilo y, al mismo tiempo, incrementa la capacidad de influencia de quienes ejercen como guardianes exteriores de Europa. Cuando la seguridad depende de decisiones adoptadas fuera de la Unión, la autonomía estratégica se convierte en un objetivo difícilmente alcanzable.
Ceuta simboliza esa contradicción. No es únicamente una frontera entre España y Marruecos. Es una frontera entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre distintas formas de ejercer el poder en un mundo crecientemente híbrido. Reducir lo sucedido estos días a un simple episodio migratorio equivale a ignorar la profundidad del cambio geopolítico que atraviesa nuestro entorno inmediato.
Mientras España y la Unión Europea reaccionan crisis tras crisis, Marruecos continúa acumulando activos estratégicos. Ha consolidado una relación privilegiada con Washington, se ha convertido en el principal socio regional de Israel tras los Acuerdos de Abraham y avanza en la modernización de sus capacidades militares y tecnológicas. Todo ello incrementa su capacidad de influencia sobre un espacio tan sensible como el estrecho de Gibraltar.
El verdadero problema para España no es únicamente la creciente fortaleza de Marruecos, sino la ausencia de una estrategia propia para un Mediterráneo que ha dejado de ser una periferia para convertirse en uno de los principales escenarios de la competencia geopolítica global. Durante demasiado tiempo se ha confiado en que la estabilidad podía garantizarse mediante cooperación policial y acuerdos migratorios. Sin embargo, la lógica de la zona gris demuestra que la estabilidad ya no depende únicamente de la buena voluntad de los vecinos, sino de la capacidad para reducir vulnerabilidades, reforzar la autonomía estratégica y comprender que la competencia geopolítica comienza mucho antes de que estalle una crisis visible.
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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.
