Le Pen ya no depende de los jueces. Francia vuelve a depender de los votantes
Durante meses la política francesa ha vivido atrapada en una paradoja incómoda. La principal favorita para disputar el Elíseo en 2027 no veía amenazada su carrera política por las urnas, sino por los tribunales. La condena en primera instancia contra Marine Le Pen por la malversación de fondos destinados a asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo abrió un escenario extraordinariamente delicado para cualquier democracia liberal donde la principal dirigente de la oposición podría haber quedado apartada de la competición electoral por decisión judicial antes de que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre ella.
La sentencia dictada ahora por el Tribunal de Apelación modifica sustancialmente ese escenario. Mantiene la condena por malversación —es decir, confirma la existencia del delito—, pero rebaja las consecuencias políticas inmediatas. La pena pasa a ser de tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, y uno mediante vigilancia electrónica con brazalete, mientras que la inhabilitación queda reducida hasta un punto que ya no impide su participación en las elecciones presidenciales de 2027. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el fallo supone una cierta moderación respecto a la sentencia inicial. Desde el punto de vista político, sin embargo, representa algo mucho más importante y es que devuelve la decisión al terreno de lo estrictamente político. Esta sentencia no implica ningún cuestionamiento de la independencia judicial ni minimizar la gravedad de los hechos. La Justicia francesa ha confirmado que existió un sistema de utilización irregular de recursos del Parlamento Europeo para financiar actividades del entonces Frente Nacional. La responsabilidad penal permanece intacta. Lo que cambia es la proporcionalidad entre la sanción penal y sus efectos sobre la competencia democrática.
En una época en que la extrema derecha ha convertido la denuncia del supuesto "gobierno de los jueces" en uno de sus principales instrumentos de movilización política, impedir que Marine Le Pen concurriera a las presidenciales habría alimentado inevitablemente el relato victimista que lleva años construyendo. No porque dicho relato fuera cierto, sino porque habría encontrado un terreno extraordinariamente fértil para prosperar. A pesar de todo, ella, a buen seguro, intentará la vía de la victimización.
La democracia liberal siempre afronta un dilema complejo cuando debe sancionar penalmente a dirigentes políticos de primer nivel. Debe demostrar que nadie está por encima de la ley sin ofrecer, al mismo tiempo, la impresión de que es el poder judicial quien termina configurando la oferta electoral. Esa frontera es extremadamente delicada. En este sentido, la resolución del Tribunal de Apelación parece haber buscado precisamente ese difícil equilibrio. Le Pen continúa siendo una política condenada por corrupción, pero deja de ser una candidata excluida por decisión judicial. La responsabilidad política vuelve así a recaer sobre los ciudadanos franceses.
Sin embargo, el problema político no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de naturaleza. Ahora la incógnita deja de ser si Marine Le Pen puede presentarse. La legislación francesa se lo permite. Le Pen también ha decidido que, a pesar del brazalete, se presentará a las presidenciales. La decisión supone asumir un elevado coste simbólico, pero también transmite un mensaje político claro, el de que no está dispuesta a que una condena penal determine el final de su trayectoria ni a ceder el liderazgo electoral del Reagrupamiento Nacional. Y todo ello a pesar de que durante los últimos días la propia dirigente del Reagrupamiento Nacional había reiterado que no contemplaba realizar una campaña electoral llevando un brazalete electrónico. En todo caso, va a resultar complicado construir una imagen presidencial mientras se cumple una condena penal visible para toda la opinión pública. En este sentido, el propio sistema francés contempla reducciones de condena que podrían acortar considerablemente el tiempo efectivo de utilización del brazalete, incluso hasta seis meses en determinadas circunstancias. Quizás sea aquí, y en su ambición personal, donde sustenta su decisión de seguir adelante.
El Reagrupamiento Nacional ha dejado de ser un partido construido alrededor de una familia para convertirse en una organización plenamente institucionalizada
En este contexto, Jordan Bardella seguirá siendo una pieza esencial de la estrategia del Reagrupamiento Nacional, pero la decisión de Le Pen retrasa el relevo generacional que muchos daban por inminente. El partido mantiene así la fórmula que mejores resultados le ha proporcionado en la última década: Marine Le Pen como candidata presidencial y Bardella como dirigente encargado de ampliar la implantación electoral y reforzar la normalización del partido entre los votantes más jóvenes. Se aplaza de este modo el relevo en el liderazgo de RN, y todo ello a pesar de que Bardella parece ya maduro y una figura política con identidad propia. Tanto es así que algunos sondeos ya sugerían que su liderazgo podría ampliar el espacio electoral del partido entre determinados segmentos moderados que todavía mantienen reservas hacia Marine Le Pen.
Algo, sin duda, ha cambiado en el que, a día de hoy, es el principal partido del sistema político francés. Esto es que Reagrupamiento Nacional ha dejado de ser un partido construido alrededor de una familia para convertirse en una organización plenamente institucionalizada. La estrategia de "desdiabolización" iniciada hace más de una década ya no depende exclusivamente de su líder histórica. El partido ha logrado construir cuadros, estructura territorial y una marca política suficientemente sólida como para sobrevivir a la familia Le Pen. Este es probablemente el dato más relevante a día de hoy.
Durante años buena parte del sistema político francés descansó sobre la idea de que Marine Le Pen constituía una anomalía personal más que una expresión estructural de la sociedad francesa. Hoy esa interpretación resulta claramente insuficiente. Hoy el voto al Reagrupamiento Nacional responde a transformaciones y clivajes mucho más profundos que incluyen la desindustrialización de amplias regiones, el deterioro de la cohesión territorial, la crisis del ascensor social, el debilitamiento de los partidos tradicionales, el desgaste del proyecto macronista y una creciente percepción de inseguridad económica y cultural.
La sentencia ha evitado que sean los tribunales quienes decidan quién puede competir por la Presidencia de la República. Esa responsabilidad vuelve a recaer sobre los ciudadanos franceses. Pero el hecho de que Marine Le Pen pueda presentarse no resuelve el problema político de fondo. Las encuestas continúan situando al Reagrupamiento Nacional en una posición extraordinariamente competitiva de cara a 2027 y muestran que la extrema derecha mantiene opciones reales de alcanzar el Elíseo. La cuestión ya no es si Le Pen tiene derecho a ser candidata. La cuestión es por qué, después de una condena por malversación de fondos públicos, sigue siendo una de las principales aspirantes a gobernar Francia. Esa pregunta interpela mucho más a la política francesa que a sus tribunales En otras palabras, la extrema derecha francesa está más cerca que nunca del Elíseo. Y precisamente por eso la sentencia conocida esta semana tiene una importancia que trasciende el caso Le Pen. No elimina el problema político francés. Lo hace visible.
Ya no será posible atribuir un eventual triunfo del Reagrupamiento Nacional a una supuesta persecución judicial ni a una conspiración institucional. Si la extrema derecha alcanza la Presidencia de la República será porque una mayoría suficiente de ciudadanos franceses así lo habrá decidido democráticamente. Ese es, precisamente, el verdadero desafío para las fuerzas republicanas.
Las democracias no derrotan a los populismos mediante sentencias. Los derrotan reconstruyendo proyectos de país capaces de ofrecer seguridad, prosperidad y horizonte de futuro. Francia acaba de evitar que fueran los tribunales quienes decidieran quién podía aspirar al Elíseo. Ahora corresponde a la política demostrar que todavía es capaz de convencer a los franceses de quién merece realmente ocuparlo. Tomen nota y observen.
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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.
