FRANCIA
Marine Le Pen será candidata en 2027 pese a estar condenada y llevar un brazalete electrónico
El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a Marine Le Pen a tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y a 45 meses de inhabilitación, de los cuales 30 quedan en suspenso salvo reincidencia. La pena firme se reduce así a un año de cárcel, que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica, y a 15 meses de inhabilitación efectiva, lo que técnicamente le permite presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.
La líder de la extrema derecha francesa fue condenada además al pago de una multa de 100.000 euros en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional (RN). El tribunal confirmó que Le Pen, su partido y otros diez acusados participaron en un sistema de malversación de fondos del Parlamento Europeo destinados a pagar asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para la formación.
Horas después de conocerse la sentencia, Le Pen anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo francés y que presentará su candidatura al Elíseo. Lo hizo en el informativo de máxima audiencia de TF1, acompañada por Jordan Bardella, presidente del RN y considerado su sucesor natural.
La dirigente ultraderechista presentó ese binomio como una fórmula de reparto de poder: ella, candidata a la Presidencia de la República; Bardella, aspirante a primer ministro. “Nos complementamos, nos hemos preparado. Yo, para este inminente cargo de presidenta de la República, y Jordan, para el no menos importante cargo de primer ministro”, dijo, antes de definir la alianza como un “tándem ganador”.
La sentencia
La decisión judicial rebaja de forma significativa la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025, cuando Le Pen fue sentenciada a cinco años de inhabilitación y cuatro años de prisión. Aun así, mantiene una condena penal por malversación de fondos públicos europeos que marcará inevitablemente la campaña presidencial francesa.
El punto clave será ahora la aplicación práctica de la pena. Un juez de ejecución deberá fijar las condiciones del brazalete electrónico, incluidos el domicilio, los horarios de salida autorizados y las restricciones de movimiento. Esas condiciones pueden ser determinantes para saber hasta qué punto Le Pen podrá desarrollar una campaña nacional antes de la primera vuelta presidencial, prevista para abril de 2027.
Durante la lectura de la sentencia, la presidenta del tribunal subrayó que los responsables políticos deben ser ejemplares en el cumplimiento de las normas. Los jueces dieron por probado que fondos europeos destinados a asistentes parlamentarios fueron desviados para remunerar a empleados que trabajaban para el partido, con un perjuicio económico superior a 2,8 millones de euros.
Le Pen, que niega haber organizado un sistema fraudulento, busca ahora transformar la condena en un argumento político contra lo que denuncia como una persecución judicial. Su margen electoral, sin embargo, dependerá tanto del recurso ante la casación como de las condiciones concretas que se le impongan para cumplir el año de vigilancia electrónica.
