La Audiencia Nacional rechaza el ciberterrorismo en la filtración de datos privados de políticos

La Audiencia Nacional rechaza que la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace se siga investigando como delitos de ciberterrorismo o contra las altas instituciones del Estado. En un auto fechado el pasado 17 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del tribunal ha concluido que los hechos bajo la lupa podrían encajar, como mucho, en una revelación de secretos "en su modalidad agravada". Por eso, da orden de remitir las actuaciones al órgano competente, esto es, los juzgados y tribunales de Gran Canaria, donde residen los dos jóvenes que se encuentran investigados en esta causa.

Hace justo un año, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro varón, un par de semanas después en la isla canaria.

Con las primeras diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía pidió que el caso se enviara a un juzgado ordinario al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo, cuya investigación corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº1, Francisco de Jorge, lo rechazó. En su auto, el magistrado instructor resaltaba la "afectación directa" de la filtración "a altas instituciones del Estado y sus personalidades". Y calificaba como "ilustrativa" la "declaración" de uno de los investigados, que actuaba con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recogía la resolución, que sostenía que la "calificación de terrorismo" derivaba del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" para "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación".

¿Intención de "desestabilizar el sistema político"?

La fiscal encargada del caso, Ángel Gómez, interpuso recurso de apelación, al que se adhirieron las defensas. Y la Sala de lo Penal acaba de darles la razón. "De estas investigaciones no existen datos de carácter objetivo que permita afirmar que nos encontramos ante la posible comisión de un delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, amenazas, coacciones, o cometido a través de medios informáticos", resaltan los magistrados. En este sentido, defienden que el hecho de que "se exprese claramente" una "animadversión hacia una determinada clase política" o se esté "en contra" de una "serie de políticos" por la corrupción y se divulguen por ello "datos de carácter personal" no implica "de manera automática" que la "intención" de los filtradores sea "desestabilizar el sistema político o las instituciones del Estado".

La Sala Penal rechazó que la AN investigara un caso de filtraciones de políticos similar al de 'Akkaspace'

Ver más

La Sala de lo Penal, del mismo modo, rechaza que los hechos puedan tener encaje en los delitos contra la Constitución y, en concreto, contra las altas instituciones del Estado porque "no constan ataques informáticos a las mismas". Como mucho, los magistrados consideran que podría haberse cometido una revelación de secretos "en su modalidad agravada", que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión –tres en caso de que no se haya tomado parte en el descubrimiento pero sí en la difusión de los datos–. Al no ser este delito de competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ordena enviar las actuaciones a un juzgado ordinario de Gran Canaria para que continúen allí las pesquisas.

No es la primera vez que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordena sacar de la Audiencia Nacional una filtración de datos de políticos. Ya lo hizo el pasado mes de febrero, cuando revocó la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº3, que dirige la magistrada María Tardón, de asumir las pesquisas por dos publicaciones sensibles en un foro en las que se recogían desde documentos de identidad hasta correos electrónicos, números de teléfono, direcciones o cuentas bancarias. En aquella resolución, de la que informó este diario y que ahora recuperan los magistrados en el caso Akkaspace, se negaba que los hechos encajasen en delitos de terrorismo o contra las instituciones del Estado.

Lázaro Chico, abogado del despacho Anverso que ha llevado la defensa de uno de los jóvenes canarios imputados, celebra la decisión de la Audiencia Nacional. "No había ni terrorismo ni nada", apunta el letrado, que explica que lo único que hicieron los investigados fue acceder en la Deep Web –esa parte de Internet a la que no puede llegarse a través de los motores de búsqueda tradicionales– a un paquete de datos personales que luego recopilaron en una "lista" e intentaron vender por la red. "Como mucho, estaríamos ante un delito de revelación de secretos", desliza el letrado al otro lado del teléfono. Un delito cuyas penas nada tienen que ver con las que llevan aparejados aquellos tipos que, hasta ahora, se estaban investigando en la Audiencia Nacional.