La España que hiperventila contra los nietos
La Ley de Memoria Democrática configura la ciudadanía como un instrumento de reparación histórica. Se concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a las víctimas del franquismo como una forma de reconocer el daño político que se les ocasionó con la violencia y el exilio. Un proceso de reconocimiento con el que, además, se pretende restituir un vínculo roto y dar continuidad de pertenencia a esa comunidad política que llamamos España. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido hacer patriotismo convirtiendo esa “ley de nietos”, que está vigente desde 2022, en un fraude electoral sobrevenido y anticipatorio.
Isabel Díaz Ayuso ha asociado la regularización extraordinaria de personas migrantes y la nacionalización de nietos con un “Gobierno mafioso” y con la intención de “nacionalizar socialistas”, presentando a unos y a otros como sujetos electoralmente sospechosos, cuyos votos pueden comprarse fácilmente; esto es, como ciudadanos de papel al servicio del sanchismo. La recurrente cantinela del “voto comprado” se predica siempre de los más vulnerables, como si los ricos y poderosos fueran incorruptibles y no se movieran jamás en función de sus propios intereses.
El relato de la supuesta “ingeniería electoral” y la hipótesis del “pucherazo masivo” no es más que una fabulación con la que el Partido Popular pretende minar la confianza en el mismo proceso electoral que lo legitima y que será la base con la que, eventualmente, logrará llegar al gobierno. Una fabulación suicida que no se sostiene ni con los datos disponibles, ni con las evidencias jurídicas, ni con la propia trayectoria del partido en materia de nacionalidad y voto exterior.
Cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea
El PP viene mezclando, a conciencia, las cifras de solicitudes de nacionalidad y las de la regularización migratoria como si los dos movimientos implicaran automáticamente nuevos votantes, cuando los regularizados no podrán votar en las elecciones de 2027 y la mayoría de los expedientes que acoge la Ley de Memoria Democrática no podrá resolverse a lo largo de esta década. Feijóo ha llegado a hablar, incluso, de “ocho millones” o “2,7 millones” de nuevos votantes, obviando que las concesiones efectivas son muy inferiores y que, cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea. Requiere inscripción en el Registro Civil, residencia o adscripción consular, y superar no pocas garantías y dificultades prácticas. La participación exterior sigue dependiendo hoy de muchas mejoras en la logística consular, la información electoral, el voto electrónico o la delegación de voto.
Por lo demás, no acaban de entenderse la hiperventilación y el escándalo, porque en España es evidente que el voto exterior ha tenido siempre un impacto estructural muy limitado, aunque haya sido decisivo en contadas provincias muy ajustadas o en elecciones concretas. De hecho, los populares lo han explotado en las ocasiones en las que les ha venido bien, especialmente en territorios como Galicia.
Con la supresión del voto rogado (reforma de 2022), el censo exterior subió a unos 2,3 millones y la participación en las generales de 2023 alcanzó el 10%, unos 233.000 votos, pero esto supuso una fracción todavía muy pequeña en relación con los más de 24 millones de votos emitidos en territorio nacional. En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño (del PSOE al PP, en Madrid), pese a la gran expectación sobre posibles cambios en hasta nueve provincias. En unas elecciones estatales, lo normal es que ese voto no altere más que uno o dos escaños en un arco de 350. Su impacto político depende tanto del censo CERA de cada provincia como de la competición multinivel, dado que no es lo mismo una autonómica gallega que unas generales con circunscripciones amplias.
El acceso a la nacionalidad es una forma de compensar las injusticias del pasado, aunque los beneficiarios no sean necesariamente quienes sufrieron el daño en sus propias carnes, ni quienes toman la iniciativa sean los responsables originales.
En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño
La política de la memoria consiste en asumir que los abusos históricos nos han otorgado una posición de privilegio que tenemos que compensar y han generado desigualdades estructurales que debemos corregir. La idea que le da sustento es que no solo somos responsables de lo que hacemos o consentimos personalmente aquí y ahora, sino que también tenemos obligaciones derivadas de pertenencias que no elegimos. Una de ellas es, sin duda, la de ser miembros de una nación que se construyó sobre la violencia, la tortura y la exclusión.
Hacer justicia exige razonar sobre nuestras responsabilidades colectivas, sobre el bien común, sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser con una actitud autocrítica. Pero esto es algo que no puede defenderse ni desde la mitificación de las banderas, ni desde el individualismo y el onanismo irresponsable que profesan las derechas.
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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
