Los bancos tienen en Galicia tantas viviendas vacías como las que la Xunta prevé construir esta legislatura

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Muchas más que las promovidas en las legislaturas de Feijóo

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.