'Shame on you'. Contra el Reglamento de Retornos de la Unión Europea
“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.
Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.
El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.
Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.
La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo
Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.
En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.
La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.
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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
