¿Sirve el PIB para medir el gasto en defensa? El rearme pone a prueba los límites del estado del bienestar

El Producto Interior Bruto (PIB) es, seguramente, el indicador económico más popular. En la jerga escarpada de la macroeconomía, es de los pocos conceptos que tiene alguna posibilidad de salir a colación en una sobremesa y más si se tiene en cuenta que este martes ha comenzado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). En el encuentro de la Alianza Atlántica, el tema central será el gasto en defensa de los distintos socios con relación a sus respectivos PIB. También volverá a cobrar protagonismo la polémica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por la negativa de este último a elevar el gasto militar hasta el 5%. Sin embargo, hay dudas acerca de si este indicador, el PIB, es el más adecuado para ponderar cuánto aporta cada Estado miembro a la cuenta común y qué sacrificios implica ese esfuerzo.

Para Sánchez, el objetivo del 5% era “innecesario” y “desconsiderado”, una posición que le valió a España reiteradas amenazas de Trump. La OTAN, en su análisis de junio, concluyó que España es el séptimo país que más capacidades militares aporta, por lo que cumplía con los compromisos requeridos aunque se negase a implementar el polémico acuerdo de gasto. En este contexto de rearme, tensiones internacionales e inversión desbocada en la industria militar, emergen cuestiones sobre cómo se mide el impacto de esta carrera armamentística en los servicios públicos y qué coste puede tener para el estado del bienestar.

Una de las primeras críticas apunta precisamente a la forma de calcular el gasto en defensa como porcentaje del PIB. Aunque se utiliza de forma frecuente, el PIB es un indicador macroeconómico que mide la producción comercial e industrial de un país en un año, pero no equivale al presupuesto público ni al dinero disponible de un Estado. Es decir, aunque el PIB da una idea del volumen de la economía, los gobiernos no disponen de ese monto, sino que únicamente recaudan una parte mediante impuestos y otro tipo de tasas. 

Por eso surgen las críticas acerca del sacrificio que puede suponer para los servicios públicos y para el bolsillo de los ciudadanos gastar más en armas. De hecho, el PIB de dos países diferentes puede crecer, pero la calidad de ese crecimiento puede ser muy distinta. Por ejemplo, una economía crecerá "mal" si lo hace con familias endeudándose, inflación o excesiva dependencia de sectores de escaso valor añadido y sueldos bajos, lo que necesariamente dejará a esa región mucho menos margen para gastar porque necesitará, por ejemplo, más gasto social. De ahí que destinar un 5% a defensa no implique tener el resto disponible para otros gastos y la comparación entre países sea mucho más difícil.

En este punto cabe destacar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Es decir, puede haber más actividad, pero no necesariamente esta puede estar traduciéndose en una mejora de la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, la inclusión social o la productividad.

Alemania y las renuncias en materia social

Para una parte de los economistas, el impulso inversor en el sector de la defensa puede suponer una oportunidad, un dinamizador para la industria y para el avance tecnológico; pero desde otros puntos de vista, dar prioridad a las partidas de inversión en defensa puede suponer renuncias serias en materia social. Un ejemplo es Alemania. En abril de este año, el Ejecutivo germano anunció un recorte de 38.000 millones en sanidad hasta 2030 y restricciones en prestaciones sociales para poder pagar el endeudamiento que habían asumido de cara al rearme. Esta misma semana, justo antes de la cumbre de la OTAN, tomó otra decisión polémica: aumentar su déficit en otros 200.000 millones el próximo año y dedicar una quinta parte de su gasto total estimado (555.400 millones de euros) a sus fuerzas armadas. “No te puedes defender de Putin desde el equilibrio presupuestario”, apostillaba su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

En España, el Gobierno ha negado siempre que el incremento del gasto en defensa vaya a traducirse en recortes, pero la duda es razonable y las críticas emergen. “De algún sitio tiene que salir el dinero”, señala Pere Ortega, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz y experto en gasto militar. Ortega apunta que una parte de la financiación en defensa procede de transferencias que hacen otros ministerios y eso, insiste, “son en definitiva recortes de otras partidas”. 

Otra de las críticas es que, aunque la inversión en defensa genere empleo y aumente el PIB, su impacto sería limitado, ya que “un tanque no crea valor económico adicional” más allá de su fabricación porque “una vez que se fabrica, o se estaciona o se destruye en combate”, explica el informe de Delàs. En cambio, una obra civil tiene un retorno superior, como por ejemplo una carretera, ya que facilita el transporte y puede, por ejemplo, repercutir en una bajada del precio de ciertos productos.

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En este marco, los Estados tienen tres maneras de financiar el gasto en defensa. Una, emitir deuda pública destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda, financiar el aumento del gasto militar por la vía de impuestos, aumentando o creando nuevos. Y la tercera, ajustar el presupuesto anual, es decir, reducir el gasto de otros ministerios para incorporar más recursos a defensa.

Todas estas vías forman parte del dilema ante el que se encuentran los países europeos, todos ellos con el estado del bienestar como pilar, pero también como desafío. Por poner un ejemplo, en España, en el periodo entre 2010 y 2024, la mayor parte del aumento real del gasto público (112.603 millones de euros) se ha dirigido a pensiones (97.990 millones de euros) y salud (14.739 millones de euros), de acuerdo con un análisis del think tank económico Fedea.

A expensas de las polémicas que deje esta nueva cumbre de la OTAN, es indudable que la carrera por el rearme se acelera cada vez más. Y, con ello, también lo hacen las advertencias sobre el coste que puede tener en la vida de los ciudadanos. "No tenemos que aceptar eslóganes simples. Es el momento de introducir preguntas y debate: ¿Cómo se pagará este proceso de rearme? ¿Qué vamos a perder? El dinero destinado a Defensa es dinero que necesitamos para mantener unos mínimos de protección social", advierten en las conclusiones del informe Delàs.